Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Trump encanalla la campaña

La tensión social en la calle y las bravuconadas de Donald Trump han envenenado la atmósfera en Estados Unidos más allá de toda previsión. Si la fractura social y el enconamiento político disponen hoy de una imagen elocuente, esta es la de las calles de Estados Unidos, sede de la indignada y casi siempre pacífica reacción de cuantos piensan que el asesinato de George Floyd ha sido la gota que colma el vaso, y la conducta de la Casa Blanca, la prueba evidente de que las convenciones democráticas se han visto arrolladas por una mezcla de autoritarismo, populismo y demagogia destemplados. Trump ha decidido que la reelección bien vale degradar el sistema y ponerlo al servicio de sus intereses y objetivos, sin disimulos que valgan.

La urgencia presidencial por sobreponerse a varios problemas concatenados –la desastrosa gestión de la pandemia, con más de 100.000 muertos, los 40 millones de parados provocados por la congelación de la economía y la brutalidad policial puesta de manifiesto por enésima vez en Minneápolis– le han llevado a buscar en la unión en torno a la bandera el contrapeso a lo que señalan encuestas bastante fiables hechas la última semana de mayo: por primera vez la intención de voto por Joe Biden vence a Donald Trump. “La gente está asustada y quiere líderes que tomen decisiones y soluciones simples. Está dispuesta a darle al presidente el beneficio de la duda. De momento”, según explica Michael Paarlberg, de la Virginia Commonwealth University, en un artículo publicado por el think tank Cidob, pero esta necesidad no es ni un cheque en blanco ni garantía de nada. Casi todos los presidentes han logrado la reelección desde el final de la segunda guerra mundial –solo tres fracasaron en el intento–, pero ninguno desempeñó un papel tan determinantemente divisivo, y tampoco ninguno, ni siquiera Richard Nixon, se dedicó de forma tan sistemática a manipular las emociones.

George F. Will, un prestigioso comentarista de The Washington Post, afirma que hay que echar a Trump para sanear la política y el respeto institucional. Decisiones tan extravagantes como bloquear la Casa Blanca para acercarse a la iglesia de San Juan y retratarse con una Biblia en la mano, declaraciones como que el país “necesita ley y orden” después de haberse ocupado de calentar los ánimos, atribuir las protestas a un supuesto movimiento antifa –tradúzcase antifascista–, cuando tal cosa no existe, y amenazar con recurrir al Ejército para acabar con las manifestaciones son solo algunas de las etapas en la escalada de Trump hacia un horizonte inevitablemente preocupante.

La conducta del presidente, dice Will, “ha demostrado que la frase bufón maligno no es un oxímoron”, y ha dejado en evidencia al Partido Republicano, que no cumplió en 2016 con la función primaria de toda formación política de “otorgar su imprimatur a los candidatos”, sino que consintió en nominar a un “personaje vulgar”. Quizá la vulgaridad se haya tornado pesadilla y quizá el republicanismo clásico se ha llevado demasiado tarde las manos a la cabeza, pero es muy significativa la alarma de algunos de sus militantes influyentes –George W. Bush entre ellos– y de conservadores sin adscripción política, pero que estuvieron al lado de Trump al inicio de su presidencia, como el general James Mattis, exsecretario de Defensa. Lo mismo puede decirse del titular en ejercicio al frente del Pentágono, Mark Esper, en una país en el que el prestigio de las fuerzas armadas es un valor transversal.

A los motivos inmediatos de alarma hay que añadir aquellos relacionados con la convocatoria electoral del 3 de noviembre. ¿Qué manejos se puede traer Trump para adulterar o condicionar la votación? ¿Puede el presidente obstaculizar el ejercicio del voto por correo? ¿Está la Casa Blanca dispuesta a tocar las urnas? No son estas preguntas a humo de pajas, sino que con estas u otras palabras las planea Reid J. Epstein en The New York Times. Entre las posibilidades que baraja el analista, que no es un afecto a la teoría de la conspiración, figura esta: “Después de que Biden gana por estrecha victoria en el Colegio Electoral, Trump se niega a aceptar los resultados, declara que no abandonará la Casa Blanca y rehúsa permitir el acceso habitual del equipo de transición de Biden a las agencias antes de la toma de posesión el 20 de enero”. Verdaderamente perturbador, siquiera se trate de una mera hipótesis.

