Erdogan liquida a Atatürk

La reforma constitucional aprobada el domingo mediante referéndum consagra un giro autoritario en Turquía cuyo objetivo último es liquidar el legado secular de Mustafá Kemal Atatürk y asentar un nacionalislamismo que rescate del pasado la tradición otomana, la influencia que durante siglos tuvo el sultanato en el orbe musulmán. La autoridad omnipresente lograda por el presidente Recep Tayyip Erdogan persigue desarticular la neutralidad de las instituciones diseñada por la Ley de Organización Fundamental de 1921, que marcó el rumbo en el tránsito del poder dinástico a la modernidad, quiso liquidar el vínculo de Turquía con sus vecinos del este y fijó la occidentalización a toda máquina como el programa que debía rescatar al país del atraso, la sumisión y la dependencia exterior. Para curar los achaques de la Sublime Puerta, el enfermo de Europa derrotado en 1918, Atatürk optó por una cirugía de hierro que provocó una fractura social nunca superada y ahora agravada.

Las raíces del mal turco se remontan a la división de primera hora entre kemalistas y otomanistas, entre partidarios del Estado laico y del Estado confesional, entre deseosos de quemar etapas y disponer cuanto antes de un Estado liberal y aquellos otros que veían en la tradición la piedra sillar de la identidad nacional. Al analizar hoy la distribución del voto en el referéndum y subrayarse la división entre el mundo urbano –Estambul, Ankara, Izmir, Trabzon– más el Kurdistán, que votaron no, y la Anatolia rural, que se decantó por el , no se hace otra cosa que poner de manifiesto una constante histórica desde los años 20 del siglo pasado: el laicismo nunca arraigó en la Turquía interior, conservadora en extremo, aunque no siempre sumida en una religiosidad hermética.

El especialista Bernard Lewis afirma en The emergence of modern Turkey: “La occidentalización planteó graves problemas de identidad a un pueblo que, después de todo, procede de Asia, profesó el islam y perteneció por tradición durante muchos siglos al mundo islámico de Oriente Próximo, donde los otomanos fueron líderes inamovibles”. En este entorno, poner la mirada en el oeste fue interpretado casi siempre en Asia y en el islam como una traición, añade Lewis, y “los turcos fueron denunciados como lacayos de Occidente”. Basta con repasar las ideas expresadas en su día por los exprimeros ministros islamistas Necmettin Erbakan –“la República representa una negación cultural y el secularismo represivo”– y Ahmet Davutoglu –“tengo mis dudas acerca de la compatibilidad de la política occidental y sus instituciones sociales con una sociedad predominantemente musulmana”–  para colegir que el análisis de Lewis, muy discutible en otros apartados, en este se acerca bastante a la realidad.

Al mismo tiempo, la comunidad académica contempla el proyecto de Erdogan como una amenaza para la democracia que, con sobresaltos y limitaciones, crisis y golpes de Estado, ha resistido todos los desafíos. La escritora francoturca Kenicé Mourad, bisnieta del último sultán, ve en el autoritarismo constitucional promovido por el presidente una mutación de signo totalitario: “Ya hace años dije que Turquía se estaba convirtiendo en la Alemania de los años 30”. El nobel Orhan Pamuk vio el último febrero cómo una entrevista que debía publicar el periódico Hurriyet, propiedad del conglomerado financiero Dogan Holding, nunca apareció porque en ella el escritor se pronunciaba contra la reforma constitucional en un ambiente dominado por la purga de las redacciones, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de cabeceras críticas. Adiós a la atmósfera deliberativa propia del pluralismo político.

Desde el intento de golpe de Estado del pasado verano, el enaltecimiento de la figura de Erdogan ha sumado adeptos. El presidente ha logrado concretar dónde se encuentra el nido de la serpiente, el núcleo de conspiradores encabezado por el eximán Fethullah Gülen, ha puesto en marcha un mecanismo de depuración de los empleados públicos –Ejército, policía, funcionarios, profesores de universidad– y ha logrado que arraigue en la opinión pública la idea de que el país cuenta ahora más que antes, ha establecido un nuevo vínculo con quienes emigraron a Europa y condiciona la política de la Unión Europea. “Erdogan es un autoritario como tantos otros hay en el mundo –afirma Steven A. Cook, del Council on Foreign Relations, en las páginas de Foreign Policy–, pero al mismo tiempo se inspira en la historia otomana”, en un pasado glorioso, a menudo mitificado, que se desmoronó minado por la decadencia.

En esta historia idealizada caben las opiniones de votantes que el domingo justificaron su en la necesidad de que Turquía disponga de un gobernante fuerte que restaure el orgullo de la nación, un argumento no muy diferente del perfil forjado por Atatürk para justificar su occidentalización sin contemplaciones. Algo que, en cualquier caso, se atiene a la idea de liderazgo en el seno del islam que comparten muchos votantes, recuerdo impreciso del papel desempeñado por el sultanato durante siglos. “El lugar natural de Turquía no está en el cuartel general de la OTAN en Bruselas –creen muchos conciudadanos de Erdogan, según lo ve Cook–, sino en la dirección del mundo musulmán, cuyos aliados deben ser Pakistán, Malasia, Egipto, Irán e Indonesia”.

De ser esto cierto a grandes rasgos, cobra sentido que el interés por ingresar en la Unión Europea haya decaído y otros proyectos políticos asociados a la europeización hayan pasado a mejor vida. Así el proyecto de convertir el Partido de la Justicia y el Desarrollo, dirigido por Erdogan, en una versión islamista moderada de la democracia cristiana de posguerra; así la adecuación de muchas leyes al acervo comunitario para hacer posible la adhesión; así incluso la revisión de la causa kurda como la de una comunidad irredenta después de considerar durante decenios la crisis kurda un problema de seguridad. La aspiración europea ha dejado de ser la estación de llegada principal a pesar de que el vínculo con los europeos tiene más contenido que nunca: el acuerdo para almacenar refugiados a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.

