Daños irreversibles en la UE

Algo parecido al arrepentimiento se ha adueñado de una parte de la opinión pública británica que votó alegremente a favor del brexit envuelta en la Union Jack y ahora se percata de que todo será más complejo fuera que dentro de la UE. Ni siquiera las reflexiones de Timothy Garton Ash acerca de la división de los europeos para diseñar el futuro sirven como bálsamo reparador. Aquí y allá aparecen en todos los medios votantes que lamentan haberse inclinado por la salida mientras el contador de los electores que piden que se repita la consulta (para dar una segunda oportunidad al remain) ha superado las previsiones. Y a pesar de todo, hay quien cree ver en la presidencia eslovaca de la UE, que empezó el viernes, la confirmación post mortem de la Europa grata al Reino Unido, aquella con poca ambición política y una recuperación por los gobiernos de los estados de atributos de soberanía que, en nombre de la integración, deberían gestionar las instituciones europeas.

La suposición de que Eslovaquia carece de entidad política y económica para inclinar la balanza del lado del europeísmo atemperado es tan cierta como que el grueso de los socios de Europa Oriental nunca aspiraron a otra cosa que no fuera una zona de libre cambio para oxigenar y modernizar sus economías; eso y solo eso. La construcción de un entramado político, con instituciones potentes, no formaba parte del futuro que vislumbraban, y mucho del interés británico por ampliar hacia el este la UE, deprisa y sin entrar en detalles –salvo para Bulgaria y Rumanía, ¡qué remedio!–, obedeció a la voluntad del Reino Unido de neutralizar el reforzamiento político de Europa.

La creencia de David Cameron de que la desorientación de unos y la confusión de otros le permiten establecer el calendario de la desconexión no deja de tener sentido, aunque los seis países fundadores de la UE han exigido celeridad y no un largo compás de espera hasta septiembre, cuando el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro o primera ministra, más probable esto último con la pugnaz Theresa May. “Fuera es fuera”, dijo Jean-Claude Juncker en la vigilia del referéndum, aunque aún hoy hay quienes piensan en Londres que bien pudiera ser el brexit el punto de partida de un estado intermedio, ni sólido ni líquido, ni frío ni caliente, ni dentro ni fuera. Una solución o salida tan inconcreta sería insostenible, reforzaría a los euroescépticos de toda clase y haría del principio de pertenencia a la carta, tan ajena al europeísmo, un mecanismo de descomposición de la UE en manos de quienes quieren acabar con ella. O persiguen, al menos, dejarla irreconocible.

Son demasiadas las incertidumbres que se han adueñado de la UE –el crucigrama del euro, la crisis de los refugiados, la efervescencia nacionalista, el euroescepticismo, la competencia de las economías emergentes, entre otras– como para añadir un interrogante de futuro más. Las guerras fratricidas que se han desencadenado en el seno de los partidos Conservador y Laborista, profundamente divididos, no pueden ser la razón última de un aplazamiento de decisiones acuciantes: la comunicación por el Gobierno británico de que desea abandonar la UE, la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión y el diseño de un mecanismo de vinculación del Reino Unido a la UE a través seguramente del mercado único, como Noruega y Suiza. Ir por otro camino, no activar el artículo 50, “sería bastante dañino”, dice Grégory Claeys, del think tank alemán Bruegel; eso mismo piensan el presidente de Francia, François Hollande, y la cancillera de Alemania, Angela Merkel, que inmediatamente después del triunfo del brexit fue cautelosa en exceso.

A la cumbre informal del 16 de septiembre en Bratislava, anunciada por Donald Tusk, es de desear que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen con el ánimo resuelto para no convertir la salida británica en una subasta a la baja de las condiciones para pertenecer al mercado único. Los 27 están políticamente obligados a transmitir la imagen de unidad que tantas veces se ha echado en falta, pero están también obligados en el plano económico a serenar los mercados y a dar garantías de que el brexit será un proceso ordenado, sin improvisaciones y sin gestos oportunistas. Marek Dabrowski, profesor de la London School of Economics, se cuenta entre los muchos que estiman que la salida no entrañará ningún beneficio para los británicos, pero tampoco para los europeos, y solo un proceso pautado puede limitar los daños (nunca eliminarlos).

Esta es la realidad: los daños son inevitables y cuantificarlos de antemano es francamente aventurado. ¿Por qué, entonces, ganó el brexit? ¿Por qué tantas falsas hipótesis de independencia nacional sedujeron a la mayoría de Inglaterra y Gales? ¿Dónde radica el poder de atracción de personajes tan poco convencionales como Boris Johnson y Nigel Farage? ¿Por qué sigue viva en las islas la impresión de que el invento europeo no es cosa suya? Al buscar respuestas se mezclan los tópicos del british way of life con el peso de la historia, la cercanía de lo que fue el Reino Unido y ya no es, la convicción británica desde antiguo de que es preferible arbitrar en las disputas continentales antes que participar en ellas y la sensación cada vez mayor en la Inglaterra profunda de que la cultura propia corre grave riesgo de disolverse en un magma multicultural, impresión agrandada por la crisis de los refugiados. Nada de todo ello remite a la economía, al pulso de la City, alterado por el brexit, salvo quizá la supervivencia de la libra, tan seña de identidad para muchos británicos como la monarquía o la Premier League.

Este es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los populismos. Hans Kundnani, de la German Marshall Found, sostiene en The New York Times que “estamos en territorio desconocido”, y reprocha a los gestores europeos haber insistido en la integración, mientras la opinión pública –la británica ahora– no se reconoce en el andamiaje, no acierta a comprender por qué debe someterse a una estructura de poder confusa y con evidentes déficits democráticos. Pero ese arrepentimiento o congoja poselectoral de algunos o bastantes de los que apoyaron el brexit en las urnas pone de manifiesto la confusión sembrada por la demagogia antieuropeísta, que ha llevado los europeos, continentales e insulares, a preguntarse sin obtener respuesta: ¿en qué incierto desafío nos han metido?

 

 

Un desafío llamado ‘Brexit’

Basta leer el artículo del diputado conservador David Davis recogido por la edición británica de The Huffington Post para comprender la arremetida de los euroescépticos de las islas y adláteres al divulgarse la propuesta transmitida a David Cameron por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Y es suficiente porque en él aparecen recogidos los puntos de partida que orientan desde siempre a quienes consideran que la Unión Europea pretende imponer al Reino Unido un modelo que lesiona los atributos de soberanía de la nación más allá de toda medida, lastra su economía y la somete a los dictados de la Eurozona, al enfoque político del núcleo franco-alemán y a las servidumbres de un modelo en crisis. Entre Nigel Farage, el altisonante líder del United Kingdom Independence Party (UKIP) y la prosa de David Davis la mayor diferencia es el tono; en el fondo, sus mensajes son muy semejantes.

Habría que empezar por preguntarse si alguna vez se sintieron los conservadores británicos a gusto con el paso dado en su día por Edward Heath o si, a las primeras señales de politización de la empresa europea, la sensación de incomodidad se adueñó de ellos y empezaron los gestos desaprobatorios, el deseo de corregir el rumbo o modificar la vinculación con los socios mediante un trato excepcional, cortado a su medida, con mucho libre cambio y pocos compromisos políticos. Habría que empezar por ahí para entender en toda su hondura diagnósticos como el de Davis: “En 1975, la UE era el futuro brillante, una visión de un mundo mejor. Ahora es una reliquia en ruinas de un pasado sombrío. Hay que levantar la mirada al resto del mundo”.

