La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.

 

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

El hartazgo de las mujeres toma la calle

Las versiones más sórdidas del sexo han acompañado desde la noche de los tiempos el ejercicio del poder, de la peor versión del poder, para mayor precisión. Nada de lo que ahora se descubre y agita las conciencias es nuevo u original, sino más bien una constante histórica, casi siempre oculta bajo la apariencia de honorabilidad perseguida por sus perpetradores. De las presuntas miserias morales de Donald Trump a las también presuntas del senador Pedro Agramunt, queda al descubierto una historia completa de malas artes entre bastidores. De las fechorías de Harvey Weinstein al abuso detrás del brillo diamantino del jurado del Premio Nobel de Literatura, el hilo conductor es siempre el mismo: el sometimiento de la autonomía y la seguridad de las mujeres por decisión de hombres poderosos.

Al mismo tiempo, se reducen los espacios de impunidad de los asaltantes y acosadores del sexo. La movilización alcanza dimensiones hasta ahora desconocidas y hay en ello una impugnación general del orden social. Cuando la Academia Sueca cancela el Nobel de Literatura un año, no reconoce solo la necesidad de sanear la institución, sino que admite también la urgencia perentoria de restaurar la decencia, de garantizar que los dorados de los salones donde se entrega el premio dejarán de ser encubridores de una realidad vergonzosa. Aplazar un año la concesión del Nobel de Literatura de 2018 tiene además un enorme valor simbólico, porque pocos actos sociales están tan íntimamente vinculados a la cultura del establishment, sea cual sea el perfil del ganador. La liturgia laica del Nobel se asocia sin mayor esfuerzo a los rituales del poder –político, económico, cultural–, bajo escrutinio de una variada gama de mujeres en el pasado y en el presente, decididas a pensar por sí mismas y a hacerse oír.

La capacidad de movilización transversal de la vanguardia feminista, cada vez más poblada, resquebraja las convenciones, obliga a revisar a toda prisa los ingredientes de la igualdad y fuerza al universo conservador a un aggiornamento acelerado. Hay en cuanto ha sucedido durante el último año una señal de hartazgo colectivo, de exigencia de responsabilidades y de reparación de daños en la que chirrían como los frenos de un viejo coche la sentencia disparatada de La Manada, exageraciones como la de Mario Vargas Losa –el feminismo es “el más resuelto enemigo de la literatura”, escribió– y opiniones encaminadas con harta frecuencia a épater le bourgeois. La discusión del status quo de la mujer en sociedades abiertas ha ocupado la tribuna y eso, cabe presumir, no tiene vuelta de hoja, es una característica del presente con mucho futuro (parafraseando a Gabriel Celaya, el feminismo es un arma cargada de futuro).

En el preciso momento en el que el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani reconoce en un estudio de Fox News (derecha recalcitrante) que Donald Trump reembolsó a uno de sus abogados los 130.000 dólares pagados a la actriz de cine porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, es insostenible la teoría de la conspiración –caza de brujas–, tan invocada por el presidente. En cambio, gana enteros otra mucho más simple y verosímil: la de un millonario convencido de que todo es posible y de que todo el mundo tiene un precio haya o no sexo de por medio. Se desmorona así la operación encaminada a crear universos paralelos, a encubrir con una realidad virtual otra perfectamente real, penalmente perseguible o moralmente reprobable (a saber en qué apartado encaja mejor el caso Trump-Daniels).

Cuando el senador del PP Pedro Agramunt echa mano de respuestas chungas para zafarse de sus acusadores en el Consejo de Europa a nadie convence dentro y fuera de la institución, dentro y fuera de su partido. Así sucede también con aquellos, no demasiados, que en Hollywood y otros vecindarios del show business han querido salir al paso de revelaciones oprobiosas echas por mujeres. Que en un número indeterminado de casos haya salido mal parada la presunción de inocencia –un daño difícilmente reparable– subraya la radicalidad del momento, la aceleración histórica promovida en Occidente por las mujeres y con un poder de expansión enorme porque se ha convertido en un artículo informativo de primera magnitud, difundido en todas direcciones en la aldea global.

“Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra”, dejó dicho Simone de Beauvoir. Puede que esta suerte de fatalismo se haya quebrado en el último decenio al madurar un proceso de cambio aparentemente irreversible. Al mismo tiempo, toma cuerpo la convicción de Shahida el Baz, y con ella de otras muchas autoras, según la cual “la liberación de los hombres está íntimamente ligada a la de las mujeres”. La mutación del ADN en las manifestaciones del primero de mayo lo atestigua al equipararse las reivindicaciones clásicas de la jornada en la calle con las exigencias de las mujeres, secundadas por los hombres. Hay en todo ello una parte de escenografía apresurada, de complicidad masculina reciente, pero se dan también señales inequívocas de un cambio de paradigma que la decisión de la Academia Sueca no hace más que confirmar.

 

 

Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

Elección moral en Francia

El titulado como gran debate de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia fue, en realidad, el miércoles pasado, el ruidoso debate o el atropellado debate. Al sentar en el estudio de France 2 a la última representante de la peor tradición política de Francia, la confrontación de programas dejó de serlo y la pantalla devolvió a los espectadores la imagen de un país dividido entre el oportunismo sin escrúpulos de la ultraderecha recalcitrante y el posibilismo europeísta del establishment. Al arreciar la discusión salió a la superficie la versión más abrupta de dos Francias, de dos Europas, de dos futuros posibles que se enfrentan elección tras elección en sociedades descoyuntadas por el astronómico coste social de la crisis económica, el terrorismo global, la crisis migratoria y las proclamas milagreras de diferentes formas de populismo.

Sentados frente a frente, Emmanuel Macron y Marine Le Pen representaron una pugna planteada en términos parecidos y con propósitos similares a las habidas antes en Austria y en Holanda, y es de prever que habrá en septiembre en Alemania. Envuelto todo en esta sensación inevitable de que Macron está en condiciones de utilizar pulcramente la pala de pescado mientras Le Pen maneja el cubierto como un instrumento adecuado para arremeter contra un comensal en caso de necesidad. Aun sin ver en Macron la gran esperanza blanca para rescatar a Francia del estancamiento, es fácil descubrir en su contrincante el torvo rostro de un pasado indecente, de la más deshonrosa hora de Europa y de Francia, de las algaradas callejeras de Action Françaises en los prolegómenos de la gran hecatombe, de aquel antisemitismo encubierto más tarde con la negación del Holocausto. Después de escuchar la otra noche a la candidata del Frente Nacional no hace falta recurrir a grandes digresiones para concluir una vez más que el huevo de la serpiente ha vuelto a ser fecundado y puede eclosionar en cualquier lugar, en cualquier momento.

Nada queda de la tradición de los grandes debates con argumentos elaborados. En una discusión en la que Marine Le Pen acusa a su adversario, sin asomo de prueba, de ocultar dinero en un paraíso fiscal –una forma de posverdad– y Emmanuel Macron tacha de indigna a su contrincante no queda espacio para la justa versallesca. Nada se tiene en pie sobre el tapiz político de la habilidad dialéctica y la frase justa tantas veces admirada en los debates televisados franceses: hoy la discusión se desarrolla en un ring en el que una de las partes se siente a gusto y la otra debe reconocer que si no acepta las reglas del juego, puede caer en la lona, vencida por la simplificación dual típica de los populismos tabernarios: el pueblo frente a la casta, la nación frente a los inmigrantes, el legado cristiano frente a la invasión musulmana, la nación frente a Europa, la gente frente al sistema (todas las ideologías metidas en el mismo saco). El griterío ensordecedor de la camada ultra ha logrado imponer un código de conducta, una agenda, si se quiere, que ha contaminado la política francesa y a un sector importante –el 40%, puede que más– de los electores que este domingo acuden a votar.

