La posverdad emponzoña la democracia

Este atropello a la decencia conocido como posverdad obliga a reflexionar sobre desafíos de índole ética que no afectan solo a los políticos, sino también a los medios de comunicación, hipnotizados demasiado a menudo por los especialistas en construir una realidad que no pretenden demostrar o probar. En Estados Unidos hay quien ha ocupado su tiempo en calcular el coste que hubiese tenido la difusión de los embustes de Donald Trump si en vez de salir en la prensa y en los noticiarios de la radio y la televisión en forma de información se hubiesen difundido como publicidad de pago: la factura habría ascendido a no menos de 3.000 millones de dólares. Pero la habilidad de Trump para ser perejil de todas las salsas y la impericia de los medios al enfrentarse al fenómeno facilitó la tarea a un patán vociferante que el día 20 se instalará en la Casa Blanca.

Pero ¿qué es la posverdad? Un conjunto de mentiras o engaños vestidos y vendidos como ingredientes de la realidad. No es otra cosa. En Alemania han acuñado la expresión verdad posfactual, un poco ampulosa, pero quizá más cercana a ese presunto invento de nuestros días que viene de muy lejos (basta echar la vista atrás y hacer acopio de datos en la documentación del III Reich, del stalinismo o del franquismo para concluir que nada nuevo luce bajo el sol). Porque no importan los hechos en la posverdad –la verdad alternativa de Stephen Colbert, recordada por Timothy Garton Ash en un artículo publicado en El País–, solo la reiteración de afirmaciones surgidas en gabinetes cuya misión exclusiva es construir una realidad virtual, artificial, de usar y tirar si con ello se alcanza el objetivo perseguido (generalmente, el poder).

No exageró un ápice en Chicago el presidente Barack Obama cuando dijo que los medios de comunicación “amenazan la democracia al permitir que la gente se retire a sus propias burbujas de conocimiento”. Al contrario, al dar por buenas versiones o datos sin ninguna comprobación empírica, hinchan las burbujas y se alejan del primero de sus compromisos éticos: atenerse a los hechos. “Nos volvemos tan seguros en nuestras burbujas que solo aceptamos la información, verdadera o no, que se ajusta a nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en pruebas que las sustenten”, afirmó Obama. La democracia y el libre examen desaparecen cuando ocupan su lugar la demagogia y las afirmaciones sin fundamento.

Una encuesta elaborada en seis países por la Universidad de Cambridge concluye que retrocede el europeísmo en las sociedades europeas. El país con más europeístas es Dinamarca (38% de la población), seguido de España (27%), Alemania (26%) y el Reino Unido a pesar del brexit (23%), muy por delante de dos países fundadores de la Unión Europea: Italia (15%) y Francia (14%). ¿Hasta qué punto las posverdades, verdades posfactuales o verdades alternativas han contribuido al enfriamiento del europeísmo en favor de nacionalismos renacidos sobre la manipulación de los sentimientos? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación han estado en disposición de neutralizar la intoxicación informativa que ha dado alas a personajes y programas tan dados a la simplificación (enunciados simples y soluciones simples para problemas retorcidamente complejos)?

La reciente conferencia de prensa de Donald Trump ha sido una vuelta de tuerca más en la ominosa técnica de la posverdad. Según factcheck.org, fue una falsedad una afirmación tan llamativa, entre otras, como que 96 millones de personas no están incluidas en las estadísticas como “fuerza de trabajo”: lo cierto es que el cálculo trumpiano suma jubilados, estudiantes y otros colectivos que no buscan trabajo, de forma que, deducidos estos grupos, la cifra de los que quieren trabajar sin figurar en censo alguno son 5,5 millones. Tampoco es cierto que Obama decidiera la retirada de Irak “en un momento equivocado”, otra posverdad trumpiana, sino que la fecha fue establecida por su antecesor, George W. Bush. Y así sucesivamente hasta emitir un conjunto de afirmaciones sin mayor consistencia, aunque quizá sí con poder de convicción para los convencidos de antemano.

