Rato agrava la enfermedad

“Los discursos y los escritos políticos son hoy esencialmente una defensa de lo indefendible”. La frase es del escritor británico George Orwell y figura en su ensayo Los políticos y la lengua inglesa, que data de 1946. Hoy es tan vigente como entonces o acaso más porque los mecanismos de retorsión del lenguaje han evolucionado espectacularmente en manos de especialistas en convertir la política en un manual de eslóganes más o menos ingeniosos, más o menos ocultadores de la realidad, de las miserias de la vida pública, de cuanto sucede y no se quiere que se sepa.

Otro británico, el historiador Timothy Garton Ash, 70 años después de Orwell, ha dado con los mismos mecanismos de mixtificación. “Todas las frases ingeniosas las preparan con antelación los asesores de comunicación. Como dijo hace poco el antiguo fiscal general conservador [del Reino Unido] Dominic Grieve, son ‘sesiones llenas de indignación pero con muy escaso contenido’”, escribió hace unas semanas en El País Garton Ash, alarmado por el espectáculo a menudo infantiloide que ofrecen los diputados en la Cámara de los Comunes, una forma bastante grosera de ocultar el presente detrás de un telón de improperios altisonantes, broncas, aplausos y otros jolgorios. En el fondo, como sucedía en los días de Orwell, se trata de eludir la verdad y de defender lo indefendible; se diría, quizá, de secuestrar el lenguaje.

Llevado todo al teatro español –no al de la plaza Santa Ana de Madrid, por demás respetable–, el alcance o repercusión del secuestro del lenguaje se agudiza con la gravedad del momento. Una gravedad realzada por esa lista de 705 o de Rodrigo Rato y otros 704 –a no ser que aparezca un cabeza de cartel de más altura– que pudieran haber aligerado sus conciencias mediante el blanqueo de dinero gracias a la amnistía fiscal establecida por el Gobierno. Esos 705 o Rodrigo Rato y otros 704 suman un nuevo pudridero a otros cinco que han llenado la política de pestilencia: la madeja Gürtel-Bárcenas, el ovillo de los ERE de Andalucía, el crucigrama Urdangarín, el laberinto de Bankia (tarjetas negras incluidas) y la trama Pujol. Y al difundirse el aroma de corrupción en todas direcciones han obligado a ciudadanos atónitos a descifrar el alcance de los hechos encubiertos por el lenguaje cuando estos se abordan a la vista del público en los parlamentos, en los juzgados, en esas declaraciones a las puertas de los palacios de justicia cuya función exclusiva es exaltar la inocencia de los encausados o de quienes seguramente lo serán al cabo de unos días.

Orwell dejó dicho en Los políticos y la lengua inglesa: “A propósito de cada frase que escribe, un autor escrupuloso se planteará al menos cuatro preguntas: ¿Qué pretendo decir? ¿Cuáles son las palabras que pueden expresarlo? ¿Qué imagen o locución puede hacerlo de forma más clara? ¿Esta imagen es lo bastante expresiva para ser eficaz? Y probablemente se planteará otras dos: ¿Podré expresarlo de manera más concisa? ¿Hay en esta formulación alguna fealdad que podría evitarse?”

De estas seis preguntas, la primera es fundamental: ¿qué pretendo decir? Es tan determinante que en la epidemia de corrupción que padece el país ha sido sustituida por esta otra: ¿qué debo decir? O por esta otra, igualmente inquietante: ¿qué conviene que diga? Pudiera añadirse que es preciso dilucidar qué conviene decir para que no afecte mucho a las encuestas, para que quede claro que alguien metió mano en la caja, pero el partido no tuvo forma de saberlo, o el Gobierno, o ambos a la vez, defraudados a causa de la confianza depositada en sus más íntimos y apreciados colaboradores, militantes y amigos, a quienes presuponían el partido, los partidos, el Gobierno o todos a la vez libres de toda sospecha. Este es el punto de partida, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de disculpa que sea, al mismo tiempo, exculpatorio, que haga olvidar lo dicho con anterioridad –“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (la sintaxis es de Mariano Rajoy, autor del mensaje a Luis Bárcenas”–, que deje a salvo la marca, el márketing político, para no perder en el lance carros y carretas.

La ironía que gastaba Eugeni d’Ors con sus alumnos, a quienes a menudo decía “oscurezcámoslo un poco” cuando algo estaba claro, ha pasado a ser la piedra sillar de las técnicas pergeñadas por los especialistas en dar con explicaciones políticamente correctas para que los líderes o sus portavoces tranquilicen al auditorio. Pero, claro, el auditorio está escamado y ya no se cree casi nada de lo que le dicen; tiende, en cambio, a desconfiar de todo y de todos, un estado de ánimo lógico, pero fatal para salvaguardar la complicidad indispensable entre poder y ciudadanos para que los sistemas democráticos funcionen de forma razonablemente eficaz. En medio de la oscuridad, cuando la opinión pública puede guiarse solo por el olfato que detecta los vapores que suben de la alcantarilla, no hay complicidad posible entre administradores y administrados.

Resulta incomprensible que, en medio de la función, el PSOE tenga que forzar una votación en el Congreso para que el Gobierno publique la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, esto es, el elenco de cuantos antes de la amnistía no pagaron a Hacienda en la forma y los plazos debidos. Resulta un insulto a la inteligencia que mientras se registra el domicilio de Rodrigo Rato alguien busque argumentos en la ley o en la confusión reinante para no suministrar tal información y dejar a oscuras –otra oscuridad más– a cuantos todas las primaveras pasan por la ventanilla de Hacienda. Resulta, en fin, un bochorno colectivo que los estrategas y agitprop de los partidos, del Gobierno o de ambos a la vez busquen tres pies al gato a cuantos quieren aclarar lo sucedido, sean estos periodistas, magistrados, jueces o políticos con el expediente limpio, que por fortuna los hay.

