Egipto desanda la primavera

Al cumplirse un año del golpe de Estado que echó de la presidencia de Egipto al islamista Mohamed Morsi se han cumplido los peores presagios: a la pretensión de los Hermanos Musulmanes de acumular todo el poder en sus manos ha seguido la estrategia del Ejército para recuperar por entero aquello que fue –es– de su exclusiva propiedad desde los días de Gamal Abdel Naser. La elección del mariscal Abdel Fatá al Sisi culminó un rápido proceso de sometimiento del Estado a los cuarteles bajo la apariencia de un programa de desislamización de la Constitución y de neutralización de la Hermandad, declarada ilegal. Cuanto ha sucedido en el último año no ha hecho más que devolver a Egipto al camino marcado por los centuriones con la aprobación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y, finalmente, Estados Unidos en aras de la realpolitik.

Desde que empezó el dramático juego de acción y reacción, que el 3 de julio de 2013 acabó con la presidencia de Morsi y con los uniformados aplaudidos por una multitud en la plaza de Tahrir de El Cairo, más de 2.500 manifestantes han perdido la vida, más de 20.000 hermanos han ido a dar con sus huesos en la cárcel y por encima del millar de dirigentes islamistas han sido condenados a muerte. Además, el Ejército, que al principio dejó que la libertad informativa se mantuviera relativamente intocable, acabó encarcelando,  juzgando y condenando a tres periodistas de Al Jazira so pretexto, típico de las dictaduras desde siempre, de difundir “informaciones falsas”. La falta de garantías de los procesos, presididos por jueces serviles, ha dejado todo el entramado del poder a merced de las conveniencias del generalato, las exigencias de la seguridad en Oriente Próximo, las relaciones con Israel y el paraguas económico de las petromonarquías.

Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, asesinado en 1949.

El golpe de Estado que depuso al primer presidente civil de Egipto fue saludado por Tony Blair, enviado especial del cuarteto en Oriente Próximo, como “el rescate absolutamente necesario de una nación”, según ha recordado el periódico liberal británico The Guardian. De forma que, lo mismo que la prioridad en Siria ha dejado de ser la liquidación del régimen de Bashar el Asad, en Egipto tampoco lo es ahora el asentamiento de un régimen democrático, sino garantizar la estabilidad a cualquier precio. En una región devastada por la presión del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el polvorín palestino-israelí y el galimatías libio, en un solar donde Rusia, Irán y China operan con su propia agenda, Occidente ha llegado a la conclusión de que cualquier solución es peor a un Egipto estable, aunque sea a costa de dejar en el olvido los buenos deseos formulados cuando su primavera dejó en la cuneta a Hosni Mubarak.

La duda, la gran duda, es si la dirección tomada por los militares egipcios desemboca o no directamente en una pseudodemocracia estable. Las enseñanzas de la historia de Egipto contienen datos suficientes para pensar que han sido periodos poco estables los que han seguido a operaciones de represión sin cuartel de los Hermanos Musulmanes y compañeros de viaje. Así fue después del asesinato en 1949 de Hasán al Bana, el fundador de la organización, después de la ilegalización de esta en 1954, después de la ejecución en 1966 Sayyid Qutb, una de las referencias ideológicas de la Hermandad; así fue también durante buena parte de la presidencia de Anuar el Sadat, asesinado por un comando yihadista infiltrado en el Ejército, y así es en nuestros días, cuando entre los condenados a muerte figura Mohamed Badia, guía espiritual de los islamistas. De hecho, los Hermanos Musulmanes han mantenido siempre una doble estructura organizativa –pública, una; clandestina o secreta, la otra– y la participación en la vida institucional, de forma oficial o encubierta, ha alimentado un debate permanente en la dirección y entre la militancia.

Sayyid Qutb, ideólogo del islamismo radical, ahorcado en 1966.

Si los militares egipcios se presentan dispuestos a repetir los mismos errores del pasado, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se asoman al precipicio, empeñados en confirmar que “no estaban preparados para convivir con las primaveras árabes”, según la conclusión de la especialista Kristina Kausch. “Los países occidentales se han mostrado reacios a afrontar las realidades subyacentes de la región, expuestas en un informe del 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –sostiene Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford–. Los especialistas y politólogos palestinos que redactaron el informe llamaron la atención acerca de las conexiones entre gobierno autoritario, debilidad económica, desempleo elevado y política excesivamente confesional. Cuanto más dictatorial se volvió la política en esa región, más jóvenes que se veían privados de puestos de trabajo y de libertad de expresión se volvieron hacia el extremismo y el islamismo violento, la perversión de un gran credo”.

Es difícil discrepar de ese dictamen sencillo y obvio. En Egipto, la ruina económica, las desigualdades, la degradación del espacio urbano y la falta de futuro para los jóvenes llenaron la plaza de Tahrir de defensores entusiastas del Estado laico, pero a la hora de votar fueron las capas sociales convencidas de que el islam y no la democracia es la solución las que llevaron a Morsi al poder y dieron el Gobierno a los Hermanos Musulmanes. Se cumplió así la opinión expresada por el arabista francés Gilles Kepel: el movimiento que depuso a Mubarak no era representativo de la media aritmética de la sociedad egipcia, cuya ideología espontánea es el islam, de acuerdo con el análisis de las primaveras árabes del politólogo Sami Naïr. Frente a tal realidad se articula el poder de los militares egipcios que, al regresar al puente de mando, si es que alguna vez lo dejaron, cumplen una doble función o eso persiguen: mantener el statu quo en la región y poner a salvo la trama de intereses de la que son titulares como primeros gestores de la economía nacional pública y privada.