Acaso la estación de llegada de tal ceremonia de la confusión en la que participa Trump, pero en la que se aglomeran otros muchos oficiantes, sea la culminación de un largo proceso en el que los compromisos políticos de los gobernantes, de los partidos, de los titulares del poder o de los aspirantes a serlo han sido suplantados por la propaganda, por la intoxicación informativa, por la profusión de datos servidos en bruto, sin citar fuentes, sin someterlos a la prueba del nueve del trabajo de campo. Y aquí surge como un auténtico imperativo categórico el papel develador de los medios, su función esclarecedora de lo que se oculta, se maquilla o se deforma con el fin último de distorsionar la realidad. Demasiadas veces tal empeño cayó en el olvido durante el ascenso político de Trump, pero también de los nacionalismos gesticulantes que se han asomado a codazos en el escenario europeo mediante la utilización de crisis sociales inconmensurables –la llegada masiva de refugiados, las políticas de austeridad, las arremetidas del Estado Islámico– para desacreditar la vigencia del europeísmo.

Cuando un medio digital tan ajeno a la honradez informativa como breitbart.com se presenta en Europa con el propósito confeso de apoyar las campañas del Frente Nacional en Francia y de Alternativa por Alemania, dos proyectos desabridos, xenófobos y sectarios, herederos de las peores tradiciones políticas europeas, solo cabe decir que la posverdad se instalará en las campañas electorales de dos países determinantes para rescatar a Europa de la desorientación. Frente a la “apatía de los ciudadanos”, citada por Obama en el discurso de Chicago, es imprescindible la reacción de los medios, que ni creen posible la simplificación del presente ni comparten la idea cada día más extendida de que falsear la realidad es una cualidad imprescindible de la política y de los políticos. Nada tienen que ver la posverdad o breitbart.com –dos caras de una misma moneda– con la libertad de expresión, fundamento de la democracia, sino con la intoxicación.

Timothy Garton Ash recuerda en el artículo citado con anterioridad la seguridad de John Milton en que en “un combate justo y limpio” la Verdad, escrita con la inicial mayúscula, prevalece siempre sobre la Mentira, asimismo con mayúscula, una seguridad de la que debemos dudar, según el profesor de Oxford, “aleccionados por decenios de mentiras totalitarias, manipulaciones políticas y, ahora, el desafío de la posverdad”. Entonces ¿qué hacer? Esforzarnos, sostiene Garton Ash, “para que esa pelea efectivamente sea justa y sea limpia”, para que se disipe esa niebla cada vez más densa que emponzoña la democracia en la aldea global.

Trump, lastrado por la sospecha

“Las normas democráticas han sido y siguen siendo violadas, y cualquiera que rehúse reconocer esta realidad es en efecto cómplice de la degradación de nuestra república”, sostiene el nobel de Economía Paul Krugman en un artículo publicado por The New York Times con el expresivo título La elección corrompida. ¿A qué se refiere Krugman? A la movilización de hackers rusos que interfirieron en la campaña electoral en favor o apoyo de Donald Trump, un caso de deslegitimación moral agrandado con el extraño comportamiento del FBI, que diez días antes de la elección insinuó que podía disponer de nuevas pruebas que inculpaban a Hillary Clinton, pruebas que finalmente resultaron ser inexistentes. Conclusión: “El resultado fue ilegítimo de manera significativa: el ganador fue rechazado por el público y ganó el Colegio Electoral solo gracias a la intervención extranjera y al comportamiento burdo, inapropiado y partidista de los organismos nacionales de seguridad”, escribe Krugman.

Acaso sea este el artículo más duro dedicado a Trump desde su victoria del 8 de noviembre, y en él se aborda un factor primordial de la praxis política en democracia: la distinción o diferencia entre lo legal y lo legítimo. No hay en el triunfo de Trump asomo de manipulación de las papeletas o adulteración de los recuentos más allá de los inevitables errores mecánicos en un proceso en el que participan decenas y decenas de millones de ciudadanos. Pero hay demasiados datos que inducen a pensar, incluso a afirmar, que el presidente electo llegará al Despacho Oval por el tortuoso camino de la manipulación de la opinión pública trazado a la vez por una potencia extranjera y por una parte de la comunidad de inteligencia, inequívocamente decantada hacia el candidato republicano.

El nombramiento de Rex Tillerson, presidente de Exxon-Mobil y en muy buena relación con Vladimir Putin, induce a pensar que nada es casual en esta historia de interferencias en un proceso electoral que es el que entraña más consecuencias a escala planetaria. Mientras el Gobierno ruso apoya la condena al martirio decretada por el presidente de Siria, Bashar al Asad, para los habitantes de Alepo, ni una sola voz ni un solo gesto sale de la torre Trump, cuartel general del presidente electo. Nadie dice nada en el universo trumpiano para pedir que se detenga la carnicería, y la situación no es esta por respeto a la iniciativa diplomática de la Administración de Barack Obama –creerlo sería de una ingenuidad inexcusable–, sino porque Trump se dispone a cambiar por completo el marco de referencia de Estados Unidos en el mundo. Sin sopesar ni por un instante que con una diferencia de bastante más de dos millones de votos a favor de Hillary Clinton puede sostenerse sin equivocación que la mayoría en Estados Unidos se opone al giro que barrunta.

