Nuevos riesgos de bloqueo

Llegados al gran día sin que se desvanezca la sensación de bloqueo, la mayor esperanza reside en que las urnas desmientan la casi unanimidad de las encuestas y alguien destaque por encima de los demás lo suficiente como para armar una mayoría parlamentaria estable y suficiente que saque la gobernanza de España del callejón sin salida en la que anda instalada. Ante una situación insólita, solo un desenlace electoral inesperado puede activar de nuevo los circuitos del pacto; ante un aumento alarmante de la extrema derecha, solo la determinación de las otras derechas de no pactar con Vox puede contribuir a aclarar las cosas, aunque ahora mismo carece de justificación pensar que el PP y C’s pueden adoptar la profiláctica medida de levantar un cordón sanitario que aísle al neofranquismo. Ante la más que posible repetición del reparto de papeles en la izquierda, solo una reflexión sin prejuicios de los aparatos del PSOE y de Unidas Podemos puede sacar la gobernabilidad del atolladero y allegar algunos aliados parlamentarios a la causa para completar la mayoría.

A partir del debate del día 4 se ha repetido la música del doble enfrentamiento: entre los bloques de izquierda y de derecha y en el interior de cada bloque, con la certidumbre más que asentada de que, caso de sumar, las derechas limarán sus contradicciones internas para hacerse con el poder y las izquierdas, en cambio, pueden enzarzarse en una nueva discusión interminable sobre programas, legitimidades, fidelidad a los principios y otras variables imprevisibles. Dicho de otra forma: la propensión a la crítica exhaustiva de la izquierda tiende a poner en riesgo la posibilidad de asumir contradicciones y acogerse al pragmatismo. Eso es, al menos, lo que se desprende de los discursos de la campaña a ambos lados de la divisoria.

Alienta en esta situación de enconamiento del debate de las izquierdas el objetivo del PSOE de dar continuidad al llamado régimen del 78 –una simplificación bastante tosca de la nueva izquierda sobre los términos en que se produjo la restauración democrática que siguió a la muerte del dictador– y el de Unidas Podemos de impugnar el pacto político que dio como resultado la institucionalización de una monarquía parlamentaria. Un terreno de juego en el que los independentistas catalanes se sienten particularmente cómodos al lado de los impugnadores en igual o mayor medida que se sienten acosados por el constitucionalismo socialista, un dato ineludible y fundamental en la crisis en curso en Catalunya, núcleo central de la campaña: para quienes la Constitución es un corsé asfixiante, solo es posible entenderse con quienes comparten que se trata de un modelo superado.

Después de la mezcla de manifestaciones pacíficas y noches violentas en Barcelona y otras ciudades, el endurecimiento verbal del Gobierno en funciones era más que previsible, urgido a contrarrestar las arremetidas de las derechas y a salvaguardar la vigencia de la Constitución y del Estatut. Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha podido sortear el momento con una crítica sin reservas a los violentos, pero ha podido, también, soslayar la ambigüedad o la incomparecencia de una parte significativa de las autoridades catalanas para buscar algún atajo negociador, si es que tal cosa existe. Media un abismo de ahí a concluir que el ethos podemita es poco menos que el de un partido antisistema, pero no hay duda de que la diferencia de comportamientos tiene tal entidad que complica enormemente dar con un punto de encuentro que permita a la izquierda constituir una mayoría suficiente.

En la práctica, resulta relativamente sencillo para el bloque de la derecha desentenderse de los matices entre los diferentes independentismos, mientras que a la izquierda la condicionan de forma sustancial. La reacción a la sentencia en el mundo soberanista catalán ha quedado bastante lejos de la unanimidad porque el fraccionamiento de este bloque se oculta tras un telón de unidad apenas aparente que se rasga varias veces todos los días, singularmente cuando los incendiarios marcan la agenda y, como ha escrito Juan José López Burniol, cuando la calle prevalece “sobre las instituciones catalanas y, más aún, sobre las españolas, a las que los independentistas y asimilados no conceden ni el beneficio de la duda”.

Rescatar del debate político –del de campaña, tan ruidoso, parece imposible; de las redes sociales, también– las entelequias –el derecho a decidir– y las exageraciones grandilocuentes –aplicación de la ley de seguridad nacional o del artículo 155 de la Constitución– es prioritario así en Catalunya como entre las fuerzas que la madrugada del lunes se verán en la obligación de buscar puntos de encuentro. Como sostienen los negociadores avezados, lo primero que hay que hacer en una negociación es saber que en algún momento se habrá de renunciar a aquello que la otra parte no aceptará ni puesta boca abajo, y será necesario hacer concesiones, aunque duela hacerlas. Saben positivamente los independentistas más esclarecidos que estas son las reglas y lo saben igualmente quienes se sentarán al otro lado de la mesa si algún día la calle enardecida y los agit-prop dejan de calentar la atmósfera con su programa máximo irrealizable.

Tal aproximación al realismo afectará seguramente a la compleja relación de amor-odio que con frecuencia envuelve las riñas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero para que  se imponga entre ellos el realismo, hace falta que primero se dé un vuelco esencial, como señala López Burniol en su artículo en La Vanguardia: “Ante esta situación [la calle en ascuas], solo cabe esperar que, pasado un tiempo, los ciudadanos perciban el alcance de los perjuicios que este enfrentamiento les irroga y acepten una transacción ahora imposible. Aunque es cierto que, si apareciese un líder con coraje para decir la verdad, este plazo podría abreviarse. Pero ¿dónde está este líder?”

La pregunta es fundamental. Sin un líder desvinculado del fundamentalismo de Waterloo no es posible abrazar el realismo, buscar una transacción y salvaguardar la imagen de las partes en conflicto, algo esencial para que entre las izquierdas y entre el independentismo no surja de inmediato alguien con un memorial de agravios bajo el brazo dispuesto a dinamitar el posibilismo. Irreductibles los habrá siempre, porque son imposibles las transacciones por unanimidad entre polos enfrentados, pero este es el precio que deben pagar los negociadores dispuestos a renunciar a su programa máximo para sanear el clima social. En la tradición intelectual y política de la izquierda el concepto de correlación de fuerzas lleva inevitablemente a esa búsqueda del punto intermedio para no quemar las naves en un gesto de heroísmo infructuoso.

