Europa toma nota de los errores del PP

A tres semanas de que se inicien las elecciones al Parlamento Europeo adquiere especial importancia el alcance del desembarco de Vox en el Congreso, no por haber obtenido 24 diputados, sino por haber quedado muy lejos de los 60 que esperaba lograr. Frente al fatalismo que parece haberse adueñado del centroderecha convencional, aseado y democrático, el resultado de las legislativas en España demuestra que cabe contener el desafío si la participación es suficiente para conseguirlo, aunque quienes en primer lugar debieran neutralizar el auge ultra cometan los errores sin límite que llevaron al PP a tontear más allá de toda medida con el neofranquismo rampante. Es decir, no es misión específica  de la izquierda frenar a la ultraderecha en las urnas, pero fue la movilización electoral de la izquierda la que evitó que Vox sumara más escaños con 2,6 millones de votos.

Para calibrar en su justa medida el alcance del resultado obtenido por Vox basta prestar atención al cambio de eslóganes: durante la campaña fue la idea de la reconquista de España, desde Andalucía hacia todas partes; después del escrutinio, los redactores de mensajes del partido se refieren al inicio de la resistencia, una fórmula lo suficientemente ambigua como para no comprometer a nada ni fijar un objetivo concluyente. El cambio de mensajes es radical, aunque el volumen de los oradores siga siendo el mismo; la reconquista queda aplazada –nunca olvidada– y se impone concretar metas acordes con el resultado obtenido, muy bueno –24 diputados de golpe–, pero insuficiente para activar los resortes retardatarios enumerados por los líderes de Vox desde el resultado de las elecciones andaluzas.

Tal situación no mengua la inconsistencia de la disparatada campaña de Pablo Casado, inspirada en las orientaciones de la FAES de José María Aznar, que malbarató el papel tradicional del PP como hogar moderado de los ultras añorantes del pasado y puso en el disparadero a un segmento de electores que siempre se ha sentido incómodo en democracia, en la España de las autonomías y en la Unión Europea. La simplicidad política de Santiago Abascal y adláteres ganó audiencia mediante la explotación de la crisis catalana, los flujos migratorios, el empobrecimiento de las clases medias y otros factores de índole diversa, pero también merced al error infantil del PP de imitar las arengas ultras en la creencia de que ello retendría en el seno del partido a los herederos del franquismo sociológico. Como suele suceder, entre el original y la copia, a la hora de votar, los electores más ultraconservadores se decantaron por el primero y desdeñaron el segundo.

Puede decirse que esta oscilación del voto, unida a la huida de electores centristas en dirección a Ciudadanos, poco menos que en tropel, ha debilitado en tan gran medida a los populares que su apresurado viaje de vuelta al centro después del descalabro, repentino y sin mayores explicaciones, apenas emite señales de eficacia y, por el contrario, alimenta la velocidad de crucero de Vox con la vista puesta en el 26 de mayo: a escala interior, porque esperan los ultras asomar con holgura en ayuntamientos y comunidades autónomas; a escala europea, porque prevén sumar efectivos a la internacional eurófoba.

Si Pedro Sánchez se ha convertido en referencia ineludible de la socialdemocracia en Europa a raíz de su victoria del 26 de abril, cabe añadir también que el electorado español ha adquirido una relevancia especial porque ha limitado el parte de daños de la aparición de la extrema derecha en el Congreso, y ha acotado los temores de cuantos avizoran que el recuento de las votaciones previstas entre el 23 y el 26 de este mes otorgará a la extrema derecha una influencia desconocida en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Es seguro que el próximo Parlamento Europea tendrá un grupo ultraconservador muy numeroso que englobará diferentes versiones de una misma oferta ideológica, pero no lo es menos que el experimento de aprendiz de brujo realizado por Casado con resultados catastróficos debe servir de advertencia a otras centroderechas tentadas de cometer el mismo error: diseñar una campaña de contención de la extrema derecha consistente en incorporar partes esenciales de su programa.

La investigadora Julia Ebner, del Institute for Strategic Dialogue de Londres, ha recordado en las páginas del diario El País cuál es el principal objetivo de un conglomerado de partidos que acude a las instituciones europeas para minarlas: “Nuestros análisis muestran que la ultraderecha no se centra tanto en sacar adelante políticas propias, sino en bloquear o boicotear las políticas de otros”. Las declaraciones del británico Nigel Farage y del holandés Geert Wilders no disimulan en absoluto su voluntad de obstaculizar los trabajos del Parlamento Europeo; las de Marine Le Pen, Matteo Salvini y Viktor Orbán, sin ser tan explícitas, persiguen el mismo fin; las de Santiago Abascal son del mismo o parecido tenor.

