Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.

El ‘Brexit’ siembra el pánico

La Unión Europea se tienta la ropa conforme se acerca el 23 de junio, esa fecha fatídica o punto de inflexión o de no retorno, depende de cómo se mire. El Brexit ha puesto las bolsas en un grito, ha desencadenado sombríos vaticinios en las finanzas mundiales si el Reino Unido deja la UE y ha movilizado a todo el mundo –instituciones, políticos, medios de comunicación– para evitar que las urnas confirmen las encuestas, según las cuales son mayoría los partidarios de la salida. Cómo afectará o corregirá el pronóstico la muerte de la diputada laborista Jo Cox a manos de un presunto ultra –Gran Bretaña primero– con problemas psíquicos es algo que escapa a los modelos matemáticos y a los análisis demoscópicos, y lleva quizá la campaña hacia los sentimientos a flor de piel, tan poco medibles.

El choque incruento de dos flotillas en aguas del Támesis, a favor y en contra de seguir en la UE, la refriega en los periódicos alentada por Rupert Murdoch, eurófobo sin fisuras, la reacción previsora de los técnicos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo para hacer efectivo un plan de choque si vence el Brexit, la intranquilizante política de recortes presupuestarios que anuncia George Osborne, el éxito de Nigel Farage, tan enaltecido por Murdoch, configuran un panorama desasosegante y, al mismo tiempo, bastante apegado a las tradiciones políticas británicas: nosotros y el continente; sus disputas y nuestra disposición a arbitrarlas. Y, a renglón seguido, el debate sobre la pertenencia a la UE pone de manifiesto la fractura de una sociedad en la que, en términos generales, los jóvenes (políticamente poco activos) se inclinan por quedarse y las generaciones que los precedieron (más resueltas a ir a votar) se sienten atraídas por el repliegue, por reconquistar los atributos de soberanía del pasado y contemplar las refriegas entre europeos desde la orilla norte del canal.

Claro que la crisis de identidad no es solo británica, también es europea o de la Unión Europea para mayor precisión. Porque al plantear siquiera la posibilidad de dejar la organización, el Reino Unido deja al descubierto la debilidad estructural o la descohesión que mina el proyecto político. Para los europeístas que, no sin cierta ingenuidad, creían que la adhesión a la EU era una carretera de sentido único, cuanto ahora sucede los coloca ante la evidencia de que nada es para siempre, y menos en política: es posible salir de la EU sean cuales sean los costes que tal operación puede conllevar. No solo eso: el europeísmo y la necesidad de pertenecer a una organización política –no solo económica– paneuropea han dejado de ser anhelos ampliamente mayoritarios (cuando menos, hay una minoría de disidentes o desafectos cada vez mayor).

Las conclusiones que pudieron sacar los electores británicos del referéndum de Escocia del 2014 apenas valen ahora. Si entonces se dijo que los beneficios y los perjuicios de la independencia inclinaron el voto del lado unionista, hoy ese cálculo pesa poco. A pesar de la caída de la cotización de la libra, de la alarma de los bancos, del apoyo de muchas grandes empresas a seguir en la UE, de la intranquilidad de la City, la mezcla de nacionalismo trasnochado y hartazgo con Bruselas se ha adueñado del escenario con evidente desparpajo. Aunque, como escribe Dominique Moisi y proclama el laborista Gordon Brown, “en realidad, el Reino Unido no tiene otra vía que seguir en la UE si desea asegurarse un porvenir digno de su pasado”. No tiene otro camino pensando incluso en la más que posible reacción que puede suscitar el Brexit en la sociedad escocesa, manifiestamente proeuropea, que muy probablemente exigirá poner de nuevo a votación la independencia para, de lograrla, iniciar de inmediato los trámites para ingresar en la UE.