Por lo demás, resulta cansino y extremadamente repetitiva la profusión de eslóganes de campaña a ambos lados de la izquierda que persiguen subrayan con tinta roja las desavenencias, muchas de ellas históricas, entre los herederos del socialismo y los del acervo comunista, ambos bastante menos monolíticos de lo que parece. Pretender que no hay un punto de intersección en el que se crucen ambas corrientes para cooperar en las instituciones resulta tan inconsistente como olvidar que en ayuntamientos y comunidades autónomas tal colaboración es posible (con tensiones o sin ellas). Las querellas de la izquierda son tan antiguas como la izquierda misma, pero el espectáculo ofrecido por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus aparatos respectivos refleja una hostilidad que ni siquiera las diferencias programáticas justifican. Si las encuestas aciertan, ambos se necesitarán la madrugada del lunes y no es un requisito indispensable que se caigan simpáticos para que sean capaces de sacar al país del atolladero y quizá de serenar los espíritus en Catalunya.

Una tumba en la campaña

El restablecimiento de la decencia en Cuelgamuros se produjo al mismo tiempo que la salida del ataúd del general Franco camino de Mingorrubio. El griterío y las banderas con la gallina de un grupito de neo-viejos franquistas, inundó por un momento las inmediaciones del Valle de los Caídos, pero en cuanto se elevó el helicóptero y se alejaron los restos del matarife quedó registrada en la historia una dignificación civil y democrática del lugar y empezó a prevalecer el respeto por los miles de muertos víctimas de la guerra y de la represión vesánica que la siguió. Al mismo tiempo, la exhumación del dictador metió una tumba en la campaña electoral, como si la prolongación del traslado del panteón megalómano al familiar fuese una operación calculada hasta el último detalle y no fruto de la obstinación de los Franco y del abad de la basílica del Valle para evitar, obstruir o alargar hasta la exasperación algo por lo demás inevitable: que a pesar del procedimiento, garantista en extremo, el Tribunal Supremo acabaría autorizando el traslado del general de una fosa a otra.

“Lo que terminó ayer no fue la dictadura de Franco, sino la espuria tentativa de resucitar su recuerdo en una zafia y necrofílica operación de propaganda”, ha escrito Ignacio Camacho en el muy derechista Abc, como si no fuese suficiente para justificar el traslado el hecho de que España, después de Camboya, es el país del mundo con más desaparecidos; como si separar al victimario de sus víctimas fuese menos importante que la coincidencia del cambio de localización del féretro a las puertas de una campaña electoral. Habrá que ver a partir de ahora quiénes son más propensos a echar mano del cadáver y en qué términos, pero es de temer que entre añorantes declarados y vergonzantes del franquismo, líderes con las encuestas muy a la baja y diferentes frentes a la conquista del voto necesario, Cuelgamuros y Mongorrubio enturbiarán el debate preelectoral y adulterarán el sentido de la operación del jueves.

Era de prever que tal cosa sucediese, pero era de prever también que después de la actitud de los Franco, se impusiera la prudencia en el arco parlamentario menos en el terreno de juego neofranquista de Vox. “¡Quiénes son ustedes para prohibirnos salir, esto es una dictadura!”, protestaron airadamente los familiares del general, requeridos por la policía al final de la inhumación en Mingorrubio, una escena digna de un esperpento valleinclanesco. Quizá sea cierto que es un proyecto lleno de dificultades y obstáculos cambiar la naturaleza del Valle de los Caídos, liberarlo de su condición de conjunto exaltador del franquismo y de sus herederos –el llamado franquismo sociológico–, sean estos muchos o pocos.

“¿Puede un conjunto arquitectónico franquista convertirse en un espacio democrático?”, se ha preguntado Xavier Casals en las páginas de EL PERIÓDICO. El interrogante es tan inquietante como varias posibles respuestas, entre ellas la constatación hecha en El País por la profesora Paloma Aguilar: “A la conciencia democrática le resultan ofensivas muchas cosas consustanciales al Valle de los Caídos”. De ahí a suscribir el parecer del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz apenas media un paso: “Hemos pasado durante 40 años una vergüenza tremenda”, acaso haya llegado la hora de dejar que la naturaleza haga su trabajo y que, con el paso del tiempo, todo acabe en ruinas. Puede que las guerras civiles nunca acaben en el imaginario colectivo, pero quién sabe si sepultadas bajo el bosque indomable, los sillares desencajados y la desmemoria de las generaciones venideras, remitan las emociones y todo sea menos que un recuerdo difuso el espectáculo ofrecido ayer por el neofranquismo irreductible: “No hubo salvas ni un regimiento en posición de firmes, pero en la vacía explanada del mausoleo los vivas a España y a Franco resonaron claros aun para los que, monte abajo, seguíamos la actualidad a través de portátiles y smartphones”, ha escrito en La Vanguardia Pedro Vallín.

Nadie está en guerra con nadie, pero la democracia obliga a cumplir con ciertos requisitos y la correlación de fuerzas impone a menudo ejercitarse en la prudencia. Si durante la transición se hubiese intentado abrir la fosa del Valle, cabía la posibilidad de provocar una crisis de Estado. Luego, transcurridas décadas y aprobada la ley de memoria histórica, vilipendiada esta desde el albañal ideológico neofranquista, se abrió el camino a la reparación de la dignidad de las víctimas y de sus descendientes, pero hasta ahora no hubo un solo Gobierno con voluntad política para dar el paso. Tanta razón tienen los que entienden que la anormalidad histórica del dictador en el mausoleo se ha tardado demasiado en corregir como los que sostienen que durante decenios la opinión más extendida fue que mejor no meneallo.

Los únicos que violentan la decencia son cuantos defienden, con frecuencia a voces, que Franco debía seguir en su tumba con flores al pie del altar de la basílica per secula seculorum. Ningún carnicero del siglo XX dispone de una tumba rutilante que lo exalte, ninguna comunidad está dispuesta a poner en juego su dignidad colectiva, y por esta razón el traslado era preciso, aunque solo el 49% de los españoles consideren necesario el desenlace del jueves, según las encuestas. Ni siquiera la seguridad de que la desfranquización del Valle formará parte de la campaña electoral –domina ya la precampaña– y de la pugna política entre adversarios enconados parece digna de consideración para estimar adecuado y oportuno un aplazamiento hasta después del 10 de noviembre. Claro es que habrá quien se beneficiará en las urnas con la exhumación y quien saldrá perjudicado, pero el mayor perjuicio para la democracia hubiese sido claudicar ante la algarabía de la extrema derecha. El precio de un aplazamiento del traslado de Franco, en términos de dignidad, hubiese sido vergonzosamente alto.

