Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

Mucho más allá de la mordida

Al cumplirse un mes del secuestro de 43 estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerreo, la exigencia de los ciudadanos de que los jóvenes vuelvan a casa sanos y salvos se mezcla con el temor más que fundado de que los narcos hayan perpetrado una matanza, desafiado a los poderes públicos y demostrado que, más allá de la retórica oficial, los grandes partidos prefieren seguir en el lodazal a pedir responsabilidades. La desaparición de los jóvenes es, más que un síntoma, la confirmación –por si hacía falta– de los males que aquejan a México, sometido a la lógica envenenada de la connivencia entre una parte muy grande de los instrumentos de seguridad de que dispone el Estado y la delincuencia organizada, especialmente los cárteles de la droga, señores de un submundo cada día más impune que actúa a plena luz. Como dice el intelectual mexicano León Krauze, “sin decencia no hay futuro”, y ese es el mayor de los riesgos que enfrenta México: que la gangrena venza en la práctica al Estado, incapaz de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y el libre albedrío de los ciudadanos.

Cuenta Krauze en un artículo publicado en la revista Letras Libres que dejó de una pieza a los periodistas de la radio pública de Estados Unidos a quienes contó un día el caso de la muerte en el 2009 de 50 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, a causa de una incendio que se originó en un edificio de propiedad pública: aunque inicialmente se imputó a 19 funcionarios, ninguno de ellos fue procesado, el gobernador Eduardo Bours, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), jamás pensó en dimitir y, lo que es aún peor, presumió de dormir “como un bebé” a pesar de la tragedia. Que en Sonora nadie dimitiese ni acabase juzgado, procuró muchas pistas acerca de la corrosión de la decencia; que en la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez las sospechas sean más que las certidumbres, también contiene muchos indicios de qué está sucediendo; que la podredumbre de Tijuana se ataje los lunes para reaparecer los martes, es del todo elocuente; que el dinero que maneja el narcotráfico sea la primera empresa del país, según aventuran algunos estudios, es por demás significativo. Pero la mayor de todas las elocuencias, aquella que ha dejado desnudas a las instituciones, es la implicación directa en la gestión local del narco, en la movilización de sicarios y en la desaparición de los estudiantes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos huidos.

Manifestación en Iguala, estado de Guerrero, el jueves para pedir la liberación de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.

El escritor Héctor Aguilar Camín ve en la trama dirigida desde la alcaldía de Iguala un salto cualitativo, que se agrava con la parálisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que se presentó Abarca, incapaz de descalificar al funcionario y, por lo menos, pedir disculpas y mostrarse consternado. “Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, añade Aguilar Camín; cuántos presuntos servidores públicos van más allá de la vieja mordida y se enfangan en los pantanos de la delincuencia a gran escala.

La dimisión el jueves de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, “para favorecer el clima político” apenas cauteriza la herida sangrante provocada por las pruebas que hacen de las autoridades figuras venales que condenan al desamparo a los más vulnerables, a cuantos se manifiestan contra la degradación de la vida pública y, en suma, a todos aquellos que no forman parte de la urdimbre del narcotráfico. La dimisión del gobernador no es más que un detalle menor, en cualquier caso insuficiente para serenar los ánimos de una opinión pública que cuenta por sorpresas angustiosas cada uno de los pasos dados desde que se perdió la pista de los 43 jóvenes; desde que se descubrieron en una fosa común más de una veintena de cuerpos cuya identidad no se ha podido determinar. Esos cuerpos a los que nadie puede poner rostro resultan tan intranquilizadores como la imposibilidad de dar con un solo indicio que lleve hasta los estudiantes desaparecidos.

Todo conspira para que el desprestigio de las instituciones lleve al país hacia el estallido social que vislumbra el escritor Juan Villoro de no atajarse la epidemia. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta la fecha mantenía cotas de popularidad y eficacia aceptables, puede ver cómo se apaga su buena estrella. Ni siquiera la detención de Sidronio Casarrubias, jefe del cártel Guerreros Unidos, suaviza el hartazgo de una sociedad sometida al chantaje de los delincuentes en comunidades donde los jóvenes son tratados con demasiada frecuencia como sospechosos habituales. Es preciso, subraya Villoro, que los jóvenes dejen de ser vistos como “un enemigo posible” para que arraigue la idea, cabe añadir, de que son tan víctimas de la situación como sus convecinos.

