Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Francia mira a la derecha

“La política de la angustia ha colocado a los electores del Reino Unido y de Estados Unidos entre las manos de los populistas”, afirma Alexander Friedman, presidente de la compañía de inversiones GAM, en un artículo publicado por el periódico progresista francés Le Monde. Cuatro puntos del texto resultan especialmente ilustrativos de la situación que atraviesan las economías avanzadas y las sociedades que las cobijan: la crisis de 2008 ha acabado con los juegos de manos de la ingeniería financiera, el envejecimiento de las poblaciones lastra las cuentas de los sistemas de protección social, crecen las desigualdades y, lo que resulta acaso más preocupante, el efecto beneficioso de la nueva economía es posible que requiera una década o más para que sea algo tangible para la mayoría. Conclusión: “La desaceleración actual del crecimiento y la reacción política nos remiten a los años 30”, y la esperanza de Friedman es que el correlato de todo ello no sea el aislacionismo y el proteccionismo que precedió a la hecatombe de la segunda guerra mundial.

La dosis de esperanza que cierra el artículo responde más a un deseo que a una realidad, incluso para alguien como Friedman, un financiero experimentado. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, proclamó la necesidad de refundar el capitalismo cuando la crisis se adueñó de todos los escenarios, pero hoy no hay nada más parecido al nacionalismo proteccionista, excluyente y muy poco europeísta de Marine Le Pen, candidata ultra (Frente Nacional) a la presidencia de Francia, que el discurso endurecido de Sarkozy, de esa creencia suya, no confesada o admitida, pero practicada, en que la única forma de contener a la extrema derecha es adoptar su programa. La transformación sarkoziana no es, por lo demás, un gesto original, sino un modelo que atrae voluntades y puede convertirse en una cultura política hegemónica a poco que el conservadurismo clásico se deje llevar por necesidades electorales apremiantes.

El gesto de Emmanuel Macron, hasta fecha reciente estrella rutilante del Gobierno de Manuel Valls, socialdemócrata bastante desteñido este último, marcha en sentido parecido: un corrimiento del pensamiento progresista –si es que Macron militó en él alguna vez– hacia posiciones liberales, neoliberales o posliberales, en cualquier caso partidarias de abundar en un realismo económico de efectos nocivos a tenor de lo vivido hasta ahora en otros países. Macron no solo cree que puede llegar al Eliseo con un programa que para la tradición política del socialismo francés resulta inaceptable, sino que el presidente François Hollande, el fracaso de este, es el argumento central para justificar su propuesta reformadora de perfil conservador. Y así, Macron pretende ocupar el espacio dejado al descubierto por los conservadores, a pesar de que allí se ha instalado el exprimer ministro Alain Juppé, el candidato mejor situado para batir desde la derecha a Marine Le Pen, según todas las encuestas, y también a la izquierda, caída en el desprestigio, la desorientación ideológica y la división.

La situación no es enteramente nueva, porque en 2002 la presidencia se dilucidó entre Jacques Chirac, votado por la izquierda con una pinza en la nariz, y Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional. La diferencia es que entonces ni siquiera se vislumbraba la crisis económica, tampoco los efectos de la crisis migratoria habían abierto una crisis de identidad en las sociedades europeas y solo una minoría nacionalista discutía las reglas del juego de la Unión Europea (el euro era un juguete recién estrenado con fallos estructurales de origen que parecían superables). Además, por aquel entonces, la socialdemocracia era la alternativa conocida de la derecha y hoy lo son diferentes formas de populismo alimentadas por la angustia citada por Friedman en su artículo.

Esa angustia que enajena los análisis mantiene todos los días en el recuerdo la sacudida emocional experimentada por el país desde la matanza en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo (7 de enero de 2015) a los muertos de Niza (14 de julio de este año), con ese punto de no retorno de la noche del 13 de noviembre de 2015 en París (130 muertos), que llevó a Hollande a declarar que Francia está en guerra. Hay en esa secuencia luctuosa de ataques todos los ingredientes para que una parte de una comunidad sin grandes referencias ideológicas en el presente se repliegue sobre sí misma de la mano de la extrema derecha. Ya no son solo las incógnitas de la economía las que desasosiegan a muchos ciudadanos, sino la creencia de que un poderoso adversario se ha metido en el cuarto de estar y debe combatírsele sin contemplaciones.

