La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Una crisis muy italiana

Cada día es más difícil dilucidar si el comportamiento de los partidos en Italia obedece a la herencia histórica de las sutileza florentinas o a la lógica de una partida de póker en la que no hay forma de prever los movimientos de los jugadores, competidores herméticos que no cambian el gesto vayan de farol o tengan una escalera de color. La crisis desencadenada por Matteo Renzi cabe inscribirla en la peor tradición de la política italiana desde los lejanos días de las coaliciones cambiantes, unida a la frustración en un líder condenado a desempeñar un papel marginal en una mayoría parlamentaria variopinta. Se siente Matteo Renzi forzado a ser un secundario en una representación en la que él cree, probablemente sin fundamento, que atesora méritos para ocupar con su Italia Viva (IA) un lugar relevante, acaso determinante.

La realidad es que el exprimer ministro cometió un error político clamoroso al embarcarse en una reforma constitucional que sometió a referéndum en 2016 y que fue rechazada por sus conciudadanos. Con independencia de la bondad de los cambios propuestos, la derrota llevó a Matteo Renzi, líder entonces del Partido Democrático (PD, centro izquierda), a presentar la dimisión al frente del Gobierno y abrió un periodo de incertidumbre que desembocó en las elecciones legislativas de 2018 que hicieron posible la formación de un Ejecutivo sostenido por los diputados de La Liga (LL, extrema derecha) y el Movimiento 5 Estrellas (M5E, populista arcoíris). El PD pasó a la oposición y el país se sumergió en un experimento sumamente inconsistente y volátil: el ultra Matteo Salvini del brazo de Luigi Di Maio; el radicalismo xenófobo y aurófobo y un conglomerado presuntamente antisistema aparecieron alineados en el mismo equipo.

La duración de aquel extraño ensamblaje se presumió desde el principio de vida breve y lo fue. Afloraron las contradicciones y la voluntad de Salvini de forzar situaciones extremas –el bloqueo en el sur de Italia a la acogida de embarcaciones con migrantes rescatados de la muerte por barcos de onegés, uno de los casos– llevó a una situación imposible con el M5E, aprisionado entre el pacto con LL y el cordón sanitario alrededor del PD. La quiebra del Gobierno fue inevitable, interesado Salvini en provocarla para seguir creciendo desde la oposición, al tiempo que se agrandó la figura de Giuseppe Conte, un profesor de Derecho de la Universidad de Florencia que hasta la fecha había ejercido como un jefe de Gobierno meramente instrumental. Y fue Conte quien se mostró capaz de articular una nueva alianza, esta vez con los estrellados y el PD más algunas aportaciones menores como la de IA, fundado por Renzi después de pasar por tres fases: la silenciosa, tras dimitir y anunciar que dejaba la política; la fundacional, que le llevó a crear IA, y la dinámica, encaminada a recuperar la relevancia perdida.

Entre tanto, el nuevo líder del PD, Nicola Zingaretti, emprendió un proceso de regeneración del partido, aún en curso, para consolidar las diferentes corrientes de izquierda que confluyeron en él a partir de la desaparición del Partido Comunista y la creación de formaciones que adoptaron un programa de perfil socialdemócrata, pero acusaron con demasiada frecuencia y de forma ostentosa falta de cohesión interna. Zingaretti puso en marcha un proceso de saneamiento del partido, a un tiempo realista y respetuoso con la herencia ideológica del socialismo y del comunismo democráticos para poner remedio al retroceso de la izquierda en orden disperso. Fruto del realismo fue la disposición a pactar con el M5E, a olvidar los agravios del pasado.

Al desencadenarse la pandemia, los dos políticos que consolidaron mejores índices de aceptación fueron Sergio Mattarella, presidente de la República, y Giuseppe Conte. Pareció así que Italia ponía los cimientos de un Gobierno de larga duración –las elecciones legislativas están previstas para el 2023– con el que afrontar los desastres de la enfermedad. Lo que ha sucedido en realidad es que mediante un pretexto sin recorrido –el desacuerdo con la gestión de la parte del fondo de reconstrucción de la UE que corresponde a Italia– Renzi ha provocado una crisis de Gobierno incomprensible (varios analistas han recurrido al adjetivo) sin que, por lo demás, parezca que el líder de IA mejora su imagen o influencia. Más parece que refuerza en sus convicciones y perspectivas a Mattarella y Conte para salir de la prueba reforzados y con un nuevo Gobierno que sea poco menos que un clon del caído, incluso con participación de ministros de IA a falta de otros mimbres que permitan reforzar la mayoría parlamentaria.

