Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Arabia Saudí calienta Oriente Próximo

Desde que un ministro saudí dijo el día 6 que el Ejecutivo libanés sería tratado como “un Gobierno que declara la guerra” la escalada verbal y los gestos hostiles han ido en aumento, empezando por la retención o secuestro de Saad Hariri un día después de anunciar desde Riad que renunciaba al puesto de primer ministro. La rivalidad estratégica por la hegemonía en la región entre Arabia Saudí e Irán alienta detrás de este nuevo foco de tensión en el que coinciden la presencia del movimiento chií Hizbulá en el Gobierno libanés, la preocupación de siempre de Israel por lo que sucede más allá de su frontera norte; la suerte de la guerra del Yemen, donde los saudís están muy lejos de poder cantar victoria; el aislamiento catarí promovido por la diplomacia saudí en el seno de la Liga Árabe, sometida a los intereses de la dinastía Saúd; y la decisión del rey Salman de nombrar sucesor a su hijo Mohamed, con su correlato de purgas en las estancias de palacio.

Todo esto concurre en la peligrosa iniciativa saudí de tensar la cuerda en Líbano, con el beneplácito de Estados Unidos y el consentimiento implícito de Israel. “Cuanto hace Arabia Saudí más allá de sus fronteras tiene que ver con Irán”, dice Tamara Wittes, de la Brookings Institution, y esta vez no es una excepción. Los caminos y los intereses de ambos países chocan en el golfo Pérsico, colisionan en Siria a causa del apoyo permanente de los ayatolás a Hizbulá, aliado de Bashar al Asad, se enfrentan en Yemen por la asistencia iraní a los hutís (chiís) y se entrecruzan desde tiempo inmemorial en la rivalidad histórica entre la mayoría suní del mundo musulmán y la minoría chií, cuya referencia primera es la República Islámica fundada por Jomeini. Nada es nuevo en esta última entrega del conflicto salvo la doble aquiescencia estadounidense, que apoya a un tiempo a sus dos grandes socios en el teatro de operaciones, Israel y Arabia Saudí, concretando una triple alianza perfectamente operativa.

Puede decirse que nada es contra natura en esta entente cordiale con israelís y saudís en el mismo bando. Para los primeros, el mayor riesgo en su frontera norte es Hizbulá –20.000 milicianos con un entrenamiento equiparable al de cualquier Ejército convencional, 25.000 reservistas y un arsenal generosamente provisionado por Irán–; para los segundos, Hizbulá es uno de los factores clave de la capacidad de resistencia de Bashar al Asad y un instrumento en manos de los iranís para ampliar su área de influencia. Para ambos, el régimen iraní es el gran adversario a neutralizar para asentar el control sobre el mundo árabe y para mantener la tutela permanente de Estados Unidos sobre el desarrollo de los acontecimientos en Irak (el 60% de la población es chií).

Si hasta la fecha la contención se ha impuesto en el Gobierno israelí a pesar de las presiones de la extrema derecha es a causa de los malísimos antecedentes de las dos anteriores guerras del Líbano, en las que la presión de la comunidad internacional en la primera (1982) y de la opinión pública en la segunda (2006) se entendieron como dos derrotas apenas encubiertas por la propaganda. Pero analistas como el diplomático Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel, ven en la situación actual los riesgos de un conflicto militar inducido por terceros. “Puede suceder –estima Shapiro– que los saudís intenten crear las condiciones para una forma diferente de impugnar a Irán en el Líbano: una guerra de Israel contra Hizbulá”. Y en este hipotético caso, el temor es que una operación a gran escala contra los milicianos incendiara la región; conllevara costes inasumibles para el Gobierno israelí.

¿Cuáles serían estos costes? Los mismos que en el 2006: un elevado número de bajas, la humillación del empate en el campo de batalla frente a un ejército de milicianos y el rechazo de una opinión pública traumatizada por la llegada de los ataúdes a las bases militares. Los generales entienden que solo una operación relámpago de entre 48 y 60 horas garantizaría una intervención corta y victoriosa, aunque extremadamente cruenta entre la población civil y con un altísimo precio para la imagen internacional del país. “Si se desencadena una guerra (…) necesitamos actuar con todas nuestras fuerzas desde el principio”, declaró en junio el mayor general Amir Eshel, a la sazón comandante de la fuerza área. Con el probable añadido de considerar al Ejército regular libanés, de recursos modestos, “un enemigo al lado de Hizbulá”, según la fórmula usada por el apocalíptico Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

