Migraciones o la tensión que no cesa

Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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La yihad se enquista en Francia

Francia vive en estado de choque a raíz de los últimos atentados yihadistas. Una vez más, surgen las preguntas inevitables sobre si es posible la convivencia o la mera coexistencia entre el islam, minoritario, pero muy visible en todas partes, y una sociedad secularizada, con una larga tradición laica y una aún más larga herencia cristiana. Al mismo tiempo, la reacción en algunos países de mayoría musulmana, singularmente Turquía, han activado los resortes de un nacionalismo de perfil confesional, mientras otros han acudido enseguida al rescate de un islam compatible con los rasgos esenciales de la democracia y han condenado los últimos atentados. En medio, una opinión pública sometida a las servidumbres impuestas por la pandemia se pregunta cuál es la razón de que, de nuevo, su país sea el objetivo de los islamistas.

En los ataques perpetrados por estos lobos solitarios –una caracterización posible, pero no segura– coinciden procesos de radicalización alentados desde las redes sociales, la prédica de imanes que, como señalan cada vez más autores, dan vida y contenido doctrinal a una nueva religión, surgida de la aplicación literal del Corán, de la manipulación de la cultura islámica y de la complicidad de regímenes en plena disputa o asentamiento de su hegemonía en el orbe musulmán, especialmente la teocracia saudí y el autoritarismo rampante que encana la figura de Recep Tayyip Erdogan. Esa nueva religión persigue consagrar la idea de que es imposible la convivencia entre la comunidad islámica y el mundo occidental –no cabe la interculturalidad– y descalifica a cuantos musulmanes reformistas niegan la mayor. Si siempre fue difícil la vida de la disidencia en el seno de las religiones del libro, lo es aún hoy de forma muy reseñable en el universo musulmán, que la tacha casi siempre de herética, como señala Brian Whitaker en Arabs whitout God (Árabes sin Dios).

Las consecuencias de la arremetida islamista tienen una resonancia especial porque con el asesinato del profesor Samuel Paty se ha atacado la escuela, crisol de ciudadanos, y uno de los grandes legados de la tradición republicana, y con las muertes en la basílica de Notre-Dame, en Niza, se ha puesto a prueba la libertad religiosa, la igualdad de trato y manifestación de todas las religiones y la obligación del Estado de garantizar la libertad de culto de todas ellas mediante la neutralidad de las instituciones. Puede ser que los ataques de estos días sean iniciativas sin conexión, acciones decididas por lobos solitarios con o sin el concurso de algunos secuaces, pero han coincidido en su pretensión de herir la cultura política francesa, los fundamentos cívicos de la república, la herencia de las Luces.

El eurodiputado socialdemócrata Raphaël Gluksmann sostiene en un artículo publicado en el diario Le Monde: “La dolorosa verdad es que hemos fallado. Individualmente y colectivamente. Lo mismo a nuestros principios que a nuestros deberes. La verdad es que el integrismo islamista se ha beneficiado de una miríada de cegueras voluntarias y de silencios vergonzosos”. Y al preguntarse por el porqué del fallo responde: “Por mala conciencia social e histórica. Por temor a no ser más que burgueses hablando a burgueses. Por impotencia frente a las relegaciones y a las discriminaciones. Por el recuerdo de los crímenes coloniales. También por comodidad. Y por cobardía, sin duda”.

En el parecer de Glucksmann coinciden los errores cometidos durante más de medio siglo para incorporar el legado musulmán al espacio cívico y la sensación de que lo políticamente correcto se impuso a la realidad de la calle, a la lenta pero inexorable construcción de una sociedad que hoy incluye más de seis millones de musulmanes, muchos de ellos nacidos en Francia. Lo que es tanto como decir que no se ha dotado de los instrumentos políticos y sociales necesarios para lograr que la tradición laica y el pacto republicano no resulten extraños a una comunidad tradicionalmente educada en el principio de la confesionalidad del poder, en el convencimiento de que la religión debe ser el principio primero que inspire la vida pública y privada.

“El enemigo no nos perdona ser lo que somos”, opina el académico Alain Finkielkraut en Le Figaro, que añade: “Francia es el objetivo en su dimensión judía, en su dimensión laica y en su dimensión cristiana”. Incluso admitiendo que una entrevista no es un ensayo, y por lo tanto es lógico comprimir las ideas, la presentación del problema en estos términos soslaya el hecho de que mientras subsistan las razones del auge islamista en segmentos importantes del orbe musulmán, mientras los gobiernos no actúen para evitar la consolidación de sociedades divididas en las que alientan todos los prejuicios raciales o culturales y diferentes formas de segregación encubierta, la violencia yihadista encontrará tierra en la que arraigar. Con la consiguiente proliferación de un comunitarismo divisivo, adversario de la cohesión social y de la convivencia.