La tensión con Holanda y Alemania durante la campaña electoral alcanzó el objetivo perseguido: atraer a la causa erdoganista a una parte importante de la comunidad turca en Europa. Los ministros que fueron a participar en actos para pedir el en el referéndum no lograron subirse a la tribuna, pero consiguieron movilizar a quienes volvieron a sentirse más turcos en el exilio económico que nuevos europeos en proceso de adaptación. Que las instituciones democráticas, la división de poderes y las libertades individuales estén en juego pesó menos que la restitución del sentimiento nacional, un intangible que activó la política de las emociones y atrajo el voto de los emigrantes. Nadie dijo palabra sobre la solicitud de ingreso en la Unión Europea, presentada en el 2005, y aún menos sobre la votación en la Eurocámara, que el 24 de noviembre adoptó la decisión no vinculante de suspender las negociaciones para la adhesión de Turquía. La partida se juega en otra mesa con otras reglas.

Por el contrario, la posibilidad de disputar al mundo árabe la hegemonía regional en el Mediterráneo oriental es algo más que una atractiva posibilidad a cada día que pasa. La entente cordiale con Rusia, tan a contrapelo, la acogida de refugiados sirios que huyen de la hecatombe y su implicación cada vez mayor en la guerra han alimentado la ensoñación otomanista. Mientras la oposición impugna la limpieza del escrutinio y la OSCE duda de la transparencia de las votaciones, mientras la oposición laica entiende que Erdogan ha puesto en marcha una operación para desviar la atención de sus miserias familiares –el tráfico de petróleo comprado por un hijo del presidente al Estado Islámico– y para perpetuarse en el poder, el interesado ha logrado reunir la masa crítica suficiente para salir adelante a pesar de las contradicciones de su proyecto. Este más que presunto punto final puesto al ataturquismo configura un país desgarrado por dos proyectos irreconciliables, promueve la islamización de las instituciones, elimina los contrapesos entre poderes y otorga a Erdogan la capacidad de hacer y deshacer según sus personales designios. Mueve a reflexión, cuando no a preocupación, el solo hecho de que el presidente Donald Trump fuese el único que se apresuró a felicitarle en cuanto terminó el recuento.

 

 

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

La amenaza está en Siria

Mientras el profesor Jean-Pierre Filiu decía el miércoles en Barcelona que el peligro y la amenaza está en Siria se supo que las autoridades académicas de Charleville-Mézières, en el norte de Francia, habían impedido la entrada a un instituto de una adolescente musulmana de 15 años por vestir una falda negra excesivamente larga, que entendieron era una manifestación pública de su credo religioso. Diríase que los árboles no dejan ver el bosque o que cuestiones de detalle impiden ir al fondo del problema o que, peor aún, el miedo a la propagación del fundamentalismo islamista corre el riesgo de convertir en caricatura los valores propios de una sociedad laica hasta hacer de ellos, a su vez, una forma de fundamentalismo. Los comentarios en Twitter que acompañan a la etiqueta #JePorteMaJupeCommeJeVeux (llevo la falda como quiero) constituyen una muestra significativa de un laicismo sin sectarismo, pero aquellos otros que apoyan la decisión de las autoridades han estimulado un rebrote de las corrientes puritanas –prohibición de los shorts o de las faldas excesivamente cortas (sic)– y, a veces, de una islamofobia más a o menos explícita.

Pero el problema está efectivamente en Siria y no en la longitud y el color de las faldas. El problema está en Siria y en la incomprensión del problema o, más apropiadamente, en la simplificación del problema para eludir compromisos mayores: intervenir allí con más determinación que hasta la fecha y aceptar que quizá la oposición no islamista, debidamente auxiliada, podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Desde el bombardeo con armas químicas de Ghuta, en la periferia de Damasco, el 21 de agosto del 2013, hasta la fecha se ha registrado una progresiva rehabilitación del presidente Bashar el Asad, que, después de Ghuta (1.400 muertos), accedió a desprenderse de su arsenal químico y poco a poco se presentó ante una opinión pública desinformada o asustada, para el caso es lo mismo, como el único bastión capaz de resistir la envestida yihadista del Estado Islámico, del califato, del Daesh o como llamarle se quiera. “Del dilema entre revolución y autoritarismo se pasará progresivamente al dilema entre yihadismo o autoritarismo, convertido El Asad en el menor de los males”, escriben los arabistas Lurdes Vidal y Nicolás Mayer en el trabajo Siria, esperanzas defraudadas.

Escapa a la opinión pública europea, aturdida por la amenaza terrorista de todos los días, el dato concluyente de que el presidente sirio se ocupa de moldear el perfil del gran enemigo –los islamistas–, pero bombardea a la oposición no islamista en Alepo y apenas acosa las posiciones yihadistas en Raqa, noreste de Siria, plaza fuerte del Estado Islámico. Progresa la socialización del terror en suelo europeo y en Siria, pero en la percepción colectiva prevalece la convicción de que el mayor problema no está en una lejana guerra civil, sino a la vuelta de la esquina de cualquier calle de Europa. Crece así la islamofobia, según los datos indiciarios que manejan la Red Europea contra el Racismo y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que detecta un incremento de los casos de discriminación en Francia, Reino Unido y España. Y crece también el vínculo entre discriminación y radicalización de jóvenes musulmanes europeos dispuestos a unirse a las filas del Estado Islámico.