No hay muchos signos alentadores, empezando por las señales que se emiten desde la presidencia del país, cuyo argumento más reciente es considerar la corrupción “un asunto cultural”. Por este camino, los gobernantes pueden alentar la idea de que se trata de una característica intrínseca a la identidad nacional mexicana y que, salvo casos de flagrante inseguridad colectiva, hay que convivir con el fenómeno, sobrellevarlo, soportarlo a pesar de todo. Quizá cuando el escritor Carlos Fuentes, poco antes de morir, descalificó a Peña Nieto por ser un político poco capacitado para abrir caminos con dirección al futuro, intuyó que podía dejarse vencer por el tópico y las explicaciones fáciles cuando hubiera de afrontar los grandes problemas del Estado. Pudiera ser. Pero en el fondo de la explicación cultural de la corrupción dada por Peña Nieto subyace un gesto de impotencia preocupante, de debilidad incurable para combatir un mal que ha invadido todos los órganos y es posible dar con él hasta en el más diminuto intersticio.

Portada del libro ‘México: 45 voces contra la barbarie’, de Lolita Bosch.

“¿Cuál es nuestro futuro en un país donde el Estado mata a sus estudiantes?”, se pregunta la escritora Elena Poniatowska. El punto de interrogación es meramente retórico porque la respuesta es obvia: renuncia al futuro y se adentra por un sendero que conduce directamente a la deslegitimación de los poderes del Estado. Las voces que se alzan para reclamar una refundación de México, del poder político, que preserve los valores republicanos y los rasgos distintivos del complejo mosaico cultural del país, ven en el inmediato porvenir el riesgo cierto de que, salvo que se recurra a tratamientos de choque, se enquiste para siempre en el perfil político del Estado una dualidad de hecho: de una parte, la planta institucional establecida por la Constitución; de otra, los hechos consumados impuestos por el narcotráfico en los cuatro puntos cardinales. De hecho, temen algunos de los analistas más lúcidos que coexistan en plano de igualdad el Estado oficial y el narcoestado, provisto este de recursos económicos, militares y logísticos suficientes para mantener de forma permanente el desafío y obligar al Gobierno a aceptar espacios de impunidad.

En el ilustrativo libro México: 45 voces contra la barbarie, de Lolita Bosch, la periodista Magali Tercero resume con claridad meridiana lo que avizoran cuantos creen ineludible la refundación: “Los que son conscientes de lo que va a ocurrir dentro de treinta años están horrorizados”. Un horror que vale tanto para temer el futuro como para denostar el presente: “Por un lado, parece que no hubiera solución, porque no hay disposición de detener el lavado de dinero y confiscar cuentas de los criminales que son conocidos abiertamente. La solución está, entre otras cosas, en la acción enérgica contra la corrupción, porque sin Estado corrupto no hay crimen organizado. Pero mientras el Estado no tenga una estrategia de expropiación del dinero y bienes esto va hacia un sinsentido. A Calderón no le interesaba retirarle el dinero al crimen organizado, que es lo primero que debió hacer. A Peña Nieto tampoco”.

La alusión a Felipe Calderón, anterior presidente de México, como origen de la crisis en curso, es común en todos los análisis. La declaración de guerra de Calderón contra los narcos, la militarización del conflicto, condenó a la población a ser espectadora y víctima desprotegida de un problema que se agrandó con el concurso del Ejército donde hasta entonces, cierto que con poco éxito, actuó la policía federal y, aun con menos éxito, se movilizaron los cuerpos policiales locales, tan a menudo infectados por organizaciones criminales. “Felipe Calderón le declaró públicamente la guerra al narcotráfico –escribe Lolita Bosch en la introducción de su libro– y puso este vocablo en el centro de la conciencia nacional. Su decisión no estuvo cautelosamente pensada ni partió de una estrategia sensata ni absolutamente honesta. Y la ciudadanía mexicana quedó entre lo que Marcela Turati [periodista mexicana] llamó un fuego cruzado”.