Solo la movilización y participación de la izquierda, la concentración del voto centrista y la defensa de la identidad política de los partidos europeístas puede evitar un desaguisado –la consolidación de una minoría obstruccionista y vociferante hasta la afonía–, puede limitar la difusión de un nacionalismo populista y desabrido destinado a debilitar la UE. Las políticas de identidad son cada día más influyentes, como escribe Francis Fukuyama en su último libro, y la Kulturkampf, como explica Agnes Heller referido al programa de Viktor Orbán en Hungría, constituye un rasgo característico del repliegue desde una sociedad cosmopolita hacia otra en la que el marco de referencia principal es el Estado-nación. Las apelaciones de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith a la caza, los toros, Don Pelayo y otras señas de identidad más o menos tópicas, pero fácilmente localizables en la memoria colectiva del conservadurismo español, confirman los diagnósticos de Fukuyama y Heller.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En parte a causa de la decisión de las grandes familias políticas –la democristiana-liberal y la socialdemócrata– de promover una salida de la crisis que ha sembrado la alarma entre las clases medias, ha dañado el Estado del bienestar y se ha sometido a las exigencias del entramado financiero y de la economía global. En parte, asimismo, por la capacidad del pensamiento más conservador de divulgar un fundamentalismo nacionalista y de sacralizar la historia mitológica del Estado-nación; de resucitar la exaltación del individuo como depositario de unas señas de identidad colectivas en peligro de extinción mediante la mundialización. Frente al magisterio de Raymond Aron y tantos otros –“Es vano preguntarse si la historia tiene un fin, puesto que ya no se cree en una Providencia”–, se remiten al pasado los ideólogos o inspiradores de la extrema derecha renacida después de decenios de travesía del desierto; todos ellos creen en la nación inmutable y eterna.

Nada de todo esto es ajeno a la historia política de Europa y a las oprobiosas tragedias de siglo XX. Todos los movimientos de extrema derecha que nacieron y crecieron en el periodo de entreguerras constituyen precedentes de los que hoy preparan el asalto al Parlamento Europeo. Vox no es una excepción: no hace falta citar nombres, basta repasar el ideario ultranacionalista de los años treinta, el léxico utilizado, el valor otorgado a los símbolos, para concluir que la pretensión de los herederos es recuperar todo aquello. La misma fórmula es aplicable a la movilización ultra en otros países, con inquietudes sociales más o menos explícitas, más o menos destinadas a desposeer al Estado de algunas de las responsabilidades asumidas hace más de medio siglo para atenuar las desigualdades.

 

La campaña adultera el lenguaje

El lenguaje es la primera víctima de la precampaña, de la campaña y de cuanto se dijo y difundió antes de ambas. En la refriega que precede a la cita del 28 de abril las palabras han adquirido significados sobrevenidos, la confusión se ha instalado en el diccionario ad hoc para el combate y no hay forma de saber si cuanto se dice es anfibológico, polisémico o un rosario de falsedades engarzado por los estrategas de los partidos. Más que nunca son útiles y necesarios los fact-checking (comprobación de hechos) para un mayor esclarecimiento de las discusiones en curso, para desactivar las políticas de balcón, para poner al descubierto el vuelo rasante de la charcutería política y la manipulación de las emociones. Hoy es más urgente que nunca dejar en evidencia a los profesionales del pim-pam-pum preelectoral.

Los ejemplos a mano son ilimitados. Sale Pablo Casado y acusa a los medios de difundir una fake news (noticia falsa) a propósito de su anuncio –Onda Cero, el medio emisor– de que bajará el salario mínimo a 850 euros –el Gobierno de Pedro Sánchez lo puso en 900–, algo que no solo lo entendieron así los radioyentes, como se decía antes, sino los televidentes y aun los lectores de periódicos, muchos menos que antes, pero no tan pocos como para no estar en condiciones de confirmar a coro que dijo Casado lo que dijo. Hay, claro, algo no conocido: qué entiende el líder del PP por fake news, qué le contaron o explicaron en el famoso posgrado de Aravaca –cuatro días– acerca de qué cabe considerar una falsa noticia; cuál es, en fin, su apego a la realidad alternativa, tan puesta en boga por la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es, Casado dijo lo que dijo, aunque quizá no quiso decirlo o pensaba decirlo en otro momento, o sus asistentes estimaban oportuno mantener oculto el dato para no alarmar a posibles votantes, pero el caso es que lo dijo. Un lío que ha puesto en un grito con sordina al PP centrista, descabalgado por el discípulo de José María Aznar.

Va luego o quizá antes Santiago Abascal y anuncia que mediado el siglo la mitad de los franceses serán musulmanes. Aparecen enseguida demógrafos y sociólogos prestigiosos que manejan estadísticas fiables y modelos matemáticos solventes, y aseguran que a lo sumo será el 18% de la población francesa la adscrita al islam. Un cálculo fruto del análisis, pero también un futurible para cuya confirmación hay que esperar treinta años y sujeto, como todo futurible, a variables imprevisibles e impredecibles que a la vuelta de tres décadas pueden haber convertido a los habitantes de Francia en descreídos contumaces o en feligreses de una religión de diseño o a la carta. En todo caso, el vaticinio de Abascal es un disparate sin fundamento cuya meta es fomentar una islamofobia zafia y cada día más difundida en Europa.

Está luego el conglomerado independentista catalán con sus presos políticos aplicado a los políticos presos y sus exiliados para referirse al huidizo Carles Puigdemont y demás instalados en Waterloo, periferia de Bruselas. Se trata de una apropiación del lenguaje muy anterior a la campaña, una acentuación o subrayado del drama político mediante la utilización de conceptos que adquirieron un valor muy preciso desde el final de la guerra civil y hasta la transición; un intento de equiparar el perfil vesánico de la dictadura con el presente. Es, en fin, un ejercicio permanente de historia comparada, como si los derrotados de 1939 y los enjuiciados de 2019 fuesen víctimas de lo mismo; como si el 1-O y fechas subsiguientes no hubiese sucedido nada o lo sucedido fuese perfectamente legítimo, ajustado a derecho y respetuoso con quienes transitan fuera del independentismo, y quien no lo vea así, insisten, no es demócrata.