Opiniones como la de Jean-Pierre Filiu, que afirma que “el Estado Islámico está inventando una nueva religión que no tiene nada que ver con el islam”, tienen un carácter minoritario, y el ruido informativo en la aldea global enturbia datos tan esclarecedores como que el 60% de los islamistas denunciados en Francia lo han sido por sus familias. Al mismo tiempo, avanza la construcción de un enemigo inmediato que oculta la realidad de un adversario lejano que opera como imán que atrae a un segmento de jóvenes decepcionados por el futuro que les reserva una Europa próspera que no comparte su prosperidad con ellos. Antes al contrario: ser musulmán es a menudo motivo de sospecha, de recelo o de exclusión.

El diplomático argelino Lajdar Brahimi, que lo mismo que antes Kofi Annan fracasó como mediador para la resolución de la guerra en Siria, reclama un compromiso conjunto de los actores regionales –Irán, Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Catar– para detener la matanza, un compromiso por lo demás harto difícil, y al mismo tiempo deplora los errores cometidos por Europa, pues sin ella no es posible vislumbrar una solución. En cambio, si se ausenta del conflicto o pasa desapercibida, sí es posible temer un ascenso de los movimientos xenófobos en Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Holanda, Austria y Suecia, y, a medio plazo, en toda Europa, donde subirse a una tribuna y denostar a la población musulmana reporta más réditos electorales a cada día que pasa.

Apostar por el mal menor, como parecen haber hecho Estados Unidos y Europa, conduce directamente al fracaso o a la perpetuación de la crisis y de la tragedia humana a ella asociada. Porque llegar a la conclusión de que cualquier alternativa es peor a la guerra misma, que el empate histórico en el campo de batalla preserva el statu quo sin dar a nadie la victoria, no desactiva los mecanismos de captación de militantes del yihadismo ni las amenazas que se ciernen sobre la sociedad europea. En cierta medida, la parsimonia europea constituye un triunfo del Estado Islámico, que ha movilizado a su adversario lejano –Occidente–, y ello le permite justificar el recurso a la guerra en Siria e Irak, pero no se ha movilizado lo suficiente como para poner en peligro las conquistas territoriales del califato y detener la llegada de nuevos combatientes procedentes de diferentes lugares de Europa.

La idea expresada por Rami G. Khouri en un artículo publicado en el periódico libanés The Daily Star, según la cual no pasa de ser algo anecdótico el atractivo que tiene el Estado Islámico para “unos pocos miles de chiflados y almas perdidas que viajan desde los países occidentales”, es una simplificación tan arriesgada como la que en Occidente se hace al abordar el caso sirio. Esa exportación de europeos, crecidos en familias musulmanas o conversos, es un síntoma significativo de una crisis social que cruza el continente de parte a parte. No se trata de un fenómeno marginal, de un dato sin importancia –la longitud de una falda sí lo es–; es la cara más visible y puede que alarmante de la descohesión derivada de políticas equivocadas con efectos agravados por el poder de captación de la prédica fundamentalista. Es el frente europeo de la guerra siria.

Guetos europeos para la desafección

Las elecciones departamentales celebradas en Francia el pasado domingo, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, dejarán en su mínima expresión la presencia en los consejos de hijos de inmigrantes: el 91% de las asambleas estarán formadas solo por blancos –léase europeos–, según los cálculos realizados por el consultor político Farid Gueham y recogidos en un artículo difundido por diario digital Le Huffington Post. Si se tiene en cuenta que los hijos de inmigrantes de entre 18 y 50 años suman 3,1 millones, su cuota de representatividad resulta manifiestamente insuficiente; si se atiende al entusiasmo por la diversidad del 11 de enero, durante la gran manifestación de París posterior a los atentados yihadistas contra Charlie Hebdo y un comercio kosher, entonces hay que decir que aquel día de exaltación de la diversidad fue poco más que un espejismo.

El cambio en la atmósfera política, superado el primer impacto emocional, no presagia un futuro confortable. La falta de complicidad de una parte de la sociedad francesa con las instituciones, con los valores republicanos, con cuanto cohesiona una comunidad, lleva en la práctica a la división y al comunitarismo, a la construcción de identidades segmentadas dependiendo de los orígenes de cada cual. De tal manera que los silbidos a La Marsellesa en un estadio son poco más que una anécdota incómoda, aunque alienten la xenofobia y sean útiles a las campañas de la derecha, extrema y no tan extrema, cuando en realidad el gran problema es el desapego de segmentos sociales que se sienten arrinconados, marginados, excluidos por la cultura política dominante.

No es este un fenómeno solo francés, sino europeo, y con efectos igualmente preocupantes en todas las comunidades de ascendencia no europea, pero especialmente llamativo en aquellas cuyo origen es la cultura árabe-musulmana. Pues la consecuencia más relevante, y no por minoritaria menos importante, es la adscripción a la yihad de una parte de los defraudados, de los desapegados, de los decepcionados, de quienes se sienten excluidos. La migración de musulmanes europeos, mujeres y hombres, a Siria e Irak para unirse a Al Nusra o al Estado Islámico, la llamada a la guerra santa que cautiva a menores de diversas partes de Europa que cruzan el continente para alcanzar la frontera turco-siria y sumarse a la causa, es el resultado de un gran fracaso: el que se oculta detrás de la incapacidad de los gobiernos y las sociedades europeas para englobar a la inmigración.

“Tanto a los contextualistas como a los aislacionistas les faltan respuestas sólidas a preguntas clave –afirma Moisés Naím en un artículo publicado hace unas semanas–. Si el problema es el contexto, la historia y la discriminación que hay entre los inmigrantes, ¿por qué no hay terroristas suicidas latinos? Los inmigrantes latinoamericanos en Europa no viven en condiciones significativamente mejores que los inmigrantes árabes. No obstante, el terrorismo religioso no existe entre los latinos. ¿Por qué India o Indonesia, los dos países con la mayor población musulmana del mundo, no producen tantos terroristas suicidas como los países árabes?” Y sigue más adelante para no dejar ningún cabo suelto: “Los aislacionistas tampoco tienen buenas respuestas a la realidad de que en un mundo tan globalizado, conectado e integrado como el de hoy, los bloqueos no funcionan. Las fronteras siempre han sido porosas y las de hoy lo son más que nunca”.