¿Frivolidad, oportunismo, insensibilidad de Renzi en medio de la tercera ola de la pandemia? Quizá un poco de todo eso más la fragmentación sin parar del arco parlamentario, algo que facilita ese juego de espejos deformantes que permite que los más pequeños, las facciones menos representativas, puedan disfrutar de un día de gloria. En la acometida de Renzi a la estabilidad del Gobierno italiano hay una dosis extrema de irresponsabilidad que degrada la política, descoloca a sus aliados potenciales y alarma a la UE porque sienta un precedente al convertir el programa de reconstrucción en una herramienta política útil para que salten por los aires gobiernos en apariencia sólidos.

“Creíamos haberlo visto todo en la política italiana, pero aún nos faltaba una crisis de Gobierno en plena emergencia sanitaria, sin un propósito, sin una estrategia creíble, sin un resultado que no sea peyorativo en comparación con el ya cuestionable status quo. Y lo bonito es que al final de esta crisis existe el riesgo de elecciones que todos, de palabra, están convencidos que hay que evitar”, escribe el analista Francesco Cancellato en fanpage.it. El riesgo que corre Renzi es enorme al oponerse obstinadamente –de momento– a que Conte sea de nuevo el primer ministro, porque si todos los dedos le señalan ahora como el responsable del desaguisado, un eventual adelanto electoral permitirá a todos sus adversarios sin excepción presentarlo como el malo de la película, como quien ha llevado al país a un callejón sin salida.

Es muy larga la nómina de políticos italianos a los que en algún momento se les ha presentado como escurridizos o peligrosos, pero en la mayoría de los casos han sobrevivido al estigma. Decía Giulio Andreotti, uno de los más sibilinos, que es cierto que el poder desgasta, “sobre todo cuando estás en la oposición”. Y aunque este no es el caso de Renzi, con ministros de su partido en el Gabinete, su posición no es muy diferente a la de personajes del pasado que entraban y salían del Gobierno con suma facilidad y sin mayor desdoro. Todo en medio de un baile de nombres y de azarosos pactos a oscuras. Sigue siendo vigente la opinión expresada por Giorgio Napolitano al asumir la presidencia (2006): “Debemos limpiar el subsuelo podrido y corrosivo de nuestra sociedad”. En caso contrario, cabe añadir, cualquier crisis es posible.

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Migraciones o la tensión que no cesa

Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Sánchez e Iglesias se atascan

La complejidad o confusión que envuelve las gestiones de Pedro Sánchez para ahormar una mayoría que le respalde, la larguísima comedia de enredo –quizá un triste espectáculo– para concluir el reparto de cargos en la UE, la pelea más o menos soterrada en Italia entre los dos partidos que la gobiernan –la Liga y el Movimiento 5 Estrellas–, el procedente belga no tan lejano –año y medio de un Gobierno en funciones mientras flamencos y valones veían la mejor forma de repartirse el pastel– y el embrollo de la derecha española –Ciudadanos y Vox, en un grito–, estos casos y otros ponen de relieve la dificultad de encaje de proyectos políticos diferentes, de configurar alianzas o coaliciones con amplio respaldo popular. No hay referencias reseñables para una saludable cultura de la coalición, salvo en el caso de Alemania, donde con chirridos y tensiones frecuentes, pero también con eficacia, las grandes coaliciones han sacado partido de la prueba, a veces con un elevadísimo coste personal (Martin Schulz sabe bastante de ello).

