Uvalde, la pesadilla de siempre

El estupor por la muerte de 19 niños y dos maestras en la escuela elemental Robb de Uvalde (Texas), abatidos por un joven de 18 años armado con un fusil de asalto no parece ser suficiente para que algo cambie en la nociva permisividad para la posesión de armas en Estados Unidos. Cada vez que se produce una carnicería vuelve a ser objeto de debate la necesidad de acotar tal derecho, pero el poderoso lobi de fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle saca del archivo la Segunda Enmienda, que data de 1791. Como si se tratara de un dogma de fe, el país más conservador y retardatario moviliza a los cargos electos del Partido Republicano para impedir que todo siga como hasta ahora y, contra el más elemental sentido común, los voceros dispuestos a hacer lo que sea para dejar las cosas como están tienen la desfachatez de asegurar que las armas en manos de particulares aumentan la seguridad de las familias.

Ni siquiera la proximidad de dos matanzas de las dimensiones de las habidas en un supermercado de Buffalo (Nueva York), hace menos de dos semanas, desencadenada por un supremacista blanco, ni la de Uvalde sirve para que el frente de rechazo de cualquier modificación acepte reflexionar. Todo es fruto, sin duda, de la división tajante de la Unión, enfrentada consigo mismo y con la historia a causa de los cambios en el tejido social y de la multiculturalidad, que no hace más que reafirmar en sus más íntimas y añejas convicciones a cuantos en el centro y el sur del país creen llegada la hora de volver a los orígenes. Mientras el reputado analista de The New York Times Nicholas Kristof se pregunta de qué forma es posible reducir los tiroteos, al mismo tiempo que los editorialistas de The Washington Post abren un interrogante enorme sobre cuál es la razón de que después de tantos tiroteos masivos se sigan formulando las mismas preguntas, al fiscal general del estado de Texas no se le ocurre otra estupidez que reclamar que se adiestre a los docentes en el uso de las armas para proteger a sus alumnos.

En ese ambiente viciado que soslaya la realidad de los dramas encadenados por una sociedad dolorida, resulta especialmente venenoso que la Asociación Nacional del Rifle mantenga la convocatoria de este fin de semana en Houston (Texas), a solo cuatro horas en coche de Uvalde, y que a ella asistan el expresidente Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Ted Cruz, senador por el mismo estado del Partido Republicano. Hay en su participación en la conferencia algo de intrínsecamente perverso y dañino, de menosprecio de lo sucedido, de desafío a la decencia y a la moral colectiva. El resumen de ese estado de cosas lo ha resumido el diario francés Le Monde en una sola frase: “Las familias de las víctimas deben contentarse con las plegarias de los cargos electos, que no las escatiman”. Y esa utilización de los sentimientos religiosos en medio de la tragedia, sin otro propósito que no entrar en el fondo del asunto o desvirtuarlo, hace aún más indecente el comportamiento republicano.

La periodista Charlotte Kilpatrick ha publicado en el semanario británico The New Statesman un análisis cuyo título es por demás ilustrativo: El tóxico simbolismo emocional de las armas en América. En él hace una primera constatación: “Quienes se sienten más dotados de poder por las armas son los hombres blancos aislados, temerosos de perder su lugar en la sociedad”. Muchos de estos hombres viven en condiciones de precariedad económica, según recoge de un estudio elaborado en 2017 por la Universidad de Baylor, y cabe incluirlos en la minoría del 3% de la población, propietaria del 50% de todas las armas en manos privadas -casi 400 millones-, de acuerdo con un trabajo conjunto de 2016 de las universidades de Harvard y de Northwestern. Con una particularidad muy reseñable: mientras en 1994 el 46% justificaba la necesidad de poseer armas en razones de seguridad, en 2016 lo hacía el 76%, una subida de 30 puntos en 22 años.

Es así como Estados Unidos sufre una epidemia de efectos a menudo mortales, atrapado en la herencia de una enmienda de hace más de dos siglos, pensada por aquel entonces para que los pioneros que se adentraban en tierras desconocidas pudieran disponer de medios de defensa propios y, de paso, aligerar el gasto federal en material militar mediante la existencia de milicias populares. Nada hay menos cierto que presentar la adopción de mecanismos de control de las armas como el recorte de un derecho fundamental: la sociedad del presente es tan diferente a la del siglo XVIII que si quizá entonces pudo ser el derecho a la autodefensa un atributo necesario para ciudadanos desprotegidos, hoy es con sangrante frecuencia una amenaza para la comunidad. Lo que hay en realidad detrás de ese debate sin desenlace sobre la posesión de armas es la protección de un gran negocio que cuenta con la complicidad republicana por las sustanciosas donaciones de los fabricantes a los candidatos del partido.