La tarea fundamental de los demócratas es convencer a una parte de los electores que en 2016 votaron por Trump, atraer a los jóvenes que en las primarias apoyaron mayoritariamente a Bernie Sanders y movilizar el voto afroamericano en la misma proporción que lo consiguió Barack Obama en 2008 y 2012. En teoría, con la crisis económica castigando a la clase media, debería ser relativamente fácil lograr tales objetivos en las grandes ciudades, pero el perfil social de los estados poco poblados y alejados de los grandes centros de poder –económico, político, cultural y de todo orden– plantea serias dudas sobre la capacidad demócrata de movilizar en su favor a los indecisos. Michael Paarlberg da una serie de razones que inducen tradicionalmente a los votantes a apostar casi siempre por la reelección y añade la que llama “obsesión demócrata por los swing states”, cuando en esta ocasión la elección se dilucidará en un ambiente de crisis sin precedentes, propicio para un enfoque binario de los problemas.

¿Puede la implicación de Barack Obama en la campaña cambiar el rumbo demócrata? La declaración del expresidente difundida el miércoles por las grandes cadenas de televisión da a entender que algo se ha puesto en movimiento para neutralizar el efecto electoral de los arrebatos de Trump. Más allá del entorno presidencial, nadie pone en duda la decencia de Biden, pero en una campaña encanallada hasta el paroxismo solo la solvencia del liderazgo de Obama parece capaz de dejarse oír por encima del ruido ensordecedor que emiten a todas horas los estrategas de la Casa Blanca. Es algo necesario para Estados Unidos, para que deje de juzgarse la salud moral de la nación “por el carácter de aquellos a quienes se les confía el poder”, en feliz frase de George F. Will. Y es precisa la reacción moral frente a Trump para evitar que una generación quede señalada por las malas artes de un presidente.

Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.

La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Nuevos riesgos de bloqueo

Llegados al gran día sin que se desvanezca la sensación de bloqueo, la mayor esperanza reside en que las urnas desmientan la casi unanimidad de las encuestas y alguien destaque por encima de los demás lo suficiente como para armar una mayoría parlamentaria estable y suficiente que saque la gobernanza de España del callejón sin salida en la que anda instalada. Ante una situación insólita, solo un desenlace electoral inesperado puede activar de nuevo los circuitos del pacto; ante un aumento alarmante de la extrema derecha, solo la determinación de las otras derechas de no pactar con Vox puede contribuir a aclarar las cosas, aunque ahora mismo carece de justificación pensar que el PP y C’s pueden adoptar la profiláctica medida de levantar un cordón sanitario que aísle al neofranquismo. Ante la más que posible repetición del reparto de papeles en la izquierda, solo una reflexión sin prejuicios de los aparatos del PSOE y de Unidas Podemos puede sacar la gobernabilidad del atolladero y allegar algunos aliados parlamentarios a la causa para completar la mayoría.

A partir del debate del día 4 se ha repetido la música del doble enfrentamiento: entre los bloques de izquierda y de derecha y en el interior de cada bloque, con la certidumbre más que asentada de que, caso de sumar, las derechas limarán sus contradicciones internas para hacerse con el poder y las izquierdas, en cambio, pueden enzarzarse en una nueva discusión interminable sobre programas, legitimidades, fidelidad a los principios y otras variables imprevisibles. Dicho de otra forma: la propensión a la crítica exhaustiva de la izquierda tiende a poner en riesgo la posibilidad de asumir contradicciones y acogerse al pragmatismo. Eso es, al menos, lo que se desprende de los discursos de la campaña a ambos lados de la divisoria.

