Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Mosul, una victoria sin gloria

La ocupación de Mosul por el Ejército de Irak, la más que probable muerte de Abú Bakr al Bagdadi, fundador del Estado Islámico y transmutado en el califa Ibrahim, y el atisbo de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en Siria, tregua mediante, han desatado la incontinencia de los propagandistas frente a la prudencia de los analistas. Dicen los primeros que si la ocupación de Mosul en 2014 sin apenas combates alarmó a la comunidad internacional, la recuperación de la ciudad por los iraquís, apoyados por Estados Unidos, debe ser tenida igualmente como un hecho relevante que cambia por completo la presión de los yihadistas en el laberinto de Oriente Próximo. Matizan los segundos que el episodio de Mosul conlleva una redistribución del poder en Irak y también en el islamismo radical, capacitado para llevar su desafío a otros lugares menos controlables –el Sahel, por ejemplo– o con una mayor capacidad de intimidación en la aldea global: las grandes áreas urbanas de Europa occidental.

Varias veces se ha puesto de manifiesto la falta de justificación del entusiasmo desencadenado por un éxito en concreto en el campo de batalla o en la neutralización de un líder político –así el apresamiento de Sadam Husein el 13 de diciembre de 2003–, porque las organizaciones muy centralizadas y con una sólida estructura militar suelen contar con mecanismos de sustitución inmediatos. El Estado Islámico o ISIS o Daesch no es una excepción y, aun debilitado, conserva una respetable fuerza de choque dentro y fuera del territorio que controla. En el plano interior, gracias a la logística aplicada por su Gobierno en las sombras o no tanto; en el ámbito internacional, gracias al dinamismo de sus afectos, cuyas filas seguramente engrosarán en el futuro cuantos logren huir de la derrota de Mosul y de otras previsibles en un futuro no muy lejano. El destino de estos últimos será, como se ha repetido hasta la saciedad, su lugar de origen –el Gobierno de Marruecos cree que los retornados del campo de batalla que salieron del país no bajarán de 1.800–, muchos de ellos con pasaporte europeo y larga experiencia en combate, cuyo cálculo es extremadamente difícil (puede que algunos miles).

Como explica con precisión el profesor Ignacio Álvarez-Ossorio en Siria. Revolución sectarismo y yihad, el doble frente del Estado Islámico contra el enemigo interior y contra el exterior es la esencia de su combate en todas direcciones, y tal planeamiento no decae por más que la pérdida de Mosul haya sido un duro golpe. Es más, tal como advierten los analistas, un hipotético final del Estado Islámico no significaría forzosamente la neutralización efectiva del yihadismo, sino que posiblemente sería el inicio de otra cosa, de otra planta organizativa con otro equipo dirigente, pero la idea de los dos frentes seguiría vigente.

Sigue en pie toda la fraseología de Abú Umar al Bagdadi, predecesor del fundador del califato sedicente, recogida por Álvarez-Ossorio. Nadie pone en duda en el conglomerado yihadista el siguiente enunciado: “Los gobernantes de los territorios islámicos son traidores, infieles, pecadores, mentirosos y criminales (…) La lucha contra ellos es más importante que la lucha contra los ocupantes cruzados”. Nadie disiente en el campo yihadista cuando se dice que los occidentales son “infieles a los que se debe atacar en su propio territorio”. Se trata en ambos casos de poco menos que dogmas de obligada observancia cuyo poder de convicción va más allá de la supervivencia del califato. Y esa fundamentación ideológica de la yihad, con estos términos u otros, la comparten Al Qaeda, sus numerosas franquicias y otras organizaciones terroristas surgidas en el orbe musulmán.

De hecho, al contemplar el paisaje desolado de Mosul después de la gran batalla –del 17 de octubre del año pasado al 9 de julio en curso–, es legítimo preguntarse: ¿es esta la imagen de la victoria o la de una derrota encubierta? Porque Mosul, como antes Palmira, como la mayoría de ciudades sirias sometidas a una doble guerra, por lo menos –la de Bashar al Asad y sus aliados y la del Estado Islamico–, no es más que una montaña de escombros, un paisaje en ruinas del que han tenido que huir cientos de miles de personas. Porque la capacidad de resistencia de los muyahidines ha puesto en duda el reparto del poder en Irak, de aquel poder surgido de la ensangrentada posguerra que nunca ha sido capaz de llevar su autoridad a todos los rincones del país.

