Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

La extenuación saharaui

La muerte de Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), devuelve a un lugar destacado el tan a menudo olvidado conflicto del Sáhara Occidental, que se remonta a 1975. Ninguna de las iniciativas promovidas por la comunidad internacional para rescatar al pueblo saharaui de la vida precaria en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) ha desatascado un conflicto que Marruecos, de facto, da por amortizado, y sucesivos gobiernos argelinos han sustentado como parte de su disposición a mantener la vigencia de su enfrentamiento con Marruecos. Tampoco han sido especialmente fructíferos los intentos de varios gobiernos españoles de mediar en el conflicto, y demasiadas veces la política de las emociones se ha impuesto a la de los hechos, al dato ineludible de que 40 años de resistencia no han aportado mejoras reconocibles a los saharauis acampados en el desierto.

Como ha explicado Beatriz Mesa en EL PERIÓDICO, la estrategia política del Frente Polisario, fundado en 1973, emite señales de agotamiento, defrauda desde hace tiempo a una parte importante de la juventud saharaui y ha perdido el prestigio del que gozó en el pasado. El anquilosamiento de las estructuras del movimiento y la voluntad de sus dirigentes de perpetuarse en el poder han inducido cada día a más refugiados a preguntarse qué sentido tiene seguir en el desierto si, a la hora de la verdad, la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación forma parte de los sueños irrealizables. Dicho de otra forma: a qué puerto de llegada conduce encastillarse en la reivindicación de la independencia.

Aunque la Unión Africana ha reconocido a la RASD, la causa saharaui despierta simpatías en Europa, singularmente en España, y los programas sociales sirven para atenuar los efectos del exilio, lo cierto es que el bloqueo de la situación, las relaciones de Marruecos con España y los argumentos a favor de la anexión esgrimidos por el grueso de la comunidad académica y de los intelectuales marroquís apenas dejan margen de maniobra. Un autor tan relevante de la cultura marroquí de expresión francesa como Tahar ben Jelloun ha escrito: “Cada vez que Marruecos propone una solución, es seguro que Argelia se opondrá. Este escenario simplista es desgraciadamente cierto. Lo que está en juego en este caso no es ni la autodeterminación del pueblo saharaui, que vive bajo la presión de Argelia en las tiendas de Tinduf, ni el respeto a los principios y valores democráticos, sino el rechazo sistemático a lo que es Marruecos: un vecino incómodo al que no se puede mover de sitio”.

Incluso admitiendo que el parecer de Ben Jelloun es discutible, y que recoge en todos sus extremos la posición de palacio y de todos los gobiernos de Rabat desde 1975, hay en la opinión pública marroquí un sentimiento poco menos que unánime en cuanto a la pertenencia histórica del Sáhara Occidental al reino. Más allá de la fantasía desbocada que invoca el gran Marruecos que existió en un pasado del todo confuso, ha arraigado la sensación de que la salida al conflicto saharaui debe buscarse en formas que excluyan la independencia y garanticen, al mismo tiempo, que los acampados en Tinduf no serán absorbidos o asimilados y su cultura no se disolverá en el entramado sociopolítico marroquí. Otros caminos son teóricamente posibles, pero no se adivina quiénes pueden forzar la situación para que sean viables y para que Marruecos se resigne, llegado el caso, a perder la gestión de los recursos naturales –fosfatos, pesca y otros– de la excolonia española.

La multiplicación de declaraciones, resoluciones, gestiones diplomáticas con participación de nombres de peso como el de James Baker, idas y venidas de los líderes saharauis y toda clase de campañas internacionales han tenido una eficacia que tiende a cero. Es más que posible que los argumentos morales estén del lado de los saharauis, pero estos son insuficientes para desenredar la madeja según se puede comprobar. No falta razón a quienes entienden que el pueblo saharaui fue víctima de un doble atropello: el de una descolonización sin garantías por parte de España y el causado por Hasán II al poner en movimiento una multitud para ocupar el territorio, pero la comunidad internacional se puso de perfil y las reglas de juego de la guerra hicieron el resto. Que luego la ONU concluyera que no podía considerarse a Marruecos potencia administradora tuvo tanto valor jurídico como nulos efectos prácticos.

Al mismo tiempo, es perfectamente reconocible la utilización del conflicto por Argelia y, por tal razón, el porvenir incierto que aguarda a los instalados en campos de refugiados. La protección argelina de la causa saharaui responde a intereses reseñables relacionados con la influencia regional, con las ventas de petróleo y gas como armas de presión sobre terceros y como método para contrapesar la importancia de Marruecos en términos de seguridad (control del yihadismo en el Magreb) y de atenuación de los flujos migratorios. Esa lógica argelina responde a las necesidades y al cálculo de riesgos de hoy, que pueden no ser los de un futuro lleno de incógnitas a causa del cambio generacional que se avecina en los pasillos del poder en Argel y del ocaso del presidente Abdelaziz Buteflika.