La izquierda participa con parecido entusiasmo en la adulteración del lenguaje, necesitado Podemos de contener la sangría de votos que vaticinan las encuestas, urgido el PSOE por la captura de votantes de Podemos defraudados con Pablo Iglesias, con el galimatías morado que ha desgajado a una parte del partido, y aplicados en cuerpo y alma los socialistas en la tarea de dividir el voto de la derecha, en presentar a Vox como el contaminante del conservadurismo español. El experimento andaluz, con el tripartito de facto PP-Cs-Vox, el neofranquismo al acecho y las encuestas esperanzadoras justifican tal deriva en la campaña de la izquierda, pero la insistencia en anunciar que viene el lobo no hace otra cosa que agrandar la campaña de la extrema derecha. Según se ve, la izquierda no ha sacado ninguna enseñanza práctica del precedente de Estados Unidos, donde la insistencia en las acometidas contra Trump en 2016 fue un factor multiplicador de la campaña del acometido. Tampoco aquí se salva el lenguaje del falseamiento, la adulteración de los significados y el encubrimiento de la realidad mediante reiteradas exageraciones.

La maduración de una sociedad acostumbrada a votar, el hartazgo de muchos ciudadanos por el cruce de acusaciones indescifrables o deformantes, no cuenta, según se ve, para los seleccionadores de palabras encubridoras de la realidad. Cuando alguien se atreve a ocultar bajo la etiqueta de “policía patriótica” lo que no es más que una policía política o sectaria, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, queda abierta la veda para todo clase de despropósitos o desquiciamientos en la comunicación política. Nada hay más antidemocrático y antipatriótico que una policía que husmea fuera de lo establecido por las leyes –la policía es un cuerpo civil de funcionarios armados que deben ocuparse de la seguridad colectiva y debe ser exquisitamente neutral–, pero el poder de la palabra es enorme.

Dijo Mahatma Gandhi: “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Añadió Umberto Eco muchísimos años más tarde: “El populismo mediático significa apelar a las personas directamente a través de los medios. Un político que puede dominar los medios puede moldear los asuntos políticos fuera del Parlamento e incluso eliminar la mediación del Parlamento”. Así se adentra la campaña en el territorio de la desmesura y del exabrupto, sin que a los electores les quede más opción que el escepticismo o la incredulidad, estados de ánimo ambos que no hacen más que alejar a los ciudadanos del compromiso político y de las instituciones democráticas.

El ‘brexit’ se adentra en el caos

La Unión Europea ha pasado a controlar sin reservas el calendario del brexit después de meses de idas y venidas sin más progresos que los fallidos intentos de la primera ministra Theresa May de lograr el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Comunes a su acuerdo con los Veintisiete para consumar un divorcio civilizado. A una semana de confirmarse el brexit caótico, el Consejo Europeo de este jueves y viernes ha dejado establecido que la premier dispone hasta el 22 de mayo de una prórroga para una salida ordenada de la organización, siempre y cuando el Parlamento de Westminster se pliegue a la realidad: el único acuerdo posible de salida es aquel pactado por May en noviembre del año pasado. Si tal aproximación a la realidad no se produce, el aplazamiento de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión se retrasará hasta el 12 de abril, calificado por un alto funcionario de la UE como “el nuevo 29 de marzo”.

Ninguna de las suposiciones manejadas por la primera ministra le ha permitido salir vencedora en su pugna con los brexiteers recalcitrantes. Se ha demostrada infundada la creencia de que conforme se acercaba la fecha límite decaería su arrojo y, en cambio, se ha espesado el ambiente entre dos posturas encontradas e irreconciliables: la de quienes en su día tomaron la palabra a May –“mejor un brexit sin acuerdo que con un mal acuerdo”– y la de cuantos abogan por un adelanto electoral o por un nuevo referéndum que neutralice el desastre que se avecina. La disputa por el poder en las filas conservadoras ha encontrado en el backstop –los requisitos para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas; una frontera inexistente en la práctica– la herramienta política para diferenciar a los brexiteers de los posibilistas, y para contar con el apoyo o complicidad de los unionistas norirlandeses.

Se antoja bastante más que verosímil el cálculo hecho por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de las posibilidades de que May acuda por tercera vez a los Comunes para que voten el acuerdo con la UE y consiga una victoria: no cree que tenga más de un 5% de posibilidades de éxito. La razón no es el acuerdo en sí, su contenido específico, ni la insuficiencia de las aclaraciones sobre el pacto de noviembre hechas en diferentes momentos por Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y Michel Barnier, sino que los promotores del divorcio aplican el eslogan “brexit means brexit” (brexit significa brexit) hasta sus últimas consecuencias. Es imposible apear del burro a personajes tan opuestos a la permanencia en la UE como Jacob Rees-Mogg y Boris Johnson, por citar dos de los más combativos, porque entienden que seguir en la UE o prolongar la discusión con Bruselas es más o menos una claudicación, un acatamiento de las reglas del juego dictadas por la UE y de las que ellos pretenden librarse.