Maria Fantappie, del International Crisis Group, distingue hasta tres cambios sustanciales en la estructura de poder iraquí, impuesta y tutelada por Estados Unidos. Primero, la difícil coexistencia entre los políticos que llegaron al poder a la caída de Sadam Husein y los que han encabezado la ofensiva de Mosul, que incluye a los combatientes kurdos. Segundo, el arraigo de redes de poder informal –dicho de otra forma, no institucional– que en muchos casos sustituyen al Estado. Tercero, una nueva relación entre el Estado central y el territorio que obliga a descifrar quién ejercerá en el futuro el poder real. No cuesta demasiado asociar estos tres puntos al perfil de un Estado fallido o camino de serlo, o quizá obligado a una transformación institucional que impone un nuevo esquema del poder por la fuerza de los hechos.

Sostiene Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, que el presidente George W. Bush eligió en 2003 ir a la guerra porque le persuadieron de que “podían lograrse grandes cosas con un pequeño coste”. Si fue así, y ese es el punto de partida de su tesis en el libro que sobre las dos guerras de Irak publicó en 2009, tan error fue optar por las armas como carecer de un plan para gestionar la posguerra que evitara que esta se convirtiera, como sucedió, en una violenta continuación de la guerra misma. “Una pobre elección pobremente llevada a la práctica”, dice Haass. La aparición de Al Qaeda en suelo iraquí, donde nunca antes estuvo, y el nacimiento del ISIS son consecuencia directa de tales falta de previsión y pobreza de medios, porque todo Oriente Próximo sucumbió a la desestabilización, arraigó un sentimiento generalizado de agravio en el mundo árabe y acaso una parte del fracaso de las primaveras deba atribuirse también a aquella democracia controlada que Estados Unidos quiso imponer a cañonazos.

Si ya nadie niega que la captura de Mosul por el ISIS en junio de 2014 y la huida en desbandada del Ejército iraquí fueron la prueba fehaciente de que los yihadistas eran capaces de desafiar a un Estado sin atributos, ¿quién puede dudar de que es discutible que consiga hacerse con ellos sobre un océano de ruinas? Más parece que esta victoria sin gloria lo es todo menos un capítulo definitivo en la construcción del Irak vislumbrado por los neocon y en la neutralización de la yihad global, incluso si el Estado Islámico deja algún día de existir o se dice que dejó de existir.

 

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Manchester, la tragedia de siempre

La atrocidad de este lunes en el Manchester Arena constituye un capítulo más del inconmensurable fracaso colectivo que lleva por nombre multiculturalidad, cada vez más desprestigiada. Cuando de nuevo un joven, Salman Abadi, nacido y criado en el seno de un determinado modelo sociocultural, arremete contra él con inusitada violencia, lo menos que puede decirse es que algo fundamental no funciona en los mecanismos de cohesión social. Cuando personas huidas de regímenes aborrecibles –el del coronel Gadafi para el caso– e instaladas en una sociedad de acogida desencadenan el horror parapetadas detrás de la religión, solo cabe concluir que vivimos inmersos en una doble crisis, de civilización y de identidad, promovida por una minoría suficientemente dinámica como para extender una angustiosa psicosis de inseguridad colectiva.

Nada hay en el episodio de Manchester especialmente diferente de lo ocurrido antes en tantos lugares de Europa y nada será demasiado diferente en los envites del terrorismo global que nos deparará el futuro porque se ha consolidado en el universo yihadista una mezcla de resentimiento, nihilismo, fanatismo ideológico y certidumbres esotéricas (el martirio) que demuestra tener un poder de captación y convicción de una eficacia enorme. Y esas constantes vitales no corren peligro en tanto Occidente no admita errores flagrantes y siga prevaleciendo en la opinión pública del mundo musulmán la  sensación de afrenta permanente. “Hemos cometido agresión armada contra pueblos soberanos que no nos han atacado a nosotros con el propósito de mantener el terror fuera de las calles de Gran Bretaña”, ha escrito Simon Jenkins en el periódico progresista The Guardian. Y esa actitud preventiva es la que lleva a Jenkins a relacionar con la tragedia última la política exterior de Tony Blair, David Brown y James Cameron, tan sometida a la de Estados Unidos. No se trata de una justificación de la canallada cometida por un fanático, sino de una explicación que intenta establecer una relación lógica entre causas y efectos.