Otra vez lo legal y lo legítimo: el Colegio Electoral está legitimado para dar la presidencia a Trump, pero él no lo está para soslayar en qué condiciones se produjo la victoria y a quién votaron más ciudadanos el 8 de noviembre. Hay demasiadas sospechas de injerencias extraelectorales en el éxito de Trump como para aceptar que el único parámetro que debe tenerse en cuenta es aquel que se ciñe escrupulosamente a lo que establecen la Constitución y las leyes. De hacerlo, se alimenta la desconfianza en el sistema y el enconamiento del debate político entre bandos antagónicos.

Sin recurrir necesariamente a la propensión apocalíptica de Noam Chomsky o a un posible “fascismo amistoso”, vaticinado por Bertram Gross en 1980, la comunidad académica, el mundo de la cultura, las sociedades urbanas de las dos costas y la juventud ilustrada de Estados Unidos participan con preocupación en este doble debate: el de la legitimidad moral y el de los riesgos de fractura social. Las referencias que llegan de Europa son alarmantes: el populismo nacionalista, excluyente y xenófobo está ahí para disputar la hegemonía política a la tradición liberal, a las sociedades abiertas sustentadas en el pluralismo político, la diversidad y el respeto a la autonomía de los individuos. Y este trasfondo preocupa tanto o más que la victoria misma de Trump porque fija un rumbo que pretende contener el mestizaje cultural, la economía global y el multilateralismo, realidades todas ellas llenas de problemas, pero preferibles al sectarismo, el proteccionismo y un aislacionismo de geometría variable (business is business).

Al mismo tiempo, se antoja inquietante el papel desempeñado por las nuevas plataformas de comunicación, que quizá sean también de desinformación. La posverdad reina en las redes sociales, y el fact checking (comprobación de los hechos o de los datos) practicado por algunos medios tiene un impacto modesto en medio del ruido imperante en la aldea global. Hay ahí también un factor de deslegitimación o de manipulación a gran escala, una violación de las reglas del juego, que cada día está más presente en las campañas electorales y que en la de Estados Unidos fue moneda corriente. De la misma manera, la simplificación en el enunciado de los problemas, un rasgo tan característico de Trump, alarma a cuantos creen que las recetas milagrosas llevan directamente al fracaso y a la frustración a muchos de cuantos creyeron que el candidato republicano acudía al rescate de la clase media blanca, empobrecida por el impacto en los tejidos industrial y de servicios de la crisis económica del 2007-2008 y sucesivos años.

Cuando opina Joseph Stiglitz, otro nobel de Economía, que el programa de Trump no se sostiene y es un retroceso, lo hace a la luz de las cifras de crecimiento de Estados Unidos durante el último cuatrienio, de la reducción del paro, a un paso del pleno empleo, y del saneamiento del sistema financiero. Que Stiglitz esté o no en lo cierto solo el tiempo lo confirmará, en cambio parece inexcusable que Trump abra la puerta, como pide el ilustre economista, a políticas bipartidistas que serenen los ánimos dentro y fuera de Estados Unidos. Son demasiados los elementos concordantes que permiten afirmar que la gran superpotencia sigue siéndolo, pero no es la hiperpotencia que siguió al hundimiento de la Unión Soviética, sino otra necesitada del concurso de terceros para contrarrestar la competencia de sus adversarios históricos o recién llegados.

La agitación en los medios informativos liberales no es una pose, sino el reflejo de un clima social exacerbado por las pasiones políticas y los tics autoritarios o despectivos de Trump, por la sospecha cada vez más verosímil de que ocupará el poder lastrado por las dudas morales que suscita su triunfo. El anuncio de Barack Obama a un mes escaso de dejar la presidencia de que la intromisión de Rusia en la campaña no quedará sin respuesta no hace más que calentar el ambiente, pero acaso sea su determinación de esclarecer y responder a lo sucedido el último servicio que puede prestar a una sociedad dividida entre los aturdidos por el resultado del 8 de noviembre y los entusiasmados con la derrota de Clinton, dos versiones irreconciliables de Estados Unidos.

