Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

Palestina otra vez

La violencia se adueña de nuevo del largo conflicto palestino-israelí sin que nadie disponga de instrumentos políticos para aplicar una solución que suavice la postración del pueblo palestino y no alarme a Israel. Mientras se discute si nos hallamos ante los inicios de la tercera intifada o ante un brote de exasperación momentánea, se tensa la cuerda en los barrios árabes de Jerusalén Oriental, bloqueados o sometidos a control por el Gobierno israelí, y la Autoridad Palestina da muestras una vez más de una muy escasa influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Cisjordania. A un lado y otro de la crisis, las facciones radicales imponen sus agendas, ideales para perpetuar el conflicto, esto es, para empeorar la situación de la comunidad palestina.

Los datos de la Asociación para los Derechos Cívicos en Israel son concluyentes: el 75% de los 300.000 árabes que habitan Jerusalén vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 64% de sus hogares están debidamente conectados a la red de agua potable. Eso sucede a las puertas en un país con un PIB per cápita que supera los 35.800 dólares, disfruta de un elevado desarrollo tecnológico y compite con éxito en la economía global. Pero las deficiencias materiales no son la causa primera del descontento, sino la convicción palestina de que cada vez está más lejos la fundación de su Estado, y la decisión de Estados Unidos de apartarse del problema y dejar las cosas como están después de repetidos fracasos en la mediación durante los dos mandatos de Barack Obama no hace otra cosa que dejar las manos libres al Gobierno israelí para gestionar la situación como mejor le venga.

Nadie escapa al recuerdo del sonoro fracaso en que acabó el empeño de Bill Clinton en julio del 2000 de reunir a Ehud Barak y a Yasir Arafat para despedirse de la presidencia con un acuerdo en Palestina. Hoy la atmósfera es menos respirable que entonces, el Gobierno israelí es un conglomerado de partidos sometido a las exigencias de la extrema derecha y Hamás ha erosionado la imagen pública de la Autoridad Palestina como nadie supo prever. Por si fuera poco, la sintonía de Barack Obama y Binyamin Netanyahu es perfectamente descriptible: es inesxistente, en especial después del acuerdo en materia nuclear alcanzado por la comunidad internacional con Irán. Como ha escrito un articulista en Haaretz, Netanyahu “prefiere gestionar los disturbios como un desastre natural que está fuera de su control”, un desastre que a ojos del primer ministro exige siempre cirugía de hierro, cabe añadir.

En realidad, se trata de un estallido de ira o de frustración de jóvenes condenados a la lógica perversa de un horizonte sin futuro, que han convertido los apuñalamientos de ciudadanos israelís en la seña de identidad de su opción por la violencia. En todo ello ve Jodi Rudoren, de The New York Times, una gran diferencia con relación a la segunda intifada, donde el encuadramiento político de los palestinos movilizados era evidente. Ahora se trata de “arrebatos espontáneos individuales de jóvenes sin filiación en un movimiento político”, sostiene Rudoren, como si los partidos palestinos, enzarzados en sus propias dispuestas, hubiesen defraudado a la última hornada de militantes de la acción directa, a cuantos creen que el llamado proceso de paz exhaló hace tiempo el último suspiro.

Es posible que una parte de los movilizados actúen por un impulso meramente personal, espontáneo si se quiere, pero la agitación en Hamás y la Yihad Islámica induce a pensar que tiene bastante que ver con los acontecimientos en curso. Ambos grupos islamistas han manifestado su apoyo a los ataques de las últimas semanas, y la enésima crisis en las relaciones de Hamás con Al Fatá el pasado verano ha dejado las manos libres a las facciones extremistas para ocupar la calle. La historia del conflicto palestino-israelí enseña que nada es nunca fruto de la casualidad o de la espontaneidad de unos cuantos cuando la violencia se apodera de la calle; siempre hay un pretexto y un grupo instigador que lo utiliza para dar la palabra a las armas, a las piedras o, como ahora, a los cuchillos.

Los jóvenes defraudados comparten el análisis de la situación que hace el periodista Rami G. Khouri: “Hay algo a la vez cómico y trágico cuando la Secretaría de Estado llama a los líderes israelís y palestinos pidiéndoles que restauren el orden. ¿Orden? ¿Qué orden? ¿El orden de la ocupación israelí, la colonización, la explotación, el asedio y la subyugación de los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este desde 1967?” Todo el mundo sabe que el modelo surgido de los acuerdos de Oslo ha quedado superado por la realidad; es un modelo agotado, cuya adulteración conduce directamente a hacer inviable la fundación de un Estado palestino con todos los tributos de soberanía, y, por simple reacción, alimenta el pensamiento más radical, la prédica encendida en las mezquitas y el desprestigio de  Mahmud Abás ante una parte cada vez mayor de la opinión pública palestina.

En un Oriente Próximo desquiciado por la guerra civil siria, el desafío del Estado Islámico y las desavenencias entre las grandes potencias, la causa palestina ha dejado de ser el mayor de los problemas que debe afrontar en la región la comunidad internacional. Los think tanks que multiplican los análisis dedicados a la competición entre sunís y chiís en el golfo Pérsico, la rehabilitación de Irán y el dispositivo de seguridad en la zona, apenas prestan atención a la reivindicación palestina, como si se tratase de un problema endémico con el que hay que acostumbrarse a convivir, pero de imposible solución. Lo cierto es que la situación es bastante diferente y los jóvenes enardecidos persiguen, entre otras cosas, mantener viva la atención sobre la Palestina y sobre la política de hechos consumados de los gobiernos de Netanyahu (más asentamientos, más restricciones en Jerusalén Oriental, más medidas discriminatorias).

Importa menos que el camino elegido sea el adecuado: cuanto menos hay que perder, mayor es la osadía. El apuñalamiento de ciudadanos indefensos es inaceptable, también es del todo reprobable el recurso al terrorismo, pero hace décadas que las reservas morales dejaron de estar en vigor en ese entorno desquiciado. La hoja de servicios que presentan las fuerzas de seguridad israelís no es menos deplorable que la que corresponde a la violencia palestina. La diferencia está en el coste material de los desmanes: basta recordar la destrucción planificada, sistemática y periódica de la franja de Gaza, el recurso al castigo colectivo, para adelantar que este nuevo brote de violencia, como los anteriores, entraña riesgos incalculables para la sociedad palestina, condenada a la desesperanza, a la arbitrariedad y a indignidades semejantes a las del apartheid.