 

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

Trump envenena la atmósfera

La decisión de Donald Trump de adentrarse por la senda del racismo en la peor herencia histórica de la sociedad estadounidense lleva camino de enturbiar todo y cada uno de sus pasos hasta noviembre del próximo año, cuando optará a la reelección. Nada hay socialmente más divisivo y arriesgado que reabrir el debate racial más de medio siglo después de la firma por Lyndon B. Johnson de la ley de derechos civiles y menos de tres años después de que abandonara la Casa Blanca el primer presidente negro del país. Puede que para conservar el Despacho Oval sea útil a Trump estimular sentimientos primarios y excluyentes como el racismo, pero resultará catastrófico para la cohesión social y la construcción de una identidad colectiva sin referencias al color de la epidermis, las creencias religiosas y otros ingredientes propios de la diversidad cultural de una comunidad extremadamente compleja en la que la epopeya de los esclavos y sus descendientes pesa tanto como la de los pioneros europeos blancos.

Al mismo tiempo que el universo liberal se alarma y Fox News, el principal altavoz con que cuenta Trump en el entramado informativo estadounidense, afronta la situación con inusual prudencia, el presidente intenta alejarse del griterío-eslogan de los reunidos por él en una universidad de Carolina del Norte –“Envíala de vuelta”– como si no fuese suya una frase pronunciada en los jardines de la Casa Blanca: “Hasta yo estoy preocupado. Si odias nuestro país, si no eres feliz aquí, puedes irte”. Como subraya político.com, Trump ha recurrido a la táctica utilizada otras veces de saltarse los límites y después eludir responsabilidades.

Hay pocas dudas de que este ha sido de nuevo el comportamiento presidencial: fue Trump quien indujo a cuatro jóvenes congresistas demócratas a regresar a sus lugares de origen, aunque solo una de ellas, Ilhan Omar, nació fuera de Estados Unidos –en Somalia– y fue cosa suya perseverar en las descalificaciones a través de su cuenta de Twitter. Que ahora diga que “no fue feliz” con la cantinela de la vuelta a casa dedicada a Omar e intentó silenciarla, carece de valor y además se contradice con las imágenes del acto. Es más significativo de la gravedad del momento que varios republicanos clásicos muestren en privado su preocupación por la deriva xenófoba del presidente, conscientes acaso de que el partido se ha entregado con armas y bagajes a la estrategia sectaria de quien lo representa al frente de la nación. Es incluso más relevante la incomodidad de Melania Trump y de Ivanka, hija del presidente, que los lamentos a toro pasado del activador del degradante espectáculo.

A todos los efectos, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez (padres puertorriqueños), Rashida Tlaib (padres palestinos) y Ayanna Pressley (primera representante negra del estado de Massachusetts) son tan estadounidenses como el propio presidente. Nada hay en su comportamiento político y en sus circunstancias personales que las distingan de sus conciudadanos salvo que mantienen posiciones radicales frente a la prédica de la extrema derecha, tienen la piel oscura, son mujeres, dos de ellas –Omar y Tlaib– son musulmanas y no están dispuestas a claudicar. En cierto sentido, resultan incluso incómodas para la corriente centrista, mayoritaria en el staff del Partido Demócrata, pero probablemente minoritaria en los potenciales votantes jóvenes y en el electorado femenino y feminista del partido. Pero solo un sectarismo radical y un dogmatismo excluyente y agresivo explican la campaña en curso y la voluntad de Omar de responder sin paños calientes: se compromete a seguir siendo “la pesadilla de Trump”.

“El último grito en un acto de los partidarios de Trump reverbera en una nación cargada de tensión racial”, ha titulado el periódico liberal The Washington Post. “La frase se convierte en el mensaje de la presidencia de Donald Trump”, opina The New York Times, asimismo liberal. De nada valen las matizaciones compungidas de la Casa Blanca: se ha envenenado la precampaña de forma irreversible porque el electorado que lo llevó a la presidencia en noviembre de 2016 jalea los exabruptos, los insultos y los malos modos de su líder. No hay posibilidad de corrección en la orientación de la campaña; es incluso posible que se embrutezca aún más el tono en cuanto los demócratas limiten los aspirantes a la nominación a tres o cuatro, dispuestos todos ellos a enfrentarse a Trump sin tregua, a buscar el cuerpo a cuerpo y a desacreditar su presidencia, tan controvertida.

Al presidente le quedan muchas balas en la recámara para chapotear en el albañal y enrarecer el aire de ahora a la cita de noviembre de 2020: la crisis migratoria, las armas en manos privadas, la emergencia climática, la competencia de China, la obsesión iraní, la desafección de los aliados, la investigación de la Russian connection y muchas más. En cada uno de estos capítulos ha demostrado una habilidad sin límites para emponzoñar la discusión, despreciar a sus adversarios y desautorizar a los expertos. Nada indica que vaya a cambiar, a moderarse; nada permite vislumbrar otra cosa que no sea más de lo mismo, corregido y aumentado, le sonrían o no las encuestas. En lo que lleva de mandato ha demostrado que aunque su índice de aceptación es bajo, ha logrado fijar a un electorado fiel y satisfecho, alejado de los grandes núcleos urbanos, del mainstream de la academia y del pensamiento crítico, pero apegado a una suerte de tópicas constantes vitales que entiende definitorias de Estados Unidos.