Sostiene Amos Arel, un analista del periódico progresista israelí Haaretz, que la volatilidad del momento entraña un riesgo añadido: que un incidente local provoque una escalada militar. Este es el peor escenario imaginable para Israel y quizá el más apetecible para Hizbulá y su dirección política, donde Hasán Nasrala ha impuesto la doctrina de los resultados por encima de la preocupación por el parte de bajas. Así sucedió en 2006, así sucede hoy en las operaciones llevadas a cabo en apoyo de Bashar al Asad y así probablemente sucederá en el futuro, completamente ajena la organización a cómo puede reaccionar la opinión pública mundial, tal como ha demostrado con su prolongada participación en la matanza siria. Hizbulá cuenta con la generosa ayuda iraní y con la complicidad rusa en el frente, y esto le basta para justificarse ante sus seguidores.

Cuanto más se prolongue la estancia de Saad Hariri en Riad más delicada se tornará la situación porque mayor peso específico tendrá el frente radical en el Gobierno libanés. El pasa dado por el rey Salman es un recurso insólito y un dato a tener en cuenta en el futuro inmediato al analizar la pretensión saudí de tratar como disidentes a cuantos discutan o perturben sus designios para Oriente Próximo. De hecho, el programa que aplica la corte de Riad no está exento de riesgos mayores que la teocracia saudí trata de encubrir con gestos modernizadores y una pretendida guerra abierta contra la corrupción, pero el delicado equilibrio en la región más caliente del planeta, en una atmósfera de crisis crónicas, puede saltar por los aires a poco que alguien cometa un error de cálculo. No es tan difícil que esto suceda en el complejo entramado donde porfían actores políticos, con armas o sin ellas, que se oponen a la lógica saudí, con Rusia en primer lugar.

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

Palestina otra vez

La violencia se adueña de nuevo del largo conflicto palestino-israelí sin que nadie disponga de instrumentos políticos para aplicar una solución que suavice la postración del pueblo palestino y no alarme a Israel. Mientras se discute si nos hallamos ante los inicios de la tercera intifada o ante un brote de exasperación momentánea, se tensa la cuerda en los barrios árabes de Jerusalén Oriental, bloqueados o sometidos a control por el Gobierno israelí, y la Autoridad Palestina da muestras una vez más de una muy escasa influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Cisjordania. A un lado y otro de la crisis, las facciones radicales imponen sus agendas, ideales para perpetuar el conflicto, esto es, para empeorar la situación de la comunidad palestina.

Los datos de la Asociación para los Derechos Cívicos en Israel son concluyentes: el 75% de los 300.000 árabes que habitan Jerusalén vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 64% de sus hogares están debidamente conectados a la red de agua potable. Eso sucede a las puertas en un país con un PIB per cápita que supera los 35.800 dólares, disfruta de un elevado desarrollo tecnológico y compite con éxito en la economía global. Pero las deficiencias materiales no son la causa primera del descontento, sino la convicción palestina de que cada vez está más lejos la fundación de su Estado, y la decisión de Estados Unidos de apartarse del problema y dejar las cosas como están después de repetidos fracasos en la mediación durante los dos mandatos de Barack Obama no hace otra cosa que dejar las manos libres al Gobierno israelí para gestionar la situación como mejor le venga.

Nadie escapa al recuerdo del sonoro fracaso en que acabó el empeño de Bill Clinton en julio del 2000 de reunir a Ehud Barak y a Yasir Arafat para despedirse de la presidencia con un acuerdo en Palestina. Hoy la atmósfera es menos respirable que entonces, el Gobierno israelí es un conglomerado de partidos sometido a las exigencias de la extrema derecha y Hamás ha erosionado la imagen pública de la Autoridad Palestina como nadie supo prever. Por si fuera poco, la sintonía de Barack Obama y Binyamin Netanyahu es perfectamente descriptible: es inesxistente, en especial después del acuerdo en materia nuclear alcanzado por la comunidad internacional con Irán. Como ha escrito un articulista en Haaretz, Netanyahu “prefiere gestionar los disturbios como un desastre natural que está fuera de su control”, un desastre que a ojos del primer ministro exige siempre cirugía de hierro, cabe añadir.

En realidad, se trata de un estallido de ira o de frustración de jóvenes condenados a la lógica perversa de un horizonte sin futuro, que han convertido los apuñalamientos de ciudadanos israelís en la seña de identidad de su opción por la violencia. En todo ello ve Jodi Rudoren, de The New York Times, una gran diferencia con relación a la segunda intifada, donde el encuadramiento político de los palestinos movilizados era evidente. Ahora se trata de “arrebatos espontáneos individuales de jóvenes sin filiación en un movimiento político”, sostiene Rudoren, como si los partidos palestinos, enzarzados en sus propias dispuestas, hubiesen defraudado a la última hornada de militantes de la acción directa, a cuantos creen que el llamado proceso de paz exhaló hace tiempo el último suspiro.

