Francia, una república desgastada

El desenlace de la elección presidencial en Francia del pasado domingo ha dejado al descubierto una vez más las costuras del sistema, progresivamente alejado el entramado institucional del contexto social, una disfunción no específica de Francia, sino de muchos otros países europeos, con características propias en cada caso. La Quinta República respondió en su nacimiento a la impronta personal de su fundador, el general Charles de Gaulle, que rescató a Francia del oprobio de Vichy, liquidó el empantanamiento político de la Cuarta República nacida después de la guerra, acordó la descolonización de Argelia y diseñó un régimen a la medida de sus necesidades y convicciones, un conservadurismo con inquietudes sociales. Pero aquella operación de renacimiento de Francia se consolidó en el seno de una sociedad que hace tiempo dejó de existir y hoy transmite permanentemente señales de agotamiento, de inadecuación a la realidad, cuya máxima expresión es el hundimiento de Los Republicanos (LR), herederos últimos del gaullismo, y del Partido Socialista (PS).

Son demasiadas las voces autorizadas que alertan de la erosión irreversible de la Quinta República y son asimismo muchos los que vaticinan que las legislativas del 12 y del 19 de junio pueden sellar la tumba de las dos grandes fuerzas políticas que se turnaron en el Gobierno durante medio siglo. El comportamiento del electorado en la jornada del domingo pasado, la abstención, los votos en blanco y el ascenso pasmoso de la extrema derecha son síntomas inequívocos de desgaste; la fractura entre los estados mayores de los partidos en el ocaso y los cargos electos locales de estos mismos partidos, también es sintomática. Nadie duda de que Emmanuel Macron, reelegido con más margen del previsto por las encuestas, mantendrá la tradición de que el partido ganador de las legislativas que siguen a las presidenciales es aquel que apoya al presidente, incluso se da por razonablemente seguro que renovará la mayoría absoluta, pero es más improbable que iguale el éxito de 2017 (350 diputados de 577).

La  constitucionalista Marie-Anne Cohendet señala que “cuando en democracia la mitad de la opinión pública vota por partidos antisistema o se abstiene, la Constitución merece ser revisada”. No es esta una opinión excepcional, minoritaria o fruto de un pesimismo infundado, sino que se trata de un análisis compartido por muchos. “El viejo país asustado” al que se aludió en la campaña de la presidencial de 2002 ha dado paso al país hastiado, enfadado con el establishment y que cree haberse instalado en una decadencia irremediable. Todo ello fruto de una mezcla de sensaciones no siempre acordes con la realidad, pero presentes en el estado emocional de muchos votantes. “A veces hay un abismo entre lo que ocurre realmente y el sentirse despreciados. Porque es esa la respuesta generalizada que escucho en la próspera Francia que, sin embargo, insiste en proyectar la imagen de estar en caída libre, absorta en su eterna malaise”, ha escrito Mirian Martínez-Bascuñán en El País.

Ese estado de ánimo colectivo ha hecho posible que el bipartidismo imperfecto del Estado gaullista haya evolucionado hacia un sistema triangular de partidos o, más exactamente, de corrientes de opinión de dimensiones parecidas: el liberal conservador, que gira entorno a La República en Marcha (LREM) de Emmanuel Macron; la nueva izquierda de La Francia Insumisa (LFI), promovida por Jean-Luc Mélenchon; y la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN), que encabeza Marine Le Pen. Ese es el mapa, que es forzoso completar con el arraigo local de los viejos partidos, con diputados en la Asamblea Nacional, alcaldes y consejeros regionales, y que en junio pueden obtener un resultado mejor al de abril al pesar bastante en el comportamiento de los votantes la cercanía de los candidatos. Un dato real aunque insuficiente para alterar sustancialmente el sistema triangular y que, en cambio, hace aconsejable que los partidos que precisan respiración asistida pacten candidaturas unitarias de supervivencia con sus adversarios ideológicamente más cercanos.