Francia se encamina así hacia una extraña contienda para elegir presidente la primavera próxima en la que la derecha –al menos una parte de ella– quiere asemejarse a la extrema derecha nacionalista y xenófoba, y la socialdemocracia o quienes de ella proceden creen que la victoria está en adoptar el programa de la derecha con unas gotas de mala conciencia, no muchas, y pequeñas dosis de críticas muy contenidas a la austeridad. Que eso contribuya al desprestigio de la política, es más que probable; que todo ello redunde en la articulación de un confuso reparto de papeles entre partidos y candidatos, donde nadie será lo que parece, es también más que probable. Frente a una sociedad que reclama con razón saber qué le deparará el futuro puede que se alce un telón traslúcido que solo dejará entrever sombras difusas, perfiles confusos (una versión posmoderna y zafia del mito de la caverna).

¿Cómo afecta a la democracia ese corrimiento de tierras hacia la derecha? ¿La adulteración de los programas o su constante incumplimiento deslegitima un sistema democrático? ¿Acaso las exigencias de la revolución tecnológica y la nueva economía requieren un recorte de las culturas democráticas? ¿La globalización amenaza la democracia porque alimenta el descontento en amplias capas sociales, condenadas a empobrecerse? Las preguntas no son solo aplicables a Francia, pero allí tienen todo el sentido y plantean una doble incógnita sobre los efectos del desapego al sistema de capas de población cada vez más nutridas y sobre la aparición de movimientos alternativos de estructura asamblearia –Nuit Debout en especial–, depositarios de reivindicaciones radicales y programas inconcretos, con una incidencia electoral que es también una incógnita si alumbran una candidatura o partido al estilo de Podemos.

Pourquoi désobéir en démocratie?, libro publicado en 2011, escrito por el sociólogo Albert Ogien y la filósofa Sandra Laugier, aborda la desobediencia civil y las nuevas formas de ocupación pacífica de la vía pública como mecanismos legítimos de acción política contra la injusticia, la desigualdad y la dominación. Los autores entienden que ante situaciones extremas “el ciudadano no puede responder más que con la desobediencia, ya que la acción política debe meditarse”. El caso es que las encuestas hechas durante este año registran justo lo contrario: la aceptación por segmentos sociales muy variados –transversales se diría– de formas de poder autoritarias y excluyentes, muy lejos de congregar mayorías las iniciativas estudiadas por Ogien y Laugier. Y esta Francia en la confusión extrema, sacudida por la crisis del Estado de bienestar y el miedo a perder el confort conocido en el pasado, es solo una referencia junto a otras muchas, de Alemania a Holanda, de Polonia a Hungría, de aquí y de allá, en una Europa donde la extrema derecha exhibe un vigor sin parangón durante los últimos setenta años. ¿Puede la UE seguir imponiendo recetas que arrecian el descontento y movilizan a sus adversarios, muñidores de sociedades instaladas en el miedo? Muy pocos parecen dispuestos a rectificar.

 

Nada se cerrará en Mosul

La batalla de Mosul no será la madre de todas las batallas en la desventurada historia de Irak desde la intervención de Estados Unidos en marzo del 2003 (la anterior tampoco fue muy venturosa). Puede que sea una amarga derrota para el Estado Islámico, incluso la de su definitivo debilitamiento, pero no es de prever en ningún caso que sea aquella que liquide la convulsión permanente en la que vive el mundo musulmán y que, desde él, alcanza a Europa, a Estados Unidos y a buena parte de África. La operación desencadenada por el Ejército iraquí con la inestimable ayuda de los peshmergas kurdos y la aún mayor o más determinante de la aviación estadounidense, más algunas milicias locales movilizadas para el caso, pretende desposeer al califato de la mayor de sus conquistas, de la que dio pie a su proclamación y a la transmutación de Abú Bakr al Bagdadi en el califa Ibrahim, pero incluso si el ataque cubre este objetivo, pervivirá y se mantendrá como un poderoso banderín de enganche en el orbe musulmán la doctrina del martirio, del supremo sacrificio en defensa del islam y contra el mundo occidental y sus aliados.