Todos las explicaciones puestas en circulación estos días por cuantos jalearon a los militares en el momento del golpe y más tarde les ofrecieron una cobertura civil para desdibujar los perfiles de una dictadura uniformada, insisten en que el pacto con los Hermanos Musulmanes era inviable y, por esa razón, la intervención de los tanques estuvo justificada. Ninguno de los hermeneutas partidarios de la intervención de los blindados entra en el asunto central: la única forma de consolidar un sistema democrático es respetar las reglas de la democracia.

Mohamed Badia, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, condenado a muerte.

“Cada vez que miro hacia atrás me reafirmo en que era del todo imposible alcanzar un acuerdo con los Hermanos Musulmanes, simplemente a causa de su intransigencia”, ha declarado Amr Musa, un político camaleónico, al periódico cairota Al Ahram, no menos dado al cambio cromático según las épocas. Musa encarna el sentir del establishment civil con una larga y próspera cooperación con el Ejército, mientras fuera de ese entorno tan poco inclinado al reformismo político se multiplican los gestos de arrepentimiento por la inercia hacia el golpe de la protesta laica, que dijo estar legitimada para exigir la renuncia de Morsi gracias a los millones de firmas –se aseguró que 20 millones– recogidas por todo el país para que el presidente dejara el cargo. Aquella estrategia temeraria, inducida por el movimiento Tamarod (rebelión), lo que hizo en verdad fue dar aires de levantamiento popular a una asonada dirigida por el mariscal Al Sisi y reproducir en Egipto lo que tantas veces ha sucedido en otros lugares: un responsable militar nombrado por un Gobierno salido de las urnas acaba levantándose contra quien lo nombró.

Al final de un libro dedicado a la Hermandad, el periodista español Javier Martín afirma: “Es difícil predecir el futuro. Pero si dos certezas existen, son que el devenir del islamismo egipcio volverá a marcar tendencias en el mundo árabe-musulmán, y que cualquier proceso de reforma democrática en Egipto –y en el resto de la región– deberá tener en cuenta a la amplia burguesía piadosa. Gran parte de ella son hermanos y musulmanes”. Estas líneas fueron redactadas en marzo del 2011, y hoy tienen la misma vigencia que entonces. Cuanto más marginen los militares a los islamistas, más adeptos a su causa se unirán a sus filas; cuanto más alejados de los resortes del poder estén los Hermanos Musulmanes, más fuerte se hará el islamismo radical dentro y fuera de Egipto; cuanto más se empeñen los generales en mantener la fractura social entre nosotros y ellos, mayor será la capacidad del islamismo para arraigar en una sociedad decepcionada y sin expectativas.

 

 

El proceso de paz que nunca existió

“Es una cuestión psicológica y emocional que los palestinos sientan que están unidos”

(Ziad Abú Amr, viceprimer ministro de la Autoridad Palestina)

El acuerdo alcanzado el miércoles entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Hamás para constituir un Gobierno de tecnócratas encabezado por Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, ha permitido prender por unos instantes la llama de la unidad en Cisjordania y Gaza, mientras los gobiernos de Israel (mucho) y de Estados Unidos (no tanto) se rasgaban las vestiduras. Pero si acuden al archivo, los adversarios irreconciliables han de serenar los ánimos de inmediato: los palestinos, porque darán con la frustración que siguió a los acuerdos del 2011 en El Cairo y del 2013 en Doha, cuya aplicación práctica nunca se produjo; los israelíes, porque no perdieron ni un milímetro de territorio ocupado, sino que, sin mayores inconvenientes, aumentaron la construcción de asentamientos en Cisjordania hasta superar de muy largo la cifra de 300.000 colonos.

De forma que esta vez nada induce a ser más optimista que las ocasiones anteriores en el largo y confuso relato de la división palestina ni a achacar al acuerdo interpalestino el fracaso de las negociaciones de paz entabladas por la Autoridad Palestina e Israel, que debían traducirse en algo tangible el día 29. Habida cuenta de que los mismos enemigos íntimos que fueron incapaces de evitar la división palestina en el bienio 2006-2007 son los que ahora dicen haberse puesto de acuerdo, y de que sigue en manos del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, la posibilidad de autorizar nuevos asentamientos, pudiera ser que todo quedara en un castillo de fuegos artificiales sin más recorrido. Resulta tan aventurado confiar en que de aquí a un máximo de cinco semanas Abás habrá logrado formar un Gobierno de técnicos sin compromisos políticos, como vislumbrar tal contención en el campo islamista que sea imposible la presión de la Yihad Islámica (muy radical) sobre Hamás (radical, pero no tanto); resulta tan poco imaginable que Estados Unidos, pasado el disgusto, controle los biorritmos del Gobierno israelí, como que este se resista a autorizar nuevos asentamientos. Más parece todo condenado al estancamiento y la ruptura después de que Netanyahu decidiera suspender la sesión negociadora con los palestinos prevista para el jueves, mientras la aviación israelí bombardeaba el norte de la franja de Gaza y la Yihad lanzaba dos cohetes contra territorio israelí.

Las prisas que pueda tener el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por pasar a la historia como el forjador de un acuerdo global del mundo árabe con Israel después de dar una salida al agravio palestino no deben separarse del precedente de julio del 2000: entonces, el presidente Bill Clinton reunió a Yasir Arafat y Ehud Barak en Camp David sin otro resultado apreciable, dos meses después, que el estallido de la segunda Intifada después de la provocativa visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. A lo que debe sumarse que la tradición política en Estados Unidos adjudica una considerable debilidad a la figura del presidente durante la recta final de su segundo mandato, cuando se le cuelga la etiqueta de pato cojo (lame duck). Esta será la situación de Obama después de noviembre, cuando se celebrarán elecciones legislativas –renovación de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado–, agravada a partir de la segunda mitad del 2015 por la cercanía de las primarias, durante las cuales, como de costumbre, el presidente saliente apenas podrá contar con los suyos, enfrascados en la pugna política para sucederle sin asumir compromisos ni excesivos ni concretos.