Allí sigue, con el riesgo de que el estallido social se concrete en cualquier momento en una comunidad herida por enormes desigualdades económicas. No hay en México un sistema de contrapesos que atenúe los efectos de una distribución muy desigual de la riqueza y, al mismo tiempo, cada vez es más visible la conversión del narcotráfico en un ascensor social poco exigente frente a la parálisis, la fragilidad y en muchos casos la inexistencia de aquellos otros ascensores basados en la meritocracia, el esfuerzo personal y la tutela del Estado. Y tal situación se da en un universo donde, según las estadísticas del Banco Mundial, el 70% de la población –unos 75 millones de habitantes– dispone de entre un máximo de cinco dólares al día para sobrevivir y un mínimo de 1,25 dólares, muy por debajo del umbral de la pobreza. Fiarlo todo a la probada capacidad de resistencia de los mexicanos para no precipitarse por el despeñadero sería, quizá lo es ya, una actitud irresponsable que, como dice Elena Poniatowska, cerraría todas las ventanas que dan al futuro, dignifican al Estado y proveen de esperanza a los ciudadanos.

Gran Hermano de última generación

“Doce años después de los atentados del 11 de septiembre, la cuestión sigue siendo encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, libertades públicas y derecho a la información”. Ese es el quid de la cuestión una vez más, formulado en la edición del martes del diario progresista francés Le Monde por su directora, Natalie Nougayrède. Ese es el meollo del asunto llevado otra vez al primer plano de la reflexión periodística y académica, política y social, después de que el periódico revelara una operación masiva de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que acumuló metadatos de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas realizadas en Francia entre el 10 de diciembre del 2012 y el 8 de enero del 2013. No se trata de quebrar el funcionamiento de los servicios encargados de garantizar razonablemente la seguridad colectiva de los ciudadanos, sino de fijar límites para preservar la vida privada. Se trata, en suma, de dar a conocer prácticas que “permiten leer en nuestras vidas, nuestros contactos y nuestras opiniones como en un libro abierto”, escribe Nougayrède con acierto.

Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a Edward Snowden, artífice de las revelaciones, a quien presenta como un traidor que debilita la seguridad nacional, no afectan al fondo del asunto: la consideración de sospechosos habituales aplicada a millones de personas en países aliados, incluidos presidentes y primeros ministros –35 líderes mundiales, según el diario británico The Guardian–, cargos electos, empresarios y legiones de ciudadanos cuya única característica común es ser usuarios de las redes de telecomunicaciones. Tampoco afecta al nudo de la trama el hecho de que Snowden haya encontrado cobijo en Rusia, con rasgos cada vez más acusados de Estado mafioso, ni el desmentido del general James Clapper, director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que considera falsos los datos publicados por Le Monde, sin que, por lo demás, nadie haya dado crédito a sus palabras. Porque Clapper y, con él, aquello que se conoce como comunidad de inteligencia se sienten legitimados por la amenaza terrorista y por una cierta tradición nacional, aunque sean los aliados de la OTAN, Brasil, México y algún otro país amigo los escenarios del espionaje masivo.

Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

En el nicho ecológico de Clapper no tienen cabida las preguntas tantas veces formulada por moralistas y pensadores acerca de la bondad o no de un comportamiento. “¿Cómo podemos estar seguros de que una acción es justa?”, plantea el filósofo Isaiah Berlin en el ensayo ¿Existe aún la teoría política? En el delicado discurso del pensamiento de Berlin no hay sitio para una respuesta categórica, inequívoca, sino más bien para una reflexión matizada por las dudas que asoman a casa paso. “Descubrimos que no estamos seguros de lo que debemos hacer para aclarar nuestras mentes –escribió Berlin–, buscar la verdad, aceptar o rechazar respuestas anteriores a estas preguntas”.

El único enfoque posible en el mundo del espionaje, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, es el que se desprende del principio según el cual el fin justifica los medios. Sin apenas matices, lo que realmente cuenta no son los métodos, sino el resultado final obtenido a través de procedimientos que unas veces son honorables y otras, deleznables. Los regates en corto de la Administración de George W. Bush para justificar el recurso a la tortura en nombre de la seguridad constituyen una prueba bastante conocida de esa doctrina. A partir de ahí es relativamente fácil llegar a la conclusión de que el entramado institucional y legal de las democracias no es garantía suficiente para ponernos a salvo de la barbarie. Al contrario que en el pensamiento de Immanuel Kant, para quien la seguridad es “una cláusula mínima de protección que permite al sujeto experimentar la libertad”, de acuerdo con la síntesis de Michaël Foessel, los gestores de los servicios de espionaje entienden que para que ciudadanos libres experimenten la seguridad, deben aceptar un recorte de su libertad. La seguridad entendida como un derecho se convierte así en un valor conquistado por el que debe pagarse un precio.

