Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

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La Primavera Árabe se atascó

Diez años después del estallido de las primaveras árabes el cambio se ha registrado en el mapa geopolítico de Oriente Próximo, pero no se concretaron las expectativas de regeneración política que debían seguir a la movilización popular. Lo cierto es que hoy la situación objetiva en muchos países del orbe árabe ha empeorado más allá de cualquier previsión que pudiera hacerse en el bienio 2010-2011: Egipto es una dictadura militar tanto o más represiva que la que encabezó durante 30 años Hosni Mubarak; Libia, Siria y Yemen viven sumergidas en guerras que no parecen tener fin; el reformismo de los monarcas de Marruecos y Jordania apenas ha alterado el esquema básico de reparto del poder en ambos países; la Liga Árabe se atiene al diktat de Arabia Saudí, que incluye normalizar las relaciones con Israel y, de rebote, agrandar el agravio palestino; el estatus de Irak sigue dependiendo de Estados Unidos como potencia tutelar, pero está muy lejos de haber conjurado las tensiones sectarias.

Solo Túnez mantiene viva la promesa de las primaveras, aunque debe afrontar enormes dificultades para superar una situación económica que favorece la frustración, especialmente en el segmento de población menor de 30 años. Donde todo empezó y donde el desafío yihadista no logró vencer los propósitos reformistas, puede irse todo al traste a causa de la decepción que ha seguido a las grandes esperanzas. La lección tunecina que dio título a un ensayo de Sami Naïr queda muy lejos de la realidad presente, con tasas de paro diabólicas, el sector turístico en hibernación forzosa a causa de la pandemia y el partido Ennahda, islamista moderado, convertido seguramente en el gran beneficiado por los efectos de una crisis de compleja resolución.

La Primavera Árabe tuvo en un primer momento un componente de movilización colectiva de la identidad árabe por encima de los rasgos de identidad de cada Estado que los poderes fácticos consiguieron neutralizar, demasiadas veces a sangre y fuego y en algunas ocasiones mediante reformas cosméticas. El resultado final es perfectamente reconocible y ha sido útil para alterar el ecosistema regional con actores con intereses específicos –Rusia, Turquía, Irán–, junto a otros con una capacidad desestabilizadora –el Daesch– y de captación de voluntades en el mundo musulmán que sigue siendo vigente aunque ha desaparecido el califato. El desafío de los muyahidines no ha cesado porque no ha desaparecido ninguno de los factores que lo hizo posible, que lo legitimó y lo legitima a ojos de una parte no pequeña de la comunidad musulmana, en general, y de la árabe, en particular.

En los inicios de las primaveras se repitió mucho la idea de que Occidente no había previsto el acontecimiento y no sabía cómo encararlo. Lo cierto es que hizo fortuna la fórmula wait and see (esperar y ver) y fueron excepciones los gobiernos que anduvieron más allá y se comprometieron abiertamente con la nueva situación. En la práctica, esta actitud meramente contemplativa perjudicó el afianzamiento de los movimientos democratizadores. Al mismo tiempo que se decía que la calle árabe había perdido el miedo, debía haberse añadido que había aumentado en Occidente el temor a que los cambios redundaran en un aumento de la inestabilidad y una quiebra de la seguridad, puesta en parte en manos de autócratas zarandeados por los acontecimientos a partir de diciembre del 2010.

Algunas voces que llamaron la atención no fueron atendidas o solo lo fueron de forma episódica y cada vez fue mayor la distancia entre la movilización árabe y las cancillerías occidentales. La caída de Zine el Abidine ben Alí (Túnez) de Hosni Mubarak (Egipto) hizo sonar todas las alarmas, las guerras de Libia y Siria hicieron el resto junto a la brega saudí para dejar sin efecto la marea reformista. Puede decirse en el presente que la Primavera Árabe estuvo condenada al fracaso por la falta de complicidad occidental.

Mientras el profesor Henry Kissinger escribió en su momento que Estados Unidos debía habituarse a convivir con los nuevos gobernantes árabes si estos no dañaban los intereses estratégicos de Estados Unidos, otros entendieron que el cambio que se anunciaba iba a perjudicar grandemente la estrategia de seguridad occidental, el papel desempeñado por Israel en la región desde su nacimiento y la exportación de petróleo. Al final, la opinión más compartida a ambos lados del Atlántico fue que las primaveras podían poner en marcha mecanismos incontrolables de renovación de las élites políticas árabes con una afectación completa de la relación de Occidente con Oriente Próximo.

El agravamiento de la intensidad y complejidad de los flujos migratorios con destino a Europa, la crisis de seguridad provocada por el islamismo radical, la fractura social en las sociedades árabes y las disputas por la hegemonía regional tanto en el Mediterráneo Oriental como en golfo Pérsico están íntimamente relacionadas con el descalabro de las primaveras. Muchos de los factores de desestabilización que se identificaron como inherentes al cambio perseguido por los levantamientos populares se han concretado a causa justamente de la falta de apoyo externo que padecieron las primaveras en aras de una Realpolitik de consecuencias desastrosas.

Los líderes de las protestas cometieron, desde luego, errores enormes cuando se impuso la necesidad de hacer política, y la competencia de las organizaciones islamistas fue decisiva. Pero también lo fue la descomposición inmediata de los bloques opositores en cuanto pareció que las movilizaciones habían vencido, unido al apresuramiento de algunos líderes para disponer de cuotas personales de influencia y poder. Los bloques históricos de Túnez y Egipto se cuartearon poco menos que al día siguiente de la victoria y enseguida se hizo evidente la pugna entre los partidarios de secularizar el Estado y sus adversarios declarados. Con el vaticinio hecho entonces de que si en Egipto no se asentaba la reforma, difícilmente lo haría en la mayoría de países árabes, algo que ha confirmado en todos sus extremos el relato de lo sucedido a partir del golpe de Estado en Egipto de los generales, el 3 de julio de 2013, que liquidó el experimento de Gobierno de los Hermanos Musulmanes.