Es posible que una parte de los movilizados actúen por un impulso meramente personal, espontáneo si se quiere, pero la agitación en Hamás y la Yihad Islámica induce a pensar que tiene bastante que ver con los acontecimientos en curso. Ambos grupos islamistas han manifestado su apoyo a los ataques de las últimas semanas, y la enésima crisis en las relaciones de Hamás con Al Fatá el pasado verano ha dejado las manos libres a las facciones extremistas para ocupar la calle. La historia del conflicto palestino-israelí enseña que nada es nunca fruto de la casualidad o de la espontaneidad de unos cuantos cuando la violencia se apodera de la calle; siempre hay un pretexto y un grupo instigador que lo utiliza para dar la palabra a las armas, a las piedras o, como ahora, a los cuchillos.

Los jóvenes defraudados comparten el análisis de la situación que hace el periodista Rami G. Khouri: “Hay algo a la vez cómico y trágico cuando la Secretaría de Estado llama a los líderes israelís y palestinos pidiéndoles que restauren el orden. ¿Orden? ¿Qué orden? ¿El orden de la ocupación israelí, la colonización, la explotación, el asedio y la subyugación de los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este desde 1967?” Todo el mundo sabe que el modelo surgido de los acuerdos de Oslo ha quedado superado por la realidad; es un modelo agotado, cuya adulteración conduce directamente a hacer inviable la fundación de un Estado palestino con todos los tributos de soberanía, y, por simple reacción, alimenta el pensamiento más radical, la prédica encendida en las mezquitas y el desprestigio de  Mahmud Abás ante una parte cada vez mayor de la opinión pública palestina.

En un Oriente Próximo desquiciado por la guerra civil siria, el desafío del Estado Islámico y las desavenencias entre las grandes potencias, la causa palestina ha dejado de ser el mayor de los problemas que debe afrontar en la región la comunidad internacional. Los think tanks que multiplican los análisis dedicados a la competición entre sunís y chiís en el golfo Pérsico, la rehabilitación de Irán y el dispositivo de seguridad en la zona, apenas prestan atención a la reivindicación palestina, como si se tratase de un problema endémico con el que hay que acostumbrarse a convivir, pero de imposible solución. Lo cierto es que la situación es bastante diferente y los jóvenes enardecidos persiguen, entre otras cosas, mantener viva la atención sobre la Palestina y sobre la política de hechos consumados de los gobiernos de Netanyahu (más asentamientos, más restricciones en Jerusalén Oriental, más medidas discriminatorias).

Importa menos que el camino elegido sea el adecuado: cuanto menos hay que perder, mayor es la osadía. El apuñalamiento de ciudadanos indefensos es inaceptable, también es del todo reprobable el recurso al terrorismo, pero hace décadas que las reservas morales dejaron de estar en vigor en ese entorno desquiciado. La hoja de servicios que presentan las fuerzas de seguridad israelís no es menos deplorable que la que corresponde a la violencia palestina. La diferencia está en el coste material de los desmanes: basta recordar la destrucción planificada, sistemática y periódica de la franja de Gaza, el recurso al castigo colectivo, para adelantar que este nuevo brote de violencia, como los anteriores, entraña riesgos incalculables para la sociedad palestina, condenada a la desesperanza, a la arbitrariedad y a indignidades semejantes a las del apartheid.

Desde que el 30 de septiembre el presidente palestino anunció ante la Asamblea General de la ONU que se desvinculaba de los acuerdos de paz de Oslo, y pidió a Israel que reconociese su condición de potencia ocupante, nada es exactamente igual a antes de la declaración. “Mientras Israel se niegue a acabar con la creación de asentamientos y a liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos, como dictan nuestros acuerdos, no nos dejan más opción que insistir en que no seremos los únicos comprometidos con la aplicación de estos acuerdos, mientras Israel los viola continuamente”, dijo Mahmud Abás. Hubo en sus palabras una exigencia de equilibrio que, por lo demás, no forma parte de la lógica histórica del conflicto, sino más bien todo lo contrario, y dejó abierta la puerta a toda clase de interpretaciones, incluso la extraída por los radicales: si los acuerdos de Oslo no rigen, otras vías están legitimadas.