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

Rato agrava la enfermedad

“Los discursos y los escritos políticos son hoy esencialmente una defensa de lo indefendible”. La frase es del escritor británico George Orwell y figura en su ensayo Los políticos y la lengua inglesa, que data de 1946. Hoy es tan vigente como entonces o acaso más porque los mecanismos de retorsión del lenguaje han evolucionado espectacularmente en manos de especialistas en convertir la política en un manual de eslóganes más o menos ingeniosos, más o menos ocultadores de la realidad, de las miserias de la vida pública, de cuanto sucede y no se quiere que se sepa.

Otro británico, el historiador Timothy Garton Ash, 70 años después de Orwell, ha dado con los mismos mecanismos de mixtificación. “Todas las frases ingeniosas las preparan con antelación los asesores de comunicación. Como dijo hace poco el antiguo fiscal general conservador [del Reino Unido] Dominic Grieve, son ‘sesiones llenas de indignación pero con muy escaso contenido’”, escribió hace unas semanas en El País Garton Ash, alarmado por el espectáculo a menudo infantiloide que ofrecen los diputados en la Cámara de los Comunes, una forma bastante grosera de ocultar el presente detrás de un telón de improperios altisonantes, broncas, aplausos y otros jolgorios. En el fondo, como sucedía en los días de Orwell, se trata de eludir la verdad y de defender lo indefendible; se diría, quizá, de secuestrar el lenguaje.

Llevado todo al teatro español –no al de la plaza Santa Ana de Madrid, por demás respetable–, el alcance o repercusión del secuestro del lenguaje se agudiza con la gravedad del momento. Una gravedad realzada por esa lista de 705 o de Rodrigo Rato y otros 704 –a no ser que aparezca un cabeza de cartel de más altura– que pudieran haber aligerado sus conciencias mediante el blanqueo de dinero gracias a la amnistía fiscal establecida por el Gobierno. Esos 705 o Rodrigo Rato y otros 704 suman un nuevo pudridero a otros cinco que han llenado la política de pestilencia: la madeja Gürtel-Bárcenas, el ovillo de los ERE de Andalucía, el crucigrama Urdangarín, el laberinto de Bankia (tarjetas negras incluidas) y la trama Pujol. Y al difundirse el aroma de corrupción en todas direcciones han obligado a ciudadanos atónitos a descifrar el alcance de los hechos encubiertos por el lenguaje cuando estos se abordan a la vista del público en los parlamentos, en los juzgados, en esas declaraciones a las puertas de los palacios de justicia cuya función exclusiva es exaltar la inocencia de los encausados o de quienes seguramente lo serán al cabo de unos días.

Orwell dejó dicho en Los políticos y la lengua inglesa: “A propósito de cada frase que escribe, un autor escrupuloso se planteará al menos cuatro preguntas: ¿Qué pretendo decir? ¿Cuáles son las palabras que pueden expresarlo? ¿Qué imagen o locución puede hacerlo de forma más clara? ¿Esta imagen es lo bastante expresiva para ser eficaz? Y probablemente se planteará otras dos: ¿Podré expresarlo de manera más concisa? ¿Hay en esta formulación alguna fealdad que podría evitarse?”

De estas seis preguntas, la primera es fundamental: ¿qué pretendo decir? Es tan determinante que en la epidemia de corrupción que padece el país ha sido sustituida por esta otra: ¿qué debo decir? O por esta otra, igualmente inquietante: ¿qué conviene que diga? Pudiera añadirse que es preciso dilucidar qué conviene decir para que no afecte mucho a las encuestas, para que quede claro que alguien metió mano en la caja, pero el partido no tuvo forma de saberlo, o el Gobierno, o ambos a la vez, defraudados a causa de la confianza depositada en sus más íntimos y apreciados colaboradores, militantes y amigos, a quienes presuponían el partido, los partidos, el Gobierno o todos a la vez libres de toda sospecha. Este es el punto de partida, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de disculpa que sea, al mismo tiempo, exculpatorio, que haga olvidar lo dicho con anterioridad –“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (la sintaxis es de Mariano Rajoy, autor del mensaje a Luis Bárcenas”–, que deje a salvo la marca, el márketing político, para no perder en el lance carros y carretas.