“Cuando se abre un abismo entre los objetivos reales y los objetivos declarados, de forma casi instintiva se recurre a las palabras interminables y a las expresiones trilladas, tal como un calamar lanza su tinta”, dijo Orwell. El comportamiento del calamar obedece a su deseo de ocultarse, de zafarse sin daño de sus adversarios; persigue lo mismo este sopicaldo de declaraciones que nada dicen a pesar de la solemnidad con que se dicen. Sin que pareciera tener mayor importancia el daño que causa esa ceremonia del disimulo, de la evasión –no fiscal en este caso–; como si no minara el sistema, la confianza en él, la dignidad de la política y de los políticos. Como si lo más importante no fuese saber si los presuntos corruptos lo son de verdad, sino cómo afectará la corrupción a sus partidos en las próximas elecciones; como si lo que en verdad importase fuese saber quiénes y cómo se salvan de la quema aunque el aire siga siendo irrespirable.

El coste de cuanto pasa es incalculable para un sistema democrático. El historiador Tony Judt lo definió en dos sucintas frases. Primera: “La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad”. Segunda: “Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales”. Demasiados riesgos para seguir mareando la perdiz y apuntarse a un relativismo moral que devuelve la imagen, seguramente falseada por la decepción de ahora mismo, de unos políticos más inclinados al oportunismo que al compromiso con la transparencia y que, como dice Timothy Garton Ash, dilucidan sus diferencias en una “pelea a gritos propia de un patio de colegio”.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.

La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?

La guerra global es interminable

El asesinato en Argelia del montañero francés Hervé Gourdel a manos del grupo Soldados del Califato, una escisión de Al Qaeda en el norte de África que sigue la estela del Estado Islámico (EI), coincide en el tiempo con la reanudación del debate entre académico y político acerca de la legitimidad de los ataques aéreos en las áreas sojuzgadas por el EI y la eventual resurrección de la guerra preventiva, doctrina heredada del mandato de George W. Bush. Si valiese como vara de medir el estupor de la opinión pública por el cuarto degollamiento perpetrado por los islamistas, entonces la discusión abierta resultaría innecesaria, pero ni siquiera en regímenes de opinión pública como el estadounidense o el francés tiene tal patrón consistencia ética. Tampoco la tiene la personación de varias naciones árabes en la alianza pergeñada por el presidente Barack Obama para acosar al EI, pues ninguna de ellas es ni remotamente un Estado democrático, sino que todas reaccionan de acuerdo con análisis a más o menos corto plazo y sea cual sea la orientación de la opinión pública, poco menos que inexistente en sistemas sin libertad de expresión.

Las reflexiones sobre los cambios en la opinión pública de Estados Unidos después de las dos primeras decapitaciones en Irak han llevado al profesor David W. Kearn, de la Universidad de St. John, a preguntarse por la capacidad de su país no solo de legitimar el recurso a las armas, sino de encabezar la lucha global contra el terrorismo, articular una estrategia diplomática en un entorno político muy dividido y afrontar en el seno de sociedades democráticas las consecuencias de una guerra sin fecha de caducidad visible. El debate no es solo de naturaleza moral y jurídica, sino también político, o que atañe a la norma moral en el ejercicio de la política. Y no solo en Estados Unidos, sino también entre sus aliados, asociados a una estrategia llena de riesgos imprevisibles.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine, esto es, del mismo partido que Obama, alberga muchas dudas sobre los efectos inmediatos del camino emprendido al situar los poderes de guerra del presidente en el terreno de juego diseñado en su día por el vicepresidente Dick Cheney para justificar las intervenciones en Afganistán y en Irak ordenadas por Bush, y para fundamentar la guerra preventiva y otras disposiciones de la ley patriótica, que sigue en vigor. Kaine considera que actuar sin contar con el Congreso sería “un error brutal” porque el presidente abrazaría la doctrina de Cheney y dañaría el régimen parlamentario diseñado por la Constitución. Si, además, el efecto directo de la intervención armada agigantara la hostilidad de segmentos significativos del urbe suní o, a escala estrictamente local, reforzara el régimen de Bashar el Asad, asistiríamos a una fatal repetición de las equivocaciones encadenadas por Estados Unidos en episodios de sobra conocidos: apoyar a la resistencia pastún contra la ocupación soviética de Afganistán, que favoreció el desarrollo de los talibanes y el arraigo de Al Qaeda; incitar al Irak de Sadam Husein a que atacara Irán con el fin de neutralizar el afianzamiento de la república de los ayatolás; aceptar la política israelí en los territorios ocupados con el resultado de que nutrió de seguidores las filas de Hamás.

En sus días de secretaria de Estado, Hillary Clinton reconoció que sí, que la gestión que Estados Unidos hizo del conflicto afgano en los años 90 dio alas a Al Qaeda. No hizo ningún descubrimiento, porque tal afirmación forma parte de los consensos académicos del siglo XXI, pero fue una llamada de atención a cuantos exigen el recurso permanente al gran garrote (big stick). La lógica seguida por el exsecretario de Estado Henry Kissinger en un artículo publicado en junio del 2012, contiene una advertencia en términos parecidos: “El sistema de Westfalia nunca se aplicó completamente en Oriente Próximo. Solo tres de los estados musulmanes de la región tienen una base histórica: Turquía, Egipto e Irán. Las fronteras de los otros reflejan un reparto de los despojos del difunto Imperio Otomano entre los vencedores de la primera guerra mundial, con mínimo respeto por las divisiones étnicas o sectarias. Estas fronteras ya han sido desafiadas repetidamente, a menudo por medios militar”. En resumen, nada nuevo luce bajo el sol.