Al mismo tiempo, la nave europea ni puede ni quiere quedar atrapada en un bajío mientras al otro lado del canal la discusión se llena de bizantinismos, con una opinión pública dividida y una crisis de liderazgo insólita en los dos grandes partidos (el papelón laborista merece capítulo aparte). De ahí que la UE se haya preocupado de fijar el tempo de la salida, aunque una separación sin acuerdo entraña riesgos de todo orden para ambas partes. “Los políticos británicos son incapaces de poner en práctica lo que su pueblo ha exigido. El pueblo votó por el brexit”, lamenta Macron. Hasta la fecha de vencimiento, todas las opciones siguen sobre la mesa, manifiesta Tusk. “Estamos en un momento crítico en la construcción de Europa”, declara Pedro Sánchez. Todo suena a lamento por el desaguisado que se avecina.

Solo Angela Merkel mantiene el comedimiento y la esperanza en un desenlace in extremis del brexit bajo control. Al mismo tiempo, Rafael Behr, un brillante analista del periódico progresista y proeuropeo The Guardian, afirma que la UE sabe que Theresa May está acabada, que gastó todo su crédito en el Reino Unido y que el país debe empezar a aceptar un nuevo trato en Bruselas: “Las conclusiones de la cumbre se transmitieron a la nación peticionaria mientras [May] se paseaba por una antecámara. Esta es la relación de poder entre un tercer país y la UE. Gran Bretaña debería acostumbrarse a ello”. La descripción resulta poco menos que patética para la líder de un socio de la UE con tribunos exaltados que prometen que, fuera del entramado europeo, la nación recuperará la grandeza, la soberanía y la autoestima presuntamente perdidas.

El discurso brexiteer soslaya esta imagen, arropado en titulares como el del Daily Telegraph, vocero de un conservadurismo con atributos rancios: “¿Cómo Emmanuel Macron tomó el control del destino del brexit de las manos de Theresa May, mientras la fachada de unidad de la UE comenzó a resquebrajarse?” Un resquebrajamiento imaginado o supuesto que tiene más que ver con el sostenella y no enmendalla que con el desarrollo de los acontecimientos en el Consejo Europeo, pero de una indudable eficacia para mantener cohesionado el campo secesionista, aunque varias encuestas detectan una pérdida permanente de efectivos y una creciente sensación de engaño entre los votantes que apoyaron la salida en junio de 2016.

En medio, una UE de ciudadanos desorientados, que acudirán a la cita electoral de mayo sin saber muy bien cómo les afectará la defección del Reino Unido, y unas instituciones sometidas a la presión permanente de una ruptura sin reglas con el Gobierno británico, coinciden en preguntarse si alguna vez, al otro lado del canal, se sintieron integrantes de una organización basada en el continente, o si aceptaron el paso dado por Edward Heath como un mal menor, un parche inevitable para suavizar la pérdida de influencia que siguió a la descolonización. Forma parte de la historia del periodismo el titular El continente, aislado, impreso en portada por un periódico británico a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha. Y forma asimismo parte de las viejas leyendas urbanas la respuesta de Wiston Churchill a un ayudante de Franklin D. Roosevelt que acudió a recibirle y le preguntó por la situación en las islas en plena segunda guerra mundial: “El viejo corcho sigue flotando”, se dice que respondió el premier. A saber si aquel espíritu de resistencia en solitario sigue siendo hoy el que guía a unas élites que aún se emocionan con la letra de Rule Britannia! –“Los británicos nunca serán esclavos”– o se atienen al programa general de actos de la extrema derecha, enemiga declarada de una Europa fuerte con peso político (más parece esto último).

La campaña se cruza con el 8-M

Salvo que Pablo Casado y compañía acaben de leer Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, de Alexandra Kollontai, comunista rusa para más señas, y tal lectura les haya alarmado, no se entiende el jardín en el que se metieron para desacreditar el manifiesto del 8-M y su decisión de darse de baja de la manifestación. Kollontai escribió: “Las feministas burguesas están luchando para conseguir derechos políticos: también aquí nuestros caminos se separan. Para las mujeres burguesas, los derechos políticos son simplemente un medio para conseguir sus objetivos más cómodamente y más seguramente en este mundo basado en la explotación de los trabajadores”. Pero esto lleva tanto tiempo impreso que no intranquiliza a nadie; es decir que no es de creer que esta sea la razón.

Puede ser que les parezca sospechoso el entusiasmo del PSOE y de Podemos al apoyar el manifiesto, la manifestación y lo que haga falta, pero tampoco debe mover a alarma o intranquilidad porque son partidos constitucionales, con mujeres inteligentes en puestos relevantes. Quiere decirse que no hay forma de imaginar a Carmen Calvo e Irene Montero al frente de una multitud enardecida, masculina y femenina, seguramente, dispuesta a tomar el Palacio de Invierno que quede más a mano.

Nada de esto se insinúa o deduce de los textos más acreditados –El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, tan alabado siempre, uno de ellos– ni de las declaraciones de relevantes feministas, respetadas por todo el mundo, así Simone Veil, Emma Bonino y otras ilustres difusoras de ideas innovadoras y liberalizadoras. Parece más bien que aprieta el zapato por donde no debiera, porque andar de la manita de Vox tiene un precio y hay que pagarlo so pena de caer en grave contradicción o, aún peor, poner en riesgo el acuerdo o pacto o colaboración parlamentaria con quienes creen que la violencia de género no existe, es una fantasía con un trasfondo ideológico y hay que someter a depuración o tamizado a los funcionarios que se ocupan de la cosa en Andalucía, no fuese a darse el caso de que sean de mentalidad peligrosamente progresista.