Lo cierto es que hay pocas respuestas solventes para tantas preguntas inquietantes y realidades preocupantes. Resulta tan insatisfactorio el argumento de que nos hallamos ante una interpretación revisada de los fundamentos de la religión hecha por intelectuales y agitadores musulmanes como que se da una incompatibilidad congénita entre el islam y el Estado moderno, acrecentada por la sujeción del orbe musulmán a los intereses de Occidente y el consiguiente agravio. El problema es demasiado complejo para reducirlo a respuestas tan simples, habida cuenta, además, de que la revisión fundamentalista del legado musulmán no es la única en circulación y en la comunidad académica de los países musulmanes la opción islamista no es la única que puede oírse.

En el libro Au péril des idées (en el peligro de las ideas), un punto de encuentro del filósofo francés Edgar Morin, de ascendencia judía y agnóstico, y del intelectual suizo Tariq Ramadan, profesor en Oxford, musulmán y nieto de Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, aparece esa complejidad, consustancial al diálogo entre civilizaciones. Pero es demasiado infrecuente que desde puntos de partida tan diferentes como los de Morin y Ramadan se aborde un mismo problema y se compartan conclusiones intercambiables. Lo habitual es que choquen dos imperativos éticos, el de la sociedad receptora y el que viaja con los inmigrantes que llegan a Europa, que fácilmente se transforman en dos formas de sectarismo encubierto a poco que entren en juego intereses políticos. Los términos en que muchas veces se plantea en Francia la discusión referida al laicismo es una buena muestra de la muy frecuente intromisión de la peor versión de la política en el debate de las ideas.

El 19 de enero, Manuel Valls, primer ministro de Francia, reconoció que en su país se da “un apartheid social y étnico”, admitió la existencia de ciudadanos de facto de primera y de segunda que sufren “el olvido de las administraciones y discriminación”, y habló de guetos. Las cifras le dan la razón: en las llamadas zonas urbanas sensibles, el 50% de la población no tiene ninguna titulación académica –30 puntos más que la media nacional– y el paro juvenil oscila entre el 40% y el 60%. Y lo peor es que después de los disturbios de las banlieues del 2005 pareció que el Estado actuaría para evitar que la fractura social no se desbocara, pero el empeoramiento objetivo de la situación, que afecta a la seguridad y a la convivencia, es un hecho, con una capacidad reconocida de contagiar la difícil coexistencia entre nacionales e inmigrantes en otros países de la Unión Europea.

La conclusión de Javier Solana es que “en el islam hay una frustración enorme por cómo realizarse”, una frustración que se manifiesta en Europa, favorecida por la ausencia en la trama política de representantes de la comunidad árabe-musulmana; alimentada también por la conexión permanente, en directo, con los lugares de origen personales o familiares –en el caso de los hijos y nietos de inmigrantes– a través de la televisión y la red. He ahí una de las grandes diferencias entre la atmósfera que respiran los nuevos europeos musulmanes y aquellos otros latinoamericanos, citados por Moisés Naím: desde la patria histórica de estos últimos no llega ningún mensaje de confrontación. Por el contrario, la prédica yihadista se escucha con nitidez en la periferia de las grandes ciudades de Europa y exalta la lucha contra la exclusión sin que, por lo demás, los gobiernos europeos se muestren especialmente hábiles para remediar la situación y para buscar la complicidad necesaria de cuantos viven la experiencia de la marginación. Afrontar el problema en términos de seguridad no hace más que agravarlo.

La yihad quiere cortar las alas a Túnez

La elección del Museo del Bardo de Túnez como objetivo del último golpe de mano de los yihadistas no es ni oportunista ni casual. Al sembrar la muerte entre un grupo de turistas indefensos, los terroristas han herido en lo más profundo las entrañas de la economía tunecina, que depende del turismo para salir de la crisis que sufre desde la caída de la dictadura de Zine el Abidine ben Alí en enero del 2011. El 10% de los tunecinos con empleo dependen del turismo, que representa el 7% del PIB del país y que, antes del ataque islamista, parecía destinado a alcanzar el 10% a poco que soplaran vientos favorables. Hundidos a medio plazo los mercados del petróleo y de los fosfatos, el turismo constituía la gran esperanza económica, la que más inversión extranjera atraía hasta el miércoles y la que más fácilmente podía poner en marcha planes para acabar con algunas carencias crónicas en el sector servicios.

Pero con ser desastroso el daño causado a la economía, quizá sea aún mayor la quiebra en términos políticos, porque la meta fijada por los islamistas es, en última instancia, impedir que se consolide el proceso de institucionalización democrática en Túnez a partir de la Constitución aprobada el año pasado, ejemplar en la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la división de poderes, la igualdad entre sexos y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Como decía el editorial del jueves del diario Le Monde, “Túnez da miedo a los yihadistas” porque se ha fijado una ruta que es la antítesis del discurso fundamentalista y, quizá, la tabla de salvación del islamismo político, representado por Ennahda. El rumbo fijado por el Gobierno y el Parlamento tunecinos es, en última instancia, la traducción práctica de algo afirmado varias veces por el politólogo Sami Nair al referirse a la sociedad tunecina como a una comunidad “formalmente secularizada”, aquella que desencadenó las primaveras árabes y la única que evitó el descarrilamiento del proceso.

“Es esa excepción tunecina a lo que los terroristas quieren poner fin”, afirma la diputada Bochra Belhaj Hmida, del partido Nida Tunes, de orientación laica, el más importante del Gobierno y el del presidente Beji Caid Esebsi. Es una formulación tan corta como exacta: es imprevisible conocer qué capacidad de contaminación podría tener una transición democratizadora que lograra tener éxito. Luego, a ojos del Estado Islámico y de sus franquicias, lo mejor es cortarle las alas antes de que sea demasiado tarde; es más útil para su causa apostar por el caos para desprestigiar al Gobierno, llevarlo contra las cuerdas y, llegado el caso, sumar voluntades entre los decepcionados por la inviabilidad o esterilidad del experimento laico.