De la misma manera que H. A. Hellyer, un analista del think tank Atlantic Council, abunda en el error occidental de exigir a los musulmanes que hagan más “para luchar contra el extremismo, soslayando que los musulmanes británicos también fueron atacados”. Observa Hellyer una asimetría evidente entre esa exigencia y otros sucesos dolorosos, provocados por occidentales de educación cristiana, que no llevaron a nadie a reclamar a Occidente mayor compromiso contra los apocalípticos. Así el caso de Anders Breivik, citado en el artículo, el supremacista blanco e islamófobo que el 2011 asesinó a 77 jóvenes noruegos, cuya acción no desencadenó ninguna forma de reproche o de exigencia de responsabilidades, como por lo demás es del todo lógico, a la comunidad blanca bautizada en iglesias protestantes a la que pertenecía Breivik.

La suma de dos lógicas perversas, la de los daños colaterales causados por armas presuntamente inteligentes y la del choque de civilizaciones, que lleva directamente al enfrentamiento entre Occidente y el islam, explica en gran parte la crispación de un presente inquietante. Los daños colaterales han causado tantas víctimas inocentes en comunidades musulmanas que se han convertido en uno de los combustibles más eficaces para mantener en funcionamiento la máquina del odio; la consideración del choque de civilizaciones como algo irremediable mantiene en pie de guerra a lo peor de cada parte y justifica toda clase de barbaridades, sectarismos y opiniones atropelladas. Basten como prueba de todo ello las explicaciones delirantes del Estado Islámico después de la matanza de Manchester o la reclamación de una “solución final” hecha a través de Twitter por Katie Hopkins, de la emisora británica LBC, que remite sin estaciones intermedias a la limpieza étnica, al genocidio planificado y, en definitiva, al Holocausto perpetrado por la Alemania nazi.

Son enormes las dificultades de inserción de la tradición musulmana en aquella heredera de las Luces, pero hay demasiados ejemplos de que no solo es posible, sino deseable y fructífera, como para seguir dando pábulo a los profetas del enfrentamiento inevitable. Y siguen sin respuesta desde hace demasiado tiempo varias de las siete preguntas formuladas en el 2012 por Tariq Ramadan, un intelectual musulmán difícil de clasificar y bastante discutido desde diferentes frentes ideológicos laicos europeos. Las preguntas son estas:

-¿Quién es musulmán y cuáles son los derechos de alguien que sea reconocido como tal?

-¿Está justificado el uso de la violencia?

-¿La sharia es un cuerpo legal cerrado o un cuerpo abierto de principios potencialmente compatibles con fuentes extranjeras como la democracia?

-¿Se debe crear un partido político islamista o es preferible mantener el estatus de organización religiosa y social?

-¿Cuál debe ser la función de las mujeres en la organización y en las sociedades mayoritariamente musulmanas?

-¿Cuáles deben ser las relaciones con personas de otras creencias –o sin creencia alguna– dentro de la sociedad?

-¿Hay otras opciones, además de la oposición en la relación con Occidente?

En cierta medida, se trata de interrogantes elementales, que debían haber obtenido respuesta hace decenios, mucho antes de que los formulara Ramadan, pero la dinámica histórica del colonialismo y del poscolonialismo quizá lo hizo imposible. Este quizá es ineludible porque algunos musulmanes respondieron a estas preguntas hace tiempo, convencidos de que la mejor defensa de los derechos del creyente es situar la práctica religiosa en el apartado de la vida privada de cada individuo, en el ámbito de su autonomía intransferible. Otros, por el contrario, se arrogan el derecho a hacer ostentación de sus convicciones religiosas, a parapetarse en el legado de sus ancestros para difundir una ideología congelada de inspiración religiosa, a entender cualquier otro credo como un adversario en el campo de batalla. Pero la islamofobia vociferante que prolifera en Europa no anda muy lejos de esa actitud aguerrida que lleva sin remedio a la confrontación. Y la gestión de todo ello solo como un problema de seguridad no hace más que aplazar la consideración de otros aspectos del desafío planteado por los muyahidines de la guerra santa.

El primero de todos ellos es la existencia de sociedades desarticuladas, cuando no excluyentes, que fomentan indirectamente la cultura del gueto. El segundo es la disfunción permanente del mercado de trabajo, que opera como un filtro y corta el paso al desarrollo de muchos jóvenes. El tercero es la aceptación de que los estados laicos no escapan a las contradicciones inherentes a sociedades mayoritariamente secularizadas, pero que cobijan importantes minorías cuya vida se articula a través de la religión (de diferentes religiones). No se trata de impugnar el Estado aconfesional; se trata de aplicar soluciones diferentes a sociedades diferentes que hace tiempo dejaron de ser homogéneas; se trata de actuar de forma inteligente y sin los prejuicios que exhiben todos los días los partidarios de la exclusión social.