De tal manera que, como escribe Kilpatrick, el bloqueo “se percibe como si Estados Unidos estuviera atrapado en un bucle, una pesadilla surrealista de dolor, indignación e impotencia en la que nada cambiará jamás”. Las armas han dejado de ser simples objetos y han adquirido “un simbolismo casi religioso que muchos sectores de la derecha creen que es todo lo que los protege de la victimización a manos de una élite liberal decidida a que los hombres blancos pierdan su lugar dominante en la sociedad”, explica la articulista. Ocurre, sin embargo, que esa percepción quizá es dominante o está muy extendida en la llamada América profunda, pero es poco perceptible en los grandes núcleos urbanos, en los centros financieros y tecnológicos, en el mundo académico y en la industria cultural y del ocio.

En ese bucle en el que se suceden las muertes y las iniciativas condenadas al fracaso para controlar la venta y uso de las armas se concreta, como en otros muchos campos, la realidad de una sociedad irremediablemente dividida en dos bloques más o menos iguales como los dos hemisferios de un mismo cerebro. Con la particularidad de que los integrantes de ambos bandos corren los mismos riesgos frente a la proliferación de las armas y la permisividad intocable. Estados Unidos es un “país atrapado en esa locura”, como afirma Le Monde, en esa vulnerabilidad consentida por quienes, pudiendo atenuarla, prefieren escudarse en la defensa irrestricta de un derecho individual y, en cambio, corren a cancelar o limitar otros (el del aborto, el último de ellos en riesgo). Algo típico de la extrema derecha, en auge en todas partes.

 

Otra vez ‘El cuento de la criada’

El largo proceso de fractura social en Estados Unidos se verá agravado en grado sumo si el borrador de opinión mayoritaria del Tribunal Supremo se aprueba con la versión filtrada por Politico o cualquier otra similar que cancele la vigencia del derecho al aborto a escala federal. Si los jueces remiten la aprobación del derecho al aborto a lo que cada estado decida, más de la mitad de ellos adoptarán legislaciones extremadamente restringidas o pura y simplemente prohibirán la interrupción del embarazo 49 años después de que el Tribunal Supremo la aprobase y de que en 1992 lo ratificase con levísimos retoques de matiz. En las 98 páginas redactadas por el juez Samuel Alito, católico muy conservador nombrado por el presidente George W. Bush en 2005, abundan las argumentaciones inconsistentes y las razones peregrinas para dejar sin efecto medio siglo de jurisprudencia y negar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mutilada su autonomía personal en cuanto atañe a los derechos reproductivos.

El episodio confirma lo que es evidente a ojos vista: la larga y persistente radicalización del choque cultural entre dos universos incompatibles: el liberal y el que encontró en la presidencia de Donald Trump al líder capaz de hacer efectiva la restauración de un puritanismo blanco, de devolver la Unión a la situación anterior a la Ley de Derechos Civiles firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1964. La mutación genética del Tribunal Supremo facilitada por Trump, que durante su mandato nombró a tres magistrados de un conservadurismo sin fisuras y dejó reducido a tres el número de liberales, es un reflejo más del repliegue a los orígenes de una sociedad descoyuntada por el cambio de costumbres del último medio siglo, agravada la división durante el mandato de Barack Obama.

La elección de adjetivos infrecuentes en medios liberales como The Washington Post (“terrible y repugnante”) y Los Angeles Time (“mordaz y desdeñosa”) para describir el borrador, o la aseveración de The Guardian según la cual Samuel Alito pretende retrotraer Estados Unidos al siglo XVII, es una muestra elocuente del clima alentado por el borrador, apoyado por la extrema derecha política, por los predicadores fundamentalistas desde los púlpitos de diferentes confesiones y por un sinfín de organizaciones y medios que creen que las elecciones de noviembre deben ser la ocasión para el segundo asalto al Congreso, ahora a través de las urnas. Todo ello mientras se multiplican las movilizaciones de las mujeres, que sienten que quieren mutilarles sus derechos, y aumentan los temores de que los capítulos siguientes que escribirá el Tribunal Supremo afectarán a las pastillas abortivas del día después, a los matrimonios entre personas del mismo sexo y a los derechos de la comunidad LGTBI.