La cadena de acontecimientos no debe inducir a creer, sin embargo, que las sociedades árabes han caído en un conformismo estéril. Antes al contrario, la frustración generada por la ocasión perdida ha instalado en el ánimo de amplias capas sociales un clima de desaprobación y disgusto que alimenta la tensión que de vez en cuando se manifiesta en la vía pública –Líbano, Sudán– y puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar por el motivo más insospechado. Lo que es imposible adelantar es quiénes y en qué condiciones encabezarán en el futuro las muestras de descontento.

 
 
 
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Golpe de Trump a los saharauis

La operación de Donald Trump destinada a acolchar la relación de Israel con el mundo árabe ha cubierto una nueva etapa con el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que el reino alauí establezca relaciones diplomáticas con Israel. Con independencia de lo que disponga la Administración de Joe Biden a partir del 20 de enero, el paso dado por el presidente saliente debilita enormemente las de por sí menguadas fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para hacer efectiva la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio, la vía defendida por la ONU para una descolonización efectiva de la excolonia española.

Asiste a la RASD el derecho moral, respaldado por el derecho internacional, de no cejar en su propósito de que se celebre la consulta; no hay duda de que Trump ha actuado una vez más de espaldas al derecho internacional, pero es asimismo indiscutible que sobre el terreno la situación política es cada vez más adversa a las reivindicaciones políticas de la comunidad saharaui. El encomiable testimonio de resistencia de los campamentos de Tinduf  –más o menos, un microestado en el exilio– se ha convertido en la práctica en un coto cerrado con un relativamente reducido número de complicidades externas, más resonantes en las iniciativas particulares –intelectuales, artistas, onegés– que en la movilización de las cancillerías. Por decirlo suavemente, Tinduf es un instrumento en manos de Argelia al que algún recurrirá si es preciso para relajar las relaciones con Marruecos, aunque de momento es la cobertura argelina la que procura alguna esperanza a los refugiados del desierto.

Cumplidos 45 años de la Marcha Verde, sumadas las diferentes situaciones que ha conocido la crisis saharaui –la última de ellas, la de la frontera con Mauritania–  y comprendida la necesidad de implicar a Marruecos en asuntos tan relevantes para los europeos como el control de los flujos migratorios y la seguridad en el flanco sur, está fuera de toda duda que la formalización de un referéndum está muy lejos de ser viable. Nunca aceptará Marruecos una revisión del censo que maneja y que la RASD impugna. Desde que el Frente Polisario se avino a negociar la consulta, la lista de posibles votantes presentada por Rabat ha sido rechazada por los dirigentes saharauis, que echan en falta decenas de miles de nombres de quienes en su día abandonaron sus hogares camino de Argelia y de sus descendientes, y en cambio incluye a los colonos llegados al territorio durante décadas y que, a todos los efectos legales, son ciudadanos marroquís.

El caso es que, con ser ciertas estas formalidades, los saharauis que viven en Tinduf son las víctimas de una situación a la que se han habituado, pero sin buenos vaticinios de futuro. Si resulta desoladora la creciente insensibilidad de la mayoría de regímenes árabes con relación al porvenir de la comunidad palestina, no lo es menos la inoperancia efectiva del reconocimiento de la RASD por más de 80 países. Es reseñable que España haya acordado con Marruecos aplazar la cumbre bilateral fijada para el 17 de diciembre, pero no deja de tener un valor meramente simbólico cuando el Gobierno vincula el cambio de fecha con la necesidad de concentrar los esfuerzos en la gestión de la epidemia y, acto seguido, se sabe que la reunión se incluirá en la agenda de febrero de 2021. Es significativo que muchos países, entre ellos España, se remitan a las resoluciones de la ONU relativas a la descolonización del Sáhara Occidental y a la creación de un Estado palestino, pero no es menos significativo que tales declaraciones no tengan nunca un efecto práctico.

La propuesta marroquí de convertir el Sáhara Occidental en una autonomía, presentada por Trump como la única salida realista y viable, ha sido repetidamente rechazada por los dirigentes saharauis, y quizá ahora lo sea aún más habida cuenta del perfil político de su último valedor. Pero la única posibilidad de que los exiliados del desierto vislumbren un futuro más confortable es dar con una solución intermedia entre la situación actual y el referéndum de autodeterminación. Por lo demás, hay en Marruecos un nutrido grupo de personalidades de la cultura, el arte y la academia que tienen el Sáhara por parte irrenunciable de su país. Así el escritor Tahar ben Jelloun, tajante en sus opiniones: “Ningún ciudadano puede aceptar que su país sea privado de una parte. Sobre todo cuando hay otro país, Argelia, que se esconde tras el llamado movimiento de liberación y lo sostiene. Esa es una estafa histórica que ningún marroquí puede aceptar. Ni siquiera yo, que jamás he sentido ese nervio patriótico y nacionalista”.

No hay ningún dato referido al futuro inmediato que permita detectar una mejora de ese clima de confrontación radical. Ni siquiera una hipotética rectificación de Estados Unidos cerrando el consulado en Dajla, que Trump piensa abrir, cambiará el enunciado del problema. Ni Estados Unidos ni Europa pueden renunciar a la complicidad de Marruecos en diferentes ámbitos, todos ellos relevantes y trascendentales. Esa es otra realidad incontrovertible que hace impensable retrasar varias décadas el reloj de la historia y volver al punto de partido. Lo cierto es que el rey Hasán II supo aprovechar con diligencia la debilidad de España –agonía del franquismo– y puso en marcha una dinámica que ha seguido su camino desde entonces a despecho de los pronunciamientos de la antigua potencia colonial y de la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas.