Analistas y think tanks de todo el mundo comparten esta opinión, que no es fruto del pesimismo, sino del poder multiplicador y de agitación que la yihad de nuestros días ha demostrado por encima de cualquier previsión que se pudiera haber hecho a priori. El poder de atracción de la yihad predicada por el Estado Islámico, también por Al Qaeda y sus franquicias, reside en el desafío a cuanto forma parte del establishment político internacional más que en las referencias doctrinales: el Corán, las enseñanza del profeta, las de los doctores en ley islámica. Hay una nebulosa ideológica de base religiosa que justifica la acción directa, pero su simplicidad queda muy lejos de la mejor tradición del pensamiento musulmán desde los días de Ibn Jaldún (siglo XIV). Prevalece, en cambio, la herencia del sectarismo rampante del wahabismo (siglo XVIII), inductor de un islam ensimismado y enemigo de toda influencia del exterior; enemigo de ir más allá de la tradición más remota y retrógrada.

Una derrota yihadista en el campo de batalla es insuficiente porque hay un componente cultural, de aversión a la mirada sobre el mundo difundida por Occidente desde el periodo colonial, que hoy atrae voluntades hacia las filas islamistas, pero que en un pasado no muy lejano fascinó a una minoría de jóvenes europeos dispuestos a justificar la praxis de la extrema izquierda en armas: las Brigadas Rojas, el grupo Baader-Meinhof  y algún otro movimiento de parecido registro. Se trataba de un alzamiento contra la cultura europea alimentado por europeos de ascendencia europea; se trata hoy de un alzamiento contra el legado político y cultural occidental dentro y fuera de Europa donde coinciden musulmanes de todo el mundo cautivados por la confusa idea de restaurar el esplendor del pasado, incluidos europeos de ascendencia cultural islámica –hijos o nietos de inmigrantes–, más conversos al islam, mayoritariamente europeos, en busca de una causa suprema para sobreponerse a una existencia insatisfactoria.

Que esto forme parte del desarrollo histórico de una determinada versión del islam o sea solo una forma posmoderna de nihilismo extremo es menos importante que su poder de atracción. También la prédica yihadista ha suplantado la distinción entre yihad mayor –el esfuerzo del creyente por ser cada día mejor musulmán– y menor –aquella que equivale al combate contra los enemigos del islam– por la idea más simple y radical de guerra santa como significado único de yihad, pero lo que en verdad importa es su éxito propagandístico. Lo que ahora aparece como un nuevo enigma es qué efecto puede tener la ocupación de Mosul después de una espera inevitablemente larga y sangrienta según todos los cálculos. ¿Puede la pérdida de Mosul sumar más efectivos a esta yihad universal frente a la que las grandes potencias dudan o se enfrentan a la menor ocasión –Estados Unidos y Rusia– y sunís y chiís aportan a la tragedia los ingredientes de un litigio político-religioso que se remonta al siglo VII?

Al mismo tiempo que crece el temor de que el desenlace de la batalla de Mosul condene a la población civil a sufrir una carnicería, aumentan las voces de quienes alertan que la eventual caída de Mosul puede propiciar la exportación en todas direcciones de muyahidines convencidos de que nada tienen que perder salvo la vida. O que, si el Estado Islámico pierde Mosul, logre expandirse con éxito en entornos muy vulnerables y asequibles como Libia, donde ya está presente (costa este), a un corto paseo de Europa, sin que ninguna fuerza organizada y estable esté en condiciones de hacerle frente por el momento (Libia es el último modelo de Estado fallido). Si al acertijo se suman la disparatada acometida de la extrema derecha en Europa y Estados Unidos –Donald Trump no es el único– contra todo lo musulmán o lo supuestamente musulmán, el riesgo de que nada mejore después de una victoria, sino al contrario, tiene cada día más adeptos.

Son demasiadas las veces que se han hecho diagnósticos apresurados después de algún suceso relevante: el apresamiento de Sadam Husein, la muerte de Osama bin Laden, los ultimátums de Barack Obama dirigidos a Sirua entre 2011 y 2012 y tantos otros. En todos los casos otra realidad se impuso al futuro vislumbrado por los estrategas, y es difícil pensar que, en el caso de Mosul, no sucederá lo mismo con el diseño del día siguiente al final de la batalla. El yihadismo ha cubierto un largo recorrido como para pensar que puede moderarse y mucho menos extinguirse a causa de la suerte final que corra el califato, porque la capacidad de adaptación a las circunstancias es una de las características del desafío fundamentalista con diferentes modalidades de organización y praxis. Subsisten además, inconmovibles, los ingredientes políticos, sociales, económicos y religiosos que a ojos de los combatientes legitiman su lucha, y no aparece en el horizonte ninguna rectificación en la simplificación occidental de abordar el problema como un asunto que requiere una gestión eminentemente militar y de seguridad.