Desde que el 30 de septiembre el presidente palestino anunció ante la Asamblea General de la ONU que se desvinculaba de los acuerdos de paz de Oslo, y pidió a Israel que reconociese su condición de potencia ocupante, nada es exactamente igual a antes de la declaración. “Mientras Israel se niegue a acabar con la creación de asentamientos y a liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos, como dictan nuestros acuerdos, no nos dejan más opción que insistir en que no seremos los únicos comprometidos con la aplicación de estos acuerdos, mientras Israel los viola continuamente”, dijo Mahmud Abás. Hubo en sus palabras una exigencia de equilibrio que, por lo demás, no forma parte de la lógica histórica del conflicto, sino más bien todo lo contrario, y dejó abierta la puerta a toda clase de interpretaciones, incluso la extraída por los radicales: si los acuerdos de Oslo no rigen, otras vías están legitimadas.

A decir verdad, no lo están. No solo por principio, sino porque las represalias israelís, cuando la violencia ocupa el escenario, nunca han sido un ejemplo de proporcionalidad y contención; nunca las soluciones expeditivas han llevado a los palestinos a puerto seguro, aunque estuviesen cargados de razón. Que estemos ante los primeros días de la tercera intifada o ante otra cosa con otro nombre importa menos que la certidumbre de que el bando que acumulará más víctimas será el de siempre. También en ese punto la historia está repleta de lecciones.

 

 

Yemen empeora Oriente Próximo

Desde la llegada al trono suadí del rey Salmán a la muerte de Abdalá (23 de enero) hasta la decisión de la Liga Árabe de crear una alianza militar a imagen y semejanza de la OTAN (28 de marzo) se han registrado una serie ininterrumpida de acontecimientos que pueden cambiar en muy poco tiempo el argumento en Oriente Medio, si es que no cambió ya para siempre a causa del desafío islamista. Hay por lo menos cinco capítulos interconectados, relatos parciales que responden unas veces a intereses antagónicos y otras a factores complementarios de acuerdo con el siguiente esquema:

-El levantamiento en Yemen de los hutís –chiís–, que han sido capaces de dinamitar el régimen que siguió al exilio del presidente Alí Abdalá Salé y han provocado la intervención de Arabia Saudí y sus aliados sunís.

-La confusa disposición de Estados Unidos a reconocer que es preciso negociar con el régimen sirio –con Bashar el Asad o sin él no está claro– para evitar un triunfo o enquistamiento del islamismo en Siria e Irak, seguido de unas declaraciones bastantes explícitas del autócrata, preparado para llegar a un acuerdo con la Casa Blanca si nadie discute su poltrona.

-La victoria de Binyamin Netanyahu el 17 de marzo y su oposición militante a un acuerdo político del grupo 5+1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) con el régimen iraní sobre la limitación de su programa nuclear o, lo que es lo mismo, sobre la rehabilitación de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional.

-Los avances en las negociaciones de Lausanne, con el reloj parado a la espera de que alumbren un compromiso tan temido por Israel, en nombre de la seguridad, como por Arabia Saudí en su disputa histórica con Irán por la hegemonía en el golfo Pérsico.

-La decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de levantar el bloqueo de la venta de armas a Egipto y de reanudar el programa de ayudas –más de 1.000 millones de dólares al año–, suspendidos a raíz del golpe de Estado del general Abdel Fatá al Sisi (3 de julio del 2013).

Puede añadirse a estos cinco apartados el proyecto saudí, nunca concretado, pero siempre soñado, de hacer del Consejo de Cooperación del Golfo una suerte de confederación de estados pilotada desde el palacio real de Riad, destinada a competir con Irán allí donde hiciese falta, con la ventaja adicional para las monarquías sunís de disponer de una capacidad financiera superior a la iraní gracias a las rentas del petróleo y a la diversificación de sus inversiones. Cierto es que países como Catar recelan, cuando no se oponen a una operación de estas características, pero debe considerarse como una posibilidad que está ahí y que puede reaparecer según se desarrollen los acontecimientos.

Algunos análisis achacan a la retirada de facto de Obama de la región parte principal de la responsabilidad de cuanto allí sucede desde mediados del 2014. El profesor Sami Aoun, de la Universidad de Sherbrooke (Canadá), sostiene que la implicación limitada de Estados Unidos ha creado un vacío con efectos desestabilizadores. Si ese vacío ha hecho posible el hundimiento de Yemen en una guerra sectaria, es difícil precisarlo, pero lo cierto es que la iniciativa tomada por Arabia Saudí y otros países árabes se debe a esa guerra y al triunfo momentáneo de la facción chií, presuntamente apoyada por Irán, mientras, al mismo tiempo, Irán negocia con las grandes potencias y, en la práctica, dos de los mayores aliados de Estados Unidos en el área, la monarquía saudí y Egipto, acusan a la república islámica de meterse en el patio trasero del universo suní. He ahí las contradicciones o antagonismos sobre el terreno.

Por lo demás, las contradicciones son inevitables porque Yemen es importante para Arabia Saudí, pero también para Irán, y Estados Unidos y sus aliados occidentales deben pasar la maroma y aceptar la vieja fórmula según la cual las contradicciones son el motor de la historia. Para la monarquía saudí, Yemen es el patio de vecindad que debe mantenerse razonablemente ordenado y, también, la reserva demográfica de la que echar mano cuando sea necesario, según el profesor Aoun. Para los iranís, en cambio, es la pieza esencial de su estrategia en Oriente Próximo, en el corazón del mundo árabe. Y aplica al caso el esquema favorito del presidente Hasán Rohani en política exterior: ser pragmático en el contencioso nuclear y exacerbar el agravio o el enfrentamiento religioso en el plano regional para justificar luego la movilización en auxilio de la minoría chií –los hutís–, marginados del poder por el sunismo.

Claro que no todo es tan obvio. Según el especialista Brian Withaker, caben algunas salvedades a la supuesta implicación iraní en la crisis yemení:

-Desde que una delegación hutí visitó Teherán en marzo, el apoyo se hizo más de palabra, con promesas de ayuda económica, de acuerdo con un informe del International Crisis Group.

-En otro informe del mismo think tank se indica que la implicación saudí en la política yemení es muy superior a la iraní, de lo que se deduce que la dependencia de sus patrocinadores sunís del presidente Rabu Mansur Hadi, expulsado por los hutís de Saná, es muy superior a la dependencia de los insurrectos de sus potenciales aliados chiís.

-Aunque Adel al Jubeir, embajador saudí en Washington, insiste en The New York Times en la presencia entre los hutís de guardianes de la revolución enviados por Irán y mujahidines de Hizbulá, no hay pruebas irrefutables que lo corroboren.