A la vista de la ausencia de Jean-Luc Mélenchon, estandarte de la nueva izquierda –los insumisos–, en los esfuerzos para movilizar al electorado contra Le Pen más que en favor de Macron, nadie diría que la confrontación tiene un componente moral evidente, en defensa de la dignidad de la política, en contra de la demagogia y de los eslóganes hirientes. Toda elección tiene un ingrediente moral, pero en este caso se trata de un factor capital en la discusión en curso para evitar que la autoridad quede en manos de la cultura política del odio. El hecho de que hasta el griego Yanis Varoufakis, un radical sin reservas, alerte acerca de los riesgos de la abstención y del voto en blanco descalifica de por sí a Mélenchon, afecto a un oportunismo electoral –la vista puesta en las legislativas de junio– demasiado cercano a la muy difundida creencia en según qué ambientes de que cuanto peor, mejor.

Basta repasar la historia del Frente Nacional desde las elecciones de 1974, cuando la candidatura de Jean-Marie Le Pen no pasó de ser una curiosidad pintoresca a pie de página, para entender que ha mutado en amenaza auténtica para el pacto republicano, los usos democráticos y la implicación de Francia en un futuro proyecto político europeo más seductor que el actual. Pero basta también comparar la situación presente con la de la primavera del 2002, cuando la unidad republicana garantizó la reelección de Jacques Chirac frente a Le Pen, para medir hasta qué punto la descomposición del bloque a izquierda (seguidores de Mélenchon) y derecha (seguidores de François Fillon), siembra el escepticismo y alimenta toda clase de dudas. Y basta, en fin, recordar el pobrísimo resultado obtenido en la primera vuelta por Benoît Hamon, el candidato del PS dejado a su suerte por François Hollande y Manuel Valls, para calibrar hasta qué punto la descomposición de la izquierda clásica es un hecho irreversible, víctima la socialdemocracia de su apego a la Realpolitik sin matices en plena degradación del Estado del bienestar.

La victoria más que previsible de Macron no cambiará esencialmente los enunciados: los pilares de la Quinta República serán a partir de ahora otros, serán los de una intuida Sexta República sin mayorías concluyentes en el Parlamento, una extrema derecha robustecida, nuevas siglas en el centro –En Marche!– y en la izquierda alternativa, y la obligación inaplazable en el campo conservador y en el socialista de refundar aquello que hasta hace poco se antojaba inamovible. Como dice el politólogo Olivier Duhamel, las cosas seguirán cambiando, porque la llegada al Eliseo de un presidente con un partido recién fundado, la presumible mezcla de tecnócratas, independientes y algunas caras conocidas en el Gobierno que forme y la incógnita por despejar en las elecciones legislativas de junio configurarán un ecosistema político nuevo, seguramente menos estable, más deliberativo, menos articulado en torno a la figura del jefe del Estado.

Hace demasiado tiempo que funciona por inercia la Quinta República como para pensar que el próximo presidente podrá eludir los cambios que urgen para evitar males mayores a los presagiados durante una campaña tan encrespada. Ahí está en todas las esquinas de Francia la imagen de Marine Le Pen para recordar que el país afronta un final de ciclo plagado de riesgos extensivos a toda Europa.

La posverdad emponzoña la democracia

Este atropello a la decencia conocido como posverdad obliga a reflexionar sobre desafíos de índole ética que no afectan solo a los políticos, sino también a los medios de comunicación, hipnotizados demasiado a menudo por los especialistas en construir una realidad que no pretenden demostrar o probar. En Estados Unidos hay quien ha ocupado su tiempo en calcular el coste que hubiese tenido la difusión de los embustes de Donald Trump si en vez de salir en la prensa y en los noticiarios de la radio y la televisión en forma de información se hubiesen difundido como publicidad de pago: la factura habría ascendido a no menos de 3.000 millones de dólares. Pero la habilidad de Trump para ser perejil de todas las salsas y la impericia de los medios al enfrentarse al fenómeno facilitó la tarea a un patán vociferante que el día 20 se instalará en la Casa Blanca.