Nada es fruto de la casualidad en esta larga crisis de identidad en el seno del islam, y que el islam ha transferido a las sociedades occidentales; hay factores endógenos y exógenos que explican esta violencia exacerbada que Olivier Roy trata de comprender en Le djihad et la mort “en paralelo con otras formas de violencia y de radicalidad que le son muy próximas (revuelta generacional, autodestrucción, ruptura radical con la sociedad, estética de la violencia, inclusión del individuo que ha roto con el entorno en un gran relato globalizado, sectas apocalípticas)”.  Y hay también, por encima de razonamientos ideológicos, la convicción del muyahidín de la inevitabilidad de la victoria, tarde esta lo que tarde, tenga el coste que tenga, una convicción que reduce la importancia de las derrotas y acrecienta el valor mitológico de las victorias porque se interpretan en el campo yihadista como la confirmación de que el camino elegido por el combatiente es el correcto. Nada, por lo demás, especialmente original, sino bastante común a todas las guerras, las de religión y las otras.

Siria o la estrategia del horror

Si alguien pensó alguna vez que el grado de embrutecimiento en la guerra de Siria había alcanzado cotas nauseabundas, el bombardeo de un convoy con ayuda para los sitiados de Alepo ha demostrado que ninguna villanía es insuperable sin que, por lo demás, la comunidad internacional disponga de un instrumento eficaz para contener el horror. La ineficacia de las Naciones Unidas es tan clamorosamente palpable como la indolencia de Rusia y Estados Unidos, enzarzados sus diplomáticos en un intercambio de acusaciones y reproches que descansan sobre las espaldas de una población martirizada, la siria, convertida en carne de cañón. Cualquier excusa tiene cabida para encubrir la verdad: el Pentágono dice que fue un error el bombardeo de soldados sirios, el Gobierno de Siria niega haber bombardeado con bidones que contenían gas de cloro, Rusia se desentiende del ataque a los camiones de la Media Luna Roja. Se diría que las víctimas, repentinamente poseídas por institutos suicidas, han sido a su vez victimarios, se han bombardeado a sí mismas y han optado por aniquilarse por iniciativa propia.

Sostiene Laurent Bigorgne, director del Instituto Montaigne, de orientación liberal, que la sociedad francesa ha enfermado a causa de su relación disfuncional con la realidad. Quizá no se trata solo de un fenómeno francés, sino de una epidemia que se extiende en todas direcciones y que oculta una realidad, la profundidad de la crisis siria, crisol en el que cristalizaron el Estado Islámico y la crisis de los refugiados, que se encadena a su vez con la crisis de identidad europea, y esta, también a su vez, con el desafío –otra crisis– de los populismos vociferantes de extrema derecha, del renacer de la nación como fin primero y último de identidades colectivas que se remontan a la noche de los tiempos, a edades de oro que nunca existieron, pero dotadas de un poder hipnótico extraordinario.

En la tragedia siria se ha producido un empate histórico entre adversarios que contamina el presente, mantiene al mundo árabe-musulmán uncido a sus peores demonios familiares, justifica o facilita la extensión de la yihad a cualquier lugar y siembre la semilla de la división en las sociedades occidentales. Pero en la Asamblea General de la ONU esta semana, y siempre en el Consejo de Seguridad, se impone la lógica de la parálisis provocada por una estructura de poder en la que nada es posible sin la complicidad de las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial o la inhibición de alguna de ellas. Nada puede detener el trasiego de ataúdes, el flujo incesante de refugiados, la influencia de predicadores iluminados que llaman a la guerra santa y todo cuanto procede de Siria –Irak también– y aledaños si no se dan por lo menos estas  condiciones:

-Un acuerdo sin reservas de Estados Unidos y Rusia, aceptado por Irán y China, para detener los combates contras las diferentes oposiciones sirias legitimadas por la comunidad internacional.

-Neutralizar al Estado Islámico y a Al Nusra mediante una alianza internacional con un mando razonablemente unificado.

-Desarmar a las milicias en cuanto cesen las hostilidades.

-Acordar un mecanismo de liquidación del régimen de Bashar al Asad y su sustitución por otro transitorio en el que tengan cabida todas las ideologías, incluido el islamismo político.