Hasta aquí las contradicciones y las medias verdades de las últimas semanas. Los factores de complementariedad se concretan en la participación de varios países árabes en la coalición articulada por Estados Unidos para combatir desde el aire al Estado Islámico, vistas las carencias del Ejército iraquí de frenarle por sus propios medios. Bien es cierto que con la aportación adicional de combatientes iranís, aceptada en la práctica por Estados Unidos, que han acudido en auxilio de un país de mayoría chií (60% de la población). Pero también son complementarias, aunque no exista coordinación alguna, las oposiciones israelí y saudí a un acuerdo con Irán en materia nuclear, porque, como tantas veces en política, rige el principio que establece que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y nada altera más los biorritmos de israelís y saudís que el pragmatismo de la teocracia iraní, aunque sea útil para contener a los yihadistas, preservar el statu quo y limitar el incendio provocado por el islamismo en armas.

Al final, todo contribuye al descoyuntamiento de la región. Todas las grandes ciudades árabes están sometidas a la presión terrorista, todas las minorías tienen razones para sentirse amenazadas, todos los regímenes afrontar algún tipo de grave riesgo. El debate sobre la democratización del Estado, salvo en Túnez, se ha acallado porque aquello que más apremia es la seguridad frente a adversarios que se atienen a una lógica tributaria de “una utopía desgarradora”, en palabras de Javier Solana; una lógica que en Occidente enturbia la atmósfera con los peores demonios familiares y en Oriente Próximo da alas a regímenes obscenos, pero dispuestos a contener el desafío islamista siempre que no se sientan impugnados.

 

 

Netanyahu desafía a Obama

La insólita situación forzada por el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, después de denostar las negociaciones con Irán durante un discurso pronunciado ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos regocija a los republicanos, que han puesto en un aprieto al presidente Barack Obama, pero emponzoña las relaciones de por sí muy difíciles entre la Casa Blanca y su gran aliado en Oriente Próximo. Al decir que las conversaciones en curso alumbrarán “un mal acuerdo, un muy mal acuerdo, estamos mejor sin él”, Netanyahu llevó hasta sus últimas consecuencias la agria disputa que precede en Israel a las elecciones legislativas del día 17, dominadas por la intemperancia de los oradores, pero hizo más: tuvo un gesto despectivo hacia quien, sea quien sea el vencedor en las urnas, seguirá siendo el gran valedor y defensor de la política isaelí en las instituciones internacionales.

Todo en esa intervención del martes de Netanyahu tuvo el perfil y las maneras de un movimiento oportunista del Partido Republicano, pilotado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, que invitó al primer ministro a dirigirse al Congreso sin contar con el beneplácito o al menos el conocimiento de Obama. Pero tuvo también el trasfondo de una campaña que apenas da sus primeros pasos, la correspondiente a la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre de 2016. Y obedeció, al mismo tiempo, a la presión de organizaciones como la American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), con mucha influencia en la política estadounidense, singularmente entre los republicanos, y más singularmente entre aquellos de la hornada afecta al Tea Party y al pensamiento neoconservador.

La alarma de los medios informativos más influyentes de Israel después de escuchar a Obama decir que “el primer ministro no ha ofrecido ninguna alternativa viable”, ocultando apenas su enfado detrás de la contención que impone el cargo, es la mejor vara para medir la trascendencia de lo sucedido. Cuando periódicos tan distantes como Haaretz (progresista) y Yediot Ajronot (conservador) coinciden en criticar la osadía destemplada del primer ministro es que, a poco que se afine el análisis, solo se puede llegar a una conclusión igual o parecida a la del diario Le Monde: quizá esta sea la última vez que Netanyahu pise la Casa Blanca hasta después del 20 enero de 2017, cuando tomará posesión el sucesor de Obama. Por no hablar de la repercusión que el desplante puede tener en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos cinco miembros permanentes más Alemania andan enfrascados en llegar a un acuerdo con Irán antes de julio para limitar el programa nuclear de los ayatolás.

Esta no es la primera vez que Netanyahu choca con su gran aliado. Forma parte de la pequeña historia de la presidencia de Estados Unidos la arrogancia con que se presentó en 1996 ante Bill Clinton, quien, según uno de sus asesores, llegó a decir cuando hubo despedido al político israelí: “Quién se cree que es? ¿Quién es aquí la puta superpotencia?” De la misma manera que son harto conocidas las divergencias manifiestas entre Netanyahu y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que varias veces vio fracasar sus gestiones para que se reanudaran las conversaciones palestino-israelís a causa de la política de asentamientos en Cisjordania. Y todo ello a pesar de la comprensión y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse expresado por Estados Unidos durante las dos últimas operaciones de tierra quemada que han devastado la franja de Gaza.

La gran diferencia entre otras veces y ahora es que en la interpretación del complejo jeroglífico iraquí, en el que Irán es un actor esencial, la Casa Blanca no puede soslayar el hecho de que el apoyo dispensado por la república islámica a los 30.000 soldados de Irak encargados de arrebatar Tikrit al Estado Islámico es, al mismo tiempo, un apoyo indirecto a la ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria contra los islamistas sin pisar suelo enemigo. Aunque diferentes portavoces han negado a The New York Times que las operaciones del Pentágono estén coordinadas con las de los iranís, eso no pasa de ser una verdad meramente técnica. “Quienes han planificado la guerra en Estados Unidos han estado controlando de cerca la guerra paralela de Irán contra el Estado Islámico”, asegura el periódico, que precisa cómo se articula este control o seguimiento: “A través de diferentes canales que incluyen radiofrecuencias que cada parte sabe que la otra está controlando. Y los ejércitos tratan de evitar conflictos en sus operaciones mediante el uso de centros del mando iraquí como intermediario”.

Esa es la realpolitik en el campo de batalla y no otra, y esa es la gran contradicción republicana: está de acuerdo en combatir al Estado Islámico, juzga incluso insuficiente el despliegue en curso, pero pretende que Irán no saque tajada de la situación, algo poco menos que imposible, aunque disguste a Israel. Diríase que el análisis republicano del momento, con independencia de la estrategia electoral del partido para recuperar la Casa Blanca, parte de un dato equivocado o superado por los acontecimientos: Estados Unidos sigue siendo la potencia indispensable en Oriente Próximo, pero algunos estados de la región –Turquía, Irán– han dejado de ser meros espectadores del diseño de la seguridad en la zona realizado en despachos de Washington y ajustado a las necesidades de Israel en un entorno abiertamente hostil.