La ironía que gastaba Eugeni d’Ors con sus alumnos, a quienes a menudo decía “oscurezcámoslo un poco” cuando algo estaba claro, ha pasado a ser la piedra sillar de las técnicas pergeñadas por los especialistas en dar con explicaciones políticamente correctas para que los líderes o sus portavoces tranquilicen al auditorio. Pero, claro, el auditorio está escamado y ya no se cree casi nada de lo que le dicen; tiende, en cambio, a desconfiar de todo y de todos, un estado de ánimo lógico, pero fatal para salvaguardar la complicidad indispensable entre poder y ciudadanos para que los sistemas democráticos funcionen de forma razonablemente eficaz. En medio de la oscuridad, cuando la opinión pública puede guiarse solo por el olfato que detecta los vapores que suben de la alcantarilla, no hay complicidad posible entre administradores y administrados.

Resulta incomprensible que, en medio de la función, el PSOE tenga que forzar una votación en el Congreso para que el Gobierno publique la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, esto es, el elenco de cuantos antes de la amnistía no pagaron a Hacienda en la forma y los plazos debidos. Resulta un insulto a la inteligencia que mientras se registra el domicilio de Rodrigo Rato alguien busque argumentos en la ley o en la confusión reinante para no suministrar tal información y dejar a oscuras –otra oscuridad más– a cuantos todas las primaveras pasan por la ventanilla de Hacienda. Resulta, en fin, un bochorno colectivo que los estrategas y agitprop de los partidos, del Gobierno o de ambos a la vez busquen tres pies al gato a cuantos quieren aclarar lo sucedido, sean estos periodistas, magistrados, jueces o políticos con el expediente limpio, que por fortuna los hay.

“Cuando se abre un abismo entre los objetivos reales y los objetivos declarados, de forma casi instintiva se recurre a las palabras interminables y a las expresiones trilladas, tal como un calamar lanza su tinta”, dijo Orwell. El comportamiento del calamar obedece a su deseo de ocultarse, de zafarse sin daño de sus adversarios; persigue lo mismo este sopicaldo de declaraciones que nada dicen a pesar de la solemnidad con que se dicen. Sin que pareciera tener mayor importancia el daño que causa esa ceremonia del disimulo, de la evasión –no fiscal en este caso–; como si no minara el sistema, la confianza en él, la dignidad de la política y de los políticos. Como si lo más importante no fuese saber si los presuntos corruptos lo son de verdad, sino cómo afectará la corrupción a sus partidos en las próximas elecciones; como si lo que en verdad importase fuese saber quiénes y cómo se salvan de la quema aunque el aire siga siendo irrespirable.

El coste de cuanto pasa es incalculable para un sistema democrático. El historiador Tony Judt lo definió en dos sucintas frases. Primera: “La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad”. Segunda: “Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales”. Demasiados riesgos para seguir mareando la perdiz y apuntarse a un relativismo moral que devuelve la imagen, seguramente falseada por la decepción de ahora mismo, de unos políticos más inclinados al oportunismo que al compromiso con la transparencia y que, como dice Timothy Garton Ash, dilucidan sus diferencias en una “pelea a gritos propia de un patio de colegio”.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.

La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?

La guerra global es interminable

El asesinato en Argelia del montañero francés Hervé Gourdel a manos del grupo Soldados del Califato, una escisión de Al Qaeda en el norte de África que sigue la estela del Estado Islámico (EI), coincide en el tiempo con la reanudación del debate entre académico y político acerca de la legitimidad de los ataques aéreos en las áreas sojuzgadas por el EI y la eventual resurrección de la guerra preventiva, doctrina heredada del mandato de George W. Bush. Si valiese como vara de medir el estupor de la opinión pública por el cuarto degollamiento perpetrado por los islamistas, entonces la discusión abierta resultaría innecesaria, pero ni siquiera en regímenes de opinión pública como el estadounidense o el francés tiene tal patrón consistencia ética. Tampoco la tiene la personación de varias naciones árabes en la alianza pergeñada por el presidente Barack Obama para acosar al EI, pues ninguna de ellas es ni remotamente un Estado democrático, sino que todas reaccionan de acuerdo con análisis a más o menos corto plazo y sea cual sea la orientación de la opinión pública, poco menos que inexistente en sistemas sin libertad de expresión.