¿Por qué es precisa tal operación? Porque para los euroescépticos cobijados en el UKIP, sentados en la Cámara de los Comunes –conservadores y laboristas, empezando por su líder, Jeremy Corbyn– y que se agitan en la prensa todos los días, mirar al resto del mundo significa más desregulación, menos política y más mercado; más fronteras para gestionar los flujos migratorios y menos derechos adquiridos para los no británicos de cuna; más libra y menos obligaciones y condicionantes a causa del euro; más soberanía nacional y menos cesiones de soberanía.

A ojos de cuantos se han movilizado para exigir más concesiones a la UE bajo la amenaza de promover el Brexit en el referéndum que Cameron se ha comprometido a celebrar, la UE es hoy, por exceso de reglas, menos democrática, menos competitiva y más disfuncional, lo que la ha condenado al declive, castigada por el lento crecimiento, el desempleo alto y una influencia menguante. Nada dicen los euroescépticos de la necesidad de poner a salvo el Estado del bienestar, aunque pudiera deducirse de sus ideas que creen poder ir tras ello evitando la institucionalización política de la UE, pero la realidad constatada es que allí donde se manifiestan las inquietudes sociales, el programa euroescéptico pasa de puntillas. En cambio, se extienden en recriminaciones a las obligaciones impuestas por la UE, más o menos como hace Cameron cuando critica el proteccionismo social comunitario, muy menguado por la crisis económica y la austeridad, pero aún en vigor.

La llegada a Europa de más de un millón de refugiados durante el 2015 ha exacerbado la movilización con voces tan potentes como la de Rupert Murdoch, que ha puesto sus cabeceras a disposición del Brexit o de un cambio sustancial, profundo, que puede dejar irreconocible a la UE. Los editoriales de The Times, el buque insignia de Murdoch, proponen poco menos que una mutación genética de la UE para que, siquiera sea en el caso británico, acepte ser algo así como un club que admite socios a la carta: Londres pone las reglas y Bruselas las da por buenas. Llevado a la práctica: aquello que se decida para el caso de los refugiados o para preservar la libre circulación de los ciudadanos comunitarios no será efectivo en el Reino Unido.

El analista Matthew d’Ancona en The Guardian ha escrito que las instituciones europeas tal como funcionan en la actualidad “están fallando frente a la movilidad de la población del siglo XXI”. Tan cierto como que la forma de afrontar el desafío por el primer ministro permite vislumbrar un futuro con tres categorías de ciudadanos: de primera, los británicos y los comunitarios con más de cuatro años de residencia; de segunda, los comunitarios con menos de cuatro años de residencia; y de tercera, los refugiados, si es que queda abierto algún resquicio en la frontera después de denostar el tratado de Schengen, del que el Reino Unido no forma parte.

Nadie duda de que Cameron quiere seguir en la UE, entre otras razones de peso porque la City lo desea fervientemente, aunque sus portavoces se manifiesten en términos muy contenidos. Pero el de Cameron es un deseo de quedarse lleno de condiciones para frenar la dinámica de los euroescépticos –un tercio de los diputados conservadores y al menos cinco ministros lo son– y convocar el referéndum con suficientes garantías para alcanzar la victoria, y, al mismo tiempo, para sentar un precedente que sirva para poner freno y aun marcha atrás a la construcción política de Europa. Y aun así, los euroescépticos no se dan por satisfechos porque, según creen adivinar, nada de cuanto Tusk ha ofrecido al primer ministro altera sustancialmente el engranaje institucional y normativo de la UE, como recoge el semanario conservador The Spectator en un artículo significativamente titulado Todo les ha salido bien a los euroescépticos. Entonces ¿por qué están en crisis?

La respuesta está en el comentario de George Eaton en New Statesman, el viejo semanario de centroizquierda: no hay forma de que los euroescépticos lleguen a un acuerdo sobre cómo sería la vida al día siguiente del Brexit. Dicho de otra forma: ¿es factible y viable el Brexit más de 40 años después del ingreso en la UE o es poco menos que un sueño nacionalista tardío, alejado de la realidad y el pragmatismo tan propios de la cultura anglosajona? En este punto, se acumulan las dudas, desfallecen las quimeras y se imponen las certidumbres, el hecho indiscutible de que la economía británica está indisolublemente unida a las ventajas y a las exigencias del mercado europeo, guste más o guste menos. Pocas dudas caben en cuanto a los efectos poco deseables que el Brexit tendría en la articulación de Europa, pero el día siguiente a la salida no sería menos dañino para el Reino Unido, para su influencia económica y para su cohesión política (el Brexit seguramente movilizaría al independentismo escocés, del todo europeísta).

¿Qué pesará más de aquí a junio, cuando se celebre el referéndum: el desapego de los euroescépticos o la determinación de los votantes de aferrarse a lo seguro; la nueva relación del Reino Unido con la UE o un particularismo caduco? En el imaginario colectivo británico tiene aún mucha fuerza la idea de que el viejo corcho se ha mantenido siempre a flote merced a su voluntad de quedar al margen de las disputas en el continente, pero en el seno de la economía global es cada día más difícil actuar en solitario. Y acaso esa característica de nuestros días es la que juega más en contra del euroescepticismo y más a favor del realismo de los votantes.

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

Reclamaciones de Cameron a la UE

Después de saberse el punto de partida de David Cameron para defender el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea vuelve a tener sentido la pregunta tantas veces formulada: ¿qué es menos deseable: la aceptación por la UE de las exigencias británicas o una UE sin los británicos? Y lo es porque el premier ha abierto la precampaña del referéndum del 2017 que deberá decidir la permanencia o no del Reino Unido en la UE presentando a Bruselas una serie de condiciones o modificaciones en las relaciones británico-comunitarias que interesan el acervo jurídico paneuropeo y, al mismo tiempo, desnaturalizan futuras etapas en la construcción política de Europa. Así sucede en los campos de la libre circulación de personas, de la relación de la economía de la libra con la del euro y en los atributos administrativos y de Gobierno de las instituciones europeas so pretexto de que las cesiones de soberanía deben acabarse.

La realidad es que Cameron se comprometió en su momento a convocar un referéndum que desea ganar, pero que, en parte por convicción propia y en parte por la presión del euroescepticismo histórico británico –más el posmoderno del UKIP–, ha de plantear como una disputa con la UE de la que salga vencedor con algunos triunfos para contrarrestar la brega de sus adversarios. “La jugada es enormemente arriesgada”, opina el profesor Christopher Tulloch, de la Universitat Pompeu Fabra, quizá porque el primer ministro cree equivocadamente que “puede manejar las cartas de la misma manera que las jugó en Escocia” con ocasión del referéndum independentista. Esta vez la historia va en contra de la propensión de Cameron a practicar las habilidades propias de un judoca, adiestrado para aprovechar la fuerza de sus contrincantes en beneficio propio.

A diferencia de John Major, que entendió que no podía condicionar permanentemente la política europea al toque británico, el conservadurismo que ganó con extraordinaria holgura las últimas elecciones legislativas entiende que es la hora de poner condiciones a la UE. El objetivo es preservar la unidad del partido, con un bloque de euroescépticos nada desdeñable –quizá más de cien diputados en la Cámara de los Comunes– y, de paso, dejar sin argumentos al correoso Nigel Farage, el líder del UKIP, tan propenso a la demagogia como imprevisible. No hay nada genuinamente nuevo en el programa de Farage, sino más bien una remisión al pasado, a aquella creencia muy extendida durante la era victoriana de que todo lo no británico era por lo menos sospechoso, se tratase de una manufactura o de un programa político, pero sigue teniendo aceptación y resonancia en la Inglaterra profunda, más alejada de Londres mentalmente que físicamente.