Al mismo tiempo, lo sucedido en el Congreso confirma la impresión muy extendida de que, más que nunca, la Administración de Obama anda siempre por detrás de las iniciativas políticas y, en muchos casos, estas condicionan las de Estados Unidos. No es desdeñable el dato de que en seis años de presidencia, Obama no ha obtenido ningún resultado relevante encaminado a poner un parche, ya que no una solución, al agravio palestino. Esa tendencia a ir a remolque explica también la osadía del conservadurismo radical, que ve este momento como el propicio –mayoría en las dos cámaras– para arremeter contra el Despacho Oval antes de que se concrete la candidatura de Hillary Clinton para el próximo año y se desaten las pasiones con la reconocida capacidad de los directores de campaña demócratas para movilizar a la opinión pública. Si Nancy Pelosi, una política brillante, pero que no pasa de ser la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, considera el discurso de Netanyahu “un insulto a Estados unidos”, ¿qué partido sería capaz de sacar Clinton a una situación como la vivida?

La pregunta no es ociosa porque no hay precedentes del comportamiento de Netanyahu, considerado escandaloso por los legisladores más veteranos. Ni siquiera el comportamiento del general Douglas MacArthur en abril de 1951, cuando una semana después de ser apartado del mando de las operaciones en Corea pronunció en el Congreso un discurso demoledor contra el propósito del presidente Harry S. Truman de abrir conversaciones para lograr un alto el fuego. MacArthur fue interrumpido por los aplausos hasta 30 veces, convertido por unos días en estrella de la América conservadora a la que, en plena guerra fría, cualquier transacción con el adversario le parecía una claudicación. Pero no se puede comparar aquello con lo de hoy porque, al final, la comparecencia del general fue un asunto de política interior, entre estadounidenses, mientras que Netanyahu no deja de ser un invitado extranjero que dispara contra la política exterior del Estado que lo acoge.

Como ha señalado Tamara Cofman Wittes, del think tank Brookings Institution, lo peor del episodio es que ha ensanchado la brecha entre los votantes republicanos y demócratas, cada día más escépticos estos últimos en cuanto a la conveniencia de optar de nuevo por la guerra en Oriente Próximo y de enfrentarse a Irán, y, lo que aún es más grave, ha resaltado la oposición de Netanyahu a articular una relación más decorosa con las autoridades palestinas. Porque este y no un acuerdo internacional con Irán es el problema mayor de Israel ante la opinión pública internacional, conmovida aún por los bombardeos del último verano en Gaza. Y así, mientras el Gobierno y algunos de los posibles futuros aliados del Likud la emprenden contra el Ejecutivo de Mahmud Abás mediante una campaña de desprestigio sin resultados, Netanyahu autoriza nuevos asentamientos en Cisjordania. Como si la estrategia a seguir fuese ocultar detrás del eco de discursos altisonantes el aumento constante del censo de ciudadanos israelís en suelo palestino hasta hacer imposible que se lleve a la práctica la vieja fórmula paz por territorios, paz a cambio de la creación de un Estado palestino viable y soberano.

 

 

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

La carnicería de nunca acabar

A pocos meses de cumplirse los diez años de la muerte de Yasir Arafat, la carnicería de nunca acabar ha rebrotado en la franja de Gaza sin causar mayor conmoción en la comunidad política internacional que las consabidas buenas palabras, tan previsibles como inútiles para contener la matanza. La sordidez de los argumentos esgrimidos por Israel para poner en movimiento su formidable máquina de guerra está a la altura de las justificaciones no menos sórdidas dadas por Hamás para lanzar cohetes contra territorio israelí. Esta sordidez compartida sucede a la obscenidad intrínseca al asesinato de tres adolescentes israelís y, en represalia, de uno palestino. Aquí acaban los equilibrios del viejo y sangrante conflicto: el resto es pura asimetría, como recordaba José Antonio Sorolla en su columna de este último lunes en EL PERIÓDICO: “No hay equilibrio entre ocupante y ocupado”.

Los juegos de manos de la diplomacia de salón que pretende intervenir en la crisis apenas sirven para ocultar un dato determinante que explica la vergonzosa escalada de los últimos días: el conflicto palestino-israelí –cada día más palestino-israelí y menos árabe-israelí– ha perdido mucha de la importancia estratégica que tuvo antaño. No hay potencia, alianza de estados u organización internacional que vea la posibilidad de obtener beneficios tangibles comprometiéndose con determinación en este viejo y enrevesado contencioso. Los analistas de riesgos de las cancillerías con peso específico comparten la idea de que, acabada la guerra fría, consolidadas las aspiraciones chinas de liderazgo y debilitado el mundo árabe por diferentes factores –las primaveras que no lograron florecer, el yihadismo, la guerra civil siria y la crisis iraquí–, el de Gaza no es más que un conflicto de baja intensidad, más local que regional.

Como ha explicado Alain Frachon en las páginas del periódico francés Le Monde, los problemas de Oriente Próximo pillan muy lejos a las potencias emergentes –las BRIC– reunidas en Brasilia esta semana, cuyo objetivo primordial es engrasar la máquina de hacer negocios. Quedan lejos los días en los que la resolución del agravio palestino figuraba entre los asuntos de cabecera de los países no alineados y, en general, del Sur. En cambio, gana adeptos la idea de que es posible tener ventajosos tratos económicos con Israel sin formular enojosas preguntas y, aún menos, comprometerse en misiones de mediación de suerte incierta. Nadie quiere hipotecar su futuro a causa de un problema que forma parte del relato cotidiano, moviliza de vez en cuando a una opinión pública horrorizada, pero carece de la repercusión estratégica y de seguridad que tuvo en el pasado.

Ese deseo manifiesto de no comprometerse alcanza a Estados Unidos, donde cada vez son más los convencidos de que nada se puede ganar con una mediación y sí se puede perder bastante si se fuerza la mano para mediatizar el enfoque israelí de la crisis. Frente a los fundamentos teóricos de la tradición idealista estadounidense se alza la realidad de un problema enquistado en el alma de Oriente Próximo que cada día afecta menos a las relaciones internacionales a gran escala. En un sistema basado en el multilateralismo, la economía global y la diversificación de los suministros de energía, la reclamación palestina cuenta cada día menos. Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations, lo ha resumido con el mayor de los realismos en la revista The American Interest: el nacimiento de un Estado palestino, aun siendo un acontecimiento positivo para los dos bandos enfrentados, no tendría ninguna repercusión en la suerte futura de Siria, Irak y Egipto. Haas, como tantos otros, sostiene que es en el Pacífico donde está en juego el futuro de Estados Unidos y donde sí debe comprometerse.