Hay un entorno propicio para aplicar esta estrategia, tan vieja que incluso tiene nombre propio: cuanto peor, mejor. En una atmósfera regional irrespirable se suman la porosidad de la frontera de Túnez con Argelia, controlada con frecuencia por grupos islamistas, y la no menos porosa o poco controlada con Libia, un país poco menos que inexistente, desgarrado por la guerra civil que siguió a la caída del régimen extravagante de Muamar Gadafi, y que exporta la yihad al vecindario. Debe sumarse a todo ello la ausencia de Europa en la respiración asistida varias veces reclamada por Túnez, que, al contrario de lo sucedido con el Egipto de la dictadura del general Al Sisi y las petromonarquías, ha echado en falta ayuda económica efectiva para ahuyentar los fantasmas de la desafección después de las esperanzas suscitadas por la primavera del 2011. Las declaraciones de principios sin un euro que las acompañe no tienen ningún efecto práctico en una sociedad sometida durante décadas a una cleptocracia ruinosa y que ha exportado hasta 3.000 combatientes a Siria e Irak para unirse a las huestes del Estado Islámico o de Al Nusra, que es tanto como decir de Al Qaeda.

Pero el análisis del ataque al museo y la matanza de turistas es incompleto si no se menciona el factor cultural, histórico si se prefiere. Pues al atentar contra el Bardo, con su deslumbrante colección de mosaicos, testimonio de la herencia clásica latina, los terroristas han apuntado contra la historia, la cultura y la civilización de las que Túnez se siente depositario, de acuerdo con el análisis de Belhaj Hmida. Y esa suma de historia, cultura y tradición incluye el proyecto democrático en ciernes. “Túnez es un antimodelo para los terroristas y para quienes les financian. Quieren romper este modelo, este experimento”, ha declarado Kamel Jendubi, ministro de las Reformas Constitucionales. Y el Estado Islámico le dio la razón de antemano al difundir un enigmático mensaje en el que, según todos los indicios, anunciaba la proximidad del atentado: “Pronto va a haber una buena noticia para los musulmanes y una mala para los infieles y los cobardes. Especialmente para los amantes de la cultura”.

Así es. La agresión yihadista tiene un componente primordial de ataque a la cultura, a la tradición laicista que anida en una parte importante de la sociedad tunecina y que ha constituido siempre un factor de confrontación con el islam retardatario, aquel que se remite a la sharia y combate cuanto se aparta de ella. Es así desde los días de Habib Burguiba, padre de la independencia y representante de una vanguardia política que bebió y bebe fundamentalmente en las fuentes de la cultura de las Luces y de la política francesas. Pero es también fruto de la lógica impuesta por la prédica del califato, que arrasa con cuanto da testimonio de los tiempos anteriores al profeta, de aquello que constituye el legado no musulmán y que el integrismo quiere que desaparezca para que la única referencia del pasado sea el mensaje de Mahoma o lo que por tal tienen los ideólogos de la guerra santa. Frente a la afirmación de Albert Camus de que “no hay una sola verdad, sino muchas, y no todas son accesibles”, el Estado Islámico quiere imponer una sola verdad por la fuerza del terror.

Puede parecer todo fruto de un mecanismo primario y excluyente –de hecho lo es–, de un sectarismo sin límites, pero resulta efectivo en sociedades deprimidas y sin más referencias que la tradición religiosa como base de la llamada ideología espontánea. El editorial del diario tunecino La Presse recordaba el viernes el convencimiento de Burguiba –siempre Burguiba– de que “la verdadera batalla por la independencia y la dignidad es una batalla económica”. Diríase que de ella depende la viabilidad del proyecto democratizador y laico porque, sin rescatar de la postración a los más vulnerables, crecerán sin pausa las filas de los predicadores de la acción directa y del regreso al pasado. Pero, para evitarlo, hace falta acabar con una de las debilidades estructurales de la transición democrática: la ausencia de la élite financiera en las reformas que se precisan, según el diagnóstico adelantado por el analista tunecino Michaël Béchir Ayari en la web del International Crisis Group.

Aquellas élites que crecieron y se enriquecieron bajo el paraguas protector de la dictadura de Ben Alí son las mismas que hoy se mantienen al margen de las exigencias impuestas por la dinámica social y la presión exterior para neutralizar los riesgos de una involución o una crisis del nuevo Estado en construcción. No hay atajos para poner al día el aparato productivo; solo el compromiso de las élites puede lograr que la operación tenga éxito después del gesto de responsabilidad política compartido por todos los partidos importantes para rescatar al país del marasmo en el que estuvo a punto de sucumbir durante la etapa de gobierno del islamismo moderado, representado por Ennahda. La tradición política legada por el laicismo de Burguiba y sus acompañantes en el momento de la independencia es manifiestamente insuficiente para afrontar el desafío fundamentalista, la pretensión de los yihadistas de enrolar a Túnez en el caos político y la ruina moral que ha hecho posible el éxito sangriento del Estado Islámico o el califato, como se prefiera llamarlo.

Dilema europeo entre seguridad y libertad

Después de la gran manifestación del domingo último en París, de la ceremonia de la unidad ante el desafío yihadista, concretada en la cabecera de la marcha republicana, surgen por todas partes señales de fatiga o de desunión en el seno de la Unión Europea, en Francia y entre diferentes enfoques ideológicos. El gran problema es dar con el punto de equilibrio que permita a un tiempo garantizar el ejercicio de las libertades que distinguen a la cultura política europea y garantizar la seguridad, un derecho que asiste a los ciudadanos y que compromete a los gobernantes. En términos generales, resulta contradictorio recortar las libertades para preservar su ejercicio, pero no lo es menos dejar de tomar medidas en el campo de la seguridad en nombre de la libertad de los individuos.

