Una abdicación llena de urgencias

El botafumeiro accionado por el cosmos monárquico en cuanto se anunció la abdicación del Rey tiene poco que ver con la gravedad del momento y las razones que presumiblemente han llevado a Juan Carlos I a dar el paso. Puesto que el proceso abierto obedece a una necesidad acuciante, inaplazable, de renovación para ventilar un andamiaje institucional que emite desde hace años señales de debilidad, cuando no de agotamiento, los solos de violín están de más y, en cambio, se echa de menos la contención afectiva como norma de conducta. Es poco saludable encubrir los sentimientos, incluidos los políticos, pero aún es peor multiplicar los gestos de cercanía y apoyo cuando, como en el caso de la Corona, lo adecuado es que prevalezcan el sentido de Estado y la oportunidad política.

Basta salirse del relato de los telediarios y de los articulistas con blasón para comprobar que dentro y fuera de España se percibe la abdicación como un momento crítico desde la restauración de la monarquía en noviembre de 1975. Es imposible concretar en unos pocos enlaces con textos de autores de muy variada orientación la atmósfera de urgencia cierta que acompañará, mediado el mes, la llegada de Felipe VI. Cuando alguien tan poco sospechoso de radicalidades políticas como Paul Preston, biógrafo del Rey, expresa su deseo de que la renuncia del monarca no sea “demasiado tardía”, es que cabe la posibilidad de que sí lo sea o de que, aun no siéndolo, entrañe unos costes políticos e institucionales impensables cuando bastaba con que Juan Carlos I fuera un personaje simpático –campechano, se decía– para alimentar el juancarlismo, que no el monarquismo.

El Rey y el Príncipe de Asturias, el día 3, en un acto militar en El Escorial, la primera ocasión en la que aparecieron juntos después de que Juan Carlos I anunciara que abdicaba.

Hoy no basta con la simpatía personal, con la empatía y con otras armas propias de los relaciones públicas y los capitanes de empresa. Hoy el anacronismo monárquico solo se sostiene mediante una compleja mezcla de sentimientos y complicidades colectivas de origen remoto –el Reino Unido– o a través del principio de ejemplaridad. En el primero caso, los datos objetivos, cuantificables –a la reina Isabel le han regalado una carroza que vale tres millones de euros–, poco importan por más duro que sea el presente; en el segundo, la institución debe ceñirse a las reglas del momento: si la austeridad acogota a los ciudadanos, el Rey debe ser el primero de los austeros; si la corrupción degrada la política, el Rey y su entorno deben ser la viva imagen de la probidad más estricta; si la opinión pública da muestras de cansancio y desapego, debe la Corona sacar a relucir habilidad y artes nuevas para reconstruir los puentes. A juzgar por los índices de popularidad en circulación, nada de eso se ha producido.

Al mismo tiempo, los cambios en la estructura social de España desde los albores de la transición hasta el presente han dejado en los huesos el pacto que alumbró la Constitución de 1978 y el sistema de partidos sobre el que se asentó el puzzle institucional, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no se da por enterado de esa realidad constatable a pie de calle. Puesto que entonces no fue ni posible ni conveniente alargar en exceso el debate sobre la forma de Estado, este se cerró en falso, aunque proporcionó estabilidad y continuidad a la monarquía parlamentaria. Pero, 39 años después, la abdicación ha devuelto la discusión a primer plano, y aunque los fervores republicanos de estos días no están exentos de oportunismo político, responden a una corriente de fondo y a una memoria histórica ahogada por la transición que se remite a aquello que España pudo ser y nunca fue a causa de la guerra civil. El realismo de la transición fue suficiente para que la izquierda parlamentaria aceptara la monarquía sin mayores aspavientos, con Santiago Carrillo en primer lugar, y el Rey legitimó su compromiso con la democracia el 23-F, pero ahora el terreno de juego no es el mismo.

La carroza de tres millones de euros regalada por Australia a Isabel II con la que la soberana del Reino Unido se dirigió el jueves al Parlamento.