Las reflexiones sobre los cambios en la opinión pública de Estados Unidos después de las dos primeras decapitaciones en Irak han llevado al profesor David W. Kearn, de la Universidad de St. John, a preguntarse por la capacidad de su país no solo de legitimar el recurso a las armas, sino de encabezar la lucha global contra el terrorismo, articular una estrategia diplomática en un entorno político muy dividido y afrontar en el seno de sociedades democráticas las consecuencias de una guerra sin fecha de caducidad visible. El debate no es solo de naturaleza moral y jurídica, sino también político, o que atañe a la norma moral en el ejercicio de la política. Y no solo en Estados Unidos, sino también entre sus aliados, asociados a una estrategia llena de riesgos imprevisibles.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine, esto es, del mismo partido que Obama, alberga muchas dudas sobre los efectos inmediatos del camino emprendido al situar los poderes de guerra del presidente en el terreno de juego diseñado en su día por el vicepresidente Dick Cheney para justificar las intervenciones en Afganistán y en Irak ordenadas por Bush, y para fundamentar la guerra preventiva y otras disposiciones de la ley patriótica, que sigue en vigor. Kaine considera que actuar sin contar con el Congreso sería “un error brutal” porque el presidente abrazaría la doctrina de Cheney y dañaría el régimen parlamentario diseñado por la Constitución. Si, además, el efecto directo de la intervención armada agigantara la hostilidad de segmentos significativos del urbe suní o, a escala estrictamente local, reforzara el régimen de Bashar el Asad, asistiríamos a una fatal repetición de las equivocaciones encadenadas por Estados Unidos en episodios de sobra conocidos: apoyar a la resistencia pastún contra la ocupación soviética de Afganistán, que favoreció el desarrollo de los talibanes y el arraigo de Al Qaeda; incitar al Irak de Sadam Husein a que atacara Irán con el fin de neutralizar el afianzamiento de la república de los ayatolás; aceptar la política israelí en los territorios ocupados con el resultado de que nutrió de seguidores las filas de Hamás.

En sus días de secretaria de Estado, Hillary Clinton reconoció que sí, que la gestión que Estados Unidos hizo del conflicto afgano en los años 90 dio alas a Al Qaeda. No hizo ningún descubrimiento, porque tal afirmación forma parte de los consensos académicos del siglo XXI, pero fue una llamada de atención a cuantos exigen el recurso permanente al gran garrote (big stick). La lógica seguida por el exsecretario de Estado Henry Kissinger en un artículo publicado en junio del 2012, contiene una advertencia en términos parecidos: “El sistema de Westfalia nunca se aplicó completamente en Oriente Próximo. Solo tres de los estados musulmanes de la región tienen una base histórica: Turquía, Egipto e Irán. Las fronteras de los otros reflejan un reparto de los despojos del difunto Imperio Otomano entre los vencedores de la primera guerra mundial, con mínimo respeto por las divisiones étnicas o sectarias. Estas fronteras ya han sido desafiadas repetidamente, a menudo por medios militar”. En resumen, nada nuevo luce bajo el sol.

Una ronda de opiniones entre artistas e intelectuales sirios realizada por la publicación estadounidense Dissent, de enfoque progresista y periodicidad trimestral, es fiel reflejo del escepticismo con el que la oposición a Asad acoge el resultado de las operaciones en curso. “Nuestro objetivo incluye ahora la caída de Asad y del ISIS (el EI)”, declara Rasha Othman, que al vincular una cosa a la otra deja entrever las dificultades de que ambas puedan ser realidad al mismo tiempo. Las dudas de los entrevistados tienen que ver tanto con la pasividad de Occidente cuando Asad desencadenó la matanza, cuanto con la contención con la que ha reaccionado el presidente sirio después de los primeros bombardeos. Pues al hostigar a los yihadistas, la coalición de Obama debilita la oposición al autócrata por más que prometa mayor y mejor asistencia al frente laico y al islamismo moderado.

El politólogo francés Gérard Chaliand opina que Obama “empujado por las circunstancias, acaba de comprometerse en un conflicto de alto contenido ideológico”. Visto así, se diría que la Casa Blanca ha puesto los principios por delante de cualquier otra consideración, pero Chaliand aclara en un artículo publicado en el diario Le Monde que el concurso de aliados imprevisibles –los países árabes que se han sumado a la aventura– obliga a Obama a mantener un equilibrio del todo inestable entre los objetivos que se ha fijado en Irak y Siria y la necesidad de que no parezca que favorecen los intereses de Irán en la región y los de Asad para perpetuarse en el poder. Y en la búsqueda del equilibrio pesa tanto el compromiso ideológico como la conveniencia política en cada momento, más la íntima convicción de que, como dice el articulista, es posible contener y debilitar al Estado Islámico, pero es bastante más complejo evitar los efectos de la ideología islamista.