La consolidación de anexiones territoriales de facto son una malísima noticia que violenta los fundamentos del derecho internacional, pero la Realpolitik se impone casi siempre. Las condiciones en que se dan tales anexiones son muy variadas, pero corregirlas o revisarlas es inviable con harta frecuencia a pesar de que en cada una de ellas sale perjudicada una comunidad que se ve forzada a pechar con un destino que no ha elegido. No hace falta entrar en detalles para comprender que los saharauis de Tinduf ni decidieron poner su futuro en manos de Marruecos ni optaron por el exilio en el desierto entre varias opciones posibles. Es decir, condenados a ser víctimas en una situación que no controlaban, los saharauis se vieron forzados a adaptarse a ella. Y hoy, tantos años después, el Frente Polisario debe reflexionar sobre el coste humano de cuanto ha sucedido y sopesar hasta qué punto el programa máximo debe adecuarse a la correlación de fuerzas sobre el terreno para rescatar a las víctimas de su condición de tales.

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La extenuación saharaui

La muerte de Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), devuelve a un lugar destacado el tan a menudo olvidado conflicto del Sáhara Occidental, que se remonta a 1975. Ninguna de las iniciativas promovidas por la comunidad internacional para rescatar al pueblo saharaui de la vida precaria en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) ha desatascado un conflicto que Marruecos, de facto, da por amortizado, y sucesivos gobiernos argelinos han sustentado como parte de su disposición a mantener la vigencia de su enfrentamiento con Marruecos. Tampoco han sido especialmente fructíferos los intentos de varios gobiernos españoles de mediar en el conflicto, y demasiadas veces la política de las emociones se ha impuesto a la de los hechos, al dato ineludible de que 40 años de resistencia no han aportado mejoras reconocibles a los saharauis acampados en el desierto.

Como ha explicado Beatriz Mesa en EL PERIÓDICO, la estrategia política del Frente Polisario, fundado en 1973, emite señales de agotamiento, defrauda desde hace tiempo a una parte importante de la juventud saharaui y ha perdido el prestigio del que gozó en el pasado. El anquilosamiento de las estructuras del movimiento y la voluntad de sus dirigentes de perpetuarse en el poder han inducido cada día a más refugiados a preguntarse qué sentido tiene seguir en el desierto si, a la hora de la verdad, la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación forma parte de los sueños irrealizables. Dicho de otra forma: a qué puerto de llegada conduce encastillarse en la reivindicación de la independencia.

Aunque la Unión Africana ha reconocido a la RASD, la causa saharaui despierta simpatías en Europa, singularmente en España, y los programas sociales sirven para atenuar los efectos del exilio, lo cierto es que el bloqueo de la situación, las relaciones de Marruecos con España y los argumentos a favor de la anexión esgrimidos por el grueso de la comunidad académica y de los intelectuales marroquís apenas dejan margen de maniobra. Un autor tan relevante de la cultura marroquí de expresión francesa como Tahar ben Jelloun ha escrito: “Cada vez que Marruecos propone una solución, es seguro que Argelia se opondrá. Este escenario simplista es desgraciadamente cierto. Lo que está en juego en este caso no es ni la autodeterminación del pueblo saharaui, que vive bajo la presión de Argelia en las tiendas de Tinduf, ni el respeto a los principios y valores democráticos, sino el rechazo sistemático a lo que es Marruecos: un vecino incómodo al que no se puede mover de sitio”.

Incluso admitiendo que el parecer de Ben Jelloun es discutible, y que recoge en todos sus extremos la posición de palacio y de todos los gobiernos de Rabat desde 1975, hay en la opinión pública marroquí un sentimiento poco menos que unánime en cuanto a la pertenencia histórica del Sáhara Occidental al reino. Más allá de la fantasía desbocada que invoca el gran Marruecos que existió en un pasado del todo confuso, ha arraigado la sensación de que la salida al conflicto saharaui debe buscarse en formas que excluyan la independencia y garanticen, al mismo tiempo, que los acampados en Tinduf no serán absorbidos o asimilados y su cultura no se disolverá en el entramado sociopolítico marroquí. Otros caminos son teóricamente posibles, pero no se adivina quiénes pueden forzar la situación para que sean viables y para que Marruecos se resigne, llegado el caso, a perder la gestión de los recursos naturales –fosfatos, pesca y otros– de la excolonia española.

La multiplicación de declaraciones, resoluciones, gestiones diplomáticas con participación de nombres de peso como el de James Baker, idas y venidas de los líderes saharauis y toda clase de campañas internacionales han tenido una eficacia que tiende a cero. Es más que posible que los argumentos morales estén del lado de los saharauis, pero estos son insuficientes para desenredar la madeja según se puede comprobar. No falta razón a quienes entienden que el pueblo saharaui fue víctima de un doble atropello: el de una descolonización sin garantías por parte de España y el causado por Hasán II al poner en movimiento una multitud para ocupar el territorio, pero la comunidad internacional se puso de perfil y las reglas de juego de la guerra hicieron el resto. Que luego la ONU concluyera que no podía considerarse a Marruecos potencia administradora tuvo tanto valor jurídico como nulos efectos prácticos.

Al mismo tiempo, es perfectamente reconocible la utilización del conflicto por Argelia y, por tal razón, el porvenir incierto que aguarda a los instalados en campos de refugiados. La protección argelina de la causa saharaui responde a intereses reseñables relacionados con la influencia regional, con las ventas de petróleo y gas como armas de presión sobre terceros y como método para contrapesar la importancia de Marruecos en términos de seguridad (control del yihadismo en el Magreb) y de atenuación de los flujos migratorios. Esa lógica argelina responde a las necesidades y al cálculo de riesgos de hoy, que pueden no ser los de un futuro lleno de incógnitas a causa del cambio generacional que se avecina en los pasillos del poder en Argel y del ocaso del presidente Abdelaziz Buteflika.