Cuando la exministra francesa Valérie Pécresse propone una ley patriótica francesa, imitación de aquella aprobada en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, abre la caja de los truenos de las garantías constitucionales, del derrumbamiento de los muros de contención que protegen a los ciudadanos de las eventuales arbitrariedades del poder. El historiador Antonin Benoit recuerda que no hay demasiados datos para deducir de ellos que la ley patriótica “ha hecho que América esté más protegida frente al terrorismo”, según figura en un informe elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles. La libertad de movimientos que la ley otorga a las agencias federales, especialmente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), ha tenido poca influencia en el control de los islamistas, pero ha consolidado un estado de excepción permanente que afecta a la vida cotidiana de todo el mundo e impone de facto el principio de la sospecha generalizada.

Tzvetan Todorov: “Comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está convencido de que es “perfectamente compatible” mantener los estándares de libertad y reforzar la seguridad, pero alcanzar este principio obliga a atravesar un campo de minas donde el pensamiento conservador, en general, se muestra poco exigente en cuanto al daño que se puede causar al sistema de libertades individuales y colectivas de los europeos. Surge así un debate de ideas de desenlace incierto y con la simiente de la división siempre presente. Puede decirse incluso que en sociedades asustadas o desorientadas como las europeas, arraiga la utopía reaccionaria (distopía en el pensamiento progresista) de aumentar la seguridad a costa de la libertad. O de imponer la corrección política como sea y acerca de cualquier asunto para evitar el conflicto –véanse los equilibrios de la prensa anglosajona para no reproducir las viñetas de Charlie Hebdo–, algo que tiene todas las trazas de constituir un triunfo de la coacción de los violentos frente a la libertad de expresión, aunque se vista con el pretexto del respeto debido a todas las creencias.

Diríase que resulta más fácil para los gobernantes y más tranquilizador para los gobernados seguir la lógica de la mutilación encubierta de las libertades que analizar qué está sucediendo y sacar conclusiones. El editorialista de Le Monde Gilles van Kote sostiene que “una refundación política (de Francia) es necesaria”, pero para ello es preciso comprender, que no significa justificar, como ha explicado con acierto el filósofo Tzvetan Todorov: “Comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso”. Comprender es dar con las causas de la crisis social, política y cultural, que lleva hoy a jóvenes de ascendencia musulmana, pero criados en países europeos desde su nacimiento, a unirse a la guerra santa del Estado Islámico, a la prédica apocalíptica de Al Qaeda y a la vileza de los atentados contra sus conciudadanos. Sin comprender es imposible actuar o conduce directamente al error, a estigmatizar a una o varias comunidades, aunque todos los días se insista en el respeto y la tolerancia a la hora del telediario. Y habría que preguntarse hasta qué punto la tolerancia es tolerable o, como sostuvo en su momento Eduardo Haro Tecglen, es intolerable porque no es más que una forma de condescendencia más o menos caritativa con el diferente, con el discrepante, con el otro, origen del fracaso del esquema multicultural en el Reino Unido –cada uno con los suyos–, muy alejado del mestizaje en todos los ámbitos.

Sin perseverar en el análisis es imposible dar una respuesta consistente, detallada, sistemática a una pregunta capital: ¿qué amalgama de circunstancias permiten que arraigue el delirio islamista en el pensamiento de los hermanos Kouachi, de Amédy Coulibaly, de los terroristas abatidos el jueves en Verviers (Bélgica)? O a esta otra pregunta, tan capital como la anterior: ¿cuántas cosas hay que corregir para que, por una parte, no crezca exponencialmente la militancia en las filas islamistas europeas y, por otra, la violencia sectaria no se convierta en algo habitual en el paisaje europeo? E incluso esta, tanto o más inquietante que las dos anteriores: ¿qué extraña forma de nihilismo se ha adueñado de unos jóvenes –hombres y mujeres– dispuestos a viajar hasta Siria para empuñar las armas y morir a mayor gloria del califato sanguinario del caudillo Abú Bakr el Bagdadi?

Timothy Garton Ash: “Es la libertad de expresión que defendemos la que permite a los musulmanes expresar sus más profundas creencias”.

Quizá si se optara por este gesto de comprensión de las causas se llegara a dos conclusiones parecidas a las de Abdel Asiem el Difraoui, especialista en terrorismo islamista: Europa está desbordada por el crecimiento del número de yihadistas y no es suficiente una respuesta en términos de seguridad. De tomar solo el atajo de la respuesta policial, cada vez que los terroristas burlen los controles y cometan un disparate, surgirá la frustración por lo hecho hasta entonces y ganará nuevos adeptos el bando de quienes ya hoy piensan que las exigencias de la seguridad deben prevalecer o imponerse a las de la libertad. En cambio, si se dispone de instrumentos de análisis que eviten el esquematismo y sopesen alternativas a medio y largo plazo, cabe la posibilidad de acercar el objetivo de la cámara a los entornos concretos enumerados por Gilles van Kote en su editorial: “El papel de la cárcel en la radicalización de ciertos islamistas, las dificultades de las familias para asumir su papel en nuestro modelo de integración, las lagunas de un sistema educativo que deja en la cuneta a decenas de miles de jóvenes, las carencias de formación de los imanes, los límites de un ideal materialista que el aumento del paro y de la precariedad hace inaccesible a una parte creciente de la población, la necesidad de permitir a cada uno construir una autoestima por vías diferentes a la violencia extrema, la utilización de internet y de las redes sociales por las tramas yihadista”.