En el compromiso de David Cameron de convocar un referéndum hubo siempre cierta disposición al desafío, aunque en su partido los síntomas de división eran más que manifiestos. Para muchos conservadores, fue un trago amargo acudir a la UE en 1973, aunque Edward Heath, el firmante de la adhesión, era uno de los suyos. Aquellos conservadores de hace más de cuarenta años que, al igual que muchos de sus compatriotas, seguían pensando como la mayoría de sus más ilustres antepasados que el galimatías o crucigrama continental era mejor observarlo y tutelarlo desde fuera, aquellos conservadores que vieron en la política de Heath un gesto de debilidad, son los padres de este otro galimatías o crucigrama de hoy. Cuatro décadas largas no son nada en términos históricos para cambiar una mentalidad política de siglos, y lo cierto es que el Reino Unido nunca se ha sentido cómodo en la UE, sumergido en las querellas de familia a las que tan habituado está el continente; nunca ha aceptado de buen grado que sus instituciones estén a merced de una superestructura política radicada en Bruselas no siempre descifrable.

Aun así, la cuestión o el asunto que se dilucidará el día 23 no será solo el ser o no ser británico en la Unión Europea, sino también el de la Unión Europea misma. El dilema shakespeariano no afectará solo al futuro del Reino Unido, sino también al del proyecto europeo. Abierta la veda de la fuga, nadie puede prever quiénes serán los siguientes en abandonar el barco o, al menos, en someter el caso a consulta a causa de la presión euroescéptica. Puede que no surjan imitadores, pero si aparece alguno –¿Dinamarca?, ¿Holanda?–, puede animar a otros o abrir otra veda, la de las adhesiones a la carta mediante la revisión de las vigentes, que es justo el camino contrario al favorecido por las llamadas cooperaciones reforzadas, que debían estimular la cohesión económica y política, y atraer a la larga a los europeístas más tibios.

Durante la campaña de las europeas de 1989, el politólogo Maurice Duverger, que salió elegido en una lista socialista, insistió varias veces en la necesidad de construir la europeidad poco a poco, con suavidad. Pensaba, seguramente con razón, que cualquier atajo podía alarmar a los custodios de los atributos de la nación, pero daba por descontado que no había socios dispuestos a retirarse, sino más bien una mayoría ansiosa de avanzar en un sentido unitario. Puede que así fuese entonces, incluso aceptando la propensión al escepticismo europeísta de las islas, pero es más aventurado suponer que los disidentes eran poco menos que una facción marginal. La cultura política del Estado-nación, tan difundida y alentada, era entonces tan sólida como ahora, se conservaba intacta y cobijaba en su seno los odios étnicos, el chovinismo nacionalista, los regionalismos y otros desafueros que justifican el pesimismo de George Steiner en La idea de Europa más que el optimismo de Mario Vargas Llosa en el prólogo a la edición española del libro.

Quizá incluso Cameron, con su carrera y liderazgo tan comprometidos, sea un euroescéptico, pragmático, eso sí. Porque si no fuese un europeísta accidental, habría hecho hincapié en la unidad de Europa como proyecto político, pero cuanto ha dicho y reiterado en campaña ha sido anunciar un apocalipsis económico si gana el Brexit, sin internarse en otros campos que le incomodan o por los que no quiere transitar. Porque si no fuese un europeísta a su pesar, forzado por las circunstancias, hubiese invertido más tiempo en europeizar a la opinión pública británica y bastante menos en renegociar los términos de la pertenencia a la UE, siempre tan en discusión, como si permanecer en ella fuese una necesidad ineludible, pero no un deseo. Que, por cierto, para Jo Cox sí lo era.

Europa, divida por la desconfianza

Mientras la renegociación de la deuda griega se adentra en un laberinto cuyo trazado, como el del Minotauro, nadie conoce, la UE se atasca o se divide a causa de la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tecnicismo barroco aplicado al futuro acuerdo de libre intercambio comercial y de inversiones que negocia con Estados Unidos. Una mezcla de recelos fundados, antiamericanismo y desconfianza ante posibles realidades o consecuencias encubiertas por el discurso oficial han llevado la discusión al terreno de las amenazas que se ciernen sobre la Europa social, el control de las multinacionales y, sobre todo, las garantías jurídicas en el caso de que surjan litigios entre estados y empresas o gestores financieros. La Europa socialmente comprometida, escamada por la gestión de la crisis y los consiguientes costes, teme entrar sin ovillo en el laberinto del Minotauro, ser derrotada cuando dé con él y no tener siquiera la posibilidad de dar marcha atrás y salir del embrollo siguiendo el rastro –el hilo– que fue dejando según avanzaba.

