El Partido Republicano, en la encrucijada

El paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha dejado al Partido Republicano en un estado en el que se mezclan la perplejidad y la desorientación, la división y la necesidad de recuperar espacios de influencia perdidos sin soliviantar a los partidarios del expresidente que aplaudieron el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero. El comportamiento de la minoría republicana en la Cámara de Representantes en la votación para expulsar de dos comisiones a Marjorie Taylor Greene, diputada por un distrito de Georgia y afecta al movimiento conspiranoico QAnon, ha retratado la situación: solo 11 congresistas del Grand Old Party (GOP) votaron a favor de la medida; 199 lo hicieron en contra. El a menudo melifluo Kevin McCarthy, líder de la minoría, definió en su día a Greene como un cáncer dentro del partido, pero a la hora de verdad fueron muy pocos los que se significaron en su contra, temerosos de perder votos en las filas del trumpismo exaltado.

Como dice la analista Michelle Cottle en The New York Times, McCarthy acaso carece “de valores discernibles más allá de sus propias ambiciones (…) es débil y se preocupa demasiado por agradar”,  pero “no tiene ni la visión ni el estómago para jugar a largo plazo”. Justo lo contrario que Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, un político profesional sin demasiados compromisos ideológicos, pero rocoso y sibilino en grado sumo que, sin embargo, tampoco ha logrado que el partido defienda una posición común en la Cámara sobre el proceso de impeachment contra Donald Trump activado por los legisladores del Partido Demócrata. Cottle llega a una conclusión transparente: esto puede mantener estable al electorado, “pero es un mal augurio para los esfuerzos de los republicanos serios por recuperar su partido”. Más o menos, pan para hoy y hambre para mañana.

La situación da la medida de la toxicidad del cuatrienio de Trump, que ha contaminado el partido hasta el tuétano de los huesos. El temor latente a que el expresidente decida fundar un movimiento político si se siente defraudado por el comportamiento republicano sobrevuela todos los días el establishment del GOP, y solo una minoría es capaz de sobreponerse a los peores presagios. Más allá de las interesadas reflexiones jurídicas relativas a la consistencia legal del impeachment después de vencer el mandato presidencial, alienta el deseo de dejar las cosas como están; más allá de las rectificaciones de Taylor Greene para desdecirse de algunas de sus más disparatadas declaraciones se esconde la necesidad del ala ultraconservadora del partido de mantener intacta su influencia y condicionar todas las decisiones.

El debate abierto por el segundo impeachment contra Trump remite la discusión a cuanto se dijo y defendió a partir de la dimisión de Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 a raíz del escándalo Watergate y del perdón que le otorgó su sucesor, Gerald Ford, el 8 de septiembre del mismo año. La revista The Atlantic ha publicado estos días en su web un artículo encargado a finales del verano de 1974 por The New York Times Magazine al eminente jurista Harry Kalven, profesor de la Universidad de Chicago, sobre la posibilidad o no de perseguir penalmente a Nixon por los delitos cometidos en el ejercicio del cargo de presidente. La pieza nunca vio la luz porque el perdón de Ford modificó sustancialmente muchos de los parámetros del análisis hecho por Kalven, que murió a finales de otoño de aquel año, pero son perfectamente válidos hoy –Trump no se puede beneficiar de indulto preventivo alguno– de acuerdo con el siguiente principio general: los delitos eventualmente cometidos durante el mandato presidencial no quedan sin efecto al expirar este.

Según el elaborado trabajo de Kalven, la gravedad de los hechos conocidos como caso Watergate requería una sanción pública y formulaba la siguiente pregunta: ¿sería comprensible que los seis procesados pendientes de juicio por encubrimiento acabaran en la cárcel y a Nixon lo dejaran en paz? La pregunta era y es inquietante a la luz del principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución. Pero lo es aún más cuando la respuesta del autor es de orden moral: “Para mí –escribió Kalven– el factor decisivo para pedirle también a Nixon que comparezca en juicio  reside (…) en asegurar el consenso moral”. Y acababa: “El país debería mostrar el valor de su convicción moral redescubierta”. Es decir, la respuesta no se limita a considerar el asunto en términos estrictamente políticos y jurídicos, sino asimismo éticos (la probidad de quien ejerce el poder).

Los argumentos de Kalven, prolijos en detalles y consideraciones, son igualmente aplicables a la diputada Taylor Greene y a cuantos por acción o por omisión pusieron en el disparadero a la turba que asaltó la soberanía nacional. Si el impeachment no prospera, como así parece, y el Partido Republicano se da por satisfecho con las rectificaciones de la congresista, la herida no cicatrizará, sino que el republicanismo clásico dará otro paso atrás en beneficio del trumpismo. Como alguien dijo en un debate televisivo, el legado del fallecido senador John McCain, una referencia del conservadurismo ilustrado, se desvanece un poco más cada día en medio de cálculos electorales a corto y medio plazo.

No cabe duda de que la inhabilitación de Donald Trump mediante la aprobación del impeachment en el Senado no tendría un efecto cauterizador, puede que incluso exacerbara los ánimos de sus seguidores más radicales y dispuestos a ejercitarse en la acción directa, pero sería un instrumento efectivo para sanear la moral pública. El simple anuncio hecho por Trump de un pronto regreso a la palestra tiene el tono amenazante de los desafíos a las instituciones, a las convenciones democráticas y al Estado de derecho. El expresidente ha confirmado la precisión de Abraham Lincoln al opinar sobre la naturaleza humana: “Si queréis poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dadle poder”. Pero son demasiados los líderes republicanos que ven la amenaza de Trump como algo difuso y, al mismo tiempo, ven en él al único capaz de asegurar futuras victorias. Lo segundo es probablemente cierto; lo primero es negar la realidad y presentar los hechos del 6 de enero como un mero accidente. Y no lo fue.