Alienta en esta situación de enconamiento del debate de las izquierdas el objetivo del PSOE de dar continuidad al llamado régimen del 78 –una simplificación bastante tosca de la nueva izquierda sobre los términos en que se produjo la restauración democrática que siguió a la muerte del dictador– y el de Unidas Podemos de impugnar el pacto político que dio como resultado la institucionalización de una monarquía parlamentaria. Un terreno de juego en el que los independentistas catalanes se sienten particularmente cómodos al lado de los impugnadores en igual o mayor medida que se sienten acosados por el constitucionalismo socialista, un dato ineludible y fundamental en la crisis en curso en Catalunya, núcleo central de la campaña: para quienes la Constitución es un corsé asfixiante, solo es posible entenderse con quienes comparten que se trata de un modelo superado.

Después de la mezcla de manifestaciones pacíficas y noches violentas en Barcelona y otras ciudades, el endurecimiento verbal del Gobierno en funciones era más que previsible, urgido a contrarrestar las arremetidas de las derechas y a salvaguardar la vigencia de la Constitución y del Estatut. Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha podido sortear el momento con una crítica sin reservas a los violentos, pero ha podido, también, soslayar la ambigüedad o la incomparecencia de una parte significativa de las autoridades catalanas para buscar algún atajo negociador, si es que tal cosa existe. Media un abismo de ahí a concluir que el ethos podemita es poco menos que el de un partido antisistema, pero no hay duda de que la diferencia de comportamientos tiene tal entidad que complica enormemente dar con un punto de encuentro que permita a la izquierda constituir una mayoría suficiente.

En la práctica, resulta relativamente sencillo para el bloque de la derecha desentenderse de los matices entre los diferentes independentismos, mientras que a la izquierda la condicionan de forma sustancial. La reacción a la sentencia en el mundo soberanista catalán ha quedado bastante lejos de la unanimidad porque el fraccionamiento de este bloque se oculta tras un telón de unidad apenas aparente que se rasga varias veces todos los días, singularmente cuando los incendiarios marcan la agenda y, como ha escrito Juan José López Burniol, cuando la calle prevalece “sobre las instituciones catalanas y, más aún, sobre las españolas, a las que los independentistas y asimilados no conceden ni el beneficio de la duda”.

Rescatar del debate político –del de campaña, tan ruidoso, parece imposible; de las redes sociales, también– las entelequias –el derecho a decidir– y las exageraciones grandilocuentes –aplicación de la ley de seguridad nacional o del artículo 155 de la Constitución– es prioritario así en Catalunya como entre las fuerzas que la madrugada del lunes se verán en la obligación de buscar puntos de encuentro. Como sostienen los negociadores avezados, lo primero que hay que hacer en una negociación es saber que en algún momento se habrá de renunciar a aquello que la otra parte no aceptará ni puesta boca abajo, y será necesario hacer concesiones, aunque duela hacerlas. Saben positivamente los independentistas más esclarecidos que estas son las reglas y lo saben igualmente quienes se sentarán al otro lado de la mesa si algún día la calle enardecida y los agit-prop dejan de calentar la atmósfera con su programa máximo irrealizable.

Tal aproximación al realismo afectará seguramente a la compleja relación de amor-odio que con frecuencia envuelve las riñas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero para que  se imponga entre ellos el realismo, hace falta que primero se dé un vuelco esencial, como señala López Burniol en su artículo en La Vanguardia: “Ante esta situación [la calle en ascuas], solo cabe esperar que, pasado un tiempo, los ciudadanos perciban el alcance de los perjuicios que este enfrentamiento les irroga y acepten una transacción ahora imposible. Aunque es cierto que, si apareciese un líder con coraje para decir la verdad, este plazo podría abreviarse. Pero ¿dónde está este líder?”