La escritora Montserrat Roig dejó dicho: “Que no me pidan que en mis novelas aparezcan mujeres maravillosas, mujeres de una pieza. Las mujeres no somos ni maravillosas ni de una pieza. ¡Estamos llenas de miedos, de angustias, igual que los hombres!” Tampoco aquí hay forma de dar con un asomo de riesgo, de asalto a palacio alguno o de sectarismo irredento, sino más bien un reconocimiento de la igualdad en la vulnerabilidad de hombres y mujeres.

Lo que no hay, no existe y probablemente no puede existir es un feminismo neutral, aséptico, en el que todo el mundo pueda sentirse a gusto. No hay forma de separar el feminismo de la ideología, aunque las proclamas en el momento de la defección del PP de la manifestación del viernes reclamaran un feminismo transversal, válido para cualquier opción política. La transversalidad es una excepción en la política, en la economía, en los proyectos sociales, y la pretensión conservadora de meter a todas en el mismo programa de futuro resulta ser entre pueril y prelógico; es un objetivo imposible de encajar en la historia del género humano.

Al menos los de Ciudadanos colocaron el adjetivo liberal al lado del sustantivo feminismo para subrayar que el suyo es diferente a otros feminismos, es de suponer que aquellos tributarios de la tradición de izquierdas. Esto es, no les gustó el manifiesto, lo pusieron bajo sospecha, pero entendieron que no era motivo suficiente para quedarse en casa o montar una marcha paralela, inevitablemente minoritaria (la foto en los periódicos y en los telediarios hubiese hecho un pésimo servicio a su campaña electoral, tan enconada). Otra cosa es dilucidar qué es o por dónde anda ese feminismo liberal enunciado por Albert Rivera en las vigilias del 8-M, no hay manera de saber si los vientres de alquiler forman parte de la etiqueta o son cada uno de ellos corpus separatum (la traducción es innecesaria por obvia).

Si las elecciones no estuvieran a la vuelta de la esquina quizá nos habríamos ahorrado esta macedonia de palabras, pero el voto de las mujeres –la mitad del censo– anda en juego, y eso son palabras mayores. Tal dato, la disputa por el voto femenino entre opciones ideológicas diferentes desmiente la posibilidad de un feminismo transversal que antes y después de la manifestación a nadie incomode y a todas las opciones complazca. De hecho, hubiese proyectado la imagen de una unidad forzada o artificial un 8-M de concordia transversal seguido de la reanudación de las hostilidades al acabar la manifestación, cada cual con sus convicciones a cuestas.

¿Acaso siguen incomodando entre la parroquia conservadora las palabras de Clara Campoamor: “El feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad”? Puede ser: nada ha cambiado tanto en menos de 90 años como para que las palabras de la insigne activista recluten efectivos en todas partes. Flota en el ambiente un desquiciamiento de los debates con la vista puesta en el 28 de abril, una fecha que impone gestos rotundos para subrayar la distinción entre izquierda y derecha, entre nosotros y ellos, entre españoles ensordecidos por el himno nacional, envueltos en la bandera, y aquellos otros dispuestos a desacralizar la política, entre fundamentalistas y relativistas. A todo eso no pudo escapar el 8-M porque el feminismo está en campaña, forma parte de los eslóganes y es un poderoso instrumento de movilización, aunque no haya forma de desvanecer la sospecha de que con demasiada frecuencia las palabras y los gestos son fruto de un impostado compromiso con las mujeres, inducidos gestos y palabras por los mensajes que llegan de la calle.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

Amenazas ultra en aumento

El documento de 19 puntos presentado por Vox al Partido Popular durante las negociaciones de su alianza en Andalucía resume con palmaria claridad hacia dónde apunta el acelerado resurgir de la extrema derecha en Europa: la restauración de un pasado indeseable, la impugnación de la cultura política liberal puesta a salvo por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y, en el caso de España, la recuperación del legado franquista. Los ademanes y la fraseología rescatados del sumidero ideológico ultra por Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y otros portavoces no desmerecen ni en una coma las andanadas de Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders y demás adversarios declarados del régimen de libertades trabajosamente construido durante décadas. Nada hay en las exigencias de Vox para sumergir en un lodazal a la Junta de Andalucía que se desvíe de la línea argumental desarrollada por las fuerzas europeas más retardatarias y, por esta razón, más empeñadas en anteponer la nación al europeísmo, los mitos de la historia a las complejidades del presente y la negación de una sociedad en rápida transformación mediante el recurso a un tradicionalismo profundamente reaccionario.

Las facilidades dadas por el PP a Vox para convertirse en actor político de primer orden resultan sorprendentes. Con la vista puesta únicamente en lograr la presidencia de Andalucía para Juanma Moreno, se ha adaptado a un léxico y unos objetivos que son los de la extrema derecha de siempre. Es una falacia el mensaje de Pablo Casado según el cual los populares han probado en Andalucía –negociando en Madrid, no se olvide– que son el único partido capacitado para negociar con quienes desfilan a su derecha y a su izquierda. En realidad solo ha quedado demostrada su disposición a entenderse con la extrema derecha sin necesidad de ponerse una pinza en la nariz; en la práctica ha confirmado que responde a una pregunta inquietante: ¿vale todo para alcanzar el poder?