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El Congreso aísla a Vox

La derecha española llegó el jueves a la conclusión, siquiera fuera por un día, de que la única forma de contener a la extrema derecha es “enfrentarse directamente, frontalmente, a su discurso”, como sostuvo en Barcelona hace dos años el politólogo francés Sami Naïr. No hay atajos o veredas que permitan otra neutralización de la enfermedad política que se expande por Europa con inusitada rapidez y que amenaza con necrosar el tejido democrático del continente en muchos lugares, no solo en Polonia y Hungría, donde la crisis de las libertades remite a un fallo multiorgánico. Después de escuchar la venenosa ración de sectarismo, xenofobia, antieuropeísmo y trumpismo administrada por Santiago Abascal a la opinión pública mediante la defensa de una moción de censura, lo único que cabe esperar del Partido Popular es que, de acuerdo con el discurso pronunciado por Pablo Casado, deje de blanquear la oferta de Vox, que es tanto como decir que deje de rescatar del vertedero de la historia la herencia del franquismo.

Es posible que Abascal hiciese el ridículo a partir del momento en que Pedro Sánchez le respondió con el que quizá ha sido su mejor discurso desde que es presidente del Gobierno, pero es asimismo posible que el menú de disparates de Abascal fuese muy esclarecedor de la verdadera carnadura moral de Vox. Hasta ahora, el populismo neofranquista del partido se había manifestado por entregas, como un manual por fascículos de la extrema derecha; en la tribuna del Congreso lo resumió Abascal con el léxico agresivo y excluyente propio de los totalitarismos, con apelaciones explícitas e implícitas que entroncan directamente con la versión corregida y aumentada de las proclamas ultra que Blas Piñar llevó por primera vez al Congreso en los albores de la restauración democrática.

Finalmente ganó Europa, la tradición política y ética de Europa, inquieta por el populismo que arrecia en el Este. “Casado se aleja del trumpismo y Sánchez se aleja de la línea Óder-Neisse [al aparcar la reforma para la elección del CGPJ]”, ha escrito Enric Juliana en La Vanguardia, una percepción que puede completarse con esta otra: son demasiados los precedentes devastadores para la derecha clásica debidos a la complacencia o tolerancia con la extrema derecha desafiante. Singularmente, en la colonización del Partido Republicano de Estados Unidos a partir de la aparición del Tea Party, hace una década, de la marginación de voces críticas y de la aceptación por su establishment de una situación nueva, que en gran medida no controlaba, pero que era y hasta ahora es electoralmente eficaz. Una situación que llevó a la mutación genética alentada por la elección de Donald Trump en 2016.

El resultado de la votación en el Congreso, sin abstención alguna, es un primer muro de contención; estos 52 síes y 298 noes, una diferencia insólita en las mociones de censura que hasta la fecha se han presentado, es un gesto de salud democrática. Pero habrá que ver en los días que se avecinan qué continuidad tiene en aquellos entornos en los que Vox es determinante para que los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos sigan adelante. Los cordones sanitarios en torno a los partidos ultra dispuestos en Alemania y Suecia, entre otros países, están lejos de formar parte de la estrategia diseñada por los estados mayores de los dos partidos de la derecha española después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ambas fuerzas defienden las coaliciones en minoría con apoyo externo de Vox como parte de la lógica política, cuando en la práctica adulteran la cultura democrática, que entiende que no cabe concertar compromisos con fuerzas no democráticas, colectivos que persiguen liquidar la democracia, pero que se sirven de sus palancas institucionales para acabar con ella.

Ese sería en principio el hilo argumental de Cayetana Álvarez de Toledo y de cuantos jalean sus discursos si no fuera por su “no al no” que promovió antes de que empezara el debate de la moción. Hubo en el parti pris de la diputada la confirmación de que siguen teniendo cobijo en el PP quienes añoran ingredientes esenciales de un pasado no por lejano, olvidado, sino más bien añorado, sobre todo en cuanto atañe al monolitismo cultural, el centralismo, la pretensión o encantamiento de un país uniforme, por lo demás inexistente, pero deseado por algunos. Se trata de una facción o ala o tendencia que abjura del diseño constitucional y reprocha al Gobierno una interpretación laxa de la Carta Magna y de las reglas siempre complejas consustanciales a un Estado descentralizado.

Si en su día el gran acierto de Manuel Fraga fue meter dentro del PP a la derecha más conservadora y refractaria, la historia demuestra que aún es numerosa y activa la minoría que manifiesta gran incomodidad ante la impugnación del legado franquista, de un régimen vesánico y liberticida. La simple desaparición del callejero de Madrid de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero sirve de prueba del nueve de esa movilización permanente de una minoría para reivindicar el ominoso pasado a la que con demasiada facilidad y frecuencia se someten el PP (con más intensidad) y Ciudadanos (con menos entusiasmo).

No hay ninguna señal de injusticia o abuso en el aislamiento en el Congreso de Abascal y los suyos, sino un reproche generalizado por cuanto proponen. Contra el parecer de quienes dentro del PP lamentan, con la boca pequeña o sin tapujos –de nuevo Álvarez de Toledo–, el trato dispensado al líder del Vox, el hecho es que la democracia parlamentaria solo puede defenderse desacreditando a quien es su enemigo objetivo. Y en un país en el que se ha abierto el melón de la solvencia o consistencia de la forma de Estado es especialmente oportuno encauzar el debate, si se da, en términos que impidan a los portavoces ultras con sus insensateces presentarse como los grandes defensores de la Corona, de la monarquía parlamentaria y del llamado régimen del 78 por parte de la izquierda y por diferentes nacionalismos con inquietudes secesionistas. Acabar con la crispación alocada de todos los días es una necesidad cívica.

 

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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Trump y “El cuento de la criada”

Después del primer debate de campaña entre Donald Trump y Joe Biden ha quedado meridianamente claro que el presidente no aceptará el 3 de noviembre otro resultado que no sea el de su victoria. Se trata de una situación insólita en la historia de Estados Unidos que da pie a los peores presagios o, como mínimo, hace temer que el escrutinio se prolongue lo indecible, se ponga en marcha una campaña de intoxicación informativa desde la Casa Blanca, se multipliquen los recursos ante los tribunales y quién sabe si, en caso de relevo, el presidente saliente obstaculizará finalmente el traspaso de poderes. Todo es posible porque, al tiempo que los analistas menos apasionados coinciden en que los grandes perdedores del debate del martes fueron los electores, las encuestas siguen dando una ventaja sustancial a Biden y pronostican que Trump tiene todas las de perder en alguno de los swing states que le dieron la victoria en 2016.