La pregunta es fundamental. Sin un líder desvinculado del fundamentalismo de Waterloo no es posible abrazar el realismo, buscar una transacción y salvaguardar la imagen de las partes en conflicto, algo esencial para que entre las izquierdas y entre el independentismo no surja de inmediato alguien con un memorial de agravios bajo el brazo dispuesto a dinamitar el posibilismo. Irreductibles los habrá siempre, porque son imposibles las transacciones por unanimidad entre polos enfrentados, pero este es el precio que deben pagar los negociadores dispuestos a renunciar a su programa máximo para sanear el clima social. En la tradición intelectual y política de la izquierda el concepto de correlación de fuerzas lleva inevitablemente a esa búsqueda del punto intermedio para no quemar las naves en un gesto de heroísmo infructuoso.

Por lo demás, resulta cansino y extremadamente repetitiva la profusión de eslóganes de campaña a ambos lados de la izquierda que persiguen subrayan con tinta roja las desavenencias, muchas de ellas históricas, entre los herederos del socialismo y los del acervo comunista, ambos bastante menos monolíticos de lo que parece. Pretender que no hay un punto de intersección en el que se crucen ambas corrientes para cooperar en las instituciones resulta tan inconsistente como olvidar que en ayuntamientos y comunidades autónomas tal colaboración es posible (con tensiones o sin ellas). Las querellas de la izquierda son tan antiguas como la izquierda misma, pero el espectáculo ofrecido por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus aparatos respectivos refleja una hostilidad que ni siquiera las diferencias programáticas justifican. Si las encuestas aciertan, ambos se necesitarán la madrugada del lunes y no es un requisito indispensable que se caigan simpáticos para que sean capaces de sacar al país del atolladero y quizá de serenar los espíritus en Catalunya.

Una tumba en la campaña

El restablecimiento de la decencia en Cuelgamuros se produjo al mismo tiempo que la salida del ataúd del general Franco camino de Mingorrubio. El griterío y las banderas con la gallina de un grupito de neo-viejos franquistas, inundó por un momento las inmediaciones del Valle de los Caídos, pero en cuanto se elevó el helicóptero y se alejaron los restos del matarife quedó registrada en la historia una dignificación civil y democrática del lugar y empezó a prevalecer el respeto por los miles de muertos víctimas de la guerra y de la represión vesánica que la siguió. Al mismo tiempo, la exhumación del dictador metió una tumba en la campaña electoral, como si la prolongación del traslado del panteón megalómano al familiar fuese una operación calculada hasta el último detalle y no fruto de la obstinación de los Franco y del abad de la basílica del Valle para evitar, obstruir o alargar hasta la exasperación algo por lo demás inevitable: que a pesar del procedimiento, garantista en extremo, el Tribunal Supremo acabaría autorizando el traslado del general de una fosa a otra.

“Lo que terminó ayer no fue la dictadura de Franco, sino la espuria tentativa de resucitar su recuerdo en una zafia y necrofílica operación de propaganda”, ha escrito Ignacio Camacho en el muy derechista Abc, como si no fuese suficiente para justificar el traslado el hecho de que España, después de Camboya, es el país del mundo con más desaparecidos; como si separar al victimario de sus víctimas fuese menos importante que la coincidencia del cambio de localización del féretro a las puertas de una campaña electoral. Habrá que ver a partir de ahora quiénes son más propensos a echar mano del cadáver y en qué términos, pero es de temer que entre añorantes declarados y vergonzantes del franquismo, líderes con las encuestas muy a la baja y diferentes frentes a la conquista del voto necesario, Cuelgamuros y Mongorrubio enturbiarán el debate preelectoral y adulterarán el sentido de la operación del jueves.

Era de prever que tal cosa sucediese, pero era de prever también que después de la actitud de los Franco, se impusiera la prudencia en el arco parlamentario menos en el terreno de juego neofranquista de Vox. “¡Quiénes son ustedes para prohibirnos salir, esto es una dictadura!”, protestaron airadamente los familiares del general, requeridos por la policía al final de la inhumación en Mingorrubio, una escena digna de un esperpento valleinclanesco. Quizá sea cierto que es un proyecto lleno de dificultades y obstáculos cambiar la naturaleza del Valle de los Caídos, liberarlo de su condición de conjunto exaltador del franquismo y de sus herederos –el llamado franquismo sociológico–, sean estos muchos o pocos.