Es este un programa menos expeditivo –“Si no te gusta la libertad, haz la maleta”, dice el musulmán Ahmed Aboutaleb, alcalde de Róterdam–, pero seguramente más útil a la larga. Es, en todo caso, aquel que evita que la inevitable confrontación de idearios sea entre el espíritu de las leyes europeo y los defensores de un islam retardatario y sectario, encerrado en sí mismo y enfrentado a la modernidad; es este un programa que pretende preservar la unidad europea más allá de la foto de familia del domingo y de las soluciones fáciles o de las dictadas por la política de las emociones, acaso por la exigencia visceral de una opinión pública traumatizada por la carnicería. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclama unidad para preservar la seguridad, pero hay discrepancias de peso que la hacen poco menos que imposible si no se formaliza de manera clara y precisa el porqué de lo que sucede.

Frente a quienes parecen poco preocupados por las repercusiones de una reforma de la ley que sitúe a la policía un peldaño por encima de los jueces se alzan quienes entienden que en nombre de la seguridad no debe mutilarse el sistema de garantías. Frente a quienes son partidarios de imitar a la NSA en sus técnicas y atribuciones se sitúan cuantos consideran que, de hacerlo, la vida privada y el derecho a la intimidad resultarán dañados. Frente a aquellos que piensan que cada país debe proceder de acuerdo con sus necesidades inmediatas toman posiciones los que creen que solo puede ser eficaz una solución a escala europea. Pero incluso si este bando resultase ser el más numeroso y reflexivo, surgirían en él discrepancias en aspectos esenciales como la reforma, modificación o puede que suspensión del tratado de Schengen, lo que limitaría la libertad de movimientos de millones de europeos.

Ismail Kadaré: "Europa no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse para ella misma y para todos los demás”.

Ismail Kadaré: “Europa no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse para ella misma y para todos los demás”.

No es menos complejo o enmarañado el debate de ideas entre la tradición europea y la musulmana. La edición de este miércoles de Charlie Hebdo ha puesto en un grito a los gobiernos y organizaciones de los países musulmanes, que han considerado blasfemo el recurso a la imagen de Mahoma, a la caricatura del profeta, a las alusiones a la religión. “Es la libertad de expresión que defendemos la que permite a los musulmanes expresar sus más profundas creencias”, recuerda el historiador británico Timothy Garton Ash, pero esa forma de libre examen que garantiza la neutralidad del Estado es poco menos que ajena a la cultura política musulmana o, en el mejor de los casos, es solo aceptada por una minoría. En la cultura espontánea de los países musulmanes, no es la corriente dominante aquella que aspira a la secularización del Estado, aquella que entiende la práctica religiosa como algo correspondiente al ámbito de la vida privada de los ciudadanos, sino un tipo de heterodoxia combatido por el islamismo político, incluso en sus versiones más contenidas.

Cuando el escritor albanés Ismail Kadaré sostiene que Europa “no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse” para dejar a salvo su legado cultural “para ella misma y para todos los demás” esboza un punto de partida que nadie discute. Pero el paso siguiente, preguntarse cómo hacerlo sin dañar ese legado, da pie a respuestas tan diametralmente diferentes que no atañen en exclusiva al encaje de las comunidades musulmanes europeas, a las relaciones de Europa con el islam en general, sino que afectan también a la protección de las señas de identidad de la cultura política europea, incluido el combate contra el antisemitismo. Y aquí también hace falta comprender para tomar decisiones que sean tributarias de la razón y no de la herida sin cicatrizar de los atentados de París.

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

Egipto desanda la primavera

Al cumplirse un año del golpe de Estado que echó de la presidencia de Egipto al islamista Mohamed Morsi se han cumplido los peores presagios: a la pretensión de los Hermanos Musulmanes de acumular todo el poder en sus manos ha seguido la estrategia del Ejército para recuperar por entero aquello que fue –es– de su exclusiva propiedad desde los días de Gamal Abdel Naser. La elección del mariscal Abdel Fatá al Sisi culminó un rápido proceso de sometimiento del Estado a los cuarteles bajo la apariencia de un programa de desislamización de la Constitución y de neutralización de la Hermandad, declarada ilegal. Cuanto ha sucedido en el último año no ha hecho más que devolver a Egipto al camino marcado por los centuriones con la aprobación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y, finalmente, Estados Unidos en aras de la realpolitik.

Desde que empezó el dramático juego de acción y reacción, que el 3 de julio de 2013 acabó con la presidencia de Morsi y con los uniformados aplaudidos por una multitud en la plaza de Tahrir de El Cairo, más de 2.500 manifestantes han perdido la vida, más de 20.000 hermanos han ido a dar con sus huesos en la cárcel y por encima del millar de dirigentes islamistas han sido condenados a muerte. Además, el Ejército, que al principio dejó que la libertad informativa se mantuviera relativamente intocable, acabó encarcelando,  juzgando y condenando a tres periodistas de Al Jazira so pretexto, típico de las dictaduras desde siempre, de difundir “informaciones falsas”. La falta de garantías de los procesos, presididos por jueces serviles, ha dejado todo el entramado del poder a merced de las conveniencias del generalato, las exigencias de la seguridad en Oriente Próximo, las relaciones con Israel y el paraguas económico de las petromonarquías.

Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, asesinado en 1949.

El golpe de Estado que depuso al primer presidente civil de Egipto fue saludado por Tony Blair, enviado especial del cuarteto en Oriente Próximo, como “el rescate absolutamente necesario de una nación”, según ha recordado el periódico liberal británico The Guardian. De forma que, lo mismo que la prioridad en Siria ha dejado de ser la liquidación del régimen de Bashar el Asad, en Egipto tampoco lo es ahora el asentamiento de un régimen democrático, sino garantizar la estabilidad a cualquier precio. En una región devastada por la presión del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el polvorín palestino-israelí y el galimatías libio, en un solar donde Rusia, Irán y China operan con su propia agenda, Occidente ha llegado a la conclusión de que cualquier solución es peor a un Egipto estable, aunque sea a costa de dejar en el olvido los buenos deseos formulados cuando su primavera dejó en la cuneta a Hosni Mubarak.