El dontancredismo de Ciudadanos no resulta menos perturbador. Al ponerse de perfil y no darse por enterado de en qué condiciones compartirá el Gobierno andaluz con el PP, bendice la componenda y alarma a la familia liberal europea, singularmente a Manuel Valls, que persigue la alcaldía de Barcelona con el apoyo de los de Albert Rivera, y a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ambos entienden que no cabe pacto alguno con los partidos extramuros del sistema que pretenden desdibujar las libertades mediante demagógicas apelaciones a la seguridad, a la desnaturalización de la identidad nacional y a una tópica serie de emociones primarias.

Todo ello invita a recordar las advertencias de dos grandes pensadores europeos, Edgar Morin y Stéphane Hessel, que advirtieron reiteradamente en el pasado de los peligros que se ciernen sobre Europa, sometida a inacabables reivindicaciones nacionalistas, a los efectos sociales de la salida de la crisis y al desparpajo de la extrema derecha para arremeter contra el proyecto de integración a través de una mezcla heterogénea de promesas sociales y contracción de las libertades. Al mismo tiempo, la situación que se da en los prolegómenos de la campaña para las elecciones europeas de mayo permite a autores como la profesora Paola Subacchi, de la Universidad de Bolonia, referirse al “viejo nuevo populismo de Italia”, y a Barry Eichengreen, de la Universidad de California, mencionar la necesidad que tiene Europa de “avanzar para evitar retroceder”, puesto que si no se encamina hacia nuevas metas, la presión de la extrema derecha puede llevarla a dar marcha atrás en muchos ámbitos.

Desde que Morin y Hessel publicaron en 2012 El camino de la esperanza hasta el presente, bastantes cosas en el mosaico político europeo han cambiado a peor, y la más preocupante es justamente la recomposición de la extrema derecha y la disposición de un segmento muy importante de las clases medias defraudadas a dejarse seducir. Con dos momentos excepcionalmente importantes en el desarrollo de los acontecimientos: el éxito del nacionalismo británico más rancio en el referéndum del brexit (junio de 2016) y la victoria de Donald Trump (noviembre del mismo año). En ambos casos, la extrema derecha se ha sentido reconfortada con una andanada contra la línea de flotación de la Unión Europea y con la consagración del presidente de Estados Unidos como referencia ineludible de la nueva internacional retrógrada que aspira a todo.

Al mismo tiempo, las advertencias reiteradas dirigidas a los partidos conservadores para que aíslen la oferta ultra han caído en saco roto con demasiada frecuencia. Cada vez que el conservadurismo clásico pacta con los extremistas no hace otra cosa que alimentar las expectativas de crecimiento de estos últimos de acuerdo con el viejo axioma según el cual las copias salen perdedoras –siempre juegan en campo contrario– cuando imitan a los originales a fin de neutralizarlos. Pero ni siquiera los precedentes históricos inducen a rectificar a los conservadores partidarios del posibilismo a ultranza.

En palabras de Edgar Morin, “la política del día a día alienta a la extrema derecha” por varias razones que se retroalimentan: el coste social de la salida de la crisis, el desprestigio de los políticos, sometido a los rigores de las tecnofinanzas, la corrupción allí donde es rampante y ostentosa y la certidumbre cada vez más extendida de que los hijos de la generación que ha padecido y gestionado la última crisis vivirán peor que sus padres. Poco importa que los programas ultraconservadores pretendan retrasar el reloj de la historia en apartados tan relevantes y variados como los anotados por Vox –violencia de género, memoria histórica, colectivos con diferentes orientaciones sexuales, atención de los flujos migratorios, etcétera–, lo que cuenta para una franja del electorado es salir como sea del laberinto en el que se siente abandonado por el establishment. Se ha dicho ad nauseam y no está de más repetirlo: la mayoría de los electores que han otorgado su favor a la extrema derecha en Andalucía y en otros lugares no son representantes de un posfacismo renacido, sino integrantes de una minoría en crecimiento entre harta y desilusionada

Buscar la complicidad de la extrema derecha para alcanzar el poder o caricaturizarla no hace más que alimentar sus expectativas y difundir su discurso en todas direcciones. Diríase incluso que reconforta a sus votantes si en algún momento han dudado del acierto de su elección porque en la medida en que políticos ultras entran en las instituciones, su oferta pasa a ser, al menos teóricamente, la de una fuerza convencional y deja de ser, asimismo teóricamente, la de un grupo antisistema, aunque su programa sea netamente anticonstitucional, como sucede en el caso de Vox. De lo que se desprende que el cordón sanitario en torno a la extrema derecha no es una opción más, sino una necesidad imperiosa para preservar la vigencia de la cultura democrática.

Vox marca el paso en Andalucía

La eclosión del huevo de la serpiente en las elecciones andaluzas –el resultado de Vox– ha colocado a la derecha constitucionalista ante el dilema de seguir siéndolo o buscar atajos para legitimar a los ultras y buscar formas de colaboración que descabalguen del poder a Susana Díaz. La presidenta en funciones simplifica el significado de los resultados del último domingo y se da por vencedora –una amarga victoria, se diría– a pesar del descalabro sufrido, se siente con títulos suficientes para aspirar a gobernar o para encabezar la oposición en el peor de los casos, presumiblemente el que cuenta con más números para concretarse en las próximas semanas. En medio, una sociedad cada vez más distanciada del quehacer de los políticos se siente más inclinada a abstenerse, aunque haya sido la abstención la herramienta más útil de Vox para conseguir 12 escaños con 400.000 votos.