Lynn Vavreck, profesora de la UCLA, sostiene que “las actitudes sobre el cambio cultural y la identidad estadounidense ya han surgido como el principal punto de separación entre las partes”, y añade en el mensual The Atlantic: “Una decisión que revoque a Roe [la sentencia del Supremo de 1973] mantendrá el aborto y otros temas sociales en el centro del escenario y consolidará la transición hacia una política polarizada, centrada en las diferencias culturales”. Es decir, se ampliará la brecha entre las dos corrientes políticas mayoritarias del país y se consagrará la desfiguración del Partido Republicano, consumada su abducción por la extrema derecha desde que el Tea Party y los neocons pusieron las primeras piedras para colonizarlo.

Los términos en los que ambos bandos plantean las elecciones de mitad de mandato en noviembre reúnen todos los ingredientes para escenificar esa división tajante. Puede decirse que el borrador de Samuel Alito ya ha activado los resortes de la campaña y la ha agriado medio año antes del día D. Lo que las encuestas aún no han vislumbrado es a qué bando puede favorecer más lo desvelado por Politico: ¿movilizará más el voto conservador para hacer frente a la reacción demócrata-feminista o la sociedad liberal se pondrá en marcha como nunca para preservar la mayoría en la Cámara de Representantes y luchar por obtenerla en el Senado? Diferentes analistas creen que nadie saldrá especialmente beneficiado por lo que finalmente apruebe el Tribunal Supremo y, en cambio, será muy importante la repercusión que tenga la posible ausencia de votantes de las minorías en aquellos estados que han reformado las leyes electorales para complicar su inscripción.

De momento, cada parte alienta el temor de que la victoria del otro desencadene una catástrofe de efectos imprevisibles. El tono de los mensajes en las redes sociales así lo da a entender; las suspicacias liberales a raíz de compra de Twitter por Elon Musk obedecen al temor de que Donald Trump aparezca de nuevo para difundir a todas horas la llamada posverdad; los discípulos de Steve Bannon ahí están para alentar las pulsiones de la América profunda. Las argumentaciones del borrador han suministrado a estos últimos material de propaganda muy efectivo: el juez Alito considera que el derecho al aborto a escala federal no es admisible porque no se menciona en la Constitución –se remonta al siglo XVIII– y porque no ha arraigado en la tradición y en la historia de Estados Unidos.

Son dos fundamentaciones chocantes, pero ahí están. O acaso no lo sean tanto después de leer El cuento de la criada o de ver la serie de televisión inspirada en el libro de Margaret Atwood. De hecho, una usuaria de Twitter difundió el miércoles un mensaje consistente en una fotografía de la Estatua de la Libertad vestida con la cofia blanca y la túnica encarnada de las criadas del cuento. En la alegoría quizá haya un punto de exageración, pero también una dosis comprensible de incertidumbre ante un futuro oscurecido por la voluntad retardataria de una parte muy importante de Estados Unidos, cada vez más apegada al pasado y más dispuesta a no aceptar otro futuro que no suponga la rectificación en profundidad de cambios sociales que estima hostiles, ajenos a lo que entiende imperecedero.

Francia, una república desgastada

El desenlace de la elección presidencial en Francia del pasado domingo ha dejado al descubierto una vez más las costuras del sistema, progresivamente alejado el entramado institucional del contexto social, una disfunción no específica de Francia, sino de muchos otros países europeos, con características propias en cada caso. La Quinta República respondió en su nacimiento a la impronta personal de su fundador, el general Charles de Gaulle, que rescató a Francia del oprobio de Vichy, liquidó el empantanamiento político de la Cuarta República nacida después de la guerra, acordó la descolonización de Argelia y diseñó un régimen a la medida de sus necesidades y convicciones, un conservadurismo con inquietudes sociales. Pero aquella operación de renacimiento de Francia se consolidó en el seno de una sociedad que hace tiempo dejó de existir y hoy transmite permanentemente señales de agotamiento, de inadecuación a la realidad, cuya máxima expresión es el hundimiento de Los Republicanos (LR), herederos últimos del gaullismo, y del Partido Socialista (PS).