El gran razonamiento de quienes han puesto manos a la obra y dirigen las operaciones –la comisaria Cecilia Malmström y su equipo– es que se trata de sacar el máximo partido a un mercado de 800 millones de consumidores y unos intercambios que en el 2014 alcanzaron los 980.000 millones de euros. Aquello que lleva a la Europa progresista, a la izquierda clásica y a la organizada en movimientos sociales emergentes –Podemos en España– es el coste humano, de calidad de vida y de conservación del medio ambiente que puede tener el TTIP. “El temor es sobre todo conceder demasiado poder a las multinacionales y abrir nuestros supermercados a productos que no garanticen los mismos estándares de seguridad conquistados por los consumidores europeos”, publicó hace poco el diario progresista italiano La Repubblica. Puede decirse que el problema no son los aranceles, sino el pollo clorado, la carne hormonada, los derechos de autor, los transgénicos y la legislación social, capítulos en los que Europa saca varios cuerpos a Estados Unidos.

La crisis de la última semana, que ha impedido la discusión en el Parlamento de una parte de las negociaciones en curso, ha puesto de manifiesto que la desconfianza no ha anidado solo en la izquierda radical o alternativa, sino también en el Partido Socialista Europeo. No hay en la corriente central de la socialdemocracia un pensamiento dominante que, como sucede en las filas conservadoras y liberales, solo vea ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario: incuba toda clase de temores frente a la propensión de la Comisión a ver en el TTIP una lista inacabable de beneficiosas oportunidades. Quizá debiera decirse que lo sucedido entre martes y miércoles ha sido la prueba del nueve de que los trabajos han llegado a un punto en el que los rasgos diferenciadores de la UE han parecido sometidos a amenazas futuras –reales o no es solo relativamente importante–, y se ha producido un movimiento de repliegue ante la respuesta a una doble pregunta: ¿de dónde venimos y adónde vamos? Porque los recelos se refieren tanto a lo que digan los textos como a la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Al mismo tiempo que liberales y conservadores se remiten a los 30 millones de europeos que trabajan en el sector exportador –1,6 millones en España–, los temerosos de dejar maltrecha la Europa social se refieren a las más de 200 enmiendas presentadas a lo que, enigmáticamente, se denomina Investor-State Dispute Settlement (ISDS), esto es el mecanismo para solucionar los conflictos que eventualmente puedan surgir entre estados y empresas (multinacionales las más de las veces). Así, tres eurodiputados verdes han publicado en el diario británico The Guardian una carta en la que presentan las enmiendas a la resolución de litigios mediante tribunales privados como el indicador fehaciente de la “pasión que esta alianza ha despertado, la división política que ha abierto y el grado de oposición del público”. Lo que, siendo cierto, no es lo más relevante. Lo más sobresaliente es que, por fin, la ruta hacia el TTIP ha salido del secretismo o la opacidad –la Comisión de Jean-Claude Juncker ha querido iluminarla por medio de un apartado específico en su web–, y ha dado pie a una discusión fundamental para alcanzar a ver de dónde venimos y, ¡ay!, acaso a descubrir hacia dónde nos empujan a ir o pretenden que vayamos.

Entiéndase bien: la discusión del ISDS no es un asunto meramente técnico que no afecta al europeo medio. Es, por el contrario, algo que puede interesar el control de los estados sobre el comportamiento de las multinacionales o, por decirlo de otra forma, puede entrañar la pérdida de control sobre los grandes conglomerados empresariales y financieros. Porque si las disputas quedan en manos de tribunales privados –aquellos formados por acuerdo previo de las partes enfrentadas, mediante la designación de un juez por cada una ellas, más un tercero pactado por ellos dos–, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores, se pone en riesgo –al menos, lo parece– la seguridad jurídica, piedra angular de la lógica garantistas característica de Europa. Por el contrario, si las disputas deben dilucidarlas tribunales públicos, con mecanismos de recurso garantizados, quizá se pierda agilidad –en España, por descontado–, pero la seguridad jurídica saldrá ganando, siquiera sea porque las consideraciones economicistas, de eficacia o de rentabilidad quedarán supeditadas al interés público, al principio de legalidad y a la utilidad social. Al menos esta es la pretensión de quienes se oponen a que los arbitrajes sean cosa de instancias privadas.