La propensión de los gobiernos a creerse en posesión de la verdad lleva directamente al desastre. No hay otro responsable inmediato de la tragedia de Manchester que el suicida que se inmoló a la salida de un concierto, pero no pueden soslayarse los mecanismos que llevaron a un ciudadano británico a abrazar la versión más violenta y alejada del islam del siglo XXI. De hecho, se está cumpliendo algo que adelantó Jean-Pierre Filiu, el nacimiento de una nueva religión desgajada del mejor legado musulmán, un proceso degenerativo cuyo ecosistema ideal se encuentra en la periferia de muchas grandes ciudades de Europa. No está en discusión que el primer deber de los gobiernos es garantizar razonablemente la seguridad de los ciudadanos; sí lo está la incapacidad de los gobernantes para generar complicidades en el seno de comunidades vulnerables, desencantadas.

Erdogan liquida a Atatürk

La reforma constitucional aprobada el domingo mediante referéndum consagra un giro autoritario en Turquía cuyo objetivo último es liquidar el legado secular de Mustafá Kemal Atatürk y asentar un nacionalislamismo que rescate del pasado la tradición otomana, la influencia que durante siglos tuvo el sultanato en el orbe musulmán. La autoridad omnipresente lograda por el presidente Recep Tayyip Erdogan persigue desarticular la neutralidad de las instituciones diseñada por la Ley de Organización Fundamental de 1921, que marcó el rumbo en el tránsito del poder dinástico a la modernidad, quiso liquidar el vínculo de Turquía con sus vecinos del este y fijó la occidentalización a toda máquina como el programa que debía rescatar al país del atraso, la sumisión y la dependencia exterior. Para curar los achaques de la Sublime Puerta, el enfermo de Europa derrotado en 1918, Atatürk optó por una cirugía de hierro que provocó una fractura social nunca superada y ahora agravada.

Las raíces del mal turco se remontan a la división de primera hora entre kemalistas y otomanistas, entre partidarios del Estado laico y del Estado confesional, entre deseosos de quemar etapas y disponer cuanto antes de un Estado liberal y aquellos otros que veían en la tradición la piedra sillar de la identidad nacional. Al analizar hoy la distribución del voto en el referéndum y subrayarse la división entre el mundo urbano –Estambul, Ankara, Izmir, Trabzon– más el Kurdistán, que votaron no, y la Anatolia rural, que se decantó por el , no se hace otra cosa que poner de manifiesto una constante histórica desde los años 20 del siglo pasado: el laicismo nunca arraigó en la Turquía interior, conservadora en extremo, aunque no siempre sumida en una religiosidad hermética.

El especialista Bernard Lewis afirma en The emergence of modern Turkey: “La occidentalización planteó graves problemas de identidad a un pueblo que, después de todo, procede de Asia, profesó el islam y perteneció por tradición durante muchos siglos al mundo islámico de Oriente Próximo, donde los otomanos fueron líderes inamovibles”. En este entorno, poner la mirada en el oeste fue interpretado casi siempre en Asia y en el islam como una traición, añade Lewis, y “los turcos fueron denunciados como lacayos de Occidente”. Basta con repasar las ideas expresadas en su día por los exprimeros ministros islamistas Necmettin Erbakan –“la República representa una negación cultural y el secularismo represivo”– y Ahmet Davutoglu –“tengo mis dudas acerca de la compatibilidad de la política occidental y sus instituciones sociales con una sociedad predominantemente musulmana”–  para colegir que el análisis de Lewis, muy discutible en otros apartados, en este se acerca bastante a la realidad.

Al mismo tiempo, la comunidad académica contempla el proyecto de Erdogan como una amenaza para la democracia que, con sobresaltos y limitaciones, crisis y golpes de Estado, ha resistido todos los desafíos. La escritora francoturca Kenicé Mourad, bisnieta del último sultán, ve en el autoritarismo constitucional promovido por el presidente una mutación de signo totalitario: “Ya hace años dije que Turquía se estaba convirtiendo en la Alemania de los años 30”. El nobel Orhan Pamuk vio el último febrero cómo una entrevista que debía publicar el periódico Hurriyet, propiedad del conglomerado financiero Dogan Holding, nunca apareció porque en ella el escritor se pronunciaba contra la reforma constitucional en un ambiente dominado por la purga de las redacciones, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de cabeceras críticas. Adiós a la atmósfera deliberativa propia del pluralismo político.