En términos generales, el bipartidismo perfecto (Estados Unidos) o relativamente perfecto (Reino Unido) es más manejable y configura mayorías sin grandes dificultades. No hay en Estados Unidos necesidad de coaliciones y nunca ha tenido éxito la pretensión de formar Gobierno con una presencia significativa de políticos del partido rival del presidente: lo intentó Barack Obama al inicio de su primer mandato, y se remitió al proyecto de Abraham Lincoln durante la guerra civil de incorporar al Gabinete representantes de sus adversarios, sin mayores resultados reseñables. Tampoco es frecuente en el Reino Unido, donde la alternancia de conservadores y laboristas ha marginado a los liberales, salvo en el periodo 2010-2015, cuando David Cameron completó con ellos la mayoría en Westminster mediante un pacto con Nick Clegg.

Esta fue la fórmula o la referencia española desde la transición: un bipartidismo imperfecto, pero útil, en el que fueron posibles varias mayorías absolutas de la derecha y de la socialdemocracia, pero también muchos gobiernos en minoría, pero claramente por delante del segundo clasificado, que se ejercitaron en la geometría variable. Eso se acabó porque ahora hay cuatro partidos que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros, y aun hay un quinto, Vox, que perturba la complicidad entre el PP y Ciudadanos y, de momento, ha capturado el voto de una parte de los electores de extrema derecha que hasta la fecha optaban por las listas populares. Como escribe Alba Sidera en el digital CTXT, referido a los ultras italianos, seguramente las organizaciones de perfil progresista caen reiteradamente en el mismo error: “Considerar que en la extrema derecha y en el neofascismo no hay cabezas pensantes”. “Las hay –añade–, y saben detectar los puntos débiles de sus adversarios”.

Si así son las cosas en el campo de la derecha, ¿también lo son en el de la izquierda? ¿Ha descubierto Podemos el punto débil del PSOE, a pesar de que la última encuesta del CIS dice todo lo contrario? O bien, ¿el PSOE da por buenos los vaticinios y ve en Podemos un caballo perdedor, montado por un jinete que, sin proclamarlo, cree llegada la hora de resucitar la teoría de las dos orillas de la izquierda –Julio Anguita–, que tan útil fue a José María Aznar? La diferencia radica en que el mantra de Anguita era “programa, programa, programa” y el de Pablo Iglesias es “ministros, ministros, ministros”. Algo perfectamente legítimo, pero acaso poco realista habida cuenta del desgaste electoral sufrido por Unidas Podemos en las dos últimas convocatorias. Desde luego, el PSOE necesita a Podemos para salir del bloqueo, pero es aún más importante –ambos partidos lo olvidan–, que el país necesita un Gobierno.

Puede decirse que lo necesita de forma acuciante para disponer de un Presupuesto, para ocuparse del procès sin estridencias y para atender la variedad de problemas sociales que requieren tomar decisiones con una mayoría suficiente en el Congreso. Que la democracia española no ha desarrollado una cultura de la coalición es tan cierto como que llegó la hora de que pongan manos a la obra quienes se ven obligados a hacerlo. Apostar por celebrar elecciones de nuevo en noviembre significa prolongar la interinidad hasta final de año y, en cierta medida, desautorizar a un electorado que el 28 de abril dijo claramente: “Pónganse de acuerdo y pacten”.

El filósofo Lev Shestov (1866-1938) fue del todo categórico al firmar que “la necesidad, sea racional o irracional, sigue siendo necesidad”. El Gobierno de coalición o de cooperación, la aparición en el futuro equipo de Sánchez de nombres bendecidos por Iglesias o cualquier otro encaje de bolillos es preferible, por necesario, a abrir de nuevo la puerta de entrada al laberinto electoral. La añoranza de las mayorías absolutas y de las mayorías cualificadas es comprensible, pero es del todo estéril por no decir paralizante. Tampoco hay alternativa a la complicidad de las izquierdas: el revoltijo de las derechas, de ser mayoría, no garantizaría el andar sereno que requiere una sociedad moderna, desarrollada y, en consecuencia, tan llena de contradicciones, empeñado Vox en atrasar el reloj de la historia cuanto más mejor.