Ni la desaparición del Estado Islámico ni la disminución de la capacidad operativa de Al Qaeda han desactivado el conglomerado yihadista. De la marginación social a la crisis migratoria, de la actividad sin control de un número indeterminado de mezquitas al memorial de agravios en la periferia de muchas ciudades francesas, son demasiados los ambientes propicios a la acción directa y a la exaltación del martirio de los muyahidines. En 2016, el estudioso del islam Olivier Roy advertía: “El nihilismo no forma parte del proyecto inicial, desde luego, pero frente al fracaso de su tentativa de yihad mundial, [los islamistas] se repliegan cada vez más hacia una visión apocalíptica y desesperada, que es nihilista. Y es esta la que atrae a los jóvenes sin vínculo con los conflictos locales, sino que están fascinados por el destino del mártir que de repente se les ofrece”. Así son las cosas hoy.

Las muestras de ira desatadas por las manifestaciones antifrancesas en varios países musulmanes son también, o al menos en gran medida, movilizaciones contra las sociedades que acogen al grueso de la comunidad de creyentes (umma) en Europa. No se trata de un reproche a voces o de una protesta esporádica, sino que es el fruto de un largo proceso de incubación, estimulado por las guerras de Afganistán y de Irak, la neutralización de las primaveras árabes, el olvido por los gobiernos árabes de las demandas palestinas en nombre de la realpolitik y el dogmatismo wahabí expandido por Arabia Saudí. En realidad, la enumeración de causas podría seguir y seguir y no haría más que subrayar un dato ineludible: casi todo está por hacer para que el yihadismo se quede en Europa sin auditorios propicios.

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Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Cruce de crisis en la UE

La derrota de tres candidatos a comisarios en los trámites de confirmación que preceden a la formación de la nueva Comisión Europea suma un nuevo problema a los muchos que tiene planteados la UE, especialmente el rompecabezas del brexit y los efectos del proteccionismo estadounidense en los flujos comerciales entre las dos orillas del Atlántico después de la última tanda de aranceles impuestos a productos europeos. Se mire por donde se mire, cuando concluya la constitución del colegio de comisarios que presidirá Ursula von der Leyen, este nacerá doblemente debilitado: por la escueta mayoría de nueve diputados que cosechó en el Parlamento Europeo quien lo presidirá y por el hecho de que los candidatos a comisarios presentados por Hungría, Rumanía y Francia no pasaron las pruebas de idoneidad. Una situación que conspira contra el deseo expresado por Josep Borrell en su audición de que los miembros de la UE compartan “una cultura estratégica común”.

De momento, es harto improbable que el Parlamento pueda cumplir con los plazos y pueda aprobar en bloque la nueva Comisión el día 23 para que tome posesión el 1 de noviembre, lo que en la práctica significa que ese día seguirá en funciones el equipo de Jean-Claude Juncker, que solo unas fechas antes habrá sabido si se consuma un brexit a las bravas, si hay una prórroga en las negociaciones con el Reino Unido hasta el 31 de enero o si Boris Johnson se ha sacado de la manga una nueva argucia. En cualquier caso, incluso admitiendo que la madeja británica ha cohesionado a los Veintisiete, no es la mejor situación para encarar el galimatías tener una Comisión en funciones a causa de la crisis que se ha abierto en la tramitación del nombramiento de hasta tres comisarios, entre ellos Sylvie Goulard, la candidata presentada por Francia. Un desaire hacia Emmanuel Macron que este no olvidará y que acaso enrarezca sus relaciones con Von der Leyen antes de que tome posesión y con quienes no han olvidado que el presidente forzó la situación para saltarse el proceso de designación del presidente de la Comisión entre los spitzenkandidaten que concurrieron a las elecciones europeas de mayo.

Dicho de otra forma: ni por el peso de Francia en el funcionamiento de Europa ni por las razones del rechazo de Goulart, íntimamente relacionados con la presunta utilización irregular de fondos comunitarios cuando era eurodiputada y una asesoría externa, cabe equiparar su caso al de los candidatos húngaro y rumano rechazados por la Comisión de Asuntos Jurídicos por conflicto de intereses. La única comparación posible es el efecto paralizador que tienen, de forma especial por la situación que se da en Rumanía, donde una moción de censura ha dejado el Gobierno en funciones y es improbable que pueda presentar otro candidato en pocos días.