La duda, la gran duda, es si la dirección tomada por los militares egipcios desemboca o no directamente en una pseudodemocracia estable. Las enseñanzas de la historia de Egipto contienen datos suficientes para pensar que han sido periodos poco estables los que han seguido a operaciones de represión sin cuartel de los Hermanos Musulmanes y compañeros de viaje. Así fue después del asesinato en 1949 de Hasán al Bana, el fundador de la organización, después de la ilegalización de esta en 1954, después de la ejecución en 1966 Sayyid Qutb, una de las referencias ideológicas de la Hermandad; así fue también durante buena parte de la presidencia de Anuar el Sadat, asesinado por un comando yihadista infiltrado en el Ejército, y así es en nuestros días, cuando entre los condenados a muerte figura Mohamed Badia, guía espiritual de los islamistas. De hecho, los Hermanos Musulmanes han mantenido siempre una doble estructura organizativa –pública, una; clandestina o secreta, la otra– y la participación en la vida institucional, de forma oficial o encubierta, ha alimentado un debate permanente en la dirección y entre la militancia.

Sayyid Qutb, ideólogo del islamismo radical, ahorcado en 1966.

Si los militares egipcios se presentan dispuestos a repetir los mismos errores del pasado, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se asoman al precipicio, empeñados en confirmar que “no estaban preparados para convivir con las primaveras árabes”, según la conclusión de la especialista Kristina Kausch. “Los países occidentales se han mostrado reacios a afrontar las realidades subyacentes de la región, expuestas en un informe del 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –sostiene Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford–. Los especialistas y politólogos palestinos que redactaron el informe llamaron la atención acerca de las conexiones entre gobierno autoritario, debilidad económica, desempleo elevado y política excesivamente confesional. Cuanto más dictatorial se volvió la política en esa región, más jóvenes que se veían privados de puestos de trabajo y de libertad de expresión se volvieron hacia el extremismo y el islamismo violento, la perversión de un gran credo”.

Es difícil discrepar de ese dictamen sencillo y obvio. En Egipto, la ruina económica, las desigualdades, la degradación del espacio urbano y la falta de futuro para los jóvenes llenaron la plaza de Tahrir de defensores entusiastas del Estado laico, pero a la hora de votar fueron las capas sociales convencidas de que el islam y no la democracia es la solución las que llevaron a Morsi al poder y dieron el Gobierno a los Hermanos Musulmanes. Se cumplió así la opinión expresada por el arabista francés Gilles Kepel: el movimiento que depuso a Mubarak no era representativo de la media aritmética de la sociedad egipcia, cuya ideología espontánea es el islam, de acuerdo con el análisis de las primaveras árabes del politólogo Sami Naïr. Frente a tal realidad se articula el poder de los militares egipcios que, al regresar al puente de mando, si es que alguna vez lo dejaron, cumplen una doble función o eso persiguen: mantener el statu quo en la región y poner a salvo la trama de intereses de la que son titulares como primeros gestores de la economía nacional pública y privada.

Todos las explicaciones puestas en circulación estos días por cuantos jalearon a los militares en el momento del golpe y más tarde les ofrecieron una cobertura civil para desdibujar los perfiles de una dictadura uniformada, insisten en que el pacto con los Hermanos Musulmanes era inviable y, por esa razón, la intervención de los tanques estuvo justificada. Ninguno de los hermeneutas partidarios de la intervención de los blindados entra en el asunto central: la única forma de consolidar un sistema democrático es respetar las reglas de la democracia.

Mohamed Badia, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, condenado a muerte.

“Cada vez que miro hacia atrás me reafirmo en que era del todo imposible alcanzar un acuerdo con los Hermanos Musulmanes, simplemente a causa de su intransigencia”, ha declarado Amr Musa, un político camaleónico, al periódico cairota Al Ahram, no menos dado al cambio cromático según las épocas. Musa encarna el sentir del establishment civil con una larga y próspera cooperación con el Ejército, mientras fuera de ese entorno tan poco inclinado al reformismo político se multiplican los gestos de arrepentimiento por la inercia hacia el golpe de la protesta laica, que dijo estar legitimada para exigir la renuncia de Morsi gracias a los millones de firmas –se aseguró que 20 millones– recogidas por todo el país para que el presidente dejara el cargo. Aquella estrategia temeraria, inducida por el movimiento Tamarod (rebelión), lo que hizo en verdad fue dar aires de levantamiento popular a una asonada dirigida por el mariscal Al Sisi y reproducir en Egipto lo que tantas veces ha sucedido en otros lugares: un responsable militar nombrado por un Gobierno salido de las urnas acaba levantándose contra quien lo nombró.

Al final de un libro dedicado a la Hermandad, el periodista español Javier Martín afirma: “Es difícil predecir el futuro. Pero si dos certezas existen, son que el devenir del islamismo egipcio volverá a marcar tendencias en el mundo árabe-musulmán, y que cualquier proceso de reforma democrática en Egipto –y en el resto de la región– deberá tener en cuenta a la amplia burguesía piadosa. Gran parte de ella son hermanos y musulmanes”. Estas líneas fueron redactadas en marzo del 2011, y hoy tienen la misma vigencia que entonces. Cuanto más marginen los militares a los islamistas, más adeptos a su causa se unirán a sus filas; cuanto más alejados de los resortes del poder estén los Hermanos Musulmanes, más fuerte se hará el islamismo radical dentro y fuera de Egipto; cuanto más se empeñen los generales en mantener la fractura social entre nosotros y ellos, mayor será la capacidad del islamismo para arraigar en una sociedad decepcionada y sin expectativas.

 

 

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.    

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.