Quizá el periodista Bob Woodward se precipitó al afirmar que Trump oculta “el simple hecho de que no sabe gobernar”. Sabe hacerlo para destruir el statu quo internacional, liquidar la herencia de Barack Obama y retener el poder para la facción social a la que representa, aquella que cree que el liberalismo, la globalización y el mestizaje imponen unas reglas que desdibujan el papel desempeñado hasta la fecha por la comunidad blanca de Estados Unidos, por cuantos piensan que mejor es el Estado cuanto menor es, que ven en el modelo europeo de bienestar y protección social algo así como un socialismo encubierto y que despotrican contra todo lo que impugna la exaltación del individuo y promueve soluciones colectivas. Puede que Trump sea un mal gobernante convencional, pero es bastante convincente para quienes desean que siga en el puente de mando, para quienes los horrorizan las digresiones, los pequeños detalles y las dudas, para quienes creen –casi 63 millones de votos en 2016– que cabe aplicar soluciones simples a problemas o desafíos de una complejidad poco menos que cósmica.

 

 

Sánchez e Iglesias se atascan

La complejidad o confusión que envuelve las gestiones de Pedro Sánchez para ahormar una mayoría que le respalde, la larguísima comedia de enredo –quizá un triste espectáculo– para concluir el reparto de cargos en la UE, la pelea más o menos soterrada en Italia entre los dos partidos que la gobiernan –la Liga y el Movimiento 5 Estrellas–, el procedente belga no tan lejano –año y medio de un Gobierno en funciones mientras flamencos y valones veían la mejor forma de repartirse el pastel– y el embrollo de la derecha española –Ciudadanos y Vox, en un grito–, estos casos y otros ponen de relieve la dificultad de encaje de proyectos políticos diferentes, de configurar alianzas o coaliciones con amplio respaldo popular. No hay referencias reseñables para una saludable cultura de la coalición, salvo en el caso de Alemania, donde con chirridos y tensiones frecuentes, pero también con eficacia, las grandes coaliciones han sacado partido de la prueba, a veces con un elevadísimo coste personal (Martin Schulz sabe bastante de ello).

En términos generales, el bipartidismo perfecto (Estados Unidos) o relativamente perfecto (Reino Unido) es más manejable y configura mayorías sin grandes dificultades. No hay en Estados Unidos necesidad de coaliciones y nunca ha tenido éxito la pretensión de formar Gobierno con una presencia significativa de políticos del partido rival del presidente: lo intentó Barack Obama al inicio de su primer mandato, y se remitió al proyecto de Abraham Lincoln durante la guerra civil de incorporar al Gabinete representantes de sus adversarios, sin mayores resultados reseñables. Tampoco es frecuente en el Reino Unido, donde la alternancia de conservadores y laboristas ha marginado a los liberales, salvo en el periodo 2010-2015, cuando David Cameron completó con ellos la mayoría en Westminster mediante un pacto con Nick Clegg.

Esta fue la fórmula o la referencia española desde la transición: un bipartidismo imperfecto, pero útil, en el que fueron posibles varias mayorías absolutas de la derecha y de la socialdemocracia, pero también muchos gobiernos en minoría, pero claramente por delante del segundo clasificado, que se ejercitaron en la geometría variable. Eso se acabó porque ahora hay cuatro partidos que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros, y aun hay un quinto, Vox, que perturba la complicidad entre el PP y Ciudadanos y, de momento, ha capturado el voto de una parte de los electores de extrema derecha que hasta la fecha optaban por las listas populares. Como escribe Alba Sidera en el digital CTXT, referido a los ultras italianos, seguramente las organizaciones de perfil progresista caen reiteradamente en el mismo error: “Considerar que en la extrema derecha y en el neofascismo no hay cabezas pensantes”. “Las hay –añade–, y saben detectar los puntos débiles de sus adversarios”.

Si así son las cosas en el campo de la derecha, ¿también lo son en el de la izquierda? ¿Ha descubierto Podemos el punto débil del PSOE, a pesar de que la última encuesta del CIS dice todo lo contrario? O bien, ¿el PSOE da por buenos los vaticinios y ve en Podemos un caballo perdedor, montado por un jinete que, sin proclamarlo, cree llegada la hora de resucitar la teoría de las dos orillas de la izquierda –Julio Anguita–, que tan útil fue a José María Aznar? La diferencia radica en que el mantra de Anguita era “programa, programa, programa” y el de Pablo Iglesias es “ministros, ministros, ministros”. Algo perfectamente legítimo, pero acaso poco realista habida cuenta del desgaste electoral sufrido por Unidas Podemos en las dos últimas convocatorias. Desde luego, el PSOE necesita a Podemos para salir del bloqueo, pero es aún más importante –ambos partidos lo olvidan–, que el país necesita un Gobierno.

Puede decirse que lo necesita de forma acuciante para disponer de un Presupuesto, para ocuparse del procès sin estridencias y para atender la variedad de problemas sociales que requieren tomar decisiones con una mayoría suficiente en el Congreso. Que la democracia española no ha desarrollado una cultura de la coalición es tan cierto como que llegó la hora de que pongan manos a la obra quienes se ven obligados a hacerlo. Apostar por celebrar elecciones de nuevo en noviembre significa prolongar la interinidad hasta final de año y, en cierta medida, desautorizar a un electorado que el 28 de abril dijo claramente: “Pónganse de acuerdo y pacten”.

El filósofo Lev Shestov (1866-1938) fue del todo categórico al firmar que “la necesidad, sea racional o irracional, sigue siendo necesidad”. El Gobierno de coalición o de cooperación, la aparición en el futuro equipo de Sánchez de nombres bendecidos por Iglesias o cualquier otro encaje de bolillos es preferible, por necesario, a abrir de nuevo la puerta de entrada al laberinto electoral. La añoranza de las mayorías absolutas y de las mayorías cualificadas es comprensible, pero es del todo estéril por no decir paralizante. Tampoco hay alternativa a la complicidad de las izquierdas: el revoltijo de las derechas, de ser mayoría, no garantizaría el andar sereno que requiere una sociedad moderna, desarrollada y, en consecuencia, tan llena de contradicciones, empeñado Vox en atrasar el reloj de la historia cuanto más mejor.

“El fracaso de la política es tratar de quedar bien siempre con todos”, opinaba François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años (1981-1995). El pacto que se requiere para salir del atolladero no puede quedar bien con todo el mundo porque requiere aceptar dolorosas renuncias y asumir algunas exigencias ajenas por ambas partes, pero ese es uno de los significados de la máxima según la cual la política es el arte de lo posible. Si la sesión de investidura que empieza el 22 se cierra sin resultados, habrá que concluir que todo el mundo hizo mal su trabajo, que todo el mundo quiso quedar bien con todos o mejor, con los suyos, y careció de liderazgo moral para hacer de la necesidad virtud y desbloquear la situación.