Puede decirse que todo son complicaciones en torno a la gran complicación del brexit, acerca de cuyo posible desenlace nadie se atreve a emitir un pronóstico. Que Boris Johnson y Leo Varadkar, primeros ministros del Reino Unido y de Irlanda, salieran razonablemente relajados de su entrevista del jueves –¿dieron con una solución para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas?–, tiene un valor inconcreto, es un dato sujeto a toda suerte de interpretaciones que en nada garantiza que se desatasque el proceso. En concreto, nadie sabe si durante los próximos 18 días Johnson enviará una carta a Bruselas para pedir con desgana una prórroga en las negociaciones –para acto seguido disolver los Comunes y convocar elecciones–, si abrirá una crisis constitucional con el Parlamento y se mantendrá en la senda de la salida a toda costa, o si un cambio no previsto en la correlación de fuerzas entre brexiters y remainers modificará los datos esenciales del problema.

La UE se enfrenta así a un futuro incierto, provocado por el comportamiento de un líder imprevisible que sabe que se juega su futuro político a una sola y arriesgada carta, pero que tiene presente que la provisionalidad del entramado comunitario le da quizá alguna pequeña ventaja. Quizá, también, Johnson percibe que ha sido capaz de llevar la negociación con Bruselas al terreno deseado, ha desorientado a sus adversarios y tiene enfrente a una UE enzarzada en acabar cuanto antes con el traspaso de poderes a la Comisión de Von der Leyen. Otros, por el contrario, estiman que Johnson se niega a admitir que, salvo una salida ordenada, reglada y pausada de la UE, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos económicos, de cohesión social y de seguridad para los ciudadanos británicos que residen al otro lado del canal y para los europeos instalados en las islas. La opinión del conservador italiano Antonio Tajani de que “Europa no entiende lo que pasa en el mundo” es probablemente extensible al premier, aparentemente incapacitado para comprender las dimensiones del zarzal en el que se ha metido.

Mientras el brexit se mantiene como el mecanismo cohesionador de una UE que tiende a hacer de las crisis internas una seña de identidad política, se ha revelado también como un factor divisorio de la sociedad británica sin comparación posible en el pasado reciente del país. Al mismo tiempo que el europeísmo alaba la unidad de los Veintisiete en un momento tan complejo, los europeístas de las islas arremeten contra el nacionalismo populista que ha llevado al Reino Unido a una situación imposible. Medios de orientación tan diferente como The Guardian y Financial Times multiplican sus análisis para llevar al ánimo de sus lectores los perjuicios que se avecinan, los mundos académico y de la cultura se alarman y la City ve cada día más cerca la tormenta. La analista Polly Toynbee resume así la situación del primer ministro: “Se acaba de encerrar en un rincón donde su política es confusa, engañosa y de la que desconfían las dos facciones de su partido, dividido a causa del brexit”.

En otras circunstancias, los obstáculos para cumplir con los plazos para formar la Comisión tendrían una importancia menor. Pero de lo que se trata en estas próximas semanas es de delimitar el parte de daños, sea cual sea el desenlace final del brexit, y sean los que sean los efectos del choque comercial con Estados Unidos. Porque es indudable que daños los habrá, algunos de enorme calado, y más que nunca conviene que acometan su gestión las instituciones europeas en igual o mayor medida que los gobiernos, convocados por el presidente del Consejo Europeo, más expuestos a las rivalidades entre países que la Comisión, al menos en teoría.

 

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Baviera marca el camino

El batacazo de la CSU en las elecciones celebradas en Baviera es una señal más de la transformación de los partidos y los electores de perfil conservador. La irrupción de la extrema derecha en la política alemana, con una confortable presencia en el Bundestag, ha llevado a la CSU a asumir parte de la gesticulación pública y los eslóganes de Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán), pero como suele suceder casi siempre en los casos de imitación oportunista del adversario, es este quien sale beneficiado y no el imitador. O lo que es lo mismo, entre el original y la copia, muchos votantes prefieren al primero.

Si hasta la fecha se ha dicho que la izquierda tradicional europea no sale de su desorientación y pena su incapacidad para disponer de un programa propio poscrisis, ahora cabe decir lo mismo del universo conservador, zarandeado por la extrema derecha. Los flujos migratorios, la convivencia con el islam en suelo europeo y el terrorismo global, más una eurofobia sin descanso, han alimentado los programas ultra, simplificando al máximo los problemas y las soluciones, como si la complejidad extrema del momento pudiera gestionarse con enunciados tan genéricos como cerrar las fronteras, salir del euro o poner en marcha un proceso masivo de repatriaciones. El líder de la CSU, Horst Seehofer, ministro del Interior –y de Patria, una aportación suya de inquietante significado–, da la impresión de haber olvidado la sentencia de Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.