Ese deseo compartido por casi todo el mundo de distanciarse del conflicto explica el desparpajo con el que Israel ha instaurado de facto, sin coste político alguno, un régimen de apartheid en los territorios ocupados, convertidos en inmensos campos de concentración sometidos a la arbitrariedad de los responsables de la seguridad israelí. Es esa desgana en nombre del realismo la que ha permitido a Israel perder la batalla de la opinión pública sin mayores perjuicios prácticos, incluso cuando se registran sucesos del tenor de la muerte de cuatro niños en una playa de Gaza, alcanzados por fuego israelí abierto desde el mar. Las disculpas dadas por el presidente Simón Peres no valen nada ante la inmoralidad del ataque, pero es más que improbable que se alcen voces con capacidad para presionar al Gobierno de Binyamin Netanyahu a fin de que lleve ante el juez a los responsables de la fechoría.

Así las cosas, ¿quién puede parar la sangría? ¿Quién está en condiciones de convencer a Hamás de que no puede ganar esta guerra? ¿Quién se halla en situación de ofrecer a Israel una tregua realista, de larga duración y no manipulable? Cuando las miradas se dirigen a Egipto, asoma la desconfianza de Hamás, que acusa al presidente Abdel Fatá al Sisi de buscar el acuerdo con Israel sin escuchar a las facciones palestinas. Si la iniciativa es de la Unión Europa –improbable, habida cuenta de las discrepancias entre socios–, surge la desconfianza israelí por la presunta tendencia de los europeos a favorecer la causa palestina. En el caso hipotético de que Estados Unidos se hiciera cargo del problema, el presidente Barack Obama debería afrontar los recelos hacia su persona de una parte muy influyente de la comunidad judía estadounidense, por no hablar del disgusto que expresarían muchos candidatos de su propio partido que participarán en las elecciones de noviembre.

Hay tantas razones para concluir que nadie hará nada para lograr que la degollina en curso sea la última como motivos para pensar que el derecho a defenderse que asiste a todo Estado seguirá siendo la monserga con la que Israel seguirá justificando el ardor combativo de sus generales, fuera de toda medida o proporcionalidad. Cuanto sucede estos días va mucho más lejos de la vieja ley del talión –“ojo por ojo, diente por diente”, se dice en el Éxodo–, que por vieja nadie debiera invocar, y del moderno derecho a repeler una agresión, y más parece todo una forma de venganza a gran escala. La estrategia de Hamás y de los partidarios de la acción directa en nombre del islam no legitima la política de tierra quemada llevada a la práctica por un Gobierno donde son mayoría los adversarios del principio paz por territorios. Si, además, sigue vigente la sospecha de que los gobernantes israelís decidieron provocar una situación límite en cuanto Al Fatá y Hamás formaron un Gobierno de unidad, no hay forma de analizar cuanto sucede sin percibir que todo desprende un intenso, profundo e insoportable olor a podrido.

El artículo de Alain Frachon termina con un vaticinio descorazonador: las  bombas seguirán cayendo. Aunque ahora se logre una tregua, aunque el presidente Mahmud Abás halle un resquicio para mencionar una vez más el proceso de paz, a pesar de todo lo imaginable para evitar el reino de la muerte, más temprano que tarde, volverá a caldearse el ambiente, volverán los profetas del pasado que recordarán la frase del sionista británico Israel Zangwill –“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”–, volverá la autorización de nuevos asentamientos, volverá la xenofobia de Avigdor Leiberman, volverá la propaganda desabrida de Hamás y los generales dispondrán de nuevo de un pretexto para atacar. Porque lo cierto es que Israel considera vencido el compromiso de Oslo y no deja pasar ocasión para que el nacimiento de un Estado palestino sea cada día menos viable. Por eso las bombas seguirán cayendo sin que la comunidad internacional haga gran cosa para evitarlo.

 

 

Egipto desanda la primavera

Al cumplirse un año del golpe de Estado que echó de la presidencia de Egipto al islamista Mohamed Morsi se han cumplido los peores presagios: a la pretensión de los Hermanos Musulmanes de acumular todo el poder en sus manos ha seguido la estrategia del Ejército para recuperar por entero aquello que fue –es– de su exclusiva propiedad desde los días de Gamal Abdel Naser. La elección del mariscal Abdel Fatá al Sisi culminó un rápido proceso de sometimiento del Estado a los cuarteles bajo la apariencia de un programa de desislamización de la Constitución y de neutralización de la Hermandad, declarada ilegal. Cuanto ha sucedido en el último año no ha hecho más que devolver a Egipto al camino marcado por los centuriones con la aprobación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y, finalmente, Estados Unidos en aras de la realpolitik.

Desde que empezó el dramático juego de acción y reacción, que el 3 de julio de 2013 acabó con la presidencia de Morsi y con los uniformados aplaudidos por una multitud en la plaza de Tahrir de El Cairo, más de 2.500 manifestantes han perdido la vida, más de 20.000 hermanos han ido a dar con sus huesos en la cárcel y por encima del millar de dirigentes islamistas han sido condenados a muerte. Además, el Ejército, que al principio dejó que la libertad informativa se mantuviera relativamente intocable, acabó encarcelando,  juzgando y condenando a tres periodistas de Al Jazira so pretexto, típico de las dictaduras desde siempre, de difundir “informaciones falsas”. La falta de garantías de los procesos, presididos por jueces serviles, ha dejado todo el entramado del poder a merced de las conveniencias del generalato, las exigencias de la seguridad en Oriente Próximo, las relaciones con Israel y el paraguas económico de las petromonarquías.

Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, asesinado en 1949.

El golpe de Estado que depuso al primer presidente civil de Egipto fue saludado por Tony Blair, enviado especial del cuarteto en Oriente Próximo, como “el rescate absolutamente necesario de una nación”, según ha recordado el periódico liberal británico The Guardian. De forma que, lo mismo que la prioridad en Siria ha dejado de ser la liquidación del régimen de Bashar el Asad, en Egipto tampoco lo es ahora el asentamiento de un régimen democrático, sino garantizar la estabilidad a cualquier precio. En una región devastada por la presión del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el polvorín palestino-israelí y el galimatías libio, en un solar donde Rusia, Irán y China operan con su propia agenda, Occidente ha llegado a la conclusión de que cualquier solución es peor a un Egipto estable, aunque sea a costa de dejar en el olvido los buenos deseos formulados cuando su primavera dejó en la cuneta a Hosni Mubarak.