En el fárrago de la discusión resulta muy difícil separar el grano de la paja, pero no tanto cuando se piensa en que, en el punto de partida de la negociación, se dan factores tan preocupantes como la no aceptación por Estados Unidos de la legislación internacional para fundamentar una demanda contra el país. O que en materia de garantías laborables y desarrollo sostenible, Europa se encuentra a años luz de Estados Unidos. Esos son algunos de los pilares de los “temores europeos” a los que se ha referido el Financial Times, vocero de la City de Londres, partidario de la desregulación en todo aquello que limite los flujos financieros.

No se trata de que algunos gobiernos se comprometan más en explicar las bondades del TTIP, como declaró la comisaria Malmström al periódico conservador francés Le Figaro, sino de acotar el tratado, garantizar el control de los estados y de las instituciones europeas y asegurar que ningún tribunal de arbitraje podrá cambiar de facto las legislaciones nacionales o la comunitaria. Alcanzar esos objetivos no conduce directamente a la unanimidad política, antes al contrario, la hace imposible, porque ni siquiera la mejor de las explicaciones puede pasar por encima de las ideologías, de las diferentes versiones del libre mercado y de la economía social que coinciden en el Parlamento de Estrasburgo, pero al menos la opinión pública podrá acercarse al TTIP con un conocimiento de causa ahora inexistente porque reina la desconfianza. Con razón o sin ella, a causa de la oscuridad de las propuestas que se debaten o del temor a sus consecuencias, debido a la confusión sembrada por los tecnócratas o a la sumisión de la política a las finanzas, la desconfianza lo empapa todo.

Baste un dato: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP ha recogido dos millones de firmas contra el ISDS. Aunque la cifra puede parecer insignificante sobre un censo de casi 500 millones, es la más alta alcanzada por una ICE desde que entró en vigor esta modalidad en el 2012. Y tan significativo como este dato lo es este otro: el grado de aceptación del TTIP en el seno de las sociedades de la UE crece de oeste a este y de sur a norte, algo que lleva implícita la semilla de la división o la diferenciación cada vez mayor entre la Europa que percibe la globalización como un mecanismo, pero no un ecosistema, y la que entiende la globalización como un ámbito en el que el debate ideológico debe plegarse a la realidad de los resultados macroeconómicos.

La UE ha vivido otras situaciones de naturaleza parecida en las que la división llevó al fracaso y al distanciamiento entre socios y familias ideológicas a causa de una innovación. Ese fue el caso de la larga controversia que se adueñó del debate a propósito de la elaboración de la Constitución europea, origen de una enorme frustración entre los europeístas. Cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum el texto propuesto, la componenda para salvar el expediente ocupó el espacio reservado hasta entonces a la política con mayúsculas. La charcutería suplantó a la academia y el Tratado de Lisboa del 2007 permitió solo encubrir un fracaso con un texto insuficiente para considerarlo una aproximación razonable a lo que pretendió la convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing cuando inició sus trabajos. ¿Está de vuelta la lógica de entonces, el enfrentamiento entre defensores acérrimos y adversarios infatigables del tratado, o el pragmatismo de los partidarios se impondrá a la digresión ideológica de quienes lo combaten sin ser antieuropeístas?