“En realidad, el referéndum será sobre nuestra identidad nacional”, ha escrito Rachel Sylvester en las páginas del muy conservador The Times. O, lo que es lo mismo, desde el conservadurismo histórico se ve la europeización de la política y la economía como una desnaturalización del toque británico. Como si, frente a la intromisión de los europeos, aún fuese posible publicar titulares como el que apareció en un periódico de Londres el 22 de octubre de 1957 a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha: Heavy fog in Channel. Continent cut off (Densa niebla en el Canal. El continente, aislado). Si en 1957 el titular podía entenderse como una boutade o una extravagancia ocurrente, hoy se consideraría un gesto de suficiencia injustificable a pesar del peso de la libra, de la influencia de la City y de la densidad histórica del vínculo atlántico por no decir hermandad atlántica (la sintonía de Londres con Washington).

El general Charles de Gaulle, tan conservador como nacionalista, astuto y culto, entendió con admirable anticipación cuál sería el papel del Reino Unido en el seno de la Europa unida esbozada en el tratado de Roma, y así se opuso con obstinación a su ingreso en lo que entonces se conocía como Mercado Común. Esa incomodidad manifiesta y permanente de atenerse a la política comunitaria, unida a la fidelidad británica a la política europea de Estados Unidos, fue adelantada por el general, y cada vez que ha surgido el desacuerdo o el desapego británico a los designios europeos se ha hecho memoria de los vaticinios gaullistas. El presente no es una excepción y el recuerdo del general no está de más.

“Si este es el modelo del primer ministro tory ofreciendo la paz para nuestro tiempo, preparémonos para la guerra civil”, afirma con fina ironía Rafael Behr en The Guardian, un periódico de tradición progresista y europeísta. En la carta de Cameron a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, donde se detallan los cambios que desea introducir en el estatus británico en la UE, el articulista adivina varias maniobras al mismo tiempo encaminadas a neutralizar a los antieuropeístas y euroescépticos de su propio partido y a desmovilizar a una parte del electorado del UKIP. En suma, en la pretensión de revisar la europeidad del Reino Unido ve Behr algo por demás repetido: desactivar el Brexit y los riesgos que conlleva. Claro que si Cameron no consigue acallar a los díscolos se expone a llegar al día del referéndum con la opinión pública dividida y, lo que sería aún peor, con el establishment conservador fragmentado y su liderazgo sometido a discusión.

En Bruselas está muy extendida la impresión de que la propuesta del primer ministro no tiene cabida en la ordenación de la UE, pero, en cambio, un semanario con tanta audiencia como The Economist se atreve a titular así uno de sus análisis: David Cameron está jugando bien una mala mano elegida por él mismo. El problema real es que, como se reconoce en el artículo, el primer ministro debe lograr un acuerdo que mantenga equilibrada la balanza entre quedarse e irse, y ese equilibrio topa de entrada con dos grandes obstáculos: la suspicacia de los europeístas continentales, que consideran incompatibles los tratados de la UE y las exigencias de Cameron y, al mismo tiempo, la convicción de los euroescépticos británicos de que ninguna alternativa es mejor que dejar la UE. Y si es posible que un retoque meramente cosméticos del estatus británico sea aceptable para el europeísmo militante, nunca lo será para los partidarios del repliegue a las islas o para quienes, más contenidos, transigen con permanecer en la UE si se deja de veleidades políticas –institucionalizar y reforzar la unión política– y se limita a ser una zona de libre cambio con mecanismos reguladores comunes.

El historiador Tony Judt dejó escrito en Posguerra: “Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto –que define dónde se encuentran un país o un pueblo– como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan con relación con los demás”. En el Reino Unido, en lo que cabe considerar cultura espontánea de muchos británicos, ese sentimiento de pertenencia europeo es difuso, cuando no, inexistente. Es difícil discernir si la crisis ha revitalizado o no tal sensación o estado de ánimo, pero los casi cuatro millones de votos logrados por el UKIP en las últimas elecciones certifica que sigue muy vivo y la apuesta de Cameron no está exenta de riesgos si la política de los sentimientos o la demagogia populista se imponen al realismo y la visión de futuro que guiaron los pasos de Edward Heath, conservador, al negociar la adhesión hace más de 40 años.

 

‘Realpolitik’ a la griega

Las elecciones legislativas que este domingo se celebran en Grecia pueden ser un ejercicio de realismo político o un reflejo de la decepción acumulada por una parte de la opinión pública, movilizada por el ala izquierda de Syriza para hacer frente a las exigencias de la Unión Europea y finalmente defraudada por las condiciones aceptadas por el ala moderada del partido para disponer de los fondos de un tercer rescate. Las últimas encuestas reflejan una ventaja apenas apreciable de Nueva Democracia (derecha) frente a Syriza, resultado probable de un aumento de la abstención en el electorado progresista y de mejora de la imagen conservadora gracias a su nuevo líder, Vangelis Meimarakis. Pero prevalece la creencia en el empate técnico y en el desenlace en un pañuelo, con el resto de candidaturas condenadas a desempeñar el papel de comparsas, ocasionalmente imprescindibles si no es posible la gran coalición –Syriza no la quiere– y es viable alguna otra fórmula de Gobierno.

La mayor paradoja es que después de meses de litigio, Alexis Tsipras se ha convertido en casi imprescindible para la UE pues solo él, respetado aún por una parte considerable de las víctimas inmediatas de la crisis, puede dar garantías razonables no solo de que serán atendidos los compromisos pactados –algo por lo demás insalvable–, sino que lo serán en un clima entre moderadamente hostil y moderadamente favorable. Por el contrario, una coalición de las derechas, incluso con el aditamento improbable del Pasok (socialdemócrata), de ser suficiente –es improbable–, podría ser también el punto de partida de un nuevo periodo de agitación social. Ese es el temor de Bruselas, y no faltan pruebas de que el desencanto causado por la realpolitik no llega al extremo de desear “la vuelta de lo de siempre”, en afortunada frase de un editorialista griego.

En un artículo por demás interesante publicado en el periódico ateniense I Kathimerini (centrista) por Konstantinos Tasoulis, profesor del American College de Atenas, el autor afirma: “En esta orgullosa piedra angular de Europa, muchos ciudadanos se sienten avergonzados al escuchar los llamamientos que piden ‘dar a Grecia una oportunidad’. Parafraseando a [Nikos] Kazantakis, si Grecia se pierde, será culpa nuestra”. Al mismo tiempo, el autor reprocha que Europa haya tratado a Grecia como el garbanzo negro de la UE y a los gobiernos conservadores, haberse comportado como padres que castigan el mal comportamiento. Pero en esa doble vertiente, el comportamiento propio y el trato recibido, en la percepción de las dos caras de un mismo momento, se decidirá la elección del domingo, porque todas las debilidades, flaquezas, imposiciones e injusticias que soportan los griegos tendrían efectos aún peores fuera de la UE. O es esa al menos la creencia más extendida como parte de esa vuelta previsible, no segura, de la calle a la realpolitik.