El caso es que esta posibilidad llena de lógica debe enfrentar no pocos obstáculos. Cargos electros de LR han instado a la dirección a llegar a un acuerdo con LREM, habida cuenta la proximidad programática de ambas formaciones, pero la dirigencia recela ante una operación que puede acabar en absorción. El expresidente François Hollande advierte de que el PS puede desaparecer si se asocia con LFI y desnaturaliza su mensaje, pero lo cierto es que Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata socialista a la presidencia, obtuvo menos del 2% de los votos en la primera vuelta. Incluso la obstinación divisiva de Éric Zemmour resulta frustrante para la extrema derecha, aunque es improbable que el ego del polemista ultra dañe las expectativas de los candidatos lepenistas, que, por lo demás, afrontan un desafío francamente modesto: superar los ocho escaños obtenidos en 2017.

En esa transformación del espectro electoral y en las tensiones que genera en cada campo, el gran reto sobrevenido para los constitucionalistas y europeísta es activar un proyecto de futuro que contenga la progresión de la extrema derecha, que a lomos de la promesa identitaria ha pasado del 18% de Jean-Marie Le Pen en 2002 al 41,5% de su hija ahora. Los próximos cinco años se vislumbran decisivos para truncar la progresión de más de un punto por año del RN, para desactivar la inercia que lleva inexorablemente al desastre que sería para Francia y para Europa que quien suceda al presidente Macron sea una representante de esa derecha incontinente que crece sin parar con el santo y seña de exaltar la nación, desandar el camino de la globalización y regresar al proteccionismo, cerrar las fronteras y combatir al diferente, al extranjero, al ajeno a las esencias patrias, aunque tales cosas no sean más que una suma de tópicos y de historia ficción.

La reelección del presidente Macron admite un sinfín de conclusiones provisionales menos una muy extendida, pero también muy desgastada: cualquier candidato a ocupar El Eliseo que se enfrente a un representante de la extrema derecha tiene las de ganar. Si esto fue sociológicamente así hasta 2017, hoy ya no lo es, y dejar que progrese el desgaste de las convenciones de la Quinta República entraña el riesgo cierto de propiciar su deslegitimación ante una opinión pública cada vez más defraudada con los gobernantes. Es indudable que la interpretación del pacto republicano asociada a la historia de la Quinta Republicano ha caducado y que la erosión del pacto social no admite discusión. Nadie tiene hoy en Francia la influencia pública de la que disfrutaron los primeros presidentes del régimen diseñado por De Gaulle y, en consecuencia, es un requisito ineludible para reparar la fractura social, atenuar las desigualdades y neutralizar las proclamas de la extrema derecha que se concrete en hechos el doble principio de eficacia y reparación de daños, de sintonía con una sociedad que se siente desasistida.

 

Referéndum presidencial en Francia

La Europa democrática se tienta la ropa a la espera del desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, incluso después de que las encuestas posteriores al debate de la noche del miércoles dieran una ventaja de entre 10 y 12 puntos a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Aunque se antoja muy improbable la victoria de la candidata de extrema derecha, portavoz de un populismo nacionalista y antieuropeo, la decepción de un electorado que ha fulminado el sistema tradicional de partidos de la Quinta República, por completo desprestigiado, justifica la incertidumbre y los temores hasta que el escrutinio proclame un vencedor o una vencedora. Un estado de intranquilidad emocional azora al establishment europeo, habida cuenta el efecto de contagio que podría tener en no pocos países de la Unión Europea el triunfo de Le Pen y la distorsión que provocaría en el consenso democrático de los Veintisiete.

Por eso está más que justificada la creencia de que la votación del domingo es en gran medida la celebración de varios referéndums en un uno: sobre el compromiso democrático, sobre el papel fundamental de Francia en Europa, sobre la respuesta europea a la guerra de Crimea, sobre el papel de la nueva izquierda, sobre la necesidad de sanear el pacto social y los resortes del Estado del bienestar, sobre, en suma, las reglas del juego que han pasado de generación en generación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en juego cierta hegemonía de la cultura política que permite asimilar a la idea de Europa la de un espacio multicultural que comparte una serie de convenciones no divisivas. Pero también está en juego la imperiosa necesidad de revisar y corregir los desajustes derivados de la globalización, de los flujos migratorios, de la emergencia climática, del agravamiento de las desigualdades y de la sensación de que el futuro puede ser sustancialmente peor que el pasado inmediato.