“¿Puede un conjunto arquitectónico franquista convertirse en un espacio democrático?”, se ha preguntado Xavier Casals en las páginas de EL PERIÓDICO. El interrogante es tan inquietante como varias posibles respuestas, entre ellas la constatación hecha en El País por la profesora Paloma Aguilar: “A la conciencia democrática le resultan ofensivas muchas cosas consustanciales al Valle de los Caídos”. De ahí a suscribir el parecer del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz apenas media un paso: “Hemos pasado durante 40 años una vergüenza tremenda”, acaso haya llegado la hora de dejar que la naturaleza haga su trabajo y que, con el paso del tiempo, todo acabe en ruinas. Puede que las guerras civiles nunca acaben en el imaginario colectivo, pero quién sabe si sepultadas bajo el bosque indomable, los sillares desencajados y la desmemoria de las generaciones venideras, remitan las emociones y todo sea menos que un recuerdo difuso el espectáculo ofrecido ayer por el neofranquismo irreductible: “No hubo salvas ni un regimiento en posición de firmes, pero en la vacía explanada del mausoleo los vivas a España y a Franco resonaron claros aun para los que, monte abajo, seguíamos la actualidad a través de portátiles y smartphones”, ha escrito en La Vanguardia Pedro Vallín.

Nadie está en guerra con nadie, pero la democracia obliga a cumplir con ciertos requisitos y la correlación de fuerzas impone a menudo ejercitarse en la prudencia. Si durante la transición se hubiese intentado abrir la fosa del Valle, cabía la posibilidad de provocar una crisis de Estado. Luego, transcurridas décadas y aprobada la ley de memoria histórica, vilipendiada esta desde el albañal ideológico neofranquista, se abrió el camino a la reparación de la dignidad de las víctimas y de sus descendientes, pero hasta ahora no hubo un solo Gobierno con voluntad política para dar el paso. Tanta razón tienen los que entienden que la anormalidad histórica del dictador en el mausoleo se ha tardado demasiado en corregir como los que sostienen que durante decenios la opinión más extendida fue que mejor no meneallo.

Los únicos que violentan la decencia son cuantos defienden, con frecuencia a voces, que Franco debía seguir en su tumba con flores al pie del altar de la basílica per secula seculorum. Ningún carnicero del siglo XX dispone de una tumba rutilante que lo exalte, ninguna comunidad está dispuesta a poner en juego su dignidad colectiva, y por esta razón el traslado era preciso, aunque solo el 49% de los españoles consideren necesario el desenlace del jueves, según las encuestas. Ni siquiera la seguridad de que la desfranquización del Valle formará parte de la campaña electoral –domina ya la precampaña– y de la pugna política entre adversarios enconados parece digna de consideración para estimar adecuado y oportuno un aplazamiento hasta después del 10 de noviembre. Claro es que habrá quien se beneficiará en las urnas con la exhumación y quien saldrá perjudicado, pero el mayor perjuicio para la democracia hubiese sido claudicar ante la algarabía de la extrema derecha. El precio de un aplazamiento del traslado de Franco, en términos de dignidad, hubiese sido vergonzosamente alto.

 

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

Trump envenena la atmósfera

La decisión de Donald Trump de adentrarse por la senda del racismo en la peor herencia histórica de la sociedad estadounidense lleva camino de enturbiar todo y cada uno de sus pasos hasta noviembre del próximo año, cuando optará a la reelección. Nada hay socialmente más divisivo y arriesgado que reabrir el debate racial más de medio siglo después de la firma por Lyndon B. Johnson de la ley de derechos civiles y menos de tres años después de que abandonara la Casa Blanca el primer presidente negro del país. Puede que para conservar el Despacho Oval sea útil a Trump estimular sentimientos primarios y excluyentes como el racismo, pero resultará catastrófico para la cohesión social y la construcción de una identidad colectiva sin referencias al color de la epidermis, las creencias religiosas y otros ingredientes propios de la diversidad cultural de una comunidad extremadamente compleja en la que la epopeya de los esclavos y sus descendientes pesa tanto como la de los pioneros europeos blancos.