Se puede sostener, y con bastante razón, que no puede plantearse la discusión sobre la forma de Estado a cada ocasión en que, por la razón que sea, el sistema da señales de fatiga. Pero tan cierto como esto es que ese es un asunto pendiente que siempre se ha abordado de forma apresurada, como si fuese necesario no ahondar en él para no abrir la caja de los truenos. Dicho todo lo cual, no deja de resultar sorprendente que se quiera promover el debate mediante un atajo –la celebración de un referendo– y no a través de una reforma constitucional que, una vez aprobada, se sometería a consulta. Y si mueve a sorpresa, es porque tanto los partidarios como los detractores del sistema se han atenido hasta la fecha a lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan, y practicar en democracia el relativismo jurídico no es el mejor de todos los caminos posibles.

Tan sorprendente resulta esta pauta política como la repetición ad nauseam de que el 90% del Congreso, punto arriba, punto abajo, aprobará la ley que sancionará la abdicación del Rey y la proclamación de Felipe VI. Si en vez de este porcentaje se diese otro menos determinante, entonces habría que concluir que, más que ante un sistema en crisis, estaríamos ante un sistema en descomposición. Tan tranquilizador resulta el pacto PP-PSOE para salir del atolladero sin graves quebrantos como preocupante se antoja la ceguera de quienes soslayan el hecho de que quienes se opondrán o se abstendrán en el Parlamento reflejan la doble fractura social y política que lastra el futuro del país. En la decisión de IU-ICV de votar no en nombre de su republicanismo militante, en la abstención de CiU en nombre del soberanismo sin descanso, en la agitación de Podemos en nombre de realidades emergentes y en las declaraciones de los líderes sindicales es posible dar con la foto fija del descontento, de ese voto de castigo permanente contra un entramado institucional que ha acabado decepcionando a los ciudadanos.

Concentración republicana en la Puerta del Sol de Madrid al atardecer del lunes.

Ninguno de los tres factores principales que han llevado a Juan Carlos I hasta la abdicación –la incesante pérdida de popularidad de la Corona, el caso Nóos y la brega soberanista en Catalunya– justificaría por sí solo el relevo en la Jefatura del Estado, pero la suma de los tres la ha hecho inevitable porque de esa suma emerge la decepción. Y de la decepción, si se sigue el hilo del análisis publicado en estas páginas por Javier Pérez Royo, se llega con presteza a la deslegitimación. “El sistema político español ha dejado de ser legítimo. La sociedad española no se reconoce en él. Se avergüenza de él y, como consecuencia de ello, se avergüenza de sí misma”, sostiene el profesor Pérez Royo al realizar un diagnóstico del momento y del ambiente en que llegará al trono Felipe VI.

En ese clima enrarecido, ¿es posible dar con un punto de encuentro para concertar una regeneración del sistema que no dependa solo de los estados mayores de los partidos que constituyen el establishment parlamentario? Es de temer que no, y razones objetivas no faltan a los gabinetes de asesores que contemplan con estupor el coste político que seguramente pagará el PSOE por apoyar sin reservas el relevo en el trono. Las voces fuera del control de la dirección que se han levantado en el campo socialista para que se someta a discusión la forma de Estado incuban la simiente de la división y proporcionan munición pesada a la izquierda que se opone a la operación sucesoria. Esa es la realidad: no hay forma de predecir el precio que pagará el partido a cuenta de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo han entendido que es tener sentido de Estado.

Por el contrario, en el sostenella y no enmendalla ha depositado la mayoría de partidos grandes esperanzas de que cunda en las urnas. Los partidos más manifiestamente enfrentados al sistema tal cual está suman mejores resultados a cada elección que se convoca, el PP sabe que un colchón muy importante de sus votos depende de que no ceje su oposición a cualquier modificación que se entienda como una concesión al soberanismo catalán, a CiU la atenaza la presión asfixiante de disputar todos los partidos en el campo de ERC… Y así se puede seguir hasta el último rincón del Grupo Mixto para entender que, a pesar de la crisis institucional, la desafección y todas sus secuelas, nada da más y mejor rendimiento que no rectificar. Eso también afecta a la solvencia de la monarquía, porque el sistema es uno y al final todos los ingredientes forman parte del mismo caldo.