Alexis Tsipras ha planteado la cita con las urnas como un plebiscito: a favor o en contra de su persona y de su política, convencido de que los griegos ni quieren volver al pasado, a la alternancia en el poder de partidos y familias, ni quieren rehuir su cuota de responsabilidad colectiva para sacar al país de la maraña en que se encuentra. Tsipras comparte con Tasoulis la seguridad de que los electores (una mayoría de ellos) saben que dar con la salida requiere primero aceptar que el futuro inmediato no es el deseado, pero no hay ninguna alternativa mejor. Y si es este el estado de ánimo, ¿cómo se explica el resultado del referéndum del 5 de julio, el rechazo frontal a las condiciones impuestas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para un nuevo rescate?

Pareciera que aquel fue el último acto de la utopía, de la ilusión, y el de la elección de un nuevo Parlamento será el primero del realismo impuesto por los poderes de facto de las finanzas globales, aquel que causó la escisión de Syriza, menos dañina para el futuro del partido como instrumento de Gobierno de lo que se previó en un principio. “Nada diferencia hoy fundamentalmente a los partidos de gobierno en Grecia –afirma el asesor financiero Christopher Dembik–. Han aceptado el tercer plan de ayuda y se han comprometido a aplicarlo en sus líneas maestras. Serán la virginidad política y el carisma los que desempeñarán un papel primordial para impulsar una dinámica positiva”. Y en este apartado, como dice Dembik, Tsipras parte con la doble ventaja de conservar una cuota de popularidad resaltable y de no haberse visto salpicado por los escándalos que ensombrecen la historia reciente de sus adversarios.

¿Puede Unidad Popular alterar sustancialmente los pronósticos? Parece improbable que sea una misión al alcance de la escisión de Syriza concretada el pasado agosto con la formación del nuevo partido. Las encuestas le otorgan un resultado modesto, con una presencia en el Parlamento poco más que testimonial, porque la creencia de su líder, Panaiotis Lafazanis, de que puede atraer a muchos de los votantes del no en julio, que se sintieron estafados con el pacto por el tercer rescate, no tiene en cuenta la heterogeneidad del electorado. Esto es, muchos de los partidarios del no están lejos de la radicalidad de Unidad Popular; su voto fue, por así decirlo, de protesta contra las exigencias de Bruselas más que de apoyo a la línea representada hasta entonces por Yanis Varoufakis. En consecuencia, es poco verosímil imaginar un desplazamiento significativo del voto de izquierdas hacia un programa que a la postre se reveló tan atrevido como inviable frente a las exigencias inclementes de los eurócratas dictadas desde Berlín.

Después de vivir durante varias semanas el ahogo del control de capitales, de temer el hundimiento del sistema bancario y de no dar con las ventajas de la resurrección de la dracma, el primer objetivo de los votantes es garantizarse algunas certidumbres. En términos de calidad de vida y de confianza en el futuro, Grecia ha retrocedido 15 años desde que se aprobó el primer rescate, y la disposición de los grandes partidos –Syriza también– de atenerse a lo acordado con la UE, limita el alcance de las incógnitas que plantea toda elección. Y aunque una sociedad moderna puede adaptar su funcionamiento a la ausencia de comodidades, según un reportaje aparecido en The Economist, lo cierto es que después de siete meses de sobresaltos, la sociedad griega aspira a estabilizar sus biorritmos a pesar de la tasa de paro, por encima del 24%, la jibarización de los servicios públicos y los recortes en todas partes. Las grandes preguntas han pasado a segundo término; lo que realmente importa hoy es sobrevivir de la forma más decorosa posible, sin que por lo demás nadie pueda garantizar que este es el buen camino o que ni con ella –la UE– ni sin ella tienen sus males remedio.

 

La Europa de la desconfianza

Una de las peores señales que emite el acuerdo in extremis impuesto a Grecia por los acreedores es que en él es de aplicación la opinión vertida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a propósito del compromiso de Irán con el grupo 5+1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania), con la Unión Europea de mensajera de la paz: “El pacto no se basa en la confianza, sino en la verificación”. Y es una de las peores señales porque Irán aparece en las convenciones políticas de Occidente como un adversario y Grecia, en cambio, no debiera serlo para los otros miembros del Eurogrupo, que la tratan como tal. O como algo peor, como un siervo (Joan Manuel Perdigó, el martes en EL PERIÓDICO), como un ente extraño obligado a pasar por las horcas caudinas e inclinar la cabeza,  jaleados los victimarios por un coro de voces que creen que solo hay futuro en la germanización de Europa y la tradición puritana protestante.

Ese empeño de desarmar a Syriza ante sus electores para que no cunda el ejemplo y otras Syrizas pongan la casa patas arriba es más que una declaración de intenciones: manifiesta el propósito de no tolerar más heterodoxias que las previamente pactadas o consentidas por los eurócratas, habida cuenta de que en cualquier momento un partido socialdemócrata puede salir vencedor aquí o allá y no se le puede dejar indefenso ante las patas de los caballos. Para las demás heterodoxias solo vale la receta impuesta a Grecia, esa consideración de que el deudor debe plegarse sin rechistar a lo que dicten los acreedores, sin consideraciones morales ni digresiones ideológicas que valgan, convencida la derecha europeísta de que no hay más Europa viable que la suya. No hay otra forma de analizar los cuatro folios del acuerdo del Eurogrupo con el Gobierno griego, “lo que para algunos es el documento de rendición más humillante desde que Alemania firmó la paz de Versalles en 1919” (Perdigó), de infausto recuerdo, dicho sea de paso, porque fue el primer eslabón de la cadena de errores que culminaron con la gran carnicería (1939-1945).

Carlos Elordi ha recurrido a la pregunta de Lenin “¿Libertad para qué?” para plantear una incógnita no menos inquietante: “Esta Europa, ¿para qué?”. Las respuestas son asimismo inquietantes: el euro se reduce a un simple mecanismo de tipo de cambio sin mayor futuro, los ciudadanos cada vez ven menos claro qué sacan en limpio de sus sacrificios y “Merkel pasará a la historia como la política que se cargó un sueño, porque le venía grande”. Las conclusiones de Elordi son todo lo matizables que se quiera, pero están en sintonía con la muy extendida opinión de que la componenda griega es lo más parecido a un castigo jupiterino y lo más alejado que imaginarse pueda de los propósitos que animaron a los padres fundadores.

Decir esto no es justificar la disparatada gestión de la economía perpetrada por sucesivos gobiernos griegos desde tiempo inmemorial sin distinción de colores e ideologías, conocida con más o menos detalle desde antiguo en los despachos de Bruselas, pero consentida por razones no siempre evidentes. Decir esto no es considerar la convocatoria del referéndum hecha por Alexis Tsipras como la mejor de las iniciativas posibles. Decir esto es subrayar que la construcción de la Europa política, si así se la puede llamar, ha quedado definitivamente sometida a las exigencias de las finanzas globales y al nuevo eje franco-alemán, que es nuevo porque es alemán siempre y sin descanso y solo franco de vez en cuando y a media voz.