La alternativa autonomista, denostada por los ideólogos de la independencia, queda lejos de los objetivos iniciales de la resistencia, pero se antoja factible, que no fácil. Desde que el 21 de abril del 2008, Peter van Walsum, enviado especial del secretario general de la ONU, declaró que “un Sáhara Occidental independiente no es una proposición realista”, ha ganado enteros la opción autonomista y se ha debilitado la de la autodeterminación, con la consiguiente controversia interna en el seno de la comunidad saharaui entre los jóvenes que propugnan romper la tregua de 1991 y volver a las armas y los que forman en el bando partidario de aceptar la autonomía como la solución menos mala para disfrutar de condiciones de vida dignas y despejar el camino a las generaciones venideras. Ni siquiera el rebrote de la resistencia en el 2010 ha modificado los términos de estos dos enfoques excluyentes y que entrañan el riesgo cierto de fractura en la sociedad saharaui.

Se dan en el conflicto del Sáhara Occidental factores históricos que sustentan el deseo de lograr la independencia, pero hay demasiados datos que operan en su contra: debilidad demográfica –cerca de 600.000 habitantes–, ensimismamiento de la RASD, el sistema de alianzas de Marruecos, la atonía argelina y varios factores de índole económica. Frente a ese marco de referencia, tienen menos importancia efectiva a cada año que pasa las discusiones sobre la legitimidad de la ocupación marroquí a partir de la Marcha Verde (1975), de la guerra, del alto el fuego y de la división del territorio mediante una barrera defensiva que se extiende de norte a sur. Y, al mismo tiempo, son cada día más los saharauis que no han conocido otro hogar que campamentos en medio del desierto, educados en una cultura de la resistencia agotadora y sin más horizonte que subsistir en medio de la nada desde hace 40 extenuantes años. El precio pagado parece demasiado alto como para no rectificar el rumbo aunque se tenga razón.

Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

Esperando a Marine Le Pen

Los resultados obtenidos por el Frente Nacional (FN) en la primera vuelta de las elecciones regionales celebradas en Francia el día 6 no hicieron más que confirmar que Marine Le Pen, más pronto que tarde, puede ser una candidata con posibilidades reales de ganar la presidencia de la República. El hecho de que la abstención llegase el último domingo al 50%, voto más voto menos, y el vaticinio de las encuestas para la segunda vuelta de este fin de semana, que otorgan a la derecha y a la izquierda tradicionales capacidad de reacción para moderar la victoria de la extrema derecha, son datos insuficientes para no admitir que el viento sopla de popa en el campo ultra mientras que para sus adversarios sopla de frente. El cansancio político se ha adueñado de una parte de la Francia profunda, de aquella que ve con desconfianza, cuando no con temor, la articulación de una sociedad multicultural, con riesgos cada vez mayores de fractura, con el pacto republicano puesto en discusión por minorías cada día más activas, menos dispuestas a asumir como propios los valores constitutivos de la nación.

Nada de eso es poca cosa en una comunidad poseída históricamente por el debate político y el don de la palabra. De ahí la sorpresa de muchas voces que critican a los socialistas y a los seguidores de Nicolas Sarkozy, su propensión a las soluciones de emergencia cuando se tuercen unas elecciones y su nula disposición a analizar qué sucede en Francia hoy sin perderse en estériles discusiones ideológicas o, lo que es peor, en rectificaciones sobre la marcha encaminadas a neutralizar a la extrema derecha mediante propuestas inspiradas en la prédica ultra. Así los republicanos de Sarkozy, con su conservadurismo extremo, y así también el insistente recurso de François Hollande a la palabra guerra a partir del ataque terrorista de París del 13 de noviembre.

“A riesgo de parecer ciegos y sordos, el primer ministro [Manuel Valls] y el presidente de los republicanos [Nicolas Sarkozy] han cerrado secamente la puerta a todo examen de conciencia inmediato y se han parapetado en su postura de ‘mejor fortaleza’ ante el Frente Nacional”, se afirma en un editorial del diario progresista Le Monde. No hay sitio para la autocrítica, todo se aplaza hasta después de la segunda vuelta, pero entonces, habida cuenta de que las elecciones regionales apenas atraen el interés de los electores, es improbable que alguien vaya más allá de la retórica. Mientras, Marine Le Pen pronostica que el auge de los suyos contaminará el comportamiento electoral de otros países hasta poner en jaque la idea misma de la unidad europea, que la extrema derecha, ultranacionalista y xenófoba, denuesta mañana, tarde y noche.

Nadie puede llamarse a engaño: Francia es uno de los pilares esenciales del proyecto europeo y Martín Schulz, presidente de la Eurocámara, está en lo cierto cuando afirma que la multiplicación de resultados como los de Francia pone en peligro la construcción europea. La suposición expresada por Sarkozy en el periódico conservador Le Figaro de que los suyos “son la única alternativa creíble” resulta tan discutible como el convencimiento de Valls de que el posibilismo del Gobierno corregirá la tendencia de un electorado cada día más alejado de las fuerzas convencionales, de las que creen, quizá equivocadamente, que serán ellas las que se disputarán la jefatura del Estado la primavera del 2017.