La alternativa autonomista, denostada por los ideólogos de la independencia, queda lejos de los objetivos iniciales de la resistencia, pero se antoja factible, que no fácil. Desde que el 21 de abril del 2008, Peter van Walsum, enviado especial del secretario general de la ONU, declaró que “un Sáhara Occidental independiente no es una proposición realista”, ha ganado enteros la opción autonomista y se ha debilitado la de la autodeterminación, con la consiguiente controversia interna en el seno de la comunidad saharaui entre los jóvenes que propugnan romper la tregua de 1991 y volver a las armas y los que forman en el bando partidario de aceptar la autonomía como la solución menos mala para disfrutar de condiciones de vida dignas y despejar el camino a las generaciones venideras. Ni siquiera el rebrote de la resistencia en el 2010 ha modificado los términos de estos dos enfoques excluyentes y que entrañan el riesgo cierto de fractura en la sociedad saharaui.

Se dan en el conflicto del Sáhara Occidental factores históricos que sustentan el deseo de lograr la independencia, pero hay demasiados datos que operan en su contra: debilidad demográfica –cerca de 600.000 habitantes–, ensimismamiento de la RASD, el sistema de alianzas de Marruecos, la atonía argelina y varios factores de índole económica. Frente a ese marco de referencia, tienen menos importancia efectiva a cada año que pasa las discusiones sobre la legitimidad de la ocupación marroquí a partir de la Marcha Verde (1975), de la guerra, del alto el fuego y de la división del territorio mediante una barrera defensiva que se extiende de norte a sur. Y, al mismo tiempo, son cada día más los saharauis que no han conocido otro hogar que campamentos en medio del desierto, educados en una cultura de la resistencia agotadora y sin más horizonte que subsistir en medio de la nada desde hace 40 extenuantes años. El precio pagado parece demasiado alto como para no rectificar el rumbo aunque se tenga razón.

Violencia, encubrimiento y populismo

La violencia, el encubrimiento y el populismo se adueñan de la política con suma facilidad. Envuelto todo en una extraña virtud denominada patriotismo, que forma parte de la ideología espontánea y del imaginario colectivo, aunque no se sabe muy bien si detrás de ella se esconde el espíritu limpio de quienes se sacrifican en nombre del interés colectivo o la silueta desdibujada de una herramienta multiusos que lo mismo vale para un roto que para un descosido. “Sería delito actuar con una política de ojos cerrados en nombre del patriotismo”, afirma Iñaki Gabilondo al analizar las explicaciones oficiales relativa a la tragedia de Ceuta. Pero de los relatos emitidos por el Gobierno, el director general de la Guardia Civil, testigos presenciales, la oposición y diferentes medios de comunicación es fácil deducir que los 15 cadáveres devueltos por el mar obligan a mucho más que a salir en defensa del honor patrio.

Así se llega a la situación muy poco honorable de que, puesto que entre la versión del primer responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, media un mundo, es preciso recurrir a las imágenes sin editar –reténgase el matiz– para aclarar cuándo y en qué condiciones agentes de la Guardia Civil recibieron la orden de disparar pelotas de goma cuando unos inmigrantes braceaban frente a la playa de El Tarajal, a metros de la valla que separa el municipio de Ceuta de territorio marroquí. El adelanto de estas cintas que reclama todo el mundo permite deducir que los inmigrantes se hallaban en una situación límite, nadando en las frías aguas de febrero, y cualquier otra consideración, se remita a la ley o a razones de Estado, se antoja una obscenidad. Mucho más cuando un cargo electo como Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, se permite ironías del peor gusto para justificar lo injustificable.

Si el PP no tuviera mayoría absoluta, es muy posible que por lo menos el director general de la Guardia Civil hubiese dimitido hace días. Como disfruta de mayoría, las imágenes hablarán y luego… seguramente cada partido se reafirmará en sus puntos de vista, desmintiendo el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque fiarlo todo a las imágenes, a las grabaciones sin editar, entraña riesgos ciertos como es muy sabido desde que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, hubo de entregar sus famosas cintas después de intentar una larga cambiada –zanjar el asunto con una transcripción resumida de las mismas– en respuesta a los requerimientos de quienes investigaron el caso Watergate. En realidad, las explicaciones dadas por Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, suenan a transcripción resumida; las de Fernández Díaz parecen una aproximación más precisa a la verdad, pero las grabaciones sin editar cabe presumir que son más de fiar.

¿Por qué tienen un valor superior? Porque en la ceremonia de la confusión oficiada por el Gobierno se ha pretendido defender el honor de la Guardia Civil, cuando lo que en verdad se ha perseguido es encubrir la responsabilidad política de quienes impartieron las órdenes. En un gesto típico de muchos gobiernos, el equipo de Mariano Rajoy ha desviado la sustancia de las críticas: van dirigidas a él, pero las presenta como una impugnación de la Guardia Civil. Por cierto, sin que Rajoy haya ocupado ni medio minuto en dar las explicaciones que se supone debe cuando 15 seres humanos han perdido la vida en circunstancias más que opacas. De forma que todo queda pendiente de lo que digan las imágenes correspondientes al 6 de febrero en la playa de El Tarajal.