Una ronda de opiniones entre artistas e intelectuales sirios realizada por la publicación estadounidense Dissent, de enfoque progresista y periodicidad trimestral, es fiel reflejo del escepticismo con el que la oposición a Asad acoge el resultado de las operaciones en curso. “Nuestro objetivo incluye ahora la caída de Asad y del ISIS (el EI)”, declara Rasha Othman, que al vincular una cosa a la otra deja entrever las dificultades de que ambas puedan ser realidad al mismo tiempo. Las dudas de los entrevistados tienen que ver tanto con la pasividad de Occidente cuando Asad desencadenó la matanza, cuanto con la contención con la que ha reaccionado el presidente sirio después de los primeros bombardeos. Pues al hostigar a los yihadistas, la coalición de Obama debilita la oposición al autócrata por más que prometa mayor y mejor asistencia al frente laico y al islamismo moderado.

El politólogo francés Gérard Chaliand opina que Obama “empujado por las circunstancias, acaba de comprometerse en un conflicto de alto contenido ideológico”. Visto así, se diría que la Casa Blanca ha puesto los principios por delante de cualquier otra consideración, pero Chaliand aclara en un artículo publicado en el diario Le Monde que el concurso de aliados imprevisibles –los países árabes que se han sumado a la aventura– obliga a Obama a mantener un equilibrio del todo inestable entre los objetivos que se ha fijado en Irak y Siria y la necesidad de que no parezca que favorecen los intereses de Irán en la región y los de Asad para perpetuarse en el poder. Y en la búsqueda del equilibrio pesa tanto el compromiso ideológico como la conveniencia política en cada momento, más la íntima convicción de que, como dice el articulista, es posible contener y debilitar al Estado Islámico, pero es bastante más complejo evitar los efectos de la ideología islamista.

Anne-Marie Slaughter, profesora emérita de la Universidad de Princeton y empleada en el Departamento de Estado entre el 2009 y el 2011, sostiene que el enfoque de Obama es digno de elogio por tres razones: porque combina fuerza y diplomacia, porque limita el alcance de la intervención militar y porque ha logrado formar una amplia coalición en Oriente Próximo que excluye el papel de Estados Unidos como policía del planeta. Esa opinión está lejos de ser mayoritaria dentro y fuera de Estados Unidos ante el temor más que justificado de que estemos ante el comienzo de una escalada bélica que, más temprano que tarde, movilizará a una parte significativa de la comunidad suní y dará nuevos motivos a cuantos, con argumentos más o menos convincentes, entienden que la guerra global contra el terrorismo es la tercera guerra mundial, aunque nadie ose utilizar ese nombre si no es en petit comité.

“Ahora hay el riesgo de que la guerra contra el terrorismo de los Estados se convierta en una guerra permanente contra una lista creciente de enemigos”, escribe el analista indio Brahma Chellaney. Al dar este enfoque, que la lista de enemigos puede ser interminable, admite que la guerra también puede serlo, con su correlato de medidas destinadas a acotar el libre albedrío de los ciudadanos en nombre de la lucha contra todos los adversarios; con su correlato, pudiera decirse, de ausencia de compromisos morales y de preminencia del poder Ejecutivo sobre los otros poderes de los estados empantanados en una lucha sin final. De momento, Obama y sus generales no han llamado a nadie a engaño: la neutralización del EI va para largo. Pero, al decir esto, resulta que no hay respuesta convincente para ninguna pregunta esencial, incluida esta: ¿el islamismo incendiario ha alcanzado tal vitalidad que está en condiciones de sobrevivir a todos sus adversarios?

Una empresa llamada FIFA

“El fútbol es la parte predecible de nuestra vida. Esto significa que sabemos dónde veremos la final de la Champions, pero no dónde nos va a llevar el resultado”.

Juan Villoro, escritor

Los brasileños saben que Juan Villoro está en lo cierto sin asomo de duda desde el 7-1 desgarrador de la noche del martes. Un ambiente de depresión nacional, de incertidumbre colectiva, se ha apoderado de la torcida, que es el país entero, y el Gobierno se tienta la ropa ante el temor de que el desaguisado tenga repercusión en las urnas, aliente de nuevo la protesta social y reactive las preguntas que movilizaron a la calle antes de que empezara la fiesta: ¿está justificado el derroche del Mundial cuando las favelas siguen siendo la imagen doliente de un país profundamente dual?, ¿no se pudo organizar la competición con una mayor y más sensata contención del gasto? A los gobernantes de la FIFA, que nunca han tenido que rendir cuentas más que a sí mismos, y aun con reservas, adónde llevará el resultado solo les importa en la medida en que la cuenta de resultados certifique que el negocio funciona a toda máquina.

Antes de que empezara el Mundial, el escritor uruguayo Eduardo Galeano declaró al diario brasileño O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Y otro uruguayo, Ricardo Peirano, editor del diario El Observador, de Montevideo, destemplado por la sanción impuesta a Luis Suárez a causa de su famoso mordisco, ha escrito: “Todo tiene un precio y la FIFA lo sabe bien. Tan bien maneja la FIFA sus recursos que tiene una pequeña reserva financiera en los bancos. Una reserva que asciende a más de 1.000 millones de dólares. Por las dudas”. Sumadas las palabras de Galeano y las de Peirano se llega a las de Ramón Besa en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”.