Desde el intento de golpe de Estado del pasado verano, el enaltecimiento de la figura de Erdogan ha sumado adeptos. El presidente ha logrado concretar dónde se encuentra el nido de la serpiente, el núcleo de conspiradores encabezado por el eximán Fethullah Gülen, ha puesto en marcha un mecanismo de depuración de los empleados públicos –Ejército, policía, funcionarios, profesores de universidad– y ha logrado que arraigue en la opinión pública la idea de que el país cuenta ahora más que antes, ha establecido un nuevo vínculo con quienes emigraron a Europa y condiciona la política de la Unión Europea. “Erdogan es un autoritario como tantos otros hay en el mundo –afirma Steven A. Cook, del Council on Foreign Relations, en las páginas de Foreign Policy–, pero al mismo tiempo se inspira en la historia otomana”, en un pasado glorioso, a menudo mitificado, que se desmoronó minado por la decadencia.

En esta historia idealizada caben las opiniones de votantes que el domingo justificaron su en la necesidad de que Turquía disponga de un gobernante fuerte que restaure el orgullo de la nación, un argumento no muy diferente del perfil forjado por Atatürk para justificar su occidentalización sin contemplaciones. Algo que, en cualquier caso, se atiene a la idea de liderazgo en el seno del islam que comparten muchos votantes, recuerdo impreciso del papel desempeñado por el sultanato durante siglos. “El lugar natural de Turquía no está en el cuartel general de la OTAN en Bruselas –creen muchos conciudadanos de Erdogan, según lo ve Cook–, sino en la dirección del mundo musulmán, cuyos aliados deben ser Pakistán, Malasia, Egipto, Irán e Indonesia”.

De ser esto cierto a grandes rasgos, cobra sentido que el interés por ingresar en la Unión Europea haya decaído y otros proyectos políticos asociados a la europeización hayan pasado a mejor vida. Así el proyecto de convertir el Partido de la Justicia y el Desarrollo, dirigido por Erdogan, en una versión islamista moderada de la democracia cristiana de posguerra; así la adecuación de muchas leyes al acervo comunitario para hacer posible la adhesión; así incluso la revisión de la causa kurda como la de una comunidad irredenta después de considerar durante decenios la crisis kurda un problema de seguridad. La aspiración europea ha dejado de ser la estación de llegada principal a pesar de que el vínculo con los europeos tiene más contenido que nunca: el acuerdo para almacenar refugiados a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.

La tensión con Holanda y Alemania durante la campaña electoral alcanzó el objetivo perseguido: atraer a la causa erdoganista a una parte importante de la comunidad turca en Europa. Los ministros que fueron a participar en actos para pedir el en el referéndum no lograron subirse a la tribuna, pero consiguieron movilizar a quienes volvieron a sentirse más turcos en el exilio económico que nuevos europeos en proceso de adaptación. Que las instituciones democráticas, la división de poderes y las libertades individuales estén en juego pesó menos que la restitución del sentimiento nacional, un intangible que activó la política de las emociones y atrajo el voto de los emigrantes. Nadie dijo palabra sobre la solicitud de ingreso en la Unión Europea, presentada en el 2005, y aún menos sobre la votación en la Eurocámara, que el 24 de noviembre adoptó la decisión no vinculante de suspender las negociaciones para la adhesión de Turquía. La partida se juega en otra mesa con otras reglas.

Por el contrario, la posibilidad de disputar al mundo árabe la hegemonía regional en el Mediterráneo oriental es algo más que una atractiva posibilidad a cada día que pasa. La entente cordiale con Rusia, tan a contrapelo, la acogida de refugiados sirios que huyen de la hecatombe y su implicación cada vez mayor en la guerra han alimentado la ensoñación otomanista. Mientras la oposición impugna la limpieza del escrutinio y la OSCE duda de la transparencia de las votaciones, mientras la oposición laica entiende que Erdogan ha puesto en marcha una operación para desviar la atención de sus miserias familiares –el tráfico de petróleo comprado por un hijo del presidente al Estado Islámico– y para perpetuarse en el poder, el interesado ha logrado reunir la masa crítica suficiente para salir adelante a pesar de las contradicciones de su proyecto. Este más que presunto punto final puesto al ataturquismo configura un país desgarrado por dos proyectos irreconciliables, promueve la islamización de las instituciones, elimina los contrapesos entre poderes y otorga a Erdogan la capacidad de hacer y deshacer según sus personales designios. Mueve a reflexión, cuando no a preocupación, el solo hecho de que el presidente Donald Trump fuese el único que se apresuró a felicitarle en cuanto terminó el recuento.