También forma parte de la ceremonia de la confusión desacreditar los comentarios de la comisaria de Asuntos de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, so pretexto de que Bruselas no hace todo lo que debiera para controlar la frontera sur de Europa. Lo que no dicen cuantos arremeten contra Malmström es que la despreocupación de la UE tiene más que ver con la interferencia de los gobiernos –no los de España e Italia, claro, que son los directamente afectados por los problemas de la emigración– que con la falta de compromiso de la Comisión de la que la comisaria forma parte. No hay duda de que el coste material y político de la frontera sur de la UE debe ser un asunto que deben abordar y financiar los estados miembros a través del presupuesto comunitario, y no lo hacen o lo hacen solo de forma insuficiente, pero de eso a utilizar este argumento para encubrir el esclarecimiento de responsabilidades en El Tarajal media también un mundo. Dicho de otra forma: es obligación de la UE pedir explicaciones, aunque esto incomode al Gobierno.

El comportamiento de los agentes en la playa ceutí puede resumirse como un recurso a la violencia inapropiado e innecesario. “La actuación de la Guardia Civil es imposible de defender”, escribe en su blog el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero esa imposibilidad manifiesta es el resultado de órdenes concretas dadas por personas concretas. Ahí no tienen cabida ni el patriotismo ni los excesos verbales de alguien como el senador socialista Marcelino Iglesias, que se refirió a “personas que murieron tiroteadas en el mar”. La explotación política de los dramas humanos es siempre repulsiva, excede las obligaciones de cualquier oposición de controlar al Gobierno y, lo que es peor, debilita a quienes trabajan para que se esclarezca lo sucedido sin dar tres cuartos al pregonero antes de disponer de todos los datos.

Los datos precisos para realizar un diagnóstico definitivo incluye analizar la gestión que Marruecos hace de los flujos migratorios. En septiembre del año pasado, el rey Mohamed VI encargó al Gobierno de Abdelilá Benkirán la elaboración de un programa político global para hacer frente a la inmigración procedente de los países subsaharianos, que se ha cuadruplicado, según palacio. En teoría, la Administración marroquí colabora en el control de fronteras, pero la concentración de ciudadanos de diferentes países en el monte Gurugú, la reiteración de los asaltos a la valla de Melilla y la tensión en la periferia de Ceuta obligan a formular esta pregunta: ¿el compromiso marroquí es sin reservas o el grifo migratorio se abre y se cierra según conviene a cada momento y situación? E incluso resulta obligado dudar de la eficacia marroquí en el control y represión de las mafias que trafican con seres humanos que no tienen nada que perder y cuyo único objetivo es llegar a Europa.

Despejar estas incógnitas atañe tanto a la política exterior española como a la comunitaria, pero, es preciso repetirlo, las carencias o la despreocupación de la UE no pueden encubrir cuanto de inapropiado se ha hecho. Insistir en ello es algo más que un mayúsculo error político. Un enfoque simplemente decoroso del drama de El Tarajal debería llevar al Gobierno a dilucidar responsabilidades antes de que los vídeos aclaren lo sucedido, si es que lo hacen. Sin envolverse en la bandera mediante una verborrea que, por repetida hasta la saciedad durante los últimos días, resulta aún más sospechosa por su semejanza con un descarnado discurso populista.

Hartazgo por el autoritarismo de Erdogan

La concentración de la plaza Taksim de Estambul pone a prueba la ductilidad del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y, por extensión, del islamismo moderado, que lleva más de una década en el poder. La propagación de la protesta a las grandes ciudades de Turquía, la escenografía, semejante a la de los días del gran cambio en las primaveras árabes, y el choque entre una sociedad descontenta y un poder omnipresente inducen a sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de un movimiento acéfalo y genuinamente diferente al que se alzó contra los autócratas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y otros paisajes de la geografía árabe. Entre las diferencias, no es un dato menor que Erdogan cuenta sus comparecencias en las urnas por victorias y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas turcas) se ha convertido en referencia ineludible del islam político, dispuesto a acatar las reglas básicas de la democracia.

Mustafá Kemal

Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938), padre de la Turquía moderna.

Desde la liquidación de la monarquía, la sociedad turca se debate entre la tradición y la república laica, entre la ideología espontánea heredada del sultanato y la secularización promovida por Mustafá Kemal Ataturk y custodiada hasta anteayer por el Ejército, entre la división de poderes y la intromisión de la religión en la política. A horcajadas entre Europa y Asia, la sociedad urbana se ha adaptado al cambio, pero el mundo rural ha mantenido los preceptos islámicos como el factor determinante de la vida cotidiana. Así se ha mantenido la controversia entre el Estado secular y la unidad entre política y religión, consustancial al orbe musulmán. Con el añadido de que Erdogan encabeza un experimento en el que han de tener cabida forzosamente los partidarios del Estado laico, salvo riesgo manifiesto de que se consume una fractura social.

A partir de ahí, de esa dualidad llena de complejidades, poco importa cuál es el pretexto para la protesta y cuáles son las razones esgrimidas por el poder para recurrir a los gases lacrimógenos. Como ha escrito el periodista Mahir Zeymalov en Today’s Zaman, diario turco editado en inglés, “Erdogan comprende que unos cuantos árboles no pueden ser el motivo que hay detrás de la escalada de protestas”, pero, al mismo tiempo, se resiste a aceptar que su forma de entender el poder sea la causa primera de cuanto sucede. El atropello de talar unos cuantos árboles en el parque de Gezi para construir un centro comercial da para desencadenar una repulsa ciudadana con objetivos limitados, pero no para encender un país y movilizar a medios de comunicación de todo el mundo. En cambio, el hartazgo por el autoritarismo de Erdogan sí da sentido a la ocupación de la plaza Taksim.