Peirano sostiene que la FIFA  “representa el cinismo por antonomasia”; Blesa habla de la pérdida de autoridad moral. El caso es grave, salvo que alguien siga creyendo que el fútbol es solo un juego. Dejó de serlo hace mucho, cuando se convirtió en un resorte de movilización universal, en un mecanismo transversal de socialización de una eficacia y trascendencia inusitadas, en un universo en expansión al que nada le es ajeno. El fútbol es la política por otros medios, la identidad con otras banderas, el sentido de pertenencia por razones distintas a las heredadas del nacionalismo romántico. De ahí que su compromiso con la ejemplaridad fuera lo menos que cabría esperar de cuantos lo dirigen; su disposición a garantizar la transparencia con una gestión decorosa, ordenada, precisa, regulada y púbica.

Nada de esto forma parte del ADN de la FIFA. Todo funciona en la opacidad más estricta, así sea la adjudicación del Mundial del 2022 a Catar o la intrincada trama de intereses tejida por los grandes patrocinadores. Mientras nadie duda de que llevar la Copa del Mundo a Catar es un despropósito que solo se explica por las irregularidades en la elección y el poder hipnótico de los petrodólares, la FIFA despacha el asunto con cuatro frases hechas que no hacen más que hinchar el globo de la sospecha. Al mismo tiempo que todas las voces sensatas reclaman incorporar al arbitraje tecnologías de última generación para evitar que lo que se ve en la televisión no se pite en el campo, la FIFA prefiere acogerse a normas y formas del siglo XIX cuando el fútbol, entonces sí, era solo un juego. En tiempos en los que cada vez más la opinión pública exige tener conocimiento de cuál es el origen y el destino del dinero, de todo el dinero, la FIFA gestiona un negocio de 4.000 millones de dólares –el Mundial y sus derivados– de cuya administración, fines y distribución se sabe muy poco por no decir nada.

“Las presiones ejercidas por la FIFA sobre el Gobierno brasileño para que adopte leyes antidemocráticas constituye en particular un precedente inquietante. Este intento de origen exterior, en nombre de los patrocinadores de la Copa del Mundo, subraya la amenaza que representan las multinacionales para sociedades civiles de articulación reciente”, señala la escritora estadounidense Naomi Wolf. Se refiere Wolf al intento torticero de poner límites a los derechos de reunión y manifestación durante el Mundial a fin de silenciar o limitar la protesta social. Pero se refiere también a la vergonzosa rectificación de la ley brasileña que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los estadios con el único fin de que la cerveza Budweiser, patrocinadora del Mundial, pudiera venderse a los espectadores sin restricciones. Alude, en suma, a la intromisión en la soberanía nacional y al relativismo moral en nombre del negocio.

Caben toda clase de interpretaciones cada vez que Joseph Blatter toma la palabra: que lo hace en nombre de la FIFA, de quienes patrocinan sus competiciones, de ambas partes a la vez o, incluso, de otras razones e intereses no conocidos. El deporte de alta competición se ha convertido en un espacio de negocio apenas regulado por las instancias públicas, que atiende a sus propias reglas y a sus propios códigos de conducta. La FIFA expulsa a quienes recurren a los tribunales ordinarios y no reconoce más autoridad en la dilucidación de conflictos que la que se ha dado a sí misma. Eso es bastante más de lo que los colegios profesionales y otras organizaciones entienden por autorregulación y mucho menos de lo que en términos generales se conoce como seguridad jurídica.

¿También aquí es necesaria la seguridad jurídica? La pregunta es pura retórica porque la única respuesta posible es sí. En primer lugar, la precisan los futbolistas, que sostienen el espectáculo. En segundo lugar, la merecen tener los espectadores que financian el artificio de una forma u otra –comprando una entrada o bebiendo una cerveza–, que aspiran a que el juego sea disputado, tenso y limpio. No es mucho pedir. Tampoco es excesivo esperar de los gobiernos la entereza mínima necesaria para poner límites a los organizadores, por más trascendental y rentable que sea la Copa del Mundo, y quizá el equipo de Dilma Rousseff haya desvelado, aunque no por propia voluntad, qué reglas no escritas no deben aceptarse nunca: hay demasiados ciudadanos disgustados por la dispendiosa construcción de estadios y otras infraestructuras como para no prestarles atención.

La lección merece ser tenida en cuenta de aquí al verano del 2016, cuando Río de Janeiro acogerá los Juegos Olímpicos y el COI oficiará como gran administrador del acontecimiento. “En los últimos años, el fútbol ha perdido aquel brillo mágico que debería marcar cada partido”, dice Eduardo Galeano. Y en la declaración se halla implícito el lamento de cuantos, amantes del fútbol y del deporte en general, ven asomar a cada paso la sombra alargada de intereses creados. Es decir, ven en todos los escenarios la religión diseñada por la FIFA y por las multinacionales que un día vislumbró Manuel Vázquez Montalbán: “Los jugadores ya no son sacerdotes fundamentales, como tampoco los feligreses son los dueños de la iglesia: la llenan, pero el poder condicionante del dinero pasa por las exclusivas de televisión y la publicidad”. Es el signo de los tiempos en el Mundial y en todo lo demás.