En la atmósfera ideológica de Estados Unidos flota siempre, además, el legado de Leo Strauss (1899-1973) y sus discípulos, radicalmente convencidos de dos realidades: en primer lugar, “el liberalismo occidental conduce al nihilismo”, en expresión de uno de sus seguidores, el profesor Harvey Mansfield, de la Universidad de Harvard; en segundo lugar, Estados Unidos tiene el destino único de combatir a las fuerzas del mal en todo el mundo. En la Ley Patriótica, aprobada después de los atentados del 11-S, y en la utopía reaccionaria –otra vez, más seguridad a cambio de menos libertad–, defendida por los neocon, alienta la convicción de que la responsabilidad de una misión universal que cumplir justifica comportamientos bastante alejados de la lealtad entre estados aliados, la transparencia democrática y los sistemas de control institucional. Pero en los segmentos más tradicionales de la sociedad estadounidense, el pensamiento de Strauss no incomoda y en el mundo del espionaje y los servicios secretos proporciona elementos de convicción útiles para manejarlos ante la opinión pública.

Una de las grandes sorpresas es que el descubrimiento de un Gran Hermano de última generación que trabaja a toda máquina se haya producido durante la presidencia de un liberal pragmático, pero liberal al fin, como Barack Obama, el inquilino de la Casa Blanca que mejor ha caído a los europeos desde los días de John F. Kennedy. Aunque si se presta atención al comportamiento de la comunidad de inteligencia desde el final de la segunda guerra mundial, se llega fácilmente a la conclusión de que Estados Unidos, con independencia de la coloración ideológica de cada presidente, nunca ha dejado de husmear en la vida y comportamientos de los europeos por más aliados que sean. La diferencia es que ahora dispone de herramientas de las que antes carecía y cuenta con la colaboración entregada de los gigantes de las nuevas tecnologías, según pone de relieve un esquema por demás clarificador publicado por Le Monde.

La gesticulación europea ante todo esto no deja de ser una señal elocuente de impotencia. La pasividad o la sumisión ante el comportamiento de la NSA, roto episódicamente por los casos de espionaje en Francia, por la sospecha de que el móvil de Angela Merkel ha sido intervenido y de que, en fin, raro es el Estado europeo que no ha sido sometido a vigilancia –España también como cabe deducir de la decisión de Mariano Rajoy de citar al embajador  de Estados Unidos–, no hace más que corroborar la sujeción de la Unión Europea a una estrategia militar y política, la norteamericana, que no controla y en la que participa demasiado a menudo de forma harto simbólica. En los planes diseñados por la Casa Blanca, los departamentos de Estado y Defensa y las agencias federales de seguridad, es secundaria la aportación conceptual y práctica de Europa. Frente al multilateralismo diplomático y la colaboración con los aliados, tantas veces defendidos por Obama, se impone la realidad de una política de seguridad en la que los europeos son objeto de espionaje.

Las deliberaciones del Consejo Europeo de esta semana reflejan quizá un disgusto momentáneo, pero están lejos de forzar una alteración de los planes estadounidenses. La concomitancia del complejo tecnológico estadounidense con la Administración, que hace posible un rastreo sin fronteras, pone el control del espacio virtual, al menos en Occidente, en manos de Estados Unidos de forma casi exclusiva, erosiona el principio de igualdad y respeto entre aliados y confirma que los intereses del complejo militar-industrial, auxiliado por las nuevas tecnologías, se mantienen por encima de las urnas y los designios de los gobernantes. En realidad, puede que la libertad de tráfico y circulación en la red sea el mejor de los útiles para controlar las pulsiones de los usuarios –es decir, de todos–, porque en la medida en que se sepa cuáles son sus rutas de navegación, sus interlocutores telefónicos, sus amigos en Facebook o el contenido de sus mensajes en el correo electrónico, más detallado será el perfil del que dispondrán los servicios de información. He aquí la gran paradoja posible: libertad de movimientos para espiarnos mejor.