Turquía. EconomíaMientras una parte importante del AKP y el propio presidente del país, Abdullah Gül, parecen entender que el reformismo islamista descansa sobre un pacto entre sectores sociales que hoy debe renovarse, Erdogan da la impresión de haberse despegado de la realidad y no acepta que las contradicciones propias de una comunidad joven y dinámica incorporan indefectiblemente tensiones sociales. En el caso turco, se traducen en la distancia entre el colchón de votantes que mantienen a Erdogan en el poder, procedentes en gran medida del campo, de las ciudades medianas y pequeñas y del interior de Anatolia, y los actores del milagro económico turco, instalados en las grandes ciudades y deseosos de adoptar los comportamientos de un capitalismo desarrollado. Esa dualidad tiene una significativa traducción en cifras: el 45% de la población activa trabaja en el sector primario, pero produce el 30% de la riqueza del país; el 55% restante está empleada en la industria y los servicios y produce el 70% de la renta nacional, garantiza el grueso de los ingresos en divisas y es el imán que atrae la inversión exterior.

Cuando Zeymalov titula su artículo El final de la ‘primavera’ turca, transmite a la opinión pública un doble mensaje: que ha dejado de ser posible el reformismo islamista sin tensiones y que Erdogan ha revelado su verdadera naturaleza política. Ambas posibilidades parecen verosímiles y algunas voces autorizadas entienden que, salvo rectificación del Gobierno, el riesgo es que se enquiste el descontento social. Al menos, eso se desprende de la preocupación expresada por personajes como Fethullah Gülen, un intelectual y erudito musulmán que la revista estadounidense Foreign Policy incluye en la lista de los cien pensadores más influyentes a escala mundial. “Compartimos la culpa” por los disturbios, ha declarado Gülen, que ve más peligro en subestimar la protesta que en escuchar a los concentrados.

“Esa actitud insensible refleja claramente la inclinación del Gobierno hacia el autoritarismo”, manifiesta el novel de literatura Orhan Pamuk, defensor del Estado neutral y el Gobierno laico, en un artículo publicado en el diario turco Milliyet, de centroizquierda, y en la revista estadounidense The New Yorker, de orientación liberal. Justamente, para tranquilizar a cuantos comparten la opinión de Pamuk, el viceprimer ministro Huseyn Celik ha querido construir aprisa y corriendo una imagen de comprensión hacia los manifestantes, pero en las capas profundas de la protesta prevalece la idea de que no es posible regresar a casa sin que el Gobierno se comprometa a parar la máquina de la islamización. La tendencia del AKP a ocupar todo el espacio político admite pocas dudas, el Gobierno encaja cada día peor las críticas –hay 70 periodistas en la cárcel, ominoso récord mundial– y la ocupación por la religión del espacio público es un hecho. En resumen, la sociedad laica cree que todas las alarmas están justificadas.

Taksim

Ceyda Sungur (de rojo), que recibe una descarga de gas lacrimógeno en la plaza Taksim, se ha convertido en símbolo de la protesta.

¿Cómo se ha fraguado esa situación? La causa más transversal es la presión de Erdogan sobre la herencia laica, pero hay otros dos factores que han llevado al primer ministro a radicalizarse: la convicción de que el ingreso en la UE ha dejado de ser un objetivo prioritario y la voluntad de asentar a Turquía como potencia regional, aprovechando que Egipto transita por la inestabilidad política y la crisis económica subsiguientes a su primavera. Para Occidente, los riesgos son menores porque Turquía es socio de la OTAN y el Gobierno de Erdogan no pone en duda el significado y los compromisos que entraña pertenecer a la organización, todo lo cual permite a Erdogan mostrar su verdadero código genético, mientras que hasta hace muy poco estaba obligado a proyectar una imagen menos rígida para no alarmar a Europa y hacer negocios con Israel.

Acaso la mayor ventaja con la que cuenta Erdogan es que los partidos que le disputan la supremacía electoral “sufren una crisis de identidad tan profunda como la que padecen partidos similares en la toda la cuenca del Mediterráneo”, escribe el profesor Francisco Veiga en la web de Eurasian Hub. Eso explica en parte la ausencia de una dirección coordinada de la protesta, la función movilizadora de las redes sociales sin líderes visibles –como sucedió en Túnez y Egipto en el 2011– y la desorientación de los partidos y sindicatos tradicionales, pero no justifica en ningún caso la soberbia del primer ministro. Sí se entiende, por el contrario, a la luz de la convicción de los asesores de Erdogan de que la intensidad de la protesta no supone un cambio sustancial en la intención de voto, tal como destaca Veiga.

Esa masa de votantes inasequible al debate social, apegada a la tradición y al mensaje de las mezquitas es un capital político formidable porque contrarresta el dinamismo de una sociedad multiforme, adscrita a diferentes corrientes ideológicas y con frecuencia refractaria a las urnas. En una parte importante de la clase media urbana se conserva el recuerdo de la ineficacia y la pelea de gallos que muchas veces caracterizó la pugna entre los partidos laicos, y la articulación de un gran partido o coalición de partidos que se oponga al AKP es una empresa llena de dificultades y recelos. Por eso la protesta estambulí plantea tantas incógnitas como el comportamiento del Gobierno en el doble plano interior y exterior. Y, de paso, abre un gran interrogante en cuanto atañe a la consideración del AKP como la referencia ineludible en la que pueden inspirarse los partidos islamistas que, con desigual fortuna, gobiernan en Marruecos, Túnez y Egipto. Mientras, otra gran pregunta sobrevuela el mundo musulmán: ¿hasta qué punto los partidos islamistas moderados están dispuestos a aceptar que el pacto político entre adversarios es un requisito de la democracia?

 

Mali, ¿y ahora qué?