El panorama resulta desolador salvo que se profese una inmoderada veneración al establishment europeo. “Tomado en su conjunto –se dice en un editorial del diario francés Le Monde–, se ofrece el retrato de una zona euro totalmente disfuncional, incapaz de encauzar la cuestión de la deuda de un país que pesa menos del 2% de la riqueza del club [el Eurogrupo]. Falto de presupuesto propio, falto de un mecanismo rodado de resolución de los conflictos, no consiente transferencias en provecho de algunos de sus miembros si no es en la amargura, el psicodrama y la división. Hubo un tiempo en el que el espíritu europeo rimaba con inteligencia, pero esto fue hace mucho tiempo”. Quizá el mismo tiempo que Europa anda en manos de políticos que no están a la altura del proyecto o que entienden que el proyecto debe arrojar inevitablemente un saldo de vencedores y vencidos; sobre todo de ciudadanos vencidos –hoy griegos, mañana, ¿quién sabe?–, sometidos a la lógica implacable de un europeísmo que haría caer los palos del sombrajo de los propagadores del ideal europeo, va para 60 años.

Ese acuerdo, trágala o castigo impuesto a Grecia vaticina, en el mejor de los casos, un futuro sin futuro para una generación o más. Si las cosas van a peor, y abundan quienes creen que empeorarán, puede darse en Grecia un estallido social que a la vuelta de no muchos meses lleve la crisis a la casilla de salida una vez más. Salvo en los modelos matemáticos, las hojas de Excel y otras herramientas virtuales, las condiciones del tercer rescate –unos 86.000 millones de euros– más las deuda acumulada hasta la fecha hacen “altamente insostenible” la factura que se exige a los griegos que paguen, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que puede ser muchas cosas, pero no, desde luego, un aliado encubierto del Gobierno griego. El caso es que la doctrina de la quita y un periodo de gracia de 30 años, que el FMI enumera como condiciones sine qua non para que Grecia pueda afrontar sus compromisos, están en las antípodas del credo económico de un fundamentalista de la austeridad luterana como Wolfgang Schäuble, ministro alemán de Finanzas.

¿Nos hallamos en alguno de aquellos momentos tan nuestros en los que los europeos nos volvemos contra nosotros mismos? ¿Vuelve a tener sentido, aunque sin guerras de por medio, la frase de Salvador de Madariaga “cuando Ortega nos había convencido de imitar a Europa, la modelo se volvió loca?” A saber. Lo cierto es que la falta de realismo de cuantos están implicados en el galimatías griego –deudores y acreedores, tecnócratas y políticos, ideólogos y funcionarios– transmite malas vibraciones, pone en duda la esencia misma de los compromisos democráticos y de la autonomía de los ciudadanos, margina la ética en el apartado de las utopías y pone en entredicho la solidaridad de Europa con los europeos más vulnerables, sometidos a las exigencias de una política deshumanizada. Signos todos de una debilidad estructural oculta bajo las negociaciones a cara de perro de las últimas semanas.

Cuando entre socios no hay confianza, la asociación tiene fecha de caducidad. Cuando todo queda supeditado a un sistema de vigilancia intensiva para comprobar que discurre según lo pactado, cobran más sentido que nunca las dudas sobre el objetivo político que persigue la Europa de nuestros días, si es que avizora alguno. Cuando la cesión de soberanía responde a un acuerdo entre iguales, el cambio está legitimado; cuando es resultado de una rendición inevitable con armas y bagajes, entonces reúne todos los ingredientes de una imposición a quien, siendo un socio en los orígenes, se ha convertido en un subordinado o siervo –¿molesto? – al que se aplica cirugía de hierro (valga aquí más que nunca el léxico prusiano).

Ahora que una de las modas más difundidas es echar todas las culpas de los males del euro a François Mitterrand, Helmut Kohl y Giulio Andreotti por lo poco preocupados que anduvieron en precisar el marco institucional y la cohesión interna del grupo de países que adoptaron posteriormente la moneda única, conviene tener presente que quienes han hecho gala de una falta de visión de futuro no fueron ellos, sino quienes, con escasa fortuna, les han sucedido en la aventura. Un periódico tan poco sospechoso de eurofobia como The Guardian insiste estos días en que el gran error, inducido por Alemania y vitoreado por sus incondicionales, fue fiarlo todo a la austeridad mientras en Estados Unidos se ponía en marcha un programa de expansión monetaria para favorecer el crecimiento y el consumo. Es decir, se equivocaron los gestores de hoy, no quienes, 20 años atrás, pusieron los cimientos, y siguen equivocándose al no aceptar que no está al alcance de los griegos pagar lo que se les reclama, salvo que acepten sumergirse por tiempo indefinido en una pobreza lacerante.

Nadie es inocente al caer el telón de esa representación inclasificable e incalificable, y menos que nadie el Gobierno griego, que creyó que podía ganar la prueba de resistencia a la Unión Europea realmente existente. Si alguien se siente satisfecho con el desenlace, es que es insensible a los padecimientos que van a soportar quienes desde el 2010 viven a un paso de la asfixia; si alguien se siente vencedor, es que desconoce cuál es el verdadero sabor de la victoria. Nadie podía ganar en este litigio entre socios, pero sí podían salir todos vencidos de él, puede que deslegitimados. La construcción de Europa como entidad política vive una de sus peores horas, olvidada junto con otras muchas la afirmación hecha en su día por Edmund Husserl y recordada por George Steiner: “Europa designa la unidad de una vida, de una actividad, de una creación espiritual”.

Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.

Grecia, penúltimo acto

Nada puede ser peor para el futuro de la Eurozona que la salida de Grecia del euro y quizá de la Unión Europea. Por malo que sea el acuerdo que se pergeñe para que Grecia se mantenga en la moneda única, siempre será mejor que el tormentoso horizonte más o menos intuido por todo el mundo si el Grexit se hace realidad. Quizá sea este el juego de los gobernantes griegos, que, como tantas veces ha sucedido en la historia de la UE, han llevado a la organización al borde del abismo con la inestimable ayuda de varios de los negociadores que han dado voz al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europa. Quizá sea este el juego griego o quizá al primer ministro Alexis Tsipras no le quede más juego que este, presionado por el ala más radical de Syriza, alianza heteróclita donde coexisten tantas interpretaciones de la crisis, de la deuda y del pago de la deuda como izquierdas quepa imaginar.

Esa es una posibilidad que no hay que descartar, antes bien, resulta más que verosímil que el gran obstáculo para Tsipras esté en Atenas y no en Bruselas. Esto es, que aquello que confusamente sale de la mesa de negociación europea podría ser asumido por una parte del Gobierno griego como un mal menor, pero podría adquirir la naturaleza de casus belli para la facción de Syriza menos dispuesta a aceptar una solución que no incluya una quita y que no blinde lo que queda –cada día menos– del Estado de bienestar antes de hablar de más reformas. Un informe-auditoria de la deuda elaborado por el Parlamento griego, y filtrado el jueves, ha suministrado munición a quienes están menos dispuestos a transigir: se dice en el texto final que una gran parte de lo adeudado es ilegal, ilegítimo y odioso. Pero la deuda existe y adjetivarla sirve para arrancar los aplausos durante un mitin en la plaza Syntagma, pero no para dar con una puerta de escape o para conjurar el gran riesgo: que la herida de Europa sea más grave con Grecia fuera del euro que con Grecia dentro de él.

Más grave para Europa y para la propia Grecia, cabe precisar. Pues es una incógnita absoluta saber qué consecuencias de futuro tendría en la economía y en la sociedad griegas la salida del euro y, debe repetirse, puede que de la UE. Es un enigma indescifrable dar un valor de cambio a una dracma resucitada, aventurar quién y cómo prestaría dinero al Estado griego, hasta qué punto sería inevitable un corralito, cuál sería la capacidad de resistencia de los bancos griegos antes de desplomarse y cómo se podría contener la fuga de capitales y la retirada de depósitos, que con intensidad creciente –1.000 millones al día esta semana– forma parte de la historia griega de los últimos años. La suposición de que la banca rusa acudiría en ayuda de las finanzas griegas, inducida por el presidente Vladimir Putin, deseoso de incomodar a la UE, resulta tan efectista como improbable (las sanciones a raíz de la crisis ucraniana han dañado la economía de Rusia); en todo caso sería una operación entre simbólica e insuficiente para limitar los daños (suministro de gas y petróleo como parte de la cooperación energética acordada el viernes). Esa es la realidad y no otra.