Son demasiadas las voces autorizadas que alertan de la erosión irreversible de la Quinta República y son asimismo muchos los que vaticinan que las legislativas del 12 y del 19 de junio pueden sellar la tumba de las dos grandes fuerzas políticas que se turnaron en el Gobierno durante medio siglo. El comportamiento del electorado en la jornada del domingo pasado, la abstención, los votos en blanco y el ascenso pasmoso de la extrema derecha son síntomas inequívocos de desgaste; la fractura entre los estados mayores de los partidos en el ocaso y los cargos electos locales de estos mismos partidos, también es sintomática. Nadie duda de que Emmanuel Macron, reelegido con más margen del previsto por las encuestas, mantendrá la tradición de que el partido ganador de las legislativas que siguen a las presidenciales es aquel que apoya al presidente, incluso se da por razonablemente seguro que renovará la mayoría absoluta, pero es más improbable que iguale el éxito de 2017 (350 diputados de 577).

La  constitucionalista Marie-Anne Cohendet señala que “cuando en democracia la mitad de la opinión pública vota por partidos antisistema o se abstiene, la Constitución merece ser revisada”. No es esta una opinión excepcional, minoritaria o fruto de un pesimismo infundado, sino que se trata de un análisis compartido por muchos. “El viejo país asustado” al que se aludió en la campaña de la presidencial de 2002 ha dado paso al país hastiado, enfadado con el establishment y que cree haberse instalado en una decadencia irremediable. Todo ello fruto de una mezcla de sensaciones no siempre acordes con la realidad, pero presentes en el estado emocional de muchos votantes. “A veces hay un abismo entre lo que ocurre realmente y el sentirse despreciados. Porque es esa la respuesta generalizada que escucho en la próspera Francia que, sin embargo, insiste en proyectar la imagen de estar en caída libre, absorta en su eterna malaise”, ha escrito Mirian Martínez-Bascuñán en El País.

Ese estado de ánimo colectivo ha hecho posible que el bipartidismo imperfecto del Estado gaullista haya evolucionado hacia un sistema triangular de partidos o, más exactamente, de corrientes de opinión de dimensiones parecidas: el liberal conservador, que gira entorno a La República en Marcha (LREM) de Emmanuel Macron; la nueva izquierda de La Francia Insumisa (LFI), promovida por Jean-Luc Mélenchon; y la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN), que encabeza Marine Le Pen. Ese es el mapa, que es forzoso completar con el arraigo local de los viejos partidos, con diputados en la Asamblea Nacional, alcaldes y consejeros regionales, y que en junio pueden obtener un resultado mejor al de abril al pesar bastante en el comportamiento de los votantes la cercanía de los candidatos. Un dato real aunque insuficiente para alterar sustancialmente el sistema triangular y que, en cambio, hace aconsejable que los partidos que precisan respiración asistida pacten candidaturas unitarias de supervivencia con sus adversarios ideológicamente más cercanos.

El caso es que esta posibilidad llena de lógica debe enfrentar no pocos obstáculos. Cargos electros de LR han instado a la dirección a llegar a un acuerdo con LREM, habida cuenta la proximidad programática de ambas formaciones, pero la dirigencia recela ante una operación que puede acabar en absorción. El expresidente François Hollande advierte de que el PS puede desaparecer si se asocia con LFI y desnaturaliza su mensaje, pero lo cierto es que Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata socialista a la presidencia, obtuvo menos del 2% de los votos en la primera vuelta. Incluso la obstinación divisiva de Éric Zemmour resulta frustrante para la extrema derecha, aunque es improbable que el ego del polemista ultra dañe las expectativas de los candidatos lepenistas, que, por lo demás, afrontan un desafío francamente modesto: superar los ocho escaños obtenidos en 2017.

En esa transformación del espectro electoral y en las tensiones que genera en cada campo, el gran reto sobrevenido para los constitucionalistas y europeísta es activar un proyecto de futuro que contenga la progresión de la extrema derecha, que a lomos de la promesa identitaria ha pasado del 18% de Jean-Marie Le Pen en 2002 al 41,5% de su hija ahora. Los próximos cinco años se vislumbran decisivos para truncar la progresión de más de un punto por año del RN, para desactivar la inercia que lleva inexorablemente al desastre que sería para Francia y para Europa que quien suceda al presidente Macron sea una representante de esa derecha incontinente que crece sin parar con el santo y seña de exaltar la nación, desandar el camino de la globalización y regresar al proteccionismo, cerrar las fronteras y combatir al diferente, al extranjero, al ajeno a las esencias patrias, aunque tales cosas no sean más que una suma de tópicos y de historia ficción.