Aun así, como ha publicado el periódico beirutí L’Orient le Jour, de perfil progresista, “los dos mejores enemigos no podrán nunca prescindir de los buenos oficios del viejo Tío Sam”. Sobre todo, los palestinos, cuya causa se diluiría por completo en la política de hechos consumados de Israel, la duda existencial de muchos dirigentes árabes a raíz de las primaveras y la incapacidad de la Unión Europea de ser un actor político determinante en Oriente Próximo. Incluso con la firma de Hamás en el acuerdo interpalestino, que incomoda a la Casa Blanca, la implicación de Estados Unidos es imprescindible para que algo se mueva, aunque de cara al exterior prevalezca la consideración de que Hamás es una organización terrorista con la que no cabe llegar a pacto alguno. ¿O acaso no es tan obscena como la propaganda de Hamás y las declaraciones de Ismail Haniyá la multiplicación de asentamientos autorizados por el Gobierno israelí a pesar de las indicaciones de Estados Unidos? ¿O no perjudica la lógica de una negociación política que Netanyahu haya dejado sin efecto la liberación de 106 presos palestinos?

Más allá de los eslóganes publicitarios –“Abás debe decidir si busca la paz con Israel o con Hamás” (Netanyahu); “[el acuerdo] no es malo para ambas partes, es malo para el proceso de paz” (Shimrit Meir, analista israelí)– y de la posibilidad de que el diario israelí Maariv lleve razón al considerar el pacto palestino “una simple estratagema de relaciones públicas”, aquello que realmente cuenta es que solo una de las partes está en condiciones de actuar de facto y que la otra ve que la solución de los dos estados se aleja un poco más con cada nuevo asentamiento. La profesora Patricia DeGennaro, del World Policy Institute, lo ha explicado de la siguiente manera en el canal Al Jazira America: “Seamos realistas: los asentamientos son un grave problema. Crecen cada año. Aumentan cada vez que hay un proceso de paz. Así que constituyen un contencioso. Son también una forma de imponer la solución de un solo Estado”. El análisis de DeGennaro se asemeja a la descripción de una partida con todas las cartas marcadas.

El primer ministro de Israel está lejos de correr el peligro de que alguien le mueva la silla para acelerar un acuerdo con los palestinos y, además, dispone de información solvente recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del ultra Avigdor Lieberman, que da por descontado que difícilmente se prolongará por mucho tiempo el modus vivendi entre Al Fatá, la principal organización integrada en la OLP, y Hamás, según ha aparecido publicado en las páginas del diario progresista israelí Haaretz. Netanyahu no tiene ninguna necesidad de ocupar su tiempo en sopesar una vez más las ventajas y los inconvenientes del principio general resumido en la expresión paz por territorios: le basta con dejar que corra el tiempo, que llegue el día 29 sin novedades y luego se imponga la realidad de la floración imparable de asentamientos hasta que carezca de sentido considerar la posibilidad de que bien vale la pena perder algunos kilómetros cuadrados a cambio de una paz segura.

Un informe difundido en marzo por el International Crisis Group, referido a la situación en Gaza, afirma lo que sigue: “Aunque ninguna de las partes quiere luchar, tampoco tiene intención de presionar por la paz. Ambas partes están convencidas de que está próxima una ronda de negociaciones y no darán ningún paso que entrañe desventajas militares”. Es otra forma de decir que todas las cartas están marcadas y que ni el Gobierno de Israel ni Hamás harán un solo movimiento que proyecte una imagen de debilidad. Porque, si así lo hacen, son conscientes de que sus competidores pescarán en los caladeros de los decepcionados con la condescendencia de los líderes. Por eso son verosímiles las cábalas acerca de una casi imposible concreción del acuerdo interpalestino que haga posible en lo que queda de año la consolidación de un Gobierno unitario, la convocatoria de legislativas y la elección de un presidente. Logrado todo ello sin que, más que probablemente, la negociación con Israel haya avanzado un ápice, según es fácil deducir de lo sucedido hasta ahora, con el secretario de Estado, John Kerry, desbordado todos los días por la frenética actividad de los constructores de viviendas en Cisjordania, impugnación sobre el terreno del proceso de paz que quizá nunca existió.

Siria, condenada a un empate sangriento

Ni siquiera el temor de la CIA a que Al Qaeda transforme una parte de Siria en una base operativa para organizar ataques contra Occidente parece motivo suficiente para que Estados Unidos y los países europeos busquen la forma de sofocar la guerra civil, que en marzo cumplió tres años. El desmantelamiento del arsenal químico del presidente Bashar el Asad contenta a quienes piensan que es mejor soportar una guerra de baja intensidad, a tenor de los informes redactados por los gabinetes de análisis, que comprometer el futuro con negociaciones inciertas que legitimen a una oposición colonizada por el yihadismo. Y eso a pesar de que la cifra de muertos –unos 160.000– crece sin cesar y la de desplazados –más de cuatro millones– galopa a lomos de la pasividad de la comunidad internacional y de las advertencias acerca de la capacidad de contaminación de la guerra a Líbano y a otros países del vecindario.

En febrero de hace dos años, al ver la luz el primer Bloglobal, cuando los muertos eran 20.000 y los desplazados eran quizá menos de un millón, Abdel Bari Atuan, editor del diario en árabe Al Quds al Arabi, que se imprime en Londres, advertía: “El conflicto sectario en Siria puede extenderse más allá de sus fronteras y al resto de la región; en el peor escenario, vemos posible un regreso a la guerra fría, alineando posiciones en la chia –la comunidad chií–, respaldada por Rusia y China, contra los países sunís, apoyados por Occidente”. Al llegar al Bloglobal número 100, aquellos presagios no solo se cumplen, sino que se agravan con la contribución de Al Qaeda y sus franquicias, dirigida a adueñarse de la estrategia de la oposición para disponer de una base de operaciones estable, según el director de CIA, John O. Brennan.