Hay tres factores desde la noche ominosa del 29 de septiembre que pueden agravar la situación de Trump: el positivo en coronavirus de él y su esposa, la negativa del equipo de la campaña presidencial a cambiar algunas reglas para el segundo debate a fin de evitar el espectáculo bochornoso del primero –Biden fue interrumpido más de 30 veces– y la inquietud de una parte seguramente minoritaria, pero significativa del establishment republicano. Al enfermar el matrimonio Trump han quedado más en evidencia que nunca los disparates y la estupidez presidencial al encarar la pandemia –“solo quiero decir que el final de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores en la historia de nuestro país”, declaró pocas horas antes de certificarse su contagio–; al no aceptar cambios en el formato de los debates propuesto por la comisión nacional ad hoc certifica que donde se siente más a gusto es en medio de un barrizal; al multiplicarse las opiniones de republicanos compungidos se manifiesta una alteración de efectos imprevisibles en el ecosistema electoral del partido.

Joe Scarborough, un exmiembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Florida y respetado analista, sostiene en The Washington Post que el comportamiento de Trump en el primer debate “probablemente le costará la reelección” porque la reacción que suscitó fue “rápida y radical”. Scarborough recoge opiniones autorizadas como la del historidor Jon Meacham, premio Pulitzer –“fue el momento más bajo de la presidencia desde los informes racistas de Andrew Johnson”–, la del también historiador Michael Beschloss –“la democracia fue barrida”– y la del periodista Bob Woodward, que acusa a Trump de “asesinar la presidencia”. Todo remite en el fondo a la opinión tantas veces manifestada por el senador por Arizona John McCain, republicano, fallecido en 2018, que no dejó de deplorar hasta el último días la forma y los mensajes del presidente, siempre hirientes, siempre desaforados, siempre despectivos con sus adversarios.

Nada hay de extraordinariamente original en la vulgaridad del personaje, en su falta de principios, en la catadura moral de quienes le inspiran o en quienes se apoya para capturar la atención de un segmento muy importante de votantes conservadores que han encontrado en la propuesta política de Trump el antídoto a cuanto les molesta procedente de Washington, de los ambientes liberales, de quienes discuten la posesión de armas, de quienes recelan de la proliferación de predicadores retardatarios, afectos a una aplicación radical y zafia de las escrituras. Son los mismos electores que acogieron con angustia la elección de Barack Obama, los mismos que se reconocen como guardianes de las esencias en la llamada América profunda. Son electores que nada tienen que ver ni política ni culturalmente con los electores de estados industrializados, votantes asimismo de Trump, dañados por los efectos sociales de la salida de la crisis de 2008, que optaron por él en 2016 porque creyeron que sanaría sus heridas.

Lo cierto es que la pandemia ha trastocado todos los esquemas, y el endurecimiento del presidente tiene mucho que ver con la tragedia humana y la crisis económica que ha desencadenado. Todo cuanto dice, hace y prevé el presidente está íntimamente relacionado con esa realidad inesperada e insoslayable, desde la propuesta de que Amy Coney Barrett, una integrista católica, sea la sucesora en el Tribunal Supremo de la progresista Ruth Bader Ginsburg, hasta su mención positiva en el debate de los Pround Boys, una organización supremacista blanca (Trump renegó de sus palabras dos días después para remansar las aguas en el Partido Republicano, pero fue demasiado tarde).

No es de extrañar que lo que Donald Trump hace y representa se vea a menudo como una precuela de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y de la subsiguiente teleserie; no debe sorprender que se perciba como el primer sillar de un universo que tiende a las ideas totalitarias, que discute las reglas básicas de la democracia liberal, que ve a la Administración federal como un mecanismo intrusivo. De momento, la Casa Blanca ha sido capaz en cuatro años de alterar la relación entre republicanos y demócratas de tal manera y con tal intensidad que ha agudizado sin freno la división social; ha convertido en norma el desprecio al adversario hasta hacer imposible las políticas bipartidistas, consustanciales al sistema.

Martin Luther King III dijo el mes de junio, a propósito de los disturbios raciales en varias ciudades, que el presidente “se mantenía sordo a la realidad” e “incitaba a la violencia”. Lo más probable es que no se trate de sordera, sino de la traducción práctica del eslogan Ley y orden, pasadas ambas exigencias por el tamiz de la extrema derecha, de igual manera a cómo en la obra de Atwood el fundamentalismo religioso da origen de una teocracia asfixiante y cruel. Hay algo de intrínsecamente dañino en el mundo de Trump porque atenta directamente contra la vigencia de la democracia; en el entorno de la Casa Blanca se esconde algo de profundamente peligroso para la solvencia moral del poder, para la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes. Declarar que “la democracia está amenazada”, como han hecho un grupo de escritores estadounidenses, convocados por Paul Auster y Siri Hustvedt, no es resultado de un alarmismo extemporáneo, sino de una atmósfera irrespirable que envenena el futuro.

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Trump encanalla la campaña

La tensión social en la calle y las bravuconadas de Donald Trump han envenenado la atmósfera en Estados Unidos más allá de toda previsión. Si la fractura social y el enconamiento político disponen hoy de una imagen elocuente, esta es la de las calles de Estados Unidos, sede de la indignada y casi siempre pacífica reacción de cuantos piensan que el asesinato de George Floyd ha sido la gota que colma el vaso, y la conducta de la Casa Blanca, la prueba evidente de que las convenciones democráticas se han visto arrolladas por una mezcla de autoritarismo, populismo y demagogia destemplados. Trump ha decidido que la reelección bien vale degradar el sistema y ponerlo al servicio de sus intereses y objetivos, sin disimulos que valgan.