La reelección del presidente Macron admite un sinfín de conclusiones provisionales menos una muy extendida, pero también muy desgastada: cualquier candidato a ocupar El Eliseo que se enfrente a un representante de la extrema derecha tiene las de ganar. Si esto fue sociológicamente así hasta 2017, hoy ya no lo es, y dejar que progrese el desgaste de las convenciones de la Quinta República entraña el riesgo cierto de propiciar su deslegitimación ante una opinión pública cada vez más defraudada con los gobernantes. Es indudable que la interpretación del pacto republicano asociada a la historia de la Quinta Republicano ha caducado y que la erosión del pacto social no admite discusión. Nadie tiene hoy en Francia la influencia pública de la que disfrutaron los primeros presidentes del régimen diseñado por De Gaulle y, en consecuencia, es un requisito ineludible para reparar la fractura social, atenuar las desigualdades y neutralizar las proclamas de la extrema derecha que se concrete en hechos el doble principio de eficacia y reparación de daños, de sintonía con una sociedad que se siente desasistida.

 

Referéndum presidencial en Francia

La Europa democrática se tienta la ropa a la espera del desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, incluso después de que las encuestas posteriores al debate de la noche del miércoles dieran una ventaja de entre 10 y 12 puntos a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Aunque se antoja muy improbable la victoria de la candidata de extrema derecha, portavoz de un populismo nacionalista y antieuropeo, la decepción de un electorado que ha fulminado el sistema tradicional de partidos de la Quinta República, por completo desprestigiado, justifica la incertidumbre y los temores hasta que el escrutinio proclame un vencedor o una vencedora. Un estado de intranquilidad emocional azora al establishment europeo, habida cuenta el efecto de contagio que podría tener en no pocos países de la Unión Europea el triunfo de Le Pen y la distorsión que provocaría en el consenso democrático de los Veintisiete.

Por eso está más que justificada la creencia de que la votación del domingo es en gran medida la celebración de varios referéndums en un uno: sobre el compromiso democrático, sobre el papel fundamental de Francia en Europa, sobre la respuesta europea a la guerra de Crimea, sobre el papel de la nueva izquierda, sobre la necesidad de sanear el pacto social y los resortes del Estado del bienestar, sobre, en suma, las reglas del juego que han pasado de generación en generación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en juego cierta hegemonía de la cultura política que permite asimilar a la idea de Europa la de un espacio multicultural que comparte una serie de convenciones no divisivas. Pero también está en juego la imperiosa necesidad de revisar y corregir los desajustes derivados de la globalización, de los flujos migratorios, de la emergencia climática, del agravamiento de las desigualdades y de la sensación de que el futuro puede ser sustancialmente peor que el pasado inmediato.

“La reelección de Macron es un preliminar democrático indispensable”, dice el filósofo francés Michaël Foessel. Y esta síntesis necesariamente incompleta de lo que está en juego resume, al mismo tiempo, una verdad fundamental: del resultado dependen la continuidad del pacto republicano, consustancial a la tradición política francesa, y la solvencia de las instituciones. Foessel confiesa en el semanario progresista L’Obs que la historia le impide confundir neoliberalismo y nacionalismo, y que es “a quienes no disponen de esta memoria histórica a quienes es preciso convencer de la actualidad del No pasarán”.

Es ese un ejercicio de realismo. Basta fijarse en los datos para aquilatar las dimensiones de la progresión de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años. En 2002, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 18% de sufragios frente a Jacques Chirac, llevado en volandas por la movilización general que cerró el paso al candidato del Frente Nacional. En 2017, Marine Le Pen consiguió el 34% de los votos frente a Emmanuel Macron, lo que representó una ganancia neta de más de un punto por año con relación al resultado cosechado por su padre. En la cita de este domingo, la encuesta que le es más favorable adjudica a Macron el 56% de los votos o, lo que es lo mismo, da a la candidata del Reagrupamiento Nacional el 44%, una ganancia neta de dos puntos por año a partir de 2017. Con el factor añadido de que se ha consolidado el apoyo transversal a Marine Le Pen, con caladeros de votos en los barrios burgueses de las grandes ciudades, en las banlieues zarandeadas por la crisis, en la Francia alejada de los centros de decisión y en los entornos sociales donde la tensión migratoria es innegable. Dicho con otras palabras, hay un progreso constante y constatable de la oferta ultraderechista, capaz incluso de captar votos en el zurrón de la izquierda que optó por Jean-Luc Mélenchon o de dejar en casa a una parte de sus seguidores, poseídos por reparos insalvables para acudir a votar por Macron.