-Crear un fondo para la reconstrucción del país que permita el retorno de quienes lo dejaron acosados por la guerra.

-Poner sobre la mesa el espinoso asunto de los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, tierra irredenta con un valor propagandístico nada desdeñable en el universo yihadista.

Pero este programa de mínimos o de máximos, según se mire, barajado por think tanks de prestigio, es inalcanzable: responde al escenario internacional de nuestros días, pero en la ONU se aborda con un reparto de papeles heredado del pasado –la victoria aliada frente Alemania, el poder ilimitado de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para bloquear toda decisión que entiendan contraria a sus intereses, el poso dejado por la guerra fría–, cuando los riesgos de una confrontación nuclear hicieron posible la consolidación de un sistema con reglas precisas. Hoy no hay sistema o funciona a precario, el vector de la inestabilidad y la inseguridad –dos caras de la misma moneda– todo lo condiciona y el multilateralismo promovido por la Administración de Barack Obama es más una adaptación a las circunstancias que una herramienta para la resolución de conflictos acuciantes, asimétricos, que desafían a las naciones, a los actores políticos reconocidos por la comunidad internacional.

La restauración del orgullo nacional ruso emprendida por Vladimir Putin, que incluye su defensa del régimen sirio frente a cualquier oposición, incluida la no yihadista, es viable en gran medida por la ausencia de sistema, por la falta de equilibrio entre actores políticos enfrentados, cuyo precedente más antiguo cabe situar en la paz de Westfalia (1648), de acuerdo con el argumento desarrollado con rigor por Henry Kissinger en Orden mundial, su último libro. Puede que sea esta una conclusión excesivamente eurocéntrica o un enfoque solo occidental, pero el bloqueo de la situación en Siria induce a pensar que la segunda guerra fría en ciernes tiende a ser un remedo incompleto y bastante más inestable de la primera, cuando la delimitación de bloques y de alianzas militares permitió desarrollar una lógica negociadora, con frecuencia brutal y desabrida, es cierto, pero con códigos precisos.

La primera conclusión a la que llega Natalie Nougayrède en un artículo publicado en el diario liberal británico The Guardian no hace más que reforzar la idea de que la Casa Blanca acepta con resignación que Putin sea quien fije la agenda. Entiende la analista que Obama aceptó hace tiempo que la seguridad de Estados Unidos y de Occidente en general no está en juego en la guerra civil siria y que, en consecuencia, es preferible adoptar una política de contención antes que solucionar el conflicto mediante una implicación más decidida en las operaciones militares. Esto es, Estados Unidos acepta como mal menor que prevalezca la estrategia rusa si de esta forma evita enfangarse en una nueva guerra en Oriente Próximo. El altísimo precio de tal planteamiento es sacrificar a la comunidad siria en el altar del posibilismo, otorgar a la guerra la categoría de crisis crónica y dejar a los refugiados en tierra de nadie entre la división europea, el oportunismo turco y la brega de las onegés para evitar que la tragedia sea aún mayor.

Hay varios aspectos discutibles en el análisis de riesgos al que se acoge el equipo de Obama. El más relevante tiene que ver con la exportación de muyahidines desde Siria al resto del mundo (expansión del terrorismo global), que siembran el pánico en Europa y Estados Unidos sobre todo, alimentan la islamofobia, justifican la aplicación de estrategias de seguridad invasivas de la vida cotidiana de los ciudadanos e incitan la fractura social. Todo lo cual, con ser extremadamente grave, lo es acaso menos que la actitud vesánica de Asad y de Putin, que “no son solo indiferentes a los crímenes contra la humanidad, sino que creen que sirven a sus propósitos”, como escribe Nougayrède. El horror de Kurtz, el personaje de El corazón de las tinieblas, hecho realidad.

 

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

La extenuación saharaui

La muerte de Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), devuelve a un lugar destacado el tan a menudo olvidado conflicto del Sáhara Occidental, que se remonta a 1975. Ninguna de las iniciativas promovidas por la comunidad internacional para rescatar al pueblo saharaui de la vida precaria en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) ha desatascado un conflicto que Marruecos, de facto, da por amortizado, y sucesivos gobiernos argelinos han sustentado como parte de su disposición a mantener la vigencia de su enfrentamiento con Marruecos. Tampoco han sido especialmente fructíferos los intentos de varios gobiernos españoles de mediar en el conflicto, y demasiadas veces la política de las emociones se ha impuesto a la de los hechos, al dato ineludible de que 40 años de resistencia no han aportado mejoras reconocibles a los saharauis acampados en el desierto.