“La reelección de Macron es un preliminar democrático indispensable”, dice el filósofo francés Michaël Foessel. Y esta síntesis necesariamente incompleta de lo que está en juego resume, al mismo tiempo, una verdad fundamental: del resultado dependen la continuidad del pacto republicano, consustancial a la tradición política francesa, y la solvencia de las instituciones. Foessel confiesa en el semanario progresista L’Obs que la historia le impide confundir neoliberalismo y nacionalismo, y que es “a quienes no disponen de esta memoria histórica a quienes es preciso convencer de la actualidad del No pasarán”.

Es ese un ejercicio de realismo. Basta fijarse en los datos para aquilatar las dimensiones de la progresión de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años. En 2002, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 18% de sufragios frente a Jacques Chirac, llevado en volandas por la movilización general que cerró el paso al candidato del Frente Nacional. En 2017, Marine Le Pen consiguió el 34% de los votos frente a Emmanuel Macron, lo que representó una ganancia neta de más de un punto por año con relación al resultado cosechado por su padre. En la cita de este domingo, la encuesta que le es más favorable adjudica a Macron el 56% de los votos o, lo que es lo mismo, da a la candidata del Reagrupamiento Nacional el 44%, una ganancia neta de dos puntos por año a partir de 2017. Con el factor añadido de que se ha consolidado el apoyo transversal a Marine Le Pen, con caladeros de votos en los barrios burgueses de las grandes ciudades, en las banlieues zarandeadas por la crisis, en la Francia alejada de los centros de decisión y en los entornos sociales donde la tensión migratoria es innegable. Dicho con otras palabras, hay un progreso constante y constatable de la oferta ultraderechista, capaz incluso de captar votos en el zurrón de la izquierda que optó por Jean-Luc Mélenchon o de dejar en casa a una parte de sus seguidores, poseídos por reparos insalvables para acudir a votar por Macron.

Como ha escrito Yves Thréard en Le Figaro, la política francesa ha pasado en medio siglo de dividir al electorado en apoyo de programas políticos manifiestamente diferenciados a gestionar el grado de rechazo de los candidatos. “El desamor, por no decir la detestación, que inspiran los responsables políticos hoy es tal que se vota sobre todo para levantar un muro de contención antes que por convicción”, sostiene Thréard. En la memoria colectiva de los electores más veteranos pervive el recuerdo de la altura política del debate de 1974, que ganó Valéry Giscard d’Estaing –“usted no tiene el monopolio del corazón”– a François Mitterrand y del de 1981, en el que se intercambiaron los papeles de vencedor y vencido; en la memoria del electorado más joven prevalecen las arremetidas desbocadas de Marine Le Pen en el debate de 2017, y la determinación de Emmanuel Macron en el del miércoles para poner en evidencia las contradicciones irresolubles del programa de su adversaria, abanderada de un nacionalismo radicalmente excluyente.

Quizá sea cierta la opinión de Jean Daniel, recordada en El País el último domingo: “Emmanuel Macron es un fenómeno inclasificable. Cada vez que nos hacemos una idea de él, nos equivocamos”. Acaso sea un político líquido que se adapta al envase sin mayores reparos y prejuicios, pero es, sin duda y al mismo tiempo, quien transmite la sensación de que es el depositario de la Francia indispensable para el progreso del proyecto político europeo frente a la trasnochada idea de la Europa de las naciones invocada por Le Pen (de las patrias, podía haber dicho). No hay en el discurso de Macron un engarce ideológico concreto, pero sí un compromiso democrático reseñable, sea en el plano interno o en el europeo. De ahí que resulte más incomprensible en orden a preservar los valores democráticos el cuidado que se ha dado Mélenchon en no pedir específicamente el voto para la reelección del presidente, porque una vez el sistema clásico de partidos ha saltado por los aires, y mientras no se consolide otro, la ambigüedad de la nueva izquierda no hace más que alimentar las expectativas de la extrema derecha a lomos del sectarismo, de la simplificación de los problemas y del aprovechamiento sin escrúpulos de las líneas de fractura que descoyuntan la cohesión social. Como dijo el politólogo Maurice Duverger durante la campaña de unas elecciones europeas, la degeneración del sistema siempre es posible.