La duda, la gran duda, es si la dirección tomada por los militares egipcios desemboca o no directamente en una pseudodemocracia estable. Las enseñanzas de la historia de Egipto contienen datos suficientes para pensar que han sido periodos poco estables los que han seguido a operaciones de represión sin cuartel de los Hermanos Musulmanes y compañeros de viaje. Así fue después del asesinato en 1949 de Hasán al Bana, el fundador de la organización, después de la ilegalización de esta en 1954, después de la ejecución en 1966 Sayyid Qutb, una de las referencias ideológicas de la Hermandad; así fue también durante buena parte de la presidencia de Anuar el Sadat, asesinado por un comando yihadista infiltrado en el Ejército, y así es en nuestros días, cuando entre los condenados a muerte figura Mohamed Badia, guía espiritual de los islamistas. De hecho, los Hermanos Musulmanes han mantenido siempre una doble estructura organizativa –pública, una; clandestina o secreta, la otra– y la participación en la vida institucional, de forma oficial o encubierta, ha alimentado un debate permanente en la dirección y entre la militancia.

Sayyid Qutb, ideólogo del islamismo radical, ahorcado en 1966.

Si los militares egipcios se presentan dispuestos a repetir los mismos errores del pasado, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se asoman al precipicio, empeñados en confirmar que “no estaban preparados para convivir con las primaveras árabes”, según la conclusión de la especialista Kristina Kausch. “Los países occidentales se han mostrado reacios a afrontar las realidades subyacentes de la región, expuestas en un informe del 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –sostiene Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford–. Los especialistas y politólogos palestinos que redactaron el informe llamaron la atención acerca de las conexiones entre gobierno autoritario, debilidad económica, desempleo elevado y política excesivamente confesional. Cuanto más dictatorial se volvió la política en esa región, más jóvenes que se veían privados de puestos de trabajo y de libertad de expresión se volvieron hacia el extremismo y el islamismo violento, la perversión de un gran credo”.

Es difícil discrepar de ese dictamen sencillo y obvio. En Egipto, la ruina económica, las desigualdades, la degradación del espacio urbano y la falta de futuro para los jóvenes llenaron la plaza de Tahrir de defensores entusiastas del Estado laico, pero a la hora de votar fueron las capas sociales convencidas de que el islam y no la democracia es la solución las que llevaron a Morsi al poder y dieron el Gobierno a los Hermanos Musulmanes. Se cumplió así la opinión expresada por el arabista francés Gilles Kepel: el movimiento que depuso a Mubarak no era representativo de la media aritmética de la sociedad egipcia, cuya ideología espontánea es el islam, de acuerdo con el análisis de las primaveras árabes del politólogo Sami Naïr. Frente a tal realidad se articula el poder de los militares egipcios que, al regresar al puente de mando, si es que alguna vez lo dejaron, cumplen una doble función o eso persiguen: mantener el statu quo en la región y poner a salvo la trama de intereses de la que son titulares como primeros gestores de la economía nacional pública y privada.

Todos las explicaciones puestas en circulación estos días por cuantos jalearon a los militares en el momento del golpe y más tarde les ofrecieron una cobertura civil para desdibujar los perfiles de una dictadura uniformada, insisten en que el pacto con los Hermanos Musulmanes era inviable y, por esa razón, la intervención de los tanques estuvo justificada. Ninguno de los hermeneutas partidarios de la intervención de los blindados entra en el asunto central: la única forma de consolidar un sistema democrático es respetar las reglas de la democracia.

Mohamed Badia, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, condenado a muerte.

“Cada vez que miro hacia atrás me reafirmo en que era del todo imposible alcanzar un acuerdo con los Hermanos Musulmanes, simplemente a causa de su intransigencia”, ha declarado Amr Musa, un político camaleónico, al periódico cairota Al Ahram, no menos dado al cambio cromático según las épocas. Musa encarna el sentir del establishment civil con una larga y próspera cooperación con el Ejército, mientras fuera de ese entorno tan poco inclinado al reformismo político se multiplican los gestos de arrepentimiento por la inercia hacia el golpe de la protesta laica, que dijo estar legitimada para exigir la renuncia de Morsi gracias a los millones de firmas –se aseguró que 20 millones– recogidas por todo el país para que el presidente dejara el cargo. Aquella estrategia temeraria, inducida por el movimiento Tamarod (rebelión), lo que hizo en verdad fue dar aires de levantamiento popular a una asonada dirigida por el mariscal Al Sisi y reproducir en Egipto lo que tantas veces ha sucedido en otros lugares: un responsable militar nombrado por un Gobierno salido de las urnas acaba levantándose contra quien lo nombró.

Al final de un libro dedicado a la Hermandad, el periodista español Javier Martín afirma: “Es difícil predecir el futuro. Pero si dos certezas existen, son que el devenir del islamismo egipcio volverá a marcar tendencias en el mundo árabe-musulmán, y que cualquier proceso de reforma democrática en Egipto –y en el resto de la región– deberá tener en cuenta a la amplia burguesía piadosa. Gran parte de ella son hermanos y musulmanes”. Estas líneas fueron redactadas en marzo del 2011, y hoy tienen la misma vigencia que entonces. Cuanto más marginen los militares a los islamistas, más adeptos a su causa se unirán a sus filas; cuanto más alejados de los resortes del poder estén los Hermanos Musulmanes, más fuerte se hará el islamismo radical dentro y fuera de Egipto; cuanto más se empeñen los generales en mantener la fractura social entre nosotros y ellos, mayor será la capacidad del islamismo para arraigar en una sociedad decepcionada y sin expectativas.

 

 

El proceso de paz que nunca existió

“Es una cuestión psicológica y emocional que los palestinos sientan que están unidos”

(Ziad Abú Amr, viceprimer ministro de la Autoridad Palestina)

El acuerdo alcanzado el miércoles entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Hamás para constituir un Gobierno de tecnócratas encabezado por Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, ha permitido prender por unos instantes la llama de la unidad en Cisjordania y Gaza, mientras los gobiernos de Israel (mucho) y de Estados Unidos (no tanto) se rasgaban las vestiduras. Pero si acuden al archivo, los adversarios irreconciliables han de serenar los ánimos de inmediato: los palestinos, porque darán con la frustración que siguió a los acuerdos del 2011 en El Cairo y del 2013 en Doha, cuya aplicación práctica nunca se produjo; los israelíes, porque no perdieron ni un milímetro de territorio ocupado, sino que, sin mayores inconvenientes, aumentaron la construcción de asentamientos en Cisjordania hasta superar de muy largo la cifra de 300.000 colonos.