Hay suficientes instrumentos de análisis sobre la mesa para pensar que el futuro puede ser muy otro. Después de los impactos de la diversidad cultural, de la zozobra de la crisis económica y de los síntomas de fractura social, el periodo transcurrido entre el atentado contra Charlie Hebdo y la noche de pesadilla del 13 de noviembre, más la crisis de los refugiados y la concentración de simpapeles en Calais, han llenado de argumentos el zurrón de la demagogia populista del Frente Nacional, en una atmósfera de inseguridad colectiva y de crisis de identidad. Si se dijo en el 2002, cuando Jean-Marie Le Pen disputó el sillón del Eliseo a Jacques Chirac en la segunda vuelta de la elección presidencial, que el éxito del líder ultra respondía a la reacción de una sociedad envejecida y asustada por un futuro incierto, ¿qué decir hoy, a qué atribuir ese lento, pero permanente afianzamiento de Marine Le Pen como cabeza visible de un segmento social cada vez más amplio?

Una respuesta verosímil se encuentra en el reportaje publicado por el semanario de izquierdas L’ObsLe Nouvel Observateur para los clásicos– antes de la primera vuelta de las regionales. Consistió en una recopilación de las opiniones de doce nuevos electores del FN que dio pie a una conclusión de quien lo firmaba: “De entrada, su carburante, el motor de sus sentimientos, aquello que los arroja en brazos de Marine Le Pen, ha quedado desvelado: el miedo. Siempre, en todas partes”. En el último número del mismo semanario, Jean Daniel llama a votar para evitar que cambie completamente el rosto de Francia, para que no quepa preguntarse a partir del lunes, “al cruzarse con alguien en la calle, si él es o no un elector del FN”. Pero el miedo está ahí y el escepticismo también, ese estado de ánimo que induce a muchos a quedarse en casa y a entender su ausencia de las urnas como un castigo al establishment.

Otra respuesta verosímil se oculta detrás de la campaña de relaciones públicas emprendida por la líder de la extrema derecha para limar las aristas más cortantes del programa de su partido y para alejarse de la figura de su padre, compendio absoluto del peor pasado de Francia. El Frente Nacional ha dejado de tener a ojos de muchos el perfil ominoso de la extrema derecha; se ha convertido en una formación nacionalista conservadora, con algunas inquietudes sociales y dispuesta a poner a salvo de la globalización, de la unidad europea, de la multiculturalidad y del mestizaje los rasgos esenciales de Francia. Se ha despoblado a ritmo constante el bando de cuantos, desde diferentes registros ideológicos, creen que la llegada de Marine Le Pen a la presidencia cambiaría el ADN de la República más allá de todo cálculo; la hija de Jean-Marie Le Pen no es la figura exótica que fue su padre desde 1974, cuando se presentó por primera vez a unas presidenciales, y hasta el 2002.

A muchos a quienes el futuro les inspira miedo, el Frente Nacional no se lo da. Por el contrario, ven en él la estabilidad emocional y cultural que asocian con el pasado, cuando debates aventados hoy por todos los partidos como los silbidos durante la interpretación de La Marsellesa en un campo de fútbol, el uso del velo, la discriminación social o la islamofobia, por citar solo algunos, apenas traspasaban los muros de los recintos académicos. Y esos añorantes del pasado esperan que la primavera del 2017 sea la de Marine Le Pen, la de su llegada al Eliseo para preservar la nación de quienes están dispuestos a disolverla, suelen decir, en un universo que les resulta indescifrable.

El otro futuro de Europa

Ese perfil perentorio, de urgencia extrema, que tiene la multiplicación de refugiados que llegan a Europa o que pretenden hacerlo se ha agravado con las zancadillas de la reportera húngara Petra Laszlo a quienes huían en desbandada hacia ninguna parte. Porque hay otra perentoriedad que precisa ser atendida cuanto antes: llevar al ánimo de los europeos reticentes que la única solución inaceptable es perseverar en la Europa fortaleza, aquella en la que seguramente sueña el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pero que es políticamente inviable y humanamente indefendible; desalentar a cuantos, aun condenando las zancadillas de Petra Laszlo, se oponen a que los refugiados que llaman a la puerta encuentren cobijo.

El filósofo Jürgen Habermas sostiene en Le Monde que Francia y Alemania deben ponerse al frente de las operaciones para restablecer la unidad de acción europea y respetar el imperativo categórico de asistir a cuantos huyen de las miserias de la guerra –de las guerras– y de la persecución política. La variedad de reacciones nacionales –de los gobiernos y de las opiniones públicas– revelan, dice Habermas, la complejidad de realidades muy diversas: “La antigüedad en la pertenencia a la Unión, las diferencias económicas importantes –a menudo demasiado importantes– entre países miembros y, sobre todo, las diferentes historias nacionales y las diferentes culturas políticas”. Pero esa complejidad no debe ser el pretexto o la causa que lleve al fracaso o al ensimismamiento, tan alejado del compromiso moral que se supone sigue vigente en el proyecto europeo.