Como ha explicado Beatriz Mesa en EL PERIÓDICO, la estrategia política del Frente Polisario, fundado en 1973, emite señales de agotamiento, defrauda desde hace tiempo a una parte importante de la juventud saharaui y ha perdido el prestigio del que gozó en el pasado. El anquilosamiento de las estructuras del movimiento y la voluntad de sus dirigentes de perpetuarse en el poder han inducido cada día a más refugiados a preguntarse qué sentido tiene seguir en el desierto si, a la hora de la verdad, la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación forma parte de los sueños irrealizables. Dicho de otra forma: a qué puerto de llegada conduce encastillarse en la reivindicación de la independencia.

Aunque la Unión Africana ha reconocido a la RASD, la causa saharaui despierta simpatías en Europa, singularmente en España, y los programas sociales sirven para atenuar los efectos del exilio, lo cierto es que el bloqueo de la situación, las relaciones de Marruecos con España y los argumentos a favor de la anexión esgrimidos por el grueso de la comunidad académica y de los intelectuales marroquís apenas dejan margen de maniobra. Un autor tan relevante de la cultura marroquí de expresión francesa como Tahar ben Jelloun ha escrito: “Cada vez que Marruecos propone una solución, es seguro que Argelia se opondrá. Este escenario simplista es desgraciadamente cierto. Lo que está en juego en este caso no es ni la autodeterminación del pueblo saharaui, que vive bajo la presión de Argelia en las tiendas de Tinduf, ni el respeto a los principios y valores democráticos, sino el rechazo sistemático a lo que es Marruecos: un vecino incómodo al que no se puede mover de sitio”.

Incluso admitiendo que el parecer de Ben Jelloun es discutible, y que recoge en todos sus extremos la posición de palacio y de todos los gobiernos de Rabat desde 1975, hay en la opinión pública marroquí un sentimiento poco menos que unánime en cuanto a la pertenencia histórica del Sáhara Occidental al reino. Más allá de la fantasía desbocada que invoca el gran Marruecos que existió en un pasado del todo confuso, ha arraigado la sensación de que la salida al conflicto saharaui debe buscarse en formas que excluyan la independencia y garanticen, al mismo tiempo, que los acampados en Tinduf no serán absorbidos o asimilados y su cultura no se disolverá en el entramado sociopolítico marroquí. Otros caminos son teóricamente posibles, pero no se adivina quiénes pueden forzar la situación para que sean viables y para que Marruecos se resigne, llegado el caso, a perder la gestión de los recursos naturales –fosfatos, pesca y otros– de la excolonia española.

La multiplicación de declaraciones, resoluciones, gestiones diplomáticas con participación de nombres de peso como el de James Baker, idas y venidas de los líderes saharauis y toda clase de campañas internacionales han tenido una eficacia que tiende a cero. Es más que posible que los argumentos morales estén del lado de los saharauis, pero estos son insuficientes para desenredar la madeja según se puede comprobar. No falta razón a quienes entienden que el pueblo saharaui fue víctima de un doble atropello: el de una descolonización sin garantías por parte de España y el causado por Hasán II al poner en movimiento una multitud para ocupar el territorio, pero la comunidad internacional se puso de perfil y las reglas de juego de la guerra hicieron el resto. Que luego la ONU concluyera que no podía considerarse a Marruecos potencia administradora tuvo tanto valor jurídico como nulos efectos prácticos.

Al mismo tiempo, es perfectamente reconocible la utilización del conflicto por Argelia y, por tal razón, el porvenir incierto que aguarda a los instalados en campos de refugiados. La protección argelina de la causa saharaui responde a intereses reseñables relacionados con la influencia regional, con las ventas de petróleo y gas como armas de presión sobre terceros y como método para contrapesar la importancia de Marruecos en términos de seguridad (control del yihadismo en el Magreb) y de atenuación de los flujos migratorios. Esa lógica argelina responde a las necesidades y al cálculo de riesgos de hoy, que pueden no ser los de un futuro lleno de incógnitas a causa del cambio generacional que se avecina en los pasillos del poder en Argel y del ocaso del presidente Abdelaziz Buteflika.