“Europa debe salvar a Grecia. Las consecuencias de que permanezca en la Eurozona serán malas, pero las de que se vaya serían aún peores. No solo económicas, sino humanas, geopolíticas e históricas. Europa no volvería a ser la misma”, escribía hace unos días alguien tan alejado de las visiones apocalípticas como Timothy Garton Ash. Es muy verosímil que tenga razón, que una exclusión de Grecia del tablero europeo resultase más costosa en términos de estado de ánimo colectivo, de raíces culturales y de identidad común que en términos económicos. Porque todo el mundo sabe que la deuda griega es impagable, salvo una renegociación realista de las cantidades y los plazos. Es imposible que pueda pagar un país de 11 millones de habitantes, con un PIB de 180.000 millones de euros, una deuda equivalente al 180% del PIB y un entramado social y productivo devastado por la crisis. Resulta más que difícil que los acreedores dispongan de un modelo matemático humanamente soportable para recuperar el dinero que se les adeuda (por encima de los 300.000 millones de euros).

Deuda griegaDe aquí al 30 de junio, cuando Grecia deberá pagar 1.600 millones de euros al FMI, es de prever una guerra de nervios en el seno de la UE, pero también en las bolsas y en el mercado de la deuda, potencialmente muy costosa esta última para países como España. Si al acabar junio el Gobierno griego no ha percibido los más de 7.000 millones de euros correspondientes al último tramo del segundo rescate, es poco probable que pueda eludir la suspensión de pagos y, a partir de ahí, todos los males imaginables hasta llegar a la quiebra financiera después de no atender el reembolso de 3.200 millones de euros al BCE previsto para el 20 de julio. ¿Está la UE preparada para afrontar ese desaguisado sin sufrir daños irreparables en su solvencia como organización en el presente y en su viabilidad como proyecto de futuro? ¿Está la opinión pública griega preparada para adaptarse a las consecuencias de una marginación o exclusión de su país del relato europeo?

Desde un punto de vista meramente técnico, la reforma de las pensiones, estimular el crecimiento, rebajar el presupuesto de defensa, lograr este año un superávit primario del 1% y acelerar la reforma fiscal son medidas con sentido para salir del atolladero. Pero lo son menos en un paisaje dominado por el dato dramático de que un tercio de la economía griega –el 25%, según los más optimistas– se ha esfumado de una forma u otra en los últimos siete años. El diagnóstico publicado en EL PERIÓDICO por el profesor Josep Oliver llega a la conclusión de que “es momento de proyectos políticos de largo alcance”, pero no puede evitar una sombra de pesimismo razonado: “A la luz de los fracasos de estos últimos años, asistiendo a una debacle, la griega, que nadie desea, pero que parece cada vez más probable, se me hace difícil imaginar si nuestros líderes serán capaces de tomar la alternativa”. Una realidad que ensombrece de antemano el Consejo Europeo extraordinario del lunes, donde lo peor que puede suceder es que el léxico economicista se imponga una vez más al pacto necesario después de medio año de diálogo de sordos.

Otras voces comparten el pesimismo razonado de Oliver. Jeffrey D. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, considera “petulantes, ingenuas y fundamentalmente autodestructivas” las demandas de Europa destinadas a asegurar el reembolso de la deuda griega. “Al rechazarlas –dice Sachs–, los griegos no están jugando; están intentando sobrevivir”. “Grecia afronta una tragedia económica”, opina Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Para el nobel Paul Krugman, debería existir “una alternativa medianamente decente”, que evitara la salida de Grecia del euro y el terremoto subsiguiente en toda Europa. Sachs, Summers y Krugman, desde trincheras ideológicas bastante diferentes, coinciden, sin embargo, en un reproche más o menos implícito: la torpeza política de la UE. Acaso debiera añadirse la mezcla de bisoñez y altanería del Gobierno griego al creer que la contundencia de su victoria electoral le reportaba un plus de fortaleza negociadora más allá de sus fronteras (tesis de Yanis Varoufakis) que, a la hora de la verdad, ha brillado por su ausencia.

Lo cierto es que ha pasado la hora de los análisis del pasado, de los errores cometidos en el nacimiento del euro, de la permisividad del sistema financiero en la concesión de créditos durante el ciclo expansivo, de la prestidigitación con las estadísticas practicada por varios gobiernos griegos, de la tolerancia o la complicidad de Europa en todo ello, del precio pagado por la austeridad. La teoría de juegos, de la que Varoufakis es un brillante especialista, tampoco tiene cabida ahora, salvo que se trate de jugar al tres en raya, donde la victoria entre contendientes avisados es imposible. Porque no queda tiempo más que para poner un parche y evitar que progrese la enfermedad hasta matar al enfermo.

El profesor Sachs recuerda en su diagnóstico del problema griego un pasaje del libro de John Maynard Keynes Las consecuencias económicas de la paz, publicado al final de la primera guerra mundial, cuando el Gobierno de Estados Unidos porfió para asegurarse sustanciosas reparaciones de guerra: “¿Querrán los pueblos descontentos de Europa, en la generación venidera, ordenar sus vidas de tal forma que una parte apreciable de su producción diaria se dedique a hacer un pago externo? En una palabra, no creo que ninguno de estos tributos se siga pagando más que, en el mejor de los casos, unos pocos años”. ¿Es posible que el Consejo Europeo no sea capaz de comprender, como Keynes en su día, que ningún acuerdo puede descansar sobre el futuro de, por lo menos, una generación? ¿Cree el Gobierno griego que puede salir airoso del lance sin presentar un plan técnicamente consistente y políticamente defendible? ¿Están dispuestos, en suma, a aceptar unos y otros que, sea cual sea el desenlace, tendrá por fuerza un altísimo coste político que habrán de justificar ante la opinión pública, y que deberán pechar con sus consecuencias? Si no lo están, el proyecto europeo quedará malherido y no solo el futuro de Grecia.

 

Europa, divida por la desconfianza

Mientras la renegociación de la deuda griega se adentra en un laberinto cuyo trazado, como el del Minotauro, nadie conoce, la UE se atasca o se divide a causa de la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tecnicismo barroco aplicado al futuro acuerdo de libre intercambio comercial y de inversiones que negocia con Estados Unidos. Una mezcla de recelos fundados, antiamericanismo y desconfianza ante posibles realidades o consecuencias encubiertas por el discurso oficial han llevado la discusión al terreno de las amenazas que se ciernen sobre la Europa social, el control de las multinacionales y, sobre todo, las garantías jurídicas en el caso de que surjan litigios entre estados y empresas o gestores financieros. La Europa socialmente comprometida, escamada por la gestión de la crisis y los consiguientes costes, teme entrar sin ovillo en el laberinto del Minotauro, ser derrotada cuando dé con él y no tener siquiera la posibilidad de dar marcha atrás y salir del embrollo siguiendo el rastro –el hilo– que fue dejando según avanzaba.