Pero ¿qué es la posverdad? Un conjunto de mentiras o engaños vestidos y vendidos como ingredientes de la realidad. No es otra cosa. En Alemania han acuñado la expresión verdad posfactual, un poco ampulosa, pero quizá más cercana a ese presunto invento de nuestros días que viene de muy lejos (basta echar la vista atrás y hacer acopio de datos en la documentación del III Reich, del stalinismo o del franquismo para concluir que nada nuevo luce bajo el sol). Porque no importan los hechos en la posverdad –la verdad alternativa de Stephen Colbert, recordada por Timothy Garton Ash en un artículo publicado en El País–, solo la reiteración de afirmaciones surgidas en gabinetes cuya misión exclusiva es construir una realidad virtual, artificial, de usar y tirar si con ello se alcanza el objetivo perseguido (generalmente, el poder).

No exageró un ápice en Chicago el presidente Barack Obama cuando dijo que los medios de comunicación “amenazan la democracia al permitir que la gente se retire a sus propias burbujas de conocimiento”. Al contrario, al dar por buenas versiones o datos sin ninguna comprobación empírica, hinchan las burbujas y se alejan del primero de sus compromisos éticos: atenerse a los hechos. “Nos volvemos tan seguros en nuestras burbujas que solo aceptamos la información, verdadera o no, que se ajusta a nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en pruebas que las sustenten”, afirmó Obama. La democracia y el libre examen desaparecen cuando ocupan su lugar la demagogia y las afirmaciones sin fundamento.

Una encuesta elaborada en seis países por la Universidad de Cambridge concluye que retrocede el europeísmo en las sociedades europeas. El país con más europeístas es Dinamarca (38% de la población), seguido de España (27%), Alemania (26%) y el Reino Unido a pesar del brexit (23%), muy por delante de dos países fundadores de la Unión Europea: Italia (15%) y Francia (14%). ¿Hasta qué punto las posverdades, verdades posfactuales o verdades alternativas han contribuido al enfriamiento del europeísmo en favor de nacionalismos renacidos sobre la manipulación de los sentimientos? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación han estado en disposición de neutralizar la intoxicación informativa que ha dado alas a personajes y programas tan dados a la simplificación (enunciados simples y soluciones simples para problemas retorcidamente complejos)?

La reciente conferencia de prensa de Donald Trump ha sido una vuelta de tuerca más en la ominosa técnica de la posverdad. Según factcheck.org, fue una falsedad una afirmación tan llamativa, entre otras, como que 96 millones de personas no están incluidas en las estadísticas como “fuerza de trabajo”: lo cierto es que el cálculo trumpiano suma jubilados, estudiantes y otros colectivos que no buscan trabajo, de forma que, deducidos estos grupos, la cifra de los que quieren trabajar sin figurar en censo alguno son 5,5 millones. Tampoco es cierto que Obama decidiera la retirada de Irak “en un momento equivocado”, otra posverdad trumpiana, sino que la fecha fue establecida por su antecesor, George W. Bush. Y así sucesivamente hasta emitir un conjunto de afirmaciones sin mayor consistencia, aunque quizá sí con poder de convicción para los convencidos de antemano.

Acaso la estación de llegada de tal ceremonia de la confusión en la que participa Trump, pero en la que se aglomeran otros muchos oficiantes, sea la culminación de un largo proceso en el que los compromisos políticos de los gobernantes, de los partidos, de los titulares del poder o de los aspirantes a serlo han sido suplantados por la propaganda, por la intoxicación informativa, por la profusión de datos servidos en bruto, sin citar fuentes, sin someterlos a la prueba del nueve del trabajo de campo. Y aquí surge como un auténtico imperativo categórico el papel develador de los medios, su función esclarecedora de lo que se oculta, se maquilla o se deforma con el fin último de distorsionar la realidad. Demasiadas veces tal empeño cayó en el olvido durante el ascenso político de Trump, pero también de los nacionalismos gesticulantes que se han asomado a codazos en el escenario europeo mediante la utilización de crisis sociales inconmensurables –la llegada masiva de refugiados, las políticas de austeridad, las arremetidas del Estado Islámico– para desacreditar la vigencia del europeísmo.