La alternativa autonomista, denostada por los ideólogos de la independencia, queda lejos de los objetivos iniciales de la resistencia, pero se antoja factible, que no fácil. Desde que el 21 de abril del 2008, Peter van Walsum, enviado especial del secretario general de la ONU, declaró que “un Sáhara Occidental independiente no es una proposición realista”, ha ganado enteros la opción autonomista y se ha debilitado la de la autodeterminación, con la consiguiente controversia interna en el seno de la comunidad saharaui entre los jóvenes que propugnan romper la tregua de 1991 y volver a las armas y los que forman en el bando partidario de aceptar la autonomía como la solución menos mala para disfrutar de condiciones de vida dignas y despejar el camino a las generaciones venideras. Ni siquiera el rebrote de la resistencia en el 2010 ha modificado los términos de estos dos enfoques excluyentes y que entrañan el riesgo cierto de fractura en la sociedad saharaui.

Se dan en el conflicto del Sáhara Occidental factores históricos que sustentan el deseo de lograr la independencia, pero hay demasiados datos que operan en su contra: debilidad demográfica –cerca de 600.000 habitantes–, ensimismamiento de la RASD, el sistema de alianzas de Marruecos, la atonía argelina y varios factores de índole económica. Frente a ese marco de referencia, tienen menos importancia efectiva a cada año que pasa las discusiones sobre la legitimidad de la ocupación marroquí a partir de la Marcha Verde (1975), de la guerra, del alto el fuego y de la división del territorio mediante una barrera defensiva que se extiende de norte a sur. Y, al mismo tiempo, son cada día más los saharauis que no han conocido otro hogar que campamentos en medio del desierto, educados en una cultura de la resistencia agotadora y sin más horizonte que subsistir en medio de la nada desde hace 40 extenuantes años. El precio pagado parece demasiado alto como para no rectificar el rumbo aunque se tenga razón.

Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

Esperando a Marine Le Pen

Los resultados obtenidos por el Frente Nacional (FN) en la primera vuelta de las elecciones regionales celebradas en Francia el día 6 no hicieron más que confirmar que Marine Le Pen, más pronto que tarde, puede ser una candidata con posibilidades reales de ganar la presidencia de la República. El hecho de que la abstención llegase el último domingo al 50%, voto más voto menos, y el vaticinio de las encuestas para la segunda vuelta de este fin de semana, que otorgan a la derecha y a la izquierda tradicionales capacidad de reacción para moderar la victoria de la extrema derecha, son datos insuficientes para no admitir que el viento sopla de popa en el campo ultra mientras que para sus adversarios sopla de frente. El cansancio político se ha adueñado de una parte de la Francia profunda, de aquella que ve con desconfianza, cuando no con temor, la articulación de una sociedad multicultural, con riesgos cada vez mayores de fractura, con el pacto republicano puesto en discusión por minorías cada día más activas, menos dispuestas a asumir como propios los valores constitutivos de la nación.

Nada de eso es poca cosa en una comunidad poseída históricamente por el debate político y el don de la palabra. De ahí la sorpresa de muchas voces que critican a los socialistas y a los seguidores de Nicolas Sarkozy, su propensión a las soluciones de emergencia cuando se tuercen unas elecciones y su nula disposición a analizar qué sucede en Francia hoy sin perderse en estériles discusiones ideológicas o, lo que es peor, en rectificaciones sobre la marcha encaminadas a neutralizar a la extrema derecha mediante propuestas inspiradas en la prédica ultra. Así los republicanos de Sarkozy, con su conservadurismo extremo, y así también el insistente recurso de François Hollande a la palabra guerra a partir del ataque terrorista de París del 13 de noviembre.

“A riesgo de parecer ciegos y sordos, el primer ministro [Manuel Valls] y el presidente de los republicanos [Nicolas Sarkozy] han cerrado secamente la puerta a todo examen de conciencia inmediato y se han parapetado en su postura de ‘mejor fortaleza’ ante el Frente Nacional”, se afirma en un editorial del diario progresista Le Monde. No hay sitio para la autocrítica, todo se aplaza hasta después de la segunda vuelta, pero entonces, habida cuenta de que las elecciones regionales apenas atraen el interés de los electores, es improbable que alguien vaya más allá de la retórica. Mientras, Marine Le Pen pronostica que el auge de los suyos contaminará el comportamiento electoral de otros países hasta poner en jaque la idea misma de la unidad europea, que la extrema derecha, ultranacionalista y xenófoba, denuesta mañana, tarde y noche.