Como ha escrito Yves Thréard en Le Figaro, la política francesa ha pasado en medio siglo de dividir al electorado en apoyo de programas políticos manifiestamente diferenciados a gestionar el grado de rechazo de los candidatos. “El desamor, por no decir la detestación, que inspiran los responsables políticos hoy es tal que se vota sobre todo para levantar un muro de contención antes que por convicción”, sostiene Thréard. En la memoria colectiva de los electores más veteranos pervive el recuerdo de la altura política del debate de 1974, que ganó Valéry Giscard d’Estaing –“usted no tiene el monopolio del corazón”– a François Mitterrand y del de 1981, en el que se intercambiaron los papeles de vencedor y vencido; en la memoria del electorado más joven prevalecen las arremetidas desbocadas de Marine Le Pen en el debate de 2017, y la determinación de Emmanuel Macron en el del miércoles para poner en evidencia las contradicciones irresolubles del programa de su adversaria, abanderada de un nacionalismo radicalmente excluyente.

Quizá sea cierta la opinión de Jean Daniel, recordada en El País el último domingo: “Emmanuel Macron es un fenómeno inclasificable. Cada vez que nos hacemos una idea de él, nos equivocamos”. Acaso sea un político líquido que se adapta al envase sin mayores reparos y prejuicios, pero es, sin duda y al mismo tiempo, quien transmite la sensación de que es el depositario de la Francia indispensable para el progreso del proyecto político europeo frente a la trasnochada idea de la Europa de las naciones invocada por Le Pen (de las patrias, podía haber dicho). No hay en el discurso de Macron un engarce ideológico concreto, pero sí un compromiso democrático reseñable, sea en el plano interno o en el europeo. De ahí que resulte más incomprensible en orden a preservar los valores democráticos el cuidado que se ha dado Mélenchon en no pedir específicamente el voto para la reelección del presidente, porque una vez el sistema clásico de partidos ha saltado por los aires, y mientras no se consolide otro, la ambigüedad de la nueva izquierda no hace más que alimentar las expectativas de la extrema derecha a lomos del sectarismo, de la simplificación de los problemas y del aprovechamiento sin escrúpulos de las líneas de fractura que descoyuntan la cohesión social. Como dijo el politólogo Maurice Duverger durante la campaña de unas elecciones europeas, la degeneración del sistema siempre es posible.

 

Encubiertos por la guerra

La gran obscenidad de nuestros días es la guerra de Ucrania. Pero hay otras obscenidades, algunas muy antiguas, otras no tanto, algunas muy recientes que parecen poco menos que haberse esfumado tras el parte de guerra diario. La matanza que no cesa corre el riesgo de ser útil como instrumento de encubrimiento, de olvido, de atenuación de la gravedad de los hechos que quieren deslizarse sin que nadie o muy pocos sean capaces de seguir su rastro. Frente a las atrocidades servidas por los noticiarios, el resto parece carecer de importancia, conmovida la opinión pública por la tragedia humana.

Ahora mismo hay un envalentonamiento de la ofensiva del neofranquismo en España que permite al diputado de Vox José María Sánchez llamar führer al presidente del Gobierno y equiparar al ministro Félix Bolaños con Joseph Goebbels sin que, por lo demás, pase nada especialmente relevante en orden a restablecer la decencia en los debates parlamentarios. Es decir, nadie con una tribuna a su disposición ha dicho que el diputado es un personaje peligroso, movido por pulsiones ajenas a la democracia, que, sin embargo, se sirve de ella para degradarla. De la misma manera que en un informativo de Tele5 apareció María Jamardo para distorsionar la historia a propósito de la referencia al bombardeo de Gernika hecha por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su videoconferencia en el Congreso. “Ni el que bombardeaba era malo ni los bombardeados, tan buenos”, dijo Jamardo, militante de un revisionismo histórico ad hoc muy del momento.

El riesgo cierto es que este tipo de mensajes pasen a formar parte de la hegemonía cultural, de esa amalgama que configura el pensamiento y las opiniones dominantes, tengan estas que ver o no con los datos históricos y el trabajo de los expertos. La recensión de la biografía de Antonio Gramsci, escrita por Jean-Yves Frétigné, que el profesor Thomas Meany ha publicado en el mensual estadounidense The New Republic resalta justamente el valor anticipatorio del intelectual comunista, analista riguroso de los ingredientes constitutivos de la hegemonía. “Nadie entendió mejor los frentes de la batalla política”, afirma Meany, y la brega diaria del campo ultraconservador europeo, inspirado casi siempre por el legado dejado por la presidencia de Donald Trump –la difusión de una realidad alternativa–, no hace más que darle la razón.