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Otra vez la sombra de Franco

La resolución del Tribunal Supremo que frena el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo es un abigarrado compendio o resumen de la incapacidad manifiesta del poder judicial para preservar la dignidad de las víctimas de la dictadura. “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, se dice en una declaración de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El párrafo es tan preciso y escueto que apenas deja margen para el disentimiento o la prestidigitación judicial y aporta, en cambio, suficientes argumentos morales como para mover a reflexión a los magistrados que por unanimidad han antepuesto los recursos presentados por la familia del dictador y varios particulares a cualquier otra consideración, y disfrutan del respaldo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados.

Por si esto no fuera suficiente, la consideración de jefe del Estado atribuida a un militar golpista a partir del 1 de octubre de 1936 es poco menos que un atentado al principio de legalidad, habida cuenta de que el único poder legitimado en aquella fecha era la República, presidida por Manuel Azaña. Es decir, el tribunal antepone –de nuevo el mismo verbo– la conducta de los sublevados a los efectos de la degollina por ellos desencadenada. Algo verdaderamente sorprendente viniendo como viene de personas relevantes del Poder Judicial de un Estado democrático; algo inquietante, cabe añadir, sabido que demasiadas cunetas, campas y fosas comunes de cementerios siguen siendo las tumbas improvisadas de miles de víctimas de la felonía de 1936 y siguientes.

Resulta desconcertante que 44 años después de la muerte de Franco sigan tratándose los asuntos que le afectan post mortem como los de cualquier honrado ciudadano, protegido por toda clase de cautelas más allá del último aliento. Es asimismo desconcertante que sea tan extraordinariamente complejo separar la tumba del verdugo de la de sus víctimas. Mientras la basílica del Valle de los Caídos no deje de albergar los restos de Franco seguirá siendo un monumento descomunal al totalitarismo vesánico, no solo porque su construcción fue iniciativa del general, sino porque mediante él se enaltece su figura y se falsea la historia. Y si por fin los jueces entienden que el Gobierno está del todo legitimado para exhumar los restos del dictador, harán falta dosis enormes de imaginación, espíritu de concordia y saneamiento del lugar para que se desvanezca su impronta franquista y adquiera un carácter civil y democrático.

Primo Levi dejó dicho: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios preparados para creer y actuar sin hacerse preguntas”. No hacerse preguntas es extremadamente arriesgado y conformista, y en el caso de la instalación de Cuelgamuros, después de un silencio prolongado, es ineludible plantear un rosario de interrogantes dentro y fuera de las salas de justicia. Y de entre todos ellos, sobresale uno: ¿puede un Estado democrático mantener sin cambios un ámbito destinado a exaltar la figura de alguien que se levantó contra quienes había jurado lealtad –las autoridades de la República–, contó con la asistencia de la Alemania nazi –Adolf Hitler– y la Italia fascista –Benito Mussolini–, devastó el entero país y persiguió con saña a sus adversarios?

Responder a la pregunta con una remisión al procedimiento contencioso-administrativo en curso es, por lo menos, la burda simplificación de un asunto que atañe a la memoria colectiva del país, a la dignidad de los aniquilados por la dictadura, a los forzados a huir para salvar la vida y que murieron en el exilio, a la peripecia de tantos que aguardan un reconocimiento por lo menos moral por los padecimientos que debieron soportar. Al mismo tiempo, esa memoria colectiva incluye los enterados sin asomo de duda que enviaban a la otra España al paradón, la represión sin freno, los tribunales de excepción, las ejecuciones extrajudiciales y la institucionalización de la violencia como arma política contra los oponentes.

Al recordar los cuantiosos atropellos cometidos por el general Franco y sus secuaces y leer luego la resolución del Supremo es inevitable sentir que, en cierto sentido, los recurrentes juegan como locales y acaso disfrutan de cierta ventaja. Quizá sea solo eso, una sensación desaforada –ojalá sea únicamente eso–, pero que los tribunales dificulten en tan grande medida la aplicación de lo acordado por el Gobierno para la sepultura de un personaje de trayectoria reprobable no deja de contener una paradoja: quien hizo saltar por los aires un régimen democrático, la República, legitimado por las urnas, encuentra tantos años después, en el sistema judicial de otro régimen, asimismo democrático, una cobertura extrema de sus presuntos derechos mediante la acción en los tribunales de quienes quieren poner a salvo su memoria o recuerdo mediante su permanencia en el mausoleo que lo acoge.

En la introducción de la biografía de Franco publicada por Paul Preston se mencionan algunos rasgos característicos de la personalidad y el comportamiento del dictador: se veía a sí mismo “a través del prisma exagerado de su propia propaganda”; “las ansias de adulación, la fría crueldad y esa timidez que trababa su lengua eran manifestaciones de un agudo sentimiento de inadaptación”; la novela Raza, que firmó como Jaime de Andrade, fue “la manifestación más radical y autocomplaciente de los incansables esfuerzos de Franco por crear un pasado perfecto”. Tal pasado no existió como es harto sabido, sino que vulneró todos los límites que impone el respeto al género humano. Sin embargo, la necesidad imperiosa de salvaguardar tal certidumbre histórica se ha ido en parte por el sumidero de una resolución judicial tan exageradamente garantista que solo atiende a los derechos post mortem del dictador y su descendencia y transmite la impresión  de vulnerar o soslayar los de cuantos, vivos o muertos, siguen esperando una reparación.

 

Italia, en manos de Salvini

Vuelve Italia a las andadas mediante la propensión de sus dirigentes de poner el sistema de partidos al borde del abismo como si la acumulación de experiencias negativas no pudiera tener mejor destino que caer en el olvido. El resultado cosechado por los socios de Gobierno en las elecciones europeas del último domingo ha engrandecido la figura y las ambiciones de Matteo Salvini, el líder de La Liga, que es tanto como decir de la extrema derecha, y ha sumido en la depresión al Movimiento 5 Estrellas (M5E), a Luigi Di Maio, su jefe de filas, y en general a la corriente populista y antisistema que engordó merced a la cadena de errores cometidos por el Partido Democrático (PD), que coronó el cupo de desaciertos con el malhadado referéndum de 2016, convocado por Matteo Renzi para reformar la Constitución.