A decir verdad, no lo están. No solo por principio, sino porque las represalias israelís, cuando la violencia ocupa el escenario, nunca han sido un ejemplo de proporcionalidad y contención; nunca las soluciones expeditivas han llevado a los palestinos a puerto seguro, aunque estuviesen cargados de razón. Que estemos ante los primeros días de la tercera intifada o ante otra cosa con otro nombre importa menos que la certidumbre de que el bando que acumulará más víctimas será el de siempre. También en ese punto la historia está repleta de lecciones.

 

 

Yemen empeora Oriente Próximo

Desde la llegada al trono suadí del rey Salmán a la muerte de Abdalá (23 de enero) hasta la decisión de la Liga Árabe de crear una alianza militar a imagen y semejanza de la OTAN (28 de marzo) se han registrado una serie ininterrumpida de acontecimientos que pueden cambiar en muy poco tiempo el argumento en Oriente Medio, si es que no cambió ya para siempre a causa del desafío islamista. Hay por lo menos cinco capítulos interconectados, relatos parciales que responden unas veces a intereses antagónicos y otras a factores complementarios de acuerdo con el siguiente esquema:

-El levantamiento en Yemen de los hutís –chiís–, que han sido capaces de dinamitar el régimen que siguió al exilio del presidente Alí Abdalá Salé y han provocado la intervención de Arabia Saudí y sus aliados sunís.

-La confusa disposición de Estados Unidos a reconocer que es preciso negociar con el régimen sirio –con Bashar el Asad o sin él no está claro– para evitar un triunfo o enquistamiento del islamismo en Siria e Irak, seguido de unas declaraciones bastantes explícitas del autócrata, preparado para llegar a un acuerdo con la Casa Blanca si nadie discute su poltrona.

-La victoria de Binyamin Netanyahu el 17 de marzo y su oposición militante a un acuerdo político del grupo 5+1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) con el régimen iraní sobre la limitación de su programa nuclear o, lo que es lo mismo, sobre la rehabilitación de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional.

-Los avances en las negociaciones de Lausanne, con el reloj parado a la espera de que alumbren un compromiso tan temido por Israel, en nombre de la seguridad, como por Arabia Saudí en su disputa histórica con Irán por la hegemonía en el golfo Pérsico.

-La decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de levantar el bloqueo de la venta de armas a Egipto y de reanudar el programa de ayudas –más de 1.000 millones de dólares al año–, suspendidos a raíz del golpe de Estado del general Abdel Fatá al Sisi (3 de julio del 2013).

Puede añadirse a estos cinco apartados el proyecto saudí, nunca concretado, pero siempre soñado, de hacer del Consejo de Cooperación del Golfo una suerte de confederación de estados pilotada desde el palacio real de Riad, destinada a competir con Irán allí donde hiciese falta, con la ventaja adicional para las monarquías sunís de disponer de una capacidad financiera superior a la iraní gracias a las rentas del petróleo y a la diversificación de sus inversiones. Cierto es que países como Catar recelan, cuando no se oponen a una operación de estas características, pero debe considerarse como una posibilidad que está ahí y que puede reaparecer según se desarrollen los acontecimientos.

Algunos análisis achacan a la retirada de facto de Obama de la región parte principal de la responsabilidad de cuanto allí sucede desde mediados del 2014. El profesor Sami Aoun, de la Universidad de Sherbrooke (Canadá), sostiene que la implicación limitada de Estados Unidos ha creado un vacío con efectos desestabilizadores. Si ese vacío ha hecho posible el hundimiento de Yemen en una guerra sectaria, es difícil precisarlo, pero lo cierto es que la iniciativa tomada por Arabia Saudí y otros países árabes se debe a esa guerra y al triunfo momentáneo de la facción chií, presuntamente apoyada por Irán, mientras, al mismo tiempo, Irán negocia con las grandes potencias y, en la práctica, dos de los mayores aliados de Estados Unidos en el área, la monarquía saudí y Egipto, acusan a la república islámica de meterse en el patio trasero del universo suní. He ahí las contradicciones o antagonismos sobre el terreno.

Por lo demás, las contradicciones son inevitables porque Yemen es importante para Arabia Saudí, pero también para Irán, y Estados Unidos y sus aliados occidentales deben pasar la maroma y aceptar la vieja fórmula según la cual las contradicciones son el motor de la historia. Para la monarquía saudí, Yemen es el patio de vecindad que debe mantenerse razonablemente ordenado y, también, la reserva demográfica de la que echar mano cuando sea necesario, según el profesor Aoun. Para los iranís, en cambio, es la pieza esencial de su estrategia en Oriente Próximo, en el corazón del mundo árabe. Y aplica al caso el esquema favorito del presidente Hasán Rohani en política exterior: ser pragmático en el contencioso nuclear y exacerbar el agravio o el enfrentamiento religioso en el plano regional para justificar luego la movilización en auxilio de la minoría chií –los hutís–, marginados del poder por el sunismo.