Aquello que empezó siendo una derivada de las primaveras árabes ofrece hoy el sombrío aspecto de una guerra sin fecha de vencimiento en la que los intereses en juego han dejado a su suerte a la población que la sufre en carne propia. El último informe de las Naciones Unidas, fechado en marzo, no deja lugar a dudas en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de ambos bandos, pero en el ánimo de los países en mejor posición para contener la matanza pesa por encima de todo el miedo a perder el control sobre Siria al día siguiente de la liquidación del régimen de Asad. Un miedo alimentado todos los días por la división interna de la oposición reconocida por Estados Unidos y sus aliados, pero incapaz de transmitir la menor sensación de cohesión y confianza.

La seguridad del presidente sirio en que su sillón está lejos de zozobrar procede justamente de la falta de consistencia política de la oposición. La guerra ha dispensado a Asad de las obligaciones propias de su función –el Estado ha dejado de ser el ente prestador de servicios que se supone que debe ser– y las torpezas de la oposición, más incluso que el apoyo de Rusia, Irán, Hizbulá, China en menor medida y otros aliados, le ha liberado de la presión inicial de sus adversarios en el exterior. Como tantas veces en tantos conflictos, la dirección a distancia del combate contra Asad ha hecho que la lógica de la guerra desbordara la capacidad de gestión de la oposición moderada en beneficio de los combatientes sobre el terreno, parasitados por los yihadistas procedentes de Irak, Pakistán y otros puntos cardinales del orbe islámico donde la acción directa fue o está de permanente actualidad. Al final, a ojos de la Administración de Barack Obama y de los gobiernos de la UE más directamente vigilantes de la crisis –el Reino Unido y Francia–, la dictadura de Bashar el Asad ha tomado la forma de mal necesario, preferible en cualquier caso a que el mundo de Al Qaeda se haga con Siria, territorio limítrofe con Israel y con la OTAN (Turquía).

Esa opción por el mal necesario o el mal menor es a menudo objeto de furibundos ataques desde la derecha neoconservadora más desinhibida, pero la comunidad de inteligencia estadounidense, de tradición eminentemente conservadora, tiende a considerar el conflicto sirio como una crisis fuera de control que aconseja esperar y ver.  Aun así, publicaciones como The Weekly Standard, fundada por el muy conservador William Kristol, se afanan en atacar la “diplomacia dubitativa” de Obama con artículos como el publicado por Elliott Abrams en enero, compendio de reproches que alcanzan al secretario de Estado, John Kerry, y a los negociadores que a finales de verano aceptaron el compromiso sirio de desprenderse del arsenal químico para renunciar a actuar sobre el terreno. La famosa amenaza de Obama de entrar en acción si Asad traspasaba las líneas rojas del recurso a las armas químicas, se volvió contra la Casa Blanca, y desde entonces la derecha no ha dejado de resaltar la presunta debilidad del presidente.

Abrams, como el resto de conservadores, considera que Turquía y los árabes, sin el concurso de Estados Unidos, son incapaces de poner en pie un “programa coherente” para acabar con la guerra sin desviar la vista hacia alguno de los grupos vinculados a Al Qaeda. Una suposición precipitada, por no decir cargada de prejuicios, porque del rumbo fijado por los países árabes, con primavera o sin ella, se desprende que todo es posible, menos que se entreguen a un coqueteo imprudente con los herederos de Osama bin Laden. Es más, después de los acontecimientos de los últimos meses en Egipto, núcleo fundamental de la política árabe, ningún vaticinio sensato pasa por un gesto de comprensión del Ejército hacia el fundamentalismo islámico en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Mientras la tragedia siria cumple su función de arma política para desgastar la figura de Obama y su Gobierno, se pasan por alto dos datos relevantes: la transformación de Siria en un Estado fallido y la aparición en el relato de la guerra de intereses económicos, vinculados a los contrincantes, que han tejido una red de complicidades insostenible fuera de la guerra, de acuerdo con el análisis del especialista Jihad Yazigi. Esta tupida trama, a la que la familia Asad no es ajena, es un obstáculo más para contener la guerra, y no habrá negociación futura que pueda soslayar su existencia porque, de hacerlo, será imposible articular una solución política duradera. Es más, la aniquilación de la economía convencional y el surgimiento de otra fragmentada, gestora de intereses asimismo fragmentados, contribuye a diluir lo poco que queda del Estado y lo suplanta de facto.

La coreografía diplomática representada el pasado 22 de enero en las conversaciones conocidas como Ginebra 2 –“espectáculo televisado de hipocresía” en feliz descripción del periodista Mateo Madridejos– se zanjó como un resumen elocuente de la disolución del Estado, de la capacidad de Asad de resistir, parapetado en sus aliados y protectores, y del debilitamiento de la oposición reconocida por Occidente que se cobija en la Coalición Nacional Siria. La realpolitik condena hoy a la sociedad siria a vivir en un impasse ensangrentado, en un callejón sin salida del que se ha adueñado la guerra, constituida esta en un sistema con su propia lógica interna, que se alimenta a sí mismo mediante la protección de los intereses de cada bando, al tiempo que las víctimas se ven obligadas a soportar las consecuencias de un empate histórico sin desenlace a la vista.

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.    

Siria, una tragedia sin límites

La primera víctima incruenta de la conferencia Ginebra 2 ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, obligado por Estados Unidos a retirar la invitación previamente cursada a Irán para que participara en las conversaciones. Desde el desaire sufrido en 1996 por Butros Butros-Ghali, cuya reelección al frente de los destinos de la ONU fue vetada por el presidente Bill Clinton, no se daba una situación de debilitamiento tan extremo de la dirección del organismo que en el plano puramente teórico tutela las relaciones internacionales. Prueba de las grandes dificultades que presenta detener la matanza en Siria y dar con el punto intermedio que haga posible, por lo menos, pasar del campo de batalla al encuentro entre adversarios. Prueba, asimismo, de los riesgos que contrae quien asume compromisos concretos en esa larga tragedia, que suma 130.000 muertos y varios millones de desplazados –las cifras se han desbocado–, además de transmitir al resto del mundo la impresión de que el desastre va para largo.