 

 

Trump, el guerrero sin antifaz

El ataque con misiles de una base del Ejército sirio en la provincia de Homs ha permitido a Donald Trump encarnar por primera vez la figura del guerrero sin antifaz. Como George W. Bush en febrero del 2001 al ordenar un bombardeo en Irak menos de un mes después de haber tomado posesión, Trump emerge como el administrador de una presunta justicia armada universal, impugna el orden internacional tutelado por las Naciones Unidas y despierta del sueño de una noche de invierno –primeras semanas de su mandato–, cuando vislumbró una posible entente o conllevancia con Rusia para acabar con la guerra en Siria sin expulsar del poder a Bashar al Asad y para someter a presión a la Unión Europea por el este y por el oeste. O ocaso el sueño nunca fue tal, sino más bien una maniobra de distracción, un amago para corregir el legado de Barack Obama: reducir al máximo la implicación directa de Estados Unidos en la gestión de las diferentes crisis que zarandean al mundo árabe y rehabilitar a Irán, aliado de Siria, ante la comunidad internacional.

Para todo esto puede valerle a Trump la salvajada cometida en Jan Sheijun, provincia de Idleb, que ha causado conmoción en todas partes y ha resignado a los aliados a aceptar los hechos consumados de una mayor presencia sobre el terreno de Estados Unidos después de que Rusia haya impedido que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución de condena de lo sucedido. Ninguna de las alegaciones presentadas por los embajadores ruso y sirio ha convencido al auditorio, y sí, en cambio, las informaciones suministradas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres. Nadie ha creído que la oposición islamista sea la responsable de todo al guardar un arsenal químico en un almacén bombardeado por la aviación de Al Asad. Está muy presente en la memoria colectiva lo sucedido en el 2013 –más de 1.400 muertos en un ataque con gas sarín– y la decisión posterior de los generales sirios de deshacerse de su armamento químico, un gesto inducido por Rusia que desactivó la amenaza de Obama de intervenir in situ en el conflicto si el Gobierno de Damasco cruzaba de nuevo la línea roja de un ataque con armas de destrucción masiva.

La posibilidad de un conflicto crónico, con el Estado Islámico como gran adversario y razón suficiente para una alianza táctica con Rusia, da paso a una nueva realidad: la indigencia moral del régimen sirio obliga a Estados Unidos a matizar la disposición a entenderse con Vladimir Putin. Mientras Devin Nunes, presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusado de plegarse a los deseos del Gobierno, deja de participar en la investigación abierta por presunta connivencia de los estrategas de campaña de Trump con los intoxicadores de campaña de Putin, asoma por una esquina la Realpolitik, la tozuda evidencia de la incompatibilidad entre la estrategia rusa de recuperación del tiempo perdido a la disolución de la URSS y las políticas globales de seguridad diseñadas por Estados Unidos. Prueba todo ello de la bisoñez o impericia de una Administración sumida en la desorganización y el oportunismo, y falta de referencias para justificar la utilidad de la russian connection en cuanto el gas sarín ha segado la vida de cerca de 90 personas (una veintena, niños).

Superados los seis años de guerra en Siria, la hipótesis del conflicto crónico como mal menor ha dejado de tener sentido. Think tanks conservadores como Rand Corporation admiten en un informe elaborado por varios expertos que se precisarán años para que mejore la situación en el frente de batalla y cese la matanza, y subrayan al mismo tiempo que es preciso prestar apoyo a fuerzas aliadas para que tengan efecto a ras de suelo los bombardeos desde el aire y el despliegue de alguna unidad de tierra (la última entrega, 400 soldados). Un panorama poco compatible con el diseño de las operaciones rusas en apoyo de Al Asad, dirigidas más a combatir a la oposición englobada en la Coalición Nacional Siria que al Estado Islámico.