La urgencia presidencial por sobreponerse a varios problemas concatenados –la desastrosa gestión de la pandemia, con más de 100.000 muertos, los 40 millones de parados provocados por la congelación de la economía y la brutalidad policial puesta de manifiesto por enésima vez en Minneápolis– le han llevado a buscar en la unión en torno a la bandera el contrapeso a lo que señalan encuestas bastante fiables hechas la última semana de mayo: por primera vez la intención de voto por Joe Biden vence a Donald Trump. “La gente está asustada y quiere líderes que tomen decisiones y soluciones simples. Está dispuesta a darle al presidente el beneficio de la duda. De momento”, según explica Michael Paarlberg, de la Virginia Commonwealth University, en un artículo publicado por el think tank Cidob, pero esta necesidad no es ni un cheque en blanco ni garantía de nada. Casi todos los presidentes han logrado la reelección desde el final de la segunda guerra mundial –solo tres fracasaron en el intento–, pero ninguno desempeñó un papel tan determinantemente divisivo, y tampoco ninguno, ni siquiera Richard Nixon, se dedicó de forma tan sistemática a manipular las emociones.

George F. Will, un prestigioso comentarista de The Washington Post, afirma que hay que echar a Trump para sanear la política y el respeto institucional. Decisiones tan extravagantes como bloquear la Casa Blanca para acercarse a la iglesia de San Juan y retratarse con una Biblia en la mano, declaraciones como que el país “necesita ley y orden” después de haberse ocupado de calentar los ánimos, atribuir las protestas a un supuesto movimiento antifa –tradúzcase antifascista–, cuando tal cosa no existe, y amenazar con recurrir al Ejército para acabar con las manifestaciones son solo algunas de las etapas en la escalada de Trump hacia un horizonte inevitablemente preocupante.

La conducta del presidente, dice Will, “ha demostrado que la frase bufón maligno no es un oxímoron”, y ha dejado en evidencia al Partido Republicano, que no cumplió en 2016 con la función primaria de toda formación política de “otorgar su imprimatur a los candidatos”, sino que consintió en nominar a un “personaje vulgar”. Quizá la vulgaridad se haya tornado pesadilla y quizá el republicanismo clásico se ha llevado demasiado tarde las manos a la cabeza, pero es muy significativa la alarma de algunos de sus militantes influyentes –George W. Bush entre ellos– y de conservadores sin adscripción política, pero que estuvieron al lado de Trump al inicio de su presidencia, como el general James Mattis, exsecretario de Defensa. Lo mismo puede decirse del titular en ejercicio al frente del Pentágono, Mark Esper, en una país en el que el prestigio de las fuerzas armadas es un valor transversal.

A los motivos inmediatos de alarma hay que añadir aquellos relacionados con la convocatoria electoral del 3 de noviembre. ¿Qué manejos se puede traer Trump para adulterar o condicionar la votación? ¿Puede el presidente obstaculizar el ejercicio del voto por correo? ¿Está la Casa Blanca dispuesta a tocar las urnas? No son estas preguntas a humo de pajas, sino que con estas u otras palabras las planea Reid J. Epstein en The New York Times. Entre las posibilidades que baraja el analista, que no es un afecto a la teoría de la conspiración, figura esta: “Después de que Biden gana por estrecha victoria en el Colegio Electoral, Trump se niega a aceptar los resultados, declara que no abandonará la Casa Blanca y rehúsa permitir el acceso habitual del equipo de transición de Biden a las agencias antes de la toma de posesión el 20 de enero”. Verdaderamente perturbador, siquiera se trate de una mera hipótesis.

La tarea fundamental de los demócratas es convencer a una parte de los electores que en 2016 votaron por Trump, atraer a los jóvenes que en las primarias apoyaron mayoritariamente a Bernie Sanders y movilizar el voto afroamericano en la misma proporción que lo consiguió Barack Obama en 2008 y 2012. En teoría, con la crisis económica castigando a la clase media, debería ser relativamente fácil lograr tales objetivos en las grandes ciudades, pero el perfil social de los estados poco poblados y alejados de los grandes centros de poder –económico, político, cultural y de todo orden– plantea serias dudas sobre la capacidad demócrata de movilizar en su favor a los indecisos. Michael Paarlberg da una serie de razones que inducen tradicionalmente a los votantes a apostar casi siempre por la reelección y añade la que llama “obsesión demócrata por los swing states”, cuando en esta ocasión la elección se dilucidará en un ambiente de crisis sin precedentes, propicio para un enfoque binario de los problemas.

¿Puede la implicación de Barack Obama en la campaña cambiar el rumbo demócrata? La declaración del expresidente difundida el miércoles por las grandes cadenas de televisión da a entender que algo se ha puesto en movimiento para neutralizar el efecto electoral de los arrebatos de Trump. Más allá del entorno presidencial, nadie pone en duda la decencia de Biden, pero en una campaña encanallada hasta el paroxismo solo la solvencia del liderazgo de Obama parece capaz de dejarse oír por encima del ruido ensordecedor que emiten a todas horas los estrategas de la Casa Blanca. Es algo necesario para Estados Unidos, para que deje de juzgarse la salud moral de la nación “por el carácter de aquellos a quienes se les confía el poder”, en feliz frase de George F. Will. Y es precisa la reacción moral frente a Trump para evitar que una generación quede señalada por las malas artes de un presidente.

Otra tumba para Franco

“Las guerras civiles no terminan nunca” es una frase de Sebastià Juan Arbó que hace unos días recogía en EL PERIÓDICO Care Santos a propósito de la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Pero resulta tan actual que es perfectamente aplicable al aproximar el objetivo a las reacciones posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de dar por buena la exhumación de los restos del general Franco y su inhumación en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio. No hay paz en las guerras civiles, lo sucedido en ellas se transmite de generación en generación, en el bando de los vencedores y en el de los vencidos, mientras sobre el terreno abundan las muestras de enfrentamiento entre los herederos de los vencedores, que pretenden prolongar ad infinitum los efectos de victoria, y de los vencidos, que quieren dignificar la derrota y honrar a sus muertos: a los que perdieron la vida en combate, a los represaliados, a los que fueron víctimas de la venganza en la posguerra, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes.