Es harto difícil que la extraña pareja de estrellados y ultras pueda llevar mucho más allá en el tiempo su complicidad para arremeter contra el sistema desde posiciones teóricamente antagónicas. Frente al confuso euroescepticismo del M5E se alza la eurofobia de La Liga, que entronca con la tradición política de la extrema derecha italiana desde los años 20; frente a la pretensión de construir una nueva versión, seguramente inviable, del Estado del bienestar que alienta hasta la fecha en la brega de los seguidores de Di Maio surge el nacionalismo rampante de los ligueros, apoyados por un electorado procedente en gran parte de caladeros de la izquierda, decepcionados con la ineficacia del Estado, el empobrecimiento de la clase media y el aumento de las desigualdades.

Basta repasar la pérdida de votos de las últimas décadas desde el Partido Comunista al Partido Democrático de la Izquierda, y de éste al Partido Democrático, para comprobar que el auge de dos formas contrapuestas de plataformas antisistema han sido las grandes beneficiadas de la crisis de la izquierda tradicional. Y en idéntico sentido, de acuerdo con el resultado del domingo, resulta evidente que el deshinchamiento del M5E obedece tanto a la recuperación del PD como al corrimiento de papeletas hacia la opción ultra, que ha hecho bandera del bloqueo de los flujos migratorios y de la oposición a la exigencia de rigor económico reclamado por la Unión Europea. Quizá deba decirse que el M5E ha sido derrotado en el campo de los símbolos, muy trabajado por la extrema derecha, y en el de la herencia ideológica de la izquierda clásica, que asume la dirección del PD, encabezada por Nicola Zingaretti.

El apoyo a Di Maio expresado por la militancia estrellada y la voluntad de este de seguir en el Gobierno apenas desvanece la sensación de que su entendimiento con la otra mitad del Gabinete es más que complicada. El 34% de la extrema derecha en las europeas y el vaticinio de los sondeos operan contra la posibilidad de recoser el Ejecutivo: en los cálculos de Salvini pesa tanto la euforia del momento como la posibilidad de reagrupar a los herederos políticos de Silvio Berlusconi para ahormar una nueva alianza, prescindir del M5E y resaltar más si cabe el nacionalismo exacerbado y reaccionario de su partido.

Como ha escrito un analista de La Repubblica, el gran periódico del centroizquierda italiano, Salvini aparenta haber optado por la moderación y el sentido común, “pero la mano tendida a Di Maio exige un precio”. ¿Cuál puede ser este? Obligar al M5E a aceptar que el líder ultra es de facto el primer ministro, convertido Giuseppe Conte en mero gestor del programa salviniano, figura necesaria si se quiere para atenuar los temores de Bruselas referidos a Italia, al riesgo permanente de que una de las grandes economías europeas y del euro sucumba en el altar de la heterodoxia –la prima de riesgo roza los 300 puntos, muy cerca de la griega–, el déficit imparable y las alegrías presupuestarias.

Detrás de estos temores se ocultan otros no menos preocupantes como los efectos de una fractura social que divide al país en dos, con Roma en la divisoria, y que, al mismo tiempo, siembra de desigualdad en las grandes conurbaciones. Al mismo tiempo, la propaganda demagógica de La Liga para cerrar las fronteras a los flujos migratorios y castigar, perseguir o boicotear a quienes acuden en su auxilio –onegés y autoridades locales– dibuja un futuro para Italia cada vez más alejado de la gestión ordenada de los grandes problemas que debe afrontar Europa como comunidad y cada uno de los estados por separado.

Así las cosas, tiene todo el sentido la pretensión de Matteo Salvini de hacerse con el liderazgo de la extrema derecha europea en compañía de Marine Le Pen, que a diferencia del viceprimer ministro de Italia no ha logrado traducir su peso en votos en poder político real. Claro que para completar la operación le urge que caiga el Gobierno y se convoquen elecciones, que el M5E se debilite aún más y que el PD no tenga tiempo de completar su recuperación, supuesto que el resultado que obtuvo el domingo marcó una tendencia y no fue flor de un día. La mano tendida de Salvini es en realidad una trampa para elefantes.

Con este previsible marco de referencia, cobra todo su sentido esta frase de Eugenio Scalfari: “A menudo, los medios efectivos son tan profundamente inmorales que deterioran sus objetivos. En ese caso no se pueden utilizar y este es el límite que la moral impone a la autonomía de la política”. ¿Qué respuesta corresponde a la pregunta fundamental: cuánta inmoralidad y desprecio de los derechos humanos se cobija en el programa de La Liga? Tan inquietante resultará que la opinión pública eluda o soslaye la respuesta como que llegue a la conclusión de que estarán justificados los daños colaterales si el país sale del laberinto, una nueva versión del fin justifica los medios y de una Realpolitik sin fisuras, moralmente indefendible.

 

 

Europa se mira en el espejo

La madrugada del lunes sabrá Europa si su futuro está razonablemente encauzado en la dirección vislumbrada por los padres fundadores o si, por el contrario, debe enfrentar el enorme desafío de domeñar a sus adversarios para no desnaturalizar la construcción política de la Unión Europea. La arrogancia de la extrema derecha en sus diferentes versiones, que pretende someter el proyecto europeo a la prevalencia de los nacionalismos, de los euroescépticos de variada condición y origen y de cuantos piensan que ya basta de cesiones de soberanía ha asomado en la campaña, y nada es seguro salvo que una participación suficientemente importante mantenga la representación ultra por debajo del 25% y contenga a los estimulados por la crisis desafiante del brexit.

Los llamamientos de última hora de Jean-Claude Juncker, presidente saliente de la Comisión Europea,  para que “sindicalistas, socialdemócratas, democristianos y muchos otros” se mantengan unidos frente a la extrema derecha son sintomáticos de las incertidumbres que plantea el escrutinio de este domingo. Mientras Josep Borrell, cabeza de lista del PSOE, pide que se avance hacia un modelo plenamente federal para superar “el freno que supone la regla de la unanimidad”, son bastantes los convencidos de que se ha ido demasiado lejos y que deben devolverse a los estados-nación atribuciones a las que nunca debieron renunciar. Al mismo tiempo que la nueva izquierda subraya la desafección causada por la austeridad a toda costa para salir de la crisis, aumenta el coro de voces que reclama una contracción del Estado asistencial para dejar el campo libre al mercado (Vox, el ejemplo más cercano).