El gran razonamiento de quienes han puesto manos a la obra y dirigen las operaciones –la comisaria Cecilia Malmström y su equipo– es que se trata de sacar el máximo partido a un mercado de 800 millones de consumidores y unos intercambios que en el 2014 alcanzaron los 980.000 millones de euros. Aquello que lleva a la Europa progresista, a la izquierda clásica y a la organizada en movimientos sociales emergentes –Podemos en España– es el coste humano, de calidad de vida y de conservación del medio ambiente que puede tener el TTIP. “El temor es sobre todo conceder demasiado poder a las multinacionales y abrir nuestros supermercados a productos que no garanticen los mismos estándares de seguridad conquistados por los consumidores europeos”, publicó hace poco el diario progresista italiano La Repubblica. Puede decirse que el problema no son los aranceles, sino el pollo clorado, la carne hormonada, los derechos de autor, los transgénicos y la legislación social, capítulos en los que Europa saca varios cuerpos a Estados Unidos.

La crisis de la última semana, que ha impedido la discusión en el Parlamento de una parte de las negociaciones en curso, ha puesto de manifiesto que la desconfianza no ha anidado solo en la izquierda radical o alternativa, sino también en el Partido Socialista Europeo. No hay en la corriente central de la socialdemocracia un pensamiento dominante que, como sucede en las filas conservadoras y liberales, solo vea ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario: incuba toda clase de temores frente a la propensión de la Comisión a ver en el TTIP una lista inacabable de beneficiosas oportunidades. Quizá debiera decirse que lo sucedido entre martes y miércoles ha sido la prueba del nueve de que los trabajos han llegado a un punto en el que los rasgos diferenciadores de la UE han parecido sometidos a amenazas futuras –reales o no es solo relativamente importante–, y se ha producido un movimiento de repliegue ante la respuesta a una doble pregunta: ¿de dónde venimos y adónde vamos? Porque los recelos se refieren tanto a lo que digan los textos como a la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Al mismo tiempo que liberales y conservadores se remiten a los 30 millones de europeos que trabajan en el sector exportador –1,6 millones en España–, los temerosos de dejar maltrecha la Europa social se refieren a las más de 200 enmiendas presentadas a lo que, enigmáticamente, se denomina Investor-State Dispute Settlement (ISDS), esto es el mecanismo para solucionar los conflictos que eventualmente puedan surgir entre estados y empresas (multinacionales las más de las veces). Así, tres eurodiputados verdes han publicado en el diario británico The Guardian una carta en la que presentan las enmiendas a la resolución de litigios mediante tribunales privados como el indicador fehaciente de la “pasión que esta alianza ha despertado, la división política que ha abierto y el grado de oposición del público”. Lo que, siendo cierto, no es lo más relevante. Lo más sobresaliente es que, por fin, la ruta hacia el TTIP ha salido del secretismo o la opacidad –la Comisión de Jean-Claude Juncker ha querido iluminarla por medio de un apartado específico en su web–, y ha dado pie a una discusión fundamental para alcanzar a ver de dónde venimos y, ¡ay!, acaso a descubrir hacia dónde nos empujan a ir o pretenden que vayamos.

Entiéndase bien: la discusión del ISDS no es un asunto meramente técnico que no afecta al europeo medio. Es, por el contrario, algo que puede interesar el control de los estados sobre el comportamiento de las multinacionales o, por decirlo de otra forma, puede entrañar la pérdida de control sobre los grandes conglomerados empresariales y financieros. Porque si las disputas quedan en manos de tribunales privados –aquellos formados por acuerdo previo de las partes enfrentadas, mediante la designación de un juez por cada una ellas, más un tercero pactado por ellos dos–, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores, se pone en riesgo –al menos, lo parece– la seguridad jurídica, piedra angular de la lógica garantistas característica de Europa. Por el contrario, si las disputas deben dilucidarlas tribunales públicos, con mecanismos de recurso garantizados, quizá se pierda agilidad –en España, por descontado–, pero la seguridad jurídica saldrá ganando, siquiera sea porque las consideraciones economicistas, de eficacia o de rentabilidad quedarán supeditadas al interés público, al principio de legalidad y a la utilidad social. Al menos esta es la pretensión de quienes se oponen a que los arbitrajes sean cosa de instancias privadas.

En el fárrago de la discusión resulta muy difícil separar el grano de la paja, pero no tanto cuando se piensa en que, en el punto de partida de la negociación, se dan factores tan preocupantes como la no aceptación por Estados Unidos de la legislación internacional para fundamentar una demanda contra el país. O que en materia de garantías laborables y desarrollo sostenible, Europa se encuentra a años luz de Estados Unidos. Esos son algunos de los pilares de los “temores europeos” a los que se ha referido el Financial Times, vocero de la City de Londres, partidario de la desregulación en todo aquello que limite los flujos financieros.

No se trata de que algunos gobiernos se comprometan más en explicar las bondades del TTIP, como declaró la comisaria Malmström al periódico conservador francés Le Figaro, sino de acotar el tratado, garantizar el control de los estados y de las instituciones europeas y asegurar que ningún tribunal de arbitraje podrá cambiar de facto las legislaciones nacionales o la comunitaria. Alcanzar esos objetivos no conduce directamente a la unanimidad política, antes al contrario, la hace imposible, porque ni siquiera la mejor de las explicaciones puede pasar por encima de las ideologías, de las diferentes versiones del libre mercado y de la economía social que coinciden en el Parlamento de Estrasburgo, pero al menos la opinión pública podrá acercarse al TTIP con un conocimiento de causa ahora inexistente porque reina la desconfianza. Con razón o sin ella, a causa de la oscuridad de las propuestas que se debaten o del temor a sus consecuencias, debido a la confusión sembrada por los tecnócratas o a la sumisión de la política a las finanzas, la desconfianza lo empapa todo.

Baste un dato: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP ha recogido dos millones de firmas contra el ISDS. Aunque la cifra puede parecer insignificante sobre un censo de casi 500 millones, es la más alta alcanzada por una ICE desde que entró en vigor esta modalidad en el 2012. Y tan significativo como este dato lo es este otro: el grado de aceptación del TTIP en el seno de las sociedades de la UE crece de oeste a este y de sur a norte, algo que lleva implícita la semilla de la división o la diferenciación cada vez mayor entre la Europa que percibe la globalización como un mecanismo, pero no un ecosistema, y la que entiende la globalización como un ámbito en el que el debate ideológico debe plegarse a la realidad de los resultados macroeconómicos.

La UE ha vivido otras situaciones de naturaleza parecida en las que la división llevó al fracaso y al distanciamiento entre socios y familias ideológicas a causa de una innovación. Ese fue el caso de la larga controversia que se adueñó del debate a propósito de la elaboración de la Constitución europea, origen de una enorme frustración entre los europeístas. Cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum el texto propuesto, la componenda para salvar el expediente ocupó el espacio reservado hasta entonces a la política con mayúsculas. La charcutería suplantó a la academia y el Tratado de Lisboa del 2007 permitió solo encubrir un fracaso con un texto insuficiente para considerarlo una aproximación razonable a lo que pretendió la convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing cuando inició sus trabajos. ¿Está de vuelta la lógica de entonces, el enfrentamiento entre defensores acérrimos y adversarios infatigables del tratado, o el pragmatismo de los partidarios se impondrá a la digresión ideológica de quienes lo combaten sin ser antieuropeístas?