Crisis de identidad europea

Las elecciones europeas del día 25 pueden agravar la crisis de identidad de la UE si, como se prevé, la participación es muy baja y las candidaturas euroescépticas y las de extrema derecha logran visibilidad política y minutos en la tribuna de oradores del Parlamento Europeo. Una encuesta difundida por Pollwatch, una web que computa los sondeos a escala nacional para elaborar un pronóstico de cuál puede ser la composición del nuevo Europarlamento, no deja lugar a dudas en cuanto a la igualdad entre socialdemócratas y centristas (208 a 217), que impide aventurar un vencedor, y da por hecho que la suma de eurófobos, euroescépticos y la alianza de siete partidos de extrema derecha, que oscilan entre el nacionalismo a gritos, la xenofobia y la ideología neonazi, superará seguramente los 70 diputados, suficientes para acentuar la desorientación de no pocos europeístas. La nacionalización de las campañas facilita las cosas a los agitadores que se oponen a la idea de una Europa con identidad política. Les basta con descargar en la interferencia, la incompetencia o la tutela de UE el origen de los males de la nación en crisis, sin necesidad de comprometerse con programas y datos concretos; les basta con exigir la vuelta a los orígenes, el regreso al Estado-nación con todos los resortes de la soberanía a su alcance. Les es suficiente una simple remisión de los problemas presentes a la incapacidad de los dirigentes europeos para reconocer que han estado lejos de acertar en muchas de sus decisiones. Como ha manifestado un funcionario de la UE, “no hay ningún mea culpa en las instancias dirigentes”, y eso facilita las cosas a sus adversarios.

Reparto de los 751 escaños del Parlamento Europeo de acuerdo con el cómputo global de las encuestas nacionales.

Reparto de los 751 escaños del Parlamento Europeo de acuerdo con el cómputo global de las encuestas nacionales.