Al lado de Habermas, el escritor italiano Erri De Luca establece un paralelismo entre el tráfico de seres humanos en el pasado y ahora: multitudes que se hacinan en embarcaciones precarias –“el peor de los transportes marítimos de la historia humana”– para perecer muchas veces a la vista de la costa de Lampedusa, de Malta, de Lesbos, de Kos, de tantos lugares. “Los esclavos deportados por los negreros viajaban mejor –escribe De Luca– porque eran una mercancía que se pagaba contra entrega. Si moría antes, se perdía el beneficio. Los deportados de hoy pagan por adelantado, y poco importa si llegan a destino”. La comparación es devastadora, pero hay en ella un trasfondo de verdad perturbadora, de impotencia desgarradora de Europa para afrontar el problema desde el punto de vista de las víctimas, que deben superar mil obstáculos hasta llegar a tierra firme y, ya en ella, se encuentran con otras mil barreras envueltas en una retórica política destinada a enmascarar lo dispuesto en el derecho internacional en materia de asilo y de aplicación del estatuto de refugiado.

El primer reparto de acogida decidido esta semana tendrá una efectividad limitada, porque el flujo migratorio no cesará y las actuaciones en origen, de ponerse en marcha, solo darán resultados a medio y largo plazo. La Willkommenskultur, digna de elogio, honra a los alemanes movilizados en todas partes, pero encarar el problema requiere algo más que el dinamismo autónomo de una sociedad próspera. La proliferación de iniciativas asistenciales es asimismo insuficiente para acumular recursos a gran escala. Hace falta establecer un sistema pautado que parta del hecho cierto de que Europa tiene ante sí el mayor problema de refugiados desde el final de la segunda guerra mundial, con el dato añadido de que los de hoy, a diferencia de los de la posguerra, no son europeos y las crisis de encaje surgirán enseguida y no se resolverán en cuatro días. Dicho con palabras de la periodista alemana de ascendencia yugoslava Doris Akrap en The Guardian: “¿Llegará el final de la Willkommenskultur cuando no implique solo cantar Aleluya juntos, sino ayudar a la gente a convertirse en autónoma y articular sus propios deseos?”

La pregunta de Akrap apunta a la gran incógnita de futuro: ¿cuál es la capacidad de absorción de la sociedad alemana y, por extensión, de la europea? Si Alemania ha recibido en lo que llevamos de año 450.000 refugiados y está dispuesta a llegar a los 500.000, pero no más allá, ¿cuál debe ser la hipótesis de trabajo de los demás estados de la UE si, como es de prever, el flujo migratorio no cesa? Soslayar el asunto queda tan lejos de la realpolitik como lo estuvo antes imaginar que el trasiego de refugiados en la periferia de las áreas de conflicto iba a quedarse allí, no tendría la fuerza expansiva que en la práctica tiene. Y la que tendrá en el futuro si, como más voces aceptan todos los días, es inevitable un acercamiento o negociación con Bashar el Asad ya que no es posible hablar y entenderse con el Estado Islámico, convertido en árbitro indirecto de la situación que impone su agenda por la vía de los hechos: guerra sin cuartel, sectarismo, asesinatos colgados en Youtube y una próspera economía basada en las rendijas del sistema por donde se cuelan el contrabando de petróleo y el mercado de armas.

Muchos europeos sienten que sus países están sitiados”, afirma Daniel Gros, director del Centro para Estudios de Política Europea, y tal sensación va en aumento en la medida en que los estados están lejos de dar una respuesta conjunta, global y sostenida en el tiempo. Esa sensación alimenta la propaganda de los partidos de extrema derecha, que reclaman que los refugiados sean devueltos a sus lugares de origen, y paraliza a los gobiernos, que temen ver desgastadas sus expectativas electorales ante una parte de la opinión pública potencialmente hostil a las políticas de acogida. Pero no hay otra salida que aceptar los hechos tal como son: esa oleada migratoria no es un fenómeno esporádico, un hecho aislado posible de solucionar con algo de tiempo y unos millones de euros.

Jean-Christophe Dumont, alto funcionario de la OCDE, defiende que el coste de los movimientos migratorios –de refugiados– debiera ser visto como una inversión: “A largo plazo serán comparables a los inmigrantes económicos y aportarán una contribución fiscal neta. Es decir, que pagarán más impuestos y cotizaciones sociales que las prestaciones anuales que recibirán”. Y el economista francés Thibault Gajdos se pregunta si sus compatriotas, que dejan cada año 45.000 millones de euros en la caja de la Française des Jeux, la sociedad que gestiona las loterías, no están en condiciones de gastarse 10.000 millones de euros en atender a los refugiados. Claro que detrás de las reservas de una parte de los europeos no alienta solo o principalmente la preocupación por el coste de la operación, sino un doble temor: tener que aceptar a corto plazo nuevos competidores en el mercado de trabajo y diluir la identidad cultural propia en una mezcla variopinta de identidades importadas.

Desde la noche de los tiempos, los movimientos migratorios forman parte de la historia de la humanidad al igual que las guerras, los ciclos económicos y la competencia entre imperios. Nada hay de realmente nuevo en cuanto está sucediendo salvo el dramatismo que se deduce de contemplar los acontecimientos en directo en toda clase de soportes, medios y géneros informativos. Sí es novedad esa reacción espectacular de acogida y ayuda en el continente y debiera serlo, cuanto antes mejor, la reacción coordinada, unitaria y eficaz de los gobiernos ante una situación en la que están en juego la vida y la muerte de demasiados. Ahí también está el futuro de Europa.