El título de una brillante crónica publicada por The New York Times el 28 de septiembre del 2012 contiene, quizá, la palabra más acertada para referirse a la necesidad más acuciante de la política española en la Zarzuela, en la Moncloa, en el Parlamento, en las autonomías y en cuantos lugares de la res publica acuden a la mente: esa palabra es redención. En aquella información publicada por el gran periódico liberal se afirmaba que el Rey buscaba “la redención para España y su monarquía”, y aunque en esta frase solemne alienta cierto dramatismo shakespeariano, quizá sea esto lo que espera la opinión pública: que los gestores del sistema lo rediman mediante una renovación en la cumbre. Pero si esta no es suficiente, entonces, ¡ay!, se avecinarán tiempos aún más borrascosos que los actuales.

La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.

 

 

 

‘Annus horribilis’ en la Zarzuela

El metabolismo de las monarquías es sustancialmente diferente al de las repúblicas. En las monarquías, la solvencia de la institución descansa en intangibles que tienen que ver más con la adhesión personal que con hechos concretos y palpables. En las repúblicas, por el contrario, la fluidez institucional es inseparable de los resultados: en las presidencialistas, el jefe del Estado es el factótum indispensable; en las restantes, la neutralidad del presidente debe ser útil para enfriar la brega política de todos los días. El único o al menos el más notable elemento común al titular de una monarquía o de una república es el principio de ejemplaridad que los ciudadanos reclaman a quien ocupa la cima de la pirámide institucional con un poder real o simbólico, de ahí que, como dice el psicoanalista Jean-Pierre Winter, sucesos como el affaire Cahuzac en Francia y la imputación de la infanta Cristiana en España causen una “herida narcisista”. En ambos casos, pesa tanto el daño emocional como la concreción material de los hechos.

Cuando el ministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac, aparece como un evasor fiscal con una cuenta en Suiza, los pilares del templo desfallecen y la “república irreprochable” prometida por François Hollande se desvanece sin remedio; cuando un juez cita a declarar a una hija del Rey por un feo asunto de caudales públicos, la monarquía ejemplar de la transición pasa a ser el “reino despuntado” del que habla Le Monde. Si a estos acontecimientos de última hora se suman otros que atañen al funcionamiento de los estados –Francia, España y otros–, la administración del erario y el coste moral y económico de la crisis, el descrédito de los gobernantes alimenta la indignación de los contribuyentes, zozobran las convicciones más arraigadas en un mar de dudas y escepticismo y los demagogos se suben al escenario. Acudiendo al dictamen de Sócrates, la retórica se convierte en el “arte de la mentira”.

La profesora Julie Neveux se remite a otro clásico para referirse a la retórica como sinónimo de mentira: “La metáfora preferida de Platón para hacer comprensible esto es la siguiente: el sofista se ocupa de la cosmética (apariencia ilusoria) allí donde el filósofo, y el buen político, deben ocuparse de la ética y de la verdad, y ejercer su verdad mediante una gimnasia sana y dialogada”. Lo que se preguntan muchos franceses es si cuando el presidente Hollande alude a “una imperdonable falta moral” realiza un ejercicio retórico o pone en marcha una catarsis de urgencia para metabolizar el mal causado por los manejos y las mentiras de Cahuzac. Una duda casi idéntica a la que suscita la disposición de la Zarzuela a aceptar el irrenunciable principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como el mismo Rey recordó en Navidad, pero que luego mediatiza con la crítica al juez que cita a la infanta y el apoyo al fiscal que recurre la imputación.

Aquí acaban las coincidencias entre dos formas de gobierno tan dispares, porque en las repúblicas todo tiene una naturaleza terrenal y en las monarquías, los cimientos descansan en la mitología y el arquetipo del justo sin tacha. Las viejas monarquías europeas constituyen un anacronismo histórico, a menudo popularísimo, que asocia a un grupo muy pequeño de familias en la práctica de ciertas actitudes heredadas. Estas familias no son inmunes al desgaste de la vida cotidiana, a su comportamiento en el seno de sociedades abiertas, pero tienen a su disposición filtros que dejan pasar el agua clara y apartan de los focos los torrentes turbios. Funciona en ellas la estrategia de la sonrisa, de la foto de familia en la cubierta de un yate o en la cola del telesilla, de la rigurosa administración de uniformes y pamelas los días de boda y de retiros calculados si se produce un divorcio. Todo esto suele ser eficaz, marca una distancia de hecho entre las testas coronadas y el resto de la sociedad; solo cuando alguien cambia sin avisar las reglas del juego –la princesa Diana– o no cuadran las cuentas, asoman las grietas en la fachada.