Ni siquiera el atentado presumiblemente islamista en el metro de San Petersburgo –14 muertos– altera la naturaleza de la alianza ruso-siria, pues es la que garantiza la influencia decisiva del Kremlin en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo. Desde la liquidación de la resistencia en Alepo no hay duda de que el futuro pasa por el despacho de Putin y es el presidente ruso quien garantiza la continuidad del sirio. Al Asad se siente vencedor a pesar de las repetidas condenas de su régimen en toda clase de foros, de tal manera que en su última entrevista con una emisora de televisión extranjera, un canal de Croacia, ni siquiera se refiere al bombardeo de Idleb. Rusia recurre a la argucia de hablar de la oposición sin matices, mete en el mismo saco al brazo de Al Qaeda en la guerra y a los adversarios de Al Asad que apoya Occidente, y arbitra en el conflicto con la permanente pugna de fondo del chiísmo (Irán) y el sunismo (Arabia Saudí), que se disputan la hegemonía regional en el golfo Pérsico.

Todas estas sutilezas habían escapado hasta la fecha a la diplomacia de brocha gorda exhibida por Trump, al menos en público. Después de echar mano de los Tomahawk, el relato ha cambiado sustancialmente con una agresividad no tan inesperada como pudiera pensarse a la vista del diagnóstico de algunos expertos. Dennis Ross, un veterano embajador con un conocimiento detallado del escenario, ha escrito un artículo para el Washington Institute en el que exhorta al Gobierno a aceptar que la estrategia en Siria no puede reducirse a acabar con el ISIS, porque el desafío del terrorismo global excede con mucho al Estado Islámico. A mayor abundamiento, Ross entiende que la desaparición del califato no figura entre las prioridades rusas (y sirias, cabe añadir). En consecuencia, la colaboración con Rusia, pasados los ardores poselectorales del primer momento, carece de fundamento salvo que se establezcan claramente los objetivos y los límites de tal colaboración.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal a finales del 2015 advertía Henry Kissinger que “la estructura diplomática de las últimas cuatro décadas está en ruinas”, y subrayaba que cuatro estados árabes habían dejado de funcionar como tales: Libia, Yemen, Siria e Irak. De ahí a aplicar la teoría kissingeriana del dominó media un paso: el poder de contagio de una guerra en fase aguda –Siria hoy– desencadena crisis en su periferia, y así un conflicto local se convierte a toda prisa en regional. Frente a esta teoría, fruto de la experiencia de la guerra de Vietnam y sus secuelas, parece una simplificación de 140 caracteres la del conflicto limitado a un solo país del atormentado mundo árabe, manejada hasta ahora por el círculo de Trump, y con Rusia de socio preferente.

La yihad alimenta a la serpiente

Mientras brotan las emociones a flor de piel a raíz del ataque terrorista en Londres, dejan oír su voz cuantos están dispuestos a sacar partido de la tragedia para sus propios fines. Mientras la prudencia y los llamamientos a la unidad impregnan los discursos en la Cámara de los Comunes y en la calle, Paul Nuttal, líder del UKIP (ultranacionalismo islamófobo), y su antecesor, Nigel Farage, llenan los medios con improperios y rescatan de su programa la división entre ciudadanos británicos musulmanes, siempre bajo sospecha, y no musulmanes, siempre bajo amenaza de los primeros. Mientras los gobiernos buscan el origen de todo en Oriente Próximo, resulta que el atacante se llamó Adrian Russell hasta convertirse en Khadir Masood y transformar un coche y un cuchillo de cocina en armas de guerra.

Así están las cosas: una serie de obviedades y contradicciones dejan de lado dos datos muy reales: el final del Estado Islámico, de producirse, estará lejos de ser, al mismo tiempo, el final de la pesadilla, y la prédica apocalíptica del yihadismo ha hecho del Daesch el banderín de enganche de diferentes formas de radicalización y nihilismo en las sociedades europeas. Puede el califato incipiente sufrir una derrota rotunda en los campos de batalla de Siria e Irak, pero es improbable que tal suceso mengüe la determinación de quienes han hecho del combate contra Occidente su causa mayor, su razón de ser. Puede la sociedad clamar por el fin de la violencia con la determinación que se ha hecho en los últimos años, pero mientras subsistan agravios comparativos, desigualdades lacerantes y comunidades condenadas al gueto, los profetas de la acción directa encontrarán un auditorio minoritario, pero suficiente, de lobos solitarios, células durmientes y otras modalidades de terror no necesitado de un comando o dirección central: le basta con esperar la ocasión, golpear y huir si es posible.