El contagio del virus ultra se extiende entre las derechas convencionales a la velocidad propia de las grandes epidemias. El caso de Vox, con un Vistalegre lleno en el zurrón, no es ajeno a los giros hacia la derecha de la derecha del PP y de Ciudadanos, temerosos de que finalmente la segmentación del voto conservador les condene a la derrota electoral. El temor a aparecer demasiado blandos, demasiado contemporizadores, demasiado liberales y poco nacionalistas lleva a algunos de sus dirigentes a subrayar sus coincidencias con los propósitos que animan a Vox, retardatarios cuando no claramente contrarios a la Constitución (la supresión de las autonomías, por ejemplo).

Se frustra así el papel moderador de la democracia cristiana y afines en entornos tan distintos como Alemania, Italia, Austria y en España al final del franquismo al neutralizar los ímpetus de la extrema derecha en sus diferentes versiones. Una operación que condenó a los irreductibles a la irrelevancia durante décadas, convertidos poco menos que un pintoresco residuo del pasado. Carente de líderes asentados y de una base electoral suficiente, el universo ultra hubo de recorrer una larga travesía del desierto hasta que el coste social de la salida de la crisis económica, la decepción de una parte de los más vulnerables con los partidos tradicionales y la insensibilidad de los tecnócratas de la UE al hacer el recuento de bajas puso en bandeja el renacimiento de los partidos con una nueva generación de líderes: Marine Le Pen, Frauke Petry, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y otros menos renombrados.

La mayoría de ellos remaron contracorriente durante muy poco tiempo: si las elucubraciones del Tea Party fueron una primera fuente de inspiración, junto con el legado de la extrema derecha de entre guerras, la victoria de Donald Trump les procuró un líder universal, predicador de la nación agresiva frente al multilateralismo pactista, liquidador del statu quo y de la globalización. Puestos a minar la UE y las exigencias políticas de Bruselas, hallaron en Trump el pilar adecuado para debilitar la propuesta europeísta y sumarse a la labor de zapa de estrategas como Steve Bannon y otros ideólogos del nacionalismo de última generación, tan ajeno al cosmopolitismo que alienta en el proyecto europeo.

Basta sumar la inclusión de programas sociales en las arengas de la extrema derecha para comprender lo atractivo de la oferta en caladeros tradicionales de la izquierda golpeados por la crisis, sometidos a las políticas de austeridad y condenados a  sufrir un mercado laboral precario (pobres con trabajo). Los resultados en la periferia de París de la elección presidencial de mayo de 2017 –victoria de Emmanuel Macron– ilustran sobradamente este fenómeno de transferencia del voto de izquierdas al lado opuesto del espectro político y contribuyen en todas partes a ahondar la desorientación de la izquierda tradicional, a dar vida a proyectos políticos de influencia limitada –los insumisos en Francia– y a alentar diferentes formas de populismo progresista que impugnan el reparto de papeles en los regímenes democráticos.

La más genuina diferencia entre Alemania y casos como los de Francia y España, es que la configuración del Parlamento está lejos de compensar el afloramiento de la extrema derecha con una similar capacidad de movilización de nuevas formas de la izquierda –Die Linke es un partido estancado–, capaces de retener una parte del electorado que ha abandonado a la socialdemocracia (SPD). Los resultados de Baviera tienden a consolidar ese modelo y ahora la mayor de las incógnitas es saber hasta qué punto el traspiés bávaro de la democracia cristiana puede repetirse a escala federal. Porque si, como parece, Angela Merkel se ve obligada a adelantar las elecciones, someterá a su partido, la CDU, a una dura prueba de resistencia frente a las acometidas de AfD y a la prédica nacionalista y poco menos que xenófoba de la CSU, cada vez más presunta aliada y menos aliada sin más de la CDU.

Resulta innecesario subrayar que una Alemania enfrentada al desafío de AfD influiría en el curso de los acontecimientos en el resto de la UE y daría alas a la extrema derecha en todas partes. No es ni exagerado ni grandilocuente imaginar que los sucesivos ascensos en los resultados obtenidos por AfD mejoran las perspectivas del voto ultra, amenazan el proyecto político europeo y contribuyen a endurecer los programas de la derecha tradicional por esa tendencia suya a intentar la neutralización de sus adversarios ultraderechistas mediante la asimilación de parte de sus programas. Y sobre todo de su lenguaje, de un léxico agresivo y extemporáneo que lo mismo le vale a Pablo Casado para referirse a un supuesto efecto llamada en el Estrecho, que a Horst Seehofer para amenazar con el cierre de fronteras.

Quienes se adueñan del lenguaje, siquiera sea para amedrentar, tienen mucho camino recorrido, porque al final es el instrumento para prometer la Luna, desacreditar a los rivales y administrar las victorias. Si la apropiación se produce en entornos marcados por las desigualdades y la decepción de los ciudadanos, entonces se dan dos de las condiciones básicas para que los demagogos sin escrúpulos se suban a la tribuna y atraigan voluntades.