La ausencia de Irán de Ginebra 2 daña irremediablemente las de por sí escasísimas posibilidades de sacar algo en limpio de la coreografía diplomática. El deseo de la Casa Blanca de desvanecer toda sospecha de concomitancia con la diplomacia iraní, a la que con frecuencia se refieren los republicanos adscritos al Tea Party, ha hecho caer en el olvido el diagnóstico de Kofi Annan, cuando aceptó el encargo de mediar en la guerra de Siria: “Irán es un actor. Debería formar parte de la solución. Tiene influencia y no podemos ignorarlo”. En ese olvido voluntario ha pesado el reciente acuerdo sobre el programa nuclear de los ayatolás, atacado con parecida violencia por los neocons en Estados Unidos y por los halcones de Teherán, pero, al plegarse a esa realidad, el presidente Barack Obama ha renunciado a la eventual capacidad de persuasión del hábil Muhamad Javad Zarif, ministro iraní de Asuntos Exteriores, para atemperar los ímpetus belicistas de una parte del chiísmo radical.

La segunda víctima incruenta es el diplomático argelino Lajdar Brahimi, superado por la situación y atenazado en la misión que tiene encomendada a causa de la gestión del conflicto desde Estados Unidos y Rusia, de la división en las filas de la oposición siria, del pulso que mantienen las teocracias suní (Arabia Saudí) y chií (Irán) por la hegemonía en el Golfo, de la segunda vida de Al Qaeda, reactivada en Irak, y del temor muy extendido a que el conflicto sirio acabe contaminando toda la región si es que no lo ha hecho ya. Cuando Brahimi se acerca a la mesa de la conciliación para acercar posiciones lo hace sin más posibilidades de éxito que las ganas que tengan sus interlocutores de renunciar a la grandilocuencia. Una disposición infrecuente en el clima de invectivas cruzadas por el Gobierno de Bashar el Asad y las diferentes oposiciones que le hacen frente con desigual fortuna e influencia.

La situación de Brahimi es fiel reflejo de la división en la Liga Árabe, que se debate entre la implicación de Arabia Saudí y sus aliados del momento, más o menos dispuestos a seguirla, y el deseo de los países más alejados del conflicto de limitar los compromisos. Pero la situación de Brahimi explica también hasta qué punto pesa en la crisis siria la falta de sintonía entre Arabia Saudí y el equipo de Obama y el deseo expresado por el presidente de mantener alguna forma de equilibrio regional compartido por saudís e iranís. Eso es tanto como decir alguna forma de equilibrio entre sunís y chiís, del Mediterráneo oriental al Golfo, según el análisis del especialista Husein Ibish, con las dificultades inherentes a tejer una red de intereses comunes con una hebra árabe y otra que no lo es (Irán).

La tercera víctima incruenta es la oposición posibilista, reconocida por Occidente como representante legítima del pueblo sirio que se levantó contra el autócrata, pero extremamente debilitada por su incapacidad manifiesta para neutralizar sobre el terreno a los yihadistas. Esta oposición, con la que Occidente creyó poder desalojar del poder a Asad al precio de daños colaterales mínimos, está dirigida por figuras largo tiempo alejadas de Siria, poco representativas del argumento que se desarrolla en el interior del país, y no siempre capaces de ponerse de acuerdo para aplicar un programa a largo plazo de reconstrucción del país.

Que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declare que tener el derecho de dirigir un país no puede “proceder de la tortura, los barriles-bomba y los misiles Scud” tiene menos eficacia real para la oposición moderada que la determinación de Sergei Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores, de descartar “posiciones premeditadas” –el apartamiento de Asad del poder– en Ginebra 2. Porque mientras las palabras de Kerry apenas sirven para un titular de prensa, la actitud de Lavrov implica que el presidente sirio seguirá en el poder por un tiempo indeterminado, pero largo a todas luces. Y a continuación de Lavrov, con efectos prácticos no menos importantes, deben contabilizarse los apoyos externos que recibe Asad desde el chiísmo radical, empezando por la milicia libanesa de Hizbulá, presente en el teatro de operaciones sirio.

Todo eso debilita el posibilismo tanto como la determinación de las organizaciones yihadistas de oponerse a cualquier desenlace negociado del conflicto. “El futuro de Siria será decidido aquí, sobre el terreno, y firmado con la sangre de los frentes y no en conferencias vacías a las que acuden aquellos que no se representan ni a sí mismo”, ha manifestado Abú Omar, dirigente del Frente Islámico, un conglomerado de grupos “wahabís takfiris”, en expresión utilizada por la emisora de televisión Al Manar, que pertenece a Hizbulá. Detrás de las palabras de Omar alienta la estrategia defendida por Al Qaeda en el último mensaje de voz conocido de su máximo dirigente, Aymán al Zauahiri: que cesen los combates entre facciones rebeldes.

Los fundamentalistas saben que la guerra dentro de la guerra aligera la presión interna sobre Asad y las grandes potencias comparten esa opinión, pero mientras los primeros aspiran a imponer su enfoque de la crisis siria mediante la unidad de acción, las segundas entienden que mientras sean los islamistas los que dirigen la batalla, la guerra dentro de la guerra es un mal necesario. Es esta una de las pocas coincidencias de criterio de Estados Unidos y Rusia, cuya preocupación por el auge yihadista está en relación directa con sus propios problemas con el islamismo radical en Daguestán, Chechenia y otras regiones del Cáucaso, tal como explica en su web Brian Whitaker. El Gobierno ruso teme el contagio y que alguna franquicia de Al Qaeda arraigue dentro de sus fronteras en territorios de tradición musulmana, una razón más para que apoye a Asad, que se presenta ante la comunidad internacional como un luchador decidido contra el terrorismo global.