Cuando un medio digital tan ajeno a la honradez informativa como breitbart.com se presenta en Europa con el propósito confeso de apoyar las campañas del Frente Nacional en Francia y de Alternativa por Alemania, dos proyectos desabridos, xenófobos y sectarios, herederos de las peores tradiciones políticas europeas, solo cabe decir que la posverdad se instalará en las campañas electorales de dos países determinantes para rescatar a Europa de la desorientación. Frente a la “apatía de los ciudadanos”, citada por Obama en el discurso de Chicago, es imprescindible la reacción de los medios, que ni creen posible la simplificación del presente ni comparten la idea cada día más extendida de que falsear la realidad es una cualidad imprescindible de la política y de los políticos. Nada tienen que ver la posverdad o breitbart.com –dos caras de una misma moneda– con la libertad de expresión, fundamento de la democracia, sino con la intoxicación.

Timothy Garton Ash recuerda en el artículo citado con anterioridad la seguridad de John Milton en que en “un combate justo y limpio” la Verdad, escrita con la inicial mayúscula, prevalece siempre sobre la Mentira, asimismo con mayúscula, una seguridad de la que debemos dudar, según el profesor de Oxford, “aleccionados por decenios de mentiras totalitarias, manipulaciones políticas y, ahora, el desafío de la posverdad”. Entonces ¿qué hacer? Esforzarnos, sostiene Garton Ash, “para que esa pelea efectivamente sea justa y sea limpia”, para que se disipe esa niebla cada vez más densa que emponzoña la democracia en la aldea global.

Trump, lastrado por la sospecha

“Las normas democráticas han sido y siguen siendo violadas, y cualquiera que rehúse reconocer esta realidad es en efecto cómplice de la degradación de nuestra república”, sostiene el nobel de Economía Paul Krugman en un artículo publicado por The New York Times con el expresivo título La elección corrompida. ¿A qué se refiere Krugman? A la movilización de hackers rusos que interfirieron en la campaña electoral en favor o apoyo de Donald Trump, un caso de deslegitimación moral agrandado con el extraño comportamiento del FBI, que diez días antes de la elección insinuó que podía disponer de nuevas pruebas que inculpaban a Hillary Clinton, pruebas que finalmente resultaron ser inexistentes. Conclusión: “El resultado fue ilegítimo de manera significativa: el ganador fue rechazado por el público y ganó el Colegio Electoral solo gracias a la intervención extranjera y al comportamiento burdo, inapropiado y partidista de los organismos nacionales de seguridad”, escribe Krugman.

Acaso sea este el artículo más duro dedicado a Trump desde su victoria del 8 de noviembre, y en él se aborda un factor primordial de la praxis política en democracia: la distinción o diferencia entre lo legal y lo legítimo. No hay en el triunfo de Trump asomo de manipulación de las papeletas o adulteración de los recuentos más allá de los inevitables errores mecánicos en un proceso en el que participan decenas y decenas de millones de ciudadanos. Pero hay demasiados datos que inducen a pensar, incluso a afirmar, que el presidente electo llegará al Despacho Oval por el tortuoso camino de la manipulación de la opinión pública trazado a la vez por una potencia extranjera y por una parte de la comunidad de inteligencia, inequívocamente decantada hacia el candidato republicano.

El nombramiento de Rex Tillerson, presidente de Exxon-Mobil y en muy buena relación con Vladimir Putin, induce a pensar que nada es casual en esta historia de interferencias en un proceso electoral que es el que entraña más consecuencias a escala planetaria. Mientras el Gobierno ruso apoya la condena al martirio decretada por el presidente de Siria, Bashar al Asad, para los habitantes de Alepo, ni una sola voz ni un solo gesto sale de la torre Trump, cuartel general del presidente electo. Nadie dice nada en el universo trumpiano para pedir que se detenga la carnicería, y la situación no es esta por respeto a la iniciativa diplomática de la Administración de Barack Obama –creerlo sería de una ingenuidad inexcusable–, sino porque Trump se dispone a cambiar por completo el marco de referencia de Estados Unidos en el mundo. Sin sopesar ni por un instante que con una diferencia de bastante más de dos millones de votos a favor de Hillary Clinton puede sostenerse sin equivocación que la mayoría en Estados Unidos se opone al giro que barrunta.