Reparto de refugiados en la UE

La solidaridad por cuotas a la que se ha referido el diario progresista francés Libération al dar cuenta de la propuesta elaborada por Bruselas para hacer frente al drama de los refugiados deja al descubierto, con un punto de maliciosa ironía, el enfoque que la Unión Europea da a un problema que la desborda, la incomoda y la divide, pero que debe encarar de forma ineludible para no abundar en la impresión de que han impuesto su criterio los partidarios de la Europa balneario, de la Europa fortaleza y de la Europa encerrada en sí misma. Los flujos migratorios irregulares, las guerras, la pobreza y la porfía de las mafias que trafican con seres humanos han llevado hasta las puertas de la prosperidad europea la realidad que se vive al otro del Mediterráneo, a unas pocas millas de nuestras costas, donde la única salida es huir y dejar atrás el pasado. Al mismo tiempo, la presión migratoria se ha transformado en un arma política rentable en las contiendas electorales de sociedades asustadas y envejecidas, que no entienden el futuro que vislumbran o que reciben mensajes manipulados con descaro por organizaciones políticas depositarias de toscos nacionalismos xenófobos: así UKIP en el Reino Unido (cuatro millones de votos en las elecciones legislativas del día 7), el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia y otras etiquetas de parecido tenor.

Algo debe hacer Europa cuando el mar es, a la vez, tumba de muchos que no logran llegar a ella y autopista para muchos más que tocan tierra en Italia, Malta y Grecia. Algo debió haber hecho hace bastante tiempo Europa y no lo hizo, como reconoce implícitamente Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo: “Si cojo mis discursos de hace 20 años y les pongo fecha de hoy, podría mantenerlos perfectamente”. Algo más de lo hecho debió hacer Europa cuando las sucesivas crisis de las pateras y de los cayucos hicieron del estrecho de Gibraltar el pasadizo más utilizado para llegar a ella desde África, cuando Libia era un territorio poco menos que inaccesible para las mafias y no había guerra en Siria. Mucho quedó por hacer cuando los estados de la UE decidieron recortar la partida destinada a controlar el trasiego de seres humanos, y hoy vuelve a situarse el debate en el campo de los costes económicos y políticos del reparto de refugiados, así los llegados a la UE como los procedentes de terceros países, aunque todo se revista con giros del lenguaje que persiguen encubrir tal enfoque.

Cuando la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifiesta que es prioritario llegar a acuerdos con los países de origen, elude el hecho de que algunos de estos países –Libia, Somalia– son pocos menos que un nombre en un mapa, sumergidos en un caos permanente donde el Estado se ha esfumado y el futuro está en manos de una variedad inabarcable de actores políticos, y otros –Siria es el ejemplo más notable– están sometidos a la arbitrariedad de gobernantes al margen de todas las convenciones políticas. El planteamiento de la vicepresidenta es quizá inatacable desde la lógica institucional –a España le tocaría el 9,1% de los refugiados si se aprueba el proyecto de la Comisión–, pero queda muy lejos de cualquier análisis de la realidad que se vive en los países de origen. Ni es posible comprometer a gobernante libio alguno en el control efectivo de las costas desde la que parten personas de todas partes de África hacia Europa ni hay nadie en Somalia preocupado en contener la diáspora en un país desquiciado. Ni hay noticia de que alguien en Eritrea intente retener a la población que huye de la miseria ni tampoco la hay en Etiopía, y aún menos en los países del Sahel, sometidos a la triple plaga del caudillismo, la intervención extranjera y la presión del yihadismo, por no hablar de la fuga permanente con destino al norte de ciudadanos procedentes de países subsaharianos.

Portada de ‘El Periódico’ deljueves, 14 de mayo.

La posición española y los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son, por lo demás, excesivamente originales. Son, eso sí, bastante más contenidos que los del Reino Unido: la ministra del Interior, Theresa May, es simplemente partidaria de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, un procedimiento alejado de toda inquietud humanitaria que ni siquiera se justifica con la contaminación por el UKIP de la política británica. Suponer a estas alturas, como hace el Gobierno de David Cameron, que la articulación de mecanismos de acogida tendrá un efecto llamada –“solo servirá para fomentar que la gente arriesgue sus vidas”, dice May– es soslayar adrede las causas de los flujos migratorios, eludir los datos esenciales del problema: no hace falta estimular el viaje a Europa con medidas como las propuestas por la Comisión Europea porque está ahí, inamovible, la necesidad de huir de según qué lugares en busca de seguridad y de futuro.