Nadie puede llamarse a engaño: Francia es uno de los pilares esenciales del proyecto europeo y Martín Schulz, presidente de la Eurocámara, está en lo cierto cuando afirma que la multiplicación de resultados como los de Francia pone en peligro la construcción europea. La suposición expresada por Sarkozy en el periódico conservador Le Figaro de que los suyos “son la única alternativa creíble” resulta tan discutible como el convencimiento de Valls de que el posibilismo del Gobierno corregirá la tendencia de un electorado cada día más alejado de las fuerzas convencionales, de las que creen, quizá equivocadamente, que serán ellas las que se disputarán la jefatura del Estado la primavera del 2017.

Hay suficientes instrumentos de análisis sobre la mesa para pensar que el futuro puede ser muy otro. Después de los impactos de la diversidad cultural, de la zozobra de la crisis económica y de los síntomas de fractura social, el periodo transcurrido entre el atentado contra Charlie Hebdo y la noche de pesadilla del 13 de noviembre, más la crisis de los refugiados y la concentración de simpapeles en Calais, han llenado de argumentos el zurrón de la demagogia populista del Frente Nacional, en una atmósfera de inseguridad colectiva y de crisis de identidad. Si se dijo en el 2002, cuando Jean-Marie Le Pen disputó el sillón del Eliseo a Jacques Chirac en la segunda vuelta de la elección presidencial, que el éxito del líder ultra respondía a la reacción de una sociedad envejecida y asustada por un futuro incierto, ¿qué decir hoy, a qué atribuir ese lento, pero permanente afianzamiento de Marine Le Pen como cabeza visible de un segmento social cada vez más amplio?

Una respuesta verosímil se encuentra en el reportaje publicado por el semanario de izquierdas L’ObsLe Nouvel Observateur para los clásicos– antes de la primera vuelta de las regionales. Consistió en una recopilación de las opiniones de doce nuevos electores del FN que dio pie a una conclusión de quien lo firmaba: “De entrada, su carburante, el motor de sus sentimientos, aquello que los arroja en brazos de Marine Le Pen, ha quedado desvelado: el miedo. Siempre, en todas partes”. En el último número del mismo semanario, Jean Daniel llama a votar para evitar que cambie completamente el rosto de Francia, para que no quepa preguntarse a partir del lunes, “al cruzarse con alguien en la calle, si él es o no un elector del FN”. Pero el miedo está ahí y el escepticismo también, ese estado de ánimo que induce a muchos a quedarse en casa y a entender su ausencia de las urnas como un castigo al establishment.

Otra respuesta verosímil se oculta detrás de la campaña de relaciones públicas emprendida por la líder de la extrema derecha para limar las aristas más cortantes del programa de su partido y para alejarse de la figura de su padre, compendio absoluto del peor pasado de Francia. El Frente Nacional ha dejado de tener a ojos de muchos el perfil ominoso de la extrema derecha; se ha convertido en una formación nacionalista conservadora, con algunas inquietudes sociales y dispuesta a poner a salvo de la globalización, de la unidad europea, de la multiculturalidad y del mestizaje los rasgos esenciales de Francia. Se ha despoblado a ritmo constante el bando de cuantos, desde diferentes registros ideológicos, creen que la llegada de Marine Le Pen a la presidencia cambiaría el ADN de la República más allá de todo cálculo; la hija de Jean-Marie Le Pen no es la figura exótica que fue su padre desde 1974, cuando se presentó por primera vez a unas presidenciales, y hasta el 2002.

A muchos a quienes el futuro les inspira miedo, el Frente Nacional no se lo da. Por el contrario, ven en él la estabilidad emocional y cultural que asocian con el pasado, cuando debates aventados hoy por todos los partidos como los silbidos durante la interpretación de La Marsellesa en un campo de fútbol, el uso del velo, la discriminación social o la islamofobia, por citar solo algunos, apenas traspasaban los muros de los recintos académicos. Y esos añorantes del pasado esperan que la primavera del 2017 sea la de Marine Le Pen, la de su llegada al Eliseo para preservar la nación de quienes están dispuestos a disolverla, suelen decir, en un universo que les resulta indescifrable.