Claro que no todo es tan obvio. Según el especialista Brian Withaker, caben algunas salvedades a la supuesta implicación iraní en la crisis yemení:

-Desde que una delegación hutí visitó Teherán en marzo, el apoyo se hizo más de palabra, con promesas de ayuda económica, de acuerdo con un informe del International Crisis Group.

-En otro informe del mismo think tank se indica que la implicación saudí en la política yemení es muy superior a la iraní, de lo que se deduce que la dependencia de sus patrocinadores sunís del presidente Rabu Mansur Hadi, expulsado por los hutís de Saná, es muy superior a la dependencia de los insurrectos de sus potenciales aliados chiís.

-Aunque Adel al Jubeir, embajador saudí en Washington, insiste en The New York Times en la presencia entre los hutís de guardianes de la revolución enviados por Irán y mujahidines de Hizbulá, no hay pruebas irrefutables que lo corroboren.

Hasta aquí las contradicciones y las medias verdades de las últimas semanas. Los factores de complementariedad se concretan en la participación de varios países árabes en la coalición articulada por Estados Unidos para combatir desde el aire al Estado Islámico, vistas las carencias del Ejército iraquí de frenarle por sus propios medios. Bien es cierto que con la aportación adicional de combatientes iranís, aceptada en la práctica por Estados Unidos, que han acudido en auxilio de un país de mayoría chií (60% de la población). Pero también son complementarias, aunque no exista coordinación alguna, las oposiciones israelí y saudí a un acuerdo con Irán en materia nuclear, porque, como tantas veces en política, rige el principio que establece que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y nada altera más los biorritmos de israelís y saudís que el pragmatismo de la teocracia iraní, aunque sea útil para contener a los yihadistas, preservar el statu quo y limitar el incendio provocado por el islamismo en armas.

Al final, todo contribuye al descoyuntamiento de la región. Todas las grandes ciudades árabes están sometidas a la presión terrorista, todas las minorías tienen razones para sentirse amenazadas, todos los regímenes afrontar algún tipo de grave riesgo. El debate sobre la democratización del Estado, salvo en Túnez, se ha acallado porque aquello que más apremia es la seguridad frente a adversarios que se atienen a una lógica tributaria de “una utopía desgarradora”, en palabras de Javier Solana; una lógica que en Occidente enturbia la atmósfera con los peores demonios familiares y en Oriente Próximo da alas a regímenes obscenos, pero dispuestos a contener el desafío islamista siempre que no se sientan impugnados.

 

 

Netanyahu desafía a Obama

La insólita situación forzada por el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, después de denostar las negociaciones con Irán durante un discurso pronunciado ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos regocija a los republicanos, que han puesto en un aprieto al presidente Barack Obama, pero emponzoña las relaciones de por sí muy difíciles entre la Casa Blanca y su gran aliado en Oriente Próximo. Al decir que las conversaciones en curso alumbrarán “un mal acuerdo, un muy mal acuerdo, estamos mejor sin él”, Netanyahu llevó hasta sus últimas consecuencias la agria disputa que precede en Israel a las elecciones legislativas del día 17, dominadas por la intemperancia de los oradores, pero hizo más: tuvo un gesto despectivo hacia quien, sea quien sea el vencedor en las urnas, seguirá siendo el gran valedor y defensor de la política isaelí en las instituciones internacionales.

Todo en esa intervención del martes de Netanyahu tuvo el perfil y las maneras de un movimiento oportunista del Partido Republicano, pilotado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, que invitó al primer ministro a dirigirse al Congreso sin contar con el beneplácito o al menos el conocimiento de Obama. Pero tuvo también el trasfondo de una campaña que apenas da sus primeros pasos, la correspondiente a la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre de 2016. Y obedeció, al mismo tiempo, a la presión de organizaciones como la American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), con mucha influencia en la política estadounidense, singularmente entre los republicanos, y más singularmente entre aquellos de la hornada afecta al Tea Party y al pensamiento neoconservador.