Anne-Marie Slaughter, profesora emérita de la Universidad de Princeton y empleada en el Departamento de Estado entre el 2009 y el 2011, sostiene que el enfoque de Obama es digno de elogio por tres razones: porque combina fuerza y diplomacia, porque limita el alcance de la intervención militar y porque ha logrado formar una amplia coalición en Oriente Próximo que excluye el papel de Estados Unidos como policía del planeta. Esa opinión está lejos de ser mayoritaria dentro y fuera de Estados Unidos ante el temor más que justificado de que estemos ante el comienzo de una escalada bélica que, más temprano que tarde, movilizará a una parte significativa de la comunidad suní y dará nuevos motivos a cuantos, con argumentos más o menos convincentes, entienden que la guerra global contra el terrorismo es la tercera guerra mundial, aunque nadie ose utilizar ese nombre si no es en petit comité.

“Ahora hay el riesgo de que la guerra contra el terrorismo de los Estados se convierta en una guerra permanente contra una lista creciente de enemigos”, escribe el analista indio Brahma Chellaney. Al dar este enfoque, que la lista de enemigos puede ser interminable, admite que la guerra también puede serlo, con su correlato de medidas destinadas a acotar el libre albedrío de los ciudadanos en nombre de la lucha contra todos los adversarios; con su correlato, pudiera decirse, de ausencia de compromisos morales y de preminencia del poder Ejecutivo sobre los otros poderes de los estados empantanados en una lucha sin final. De momento, Obama y sus generales no han llamado a nadie a engaño: la neutralización del EI va para largo. Pero, al decir esto, resulta que no hay respuesta convincente para ninguna pregunta esencial, incluida esta: ¿el islamismo incendiario ha alcanzado tal vitalidad que está en condiciones de sobrevivir a todos sus adversarios?

Una empresa llamada FIFA

“El fútbol es la parte predecible de nuestra vida. Esto significa que sabemos dónde veremos la final de la Champions, pero no dónde nos va a llevar el resultado”.

Juan Villoro, escritor

Los brasileños saben que Juan Villoro está en lo cierto sin asomo de duda desde el 7-1 desgarrador de la noche del martes. Un ambiente de depresión nacional, de incertidumbre colectiva, se ha apoderado de la torcida, que es el país entero, y el Gobierno se tienta la ropa ante el temor de que el desaguisado tenga repercusión en las urnas, aliente de nuevo la protesta social y reactive las preguntas que movilizaron a la calle antes de que empezara la fiesta: ¿está justificado el derroche del Mundial cuando las favelas siguen siendo la imagen doliente de un país profundamente dual?, ¿no se pudo organizar la competición con una mayor y más sensata contención del gasto? A los gobernantes de la FIFA, que nunca han tenido que rendir cuentas más que a sí mismos, y aun con reservas, adónde llevará el resultado solo les importa en la medida en que la cuenta de resultados certifique que el negocio funciona a toda máquina.

Antes de que empezara el Mundial, el escritor uruguayo Eduardo Galeano declaró al diario brasileño O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Y otro uruguayo, Ricardo Peirano, editor del diario El Observador, de Montevideo, destemplado por la sanción impuesta a Luis Suárez a causa de su famoso mordisco, ha escrito: “Todo tiene un precio y la FIFA lo sabe bien. Tan bien maneja la FIFA sus recursos que tiene una pequeña reserva financiera en los bancos. Una reserva que asciende a más de 1.000 millones de dólares. Por las dudas”. Sumadas las palabras de Galeano y las de Peirano se llega a las de Ramón Besa en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”.

Peirano sostiene que la FIFA  “representa el cinismo por antonomasia”; Blesa habla de la pérdida de autoridad moral. El caso es grave, salvo que alguien siga creyendo que el fútbol es solo un juego. Dejó de serlo hace mucho, cuando se convirtió en un resorte de movilización universal, en un mecanismo transversal de socialización de una eficacia y trascendencia inusitadas, en un universo en expansión al que nada le es ajeno. El fútbol es la política por otros medios, la identidad con otras banderas, el sentido de pertenencia por razones distintas a las heredadas del nacionalismo romántico. De ahí que su compromiso con la ejemplaridad fuera lo menos que cabría esperar de cuantos lo dirigen; su disposición a garantizar la transparencia con una gestión decorosa, ordenada, precisa, regulada y púbica.