De forma que esta vez nada induce a ser más optimista que las ocasiones anteriores en el largo y confuso relato de la división palestina ni a achacar al acuerdo interpalestino el fracaso de las negociaciones de paz entabladas por la Autoridad Palestina e Israel, que debían traducirse en algo tangible el día 29. Habida cuenta de que los mismos enemigos íntimos que fueron incapaces de evitar la división palestina en el bienio 2006-2007 son los que ahora dicen haberse puesto de acuerdo, y de que sigue en manos del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, la posibilidad de autorizar nuevos asentamientos, pudiera ser que todo quedara en un castillo de fuegos artificiales sin más recorrido. Resulta tan aventurado confiar en que de aquí a un máximo de cinco semanas Abás habrá logrado formar un Gobierno de técnicos sin compromisos políticos, como vislumbrar tal contención en el campo islamista que sea imposible la presión de la Yihad Islámica (muy radical) sobre Hamás (radical, pero no tanto); resulta tan poco imaginable que Estados Unidos, pasado el disgusto, controle los biorritmos del Gobierno israelí, como que este se resista a autorizar nuevos asentamientos. Más parece todo condenado al estancamiento y la ruptura después de que Netanyahu decidiera suspender la sesión negociadora con los palestinos prevista para el jueves, mientras la aviación israelí bombardeaba el norte de la franja de Gaza y la Yihad lanzaba dos cohetes contra territorio israelí.

Las prisas que pueda tener el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por pasar a la historia como el forjador de un acuerdo global del mundo árabe con Israel después de dar una salida al agravio palestino no deben separarse del precedente de julio del 2000: entonces, el presidente Bill Clinton reunió a Yasir Arafat y Ehud Barak en Camp David sin otro resultado apreciable, dos meses después, que el estallido de la segunda Intifada después de la provocativa visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. A lo que debe sumarse que la tradición política en Estados Unidos adjudica una considerable debilidad a la figura del presidente durante la recta final de su segundo mandato, cuando se le cuelga la etiqueta de pato cojo (lame duck). Esta será la situación de Obama después de noviembre, cuando se celebrarán elecciones legislativas –renovación de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado–, agravada a partir de la segunda mitad del 2015 por la cercanía de las primarias, durante las cuales, como de costumbre, el presidente saliente apenas podrá contar con los suyos, enfrascados en la pugna política para sucederle sin asumir compromisos ni excesivos ni concretos.

Aun así, como ha publicado el periódico beirutí L’Orient le Jour, de perfil progresista, “los dos mejores enemigos no podrán nunca prescindir de los buenos oficios del viejo Tío Sam”. Sobre todo, los palestinos, cuya causa se diluiría por completo en la política de hechos consumados de Israel, la duda existencial de muchos dirigentes árabes a raíz de las primaveras y la incapacidad de la Unión Europea de ser un actor político determinante en Oriente Próximo. Incluso con la firma de Hamás en el acuerdo interpalestino, que incomoda a la Casa Blanca, la implicación de Estados Unidos es imprescindible para que algo se mueva, aunque de cara al exterior prevalezca la consideración de que Hamás es una organización terrorista con la que no cabe llegar a pacto alguno. ¿O acaso no es tan obscena como la propaganda de Hamás y las declaraciones de Ismail Haniyá la multiplicación de asentamientos autorizados por el Gobierno israelí a pesar de las indicaciones de Estados Unidos? ¿O no perjudica la lógica de una negociación política que Netanyahu haya dejado sin efecto la liberación de 106 presos palestinos?

Más allá de los eslóganes publicitarios –“Abás debe decidir si busca la paz con Israel o con Hamás” (Netanyahu); “[el acuerdo] no es malo para ambas partes, es malo para el proceso de paz” (Shimrit Meir, analista israelí)– y de la posibilidad de que el diario israelí Maariv lleve razón al considerar el pacto palestino “una simple estratagema de relaciones públicas”, aquello que realmente cuenta es que solo una de las partes está en condiciones de actuar de facto y que la otra ve que la solución de los dos estados se aleja un poco más con cada nuevo asentamiento. La profesora Patricia DeGennaro, del World Policy Institute, lo ha explicado de la siguiente manera en el canal Al Jazira America: “Seamos realistas: los asentamientos son un grave problema. Crecen cada año. Aumentan cada vez que hay un proceso de paz. Así que constituyen un contencioso. Son también una forma de imponer la solución de un solo Estado”. El análisis de DeGennaro se asemeja a la descripción de una partida con todas las cartas marcadas.

El primer ministro de Israel está lejos de correr el peligro de que alguien le mueva la silla para acelerar un acuerdo con los palestinos y, además, dispone de información solvente recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del ultra Avigdor Lieberman, que da por descontado que difícilmente se prolongará por mucho tiempo el modus vivendi entre Al Fatá, la principal organización integrada en la OLP, y Hamás, según ha aparecido publicado en las páginas del diario progresista israelí Haaretz. Netanyahu no tiene ninguna necesidad de ocupar su tiempo en sopesar una vez más las ventajas y los inconvenientes del principio general resumido en la expresión paz por territorios: le basta con dejar que corra el tiempo, que llegue el día 29 sin novedades y luego se imponga la realidad de la floración imparable de asentamientos hasta que carezca de sentido considerar la posibilidad de que bien vale la pena perder algunos kilómetros cuadrados a cambio de una paz segura.

Un informe difundido en marzo por el International Crisis Group, referido a la situación en Gaza, afirma lo que sigue: “Aunque ninguna de las partes quiere luchar, tampoco tiene intención de presionar por la paz. Ambas partes están convencidas de que está próxima una ronda de negociaciones y no darán ningún paso que entrañe desventajas militares”. Es otra forma de decir que todas las cartas están marcadas y que ni el Gobierno de Israel ni Hamás harán un solo movimiento que proyecte una imagen de debilidad. Porque, si así lo hacen, son conscientes de que sus competidores pescarán en los caladeros de los decepcionados con la condescendencia de los líderes. Por eso son verosímiles las cábalas acerca de una casi imposible concreción del acuerdo interpalestino que haga posible en lo que queda de año la consolidación de un Gobierno unitario, la convocatoria de legislativas y la elección de un presidente. Logrado todo ello sin que, más que probablemente, la negociación con Israel haya avanzado un ápice, según es fácil deducir de lo sucedido hasta ahora, con el secretario de Estado, John Kerry, desbordado todos los días por la frenética actividad de los constructores de viviendas en Cisjordania, impugnación sobre el terreno del proceso de paz que quizá nunca existió.