La profusión de declaraciones del neofranquismo posteriores al fallo del Supremo abunda en la pretensión de imponer la lógica de los vencedores, de quienes se alzaron contra la legalidad republicana, sepultaron la democracia y sostuvieron una dictadura vesánica durante casi cuatro décadas. Hablar de profanación de tumbas (Santiago Abascal, líder de Vox), declarar que les “da igual que sea legal o no” (Vox de nuevo), manifestar que el único afán es dividir a los españoles (Alfonso Serrano, del PP) no son más que reacciones procedentes del mismo propósito: salvaguardar la memoria de la dictadura. Referirse a la vulneración de los derechos de la familia (Rocío Monasterio, diputada de Vox) es desconocer o manipular la historia habida cuenta de que el general Franco nunca manifestó su deseo de ser enterrado en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos es patrimonio del Estado y, en consecuencia, es potestad suya decidir quién puede hacer uso de un bien de titularidad pública.

Es igualmente preocupante que el centroderecha presente el asunto como una herencia del pasado amortizada por el presente, por la vigencia de un régimen democrático. Es tanto como sostener que la ley de memoria histórica carece de sentido o es una concesión a los aficionados a contar batallitas. Si el general tiene derecho a una sepultura digna, según reconoce el Gobierno, no menos derecho tienen aquellos que fueron víctimas de su dictadura y fueron enterrados en fosas comunes, en cunetas y en los osarios del Valle de los Caídos, todos aquellos a quienes aún hoy sus descendientes buscan sin haber tenido siempre de su lado el presupuesto y los medios de los poderes públicos.

De la misma manera que una de las peores herencias del nazismo fue la nazificación de la sociedad alemana y uno de los grandes desafíos de la posguerra, al menos durante dos generaciones, fue la desnazificación, la peor herencia del franquismo fue la franquificación de una parte de los españoles para quienes es un dato irrelevante el hecho de que los tres poderes del Estado coincidan en el deber de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es la franquificación la que procura argumentos para sostener que el cambio de lugar de los restos de Franco es un acto divisorio, como si la dictadura que siguió a la degollina no lo hubiese sido por definición durante décadas.

Escribe Stanley G. Payne en El régimen de Franco: “No sirve sugerir, como lo han hecho algunos, que se puede atribuir a Franco el mérito de haber creado la España democrática y tolerante de los años ochenta. Una dictadura no es una escuela de democracia y Franco no fue el responsable de la democratización de España”. No por evidente, la puntualización es innecesaria. El dictador dejó una herencia de sectarismo e intolerancia y es un hecho que la evolución del régimen democrático hubo de afrontar la resistencia permanente del franquismo sociológico, y aún hoy se dan episodios de resistencia en el Congreso, en las comunidades autónomas, en general en todas las instituciones del Estado, cuya única explicación se halla en el legado franquista.

El cambio de sepultura de Franco es un gesto de saneamiento democrático y es, al mismo tiempo, un caso insólito en Occidente. La dignificación de Cuelgamuros como cobijo de víctimas de la guerra civil y de la dictadura cumple con el deber de separar a los muertos de quien les arrebató la vida; la singularidad del caso es que ningún dictador coetáneo de Franco ha disfrutado de una exaltación post mortem como la a él dispensada. Antes al contrario, se ha procurado rodear de discreción y silencio el lugar donde los dictadores fueron enterrados, se ha evitado convertir las tumbas en santuarios de los añorantes de las dictaduras y se han borrado de todas partes los nombres de los secuaces de regímenes felones que liquidaron la libertad.

La guerra civil no es un capítulo amortizado de la historia porque a cada poco surge el recuerdo del pasado en las discusiones de ahora. Los descendientes de los agraviados, los perseguidos, los sometidos a la arbitrariedad tienen tan presente lo que sucedió que se sienten parte de la tragedia sin haberla vivido o habiéndola vivido durante sus primeros años de vida, y aspiran solo a saber dónde murieron sus antepasados para honrar su memoria. No es el caso de los Franco, movilizados para impedir la aplicación de una medida aprobada por el Parlamento, incluida en el programa del Gobierno y sancionada por el Tribunal Supremo. Es imposible dar con una mayor unanimidad democrática.

 

Otra vez la sombra de Franco

La resolución del Tribunal Supremo que frena el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo es un abigarrado compendio o resumen de la incapacidad manifiesta del poder judicial para preservar la dignidad de las víctimas de la dictadura. “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, se dice en una declaración de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El párrafo es tan preciso y escueto que apenas deja margen para el disentimiento o la prestidigitación judicial y aporta, en cambio, suficientes argumentos morales como para mover a reflexión a los magistrados que por unanimidad han antepuesto los recursos presentados por la familia del dictador y varios particulares a cualquier otra consideración, y disfrutan del respaldo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados.

Por si esto no fuera suficiente, la consideración de jefe del Estado atribuida a un militar golpista a partir del 1 de octubre de 1936 es poco menos que un atentado al principio de legalidad, habida cuenta de que el único poder legitimado en aquella fecha era la República, presidida por Manuel Azaña. Es decir, el tribunal antepone –de nuevo el mismo verbo– la conducta de los sublevados a los efectos de la degollina por ellos desencadenada. Algo verdaderamente sorprendente viniendo como viene de personas relevantes del Poder Judicial de un Estado democrático; algo inquietante, cabe añadir, sabido que demasiadas cunetas, campas y fosas comunes de cementerios siguen siendo las tumbas improvisadas de miles de víctimas de la felonía de 1936 y siguientes.