La alarma de los medios informativos más influyentes de Israel después de escuchar a Obama decir que “el primer ministro no ha ofrecido ninguna alternativa viable”, ocultando apenas su enfado detrás de la contención que impone el cargo, es la mejor vara para medir la trascendencia de lo sucedido. Cuando periódicos tan distantes como Haaretz (progresista) y Yediot Ajronot (conservador) coinciden en criticar la osadía destemplada del primer ministro es que, a poco que se afine el análisis, solo se puede llegar a una conclusión igual o parecida a la del diario Le Monde: quizá esta sea la última vez que Netanyahu pise la Casa Blanca hasta después del 20 enero de 2017, cuando tomará posesión el sucesor de Obama. Por no hablar de la repercusión que el desplante puede tener en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos cinco miembros permanentes más Alemania andan enfrascados en llegar a un acuerdo con Irán antes de julio para limitar el programa nuclear de los ayatolás.

Esta no es la primera vez que Netanyahu choca con su gran aliado. Forma parte de la pequeña historia de la presidencia de Estados Unidos la arrogancia con que se presentó en 1996 ante Bill Clinton, quien, según uno de sus asesores, llegó a decir cuando hubo despedido al político israelí: “Quién se cree que es? ¿Quién es aquí la puta superpotencia?” De la misma manera que son harto conocidas las divergencias manifiestas entre Netanyahu y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que varias veces vio fracasar sus gestiones para que se reanudaran las conversaciones palestino-israelís a causa de la política de asentamientos en Cisjordania. Y todo ello a pesar de la comprensión y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse expresado por Estados Unidos durante las dos últimas operaciones de tierra quemada que han devastado la franja de Gaza.

La gran diferencia entre otras veces y ahora es que en la interpretación del complejo jeroglífico iraquí, en el que Irán es un actor esencial, la Casa Blanca no puede soslayar el hecho de que el apoyo dispensado por la república islámica a los 30.000 soldados de Irak encargados de arrebatar Tikrit al Estado Islámico es, al mismo tiempo, un apoyo indirecto a la ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria contra los islamistas sin pisar suelo enemigo. Aunque diferentes portavoces han negado a The New York Times que las operaciones del Pentágono estén coordinadas con las de los iranís, eso no pasa de ser una verdad meramente técnica. “Quienes han planificado la guerra en Estados Unidos han estado controlando de cerca la guerra paralela de Irán contra el Estado Islámico”, asegura el periódico, que precisa cómo se articula este control o seguimiento: “A través de diferentes canales que incluyen radiofrecuencias que cada parte sabe que la otra está controlando. Y los ejércitos tratan de evitar conflictos en sus operaciones mediante el uso de centros del mando iraquí como intermediario”.

Esa es la realpolitik en el campo de batalla y no otra, y esa es la gran contradicción republicana: está de acuerdo en combatir al Estado Islámico, juzga incluso insuficiente el despliegue en curso, pero pretende que Irán no saque tajada de la situación, algo poco menos que imposible, aunque disguste a Israel. Diríase que el análisis republicano del momento, con independencia de la estrategia electoral del partido para recuperar la Casa Blanca, parte de un dato equivocado o superado por los acontecimientos: Estados Unidos sigue siendo la potencia indispensable en Oriente Próximo, pero algunos estados de la región –Turquía, Irán– han dejado de ser meros espectadores del diseño de la seguridad en la zona realizado en despachos de Washington y ajustado a las necesidades de Israel en un entorno abiertamente hostil.

Al mismo tiempo, lo sucedido en el Congreso confirma la impresión muy extendida de que, más que nunca, la Administración de Obama anda siempre por detrás de las iniciativas políticas y, en muchos casos, estas condicionan las de Estados Unidos. No es desdeñable el dato de que en seis años de presidencia, Obama no ha obtenido ningún resultado relevante encaminado a poner un parche, ya que no una solución, al agravio palestino. Esa tendencia a ir a remolque explica también la osadía del conservadurismo radical, que ve este momento como el propicio –mayoría en las dos cámaras– para arremeter contra el Despacho Oval antes de que se concrete la candidatura de Hillary Clinton para el próximo año y se desaten las pasiones con la reconocida capacidad de los directores de campaña demócratas para movilizar a la opinión pública. Si Nancy Pelosi, una política brillante, pero que no pasa de ser la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, considera el discurso de Netanyahu “un insulto a Estados unidos”, ¿qué partido sería capaz de sacar Clinton a una situación como la vivida?