El conflicto de Mali se internacionalizó el miércoles, sexto día de la intervención francesa (Operación Serval), cuando una partida islamista tomó más de 600 rehenes –unos 40 extranjeros y los demás, argelinos– en la planta de extracción de gas de In Amenas (Argelia). El sangriento corolario de la operación desencadenada al día siguiente por militares argelinos llenó de sentido la pregunta formulada retóricamente, en cuanto se tuvo noticia del secuestro, por el general Carter F. Ham, el militar estadounidense de mayor rango destinado en África: “El auténtico asunto es, ¿ahora qué?” ¿Cómo se afronta la gestión de una guerra que siembra la inquietud en Occidente y amenaza con ampliar el foco de inestabilidad más allá de las fronteras de Mali y de los límites difusos del Sahel para llegar hasta las puertas de las primaveras árabes? ¿Por qué esa guerra que muchos creen que pudo evitarse? ¿Por qué se acogieron con desgana todos los avisos que llegaban del corazón del desierto después de la desbandada islamista que siguió al final de la guerra civil de Libia?

La guerra era “previsible y evitable”, sostiene Bruno Charbonneau, director del Observatorio sobre las Misiones de Paz y Operaciones Humanitarias y profesor de la Universidad de Quebec, porque plantear la crisis de Mali como una operación antiterrorista abocó a una profecía autorrealizable: “A cada nueva amenaza de intervención militar internacional, los islamistas crecieron en número y se estrechó su control del norte del país”. La duda que expresa Charbonneau, y para la que no tiene respuesta, es tan inquietante como la incógnita puesta sobre la mesa por el general Ham: “Queda por saber si nos dirigimos en Mali hacia otra guerra interminable contra el terrorismo o hacia otra intervención internacional (asimismo interminable) de construcción de la paz y reconstrucción del Estado”.

Guerra de Mali

Según los expertos, las operaciones islamistas en Mali son una acción coordinada de AQMI, el MUYAO y AE, más el golpe de mano de Mujtar Belmujtar en Argelia.

En cuanto se tuvo noticia de la operación islamista en Argelia, The New York Times fue en busca de opiniones para aquilatar la repercusión de lo que estaba sucediendo y la posibilidad de que Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otras organizaciones similares constituyeran una amenaza inminente para intereses estadounidenses. El general Ham constestó  que “probablemente no”; el secretario de Defensa, Leon Panetta, se manifestó en sentido contrario: “Es una operación de Al Qaeda y es por esta razón que estamos afectados por su presencia en Mali”. En realidad, los islamistas acababan de internacionalizar la guerra mucho antes de que el primer soldado del contingente africano multinacional se presentara en el teatro de operaciones y de que el programa de asistencia aprobado por la Unión Europea movilizara a un solo instructor de los que, en un tiempo inverosímilmente corto, debe convertir el Ejército maliense en un instrumento eficaz.

Mientras esto sucede, y es muy posible que tarde mucho en concretarse la eficacia de la operación de adiestramiento de los soldados de Mali, otra pregunta sobrevuela la crisis: ¿hay detrás de las razones oficiales otras menos confesables para recurrir a las armas? Más allá de la teórica unidad de los grandes partidos franceses detrás del presidente François Hollande, de los riesgos de que el yihadismo se haga con el territorio de un Estado fallido, de las peticiones de ayuda dirigidas a Francia por el tambaleante Gobierno de Mali, es legítimo considerar otros motivos, como las planteados por el cooperante Julio Tapia Yagües en una carta dirigida a ELPERIÓDICO: “Lo que ha provocado el actual conflicto en Malí es la gran bolsa de petróleo y gas de su zona norte (…) La negativa a pagar un céntimo a los tuareg, legítimos propietarios de los recursos allí encontrados, es lo que motivó que la oligarquía maliense, alentada por petroleras americanas (y europeas al acecho) forzara un golpe de Estado en marzo del 2012 que derrocó al presidente legítimo del país, que ya negociaba con los tuaregs”.

Incluso si las razones oficiales de Francia se limitan a las expuestas por Hollande y sus ministros, es harto dudoso que las operaciones en curso sean suficientes para evitar que en el corazón del Sáhara se consolide una situación similar a la afgana (triunfo talibán de 1996), a la somalí o –pesadilla de Occidente– a la que sueña el islamismo radical para Pakistán salvo que se haga realidad el temor a la intervención internacional interminable, expresado por Charbonneau. Cuanto está sucediendo en el desierto tiene un efecto llamada evidente para todos los iluminados de la yihad, de forma que los efectivos con los que ahora cuentan las organizaciones que se han adueñado del norte de Mali pueden crecer sin que, por lo demás, los países circundantes puedan garantizar ni remotamente el control de las fronteras para evitar la infiltración. La impresión es justamente la contraria.

Nina Wallet Intalu

Nina Wallet Intalu,una de las dirigentes del MNLA, advirtió en abril del año pasado de los riesgos que se corrían en Azawad.

Para el especialista de la Universidad de Toulouse Mathieu Guidère, tres grupos islamistas complementarios se encuentran en el teatro de operaciones: AQMI, el Movimiento Unicidad y Yihad en África del Oeste y Ansar Edin (Defensor del Islam). Este último “se mueve en columna como un ejército regular; los otros dos grupos funcionan como comandos y fuerzas de choque”. Hay diferencias entre ellos,  fruto de rivalidades personales, pero de las declaraciones hechas por Guidère a la revista Jeune Afrique se desprende que esta trinidad yihadista constituye un bloque eficaz que amenaza con liquidar Mali como Estado.

El bloque combatiente no es un recién llegado al campo de batalla, pero cuando voces autorizadas advirtieron de la amenaza que se cernía sobre el norte de Mali, muy pocos prestaron atención. Así fue con Nina Wallet Intalou, integrante del comité ejecutivo del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), independentista tuareg, que el 19 de abril del año pasado declaró al diario Le Monde desde su exilio en Nuakchott: “[los islamistas] combaten contra nuestra cultura y nuestra identidad, y Mali nunca ha hecho nada contra ellos. Quieren borrarnos con la complicidad de Argelia”. Los hechos parecen confirmar que pesó más en el ánimo de los gobernantes malienses y de sus aliados el objetivo de neutralizar el independentismo de los tuaregs, víctimas como tantos otros grupos de la caprichosa división territorial pergeñada por las metrópolis coloniales antes de marcharse de África, que la necesidad de evitar que la emancipación de facto del Azawad emprendida por el MNLA fuese la ocasión propicia para los yihadistas de hacerse con el territorio, como así fue.