Resulta desconcertante que 44 años después de la muerte de Franco sigan tratándose los asuntos que le afectan post mortem como los de cualquier honrado ciudadano, protegido por toda clase de cautelas más allá del último aliento. Es asimismo desconcertante que sea tan extraordinariamente complejo separar la tumba del verdugo de la de sus víctimas. Mientras la basílica del Valle de los Caídos no deje de albergar los restos de Franco seguirá siendo un monumento descomunal al totalitarismo vesánico, no solo porque su construcción fue iniciativa del general, sino porque mediante él se enaltece su figura y se falsea la historia. Y si por fin los jueces entienden que el Gobierno está del todo legitimado para exhumar los restos del dictador, harán falta dosis enormes de imaginación, espíritu de concordia y saneamiento del lugar para que se desvanezca su impronta franquista y adquiera un carácter civil y democrático.

Primo Levi dejó dicho: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios preparados para creer y actuar sin hacerse preguntas”. No hacerse preguntas es extremadamente arriesgado y conformista, y en el caso de la instalación de Cuelgamuros, después de un silencio prolongado, es ineludible plantear un rosario de interrogantes dentro y fuera de las salas de justicia. Y de entre todos ellos, sobresale uno: ¿puede un Estado democrático mantener sin cambios un ámbito destinado a exaltar la figura de alguien que se levantó contra quienes había jurado lealtad –las autoridades de la República–, contó con la asistencia de la Alemania nazi –Adolf Hitler– y la Italia fascista –Benito Mussolini–, devastó el entero país y persiguió con saña a sus adversarios?

Responder a la pregunta con una remisión al procedimiento contencioso-administrativo en curso es, por lo menos, la burda simplificación de un asunto que atañe a la memoria colectiva del país, a la dignidad de los aniquilados por la dictadura, a los forzados a huir para salvar la vida y que murieron en el exilio, a la peripecia de tantos que aguardan un reconocimiento por lo menos moral por los padecimientos que debieron soportar. Al mismo tiempo, esa memoria colectiva incluye los enterados sin asomo de duda que enviaban a la otra España al paradón, la represión sin freno, los tribunales de excepción, las ejecuciones extrajudiciales y la institucionalización de la violencia como arma política contra los oponentes.

Al recordar los cuantiosos atropellos cometidos por el general Franco y sus secuaces y leer luego la resolución del Supremo es inevitable sentir que, en cierto sentido, los recurrentes juegan como locales y acaso disfrutan de cierta ventaja. Quizá sea solo eso, una sensación desaforada –ojalá sea únicamente eso–, pero que los tribunales dificulten en tan grande medida la aplicación de lo acordado por el Gobierno para la sepultura de un personaje de trayectoria reprobable no deja de contener una paradoja: quien hizo saltar por los aires un régimen democrático, la República, legitimado por las urnas, encuentra tantos años después, en el sistema judicial de otro régimen, asimismo democrático, una cobertura extrema de sus presuntos derechos mediante la acción en los tribunales de quienes quieren poner a salvo su memoria o recuerdo mediante su permanencia en el mausoleo que lo acoge.

En la introducción de la biografía de Franco publicada por Paul Preston se mencionan algunos rasgos característicos de la personalidad y el comportamiento del dictador: se veía a sí mismo “a través del prisma exagerado de su propia propaganda”; “las ansias de adulación, la fría crueldad y esa timidez que trababa su lengua eran manifestaciones de un agudo sentimiento de inadaptación”; la novela Raza, que firmó como Jaime de Andrade, fue “la manifestación más radical y autocomplaciente de los incansables esfuerzos de Franco por crear un pasado perfecto”. Tal pasado no existió como es harto sabido, sino que vulneró todos los límites que impone el respeto al género humano. Sin embargo, la necesidad imperiosa de salvaguardar tal certidumbre histórica se ha ido en parte por el sumidero de una resolución judicial tan exageradamente garantista que solo atiende a los derechos post mortem del dictador y su descendencia y transmite la impresión  de vulnerar o soslayar los de cuantos, vivos o muertos, siguen esperando una reparación.

 

La Iglesia católica debate su peor crisis

La Iglesia católica afronta su más grave y escandalosa crisis desde el final de la segunda guerra mundial, y seguramente una de las más dañinas desde hace siglos para su prestigio de guía moral para creyentes y también no creyentes. En el encuentro titulado Protección de la Infancia en la Iglesia, convocado por el papa Francisco, los presidentes de 114 conferencias episcopales, representantes de las iglesias orientales, de los dicasterios y obispos sin diócesis, hasta sumar un total de 190 clérigos, tienen en sus manos y en las decisiones que adopten la paulatina restauración del prestigio de la institución, la preservación del perfil reformista del sumo pontífice y el saneamiento del vínculo entre los pastores y la grey. El mandato exigente del Papa –“El santo pueblo de Dios nos mira y no solo espera de nosotros simples y obvias condenas, sino todas las medidas concretas y eficaces que se requieran. Hace falta ser concretos”– debe llevar a los padres sinodales a ser ejecutivos; de no serlo, la desorientación de la feligresía irá en aumento y se multiplicarán las dudas en todas direcciones acerca de la capacidad de la Iglesia de regenerarse.

La fase de pedir perdón por los pecados cometidos ha quedado superada por la difusión de los casos de pederastia identificados en todos los ámbitos de la Iglesia, que afectan a decenas de miles de víctimas y a otros tantos miles de sacerdotes. La época de los actos de contrición en privado quedó atrás hace mucho tiempo, desbordada por las dimensiones de la epidemia y la mala conciencia de puertas para adentro. La sensación de que la ocultación, el encubrimiento y otras formas de silenciar los casos de pederastia revela un mal sistémico en el funcionamiento de la Iglesia, por lo menos desde los días de Juan XXIII, convierte en moralmente imposible cualquier vía de escape que no incluya el compromiso firme y tajante de las autoridades eclesiásticas de llevar a los culpables ante la justicia civil para que respondan de sus fechorías. Los menores sometidos al acoso de los pederastas con sotana tienen igual derecho de ver perseguidos y condenados a quienes los asaltaron que los que fueron víctimas de pederastas no consagrados.