 

Mohamed VI entra en acción

El giro de la diplomacia española en el conflicto del Sáhara, por no decir bandazo, suma un nuevo dato a tener en cuenta: la aparición de Mohamed VI en la gestión final de la crisis de confianza –enfado mayúsculo marroquí, cabe decir– a raíz de la presencia en España, abril del año pasado, de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado de covid. La invitación cursada por el rey de Marruecos a Pedro Sánchez para que acuda a Rabat en los próximos días y selle la reconciliación ha de servir para olvidar la provocación de palacio de enviar a la playa de Ceuta, mayo último, a miles de jóvenes e inducir una situación imposible, no resuelta del todo, con un flujo migratorio que fijó en la retina de la opinión pública imágenes ciertamente turbadoras. Pero ha de servir o debería servir –el modo potencial, tan necesario en estos casos– para dejar la seguridad de Ceuta y Melilla a salvo de manipulaciones desde el otro lado de sus respectivas fronteras, y para que los flujos migratorios con origen en Marruecos no sean terreno abonado para las mafias.

El caso es que el comportamiento de Mohamed VI y de su Gobierno es difícil de prever más allá de la gesticulación presente que ha permitido al rey asegurarse que es él quien fija el ritmo de los acontecimientos: enfado, crisis en Ceuta, retirada de la embajadora, visitas de enviados de Estados Unidos en Rabat, apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara, regreso a Madrid de la embajadora, visita de Pedro Sánchez a Rabat, y aquí paz y después gloria, con la brújula en manos de palacio. El caso es que la posición de Marruecos en el flanco sur de la OTAN se ha visto singularmente reforzada desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El caso es que, de iure, el Sáhara Occidental es un territorio por descolonizar y que, al mismo tiempo, la ONU carece de los resortes mínimos necesarios para que tenga algún efecto la labor de intermediación de Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara.

Ese marco de referencia se ha consolidado sin que nadie se haya preocupado en poner en antecedentes o prevenir al exilio saharaui en Tinduf, en ponerse en contacto con el Frente Polisario, que la Unión Africana considera el legítimo representante del pueblo saharaui. Atrás ha quedado la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación y la escandalosa negativa de Marruecos a aceptar la revisión del censo reclamada por la dirigencia saharaui a partir del hecho indiscutible de que la guerra y el exilio han falseado la composición del censo original de residentes en el Sáhara, sometido a una marroquinización intensiva a partir de la Marcha Verde y la subsiguiente evacuación española. Todo se ha olvidado, todo ha sido arrasado por la realpolitik y por las perentorias urgencias impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de la OTAN de liberar el flanco sur, más allá de los límites de la Alianza, de situaciones potencialmente inestables, y eso incluye mantener a Argelia alejada del influjo ruso, históricamente importante desde los tiempos de la Unión Soviética.

Es más que discutible que ese zurcido apresurado sea útil y eficaz. En primer lugar, porque el Frente Polisario no se siente obligado por nada de lo acordado y seguirá reclamando el referéndum, aun a costa de prolongar la condena del exilio en el desierto y de depender del enfoque que Argelia haga del caso en cada momento. En segundo lugar, porque Estados Unidos, España, Francia, Alemania y algún otro Estado de los que apoyan la autonomía carecen de influencia para cambiar la posición saharaui a fin de dar con un atajo para liquidar la crisis. En tercer lugar, porque décadas de penalidades han establecido un vínculo emocional muy especial entre la opinión pública española y la comunidad de Tinduf, y es imposible que una resolución destemplada del conflicto, sea cual sea el Gobierno que la apoye, no entrañe un coste político con un gran potencial divisivo en el seno de una sociedad abonada a la división y a las polarizaciones extremas.