Como le hace decir William Shakespeare a Bruto en Julio César, “entre la ejecución de un acto terrible y su primer impulso, todo el intervalo es como una visión o como un horrible sueño”. Pero luego todo tiene su lógica y la siembra de la muerte se justifica mediante la invocación ensimismada de un objetivo irrenunciable. El desconocimiento pasmoso del islam detectado entre los conversos adscritos a la guerra santa carece de importancia; lo que realmente los mueve es infligir el mayor daño posible con la mayor repercusión posible en los medios. Como dice Jean-Pierre Filiu en Las 9 vidas de Al Qaeda, esta organización “supo sacar el mayor provecho de la mundialización de los intercambios humanos, con el fin de amalgamar en su matriz militantes de horizontes muy diversos”, y el Estado Islámico ha sabido llevar esta estrategia hasta sus últimas consecuencias.

La petición de Simon Jenkins, un analista del periódico liberal The Guardian, de que no se llenen “páginas de los periódicos y horas de televisión y radio con palabras como miedo, amenaza, terror, maníaco o monstruo” o de que no se presente a Londres “como escenario de una película de miedo”, todo ello con el fin de disipar la atmósfera de histeria, es un requerimiento razonable, pero de imposible cumplimiento. No hay  posibilidad de objetivar la matanza de igual forma a como un científico objetiva un fenómeno físico, porque el factor humano es determinante y la reacción emotiva, inevitable. De no producirse, los motivos de alarma deberían ser por lo menos tan grandes como los que suscitan el discurso desabrido de cuantos quieren manipular la emotividad en beneficio propio (los populismos que desafían la realidad con remedios simples para atender a males complejos).

Al cumplirse 60 años de la firma del Tratado de Roma, los europeos contemplan estupefactos que la serpiente ha anidado en sociedades prósperas, democráticas y que confiaron en su día en el pacto social de la posguerra para atemperar las desigualdades. Quizá sea más exacto decir que la serpiente ha anidado de nuevo en una comunidad muy diferente a aquella de los años 30 que se abismó en la catástrofe, pero no menos necesitada de respuestas y certidumbres, no solo a causa del Brexit y de la crisis de los refugiados, dos acontecimientos perturbadores, sino de la confusión reinante acerca de cuál debe ser el rumbo futuro, cómo ensamblar en una sola comunidad cohesionada perfiles tan diferentes como los que cabe encontrar en cualquier calle de cualquier gran ciudad europea.

En el análisis clásico de los grandes conflictos, se tiende a considerar tres factores en el origen de toda confrontación: el choque de identidades, la rivalidad entre religiones y la desigualdad económica. En este conflicto que siembra la muerte por Europa se dan los tres frentes. La multiculturalidad ha resultado ser un intento fallido de constituir una sociedad basada en un pluralismo integrador, y la interculturalidad, necesitada de alguna forma de mestizaje, apenas se ha hecho realidad en reductos minoritarios. Londres es un buen ejemplo de todo ello: la organización de diferentes comunidades homogéneas en un mismo espacio urbano, que rara vez han ido más allá de la coexistencia, ha hecho posible una sociedad culturalmente fragmentada, donde los discursos incendiarios han encontrado un público predispuesto, minoritario, pero extremadamente activo. Y en cada conurbación europea, con intensidad y características diferentes, se ha repetido el mismo modelo de fracaso.

Dice el periodista Patrick Cockburn que el Estado Islámico es hijo de los errores cometidos por Occidente en Oriente Próximo. Quizá la idea sea extensiva a la floración de muyahidines en Europa, sin que ello sea ni por asomo una justificación de sus desmanes. El riesgo está en que los gobiernos abunden en el error y solo gestionen la situación como una crisis de seguridad, olvidando los factores sociales y la necesidad de poner en marcha programas dinámicos de integración. Si esto sucede, se mantendrán inamovibles los ingredientes estrictamente europeos que han propiciado la crisis y, en última instancia, volverá a planearse el consabido y falso dilema entre libertad y seguridad. Sucedió después de los atentados de París (13 de noviembre de 2015), Bruselas (22 de marzo de 2016) y Berlín (19 de diciembre de 2016), y el estado de ánimo de algunos gobernantes europeos que deben rendir cuentas a una opinión pública asustada es peor al de hace unos meses. Porque detrás del telón se agitan los populismos que ven en el atentado de Londres otro presagio de que quizá pronto alcanzarán el poder (ahora ya lo condicionan).

 

 

Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.