El programa de Macron, en duda

El debilitamiento de la presidencia de Emmanuel Macron después de menos de año y medio en el palacio del Eliseo pone de manifiesto las dificultades para configurar experimentos políticos que pretenden ser una versión poscrisis de las en otro tiempo llamadas terceras vías. La República En Marcha (LREM), el partido creado por Macron para convertirse en jefe del Estado, es un conglomerado heterogéneo en el que conviven exsocialistas, centristas, ecologistas templados, liberales y aspirantes a políticos sin adscripción ideológica precisa. Es también un recinto en el que junto a debutantes en el oficio figuran veteranos en la brega política diaria –Édouard Philippe, Gerard Colomb, ministro del Interior hasta que dimitió el miércoles–, con claro predominio de la familia europeísta liberal, dispuesta a hacer pasar a Francia por un proceso de reformas guiadas por la austeridad presupuestaria, un cambio radical del mercado de trabajo y una revisión no menos radical de los privilegios de que disfrutan los empleados de la función pública.

El compromiso europeísta de los integrantes de LREM nadie lo discute, pero el corte merkeliano del programa de Macron para Francia, tampoco. Bruno Le Maire, un enarca clásico, es el ejecutor de este programa, apegado al rigor económico y poco dado a girar la vista atrás y adaptarse a algunas de las más arraigadas tradiciones políticas francesas: la fuerza de los sindicatos, el conservadurismo católico con inquietudes sociales, el legado comunista, las referencias de Charles de Gaulle y François Mitterrand para quienes conservan una “cierta idea de Francia” –la frase es del general en sus memorias–, el poder de facto de los funcionarios y otros factores esenciales en la configuración del perfil de la república. Muchos de estos ingredientes son lastres objetivos para la modernización del Estado, de la economía y de la viabilidad de los programas sociales, pero arramblar con todos es una empresa inmoderada, por no decir perniciosa para preservar la cohesión social y dejar a salvo el pacto republicano.

La pérdida de popularidad sin freno de Macron es consecuencia directa de esta idea de renovación del Estado desde la trinchera liberal –¿neoliberal quizá?–, que persigue la modernidad, pero alarma a los jóvenes sin trabajo o con empleos precarios, a las rentas más bajas de las sociedades urbanas, a una parte del mundo académico y las fuerzas en orden disperso que un día se sintieron representadas por las izquierdas clásicas y el nacionalismo socializante concretado en el gaullismo. Como escribía un editorialista a raíz de la dimisión del ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, Macron ha hecho demasiados enemigos en demasiado poco tiempo y ahora, cuando se impone una renovación del Gobierno –Colomb es el séptimo en dejar su cartera–, la pregunta de la portada del progresista Le Monde, “¿qué remodelación para salir de la crisis?”, es casi una forma encubierta de preguntar si el presidente y su Gobierno están en condiciones de salir de la crisis (de esta y de las futuras y previsibles).

El debilitamiento de Macron enardece a la extrema derecha, suministra argumentos a Marine Le Pen para calentar sus proclamas eurófobas y mantiene a Francia en la lista de países en los que el desafío del populismo ultra puede alterar el perfil del Parlamento Europeo que se elegirá en mayo. Esto es, la crisis francesas es, al mismo tiempo, una crisis europea en potencia, o acaso no tan en potencia habida cuenta de que coincide con las dificultades cada vez mayores que afronta Angela Merkel en Alemania, donde debe torear con las tensiones lógicas en toda coalición con las menos lógicas con los aliados históricos de la CDU, los democristianos bávaros de la CSU. Dicho de otra forma: sin estabilidad para que funcione la complicidad franco-alemana, con el brexit sin un desenlace tranquilizador y demasiados socios de la UE dispuestos a saltarse las reglas básicas del club, la debilidad de la pareja Macron-Merkel es, al mismo tiempo, la debilidad de Europa.

La energía y audacia que observa Jack Lang, exministro de Educación y Cultura de Mitterrand, en el comportamiento de Macron se antojan insuficientes para salvar el momento sin graves daños. Como el propio Lang reconoce en una entrevista con el periódico conservador Le Figaro, en un régimen parlamentario, después de la renuncia de Colomb, la crisis de Gobierno estaría servida y acaso zozobrara la cohesión de la mayoría con una composición tan variada como la de LREM. Una reflexión que no le impide alabar el “estilo de acción” del presidente, algo que apreció en Nicolas Sarkozy el establishment francés, del que Lang forma parte, y que echó en falta en François Hollande.