Heidegger o el prejuicio antisemita

¿Es posible fragmentar el pensamiento de un filósofo y separar su obra de su compromiso cívico? En términos generales, ¿cabe considerar la aportación de los intelectuales a la cultura como un material separado de su comportamiento como ciudadanos? La publicación en Alemania de los Schwarzen Hefte (cuadernos negros, por el color de sus tapas, de hule negro) del filósofo Martin Heidegger ha puesto una vez más de actualidad ambas preguntas, pues en ellos asoma de nuevo la adscripción de su autor al nazismo durante los 12 años que transcurrieron desde la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 y la derrota del III Reich en 1945. La comunidad académica se muestra dividida entre los que tienden a ser comprensivos con Heidegger, porque lo conocieron o porque entienden que la dimensión de su obra lo redime de sus errores, y quienes estiman insalvable la incongruencia entre su aportación al pensamiento y su antisemitismo militante. Y hay quien se aventura incluso a afirmar, como hace el profesor alemán Thomas Meyer, que Heidegger “puede imaginar y de hecho imagina un mundo sin judíos”.

Martin Heidegger (Messkirch, 26 de septiembre de 1889-Friburgo, 26 de mayo de 1976).

La discusión no pasaría de ser una digresión reservada a especialistas si no se diese la circunstancia de que la Europa de hoy acoge el renacimiento de algunos de los argumentos manejados por Heidegger para explicar los orígenes de la decadencia de la modernidad a causa de la adulteración de la herencia clásica griega a través de ingredientes tan variados como la romanización, el cristianismo y, claro, el judaísmo. El rebrote antisemita aquí y allá justifica sobradamente la discusión provocada por la publicación de los cuadernos, porque las reflexiones del autor de Ser y tiempo constituyen una mercancía de gran valor para los aventadores del desarraigo de los judíos y su no pertenencia a ninguna comunidad nacional en concreto. Las referencias de Heidegger al “judaísmo internacional” abonan toda clase de prejuicios, pero tendrían un efecto nocivo limitado si su autor no tuviera el prestigio intelectual propio de uno de los grandes filósofos del siglo XX.

Hoy resulta de nuevo necesario analizar si es posible la existencia de un pensamiento fragmentado, en cuyo seno el gran artificio académico de naturaleza discursiva transita por un camino diferente a la praxis en la vida cotidiana. Piénsese en Jean-Paul Sartre y sus grandes construcciones teóricas en El ser y la nada y Crítica a la razón dialéctica, por citar solo dos títulos, y a los ataques a menudo despiadados con los que fue castigado por sus diferentes militancias políticas, casi siempre desconcertantes. Y, en sentido contrario, recuérdese la honda capacidad autocrítica de Albert Camus en el ambiente intelectual del París de la posguerra, con una parte muy significativa de la izquierda dispuesta a pasar por alto las barbaridades del estalinismo.

Hannah Arendt, pensadora judía alemana, discípula y amante de Martin Heidegger, en una imagen de los años 30.

Es preciso hacer recuento de todo eso antes de afirmar que, en efecto, es posible la pirueta de los defensores de Heidegger a pesar de todo o la de sus detractores a causa de la naturaleza por lo menos sectaria de sus juicios políticos. Pero se tengan o no argumentos para disculpar a Heidegger, es difícil soslayar las consecuencias que en la consideración de su pensamiento tienen afirmaciones como la del profesor Peter Trawny, editor de la obra completa del filósofo: a su modo de ver, Heidegger equiparó los objetivos del nacional-socialismo –dominar el mundo– con los de la comunidad judía, “mientras que los verdaderos alemanes van en busca de su auténtica esencia”, una forma de equiparar a víctimas y victimarios. Como es muy difícil olvidarse de que Heidegger nunca se refirió al Holocausto ni tuvo el mayor gesto de proximidad hacia los muertos en los campos de exterminio, un silencio ruidosamente elocuente.

Hay otros datos que llevan a pensar que la militancia nacional-socialista no fue un accidente o un gesto oportunista de quien en 1933 se convirtió en rector de la Universidad de Friburgo. Gaëtan Péguy recuerda que, en el transcurso del año académico 1933-34, Heidegger enardeció a los auditorios de estudiantes y profesores con llamamientos “al exterminio total del enemigo interior, que puede estar incrustado en las raíces más profundas de un pueblo”. ¿De qué enemigo interior se trataba? Sin duda, de los judíos alemanes, a los que desposeyó de su condición de alemanes para transformarlos en adversarios de la nación que hunde sus raíces en el pasado. Los partidarios de una Europa recluida en sí misma, aunque con menos riqueza expresiva que Heidegger, justifican hoy con parecidos argumentos su oposición a los flujos migratorios y al subsiguiente mestizaje cultural.

Puede decirse, incluso, que en la fundamentación del pensamiento de Heidegger con posterioridad a la publicación de Ser y tiempo (1927) alienta cierta predisposición a abrazar el ideario nazi. Sus referencias a la “degeneración de la visión del mundo” datan de 1929, y aunque siempre vio en Mein Kampf una obra de “pensamiento vulgar”, hay una cercanía manifiesta entre el libro de Hitler y algunas de sus manifestaciones públicas inmediatamente anteriores y posteriores a la eclosión del régimen nazi. Esa proximidad lleva al filósofo francés Emmanuel Faye al siguiente razonamiento relativo a la adscripción de Heidegger al nazismo: “Se trata de una versión ontológica y mitificada de la visión del mundo nacional-socialista”. Que el paciente sanara hacia 1950, cuando, según Trawny, las referencias al antisemitismo desaparecen de los cuadernos negros, no quita para que siga sin resolverse la primera de las incógnitas: ¿contaminó el pensamiento nazi la obra del filósofo más allá de la apariencia estrictamente académica, sistemática y especulativa? ¿Escapó Heidegger a la nazificación del pensamiento o, como tantos de sus compatriotas, sucumbió a la nazificación y nunca pudo afrontar la crítica abierta, pública y sin reservas de aquel régimen ominoso?