La pregunta no es ociosa porque no hay precedentes del comportamiento de Netanyahu, considerado escandaloso por los legisladores más veteranos. Ni siquiera el comportamiento del general Douglas MacArthur en abril de 1951, cuando una semana después de ser apartado del mando de las operaciones en Corea pronunció en el Congreso un discurso demoledor contra el propósito del presidente Harry S. Truman de abrir conversaciones para lograr un alto el fuego. MacArthur fue interrumpido por los aplausos hasta 30 veces, convertido por unos días en estrella de la América conservadora a la que, en plena guerra fría, cualquier transacción con el adversario le parecía una claudicación. Pero no se puede comparar aquello con lo de hoy porque, al final, la comparecencia del general fue un asunto de política interior, entre estadounidenses, mientras que Netanyahu no deja de ser un invitado extranjero que dispara contra la política exterior del Estado que lo acoge.

Como ha señalado Tamara Cofman Wittes, del think tank Brookings Institution, lo peor del episodio es que ha ensanchado la brecha entre los votantes republicanos y demócratas, cada día más escépticos estos últimos en cuanto a la conveniencia de optar de nuevo por la guerra en Oriente Próximo y de enfrentarse a Irán, y, lo que aún es más grave, ha resaltado la oposición de Netanyahu a articular una relación más decorosa con las autoridades palestinas. Porque este y no un acuerdo internacional con Irán es el problema mayor de Israel ante la opinión pública internacional, conmovida aún por los bombardeos del último verano en Gaza. Y así, mientras el Gobierno y algunos de los posibles futuros aliados del Likud la emprenden contra el Ejecutivo de Mahmud Abás mediante una campaña de desprestigio sin resultados, Netanyahu autoriza nuevos asentamientos en Cisjordania. Como si la estrategia a seguir fuese ocultar detrás del eco de discursos altisonantes el aumento constante del censo de ciudadanos israelís en suelo palestino hasta hacer imposible que se lleve a la práctica la vieja fórmula paz por territorios, paz a cambio de la creación de un Estado palestino viable y soberano.

 

 

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

La carnicería de nunca acabar

A pocos meses de cumplirse los diez años de la muerte de Yasir Arafat, la carnicería de nunca acabar ha rebrotado en la franja de Gaza sin causar mayor conmoción en la comunidad política internacional que las consabidas buenas palabras, tan previsibles como inútiles para contener la matanza. La sordidez de los argumentos esgrimidos por Israel para poner en movimiento su formidable máquina de guerra está a la altura de las justificaciones no menos sórdidas dadas por Hamás para lanzar cohetes contra territorio israelí. Esta sordidez compartida sucede a la obscenidad intrínseca al asesinato de tres adolescentes israelís y, en represalia, de uno palestino. Aquí acaban los equilibrios del viejo y sangrante conflicto: el resto es pura asimetría, como recordaba José Antonio Sorolla en su columna de este último lunes en EL PERIÓDICO: “No hay equilibrio entre ocupante y ocupado”.

Los juegos de manos de la diplomacia de salón que pretende intervenir en la crisis apenas sirven para ocultar un dato determinante que explica la vergonzosa escalada de los últimos días: el conflicto palestino-israelí –cada día más palestino-israelí y menos árabe-israelí– ha perdido mucha de la importancia estratégica que tuvo antaño. No hay potencia, alianza de estados u organización internacional que vea la posibilidad de obtener beneficios tangibles comprometiéndose con determinación en este viejo y enrevesado contencioso. Los analistas de riesgos de las cancillerías con peso específico comparten la idea de que, acabada la guerra fría, consolidadas las aspiraciones chinas de liderazgo y debilitado el mundo árabe por diferentes factores –las primaveras que no lograron florecer, el yihadismo, la guerra civil siria y la crisis iraquí–, el de Gaza no es más que un conflicto de baja intensidad, más local que regional.

Como ha explicado Alain Frachon en las páginas del periódico francés Le Monde, los problemas de Oriente Próximo pillan muy lejos a las potencias emergentes –las BRIC– reunidas en Brasilia esta semana, cuyo objetivo primordial es engrasar la máquina de hacer negocios. Quedan lejos los días en los que la resolución del agravio palestino figuraba entre los asuntos de cabecera de los países no alineados y, en general, del Sur. En cambio, gana adeptos la idea de que es posible tener ventajosos tratos económicos con Israel sin formular enojosas preguntas y, aún menos, comprometerse en misiones de mediación de suerte incierta. Nadie quiere hipotecar su futuro a causa de un problema que forma parte del relato cotidiano, moviliza de vez en cuando a una opinión pública horrorizada, pero carece de la repercusión estratégica y de seguridad que tuvo en el pasado.