La pregunta que cabe formular en relación con la crisis francesa, entre otras muchas, es si una maquinaria electoral de perfil ecléctico, que pretende ser una herramienta política de renovación sin entrar en demasiados detalles ideológicos, puede ser también un instrumento de gestión política cohesionado, en cuyo seno sean más numerosas las certidumbres y los cambios viables que las contradicciones. La misma o parecida pregunta se planteó a las terceras vías, barridas por la victoria de George W. Bush en 2000, la complicidad británica en la estrategia de seguridad de Estados Unidos –la guerra de Irak– y el desastre aún no superado de la crisis iniciada en 2008, entre otros muchos sucesos que dejaron desnudos a los teóricos de aquella no tan lejana propuesta.

La modernidad de Macron presta muy poca atención al recuento de posibles víctimas provocadas por un pretendido cambio de paradigma que acaso tenga justificación contable, incluso puede ser necesario para salvar los muebles del Estado del bienestar, pero también puede dejar a muchos en la cuneta de la historia. Por lo demás, bastantes de los objetivos del presidente de Francia suenan a cosa sabida, bajo sospecha, apegados a las indicaciones de los think tank, pero alejados del pulso de la calle, instalada en la decepción y donde es tan importante el voto a favor de alguien como el voto contra alguien. Algo cada vez más frecuente cuya consecuencia inmediata es que apenas existe complicidad e identificación con el ganador –Macron en 2017– y al primer contratiempo se rompe el tenue hilo que une a los votantes con el candidato que votaron. Eso sucede en Francia y no hay pistas para creer que se corregirá la tendencia.

 

Trump caliente Oriente Próximo

La decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y de restablecer la política de sanciones ha crispado el ambiente en Oriente Próximo con la intensidad y profundidad temidas de antemano, ha alarmado a los aliados de Estados Unidos y ha proyectado sobre las cuentas del petróleo la sombra de un encarecimiento de los precios inducido por la incertidumbre, la desconfianza y el riesgo de una escalada bélica en diferentes frentes. Mediante el gesto de Trump, desastroso para preservar los equilibrios regionales en la medida de lo posible, la Casa Blanca persevera en el unilateralismo, impugna el statu quo y acentúa su perfil nacionalista –aislacionista–, alentado por el electorado ultraconservador, los ideólogos continuadores de la prédica del Tea Party y la necesidad de llegar a noviembre con una hoja de servicios suficiente para conservar la mayoría republicana en el Congreso.

Al mismo tiempo que los allegados a Trump, la cadena Fox News y los adictos al programa presidencial jalean la decisión, los analistas desapasionados coinciden en por lo menos tres conclusiones: Estados Unidos pierde influencia como actor internacional y degrada su solvencia como aliado, la pretensión de forzar un cambio político en Irán es un objetivo insensato y la Administración carece de una alternativa para afrontar los riesgos en materia de seguridad asociados a la denuncia del tratado. Cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declara que “Estados Unidos le está dando la espalda a las relaciones multilaterales con una ferocidad que solo puede sorprendernos”, y añade que “le corresponde a la UE asumir el control”, no hace mucho más que manifestar en público lo que opinan la mayoría de think tank a ambos lados del Atlántico; se hace eco de la opinión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de la cancillera de Alemania, Angela Merkel, y del secretario del Foreign Office, Boris Johnson.

Así se manifiesta también Suzanne Maloney, del Centro para la Política en Oriente Próximo (Brookings Institution), convencida de que la abdicación de Estados Unidos del liderazgo internacional “no tiene parangón en la historia reciente”. Así se expresan la mayoría de columnistas de la prensa liberal de Estados Unidos, que observan con preocupación cómo la decisión adoptada por Trump “no mejora los parámetros de seguridad” del país, un concepto acuñado por la comunidad de inteligencia para referirse a eventuales amenazas exteriores (terrorismo global).

¿Puede la Unión Europa, enzarzada con harta frecuencia en bizantinismos indescifrables, ocupar el espacio vacío presuntamente dejado por Estados Unidos? ¿Puede el dispositivo de seguridad europeo operar como una herramienta de equilibrio en Oriente Próximo? ¿Puede una europeización de la crisis minimizar el parte de daños que presumiblemente causará la estrategia de confrontación elegida por el equipo de Trump? La respuesta a tales preguntas no puede soslayar el hecho de que, como afirma Sanam Vakil, de la Universidad Johns Hopkins, la Casa Blanca ha hecho un regalo al ala dura del régimen iraní, la misma que puso en marcha el programa nuclear, que sostuvo la altivez irreflexiva del presidente Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Hasán Rohani, y que observó con recelo el acuerdo de este con Barack Obama en 2015. La misma, en fin, que entiende que la única garantía de futuro para la República Islámica es disponer de un arsenal nuclear suficiente para disuadir a sus adversarios de cabecera, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, de llevar a la práctica un programa encaminado a acosarla a todas horas en todas partes.