El profesor Christoph Meyer, del King’s College de Londres, al analizar las expectativas electorales del United Kingdom Independence Party (UKIP), eurófobo, se refiere a la nacionalización de las campañas promovida por los grandes partidos para explicar el ascenso de los candidatos que aspiran a deseuropeizar la política. A pesar de que, más que en ninguna otra ocasión desde 1979, las próximas elecciones tienen una gran importancia política e institucional porque el nuevo Parlamento será el encargado de elegir al presidente de la Comisión de entre los candidatos que compiten, los partidos depositarios del statu quo político europeo han diseñado campañas cuya referencia son los problemas específicos de cada Estado. De tal manera que su proyecto europeo, de existir, queda oculto detrás de la charcutería política del día a día, del corto plazo y de la supervivencia de los estados mayores de los partidos y de los gobiernos. Es así como Europa se difumina y la única crítica acerca de ella es una crítica destructiva, sin alternativas, que muy a menudo toma prestados argumentos que manejan con sentido bien diferente los europeístas decepcionados con la marcha de la UE. “Con los líderes europeos que tenemos hoy, divididos, lentos y nada estimulantes, no me hago ninguna ilusión de que vayamos a poder detener la cascada [de los candidatos antieuropeístas]”, admite Timothy Garton Ash, un europeísta decepcionado con la marcha de los asuntos europeos. “Los partidos antieuropeos nacionalistas y xenófobos seducen a electores descorazonados por una Europa que estiman incapaz de protegerlos”, han escrito en el diario progresista francés Le Monde los analistas Claire Gatimois y Alain Salles. En esa desazón, en ese desánimo provocado por el comportamiento de los gobernantes europeos, subyace la sensación de que el pacto social de la posguerra –si se quiere, la preocupación social compartida con intensidad variable por socialdemócratas y democristianos– ha caído en el olvido a raíz o a causa de la globalización de la economía financiera. La austeridad se ha convertido en el estribillo machacón de los gestores de Europa de forma similar a como los predicadores de antaño prometían el paraíso en la otra vida a cambio de pasarlas canutas en esta. Cuando es posible que un partido político afirme sin mayor empacho –para el caso, el PP español– que España sale de la crisis, pero la Encuesta de Población Activa fija la tasa de paro en el 25,9%, cobra visos de realidad la impresión que tienen muchos de que han sido abandonados a su suerte, y las exigencias de las instituciones europeas, guiadas por las exigencias del modelo macroeconómico, tienen bastante de castigo inhumano, de cura de adelgazamiento que,a partir del propósito inicial de combatir la obesidad, provoca una anemia perniciosa. ¿A quién puede extrañar, entonces, que en siete países –Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia y Reino Unido– tenga la extrema derecha posibilidades ciertas de ganar las elecciones europeas o quedar en segundo lugar? La alianza cerrada hace un par de meses por Marine Le Pen (Frente Nacional, Francia) y Geert Wilders (Partido por la Libertad, Holanda) ha atraído a otras formaciones nacionalistas radicales y xenófobas, dispuestas a explotar los sentimientos políticos más primarios de segmentos sociales hartos de esperar una bonanza que nunca llega. Lo sorprendente no es esto, sino que los amortiguadores sociales que han sobrevivido a la poda del Estado del bienestar y la solidaridad familiar hayan evitado una extensión del fenómeno a otros países europeos, especialmente a España, donde la composición social del electorado del PP –con una facción muy conservadora, poco europeísta y muy influyente– quizá haya sido determinante para evitar la eclosión del huevo de la serpiente. Aun así, si se concreta en las urnas un ascenso de la extrema derecha como el que se pronostica, habrá que concluir, como hace Le Monde, que se tratará de “una honda de choque comparable a la provocada por la presencia de Jean-Marie Le Pen, dirigente entonces del Frente Nacional, en la segunda vuelta de la elección presidencial francesa del 2002”. Entonces, la alarma de los demócratas sumó votos para apoyar la reelección de Jacques Chirac, pero el coste fue altísimo: la batalla de las ideas, esencia de los sistemas deliberativos, se diluyó en las urgencias del momento. Hoy, un Parlamento Europeo colonizado por varias decenas de diputados antieuropeos puede inducir a los grandes partidos a cerrar filas –la gran coalición– a costa de renunciar al debate de los programas, de las propuestas de futuro que determinarán qué Europa nos espera, a quiénés beneficiará y quiénes deberán esperar por tiempo indefinido a ser rescatados del marasmo de la crisis. La esperanza de Garton Ash de que “quizá el éxito de esos partidos [la extrema derecha] movilice por fin a una generación de europeístas más jóvenes y les anime a defender unos logros que ahora dan por descontados”, diseña un futuro estimulante, pero ese quizá al principio de la frase justifica abrigar todo tipo de dudas. El distanciamiento de los europeos de las instituciones de la UE, recogido en las encuestas, es suficientemente expresivo como para temer que tenga reflejo en las urnas: con una alta abstención, signo inequívoco de que millones de ciudadanos entenderán el 25 de mayo que importa poco quien encabece a partir de entonces el Gobierno europeo; con el ascenso del tutti frutti antieuropeo, porque hay una corriente de opinión de fondo que favorece el voto contra la idea misma de la unidad europea. “Europa ha de ser fundamental”, dijo hace poco Javier Solana en un coloquio organizado por Esade, pero cada día son más los que lo ponen en duda, mientras que cada día son menos los que confían en que Europa sea capaz de ser “una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de Gobierno mundial”, en frase del mismo conferenciante. Es cierto, como asegura Herman Van Rompuy, que el populismo antieuropeo no nació con la crisis del euro, derivada de la crisis económica general, pero fue esa crisis, inmersos en la cual aún vivimos sin que nadie sepa cuál es su fecha de vencimiento, el resorte principal que ha acelerado la crisis de identidad y ha suministrado argumentos a los propagandistas del nacionalismo destemplado. Nada es nuevo del todo en ese decorado, pero nunca antes unas elecciones europeas se celebraron en un momento menos propicio para la reflexión y más viciado por la incertidumbre social. Porque solo admitiendo que el clima de inseguridad social se ha adueñado de Europa es posible entender cómo los sondeos otorgan la victoria al Frente Nacional en Francia, el segundo lugar al UKIP en el Reino Unido y el mismo resultado al Movimiento 5 Estrellas en Italia, por citar los pronósticos en tres de los grandes estados y de las grandes economías de la UE. Hablar, en suma, de crisis de identidad en la empresa europea hacia la unidad no es solo una frase: responde a una realidad precisa con efectos potencialmente muy lesivos para el futuro, porque el funcionamiento institucional de Europa será extremadamente débil si, al mismo tiempo, una parte significativa de los europeos no desean ser cómplices, sino que, antes al contrario, prefieren ser reconocidos como contrarios al proyecto político llamado Europa.

La Europa del ‘precariado’

Distribución por países de la población por debajo del umbral de la pobreza al estallar la crisis económica en el 2008. Fuente: CIA Factbook.