Ese deseo manifiesto de no comprometerse alcanza a Estados Unidos, donde cada vez son más los convencidos de que nada se puede ganar con una mediación y sí se puede perder bastante si se fuerza la mano para mediatizar el enfoque israelí de la crisis. Frente a los fundamentos teóricos de la tradición idealista estadounidense se alza la realidad de un problema enquistado en el alma de Oriente Próximo que cada día afecta menos a las relaciones internacionales a gran escala. En un sistema basado en el multilateralismo, la economía global y la diversificación de los suministros de energía, la reclamación palestina cuenta cada día menos. Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations, lo ha resumido con el mayor de los realismos en la revista The American Interest: el nacimiento de un Estado palestino, aun siendo un acontecimiento positivo para los dos bandos enfrentados, no tendría ninguna repercusión en la suerte futura de Siria, Irak y Egipto. Haas, como tantos otros, sostiene que es en el Pacífico donde está en juego el futuro de Estados Unidos y donde sí debe comprometerse.

Ese deseo compartido por casi todo el mundo de distanciarse del conflicto explica el desparpajo con el que Israel ha instaurado de facto, sin coste político alguno, un régimen de apartheid en los territorios ocupados, convertidos en inmensos campos de concentración sometidos a la arbitrariedad de los responsables de la seguridad israelí. Es esa desgana en nombre del realismo la que ha permitido a Israel perder la batalla de la opinión pública sin mayores perjuicios prácticos, incluso cuando se registran sucesos del tenor de la muerte de cuatro niños en una playa de Gaza, alcanzados por fuego israelí abierto desde el mar. Las disculpas dadas por el presidente Simón Peres no valen nada ante la inmoralidad del ataque, pero es más que improbable que se alcen voces con capacidad para presionar al Gobierno de Binyamin Netanyahu a fin de que lleve ante el juez a los responsables de la fechoría.

Así las cosas, ¿quién puede parar la sangría? ¿Quién está en condiciones de convencer a Hamás de que no puede ganar esta guerra? ¿Quién se halla en situación de ofrecer a Israel una tregua realista, de larga duración y no manipulable? Cuando las miradas se dirigen a Egipto, asoma la desconfianza de Hamás, que acusa al presidente Abdel Fatá al Sisi de buscar el acuerdo con Israel sin escuchar a las facciones palestinas. Si la iniciativa es de la Unión Europa –improbable, habida cuenta de las discrepancias entre socios–, surge la desconfianza israelí por la presunta tendencia de los europeos a favorecer la causa palestina. En el caso hipotético de que Estados Unidos se hiciera cargo del problema, el presidente Barack Obama debería afrontar los recelos hacia su persona de una parte muy influyente de la comunidad judía estadounidense, por no hablar del disgusto que expresarían muchos candidatos de su propio partido que participarán en las elecciones de noviembre.

Hay tantas razones para concluir que nadie hará nada para lograr que la degollina en curso sea la última como motivos para pensar que el derecho a defenderse que asiste a todo Estado seguirá siendo la monserga con la que Israel seguirá justificando el ardor combativo de sus generales, fuera de toda medida o proporcionalidad. Cuanto sucede estos días va mucho más lejos de la vieja ley del talión –“ojo por ojo, diente por diente”, se dice en el Éxodo–, que por vieja nadie debiera invocar, y del moderno derecho a repeler una agresión, y más parece todo una forma de venganza a gran escala. La estrategia de Hamás y de los partidarios de la acción directa en nombre del islam no legitima la política de tierra quemada llevada a la práctica por un Gobierno donde son mayoría los adversarios del principio paz por territorios. Si, además, sigue vigente la sospecha de que los gobernantes israelís decidieron provocar una situación límite en cuanto Al Fatá y Hamás formaron un Gobierno de unidad, no hay forma de analizar cuanto sucede sin percibir que todo desprende un intenso, profundo e insoportable olor a podrido.

El artículo de Alain Frachon termina con un vaticinio descorazonador: las  bombas seguirán cayendo. Aunque ahora se logre una tregua, aunque el presidente Mahmud Abás halle un resquicio para mencionar una vez más el proceso de paz, a pesar de todo lo imaginable para evitar el reino de la muerte, más temprano que tarde, volverá a caldearse el ambiente, volverán los profetas del pasado que recordarán la frase del sionista británico Israel Zangwill –“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”–, volverá la autorización de nuevos asentamientos, volverá la xenofobia de Avigdor Leiberman, volverá la propaganda desabrida de Hamás y los generales dispondrán de nuevo de un pretexto para atacar. Porque lo cierto es que Israel considera vencido el compromiso de Oslo y no deja pasar ocasión para que el nacimiento de un Estado palestino sea cada día menos viable. Por eso las bombas seguirán cayendo sin que la comunidad internacional haga gran cosa para evitarlo.