Queda poco margen para la esperanza al unir todos estos ingredientes. El simple hecho de que Israel atacó con misiles posiciones iranís en Siria poco después de que desde ellas se hubiesen bombardeado los altos del Golán, ocupados por el Ejército israelí desde junio de 1967, pone de relieve la volatilidad de la situación. Si se admite como un dato incontestable que Irán es un actor político determinante en Oriente Próximo, que la seguridad de Israel antecede a cualquier otra consideración en los análisis estadounidenses y que Arabia Saudí, con el apoyo de Estados Unidos, disputa la hegemonía regional a los ayatolás, es muy aventurado suponer que Europa puede serenar los ánimos sin la complicidad transatlántica. “Oriente Próximo es un polvorín de tensiones a medida que los conflictos arrecian en Siria, Yemen, Irak y Líbano, e Irán es el motor de gran parte de esa toxicidad”, recuerda Sanam Vakil.

Dicho de otra forma: al erosionar el programa de la facción posibilista del régimen iraní se pone a Irak y Líbano en la antesala de problemas mayores a los habituales, y a Siria y Yemen se los condena a soportar la carnicería por tiempo indefinido. Es este un panorama desolador, pero inmejorable para que proliferen los radicalismos de todo pelaje y condición, confesionales y laicos, indefectiblemente inclinados a solventar las crisis en el campo de batalla. Son demasiados los precedentes sombríos como para imaginar una evolución diferente de los acontecimientos, menos inquietante, más apegada a buscar el equilibrio estratégico entre adversarios en un espacio relativamente pequeño; un equilibrio en el que la controversia religiosa no sirva para encubrir la rivalidad militar y política, de las playas de Líbano a las del golfo Pérsico.

El alcance de esta crisis perseguida y manufacturada por Trump, deseada por Israel y aplaudida por Arabia Saudí no es regional, sino mundial. Lo es porque se produce en el área más inestable del mundo, enfrenta a Estados Unidos con los europeos, daña la trama de intereses económicos de estados y empresas que han normalizado su relación comercial con Irán y amenaza con envenenar el mercado del petróleo, salvo que surta efecto el propósito de China e India de seguir importando crudo iraní y mantenga Rusia su compromiso de comercializar una parte de la producción de la República Islámica, algo que da por seguro Frank A. Verrastro, especialista en la materia. Y es mundial en última instancia porque el rumbo fijado por Trump sitúa a Estados Unidos fuera del terreno de juego de las convenciones internacionales, del respeto por lo acordado y firmado, de cuanto se entiende que garantiza una seguridad razonable mediante la salvaguarda de los compromisos contraídos.

¿Cree el presidente Trump, como lo creyó George Kennan de la Unión Soviética, que Irán “es insensible a la lógica de la razón, pero es altamente sensible a la lógica de la fuerza”? Si este es el caso, cabe preguntarse por la naturaleza futura de las relaciones de Estados Unidos con China y Rusia, por qué lógica aplicará en ambos casos y por la capacidad de Trump de descoyuntar el sistema, convertido en un actor político cada vez más peligroso.

Trump-Macron, una relación paradójica

A nadie puede sorprender que el intercambio de gestos afectuosos entre Donald Trump y Emmanuel Macron quedara matizado por el discurso pronunciado por el presidente de Francia en el Congreso de Estados Unidos. La distancia ideológica y programática de ambos mandatarios es demasiado grande como para no manifestarse en toda su magnitud. Si Trump es proteccionista, duda del cambio climático y denuesta el acuerdo con Irán siempre que puede, Macron es defensor del comercio global, asume los vaticinios científicos sobre los efectos del calentamiento incesante del planeta y admite como mal menor, y sin demasiado convencimiento, que quizá convenga retocar el acuerdo con los ayatolás para ampliarlo, pero en ningún caso revocarlo. Como ha quedado escrito en político.com, el discurso de Macron lo podrían suscribir Barack Obama o Hillary Clinton, pero está en las antípodas del eslogan American First, que orienta todas las decisiones de la Casa Blanca.

Todo encaja en esta historia de apariencias y realidades. La candidata preferida por Trump en las elección presidencial del año pasado en Francia fue Marine le Pen, por afinidades evidentes de pensamiento y porque su victoria habría debilitado el proyecto europeo de forma clamorosa, mientras que Obama manifestó en púbico su apoyo a Macron, convertido en artífice de una nueva tercera vía europea que quiere acudir al rescate de la decadencia, la confusión y la crisis de identidad de la UE. Nada más elocuente que esta disparidad de criterios para llegar a una conclusión parecida a la del periódico Le Monde: la bondad de los gestos y la divergencia de las ideas tienen todas las trazas de un oxímoron o de un abuso de la paradoja.