“El fracaso de la política es tratar de quedar bien siempre con todos”, opinaba François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años (1981-1995). El pacto que se requiere para salir del atolladero no puede quedar bien con todo el mundo porque requiere aceptar dolorosas renuncias y asumir algunas exigencias ajenas por ambas partes, pero ese es uno de los significados de la máxima según la cual la política es el arte de lo posible. Si la sesión de investidura que empieza el 22 se cierra sin resultados, habrá que concluir que todo el mundo hizo mal su trabajo, que todo el mundo quiso quedar bien con todos o mejor, con los suyos, y careció de liderazgo moral para hacer de la necesidad virtud y desbloquear la situación.

Italia, en manos de Salvini

Vuelve Italia a las andadas mediante la propensión de sus dirigentes de poner el sistema de partidos al borde del abismo como si la acumulación de experiencias negativas no pudiera tener mejor destino que caer en el olvido. El resultado cosechado por los socios de Gobierno en las elecciones europeas del último domingo ha engrandecido la figura y las ambiciones de Matteo Salvini, el líder de La Liga, que es tanto como decir de la extrema derecha, y ha sumido en la depresión al Movimiento 5 Estrellas (M5E), a Luigi Di Maio, su jefe de filas, y en general a la corriente populista y antisistema que engordó merced a la cadena de errores cometidos por el Partido Democrático (PD), que coronó el cupo de desaciertos con el malhadado referéndum de 2016, convocado por Matteo Renzi para reformar la Constitución.

Es harto difícil que la extraña pareja de estrellados y ultras pueda llevar mucho más allá en el tiempo su complicidad para arremeter contra el sistema desde posiciones teóricamente antagónicas. Frente al confuso euroescepticismo del M5E se alza la eurofobia de La Liga, que entronca con la tradición política de la extrema derecha italiana desde los años 20; frente a la pretensión de construir una nueva versión, seguramente inviable, del Estado del bienestar que alienta hasta la fecha en la brega de los seguidores de Di Maio surge el nacionalismo rampante de los ligueros, apoyados por un electorado procedente en gran parte de caladeros de la izquierda, decepcionados con la ineficacia del Estado, el empobrecimiento de la clase media y el aumento de las desigualdades.

Basta repasar la pérdida de votos de las últimas décadas desde el Partido Comunista al Partido Democrático de la Izquierda, y de éste al Partido Democrático, para comprobar que el auge de dos formas contrapuestas de plataformas antisistema han sido las grandes beneficiadas de la crisis de la izquierda tradicional. Y en idéntico sentido, de acuerdo con el resultado del domingo, resulta evidente que el deshinchamiento del M5E obedece tanto a la recuperación del PD como al corrimiento de papeletas hacia la opción ultra, que ha hecho bandera del bloqueo de los flujos migratorios y de la oposición a la exigencia de rigor económico reclamado por la Unión Europea. Quizá deba decirse que el M5E ha sido derrotado en el campo de los símbolos, muy trabajado por la extrema derecha, y en el de la herencia ideológica de la izquierda clásica, que asume la dirección del PD, encabezada por Nicola Zingaretti.

El apoyo a Di Maio expresado por la militancia estrellada y la voluntad de este de seguir en el Gobierno apenas desvanece la sensación de que su entendimiento con la otra mitad del Gabinete es más que complicada. El 34% de la extrema derecha en las europeas y el vaticinio de los sondeos operan contra la posibilidad de recoser el Ejecutivo: en los cálculos de Salvini pesa tanto la euforia del momento como la posibilidad de reagrupar a los herederos políticos de Silvio Berlusconi para ahormar una nueva alianza, prescindir del M5E y resaltar más si cabe el nacionalismo exacerbado y reaccionario de su partido.

Como ha escrito un analista de La Repubblica, el gran periódico del centroizquierda italiano, Salvini aparenta haber optado por la moderación y el sentido común, “pero la mano tendida a Di Maio exige un precio”. ¿Cuál puede ser este? Obligar al M5E a aceptar que el líder ultra es de facto el primer ministro, convertido Giuseppe Conte en mero gestor del programa salviniano, figura necesaria si se quiere para atenuar los temores de Bruselas referidos a Italia, al riesgo permanente de que una de las grandes economías europeas y del euro sucumba en el altar de la heterodoxia –la prima de riesgo roza los 300 puntos, muy cerca de la griega–, el déficit imparable y las alegrías presupuestarias.