¡Ah, las cuentas! Herida la inmensa mayoría de la sociedad por los zarpazos de una crisis económica cuyo final no se vislumbra, la más mínima sospecha de trapisonda resulta irritante. La actividad evasora de Cahuzac conmueve a los contribuyentes no solo por el fraude cometido, sino también por el agravio comparativo. La desvergüenza enerva a los ciudadanos, pero si quien la ejerce es precisamente quien debía haberla combatido, entonces el dolor es poco menos que insoportable. Y si quienes son sospechosos de haberse lucrado gracias a su nombre y circunstancias personales –Iñaki Urdangarín y compañía– ocupan un sitial con privilegios atávicos, entonces se pasa del dolor a la crisis de identidad. Duele más descubrir las debilidades de una leyenda que las flaquezas morales de un plutócrata como Jean-Jacques Augier, tesorero de la campaña electoral de Hollande, que regatea a la hacienda francesa con una sociedad en un paraíso fiscal. Y lo de Augier duele mucho a sus compatriotas.

En el caso español, la crisis de identidad obedece en no menor medida al “respeto reverencial” que ha hecho de la monarquía “un jarrón chino en lugar de vigorizarla como algunos pretendían”, tal como ha escrito Albert Sáez esta semana. Averiguar, además, si la crisis se debe a la sensación de orfandad de unos ciudadanos turbados por las flaquezas de la familia real, a la torpeza del entorno de la Zarzuela, a una idea trasnochada de la monarquía o a un poco de cada cosa importa menos que la crisis misma. Porque si en los regímenes republicanos en situaciones extremas se habla de cambiar a los gobernantes mediante el concurso de las urnas, en las monarquías en parecidos trances se incorpora al relato el fantasma de la abdicación y, en última instancia, el de la quiebra de la institución. Incluso en Televisión Española, canal 24 Horas, de una prudencia ilimitada cuando de la Corona se trata, se barajó la noche del miércoles como hipótesis no descartable la convocatoria en un futuro indeterminado de una consulta para decidir entre monarquía y república.

Diríase que es ilusorio pensar que se puede vivir siempre de las rentas de la historia y que, por el contrario, el peso de la historia desgasta a los actores si encadenan errores y decepcionan al patio de butacas que les observa. La web de referencia en el Reino Unido politics.co.uk subraya el poco interés que despierta el papel político de la monarquía e insiste, en cambio, en el debate permanente referido al coste de la institución, al régimen fiscal del que disfruta y a la desigualdad entre la tributación de las rentas reales y las de los demás contribuyentes. Aun así, la reina se mantiene por encima de la crítica, pero antes hubo de cambiar el paso y acercar su comportamiento al de los demás mortales para superar sin daños mayores su annus horrobilis.

“¿Por qué los más afortunados en el seno de nuestras sociedades quieren escapar a los impuestos –se pregunta el economista Paul Jorion a propósito de Cahuzac– y por qué han considerado hasta muy recientemente que evitarlos es un pecado venial en el que se complace la gente de la alta sociedad? Porque su sentimiento era que las sumas que les reclaman sirven para una redistribución de la riqueza en la que son los donantes y no los beneficiarios”. ¿Por qué es posible que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubra que 130.000 fortunas guardan el dinero en el calcetín de los paraísos fiscales y ninguno de los interesados se siente avergonzado? La respuesta seguramente se asemeja mucho a la dada por Jorion a la pregunta anterior. ¿Por qué hay quien puede llegar a la conclusión de que se encuentra por encima o al margen del cumplimiento de la ley por el simple hecho de ser quién es? Vale otra vez una respuesta parecida a la de Jorion.

¿Puede encontrarse la puerta de salida del laberinto de un annus horribilis como el de la familia real con reglas del juego que se alejan de las corrientes de opinión dominantes? No, con toda seguridad: la igualdad de los ciudadanos constituye un bien cívico irrenunciable en las sociedades democráticas; es un pilar de la decencia. En asuntos como el caso Nóos, donde la relevancia social de los implicados forma parte de la causa, no valen los juegos de manos porque, a poco que el prestidigitador no ande listo, el truco queda enseguida al descubierto aunque se presente envuelto en la jerga abstrusa del papeleo judicial. Y de esta forma todo se vuelve aún más horriblemente intratable de lo que era de prever.