En la práctica, lo que ha sucedido estos días es que el rey de Marruecos se ha procurado un falso mecanismo de legitimación del plan de autonomía para el Sáhara, pero tal cosa no lo hace ni más viable, ni más aceptable ni más resolutivo. La única legitimación posible, al menos en términos morales, es aquella que tenga en cuenta a los representantes de la comunidad saharaui y cuente con el respaldo de la comunidad internacional; cualquier otra desviación para resolver el crucigrama tendrá un carácter superestructural, de imposición a la fuerza de una solución ajena al sentir mayoritario de los saharauis y a la percepción que la opinión pública tiene del caso. Es posible que más temprano que tarde saque el Gobierno de Marruecos de su chistera una ley de autonomía del Sáhara, y aun sea capaz de instalar un Gobierno ad hoc, pero tal cosa, de darse, no cambiará sustancialmente los enunciados del problema, es posible incluso que los empeore.

En un artículo publicado en 1994 por el escritor marroquí de expresión francesa Tahar Ben Jelloun, este recordaba, desde su convicción de que el Sáhara Occidental debe ser parte integrante de Marruecos, que Mohamed Boudiaf, el único presidente argelino que creyó factible llegar a un acuerdo con sus vecinos, incluido un pacto sobre el futuro del Sáhara, murió asesinado en circunstancias nunca esclarecidas al poco de regresar de su exilio en Rabat. Fuese o no la muerte de Boudiaf fruto de una conspiración urdida en el seno del Frente de Liberación Nacional, el partido que logró la independencia de Argelia, para mantener viva la política de confrontación con Marruecos, el recuerdo de aquel lejano episodio (29 de junio de 1992) ilustra hasta qué punto el emponzoñamiento del conflicto del Sáhara es una constante histórica, de parecida manera a cómo lo es en la arena de Tinduf el desencanto ante un futuro desesperanzado, tan incierto desde hace décadas.

 

Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Migraciones o la tensión que no cesa

Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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La yihad se enquista en Francia

Francia vive en estado de choque a raíz de los últimos atentados yihadistas. Una vez más, surgen las preguntas inevitables sobre si es posible la convivencia o la mera coexistencia entre el islam, minoritario, pero muy visible en todas partes, y una sociedad secularizada, con una larga tradición laica y una aún más larga herencia cristiana. Al mismo tiempo, la reacción en algunos países de mayoría musulmana, singularmente Turquía, han activado los resortes de un nacionalismo de perfil confesional, mientras otros han acudido enseguida al rescate de un islam compatible con los rasgos esenciales de la democracia y han condenado los últimos atentados. En medio, una opinión pública sometida a las servidumbres impuestas por la pandemia se pregunta cuál es la razón de que, de nuevo, su país sea el objetivo de los islamistas.

En los ataques perpetrados por estos lobos solitarios –una caracterización posible, pero no segura– coinciden procesos de radicalización alentados desde las redes sociales, la prédica de imanes que, como señalan cada vez más autores, dan vida y contenido doctrinal a una nueva religión, surgida de la aplicación literal del Corán, de la manipulación de la cultura islámica y de la complicidad de regímenes en plena disputa o asentamiento de su hegemonía en el orbe musulmán, especialmente la teocracia saudí y el autoritarismo rampante que encana la figura de Recep Tayyip Erdogan. Esa nueva religión persigue consagrar la idea de que es imposible la convivencia entre la comunidad islámica y el mundo occidental –no cabe la interculturalidad– y descalifica a cuantos musulmanes reformistas niegan la mayor. Si siempre fue difícil la vida de la disidencia en el seno de las religiones del libro, lo es aún hoy de forma muy reseñable en el universo musulmán, que la tacha casi siempre de herética, como señala Brian Whitaker en Arabs whitout God (Árabes sin Dios).

Las consecuencias de la arremetida islamista tienen una resonancia especial porque con el asesinato del profesor Samuel Paty se ha atacado la escuela, crisol de ciudadanos, y uno de los grandes legados de la tradición republicana, y con las muertes en la basílica de Notre-Dame, en Niza, se ha puesto a prueba la libertad religiosa, la igualdad de trato y manifestación de todas las religiones y la obligación del Estado de garantizar la libertad de culto de todas ellas mediante la neutralidad de las instituciones. Puede ser que los ataques de estos días sean iniciativas sin conexión, acciones decididas por lobos solitarios con o sin el concurso de algunos secuaces, pero han coincidido en su pretensión de herir la cultura política francesa, los fundamentos cívicos de la república, la herencia de las Luces.