No es este un fenómeno nuevo, extraño y característico de nuestros días. Más bien todo lo contrario: forman parte de la historia de Europa los movimientos migratorios, en ocasiones de una intensidad superior a la del presente, con destino a América, y, en el siglo XX, son una constante los desplazamientos forzados de población a causa de las guerras (el exilio republicano español), de las persecuciones (las comunidades judías en Europa central y oriental) y de la ruina económica que siguió al final de la segunda guerra mundial. Esa cicatería de muchos estados es un ejercicio de negación de la propia historia de Europa, que si hoy es tierra de llegada de multitudes desposeídas antes lo fue de salida de generaciones condenadas a la nada; esa proclama dramatizada por Theresa May sobre el provecho que las mafias sacan de la inmigración irregular es poco más que una cortina de humo para que no se perciba que, lisa y llanamente, es partidaria de cerrar el acceso a la UE bajo siete llaves sean cuales sean las consecuencias que de ello se deriven.

En todo caso, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa y la cláusula de exención que se incluyó en él, no se verán afectados por el eventual reparto de refugiados. Algo que plantea una vez más la viabilidad conceptual de una unión política que los conservadores británicos ven con desconfianza desde los tiempos de Margaret Thatcher, que los laboristas sobrellevan como un proyecto en el que se sienten incómodos y que una parte no determinada pero muy significativa de la opinión pública inglesa observa como una disolución de la identidad insular en el minestrone de nacionalidades del continente. Agravado todo con los nuevos flujos migratorios que presagian un cambio progresivo del perfil cultural de Europa, de su composición social y de su identidad colectiva, pues las antenas parabólicas y la sociedad digital garantizan a cuantos emigraron una relación afectiva en directo con sus lugares de origen.

La fotografía de portada de EL PERIÓDICO del jueves (españoles en el sur de Francia, 1939) es un buen recordatorio de qué significa ser refugiado, por encima incluso de la definición que figura en la convención aprobada por la ONU en 1951. Como ha dicho el papa Francisco, “emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad”, sometidos al juego de la conveniencia política, siempre cambiante. El refugiado es alguien desvalido, extremadamente vulnerable, perseguido o marginado por razones muy diversas que requiere la ayuda de alguien para salir del pozo. Que esa ayuda tiene un precio es indudable, que esa precio hay que pagarlo si queremos mirarnos al espejo sin vergüenza todos los días, también. Dejar a su suerte a quienes nada tienen, y alguien persigue u hostiga, es una forma extrema de egoísmo que lleva directamente a un peligroso relativismo moral.

Insolidaridad europea en el Mediterráneo

A la vista de las dimensiones de la tragedia de la inmigración en las costas de Italia y de Malta, lo menos que puede decirse es que la cumbre de la UE del jueves resultó decepcionante. Mientras los especialistas entienden que los aspectos relacionados con la seguridad son solo una parte del problema, los gobiernos se han limitado casi en exclusiva a comprometerse en el reforzamiento de los mecanismos de control de fronteras, pero no se han adentrado en el drama humano, en el espinoso problema de la acogida de refugiados y, en última instancia, en la necesidad de aplicar la solidaridad europea para no dejar a la Europa meridional sola ante una crisis cuya gestión excede con mucho la capacidad de dos estados, de los que uno –Malta– apenas dispone de recursos y el otro –Italia– está desbordado.

Las cifras son por demás elocuentes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los muertos contabilizados en el Mediterráneo en lo que va de año, pasajeros de embarcaciones de fortuna en manos de mafias especializadas en el tráfico de seres humanos, alcanzan los 1.727, una cifra que seguramente es muy superior porque no hay forma de saber cuántos inmigrantes se ha tragado la mar sin que nadie pueda dar noticia de ello. La misma organización calcula que los intentos de entrada a Europa por el sur sumaron 75.000 en el 2012 y 107.000 en el 2013, de lo que es fácil deducir que los datos de 2014 superarán los de años anteriores y los de 2015 serán aún más alarmantes. No se trata solo de una proyección estadística: la desaparición de facto del Estado en Libia y la carnicería siria, más diferentes crisis de subsistencias en África, permiten imaginar un horizonte cada vez más tormentoso.

Frente a esto, reducirlo todo a triplicar los recursos de la Operación Tritón –de tres millones de euros mensuales a nueve millones– y aprobar un programa para acoger 5.000 refugiados –ponerlos “bajo protección”, se dice– no da ni para tranquilizar las conciencias. Cuando se sabe, como recuerda un editorial del diario Le Monde, que Europa se enfrentará en el próximo decenio a la llegada potencial de un millón de inmigrantes procedentes de Libia, Siria, Irak, el África subsahariana y del cuerno de África, lo acordado en Bruselas se asemeja a la pretensión de que una aspirina cure una neumonía.

“La UE no ha tenido una política de inmigración coherente desde siempre, y la situación ha ido a peor desde la primavera árabe”, declaró al International New York Times Camilo Mortera-Martínez, investigador en Londres del Centro para la Reforma Europea. La historia le da la razón: los recursos puestos a contribución de la Operación Tritón en el 2013 fueron los mismos que ahora se han aprobado, pero que en octubre del año pasado fueron drásticamente reducidos por “falta de solidaridad financiera con Italia”, según un funcionario de la UE citado por el diario La Repubblica. Entonces, como ahora, una “tragedia de proporciones épicas”, según la ONU, solo contó con la solidaridad europea en materia de seguridad –control de la frontera meridional de la UE–, y dejó para un mejor momento sin precisar la acogida de los inmigrantes llegados de todas partes a las costas de Lampedusa, Sicilia y, en menor medida, Malta.