La charcutería política poselectoral ha hecho un regate en corto al realismo necesario para inducir tres conclusiones. La primera certifica que un pacto del PP y C’s con Vox lleva inexorablemente a un estado de complicidad permanente entre la derecha convencional y la extrema derecha que, dicho sea de paso, no pierde ocasión para arremeter contra la Constitución, con el Estado de las autonomías como obsesión permanente. La segunda es que la única medida proporcional al retroceso experimentado por los socialistas solo deja una puerta de salida a quien encabezó el cartel electoral: presentar la dimisión. La tercera es que la disminución de votantes está íntimamente relacionada con la desnaturalización de la campaña, con demasiados asuntos ajenos a la sociedad andaluza o que solo la afectan tangencialmente: la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en Catalunya –con una gran comunidad de ascendencia andaluza–, los presupuestos empantanados en Madrid y otros horizontes lejanos.

La cuarta conclusión, aquella que más debería preocupar, es la europeización del resultado de las elecciones por el peor camino posible: la comparecencia de Vox, un partido que compendia el regreso al centralismo, la homofobia, la eurofobia, la islamofobia, un racismo encubierto, diferentes formas de machismo disimulado y otros ingredientes compartidos por partidos ultras de toda Europa que se han hecho un hueco en los parlamentos para arremeter contra la democracia liberal, la UE, una gestión decente de los flujos migratorios y otros ingredientes de la tradición política europea. La alegría mostrada por la ultraderechista francesa Marine Le Pen al conocer los resultados de Andalucía acredita cuál es el enfoque de Vox, hacia qué dianas apunta; la disposición de Pablo Casado y Albert Rivera a hablar con Santiago Abascal para ocupar el palacio de San Telmo revela que ambos estiman más importante hacerse con el poder que entrar a analizar enojosos detalles del programa ultra.

Nada es nuevo bajo el sol y la consolidación del desafío neofascista, posfascista o ultranacionalista en Europa avanza sin obstáculos relevantes. Como si del recuerdo de los años 30 no cupiese sacar conclusiones para el presente, las alianzas entre conservadores demócratas y ultras llevan camino de convertirse en un modelo a seguir, mientras son pocos los partidarios de la técnica del cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. En el caso de Andalucía, en minoría manifiesta el PSOE y sin posibilidad de lograr la mayoría a través de la marca andaluza de Podemos, todo vale para llevar a la derecha al poder (ya nadie en el PP recurre al mantra de que la lista más votada es la que debe encabezar el Gobierno). Importa poco que Vox llegue a las elecciones de mayo robustecido, que el saludo romano asome de vez en cuanto en la vía pública sobre un fondo de banderas o que el infortunio de los inmigrantes que huyen de la miseria y de la guerra se haya convertido en un resorte eficacísimo para sumar votos en electorados fácilmente manipulables.

Escribió Manuel Vázquez Montalbán en La aznaridad (2003): “Para mí que ese rictus constantemente tenso de Aznar es porque está conteniendo el Aznar que lleva dentro”. Hoy se multiplican las opiniones que dan a José María Aznar como ganador sobrevenido de las elecciones andaluces, aquel Aznar que criticó sin freno en las páginas de La Nueva Rioja (23 de febrero de 1979) la Constitución aprobada en referéndum menos de tres meses antes, y que cuenta por fin con uno de sus herederos ideológicos al frente del PP para relajar el rictus y soñar, quién sabe, con una operación de altos vuelos a imagen y semejanza de la CEDA, tiempos de la República. ¿Es este Aznar el que Aznar lleva dentro?

Hay en marcha una operación destinada a someter a revisión por la vía de los hechos la estructura territorial, el engarce con Europa y el régimen de libertades. Mientras unos hablan de que la Constitución precisa ser reformada para ponerla al día, otros quieren sacralizarla como si se tratara de un texto intocable y, al mismo tiempo, persiguen darle la interpretación más restrictiva y retardataria posible para afrontar los desafíos que plantea el presente. No es de extrañar que con tal deriva o proyecto se alarme el republicano Manuel Valls –la tradición de las Luces– cuando los líderes de C’s, sus presuntos compañeros de andadura en las municipales de Barcelona, se prestan a escuchar a Vox sin mayores incomodidad y desasosiego.

 

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

La campaña del 6-N radicaliza a Trump

La pretensión del presidente Donald Trump de descargar en la prensa desafecta la responsabilidad por el clima político en Estados Unidos, enrarecido al máximo, resulta tan incongruente como la maniobra de palacio en Arabia Saudí de presentar a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi como un grupo sin conexión con el rey Salman y su heredero, el príncipe Mohamed. En ambos casos y en otros muchos muy recientes –Matteo Salvini y sus baladronadas, el disparate del brexit, la casi segura victoria de la extrema derecha en Brasil, el avance espectacular de la extrema derecha en Alemania– los inductores de desaguisados de naturaleza muy diversa, pero siempre perjudiciales para la estabilidad política y la seguridad de los más vulnerables, desvían la atención hacia terceros no se diera el caso de que finalmente se descubriera el engaño (la manipulación permanente de una opinión pública sometida a los manejos de los especialistas en sembrar la división social).