“Tanto las economías golpeadas por la crisis como las economías prósperas están fracasando en eliminar la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, como la educación, y mantener y repartir bienes colectivos, como reservas de peces y selvas tropicales, de manera efectiva y equitativa. Al mismo tiempo, las sociedades están cada vez más fragmentadas, dando lugar a que la soledad y las enfermedades relacionadas con el estrés vayan en aumento. Y las estructuras de gobierno se muestran inadecuadas para mejorar esta situación”. La frase no es de un líder de la izquierda radical ni de un activista antisistema, sino de la profesora Tania Singer del Instituto Max Planck, radicado en Leipzig (Alemania), y se refiere al desajuste social y emocional cada vez mayor desencadenado por la crisis económica y los presuntos remedios puestos en marcha. La frase es un retrato trágico del que sobresale ese fracaso en “eliminar la pobreza”, esa sensación de que está en marcha la construcción de un futuro sin futuro para millones de ciudadanos.

Mientras la profesora Singer ve la situación como un vaticinio de la desolación social que nos amenaza, asoma el Gobierno holandés, superado por la crisis y las estadísticas, y pone en boca del rey Guillermo Alejandro que el Estado del bienestar es insostenible y hay que ir hacia una “sociedad participativa”, concepto abstruso donde los haya que suena bastante a allá cada cual se las componga con sus recursos. Al Gobierno de liberales y socialdemócratas que anuncia el final del modelo europeo se le podrá acusar de cualquier cosa, pero no de andarse por las ramas: anuncia que se acabó la fiesta porque carece de recursos para pagarla. ¿Acaso es eso peor que desarmar todos los días una porción del Estado de bienestar para, se dice, ponerlo a salvo?

Cuando un Gobierno con el 80% de la opinión pública en contra de sus planes dice que el modelo social es insostenible, niega la viabilidad de una de las tesis que sostiene Singer: “Es tiempo de reemplazar el marco conceptual del homo economicus con un modelo que refleje la capacidad del ser humano de demostrar un comportamiento altruista y prosocial”. Esto es: el Gobierno holandés, por necesidad o por convicción, renuncia a buscar alternativas a la austeridad sin fronteras, los recortes de toda clase y el saneamiento del tejido económico mediante una operación devastadora de darwinismo social. En suma, el Ejecutivo de Holanda, como tantos otros, se recluye en los balances y prefiere soslayar el descoyuntamiento derivado de un único esfuerzo: lograr que los números cuadren.

Cuadro comparativo de la renta per cápita de los países de la UE. Fuente: Eurostat.

El político socialista Juan Fernando López Aguilar resume en una sola frase lo que está sucediendo: “Lo que se presenta como un éxito es, en realidad, allí donde existe (que, ojo, no es en todas partes), un crecimiento raquítico, sin empleo y sin esperanza para los jóvenes. Y todo siempre en perjuicio del modelo social que debería preservarse y del proyecto europeo”. Las organizaciones sociales lo resumen en la proyección de estadísticas para el 2025, según las cuales la Unión Europea cobijará 27 millones de pobres, de los que 2,6 millones residirán en Catalunya.

Al cruzar las opiniones con las cifras, acuden a la memoria las peores imágenes de películas localizadas en un futuro tan cercano como calamitoso. El hecho mismo de que aparezca en los informes una nueva clase social llamado precariado lo dice todo: el precariado es una tierra de nadie en la que se impone una economía de mera subsistencia, donde se vive a salto de mata –hoy tengo trabajo; mañana, no; pasado, ya veremos–; es una bolsa de ciudadanos cuyo modo de vida es vivir en precario. Si las cifras de desafección europea son las más altas en decenios, tal como indican las encuestas, ¿qué sucederá conforme crezca el precariado? ¿Es sostenible una organización política y económica como la UE cuando la mayoría de sus ciudadanos reniega de ella? ¿Quién irá a votar el año que viene la renovación del Parlamento Europeo?