Si se cumplen los pronósticos y la suma de los escaños democristianos y socialistas queda por debajo del 50% del Parlamento Europeo, será ineludible ampliar a otras familias –liberales y quizá verdes, las más citadas– la tradicional concertación entre los dos grandes grupos de la Cámara. Y al hilo de tal extensión de la alianza de Gobierno, acaso el alemán Manfred Weber, democristiano, no consiga ser el sucesor de Juncker, aunque en el debate del día 15 entre jefes de fila actuó como el seguro ganador de la presidencia, y otros nombres se pongan sobre la mesa: Margrethe Vestager, líder de los liberales y comisaria saliente de la Competencia, y Michel Barbier, paciente negociador del brexit con los diferentes emisarios enviados por Londres a Bruselas, no siempre preparados para afrontar con rigor un envite tan exigente.

Pero el gran reto no es tanto consumar esta mayoría parlamentaria o cualquier otra de signo netamente europeísta, como darle continuidad y dejarla a salvo de las inevitables desavenencias que surgirán durante el próximo quinquenio. No es una empresa fácil porque la tentación es preservar y enaltecer el perfil político propio, aunque esto dañe la cohesión de la mayoría, y no lo es tampoco porque hay demasiadas versiones de qué debe ser la Unión Europea y cuáles deben ser sus límites competenciales. El debate no es nuevo, pero en él radica la construcción del futuro europeo y la evitación de un gran fracaso colectivo.

Ninguna estadística es favorable a la UE mediado el siglo; todas las proyecciones en el horizonte de 2050 coinciden en su retroceso demográfico –ahora acoge al 7% de la población mundial–, en su situación intermedia entre Estados Unidos y China o viceversa y en su debilidad estratégica –el poder blando, en franco retroceso– salvo que desarrolle un brazo militar y de seguridad a la altura de los retos que deberá afrontar. Pero, al mismo tiempo, es un modelo de diversidad y compromiso colectivo genuinamente nuevo, con un entramado institucional complejo y perfectible, pero con una hoja de servicios reconocible, y es, sobre todo, un mecanismo eficaz para preservar la paz y solventar las diferencias entre estados en la mesa de negociación. No es el paraíso, pero no hay noticia de una opción mejor.

No es fácil transmitir esto a opiniones públicas sometidas a una degradación evidente de sus condiciones de vida, obligadas a soportar las consecuencias de un austericidio injustificable y atraídas por la simplificación de los problemas encargada por las fuerzas de extrema derecha a sus ideólogos de cabecera. La Unión Europea ha cometido demasiados errores de comunicación, se ha entregado demasiadas veces a los análisis de los tecnócratas y ha soslayado con excesiva frecuencia los intereses de su base social –la clase media– como para pensar que es posible restablecer poco menos que por ensalmo la complicidad entre las instituciones y los ciudadanos. Con reiteración incansable, los gobiernos se han ejercitado en el deporte de apuntarse como propios los éxitos y culpar a la UE de los fracasos, de forma que se ha consolidado una ideología espontánea, inducida por el aparato de propaganda de cada estado, nefasta para la imagen de la organización.

La difusión de mensajes más o menos condicionados por el tira y afloja de las políticas nacionales no ha menguado durante la campaña. En el caso de España, la resaca de las elecciones legislativas y la contienda de las autonómicas y de las municipales ha desfigurado el debate europeo, ha dado pábulo a la charcutería política y apenas ha permitido debatir los problemas primordiales que deberán sustanciar los Veintiocho –está por ver en qué acaba el brexit– o los Veintisiete durante los próximos cinco años. El debate entre nueve candidatos organizado el miércoles pasado por TVE fue penosamente sintomático de la preocupación por lo accesorio, la reiteración de lugares comunes, el temor del PP a salir de la contienda con el peor resultado de su historia, la distancia entre soberanistas, federalistas y nacionalistas, como si habitaran tres universos paralelos y radicalmente diferentes, y la ausencia de una discusión solvente sobre asuntos capitales (inmigración, auge de los neototalitarismos, rescate de la clase media vapuleada por la crisis, calendario de extinción de los paraísos fiscales, cooperación para competir en el mercado de las nuevas tecnologías, etcétera).

El déficit argumental de los debates es transferible a otros escenarios, zarandeados todos ellos por la siembra de xenofobia, islamofobia, nacionalismo agresivo y populismo que demasiado a menudo recuerdan el discurso inflamado de la extrema derecha de los años 20 y 30 del siglo pasado en las cuatro esquinas de Europa. De ahí la sensación de que la consigna europeísta Admiraos los unos a los otros, del poeta Émile Verhaeren (1855-1916), vuelve a impugnarse como si corrieran algún riesgo las viejas identidades de los estados a pesar de ser estos, gran paradoja, los actores políticas primeros de la aventura europea. La concentración ultra de Milán del día 18 dejó esta inquietante impresión y solo las urnas pueden corregirla.

 

Europa toma nota de los errores del PP

A tres semanas de que se inicien las elecciones al Parlamento Europeo adquiere especial importancia el alcance del desembarco de Vox en el Congreso, no por haber obtenido 24 diputados, sino por haber quedado muy lejos de los 60 que esperaba lograr. Frente al fatalismo que parece haberse adueñado del centroderecha convencional, aseado y democrático, el resultado de las legislativas en España demuestra que cabe contener el desafío si la participación es suficiente para conseguirlo, aunque quienes en primer lugar debieran neutralizar el auge ultra cometan los errores sin límite que llevaron al PP a tontear más allá de toda medida con el neofranquismo rampante. Es decir, no es misión específica  de la izquierda frenar a la ultraderecha en las urnas, pero fue la movilización electoral de la izquierda la que evitó que Vox sumara más escaños con 2,6 millones de votos.