En la campaña de paquetes bomba es poco menos que imposible deslindar el suceso de la operación de descrédito sin límite emprendida por la Casa Blanca contra los demócratas. Al alentar las más elementales pasiones, por no decir sentimientos primarios, mediante un nacionalismo estentóreo, se ha dado alas a los sectores más radicalizados por medios y entidades de extrema derecha, que desde el nacimiento del Tea Party disponen de un manual de acción con el que regirse y de un ideario donde cobijar sus anhelos. Ninguna de las circunstancias que concurren en el agravamiento de la división social en Estados Unidos es ajena al fomento de una simplificación de los problemas y de las soluciones, a nuevas formas de supremacismo que lo mismo valen para delimitar los flujos migratorios procedentes de países de mayoría musulmana que para cerrar la frontera sur a cal y canto, para impugnar el multilateralismo en todos los foros y para desequilibrar el comercio internacional mediante un proteccionismo extremo.

No se ha registrado en el último siglo un solo acontecimiento con repercusiones a escala internacional ajeno al comportamiento de Estados Unidos, y tampoco se ha registrado en el país una sola crisis social en la que la Casa Blanca no haya tenido alguna responsabilidad. El presente no es una excepción y el enfoque dado por Trump al envío de paquetes no hace más que abundar en la táctica de tirar la piedra y esconder la mano, de calentar los ánimos a través de Twitter y culpar a la prensa de la degradación de las relaciones entre segmentos ideológicos rivales.

Que el enardecimiento se produzca en medio de la campaña a cara de perro correspondiente a las legislativas del 6 de noviembre no justifica nada, más bien lo agrava después de la larga batalla política desarrollada en torno al nombramiento del juez Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo. Los estudios realizados por varios think tank, consumada la confirmación de Kavanaugh por el Senado, confirman que el sorpasso demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado es posible, un dato que ha alimentado el desánimo en el republicanismo clásico y ha llevado a la facción de Trump y a las diferentes versiones de la extrema derecha a echar más leña al fuego para movilizar a las bases y contener el ascenso demócrata.  Nada nuevo bajo el sol, cabe decir, por esperado y por convencional, pero muy arriesgado por las consecuencias que puede tener –si no las tiene ya– en el laberinto de pasiones diseñado por los asesores del presidente y por él mismo.

Un dato entre otros muchos justifica la preocupación del Partido Republicano: según Politico.com, durante los primeros 17 días de octubre, las candidaturas conservadoras han recibido donaciones privadas por valor de 73,9 millones de dólares, mientras que las demócratas han sumado 82,5 millones de dólares. ¿Qué revelan tales cifras? Que el olfato de los financiadores ha detectado una tendencia hacia la victoria del Partido Demócrata, mientras el nombramiento de Kavanaugh ha provocado un giro en la opinión pública, no solo entre las mujeres, al final de un proceso de desgaste de la figura de Trump. Se trata solo de hipótesis, pero en unas midterm, con flujos financieros menos relevantes que en unas presidenciales, la activación de los donantes es una señal inequívoca de que resultan convincentes los pronósticos de las encuestas, de las que se hacen públicas y de las que manejan en privado los estados mayores.

La pesadilla de todo presidente es tener enfrente un Congreso en el que tengan mayoría sus adversarios. Lo experimentaron en toda su complejidad y dureza Bill Clinton y Barack Obama, maniatados demasiado a menudo por los republicanos. Le puede suceder ahora a Donald Trump, con índices de aceptación según los sondeos de entre el 40% y el 44%. Un analista de The Washington Post recuerda que Clinton perdió la mayoría de la Cámara de Representantes en 1994 con una aceptación del 46% y a Obama le sucedió lo mismo en 2010 con el 45%. ¿De qué forma puede alterar los compartimientos electorales la suma de una aceptación de Trump dentro de lo previsible y del episodio de las bombas, que amenaza a algunos de los demócratas más sobresalientes de la última década?

La otra pregunta que inquieta a los analistas se refiere al comportamiento de Trump si deja de tener un Congreso sometido a sus designios. ¿Cómo reaccionará el presidente si la madrugada del 7 de noviembre se encuentra con una o las dos cámaras del Congreso en manos de los demócratas? ¿Será capaz de limitar el recurso al privilegio ejecutivo a las convenciones y usos de presidentes anteriores o provocará un choque de trenes institucional? La discusión está lejos de ser una digresión meramente académica habida cuenta del comportamiento político de Trump, de su propensión a saltarse las reglas y a recurrir a un populismo estrambótico con harta frecuencia. Si en una situación de suma gravedad como el envío de paquetes bomba a relevantes figuras del establishment demócrata y a conocidos partidarios suyos, Trump busca la culpa en la crítica de la prensa y los informativos de la radio y la televisión, ¿cuál puede ser su reacción si las urnas le son adversas?

El analista Fareed Zakaria recordaba la pasada primavera que Donald Trump tuiteó en 2015: “Necesitamos líderes que puedan negociar grandes acuerdos para los americanos”. Pero Zakaria subraya que a pesar de tal aserto, el verdadero talento de Trump no está en la negociación, sino en el márketing, una habilidad encaminada a vender un producto antes que a pactar con sus adversarios. ¿Es suficiente el márketing para desmarcarse de las mentes más calenturientas y ultras de Estados Unidos y salir victorioso de la prueba del 6 de noviembre? Las encuestas responden que no, pero el personaje es tan retorcidamente singular que cualquier vaticinio parece aventurado para prever cuál puede ser la capacidad de movilización de la extrema derecha a la hora de la verdad.