La Fundación Migrantes, vinculada a la Conferencia Episcopal Italiana, llega a la siguiente conclusión: “De la cumbre europea de ayer [el jueves] sale la Europa de los nacionalismos. Se aplaza la construcción de la Europa social y solidaria”. En el editorial de Le Monde se llega a idéntica conclusión por cinco motivos:

-El programa Frontex (control de fronteras de la UE) dispone solo de la milésima parte del presupuesto comunitario.

-Los estados no quieren adoptar una política de asilo común.

-Los estados no están de acuerdo en el reparto de inmigrantes en el conjunto de la UE.

-Los estados rechazan la idea de ceder sus competencias en materia migratoria (política de visados).

-La UE carece de una política común para los países de procedencia de los inmigrantes y los países de tránsito.

“De una parte somos Europa como cuerpo político –reflexiona la escritora italiana Paola D’Agostino en Corriere della Sera–, de la otra, una miríada de cuerpos excluidos y fagocitados por el mar”. He aquí la gran decepción: más allá de la solemnidad de algunas declaraciones, el cálculo político, la actitud de una parte de la opinión pública, que recela ante cuanto tiene que ver con los movimientos migratorios, no da para más que para aprobar medidas insuficientes. “No tenemos necesidad de la histeria. La clase política debe asumir su responsabilidad y guiar a los ciudadanos a pesar de que esto no es muy popular”, sostiene la excomisaria europea Emma Bonino. Pero la histeria se adueña con frecuencia de los debates sobre la emigración, y la presión de la extrema derecha xenófoba lleva a muchos gobiernos a hacer equilibrios para que nadie los pueda acusar de favorecer a los de fuera y perjudicar a los de casa.

Esta aproximación al problema es inadecuada, por no decir catastrófica. La UE carece de recursos para ser el apóstol de todas las causas perdidas, pero no puede contentarse con la gestión contenida de un desafío que apela a la conciencia de los europeos. “La cuna de nuestra civilización corre el riesgo de transformarse en un cementerio”, ha dicho Sergio Mattarella, presidente de Italia, al referirse al Mediterráneo, bautizado Mare Mortum por El Roto en su viñeta-editorial de El País. En muchos lugares, al otro lado del mar, no hay con quien hablar porque el Estado –la idea de Estado– se ausentó hace tiempo y las mafias campan a sus anchas, y mientras todo siga así, y seguramente así seguirá por mucho tiempo, los tratamientos homeopáticos están llamados al fracaso, como coinciden en opinar la mayoría de especialistas independientes.

Cuando el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, afirma que nos encontramos ante una nueva forma de esclavitud, pues este es el efecto del tráfico de seres humanos, no exagera un ápice. Deryck Browne, de la organización African Health Policy Network le da la razón en las páginas de The Guardian, pero estas reflexiones apenas modifican el curso de los acontecimientos si, al mismo tiempo, no se pasa de la teoría a la acción. Porque, de no darse este salto, puede cumplirse el pronóstico de la Organización Internacional para las Migraciones: que los muertos en el mar lleguen a 30.000 al acabar 2015. Con el riesgo añadido de que la cotidianidad de la tragedia en los telediarios agote la capacidad de asombro de los espectadores que siguen los acontecimientos desde la sala de estar de sus casas y los haga inmunes al desastre.

Guetos europeos para la desafección

Las elecciones departamentales celebradas en Francia el pasado domingo, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, dejarán en su mínima expresión la presencia en los consejos de hijos de inmigrantes: el 91% de las asambleas estarán formadas solo por blancos –léase europeos–, según los cálculos realizados por el consultor político Farid Gueham y recogidos en un artículo difundido por diario digital Le Huffington Post. Si se tiene en cuenta que los hijos de inmigrantes de entre 18 y 50 años suman 3,1 millones, su cuota de representatividad resulta manifiestamente insuficiente; si se atiende al entusiasmo por la diversidad del 11 de enero, durante la gran manifestación de París posterior a los atentados yihadistas contra Charlie Hebdo y un comercio kosher, entonces hay que decir que aquel día de exaltación de la diversidad fue poco más que un espejismo.

El cambio en la atmósfera política, superado el primer impacto emocional, no presagia un futuro confortable. La falta de complicidad de una parte de la sociedad francesa con las instituciones, con los valores republicanos, con cuanto cohesiona una comunidad, lleva en la práctica a la división y al comunitarismo, a la construcción de identidades segmentadas dependiendo de los orígenes de cada cual. De tal manera que los silbidos a La Marsellesa en un estadio son poco más que una anécdota incómoda, aunque alienten la xenofobia y sean útiles a las campañas de la derecha, extrema y no tan extrema, cuando en realidad el gran problema es el desapego de segmentos sociales que se sienten arrinconados, marginados, excluidos por la cultura política dominante.