Nada de esto forma parte del ADN de la FIFA. Todo funciona en la opacidad más estricta, así sea la adjudicación del Mundial del 2022 a Catar o la intrincada trama de intereses tejida por los grandes patrocinadores. Mientras nadie duda de que llevar la Copa del Mundo a Catar es un despropósito que solo se explica por las irregularidades en la elección y el poder hipnótico de los petrodólares, la FIFA despacha el asunto con cuatro frases hechas que no hacen más que hinchar el globo de la sospecha. Al mismo tiempo que todas las voces sensatas reclaman incorporar al arbitraje tecnologías de última generación para evitar que lo que se ve en la televisión no se pite en el campo, la FIFA prefiere acogerse a normas y formas del siglo XIX cuando el fútbol, entonces sí, era solo un juego. En tiempos en los que cada vez más la opinión pública exige tener conocimiento de cuál es el origen y el destino del dinero, de todo el dinero, la FIFA gestiona un negocio de 4.000 millones de dólares –el Mundial y sus derivados– de cuya administración, fines y distribución se sabe muy poco por no decir nada.

“Las presiones ejercidas por la FIFA sobre el Gobierno brasileño para que adopte leyes antidemocráticas constituye en particular un precedente inquietante. Este intento de origen exterior, en nombre de los patrocinadores de la Copa del Mundo, subraya la amenaza que representan las multinacionales para sociedades civiles de articulación reciente”, señala la escritora estadounidense Naomi Wolf. Se refiere Wolf al intento torticero de poner límites a los derechos de reunión y manifestación durante el Mundial a fin de silenciar o limitar la protesta social. Pero se refiere también a la vergonzosa rectificación de la ley brasileña que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los estadios con el único fin de que la cerveza Budweiser, patrocinadora del Mundial, pudiera venderse a los espectadores sin restricciones. Alude, en suma, a la intromisión en la soberanía nacional y al relativismo moral en nombre del negocio.

Caben toda clase de interpretaciones cada vez que Joseph Blatter toma la palabra: que lo hace en nombre de la FIFA, de quienes patrocinan sus competiciones, de ambas partes a la vez o, incluso, de otras razones e intereses no conocidos. El deporte de alta competición se ha convertido en un espacio de negocio apenas regulado por las instancias públicas, que atiende a sus propias reglas y a sus propios códigos de conducta. La FIFA expulsa a quienes recurren a los tribunales ordinarios y no reconoce más autoridad en la dilucidación de conflictos que la que se ha dado a sí misma. Eso es bastante más de lo que los colegios profesionales y otras organizaciones entienden por autorregulación y mucho menos de lo que en términos generales se conoce como seguridad jurídica.

¿También aquí es necesaria la seguridad jurídica? La pregunta es pura retórica porque la única respuesta posible es sí. En primer lugar, la precisan los futbolistas, que sostienen el espectáculo. En segundo lugar, la merecen tener los espectadores que financian el artificio de una forma u otra –comprando una entrada o bebiendo una cerveza–, que aspiran a que el juego sea disputado, tenso y limpio. No es mucho pedir. Tampoco es excesivo esperar de los gobiernos la entereza mínima necesaria para poner límites a los organizadores, por más trascendental y rentable que sea la Copa del Mundo, y quizá el equipo de Dilma Rousseff haya desvelado, aunque no por propia voluntad, qué reglas no escritas no deben aceptarse nunca: hay demasiados ciudadanos disgustados por la dispendiosa construcción de estadios y otras infraestructuras como para no prestarles atención.

La lección merece ser tenida en cuenta de aquí al verano del 2016, cuando Río de Janeiro acogerá los Juegos Olímpicos y el COI oficiará como gran administrador del acontecimiento. “En los últimos años, el fútbol ha perdido aquel brillo mágico que debería marcar cada partido”, dice Eduardo Galeano. Y en la declaración se halla implícito el lamento de cuantos, amantes del fútbol y del deporte en general, ven asomar a cada paso la sombra alargada de intereses creados. Es decir, ven en todos los escenarios la religión diseñada por la FIFA y por las multinacionales que un día vislumbró Manuel Vázquez Montalbán: “Los jugadores ya no son sacerdotes fundamentales, como tampoco los feligreses son los dueños de la iglesia: la llenan, pero el poder condicionante del dinero pasa por las exclusivas de televisión y la publicidad”. Es el signo de los tiempos en el Mundial y en todo lo demás.