Detrás de estos temores se ocultan otros no menos preocupantes como los efectos de una fractura social que divide al país en dos, con Roma en la divisoria, y que, al mismo tiempo, siembra de desigualdad en las grandes conurbaciones. Al mismo tiempo, la propaganda demagógica de La Liga para cerrar las fronteras a los flujos migratorios y castigar, perseguir o boicotear a quienes acuden en su auxilio –onegés y autoridades locales– dibuja un futuro para Italia cada vez más alejado de la gestión ordenada de los grandes problemas que debe afrontar Europa como comunidad y cada uno de los estados por separado.

Así las cosas, tiene todo el sentido la pretensión de Matteo Salvini de hacerse con el liderazgo de la extrema derecha europea en compañía de Marine Le Pen, que a diferencia del viceprimer ministro de Italia no ha logrado traducir su peso en votos en poder político real. Claro que para completar la operación le urge que caiga el Gobierno y se convoquen elecciones, que el M5E se debilite aún más y que el PD no tenga tiempo de completar su recuperación, supuesto que el resultado que obtuvo el domingo marcó una tendencia y no fue flor de un día. La mano tendida de Salvini es en realidad una trampa para elefantes.

Con este previsible marco de referencia, cobra todo su sentido esta frase de Eugenio Scalfari: “A menudo, los medios efectivos son tan profundamente inmorales que deterioran sus objetivos. En ese caso no se pueden utilizar y este es el límite que la moral impone a la autonomía de la política”. ¿Qué respuesta corresponde a la pregunta fundamental: cuánta inmoralidad y desprecio de los derechos humanos se cobija en el programa de La Liga? Tan inquietante resultará que la opinión pública eluda o soslaye la respuesta como que llegue a la conclusión de que estarán justificados los daños colaterales si el país sale del laberinto, una nueva versión del fin justifica los medios y de una Realpolitik sin fisuras, moralmente indefendible.

 

 

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Italia, otra crisis europea

El acuerdo entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas para sostener un Gobierno encabezado por el profesor Giuseppe Conte no hace otra cosa que subrayar el debilitamiento del proyecto político europeo. El caso es que Italia, uno de los pilares de la Europa unida, se somete al programa de dos formaciones entre euroescépticas o eurófobas y emprende un camino tan lleno de incógnitas como de riesgos, con una deuda equivalente al 120% del PIB, la prima de riesgo en ascenso, la bolsa alarmada y los partidos europeístas, desorientados y en caída libre. A un año de las elecciones europeas, la capacidad de contagio del experimento italiano, unido al dinamismo de otras modalidades de nacionalismo antieuropeo en Francia, Holanda, Alemania, Austria, Polonia y Hungría, por citar solo algunos, nubla el horizonte y alimenta los peores vaticinios.

Como sucede con harta frecuencia, la incapacidad e ineficacia de quienes precedieron en el Gobierno a los ultras de la Liga y a los estrellados (populistas de diferentes colores) han sido los resortes electorales que les han dado la victoria y la posibilidad de ocupar el puente de mando. Una vez más, la salida de la crisis, costosísima para la clase media, el crecimiento de las desigualdades y el desprestigio de los líderes ha facilitado las cosas a la verborrea demagógica de partidos con muy poca o ninguna experiencia de gobierno, no sometidos al desgaste consustancial a las grandes decisiones e inmunes, de momento, a los disparates cometidos en algunas ciudades –Roma, el caso más comentado– por ediles sin apenas biografía. Ante la degradación del clima político, la simplificación de los problemas y de las soluciones facilitó el voto contra el establishment, propósito último de una parte importante de los electores.

Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue empeñada en alejarse de los requerimientos de los ciudadanos e impugna con machacona insistencia cualquier asomo de política social que se desvía de los parámetros de estabilidad presupuestaria, siquiera sea mínimamente (el último episodio, la reconvención dirigida a España por la revisión de las pensiones). De forma que, por un lado, Bruselas se alarma cada vez que los adversarios del proyecto europeo ocupan un espacio de poder y, por el otro, se niega a aceptar que con las políticas sociales impuestas para superar la crisis se fomenta la desafección y, en paralelo, se propaga la idea de que la UE es la culpable de todos los males. El profesor Harold James, de la Universidad de Princeton, lo ha enunciado con meridiana precisión: “Las dificultades económicas y la precariedad conducen a los pueblos a considerar que cualquier régimen será mejor que el actual”.