Herbert Marcuse, aquí en una imagen de 1968, alabó la dignidad de Martin Heidegger al final de su vida después de haber mantenido con él una larga controversia política.

Resulta harto difícil negar sin más el antisemitismo de Heidegger, como lo hace el profesor Silvio Vietta, que lo conoció, recurriendo al simple hecho de que fue profesor admirado de varios jóvenes judíos que acudieron a sus clases y fue amante de Hannah Arendt, asimismo judía, deslumbrada por la inteligencia de su maestro. En alguien que aplicó la Machenschaft (maquinación universal) a la comunidad judía, entendida esta como una estructura supranacional, no hay forma de favorecerle con el beneficio de la duda y suponer que sustentó tal opinión como resultado de una reflexión académica sin consecuencias ulteriores; parece más verosímil suponer que todo fue fruto de un prejuicio estrictamente ideológico, asumido como parte del ideario político personal. Sacar una conclusión más benévola del relato biográfico de Heidegger obligaría por fuerza a aplicar a nuestros días la pregunta del profesor Hadrien France-Lanord referida a los años 30 del pasado siglo: “¿Qué significado tiene una época en la que uno de sus más grandes pensadores se encuadra temporalmente en el movimiento nacional-socialista en el momento de llegar al poder?”

Incluso si la conclusión final es que Heidegger se sumó al nazismo por simple cálculo, habrá que concluir que, por lo menos por comparación con otros nombres ilustres, la conducta del filósofo fue deleznable. Y el silencio político que guardó a partir de la victoria aliada dista mucho de concordar con el peso de su obra. ¿Por qué el verbo concordar? Porque el propio Heidegger eligió el concepto de concordancia como aquel en el que se asienta la verdad, lo auténtico. “Lo verdadero, ya sea una cosa verdadera o una proposición verdadera, es aquello que concuerda, lo concordante”, escribió en cierta ocasión. De lo que es fácil inferir que lo discordante se corresponde con la mentira, con aquello que se tiene por falso. ¿Quiso advertirnos el propio Heidegger de que en él tenía acomodo un fondo discordante barnizado con la solvencia de su obra? Herbert Marcuse fue especialmente enigmático al final de sus días cuando, después de haber mantenido durante años una agria controversia política con Heidegger, rindió un homenaje a la dignidad con la que este vivió el final de su existencia. ¿Animó a Marcuse la necesidad de advertirnos de que en Heidegger no todo fue lo que pareció en su día y no estuvo a salvo de contradicciones? Y, si así fue, ¿es posible establecer algún tipo de conexión entre las contradicciones que le persiguieron y las que ahora encuentran cobijo en las debilidades ideológicas de la posmodernidad?

Marc, un tipo indispensable

“La primera víctima de la guerra es la verdad”

Hiram Warren Johnson, político estadounidense

Los tipos como Marc Marginedas son indispensables. En su mochila de campaña, de aquí para allá, de guerra en guerra y de matanza en matanza, guardan un manual no escrito que les permite distinguir con diáfana claridad entre víctimas y verdugos, entre sometidos y victimarios, entre multitudes honorables y sinvergüenzas escondidos en sus torres de marfil. Sin Marc y quienes hasta el último domingo fueron sus compañeros de cautiverio, andamos a tientas, faltos de referencias, sometidos a los manejos de la propaganda que enturbia los hechos y los aleja de la realidad (de la verdad).

Por esa simple y sencilla razón secuestraron a Marc Marginedas el 4 de septiembre y le sometieron a la peor de las postraciones: privarle de su libertad durante casi medio año en nombre del sectarismo político y el fundamentalismo religioso adscrito a la prédica de Al Qaeda y sus franquicias. Y, al hacerlo, dañaron irremediablemente la causa de la oposición al régimen de Bashar el Asad, y aun reforzaron a este, de acuerdo con el análisis del especialista Brian Whitaker aplicado a otros momentos calamitosos de la calamidad siria: “La ironía de todo esto es que da como resultado el éxito de la propaganda del régimen para persuadir a sus partidarios de que el conflicto tiene que ver con el terrorismo patrocinado desde el extranjero y no tiene nada que ver con la política interna de Siria”.

Henry Miller: “Cada guerra es una destrucción del espíritu humano”.

Una vez más, la lógica de la guerra ha acabado por deslegitimar a los bandos enfrentados. En medio de la matanza, los matarifes se han impuesto y se ha hecho dolorosa realidad la sentencia de Henry Miller: “Cada guerra es una destrucción del espíritu humano”. En el seno de la destrucción, la propaganda desdibuja el relato de la tragedia y la suerte de las víctimas queda emborronado por los movimientos tácticos de los contendientes y de sus aliados. Marc Marginedas fue justamente a Siria a neutralizar la propaganda mediante la narración de los hechos; su bloc de notas se llenó de datos extraídos de los dramas de la vida cotidiana, y esa libreta, el ordenador cuyas tripas guardan los detalles de la carnicería, puso en movimiento a sus captores. Cuando la ONU confirmó que régimen y oposición andan a la par en cuanto a crueldad y bajeza, hacía tiempo que todos sabíamos que esta es la situación.

Cicerón escribió hace 2.000 años: “Cuando hablan los tambores de guerra, las leyes callan”. El resto, el léxico manejado por los expertos para hablar de guerras de necesidad, guerras de elección, guerras justas, guerras inevitables y otras guerras hasta llenar los manuales con un largo etcétera, no deja de ser un pretexto para justificar lo injustificable. ¿Quién puede poner hoy en duda la idea de Frank Herbert de que “una buena causa no hace que la guerra sea justa”? ¿Quién puede dudar de la conclusión de François Fénelon: “La guerra es un mal que deshonra al género humano”?