Resulta por lo menos inquietante que en medio del fragor por la hegemonía, por la relativización del pasado, cuando no distorsión o deformación de los hechos, aparezca Alberto Núñez Feijóo, recién elegido presidente del Partido Popular, y no vea mayor inconveniente en entenderse con Vox, habida cuenta de que ha llegado al Parlamento a través de las urnas y se ajusta a las formalidades democráticas. El argumento es de una pobreza manifiesta porque el mismo líder que sostiene tal principio denuesta el pacto de Gobierno del PSOE con Podemos, y la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez, formada por diputados cuyo mecanismo de legitimación fue el mismo que el de Vox. Con una diferencia moral sustantiva: ninguno de los partidos de la investidura considera mejores a los gobiernos del franquismo que al que encabeza Pedro Sánchez; Vox, por el contrario, sí lo cree y manifiesta.

Todo esto pasa desapercibido, se diluye enseguida porque lo que urge y conturba las conciencias es la invasión de Ucrania. Con lo que, en última instancia, Vladimir Putin resulta doblemente útil para el populismo ultra: lo fue en el pasado, viva imagen del líder investido con los atributos del macho alfa, jefe de la manada, y lo es ahora mediante una guerra que convierte en peccata minuta cualquier otro asunto por grave que sea, y el envalentonamiento del neofranquismo lo es sin duda. Antonio Gramsci acuñó el término revolución pasiva para referirse, entre otros procesos, al ascenso del fascismo en Italia, y esa aparición de la extrema derecha para impugnar la cultura democrática reúne muchos de los ingredientes del análisis gramsciano (Steve Bannon seguramente leyó al pensador italiano en beneficio propio).

Surge así una corriente revisionista del statu quo social de la posguerra, concretado en el Estado del bienestar, en plena revisión forzosa del statu quo internacional a causa de la guerra de Ucrania. Aquello que desde los escaños de Vox se denomina pensamiento progre no es más que la mistificación de una realidad histórica,  el dinamismo de los cambios sociales, tan combatidos desde siempre por el conservadurismo recalcitrante. No hay que rascar mucho en la superficie para dar con las verdaderas razones de tal comportamiento, encaminado a salvaguardar situaciones de privilegio, disfrazado todo con una propuesta de nacionalismo agresivo para el que el gran adversario es el Estado dispensador de servicios y corrector de desigualdades. Claro que los desastres de la guerra todo lo encubren, y eso también; claro que el asalto al Congreso de Estados Unidos dejó al descubierto todas las vergüenzas del populismo ultra y es preciso recordarlo todos los días.

Un tiro en cada pie del PP

La insólita pelea que amenaza con despedazar al Partido Popular está lejos de ser una adaptación posmoderna de una tragedia shakespeariana y anda muy cerca del goyesco Duelo a garrotazos, el famoso cuadro en el que dos hombres, con las piernas hundidas en la tierra, es imposible que salgan indemnes de la disputa que los enfrenta. La insensatez se ha adueñado del primer partido de la oposición, embarcado en una lucha fratricida que deja sin efecto cuanto hasta el jueves parecía ser el asunto inmediato a debatir por la derecha española: ¿debe el PP compartir el poder con Vox allí donde le haga falta para disponer de la mayoría para gobernar o debe sumarse al cordón sanitario para aislar al partido ultra y proteger la cultura democrática de las arremetidas de sus adversarios?

Habita la semilla de la división irremediable en el paso dado por Isabel Díaz Ayuso para ocultar detrás de una cortina de humo el posible caso de corrupción que alienta en la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid, en abril de 2020, por valor de 1,5 millones de euros, con el hermano de la presidenta como privilegiado comisionista de la operación –286.000 euros, según parece–, un entramado típico de mordida, especialmente sórdido por el momento en que se produjo, en plena pandemia, con cientos de muertos todos los días. La misma semilla germina en forma de división en las explicaciones dadas por José Luis Martínez-Almeida en su condición de alcalde de Madrid, que no de portavoz nacional del PP, una diferenciación imposible en pleno paroxismo, y también se detecta el germen de la división en la comparecencia de Teodoro García Egea, tan agresiva como la crisis misma. Por no hablar de la decisión de Pablo Casado de dar explicaciones en el estudio de la COPE en vez de hacerlo en una conferencia de prensa abierta a todos los medios.