Como ha argumentado Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y ha recogido L’Osservatore Romano, el silencio de las víctimas “es uno de los frutos más odiosos” de la pederastia. Abunda el prelado en la opinión de psicólogos y sociólogos acerca del abuso de autoridad como requisito indispensable para que se dé el abuso sexual, y añade el analista Marco Bellizi: “Una conciencia manipulada no es capaz de expresarse adecuadamente. A menudo pierde también la capacidad de comunicar lo que le está sucediendo”.

Puede decirse sin riesgo a exagerar que ese silencio inducido por una mezcla de miedo, vergüenza y soledad se ve agravado cuando renuncian a esclarecer los hechos ante la opinión pública quienes están en condiciones de atender a las víctimas y resarcirles su dignidad como parte de la etiquetada como acción pastoral. Lo entendió así Benedicto XVI antes de ocupar la silla de Pedro –cardenal Josef Ratzinger, entonces–, pero detuvo la iniciativa el papa Juan Pablo II, que toleró el secretismo y la componenda en las sacristías, y pretendió poner a salvo de la justicia civil a los pederastas. Todos los casos desvelados por los medios de información y las autoridades religiosas que se han negado a respetar un silencio ominoso permiten llegar a la conclusión de que la crisis de identidad de la Iglesia no habría alcanzado las cotas de hoy si la jerarquía hubiese intervenido con determinación hace decenios.

Cuando el cardenal Ratzinger dijo en 2005 que la Iglesia está “llena de suciedad” no hizo más que llamar la atención sobre un mal que erosionaba su solvencia como referencia moral. Claro que, al mismo tiempo, el teólogo Hans Küng, amigo de Ratzinger en su juventud, culpa al Papa emérito de ser el principal responsable de la ocultación de la pederastia en las entrañas de la Iglesia, y exige a este que entone un mea culpa. Cree Küng, y con él el grueso del sector más progresista del catolicismo, que Ratzinger se plegó a las presiones y exigencias de la Iglesia conservadora, instalada en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el cardenal fue prefecto durante décadas, y así llegó al papado con las manos atadas.

Aquello que han deplorado los teólogos de orientación reformista es la aplicación a los casos de pederastia del llamado secreto pontificio, cuya vulneración por un ordenado es susceptible de sanción eclesiástica. Se diría que al exigir a la asamblea reunida en Roma la adopción de medidas concretas, Francisco ha liquidado para siempre el antedicho secreto para los episodios de abusos sexuales en menores. Otra cosa es que los convocados por el Papa se avengan a poner en marcha un mecanismo de denuncia sistemática de los pederastas, de castigo sin excusas en el seno de la Iglesia y de entrega a las autoridades civiles para que se les aplique el Código Penal y el castigo que les corresponda. Pareciera lo más adecuado dada la trascendencia del momento, pero en la tradición eclesial aún pesa mucho la vieja idea de que la ropa sucia se limpia en casa (si es que se limpia).

La omertà pervive en sectores muy importantes del catolicismo como una oscura tradición que pone a los sacerdotes e integrantes de congregaciones religiosas fuera del alcance sancionador del poder civil, que finalmente es la única garantía de igualdad ante la ley que tienen los ciudadanos. La estructura de poder piramidal de la Iglesia, una teocracia electiva, reducido el voto al colegio cardenalicio reunido en cónclave a la muerte o dimisión del Papa, permite que el secretismo sea la norma y la transparencia, la excepción. Pero al aplicarse el oscurantismo a los casos de menores que vieron vulnerados sus derechos por ministros de la Iglesia –los que cometieron los abusos y los que los encubrieron–, la ley del silencio pasa de ser una tradición a ser una enfermedad, un comportamiento indefendible y sin justificación posible.

Ni siquiera la consideración del celibato como desencadenante de conductas reprobables tiene el peso y la consistencia argumental que habitualmente se le atribuye. Hans Küng afirma en un artículo publicado en 2010: “Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos”. Y cabe añadir, en otros asuntos englobados en lo que cabe calificar como políticas del cuerpo, esto es todo aquello que atañe a la autonomía de los individuos para disponer de su cuerpo con libertad y responsabilidad. Ciertamente, sin el celibato obligatorio, los casos de pederastia serían menos numerosos, según sostienen los expertos, pero quien elige seguir la carrera eclesiástica en la Iglesia católica sabe de antemano que deberá mantenerse célibe de por vida, algo probablemente antinatural y contradictorio con el mensaje del cristianismo primigenio, como recuerda Küng al citar un pasaje del evangelio de Mateo: “El que pueda con esto, que lo haga”. Algo que en ningún caso debe inclinar a la comprensión de los asaltantes de menores (todos los ordenados son adultos).

El teólogo y antiguo fraile franciscano Leonardo Boff estimó en 2010 que la crisis en curso es la más grave desde la reforma protestante (siglo XVI). A la acumulación de poder de la Iglesia, al distanciamiento de las nuevas realidades sociales y a la neutralización de la teología de la liberación, con efectos devastadores para la cohesión de la comunidad católica en América Latina, se ha unido la pederastia a modo de termita que mina los cimientos de la institución. Es enorme el daño infligido a la versión más desprendida del catolicismo como refugio de los desheredados. De forma que mientras prevalece en amplísimas capas de la opinión pública el brillo del inmenso patrimonio acumulado por la Iglesia de Roma, la grandiosidad de su legado histórico, se multiplican las dudas acerca de su disposición a aplicar cirugía de hierro para combatir la lacra execrable de la pederastia. En este asunto no cabe aplicar la máxima agustiniana “Roma locuta, causa finita” (Roma ha hablado, caso cerrado).