Para redondear la falta de reflejos de los gobiernos y la escasa pericia de los servicios de inteligencia, se dio muy escasa importancia a la constitución de la brigada Al Mutalimin (Los Firmantes por la Sangre), encabezada por Mojtar Belmojtar, un histórico del AQMI. Se creyó que no pasaba de ser la guerrilla particular de su jefe, enemistado con la dirección del AQMI, pero Dominique Thomas, especialista en redes islamistas, tiene una opinión menos simple: según él, Belmojtar buscaba desde hacía tiempo legitimarse junto otros grupos islamistas que pululan por el desierto, discípulos aventajados del desaparecido Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, del que surgió el AQMI. Para Thomas no hay duda: “Las divergencias del pasado, relacionadas especialmente con egos incompatibles, se han borrado en provecho de esta operación [In Amenas], realizada de forma coordinada”.

Carter F. Ham

Carter F. Ham, el general estadounidense que se pregunta cuál es el siguiente paso que hay que dar en Mali.

Así pues, el adversario al que se enfrenta Francia puede que no sea muy numeroso, pero conoce hasta la última roca el terreno que pisa, se adapta a él, atesora una probada capacidad de resistencia en las peores condiciones y no tiene más objetivo que combatir y combatir. En cambio, la capacidad de Francia de mantener el esfuerzo de guerra de forma ilimitada choca con las exigencias presupuestarias, obliga a los socios de la UE a plantear con precisión qué objetivos se persiguen y, en última estancia, estará condicionada por la reacción de la opinión pública a poco que se tuerzan las cosas. Bruno Charbonneau impugna la determinación del presidente Hollande de seguir en Mali todo el tiempo necesario. ‘Serval’ o la elección del mal menor, el editorial de primera página del día 14 del diario Le Monde, que suele apoyar al equipo socialista, era concluyente: intervenciones como la de Mali “no se sabe nunca cómo terminan” y “Francia no puede permanecer sola”. “Ayudar a Mali a reconquistar su territorio es en primer lugar un asunto de los estados de África del oeste”, se decía en el mismo texto, en el que se llamaba la atención sobre los riesgos inherentes a emprender la misión de forjar un Estado nuevo al estilo de las ensoñaciones de los think tanks neocon de Estados Unidos.

Pero los riesgos a que se enfrenta Francia, y por extensión el resto de Occidente, sea mucha o poca la implicación de los aliados en la guerra, es resucitar el fantasma de la Françafrique, donde todo se maneja desde París para exclusivo provecho propio y perjuicio de las antiguas colonias, enfangarse en un conflicto interno en tierra del islam y, aún peor, aparecer como la cabeza de playa de un neocolonialismo explícito. Frente a la opinión pública de los países del norte de África, que ha confiado el Gobierno al islamismo político en Marruecos, Túnez y Argelia, que le otorga un apoyo considerable en Libia y no reniega de él en Argelia, prolongar la presencia occidental en Mali podría soliviantar a la calle, ocupada en dar forma estable al movimiento de cambio que se inició con la caída de los dictadores.

Puede ser que Francia haya elegido el mal menor como el único camino posible en un conflicto enrevesado en el que coinciden las debilidades de un Estado a un paso del desmoronamiento, el independentismo tuareg, la brega yihadista, el temor del Gobierno argelino a que el islamismo inclemente arraigue en su territorio y una geopolítica marcada a fuego por el atraso, la pobreza y la debilidad institucional. Pero la guerra tiene su propia lógica, como ha escrito estos días Alain Frachon, y el fundamentalismo yihadista, tributario de una tradición antioccidental perfectamente identificable, también. Hoy, en el conflicto de Mali, es básicamente aplicable la siguiente frase, incluida por el politólogo canadiense Michael Ignatieff en El mal menor, ensayo del 2004 cuya referencia son los atentados del 11 de septiembre del 2001: “Lo que necesitamos explicarnos es por qué las guerras contra el terror se escapan del control político, por qué caen en la trampa que ponen los terroristas, pero también por qué los propios terroristas pierden el control de sus campañas e imponen terribles pérdidas a los de su propio bando antes que reconocer la derrota”. Y, a pesar de todo esto, las guerras contra el terrorismo “legitiman a los radicales”, según el sombrío diagnóstico de Dominique de Villepin, exprimer ministro de Francia.

En el aire enrarecido por los bombardeos, el golpe de mano en Argelia y las incertidumbres de futuro se abren paso, además de los porqués de Ignatieff, las sospechas de las oportunidades perdidas para evitar el desastre. Peter Rutland, profesor de la Universidad de Wesleyan, ha publicado en su blog de The New York Times una serie de consideraciones sobre los clichés aplicados por Estados Unidos a la génesis de la crisis maliense, extensibles a las potencias europeas. Recuerda Rutland que, durante la guerra fría, Occidente separó comunismo de nacionalismo, y aquel error dio pie a “intervenciones desastrosas, de Cuba a Vietman”. “El mismo error se comete ahora en la guerra del terror –prosigue–. Durante muchos años la comunidad internacional ha soslayado permanentemente las peticiones de autodeterminación de los tuaregs que habitan en la mitad norte de Mali, conocida como Azawad”. Un caso de ceguera política –confundir el nacionalismo tuareg con una forma encubierta de islamismo– que ha permitido a los yihadistas adueñarse de las reclamaciones tuaregs para ocupar el territorio e imponer la sharia. ¿Y ahora qué? Todas las respuestas suenan a improvisación.