El eurodiputado socialdemócrata Raphaël Gluksmann sostiene en un artículo publicado en el diario Le Monde: “La dolorosa verdad es que hemos fallado. Individualmente y colectivamente. Lo mismo a nuestros principios que a nuestros deberes. La verdad es que el integrismo islamista se ha beneficiado de una miríada de cegueras voluntarias y de silencios vergonzosos”. Y al preguntarse por el porqué del fallo responde: “Por mala conciencia social e histórica. Por temor a no ser más que burgueses hablando a burgueses. Por impotencia frente a las relegaciones y a las discriminaciones. Por el recuerdo de los crímenes coloniales. También por comodidad. Y por cobardía, sin duda”.

En el parecer de Glucksmann coinciden los errores cometidos durante más de medio siglo para incorporar el legado musulmán al espacio cívico y la sensación de que lo políticamente correcto se impuso a la realidad de la calle, a la lenta pero inexorable construcción de una sociedad que hoy incluye más de seis millones de musulmanes, muchos de ellos nacidos en Francia. Lo que es tanto como decir que no se ha dotado de los instrumentos políticos y sociales necesarios para lograr que la tradición laica y el pacto republicano no resulten extraños a una comunidad tradicionalmente educada en el principio de la confesionalidad del poder, en el convencimiento de que la religión debe ser el principio primero que inspire la vida pública y privada.

“El enemigo no nos perdona ser lo que somos”, opina el académico Alain Finkielkraut en Le Figaro, que añade: “Francia es el objetivo en su dimensión judía, en su dimensión laica y en su dimensión cristiana”. Incluso admitiendo que una entrevista no es un ensayo, y por lo tanto es lógico comprimir las ideas, la presentación del problema en estos términos soslaya el hecho de que mientras subsistan las razones del auge islamista en segmentos importantes del orbe musulmán, mientras los gobiernos no actúen para evitar la consolidación de sociedades divididas en las que alientan todos los prejuicios raciales o culturales y diferentes formas de segregación encubierta, la violencia yihadista encontrará tierra en la que arraigar. Con la consiguiente proliferación de un comunitarismo divisivo, adversario de la cohesión social y de la convivencia.

Ni la desaparición del Estado Islámico ni la disminución de la capacidad operativa de Al Qaeda han desactivado el conglomerado yihadista. De la marginación social a la crisis migratoria, de la actividad sin control de un número indeterminado de mezquitas al memorial de agravios en la periferia de muchas ciudades francesas, son demasiados los ambientes propicios a la acción directa y a la exaltación del martirio de los muyahidines. En 2016, el estudioso del islam Olivier Roy advertía: “El nihilismo no forma parte del proyecto inicial, desde luego, pero frente al fracaso de su tentativa de yihad mundial, [los islamistas] se repliegan cada vez más hacia una visión apocalíptica y desesperada, que es nihilista. Y es esta la que atrae a los jóvenes sin vínculo con los conflictos locales, sino que están fascinados por el destino del mártir que de repente se les ofrece”. Así son las cosas hoy.

Las muestras de ira desatadas por las manifestaciones antifrancesas en varios países musulmanes son también, o al menos en gran medida, movilizaciones contra las sociedades que acogen al grueso de la comunidad de creyentes (umma) en Europa. No se trata de un reproche a voces o de una protesta esporádica, sino que es el fruto de un largo proceso de incubación, estimulado por las guerras de Afganistán y de Irak, la neutralización de las primaveras árabes, el olvido por los gobiernos árabes de las demandas palestinas en nombre de la realpolitik y el dogmatismo wahabí expandido por Arabia Saudí. En realidad, la enumeración de causas podría seguir y seguir y no haría más que subrayar un dato ineludible: casi todo está por hacer para que el yihadismo se quede en Europa sin auditorios propicios.

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Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.