Siria, condenada a un empate sangriento

Ni siquiera el temor de la CIA a que Al Qaeda transforme una parte de Siria en una base operativa para organizar ataques contra Occidente parece motivo suficiente para que Estados Unidos y los países europeos busquen la forma de sofocar la guerra civil, que en marzo cumplió tres años. El desmantelamiento del arsenal químico del presidente Bashar el Asad contenta a quienes piensan que es mejor soportar una guerra de baja intensidad, a tenor de los informes redactados por los gabinetes de análisis, que comprometer el futuro con negociaciones inciertas que legitimen a una oposición colonizada por el yihadismo. Y eso a pesar de que la cifra de muertos –unos 160.000– crece sin cesar y la de desplazados –más de cuatro millones– galopa a lomos de la pasividad de la comunidad internacional y de las advertencias acerca de la capacidad de contaminación de la guerra a Líbano y a otros países del vecindario.

En febrero de hace dos años, al ver la luz el primer Bloglobal, cuando los muertos eran 20.000 y los desplazados eran quizá menos de un millón, Abdel Bari Atuan, editor del diario en árabe Al Quds al Arabi, que se imprime en Londres, advertía: “El conflicto sectario en Siria puede extenderse más allá de sus fronteras y al resto de la región; en el peor escenario, vemos posible un regreso a la guerra fría, alineando posiciones en la chia –la comunidad chií–, respaldada por Rusia y China, contra los países sunís, apoyados por Occidente”. Al llegar al Bloglobal número 100, aquellos presagios no solo se cumplen, sino que se agravan con la contribución de Al Qaeda y sus franquicias, dirigida a adueñarse de la estrategia de la oposición para disponer de una base de operaciones estable, según el director de CIA, John O. Brennan.

Aquello que empezó siendo una derivada de las primaveras árabes ofrece hoy el sombrío aspecto de una guerra sin fecha de vencimiento en la que los intereses en juego han dejado a su suerte a la población que la sufre en carne propia. El último informe de las Naciones Unidas, fechado en marzo, no deja lugar a dudas en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de ambos bandos, pero en el ánimo de los países en mejor posición para contener la matanza pesa por encima de todo el miedo a perder el control sobre Siria al día siguiente de la liquidación del régimen de Asad. Un miedo alimentado todos los días por la división interna de la oposición reconocida por Estados Unidos y sus aliados, pero incapaz de transmitir la menor sensación de cohesión y confianza.

La seguridad del presidente sirio en que su sillón está lejos de zozobrar procede justamente de la falta de consistencia política de la oposición. La guerra ha dispensado a Asad de las obligaciones propias de su función –el Estado ha dejado de ser el ente prestador de servicios que se supone que debe ser– y las torpezas de la oposición, más incluso que el apoyo de Rusia, Irán, Hizbulá, China en menor medida y otros aliados, le ha liberado de la presión inicial de sus adversarios en el exterior. Como tantas veces en tantos conflictos, la dirección a distancia del combate contra Asad ha hecho que la lógica de la guerra desbordara la capacidad de gestión de la oposición moderada en beneficio de los combatientes sobre el terreno, parasitados por los yihadistas procedentes de Irak, Pakistán y otros puntos cardinales del orbe islámico donde la acción directa fue o está de permanente actualidad. Al final, a ojos de la Administración de Barack Obama y de los gobiernos de la UE más directamente vigilantes de la crisis –el Reino Unido y Francia–, la dictadura de Bashar el Asad ha tomado la forma de mal necesario, preferible en cualquier caso a que el mundo de Al Qaeda se haga con Siria, territorio limítrofe con Israel y con la OTAN (Turquía).

Esa opción por el mal necesario o el mal menor es a menudo objeto de furibundos ataques desde la derecha neoconservadora más desinhibida, pero la comunidad de inteligencia estadounidense, de tradición eminentemente conservadora, tiende a considerar el conflicto sirio como una crisis fuera de control que aconseja esperar y ver.  Aun así, publicaciones como The Weekly Standard, fundada por el muy conservador William Kristol, se afanan en atacar la “diplomacia dubitativa” de Obama con artículos como el publicado por Elliott Abrams en enero, compendio de reproches que alcanzan al secretario de Estado, John Kerry, y a los negociadores que a finales de verano aceptaron el compromiso sirio de desprenderse del arsenal químico para renunciar a actuar sobre el terreno. La famosa amenaza de Obama de entrar en acción si Asad traspasaba las líneas rojas del recurso a las armas químicas, se volvió contra la Casa Blanca, y desde entonces la derecha no ha dejado de resaltar la presunta debilidad del presidente.

Abrams, como el resto de conservadores, considera que Turquía y los árabes, sin el concurso de Estados Unidos, son incapaces de poner en pie un “programa coherente” para acabar con la guerra sin desviar la vista hacia alguno de los grupos vinculados a Al Qaeda. Una suposición precipitada, por no decir cargada de prejuicios, porque del rumbo fijado por los países árabes, con primavera o sin ella, se desprende que todo es posible, menos que se entreguen a un coqueteo imprudente con los herederos de Osama bin Laden. Es más, después de los acontecimientos de los últimos meses en Egipto, núcleo fundamental de la política árabe, ningún vaticinio sensato pasa por un gesto de comprensión del Ejército hacia el fundamentalismo islámico en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Mientras la tragedia siria cumple su función de arma política para desgastar la figura de Obama y su Gobierno, se pasan por alto dos datos relevantes: la transformación de Siria en un Estado fallido y la aparición en el relato de la guerra de intereses económicos, vinculados a los contrincantes, que han tejido una red de complicidades insostenible fuera de la guerra, de acuerdo con el análisis del especialista Jihad Yazigi. Esta tupida trama, a la que la familia Asad no es ajena, es un obstáculo más para contener la guerra, y no habrá negociación futura que pueda soslayar su existencia porque, de hacerlo, será imposible articular una solución política duradera. Es más, la aniquilación de la economía convencional y el surgimiento de otra fragmentada, gestora de intereses asimismo fragmentados, contribuye a diluir lo poco que queda del Estado y lo suplanta de facto.

La coreografía diplomática representada el pasado 22 de enero en las conversaciones conocidas como Ginebra 2 –“espectáculo televisado de hipocresía” en feliz descripción del periodista Mateo Madridejos– se zanjó como un resumen elocuente de la disolución del Estado, de la capacidad de Asad de resistir, parapetado en sus aliados y protectores, y del debilitamiento de la oposición reconocida por Occidente que se cobija en la Coalición Nacional Siria. La realpolitik condena hoy a la sociedad siria a vivir en un impasse ensangrentado, en un callejón sin salida del que se ha adueñado la guerra, constituida esta en un sistema con su propia lógica interna, que se alimenta a sí mismo mediante la protección de los intereses de cada bando, al tiempo que las víctimas se ven obligadas a soportar las consecuencias de un empate histórico sin desenlace a la vista.

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.