El recuerdo de la simplicidad escenográfica de la visita de Charles de Gaulle a Dwight D. Eisenhower en 1960 –dos generales que siempre se respetaron, pero que a menudo disintieron, según se desprende de las Memorias de esperanza del francés– no ha dejado de ser una referencia estos días. Porque aquellos dos veteranos soldados no intentaron disimular sus diferencias, sino subrayar sus coincidencias para preservar un orden internacional estable. Algo que queda lejos del proyecto de Trump y que inquieta a Macron, contrario a la retirada estadounidense de entornos clave por el riesgo subsiguiente de que Rusia y China ocupen el vacío dejado. Así debe entenderse en parte la diatriba del inquilino del Eliseo en el Congreso contra el nacionalismo y el aislacionismo, dos vectores de fuerza que mantienen cohesionado al electorado de Trump, pero impugnan un posible orden internacional basado a la vez en la globalización y el multilateralismo.

Los detractores de la política económica de Trump entienden que su proteccionismo renuncia a poner en marcha políticas convenientes a medio y largo plazo a causa de sus intereses inmediatos. La “inconsistencia temporal”, mencionada en un artículo por Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, condiciona la estrategia de la Casa Blanca, mientras que lo que se antoja poco consistente en el frente europeo es penalizar el flujo exportador en sectores tan sensibles como el acero y el aluminio, amenazar con hacer lo propio en el mercado automovilístico y quién sabe si en otras áreas. Para Macron, en igual o mayor medida que para Angela Merkel, poner trabas al comercio es amenazantemente pernicioso a ambos lados del Atlántico; no hace falta ser un defensor sin fisuras del TTIP, desaparecido en combate, para llegar a esta conclusión.

El entusiasmo con el que los escaños demócratas acogieron el discurso de Macron mientras los republicanos miraban al techo fue por demás elocuente. Will Marshall, una referencia del pensamiento demócrata renovado, llama al presidente de Francia “líder del mundo libre” al entender que recupera la mejor tradición del pensamiento liberal reformista, y en sentido parecido se han manifestado los analistas de los principales medios estadounidenses. Algo que contrasta con los recelos que Macron suscita en las filas de la izquierda europea, no solo en Francia, y en las del populismo conservador de Estados Unidos –Trump, su líder–, donde el modelo europeo es tachado siempre de socialista incluso si su defensor es alguien tan alejado del calificativo como Macron.

En una sociedad cada vez más dividida y crispada como la estadounidense no debe sorprender el recurso a la exageración y el éxito de proclamas que a menudo chocan con la realidad. La victoria ultraconservadora encarnada en Trump alienta desde noviembre de 2016 un pensamiento profundamente reaccionario y esquemático, que simplifica al máximo el enunciado de los problemas y las posibles soluciones. Que tales problemas –en el ámbito que sea– tengan una dimensión mundial y, por consiguiente, requieran de actuaciones mundiales pesa menos en la Administración de Trump que la necesidad de tomar decisiones que cumplan con las expectativas más elementales de una parte considerable de quienes votaron al presidente, seducidos por su verborrea de rompe y rasga. Eso es, además, lo que espera el establishment neoconservador –posneoconservador puede decirse–, que invirtió grandes cantidades de dinero en la campaña de Trump y espera un achicamiento del Estado suficiente para que no interfiera en sus negocios.

El nombramiento de Mike Pompeo, un halcón militante, para dirigir la Secretaría de Estado, es el mayor síntoma de una realidad: el intercambio de buenas palabras entre Trump y Macron es un fenómeno de recorrido limitado. Lo mismo sucede entre Merkel y Trump por más encubrimientos que diseñen ambas partes, alarmada la industria alemana por los eventuales efectos del proteccionismo de Estados Unidos sobre sus exportaciones, un asunto central en el viaje de la cancillera a Washington. El margen de maniobra es mínimo, además, porque en noviembre habrá elecciones legislativas de midterm y para la Casa Blanca sería poco menos que desastroso perder la mayoría en una de las dos cámaras del Congreso a causa del retraimiento de una parte del electorado que en 2016 confió en las promesas de Trump.

Es improbable que afecte a los impulsos electorales de los de seguidores de Trump el caos sin precedentes, por grave que este sea, de una Administración “desorganizada y contradictoria” (The Washington Post) en la que los nombramientos y las destituciones no cesan. Es más verosímil, por el contrario, que defrauden las muestras de debilidad o europeización del programa, siquiera sea en dosis hemeopáticas, a cuantos a la hora de ir a votar apostaron por un candidato que se presentó como defensor de los sacrificados en el altar de la salida de la crisis. Una imagen publicitaria que sigue vigente aunque sea otra paradoja separar del establishment la figura de Trump, un millonario con domicilio en la torre de Manhattan que lleva su nombre.