Al mismo tiempo que el universo liberal se alarma y Fox News, el principal altavoz con que cuenta Trump en el entramado informativo estadounidense, afronta la situación con inusual prudencia, el presidente intenta alejarse del griterío-eslogan de los reunidos por él en una universidad de Carolina del Norte –“Envíala de vuelta”– como si no fuese suya una frase pronunciada en los jardines de la Casa Blanca: “Hasta yo estoy preocupado. Si odias nuestro país, si no eres feliz aquí, puedes irte”. Como subraya político.com, Trump ha recurrido a la táctica utilizada otras veces de saltarse los límites y después eludir responsabilidades.

Hay pocas dudas de que este ha sido de nuevo el comportamiento presidencial: fue Trump quien indujo a cuatro jóvenes congresistas demócratas a regresar a sus lugares de origen, aunque solo una de ellas, Ilhan Omar, nació fuera de Estados Unidos –en Somalia– y fue cosa suya perseverar en las descalificaciones a través de su cuenta de Twitter. Que ahora diga que “no fue feliz” con la cantinela de la vuelta a casa dedicada a Omar e intentó silenciarla, carece de valor y además se contradice con las imágenes del acto. Es más significativo de la gravedad del momento que varios republicanos clásicos muestren en privado su preocupación por la deriva xenófoba del presidente, conscientes acaso de que el partido se ha entregado con armas y bagajes a la estrategia sectaria de quien lo representa al frente de la nación. Es incluso más relevante la incomodidad de Melania Trump y de Ivanka, hija del presidente, que los lamentos a toro pasado del activador del degradante espectáculo.

A todos los efectos, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez (padres puertorriqueños), Rashida Tlaib (padres palestinos) y Ayanna Pressley (primera representante negra del estado de Massachusetts) son tan estadounidenses como el propio presidente. Nada hay en su comportamiento político y en sus circunstancias personales que las distingan de sus conciudadanos salvo que mantienen posiciones radicales frente a la prédica de la extrema derecha, tienen la piel oscura, son mujeres, dos de ellas –Omar y Tlaib– son musulmanas y no están dispuestas a claudicar. En cierto sentido, resultan incluso incómodas para la corriente centrista, mayoritaria en el staff del Partido Demócrata, pero probablemente minoritaria en los potenciales votantes jóvenes y en el electorado femenino y feminista del partido. Pero solo un sectarismo radical y un dogmatismo excluyente y agresivo explican la campaña en curso y la voluntad de Omar de responder sin paños calientes: se compromete a seguir siendo “la pesadilla de Trump”.

“El último grito en un acto de los partidarios de Trump reverbera en una nación cargada de tensión racial”, ha titulado el periódico liberal The Washington Post. “La frase se convierte en el mensaje de la presidencia de Donald Trump”, opina The New York Times, asimismo liberal. De nada valen las matizaciones compungidas de la Casa Blanca: se ha envenenado la precampaña de forma irreversible porque el electorado que lo llevó a la presidencia en noviembre de 2016 jalea los exabruptos, los insultos y los malos modos de su líder. No hay posibilidad de corrección en la orientación de la campaña; es incluso posible que se embrutezca aún más el tono en cuanto los demócratas limiten los aspirantes a la nominación a tres o cuatro, dispuestos todos ellos a enfrentarse a Trump sin tregua, a buscar el cuerpo a cuerpo y a desacreditar su presidencia, tan controvertida.