Frank Herbert: “Una buena causa no hace que la guerra sea justa”.

En sus andanzas de testigos de las guerras de nuestro tiempo, los periodistas que van al frente movidos por una gama muy personal de sentimientos, descubren enseguida que las guerras honorables no resisten la prueba del nueve. Pueden encontrarse en plena refriega a personas honorables, pueden asistir a gestas honorables, pero lo que en verdad prevalece es el objetivo aniquilador de eliminar al adversario. El periodista que presencia una batalla es lo menos parecido al entomólogo que observa un hormiguero desde fuera y saca conclusiones; el periodista sumergido en la desolación es una hormiga más a la que las otras han confiado la tarea de contar sus penalidades, de transmitir el riesgo que corren de ser aniquiladas. El periodista cercado por el desmoronamiento de una sociedad en armas es con frecuencia el Godot a quien las víctimas aguardan a la puerta de sus casas destruidas.

Hay en todo esto unas gotas de ingenuidad, un punto de idealismo y mucho de respeto al ser humano, un concepto que no admite el distanciamiento crítico, sino que obliga a la crítica comprometida. Ninguna guerra ha sido el punto de partida para la construcción de un paraíso. Cuando Emil Cioran sostiene que “el sentimiento de maldición solo se siente verdaderamente cuando se sueña que se padece en medio del paraíso”, no se comporta como un pesimista incorregible, sino como el lúcido desmitificador de los falsos paraísos, tarea para la que hace falta ser depositario de cierta gallardía. Quienes retuvieron a Marc quieren vender a la opinión pública que pretenden alumbrar el paraíso, pero he aquí que él impugna con su bloc de notas la veracidad de sus eslóganes publicitarios.

François Fénelon: “La guerra es un mal que deshonra al género humano”.

Tragedia sobre la tragedia: el arte de la crueldad ya no se reduce a las armas químicas del bando de Bashar el Asad, a los ataques con bidones bomba y a otras tropelías. En Raqa, fundamentalistas islámicos se dedican a encarcelar y golpear a quienes lucharon a su lado para hacerse con la ciudad; en otros lugares del país, los libros sagrados influyen más en el ánimo de los guerreros que el llanto de los desposeídos. En realidad, influye una versión esquemática y zafia del compromiso religioso y desaparece la fundamentación “del principio de la acción moral y social sobre el principio teológico de la justicia y de la libertad del hombre” (Henry Corbin en Historia de la filosofía islámica). Solo cuenta la mitología de la guerra, del presunto héroe esclarecido que en lo alto de una montaña de cadáveres señala con el dedo el camino a seguir para liberar a la multitud oprimida.

La guerra civil siria se atiene a esa norma. Todo cuanto ha seguido al ataque con armas químicas del 21 de agosto del año pasado rezuma la peor versión del realismo, que es el conformismo: puesto que pinta que la guerra será larga y extenuante, gestionémosla con el menor coste político posible, aunque el precio en vidas se haya desbocado; puesto que nadie quiere enfangarse en un litigio que alimente los sueños de Al Qaeda y adláteres, dejemos que el desgaste de los combatientes convierta un trastorno multiorgánico en una dolencia crónica más o menos llevadera. Si de vez en cuando surge un comentario que humilla a las víctimas –la comunidad alauí reprocha a la ONU que esté más preocupada por llevar alimentos y medicinas a la población civil y a los rebeldes que por dar con el paradero de 740 de los suyos, desaparecidos (The Wall Street Journal)–, encajémoslo como un inevitable daño colateral de orden moral que el tiempo sanará.

Emil Cioran: “El sentimiento de maldición solo se siente verdaderamente cuando se sueña que se padece en medio del paraíso”.

Por eso hacen falta testigos in situ: para dejar el engaño al descubierto, para rasgar la cortina que oculta el oportunismo de unos, el cinismo de otros y el conformismo de la mayoría en la comunidad internacional mientras hablan las armas. Sin ellos, sin esos testigos armados con un bloc de notas y una idea esclarecida de la decencia, no hay forma de saber qué pasa de verdad en Siria y de desacreditar a los propagandistas, a los especialistas en construir un mundo virtual, como si la guerra fuese un juego de rol. Aquí estamos, Marc, esperando leerte.

 

Violencia, encubrimiento y populismo

La violencia, el encubrimiento y el populismo se adueñan de la política con suma facilidad. Envuelto todo en una extraña virtud denominada patriotismo, que forma parte de la ideología espontánea y del imaginario colectivo, aunque no se sabe muy bien si detrás de ella se esconde el espíritu limpio de quienes se sacrifican en nombre del interés colectivo o la silueta desdibujada de una herramienta multiusos que lo mismo vale para un roto que para un descosido. “Sería delito actuar con una política de ojos cerrados en nombre del patriotismo”, afirma Iñaki Gabilondo al analizar las explicaciones oficiales relativa a la tragedia de Ceuta. Pero de los relatos emitidos por el Gobierno, el director general de la Guardia Civil, testigos presenciales, la oposición y diferentes medios de comunicación es fácil deducir que los 15 cadáveres devueltos por el mar obligan a mucho más que a salir en defensa del honor patrio.