No es este un fenómeno solo francés, sino europeo, y con efectos igualmente preocupantes en todas las comunidades de ascendencia no europea, pero especialmente llamativo en aquellas cuyo origen es la cultura árabe-musulmana. Pues la consecuencia más relevante, y no por minoritaria menos importante, es la adscripción a la yihad de una parte de los defraudados, de los desapegados, de los decepcionados, de quienes se sienten excluidos. La migración de musulmanes europeos, mujeres y hombres, a Siria e Irak para unirse a Al Nusra o al Estado Islámico, la llamada a la guerra santa que cautiva a menores de diversas partes de Europa que cruzan el continente para alcanzar la frontera turco-siria y sumarse a la causa, es el resultado de un gran fracaso: el que se oculta detrás de la incapacidad de los gobiernos y las sociedades europeas para englobar a la inmigración.

“Tanto a los contextualistas como a los aislacionistas les faltan respuestas sólidas a preguntas clave –afirma Moisés Naím en un artículo publicado hace unas semanas–. Si el problema es el contexto, la historia y la discriminación que hay entre los inmigrantes, ¿por qué no hay terroristas suicidas latinos? Los inmigrantes latinoamericanos en Europa no viven en condiciones significativamente mejores que los inmigrantes árabes. No obstante, el terrorismo religioso no existe entre los latinos. ¿Por qué India o Indonesia, los dos países con la mayor población musulmana del mundo, no producen tantos terroristas suicidas como los países árabes?” Y sigue más adelante para no dejar ningún cabo suelto: “Los aislacionistas tampoco tienen buenas respuestas a la realidad de que en un mundo tan globalizado, conectado e integrado como el de hoy, los bloqueos no funcionan. Las fronteras siempre han sido porosas y las de hoy lo son más que nunca”.

Lo cierto es que hay pocas respuestas solventes para tantas preguntas inquietantes y realidades preocupantes. Resulta tan insatisfactorio el argumento de que nos hallamos ante una interpretación revisada de los fundamentos de la religión hecha por intelectuales y agitadores musulmanes como que se da una incompatibilidad congénita entre el islam y el Estado moderno, acrecentada por la sujeción del orbe musulmán a los intereses de Occidente y el consiguiente agravio. El problema es demasiado complejo para reducirlo a respuestas tan simples, habida cuenta, además, de que la revisión fundamentalista del legado musulmán no es la única en circulación y en la comunidad académica de los países musulmanes la opción islamista no es la única que puede oírse.

En el libro Au péril des idées (en el peligro de las ideas), un punto de encuentro del filósofo francés Edgar Morin, de ascendencia judía y agnóstico, y del intelectual suizo Tariq Ramadan, profesor en Oxford, musulmán y nieto de Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, aparece esa complejidad, consustancial al diálogo entre civilizaciones. Pero es demasiado infrecuente que desde puntos de partida tan diferentes como los de Morin y Ramadan se aborde un mismo problema y se compartan conclusiones intercambiables. Lo habitual es que choquen dos imperativos éticos, el de la sociedad receptora y el que viaja con los inmigrantes que llegan a Europa, que fácilmente se transforman en dos formas de sectarismo encubierto a poco que entren en juego intereses políticos. Los términos en que muchas veces se plantea en Francia la discusión referida al laicismo es una buena muestra de la muy frecuente intromisión de la peor versión de la política en el debate de las ideas.

El 19 de enero, Manuel Valls, primer ministro de Francia, reconoció que en su país se da “un apartheid social y étnico”, admitió la existencia de ciudadanos de facto de primera y de segunda que sufren “el olvido de las administraciones y discriminación”, y habló de guetos. Las cifras le dan la razón: en las llamadas zonas urbanas sensibles, el 50% de la población no tiene ninguna titulación académica –30 puntos más que la media nacional– y el paro juvenil oscila entre el 40% y el 60%. Y lo peor es que después de los disturbios de las banlieues del 2005 pareció que el Estado actuaría para evitar que la fractura social no se desbocara, pero el empeoramiento objetivo de la situación, que afecta a la seguridad y a la convivencia, es un hecho, con una capacidad reconocida de contagiar la difícil coexistencia entre nacionales e inmigrantes en otros países de la Unión Europea.

La conclusión de Javier Solana es que “en el islam hay una frustración enorme por cómo realizarse”, una frustración que se manifiesta en Europa, favorecida por la ausencia en la trama política de representantes de la comunidad árabe-musulmana; alimentada también por la conexión permanente, en directo, con los lugares de origen personales o familiares –en el caso de los hijos y nietos de inmigrantes– a través de la televisión y la red. He ahí una de las grandes diferencias entre la atmósfera que respiran los nuevos europeos musulmanes y aquellos otros latinoamericanos, citados por Moisés Naím: desde la patria histórica de estos últimos no llega ningún mensaje de confrontación. Por el contrario, la prédica yihadista se escucha con nitidez en la periferia de las grandes ciudades de Europa y exalta la lucha contra la exclusión sin que, por lo demás, los gobiernos europeos se muestren especialmente hábiles para remediar la situación y para buscar la complicidad necesaria de cuantos viven la experiencia de la marginación. Afrontar el problema en términos de seguridad no hace más que agravarlo.