Al presidente le quedan muchas balas en la recámara para chapotear en el albañal y enrarecer el aire de ahora a la cita de noviembre de 2020: la crisis migratoria, las armas en manos privadas, la emergencia climática, la competencia de China, la obsesión iraní, la desafección de los aliados, la investigación de la Russian connection y muchas más. En cada uno de estos capítulos ha demostrado una habilidad sin límites para emponzoñar la discusión, despreciar a sus adversarios y desautorizar a los expertos. Nada indica que vaya a cambiar, a moderarse; nada permite vislumbrar otra cosa que no sea más de lo mismo, corregido y aumentado, le sonrían o no las encuestas. En lo que lleva de mandato ha demostrado que aunque su índice de aceptación es bajo, ha logrado fijar a un electorado fiel y satisfecho, alejado de los grandes núcleos urbanos, del mainstream de la academia y del pensamiento crítico, pero apegado a una suerte de tópicas constantes vitales que entiende definitorias de Estados Unidos.

Quizá el periodista Bob Woodward se precipitó al afirmar que Trump oculta “el simple hecho de que no sabe gobernar”. Sabe hacerlo para destruir el statu quo internacional, liquidar la herencia de Barack Obama y retener el poder para la facción social a la que representa, aquella que cree que el liberalismo, la globalización y el mestizaje imponen unas reglas que desdibujan el papel desempeñado hasta la fecha por la comunidad blanca de Estados Unidos, por cuantos piensan que mejor es el Estado cuanto menor es, que ven en el modelo europeo de bienestar y protección social algo así como un socialismo encubierto y que despotrican contra todo lo que impugna la exaltación del individuo y promueve soluciones colectivas. Puede que Trump sea un mal gobernante convencional, pero es bastante convincente para quienes desean que siga en el puente de mando, para quienes los horrorizan las digresiones, los pequeños detalles y las dudas, para quienes creen –casi 63 millones de votos en 2016– que cabe aplicar soluciones simples a problemas o desafíos de una complejidad poco menos que cósmica.

 

 

Sánchez e Iglesias se atascan

La complejidad o confusión que envuelve las gestiones de Pedro Sánchez para ahormar una mayoría que le respalde, la larguísima comedia de enredo –quizá un triste espectáculo– para concluir el reparto de cargos en la UE, la pelea más o menos soterrada en Italia entre los dos partidos que la gobiernan –la Liga y el Movimiento 5 Estrellas–, el procedente belga no tan lejano –año y medio de un Gobierno en funciones mientras flamencos y valones veían la mejor forma de repartirse el pastel– y el embrollo de la derecha española –Ciudadanos y Vox, en un grito–, estos casos y otros ponen de relieve la dificultad de encaje de proyectos políticos diferentes, de configurar alianzas o coaliciones con amplio respaldo popular. No hay referencias reseñables para una saludable cultura de la coalición, salvo en el caso de Alemania, donde con chirridos y tensiones frecuentes, pero también con eficacia, las grandes coaliciones han sacado partido de la prueba, a veces con un elevadísimo coste personal (Martin Schulz sabe bastante de ello).

En términos generales, el bipartidismo perfecto (Estados Unidos) o relativamente perfecto (Reino Unido) es más manejable y configura mayorías sin grandes dificultades. No hay en Estados Unidos necesidad de coaliciones y nunca ha tenido éxito la pretensión de formar Gobierno con una presencia significativa de políticos del partido rival del presidente: lo intentó Barack Obama al inicio de su primer mandato, y se remitió al proyecto de Abraham Lincoln durante la guerra civil de incorporar al Gabinete representantes de sus adversarios, sin mayores resultados reseñables. Tampoco es frecuente en el Reino Unido, donde la alternancia de conservadores y laboristas ha marginado a los liberales, salvo en el periodo 2010-2015, cuando David Cameron completó con ellos la mayoría en Westminster mediante un pacto con Nick Clegg.