 

Amenazas ultra en aumento

El documento de 19 puntos presentado por Vox al Partido Popular durante las negociaciones de su alianza en Andalucía resume con palmaria claridad hacia dónde apunta el acelerado resurgir de la extrema derecha en Europa: la restauración de un pasado indeseable, la impugnación de la cultura política liberal puesta a salvo por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y, en el caso de España, la recuperación del legado franquista. Los ademanes y la fraseología rescatados del sumidero ideológico ultra por Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y otros portavoces no desmerecen ni en una coma las andanadas de Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders y demás adversarios declarados del régimen de libertades trabajosamente construido durante décadas. Nada hay en las exigencias de Vox para sumergir en un lodazal a la Junta de Andalucía que se desvíe de la línea argumental desarrollada por las fuerzas europeas más retardatarias y, por esta razón, más empeñadas en anteponer la nación al europeísmo, los mitos de la historia a las complejidades del presente y la negación de una sociedad en rápida transformación mediante el recurso a un tradicionalismo profundamente reaccionario.

Las facilidades dadas por el PP a Vox para convertirse en actor político de primer orden resultan sorprendentes. Con la vista puesta únicamente en lograr la presidencia de Andalucía para Juanma Moreno, se ha adaptado a un léxico y unos objetivos que son los de la extrema derecha de siempre. Es una falacia el mensaje de Pablo Casado según el cual los populares han probado en Andalucía –negociando en Madrid, no se olvide– que son el único partido capacitado para negociar con quienes desfilan a su derecha y a su izquierda. En realidad solo ha quedado demostrada su disposición a entenderse con la extrema derecha sin necesidad de ponerse una pinza en la nariz; en la práctica ha confirmado que responde a una pregunta inquietante: ¿vale todo para alcanzar el poder?

El dontancredismo de Ciudadanos no resulta menos perturbador. Al ponerse de perfil y no darse por enterado de en qué condiciones compartirá el Gobierno andaluz con el PP, bendice la componenda y alarma a la familia liberal europea, singularmente a Manuel Valls, que persigue la alcaldía de Barcelona con el apoyo de los de Albert Rivera, y a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ambos entienden que no cabe pacto alguno con los partidos extramuros del sistema que pretenden desdibujar las libertades mediante demagógicas apelaciones a la seguridad, a la desnaturalización de la identidad nacional y a una tópica serie de emociones primarias.

Todo ello invita a recordar las advertencias de dos grandes pensadores europeos, Edgar Morin y Stéphane Hessel, que advirtieron reiteradamente en el pasado de los peligros que se ciernen sobre Europa, sometida a inacabables reivindicaciones nacionalistas, a los efectos sociales de la salida de la crisis y al desparpajo de la extrema derecha para arremeter contra el proyecto de integración a través de una mezcla heterogénea de promesas sociales y contracción de las libertades. Al mismo tiempo, la situación que se da en los prolegómenos de la campaña para las elecciones europeas de mayo permite a autores como la profesora Paola Subacchi, de la Universidad de Bolonia, referirse al “viejo nuevo populismo de Italia”, y a Barry Eichengreen, de la Universidad de California, mencionar la necesidad que tiene Europa de “avanzar para evitar retroceder”, puesto que si no se encamina hacia nuevas metas, la presión de la extrema derecha puede llevarla a dar marcha atrás en muchos ámbitos.

Desde que Morin y Hessel publicaron en 2012 El camino de la esperanza hasta el presente, bastantes cosas en el mosaico político europeo han cambiado a peor, y la más preocupante es justamente la recomposición de la extrema derecha y la disposición de un segmento muy importante de las clases medias defraudadas a dejarse seducir. Con dos momentos excepcionalmente importantes en el desarrollo de los acontecimientos: el éxito del nacionalismo británico más rancio en el referéndum del brexit (junio de 2016) y la victoria de Donald Trump (noviembre del mismo año). En ambos casos, la extrema derecha se ha sentido reconfortada con una andanada contra la línea de flotación de la Unión Europea y con la consagración del presidente de Estados Unidos como referencia ineludible de la nueva internacional retrógrada que aspira a todo.

Al mismo tiempo, las advertencias reiteradas dirigidas a los partidos conservadores para que aíslen la oferta ultra han caído en saco roto con demasiada frecuencia. Cada vez que el conservadurismo clásico pacta con los extremistas no hace otra cosa que alimentar las expectativas de crecimiento de estos últimos de acuerdo con el viejo axioma según el cual las copias salen perdedoras –siempre juegan en campo contrario– cuando imitan a los originales a fin de neutralizarlos. Pero ni siquiera los precedentes históricos inducen a rectificar a los conservadores partidarios del posibilismo a ultranza.

En palabras de Edgar Morin, “la política del día a día alienta a la extrema derecha” por varias razones que se retroalimentan: el coste social de la salida de la crisis, el desprestigio de los políticos, sometido a los rigores de las tecnofinanzas, la corrupción allí donde es rampante y ostentosa y la certidumbre cada vez más extendida de que los hijos de la generación que ha padecido y gestionado la última crisis vivirán peor que sus padres. Poco importa que los programas ultraconservadores pretendan retrasar el reloj de la historia en apartados tan relevantes y variados como los anotados por Vox –violencia de género, memoria histórica, colectivos con diferentes orientaciones sexuales, atención de los flujos migratorios, etcétera–, lo que cuenta para una franja del electorado es salir como sea del laberinto en el que se siente abandonado por el establishment. Se ha dicho ad nauseam y no está de más repetirlo: la mayoría de los electores que han otorgado su favor a la extrema derecha en Andalucía y en otros lugares no son representantes de un posfacismo renacido, sino integrantes de una minoría en crecimiento entre harta y desilusionada

Buscar la complicidad de la extrema derecha para alcanzar el poder o caricaturizarla no hace más que alimentar sus expectativas y difundir su discurso en todas direcciones. Diríase incluso que reconforta a sus votantes si en algún momento han dudado del acierto de su elección porque en la medida en que políticos ultras entran en las instituciones, su oferta pasa a ser, al menos teóricamente, la de una fuerza convencional y deja de ser, asimismo teóricamente, la de un grupo antisistema, aunque su programa sea netamente anticonstitucional, como sucede en el caso de Vox. De lo que se desprende que el cordón sanitario en torno a la extrema derecha no es una opción más, sino una necesidad imperiosa para preservar la vigencia de la cultura democrática.

La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.