Para calibrar en su justa medida el alcance del resultado obtenido por Vox basta prestar atención al cambio de eslóganes: durante la campaña fue la idea de la reconquista de España, desde Andalucía hacia todas partes; después del escrutinio, los redactores de mensajes del partido se refieren al inicio de la resistencia, una fórmula lo suficientemente ambigua como para no comprometer a nada ni fijar un objetivo concluyente. El cambio de mensajes es radical, aunque el volumen de los oradores siga siendo el mismo; la reconquista queda aplazada –nunca olvidada– y se impone concretar metas acordes con el resultado obtenido, muy bueno –24 diputados de golpe–, pero insuficiente para activar los resortes retardatarios enumerados por los líderes de Vox desde el resultado de las elecciones andaluzas.

Tal situación no mengua la inconsistencia de la disparatada campaña de Pablo Casado, inspirada en las orientaciones de la FAES de José María Aznar, que malbarató el papel tradicional del PP como hogar moderado de los ultras añorantes del pasado y puso en el disparadero a un segmento de electores que siempre se ha sentido incómodo en democracia, en la España de las autonomías y en la Unión Europea. La simplicidad política de Santiago Abascal y adláteres ganó audiencia mediante la explotación de la crisis catalana, los flujos migratorios, el empobrecimiento de las clases medias y otros factores de índole diversa, pero también merced al error infantil del PP de imitar las arengas ultras en la creencia de que ello retendría en el seno del partido a los herederos del franquismo sociológico. Como suele suceder, entre el original y la copia, a la hora de votar, los electores más ultraconservadores se decantaron por el primero y desdeñaron el segundo.

Puede decirse que esta oscilación del voto, unida a la huida de electores centristas en dirección a Ciudadanos, poco menos que en tropel, ha debilitado en tan gran medida a los populares que su apresurado viaje de vuelta al centro después del descalabro, repentino y sin mayores explicaciones, apenas emite señales de eficacia y, por el contrario, alimenta la velocidad de crucero de Vox con la vista puesta en el 26 de mayo: a escala interior, porque esperan los ultras asomar con holgura en ayuntamientos y comunidades autónomas; a escala europea, porque prevén sumar efectivos a la internacional eurófoba.

Si Pedro Sánchez se ha convertido en referencia ineludible de la socialdemocracia en Europa a raíz de su victoria del 26 de abril, cabe añadir también que el electorado español ha adquirido una relevancia especial porque ha limitado el parte de daños de la aparición de la extrema derecha en el Congreso, y ha acotado los temores de cuantos avizoran que el recuento de las votaciones previstas entre el 23 y el 26 de este mes otorgará a la extrema derecha una influencia desconocida en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Es seguro que el próximo Parlamento Europea tendrá un grupo ultraconservador muy numeroso que englobará diferentes versiones de una misma oferta ideológica, pero no lo es menos que el experimento de aprendiz de brujo realizado por Casado con resultados catastróficos debe servir de advertencia a otras centroderechas tentadas de cometer el mismo error: diseñar una campaña de contención de la extrema derecha consistente en incorporar partes esenciales de su programa.

La investigadora Julia Ebner, del Institute for Strategic Dialogue de Londres, ha recordado en las páginas del diario El País cuál es el principal objetivo de un conglomerado de partidos que acude a las instituciones europeas para minarlas: “Nuestros análisis muestran que la ultraderecha no se centra tanto en sacar adelante políticas propias, sino en bloquear o boicotear las políticas de otros”. Las declaraciones del británico Nigel Farage y del holandés Geert Wilders no disimulan en absoluto su voluntad de obstaculizar los trabajos del Parlamento Europeo; las de Marine Le Pen, Matteo Salvini y Viktor Orbán, sin ser tan explícitas, persiguen el mismo fin; las de Santiago Abascal son del mismo o parecido tenor.

Solo la movilización y participación de la izquierda, la concentración del voto centrista y la defensa de la identidad política de los partidos europeístas puede evitar un desaguisado –la consolidación de una minoría obstruccionista y vociferante hasta la afonía–, puede limitar la difusión de un nacionalismo populista y desabrido destinado a debilitar la UE. Las políticas de identidad son cada día más influyentes, como escribe Francis Fukuyama en su último libro, y la Kulturkampf, como explica Agnes Heller referido al programa de Viktor Orbán en Hungría, constituye un rasgo característico del repliegue desde una sociedad cosmopolita hacia otra en la que el marco de referencia principal es el Estado-nación. Las apelaciones de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith a la caza, los toros, Don Pelayo y otras señas de identidad más o menos tópicas, pero fácilmente localizables en la memoria colectiva del conservadurismo español, confirman los diagnósticos de Fukuyama y Heller.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En parte a causa de la decisión de las grandes familias políticas –la democristiana-liberal y la socialdemócrata– de promover una salida de la crisis que ha sembrado la alarma entre las clases medias, ha dañado el Estado del bienestar y se ha sometido a las exigencias del entramado financiero y de la economía global. En parte, asimismo, por la capacidad del pensamiento más conservador de divulgar un fundamentalismo nacionalista y de sacralizar la historia mitológica del Estado-nación; de resucitar la exaltación del individuo como depositario de unas señas de identidad colectivas en peligro de extinción mediante la mundialización. Frente al magisterio de Raymond Aron y tantos otros –“Es vano preguntarse si la historia tiene un fin, puesto que ya no se cree en una Providencia”–, se remiten al pasado los ideólogos o inspiradores de la extrema derecha renacida después de decenios de travesía del desierto; todos ellos creen en la nación inmutable y eterna.

Nada de todo esto es ajeno a la historia política de Europa y a las oprobiosas tragedias de siglo XX. Todos los movimientos de extrema derecha que nacieron y crecieron en el periodo de entreguerras constituyen precedentes de los que hoy preparan el asalto al Parlamento Europeo. Vox no es una excepción: no hace falta citar nombres, basta repasar el ideario ultranacionalista de los años treinta, el léxico utilizado, el valor otorgado a los símbolos, para concluir que la pretensión de los herederos es recuperar todo aquello. La misma fórmula es aplicable a la movilización ultra en otros países, con inquietudes sociales más o menos explícitas, más o menos destinadas a desposeer al Estado de algunas de las responsabilidades asumidas hace más de medio siglo para atenuar las desigualdades.