Que sea cierto o no que cualquier alternativa es mejor importa menos que el poder de convicción que tiene la sensación de bloqueo social para llevar a los votantes a adentrarse en territorios desconocidos. Harold James recuerda el clima político en que se produjo la quiebra de la República de Weimar, no porque esta pueda compararse con la Europa de hoy, con amortiguadores sociales de los que carecía Alemania en los años 20, sino porque entonces como ahora la crisis de Estado llevó a los votantes a confiar en las promesas populistas. ¿Es esto lo que han hecho los italianos? ¿Es este el rumbo que puede tentar a otras comunidades, condenadas durante años a políticas sociales restrictivas aplicadas en nombre de reformas estructurales necesarias, un eufemismo encubridor de la contracción del Estado del bienestar?

Mientras Angela Merkel, en el ocaso de su ciclo político, se refiere a la pérdida de confianza en Estados Unidos –proteccionismo, Irán, Palestina–, europeos de perfil muy variado manifiestan su pérdida de confianza en la UE mediante comportamientos electorales de rechazo o impugnación de las directrices bruselenses. Esto sucede a un año vista de la renovación del Europarlamento, con todas las siglas euroescépticas y eurófobas dispuestas a asaltar los escaños de la Cámara como nunca antes se vio, de forma que los adversarios del proyecto comunitario puedan tener más que nunca un altavoz propio para dejarse oír. Y sin que sus portavoces tengan nada que perder con el griterío: antes al contrario, la previsible radicalidad de los oradores regalará los oídos a cuantos les voten y aun será útil para atraer nuevas voluntades.

Ha habido en la UE un déficit enorme de transparencia y acercamiento a los ciudadanos en las políticas de comunicación, pero ha habido también dosis exageradas de suficiencia y de falta de sensibilidad social, por no decir que la germanización de la salida de la crisis ha tenido un coste humano desmesurado. Pocas dudas caben, e igualmente pocas hay acerca de la nacionalización de los problemas que debían haber sido europeos y finalmente se abordaron como si no lo fueran. Así la crisis de los refugiados llegados a Italia en frecuencia y número inasumibles por un solo país, un problemas de grandes dimensiones que engordó la demagogia de la Liga y bloqueó las expectativas de las izquierda clásica en las regiones del sur, las más pobres del país, obligadas a gestionar los flujos migratorios.

Cuando el sistema de partidos en Italia se regía por unas reglas del juego no escritas, pero bastante sólidas, establecidas por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, la explotación de los desequilibrios por los aventureros de la política quedaba muy neutralizada por la capacidad del establishment de oponerse a ellos. La Operación Manos Limpias (1992) hizo saltar por los aires todas las convenciones, Silvio Berlusconi, un outsider, aterrizó en el sistema con un populismo de nuevo cuño, y a partir de aquí se concretaron nuevas formas de acercamiento a la política, al mismo tiempo que la izquierda vivía el tránsito del comunismo renovado del PCI a la socialdemocracia posmoderna del PD. Una historia específicamente italiana sin paralelismos posibles con otros sistemas de partidos con mutaciones en curso (Francia, Alemania y España).

Dicho en otras palabras: la transformación del mosaico de partidos ha hecho que la política italiana haya dejado de ser previsible. Una cualidad o virtud necesaria dentro y fuera de la UE para que los cambios en tiempos de crisis no inquieten a los aliados. A no ser que, pasada la efervescencia eufórica de los primeros días, se remansen las aguas y finalmente la Realpolitik dicte su última palabra o bien, otra posibilidad, que la presión de Europa sobre el nuevo Gobierno explote las contradicciones entre la Liga y los estrellados para “reconducir la situación”, el eufemismo pergeñado por un editorialista para vaticinar que el experimento caducará en poco tiempo. ¿Caben más crisis simultáneas en la UE?