Cuando el rompecabezas es tan complicado, las esperanzas menguan a cada palabra dicha de más, a cada gesto abrupto que delata el desacuerdo profundo entre las partes, y, en la guerra de siria, los gestos abruptos se remontan a casi tres años atrás, cuando de la protesta popular se pasó a los combates esporádicos y de ahí, a la guerra civil, las armas químicas, la infiltración fundamentalista, las líneas rojas de Obama que dejaron de serlo y así sucesivamente hasta llegar a Ginebra 2. Hasta llegar a la aspiración tan sensata como tremendamente difícil de establecer un periodo transitorio en el que Gobierno y oposición compartan el poder, después de la salida de Asad, para pacificar el país, evitar que se convierta en un Estado fallido a las puertas de Israel y conjurar el riesgo de que toda la región padezca las consecuencias. Sería magnífico pensar que, por sensato, es posible el futuro así descrito, pero hay demasiados indicios para no creer que el rumbo que se sigue es muy otro.

 

 

 

 

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

Túnez da ejemplo otra vez

El acuerdo alcanzado por los partidos representados en la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez para desatascar la redacción y aprobación de una nueva Constitución contrasta con el galimatías libio, que culminó este jueves con la retención durante unas horas del primer ministro, Alí Zeidán, y aún más con el otoño Egipto, donde sigue sin conocerse el paradero de Mohamed Mursi, presidente depuesto por el Ejército el 3 de julio. No todo tiene el mismo tono regresivo en el norte de África, y otra vez, como sucedió a principios del 2011, son los tunecinos quienes dan muestras de sentido político al buscar una salida ordenada al problema planteado por una Cámara zarandeada por desacuerdos insolubles y unas fuerzas laicas emocionalmente sacudidas por los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos de las voces más influyentes de la izquierda. Mientras tanto, nadie sabe hacia dónde se dirige la reforma libia, a expensas de los designios de grupos incontrolados que no hay forma de desarmar, y cada día es más evidente que en el horizonte egipcio se consolida la silueta de una dictadura militar encubierta.

Quizá sea cierto que la operación desencadenada por Estados Unidos para sacar de Libia a Abú Anás al Libi, presunto responsable de las matanzas en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar Es Salaam, el 7 de agosto de 1998, haya echado más leña al fuego a la falta de vertebración del país surgido del final de la guerra civil. Es seguro que la política contemplativa de Occidente en el desarrollo de los acontecimientos en Egipto a partir del golpe de Estado ha favorecido a los generales, movilizados en defensa de los intereses de una casta que controla más del 30% de la economía del país. Pero no es menos cierto que frente a la debilidad del núcleo laico en ambos países, la disposición del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) ha suplido las carencias de unas fuerzas políticas laicas inexpertas, enfrascadas con frecuencia en estériles debates bizantinos, y condicionadas por la disciplina de Ennahda (islamista moderado), que representa a la sumo a un cuarto de la población del país, aunque obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de octubre del 2011.

Habib Burguiba, padre de la independencia de Túnez, en Bizerta, en el norte del país, en 1952.

En definitiva, el equilibrio entre laicos e islamistas moderados, más allá de la aritmética electoral, se ha restablecido en Túnez, con el consiguiente apaciguamiento de las pasiones, al tiempo que en Libia no hay forma de desentrañar dónde se encuentran en verdad los resortes del poder legítimo o, peor aún, cunde la sospecha de que estos no existen, sometido todo el andamiaje político a las milicias armadas, la pugna tribal y la exigencia del este –región petrolífera– de disfrutar de mayores cuotas de poder. Y, en Egipto, los notables presididos por Amr Musa, encargados de redactar una nueva Constitución a la medida de los cuarteles, tienen cada día más la apariencia de máscaras cuyo destino es ocultar el torvo rostro de la dictadura militar que pilota el general Abdel Fatá al Sisi.

Como recordaba Jean Daniel, fundador del semanario progresista francés Le Nouvel Observateur, en un artículo publicado el 13 de febrero de este año, en momentos de gran incertidumbre, la herencia de Habib Burguiba, padre de la independencia tunecina, la crisis de “ese pequeño país desborda con mucho sus fronteras”. “De su resolución –añadía Daniel–, dependerá la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”.  El mismo autor reconocía en aquel artículo que Burguiba fue con el paso del tiempo “un déspota cada vez menos ilustrado”, pero sus primeros años “fueron esenciales en dos apartados: sus decisiones relativas al estatuto de la mujer y la forma de practicar y respetar el islam”. La UGTT ganó influencia y prestigio en aquella atmósfera de compromiso aconfesional, y aún hoy agavilla voluntades enfrentadas gracias a la herencia recibida.

A la izquierda, Gamal Abdel Naser, presidente de Egipto, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en la conferencia de no alneados de Belgrado, en 1961.

“El aspecto más significativamente singular de lo sucedido en Túnez es la capacidad de todos los actores políticos importantes, incluido el partido Ennahda, que dirige un Gobierno de coalición, para dialogar, negociar y comprometerse cuando es necesario para mantener la transición hacia una democracia plural que alcance a todos los grupos para competir por el poder”, destaca el analista Rami Khouri. Esa es una cualidad del entramado tunecino que de momento carece de licencia de exportación y que, con toda probabilidad, deriva de la secularización de la cultura política deseada por Burguiba en los años que siguieron a la independencia (1956). Burguiba sucumbió a la tentación del culto a la personalidad y de un paternalismo acrítico, pero suministró antídotos civiles para neutralizar otras tentaciones: el cesarismo, el dogmatismo religioso, la postergación de la mujer y el comunitarismo.