Grecia, en el laberinto

A juzgar por la gesticulación de los mercados después de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno griego, se diría que los propósitos de Alexis Tsipras eran poco conocidos o se tomaron como un mero enunciado de objetivos que se guardan en el armario al día siguiente de la victoria. Es posible que las bolsas y el mercado secundario de la deuda esperaran una mayor contención de la coalición Syriza, recién llegada al poder, pero nada de lo anunciado después del primer consejo de ministros se aleja de lo que cabía prever en un país baqueteado por la crisis y que ha hecho saltar por los aires el sistema tradicional de partidos para, por lo menos, recobrar el aliento. Hace tiempo que Tsipras olvidó la quimera de ser el Andreas Papandreu del siglo XXI, como ha recordado el diario conservador de Atenas I Kathimerini, pues él nadó en el mar de ayudas comunitarias que recibió Grecia al ingreso en la Comunidad Económica Europea y el nuevo primer ministro, en cambio, ha encontrado la caja vacía, pero la victoria es demasiado reciente para imaginar que enterrará en el olvido cuanto le llevó al triunfo.

Por la misma regla de tres, la sorpresa causada por el anuncio de Yanis Varoufakis, responsable de los planes económicos del Gobierno griego, de que este no reconoce a la troika –Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo– como interlocutor para renegociar la deuda tiene muy poco de sorpresa y bastante de dificultad previsible o conflicto previsible. De hecho, antes que Varoufakis, Giorgos Katrougalos, ministro de la Reforma Administrativa, declaró sin tapujos al diario Le Monde: “No reconocemos  ni el memorándum ni la troika”. De hecho, ni el ala más radical de Syriza ni Griegos Independientes, sus socios de Gobierno, hubiesen aceptado como punto de partida algo distinto a tan rotunda declaración: los unos, por sus convicciones socializantes; los otros, por su confeso nacionalismo antieuropeo.

A mayor abundamiento, Varoufakis es autor de un libro de título sugestivo: El minotauro global. En él reclama la convocatoria de una conferencia internacional para crear un mecanismo asimismo global de reciclaje de excedentes, una herramienta destinada a evitar que vaya en aumento el empobrecimiento de unos y la opulencia de otros, algo así como un factor de rectificación permanente para evitar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, dicho sea sin ánimo de simplificar. Varoufakis no oculta su desconfianza en el mercado como factor de corrección de los desequilibrios y discute su utilidad para aminorar las desigualdades favorecidas por la crisis de 2007-2008. Es difícil que quien así piensa pueda de buenas a primeras echar al cesto de los papeles aquello que siempre ha defendido y que ha caracterizado su discurso de intelectual comprometido.

De momento, nadie ha pedido a Tsipras y a Varoufakis que dejen de serlo para tranquilizar al establishment europeo, cuyos sueños perturba la victoria de Syriza desde la noche del 25 de enero. Pero incluso en el caso de que tal cosa sucediera, los asustados seguirían asustados y los euros seguirían en fuga –fuga de capitales–, tal cual está sucediendo en Grecia desde hace tiempo. Porque existe una incompatibilidad manifiesta entre el antedicho establishment, que dicta el camino a seguir para sanear las cuentas griegas, y el equipo de Tsipras, y existe otra incompatibilidad, histórica esta, entre la nebulosa social que ha dado la victoria a Syriza y la cortísima lista de apellidos ilustres, dueños de facto del Estado y de sus vicios, que se remonta a los orígenes mismos de la Grecia surgida de la guerra civil (1946-1949). La primera incompatibilidad afecta al programa de rescate (a su aceptación y ejecución en términos durísimos); la segunda interesa el coste asociado al reparto de papeles en la estructura social griega, donde forma parte de la tradición el absentismo fiscal de la Iglesia ortodoxa, de los oligarcas del sector naviero y, en general, de cuantos son titulares de una parte sustancial de la riqueza de la nación.

Quizá el enfado sin disimulo del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al final de su estancia del viernes en Atenas sea la primera manifestación concreta de esa incompatibilidad casi genética entre los fundamentalistas de la austeridad y los sacrificios para salir de la crisis y los partidarios de proceder a un reparto equitativo de las cargas para evitar que los dislates presupuestarios de gobiernos como los de Grecia de distinto signo –practicaron alegremente el deporte de amañar los libros de cuentas– caigan en exclusiva sobre las espaldas del ciudadano medio, vulnerable por definición cuando se esfuman los salvavidas sociales. Por no hablar de la doble o triple vara de medir de los gestores de la crisis, que lo mismo aprietan las tuercas a Grecia que perseveran en la comprensión con Francia e Italia, cuyo PIB es, respectivamente, 6,5 veces y 8,5 veces mayor que el griego (unos 215.000 millones de euros). Pues si no hay más senda por la que transitar que la de la austeridad para Grecia, según se desprende de las apreciaciones de Angela Merkel filtradas a la opinión pública, pero no así para otros países, cuya importancia sistémica, como ahora se dice, nadie discute, habrá que concluir que la descohesión social europea es algo más que un riesgo en un futuro no deseado.

Dicho todo lo cual no queda más que admitir que Grecia solo puede salir del laberinto del minotauro europeo mediante un acomodo de su programa a las exigencias de sus socios de la UE, quizá mediante un hilo de Ariadna que, a la manera de Teseo, guíe sus pasos hacia la salida sin sufrir mayores males de los ya soportados por una población a un paso de la inanición. Ese hilo, esa pista a seguir, ha de tener la forma de pacto entre Grecia y aquello que, aun siendo la troika, no lo parezca o no se llame así, pero sirva para suavizar las condiciones de la devolución de la deuda –así en los plazos como en las condiciones y cantidades a pagar– a cambio de encarar con determinación las reformas estructurales de la economía griega, adormecida en el sueño del turismo y retrasada en todo lo demás: combatir el fraude fiscal, elaborar un catastro, aumentar la competitividad y así hasta completar un largo etcétera. Ese trueque, según el término utilizado por el profesor Josep Oliver en estas páginas, no es el gran hallazgo que sanará al enfermo en un abrir y cerrar de ojos, pero sí puede ser la fórmula que evite más sufrimientos a una sociedad doliente y, al mismo tiempo, apacigüe a los acreedores más exaltados, aquellos que ven en Syriza un compendio de todas las radicalidades a través de su propia radicalidad de defensores implacables de las exigencias de la troika.

Si esa salida o remiendo hace saltar por los aires las reglas del juego en el seno de la Unión Europea y da alas a los partidos o coaliciones que pueden salir más baratos a los ciudadanos –Podemos en el caso español–, de acuerdo con una idea expresada por Josep Piqué en Barcelona esta misma semana, es algo que está por ver, pero el pacto es ineludible si tiene que casar la decisión democrática de los griegos de dar el Gobierno a Syriza con la exigencia europea de que las deudas son de pago obligado. Cualquier otra alternativa se antoja imposible, cuando no arriesgada y profundamente desestabilizadora tanto para Grecia como para Europa en su conjunto, así sea la grexit (salida del euro), el bloqueo sine díe del último tramo del segundo rescate o alguna maniobra encaminada a convencer a los griegos de que votaron en un sentido equivocado y conviene que rectifiquen. Sería tanto como someter a una revisión violenta, apresurada y arbitraria el acervo político de la UE que, en este caso sí, tendría consecuencias: alimentaría las expectativas de los euroescépticos, de los nacionalismos exacerbados, de la extrema derecha rampante y de cualesquiera otros adversarios de la unión, dispuestos a sacar partido a cualquier crisis en cualquier momento.