Cuando las economías emergentes dejaron  de ser solo un concepto para convertirse en una realidad, enseguida se alzaron voces en Europa que hablaron del dúmping social practicado por algunos países, especialmente China, pero no solo ella. Aquellas voces, entonces tan escuchadas, han perdido fuerza paulatinamente y, paradojas de la historia, mientras las potencias emergentes encaran tímidamente la corrección de los desequilibrios sociales, en Europa se agravan, empujado todo el sistema por la necesidad de competir, asegurar mercados y contener la invasión de productos procedentes de las economías emergentes, favorecido todo ello por el programa liberalizador de la Organización Mundial de Comercio. Europa careció en el pasado de determinación o de voluntad política –la causa poco importa– para fijar obligaciones sociales a la expansión del comercio, y hoy el pensamiento ultraliberal europeo ha logrado imponer desregulaciones sociales para que sea posible competir.

El caso es que la de la UE sigue siendo la mayor economía del planeta –12,6 billones de euros al año– y, en consecuencia, está lejos de ser un muñeco roto sujeto a las leyes que imponen otros. Pero los cambios en el paisaje han inducido a los europeos a plegarse a las condiciones impuestas por terceros. Esos cambios son esencialmente dos, como recoge en un artículo Javier Solana: el crecimiento económico se desplaza hacia el este por primera vez en siglos y los países asiáticos son el primer socio comercial de la UE, por delante de Estados Unidos. Eso es algo más que un cambio de ciclo, es un cambio cultural de primer orden en el funcionamiento de la economía europea, cuyos costes sociales son incompatibles con la pugna por los mercados, colonizados a toda prisa por economías en el seno de las cuales la preocupación social tiende a cero.

La gran duda es si es sostenible –también aquí debe aplicarse el término– un entramado económico basado en la desregulación, la austeridad y el empobrecimiento de una parte no pequeña de la sociedad europea. Y, si lo es, la otra gran duda, quizá mayor que la anterior, es si es moralmente defendible un modelo sustentado en el empobrecimiento y la marginación de una parte significativa de la población. Es preciso introducir este enfoque humanista, más que humanitario, porque de ello depende en gran medida dar continuidad a la identidad europea, a esa larga peripecia histórica que encontró en la cohesión social el bálsamo a sus males mayores. En resumen, la gran duda es si cabe pensar en una Europa aligerada de conflictos entre estados si se imponen las doctrinas de los desequilibrios sociales.

Distribución de la pobreza en España por comunidades autónomas en el 2011. Fuente: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Un artículo publicado por el profesor Antón Costas en agosto del año pasado, respondía con mucha exactitud a esas dudas. “Todo estudiante de un curso de introducción a la economía de mercado aprende dos principios básicos –escribió Costas–. El primero es que las personas tienen distintas preferencias acerca de los bienes privados y las políticas públicas que mejor satisfacen su bienestar. El segundo es que los mercados y las políticas solo funcionan bien cuando tienen en cuenta esas preferencias sociales”. Lo menos que puede decirse es que ni el Gobierno holandés ni cuantos con él comulgan han tenido en cuenta principios tan elementales; está a la vuelta de la esquina el riesgo de que se evapore el Estado social y democrático de derecho que enuncia la Constitución española y que, con esas u otras palabras, se cita en las demás constituciones europeas.

Es interesante y aleccionador acudir al papa Francisco, cada día más original en su aproximación a la vida cotidiana: “Me dan miedo los laboratorios –dice en una entrevista– porque en el laboratorio se toman los problemas y se los lleva uno a su casa, fuera de su contexto, para domesticarlos, para darles un barniz” (La Civiltà Cattolica, revista de la Compañía de Jesús). Ciertamente, los laboratorios sociales dan miedo; los analistas financieros que los inspiran, resultan aún más inquietantes, y los gestores que aplican sus dictámenes causan pavor porque todo se reduce a un laberinto de cifras –la prima de riesgo, el pacto de Toledo, la presión fiscal, los contratos a tiempo parcial, las pensiones, la supervivencia del euro, el saneamiento de los bancos, el déficit–, todo se reduce a un entramado vertiginoso cuyo mayor logro ha sido alumbrar el precariado en nombre de la sostenibilidad. No hay forma de aceptar que vamos por el buen camino.