Si se compara esa herencia con el relato emancipador de Gamal Abdel Naser, padre del Egipto moderno, surge enseguida la gran diferencia: Naser, al frente del mayor de los estados árabes, aspiró a dirigir el orbe árabe; Burguiba, líder de un pequeño país, no soñó nunca con encabezar grandes aventuras más allá de sus fronteras. La modesta ambición política de Burguiba tuvo un carácter estrictamente nacional; el proyecto panarabista de Naser, a menudo grandilocuente, requirió la construcción de un régimen basado en la supremacía del Ejército para hacer frente a Israel y redimir el agravio de 1948. Medio siglo más tarde, de la suerte del modelo tunecino, con todas las vicisitudes que se quiera, depende “la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”, como se recoge más arriba, mientras que los uniformados de El Cairo aparecen como una sociedad cerrada cuyo primer objetivo es gestionar sus negocios y garantizar el poder de los centuriones.

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983,

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983.

Si la comparación es con el caos libio, entonces el contraste es aún mayor. El Estado de masas de Muamar Gadafi, la Yamahiriya, nunca fue mucho más que un nombre. En la práctica, solo fue útil para que prevalecieran las rivalidades tribales cuyo fragor confería al dictador un poder arbitral permanente del que dependía su supervivencia. A diferencia de Burguiba y Naser, que construyeron identidades políticas –nacionales– indiscutiblemente vigentes, Gadafi no tuvo el mayor interés en hacerlo, sino que fomentó la división. El caso es que hoy, después de una sangrienta guerra civil, un proceso constituyente instalado en la confusión y la exportación de petróleo –la capacidad extractiva de Libia es de 1,6 millones de barriles diarios– afectada por la pugna política, el país tiene la imperiosa necesidad de impulsar la socialización nacional para evitar que la adscripción tribal siga siendo la barrera infranqueable que se levanta entre los individuos y el Estado. Sin la construcción de una identidad colectiva que se extienda por encima de localismos y fidelidades personales, será muy difícil que pueda oponerse un poder homogéneo a las milicias surgidas durante la guerra, con presencia muy activa del islamismo radical.

Aún así, sigue en vigor el aserto más repetido desde que todo empezó entre los últimos días del 2010 y los primeros del 2011: nada será como antes. Acaso Egipto haya vuelto a la casilla de salida y acaso ese otoño de los generales se prolongue en un gobierno de los uniformados de duración imprevisible. Acaso Libia se haya salido del tablero y deba superar grandes dificultades y contratiempos antes de volver a él. Acaso, en fin, Túnez no consiga en mucho tiempo alcanzar la velocidad de crucero de la democratización y tenga que remontar cuestas interminables. Acaso todo eso suceda, pero la calle árabe perdió el miedo, según subrayan los sociólogos políticos, y lo que ahora acontece no es más que la confirmación empírica de que se quedaron cortos en sus cálculos cuantos diagnosticaron en los primeros días de las primaveras que haría falta una generación para que cuajaran.

Irán cambia el rumbo

Si se presta atención al enfoque que los analistas liberales de Estados Unidos dan a las ofertas de diálogo que el presidente de Irán, Hasán Rohani, dirige a la Casa Blanca desde muy poco después de su elección, no hay duda de que la república de los ayatolás ha cambiado el rumbo. Si se presta oídos a los matices difundidos por el sector duró de los clérigos de Teherán después de las declaraciones del presidente a una cadena de televisión y del discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU, entonces se tiene la impresión de que estamos ante un gran artificio escénico consentido de mala gana por los halcones. Si, por último, se fija la vista en las necesidades inmediatas del régimen iraní, cabe llegar a la conclusión de que este precisa atenuar la tensión desencadenada por el programa nuclear defendido con entusiasmo por Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani, y bendecido por el líder espiritual Alí Jamenei.

Un breve texto colgado por el analista Stephen M. Walt, profesor de la Universidad de Harvard, en su blog de la edición digital de Foreign Policy inclina la balanza a favor del último de los tres síes enunciados en el párrafo anterior: Rohani hace de la necesidad virtud y quiere aprovechar el momento para encontrar una salida honrosa y rentable al contencioso con Estados Unidos. En el bien entendido de que el presidente iraní no es un reformista encubierto ni cosa parecida, sino más bien un realista incrustado en el aparato de poder de la república islámica, educado en el dogma y en el dicterio antioccidental, pero que entiende que la presidencia de Mohamed Jatami (1997-2005), este sí, un reformista aclamado por los jóvenes y el mundo académico cuando llegó al poder, quedó trufada de frustraciones a causa de la movilización de las mezquitas, algo que metió al país en un callejón sin salida.

El presidente saliente, Mahmud Ahmadineyad, entrega al líder espiritual del regimen iraní, Alí Jamenei, los documentos que oficializan la elección de Hasán Rohani, en una ceremonia celebrada en Teherán el 3 de agosto.

Para abundar en la idea de que, en efecto, algo se mueve en Irán, Walt se remite a la distinción que establece el politólogo Robert Jervis, de la Universidad de Columbia, entre señales e indicios. Las primeras no tienen una “credibilidad inherente”; los segundos son “declaraciones o acciones que acarrean alguna prueba inherente de que la imagen proyectada es correcta”, cabe otorgarles un plus de credibilidad, por así decirlo. La percepción de Walt, que seguramente comparten los analistas más cercanos al presidente Barack Obama y al secretario de Estado, John Kerry, es que Rohani ha pasado de la fase de las señales a la de los indicios. Y le asisten razones de entidad para dar el paso:

  1. La capacidad de influir, llegado el caso, en la resolución de la crisis siria sin vincular su suerte a aquella que corran Bashar el Asad y su régimen.
  2. La necesidad de sanear la economía y animar el bazar en cuanto se avizore la fecha de caducidad de la política de sanciones desencadena por el programa nuclear.
  3. La convicción de que la república islámica debe procurarse un pasaporte de honorabilidad en el seno de la comunidad internacional para sacar más partido de sus inmensos recursos petrolíferos.
  4. La pretensión de abrirse camino para actuar como una potencia regional libre de sospecha en pugna con las monarquías sunís del Golfo.
  5. El propósito de alejar la imagen combativa de la república de los desafueros del fundamentalismo suní en armas (Al Qaeda y sus franquicias).

Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 y, sobre todo, desde que el presidente George W. Bush incluyó a Irán en el eje del mal –discurso de 29 de enero del 2002–, el régimen iraní ha formado parte de un conglomerado informe que ha llevado a la opinión pública estadounidense a incluirlo en la lista de enemigos causantes de la tragedia o conformes con lo sucedido. Ni siquiera sirvió para desvanecer equívocos la comprobación empírica de que la clerecía gobernante puso el mayor interés en aclarar que nada tenía que ver con la estrategia de Al Qaeda, el régimen talibán que dio cobijo a Osama bin Laden y la dictadura de Sadam Husein, y cuando las centrifugadoras se pusieron en marcha para producir combustible nuclear, todo fue a peor. Desandar ese camino será difícil, largo y por momentos confuso, la operación suma un puñado de enemigos que prefieren el conflicto latente –Israel entre ellos– a la diplomacia imaginativa y debe aunar voluntades tan opuestas como el bando del Tea Party del Congreso de Estados Unidos y el bando intransigente del régimen iraní, compendio inextricable de poderes reales y paralelos, tutelado todo por los teólogos-juristas que se remiten a la interpretación del Corán (ijtihad).

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

E pur si muove. No solo por la histórica reunión del jueves de los responsables de las diplomacias estadounidense e iraní, la primera desde 1979, ni por la no menos histórica conversación telefónica del viernes de Obama y Rohani, sino porque son demasiado grandes para Irán los riesgos que comporta el aislamiento; es demasiado costoso sostener el esfuerzo de un programa nuclear –civil o militar– sin contrapartidas de ingresos seguras y continuadas –las exportaciones de petróleo sin cortapisas– para desahogar las finanzas. El cálculo inicial iraní de dotarse de un modesto arsenal nuclear para convertirse en una república inexpugnable, a imagen y semejanza de la lógica seguida por Corea del Norte con el beneplácito de China, resultó tan aventurado como desequilibrante porque puso el futuro en manos de la movilización de las masas para responder a las amenazas de intervención procedentes de Occidente. Y, al final, la movilización fue otra: fue la de la calle contra el pucherazo electoral de las presidenciales del 2009 la que dio carta de naturaleza al cambio relativo, pero cambio al fin, incubado en el seno de una parte relevante de la sociedad urbana iraní. Ese es el terreno de juego de Rohani.

El de Estados Unidos remite al deseo de la Casa Blanca de retirarse lentamente de Oriente Próximo y aledaños hasta donde lo permite la necesidad de garantizar la seguridad de Israel. Es este un factor directamente relacionado con los biorritmos iranís, con esa facilidad exhibida por Ahmadineyad para exasperar a los gobiernos israelís y ponerlos a un paso de la intervención encaminada a destruir los complejos industriales encargados de producir combustible nuclear; con esa agilidad del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para arrastrar a Obama a un campo de minas que no quiere pisar. Las ruinosas experiencias militares y políticas en Afganistán e Irak han decantado hasta tal punto a la sociedad estadounidense a favor de la retirada estratégica del laberinto musulmán que el menor resquicio para hacerlo favorece los planes del presidente e impone la prudencia a cuantos piensan que compete a Estados Unidos ser una vez más el gendarme universal. De ahí nace la disposición de Obama a escuchar a Rohani y, dicho sea de paso, a gestionar la crisis siria con una mezcla de confusión, oportunismo y poquísimas dosis de finezza, condicionado todo el relato por el desprecio por el ser humano que comparten el régimen de Asad y una parte cada vez mayor de la oposición.

El periódico progresista israelí Haaretz entiende que, en este juego de insinuaciones, sería un error de la comunidad internacional y de la diplomacia de Netanyahu desoír la oferta de diálogo de Rohani. Es probable que, en general, se acojan las palabras del presidente iraní con disposición a escuchar, pero es impensable que el primer ministro israelí esté dispuesto a hacerlo porque ni sus votantes ni sus aliados en el Gobierno son partidarios de ello. Prefieren transitar por la maroma de la desconfianza y, a ser posible, condicionar en el futuro las decisiones de Estados Unidos, como lo han hecho en el pasado; prefieren andar por delante de los acontecimientos o, lo que es lo mismo, poner todos los obstáculos posibles al éxito de la operación, aunque sea a costa de suministrar argumentos a los más duros de Teherán.

Cuando Rohani ganó las elecciones en junio, el periódico Le Monde interpretó el resultado como una consecuencia del “descontento de los electores iranís con relación al balance catastrófico del presidente saliente”, de los ocho años de “crisis económica, de aislamiento y de confrontación con Occidente a causa del programa nuclear”. Ese es el capital con el que cuenta Rohani para sustituir el dogmatismo estéril de su antecesor por el realismo que haga posible una solución ad hoc. En caso contrario, el Golfo seguirá siendo el mar donde prevalecen la voluntad de las petromonarquías y la estrategia política diseñada por Al Jazira, música de fondo de la prédica suní frente a la chií. Y en ese conflicto político disfrazado de disputa religiosa, Israel prefiere la hegemonía de las casas reales, porque están adscritas a la estrategia general de Estados Unidos en la región.

 

 

Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.