Hay demasiados estrategas de la guerra sucia en la división del partido como para que quepa suturar la herida, aunque quede a la vista de todo el mundo la cicatriz de la refriega (una más, una de tantas). No es posible vaticinar quién puede ganar el envite –nadie, seguramente– y quién deberá retirarse del campo de batalla sin poder gritar siquiera, como Ricardo III lo hace en todos los escenarios del mundo, “mi reino por un caballo”. Solo es posible intuir que planea sobre el futuro la sombra de la escisión, la eficacia del populismo practicado por Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez mediante, para movilizar a los afectos a su causa; planea también el beneficio inmediato que puede sacar Vox del lamentable espectáculo; planea, en fin, la zozobra en las áreas de poder de las que dispone el PP en diferentes comunidades autónomas, coligado con Ciudadanos o sustentado en el apoyo parlamentario de la extrema derecha.

Del deleznable espíritu cainita que se manifiesta en la crisis, nadie puede salir indemne. Todos los cortafuegos son ineficaces cuando el incendio ha penetrado en el bosque; nada sanea la atmósfera emponzoñada el apartamiento de subalternos –Ángel Carromero, uno de ellos–, sino que alimenta la sospecha de que, de una forma u otra, hubo una trama en el interior del PP para contener la ambición de Díaz Ayuso (el recurso al espionaje, el detective privado que no quiso enfangarse en la operación). Incluso es posible prever en los despachos de la calle Génova, con el expediente informativo sobre la mesa, que la presidenta de Madrid líe el petate y vaya en busca del apoyo de Vox para crispar más la situación y poner al PP entre la espada y la pared más de lo que ya lo está.

Las encuestas que a buen seguro aparecerán a no tardar arrojarán luz sobre cuánto puede costarle al PP la pelea interna por el poder en la que se ha enzarzado. Como es sabido, cabe atraer a toda la opinión pública durante algún tiempo y a una parte de la opinión pública durante todo el tiempo, pero es imposible atraer a toda la opinión pública durante todo el tiempo, incluso en sistemas totalitarios de largo recorrido. Esto es, hay que ver cuál es el grado de fidelidad de los votantes del PP y cuál es la parte de estos que prefieren acomodarse a otras ofertas, existentes ahora o que puedan aparecer en el futuro, fruto de una eventual escisión del PP. De hecho, como ha subrayado Enric Juliana en La Vanguardia, los populares ya han pasado por una experiencia similar con la transferencia de votantes a Vox, un conglomerado desgajado del conservadurismo templado y dirigido por Santiago Abascal, un antiguo militante del PP.

Todo adquiere así un aire de provisionalidad, de incertidumbre irremediable, mientras se multiplican las declaraciones rotundas a ambos lados de la divisoria sin la posibilidad de dilucidar lo enunciado por Walter Lippmann en el clásico La opinión pública: ¿propenderá el universo conservador a guiarse por imágenes preexistentes –el PP como única alternativa potencial al gobierno de la izquierda– o reaccionará de forma diferente a partir de un juicio crítico de los acontecimientos en curso? Puesto que no hay antecedentes de una crisis similar en el sistema de partidos en España, solo cabe esperar y ver; carece de sentido buscar referencias apropiadas en crisis como la muy viva en el Partido Conservador británico o en el desfondamiento de Forza Italia hace unos años.

Es más aleccionadora, aunque mucho más antigua, la atención que en su día prestó Maurice Duverger al “círculo interior” de los partidos políticos. Se encuentra en este núcleo el poder real de un partido de puertas adentro y, como consecuencia, de puertas afuera, pero si este espacio exclusivo no controla todos los frentes y se cuartea en facciones, pierde progresivamente la iniciativa. Si este es el caso del PP, y parece que algo hay de eso en su crisis a voces, el futuro se presiente borrascoso y el liderazgo se pone en discusión. Ignacio Escolar lo resume en Eldiario en muy pocas palabras: “Esta nueva guerra en el PP no es comparable, ni siquiera, a la que se vivió entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Porque en aquella época el presidente del PP era más fuerte de lo que lo es Pablo Casado hoy. Entonces tampoco existía Vox”.

Decir que el PP se ha descerrajado un tiro en un pie es más que insuficiente. Los tiros han sido por lo menos dos, uno en cada pie, y eso hace harto difícil mantener el equilibrio.

Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.

La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.

Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.