Otra vez lo legal y lo legítimo: el Colegio Electoral está legitimado para dar la presidencia a Trump, pero él no lo está para soslayar en qué condiciones se produjo la victoria y a quién votaron más ciudadanos el 8 de noviembre. Hay demasiadas sospechas de injerencias extraelectorales en el éxito de Trump como para aceptar que el único parámetro que debe tenerse en cuenta es aquel que se ciñe escrupulosamente a lo que establecen la Constitución y las leyes. De hacerlo, se alimenta la desconfianza en el sistema y el enconamiento del debate político entre bandos antagónicos.

Sin recurrir necesariamente a la propensión apocalíptica de Noam Chomsky o a un posible “fascismo amistoso”, vaticinado por Bertram Gross en 1980, la comunidad académica, el mundo de la cultura, las sociedades urbanas de las dos costas y la juventud ilustrada de Estados Unidos participan con preocupación en este doble debate: el de la legitimidad moral y el de los riesgos de fractura social. Las referencias que llegan de Europa son alarmantes: el populismo nacionalista, excluyente y xenófobo está ahí para disputar la hegemonía política a la tradición liberal, a las sociedades abiertas sustentadas en el pluralismo político, la diversidad y el respeto a la autonomía de los individuos. Y este trasfondo preocupa tanto o más que la victoria misma de Trump porque fija un rumbo que pretende contener el mestizaje cultural, la economía global y el multilateralismo, realidades todas ellas llenas de problemas, pero preferibles al sectarismo, el proteccionismo y un aislacionismo de geometría variable (business is business).

Al mismo tiempo, se antoja inquietante el papel desempeñado por las nuevas plataformas de comunicación, que quizá sean también de desinformación. La posverdad reina en las redes sociales, y el fact checking (comprobación de los hechos o de los datos) practicado por algunos medios tiene un impacto modesto en medio del ruido imperante en la aldea global. Hay ahí también un factor de deslegitimación o de manipulación a gran escala, una violación de las reglas del juego, que cada día está más presente en las campañas electorales y que en la de Estados Unidos fue moneda corriente. De la misma manera, la simplificación en el enunciado de los problemas, un rasgo tan característico de Trump, alarma a cuantos creen que las recetas milagrosas llevan directamente al fracaso y a la frustración a muchos de cuantos creyeron que el candidato republicano acudía al rescate de la clase media blanca, empobrecida por el impacto en los tejidos industrial y de servicios de la crisis económica del 2007-2008 y sucesivos años.

Cuando opina Joseph Stiglitz, otro nobel de Economía, que el programa de Trump no se sostiene y es un retroceso, lo hace a la luz de las cifras de crecimiento de Estados Unidos durante el último cuatrienio, de la reducción del paro, a un paso del pleno empleo, y del saneamiento del sistema financiero. Que Stiglitz esté o no en lo cierto solo el tiempo lo confirmará, en cambio parece inexcusable que Trump abra la puerta, como pide el ilustre economista, a políticas bipartidistas que serenen los ánimos dentro y fuera de Estados Unidos. Son demasiados los elementos concordantes que permiten afirmar que la gran superpotencia sigue siéndolo, pero no es la hiperpotencia que siguió al hundimiento de la Unión Soviética, sino otra necesitada del concurso de terceros para contrarrestar la competencia de sus adversarios históricos o recién llegados.

La agitación en los medios informativos liberales no es una pose, sino el reflejo de un clima social exacerbado por las pasiones políticas y los tics autoritarios o despectivos de Trump, por la sospecha cada vez más verosímil de que ocupará el poder lastrado por las dudas morales que suscita su triunfo. El anuncio de Barack Obama a un mes escaso de dejar la presidencia de que la intromisión de Rusia en la campaña no quedará sin respuesta no hace más que calentar el ambiente, pero acaso sea su determinación de esclarecer y responder a lo sucedido el último servicio que puede prestar a una sociedad dividida entre los aturdidos por el resultado del 8 de noviembre y los entusiasmados con la derrota de Clinton, dos versiones irreconciliables de Estados Unidos.

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.