Esta fue la fórmula o la referencia española desde la transición: un bipartidismo imperfecto, pero útil, en el que fueron posibles varias mayorías absolutas de la derecha y de la socialdemocracia, pero también muchos gobiernos en minoría, pero claramente por delante del segundo clasificado, que se ejercitaron en la geometría variable. Eso se acabó porque ahora hay cuatro partidos que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros, y aun hay un quinto, Vox, que perturba la complicidad entre el PP y Ciudadanos y, de momento, ha capturado el voto de una parte de los electores de extrema derecha que hasta la fecha optaban por las listas populares. Como escribe Alba Sidera en el digital CTXT, referido a los ultras italianos, seguramente las organizaciones de perfil progresista caen reiteradamente en el mismo error: “Considerar que en la extrema derecha y en el neofascismo no hay cabezas pensantes”. “Las hay –añade–, y saben detectar los puntos débiles de sus adversarios”.

Si así son las cosas en el campo de la derecha, ¿también lo son en el de la izquierda? ¿Ha descubierto Podemos el punto débil del PSOE, a pesar de que la última encuesta del CIS dice todo lo contrario? O bien, ¿el PSOE da por buenos los vaticinios y ve en Podemos un caballo perdedor, montado por un jinete que, sin proclamarlo, cree llegada la hora de resucitar la teoría de las dos orillas de la izquierda –Julio Anguita–, que tan útil fue a José María Aznar? La diferencia radica en que el mantra de Anguita era “programa, programa, programa” y el de Pablo Iglesias es “ministros, ministros, ministros”. Algo perfectamente legítimo, pero acaso poco realista habida cuenta del desgaste electoral sufrido por Unidas Podemos en las dos últimas convocatorias. Desde luego, el PSOE necesita a Podemos para salir del bloqueo, pero es aún más importante –ambos partidos lo olvidan–, que el país necesita un Gobierno.

Puede decirse que lo necesita de forma acuciante para disponer de un Presupuesto, para ocuparse del procès sin estridencias y para atender la variedad de problemas sociales que requieren tomar decisiones con una mayoría suficiente en el Congreso. Que la democracia española no ha desarrollado una cultura de la coalición es tan cierto como que llegó la hora de que pongan manos a la obra quienes se ven obligados a hacerlo. Apostar por celebrar elecciones de nuevo en noviembre significa prolongar la interinidad hasta final de año y, en cierta medida, desautorizar a un electorado que el 28 de abril dijo claramente: “Pónganse de acuerdo y pacten”.

El filósofo Lev Shestov (1866-1938) fue del todo categórico al firmar que “la necesidad, sea racional o irracional, sigue siendo necesidad”. El Gobierno de coalición o de cooperación, la aparición en el futuro equipo de Sánchez de nombres bendecidos por Iglesias o cualquier otro encaje de bolillos es preferible, por necesario, a abrir de nuevo la puerta de entrada al laberinto electoral. La añoranza de las mayorías absolutas y de las mayorías cualificadas es comprensible, pero es del todo estéril por no decir paralizante. Tampoco hay alternativa a la complicidad de las izquierdas: el revoltijo de las derechas, de ser mayoría, no garantizaría el andar sereno que requiere una sociedad moderna, desarrollada y, en consecuencia, tan llena de contradicciones, empeñado Vox en atrasar el reloj de la historia cuanto más mejor.

“El fracaso de la política es tratar de quedar bien siempre con todos”, opinaba François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años (1981-1995). El pacto que se requiere para salir del atolladero no puede quedar bien con todo el mundo porque requiere aceptar dolorosas renuncias y asumir algunas exigencias ajenas por ambas partes, pero ese es uno de los significados de la máxima según la cual la política es el arte de lo posible. Si la sesión de investidura que empieza el 22 se cierra sin resultados, habrá que concluir que todo el mundo hizo mal su trabajo, que todo el mundo quiso quedar bien con todos o mejor, con los suyos, y careció de liderazgo moral para hacer de la necesidad virtud y desbloquear la situación.