Así se llega a la situación muy poco honorable de que, puesto que entre la versión del primer responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, media un mundo, es preciso recurrir a las imágenes sin editar –reténgase el matiz– para aclarar cuándo y en qué condiciones agentes de la Guardia Civil recibieron la orden de disparar pelotas de goma cuando unos inmigrantes braceaban frente a la playa de El Tarajal, a metros de la valla que separa el municipio de Ceuta de territorio marroquí. El adelanto de estas cintas que reclama todo el mundo permite deducir que los inmigrantes se hallaban en una situación límite, nadando en las frías aguas de febrero, y cualquier otra consideración, se remita a la ley o a razones de Estado, se antoja una obscenidad. Mucho más cuando un cargo electo como Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, se permite ironías del peor gusto para justificar lo injustificable.

Si el PP no tuviera mayoría absoluta, es muy posible que por lo menos el director general de la Guardia Civil hubiese dimitido hace días. Como disfruta de mayoría, las imágenes hablarán y luego… seguramente cada partido se reafirmará en sus puntos de vista, desmintiendo el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque fiarlo todo a las imágenes, a las grabaciones sin editar, entraña riesgos ciertos como es muy sabido desde que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, hubo de entregar sus famosas cintas después de intentar una larga cambiada –zanjar el asunto con una transcripción resumida de las mismas– en respuesta a los requerimientos de quienes investigaron el caso Watergate. En realidad, las explicaciones dadas por Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, suenan a transcripción resumida; las de Fernández Díaz parecen una aproximación más precisa a la verdad, pero las grabaciones sin editar cabe presumir que son más de fiar.

¿Por qué tienen un valor superior? Porque en la ceremonia de la confusión oficiada por el Gobierno se ha pretendido defender el honor de la Guardia Civil, cuando lo que en verdad se ha perseguido es encubrir la responsabilidad política de quienes impartieron las órdenes. En un gesto típico de muchos gobiernos, el equipo de Mariano Rajoy ha desviado la sustancia de las críticas: van dirigidas a él, pero las presenta como una impugnación de la Guardia Civil. Por cierto, sin que Rajoy haya ocupado ni medio minuto en dar las explicaciones que se supone debe cuando 15 seres humanos han perdido la vida en circunstancias más que opacas. De forma que todo queda pendiente de lo que digan las imágenes correspondientes al 6 de febrero en la playa de El Tarajal.

También forma parte de la ceremonia de la confusión desacreditar los comentarios de la comisaria de Asuntos de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, so pretexto de que Bruselas no hace todo lo que debiera para controlar la frontera sur de Europa. Lo que no dicen cuantos arremeten contra Malmström es que la despreocupación de la UE tiene más que ver con la interferencia de los gobiernos –no los de España e Italia, claro, que son los directamente afectados por los problemas de la emigración– que con la falta de compromiso de la Comisión de la que la comisaria forma parte. No hay duda de que el coste material y político de la frontera sur de la UE debe ser un asunto que deben abordar y financiar los estados miembros a través del presupuesto comunitario, y no lo hacen o lo hacen solo de forma insuficiente, pero de eso a utilizar este argumento para encubrir el esclarecimiento de responsabilidades en El Tarajal media también un mundo. Dicho de otra forma: es obligación de la UE pedir explicaciones, aunque esto incomode al Gobierno.

El comportamiento de los agentes en la playa ceutí puede resumirse como un recurso a la violencia inapropiado e innecesario. “La actuación de la Guardia Civil es imposible de defender”, escribe en su blog el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero esa imposibilidad manifiesta es el resultado de órdenes concretas dadas por personas concretas. Ahí no tienen cabida ni el patriotismo ni los excesos verbales de alguien como el senador socialista Marcelino Iglesias, que se refirió a “personas que murieron tiroteadas en el mar”. La explotación política de los dramas humanos es siempre repulsiva, excede las obligaciones de cualquier oposición de controlar al Gobierno y, lo que es peor, debilita a quienes trabajan para que se esclarezca lo sucedido sin dar tres cuartos al pregonero antes de disponer de todos los datos.

Los datos precisos para realizar un diagnóstico definitivo incluye analizar la gestión que Marruecos hace de los flujos migratorios. En septiembre del año pasado, el rey Mohamed VI encargó al Gobierno de Abdelilá Benkirán la elaboración de un programa político global para hacer frente a la inmigración procedente de los países subsaharianos, que se ha cuadruplicado, según palacio. En teoría, la Administración marroquí colabora en el control de fronteras, pero la concentración de ciudadanos de diferentes países en el monte Gurugú, la reiteración de los asaltos a la valla de Melilla y la tensión en la periferia de Ceuta obligan a formular esta pregunta: ¿el compromiso marroquí es sin reservas o el grifo migratorio se abre y se cierra según conviene a cada momento y situación? E incluso resulta obligado dudar de la eficacia marroquí en el control y represión de las mafias que trafican con seres humanos que no tienen nada que perder y cuyo único objetivo es llegar a Europa.

Despejar estas incógnitas atañe tanto a la política exterior española como a la comunitaria, pero, es preciso repetirlo, las carencias o la despreocupación de la UE no pueden encubrir cuanto de inapropiado se ha hecho. Insistir en ello es algo más que un mayúsculo error político. Un enfoque simplemente decoroso del drama de El Tarajal debería llevar al Gobierno a dilucidar responsabilidades antes de que los vídeos aclaren lo sucedido, si es que lo hacen. Sin envolverse en la bandera mediante una verborrea que, por repetida hasta la saciedad durante los últimos días, resulta aún más sospechosa por su semejanza con un descarnado discurso populista.

La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.

 

 

 

Hollande, una vida poco privada

El descubrimiento de la relación secreta del presidente de Francia, François Hollande, con la actriz Julie Gayet induce a reflexionar una vez más acerca de cuáles son los límites de la vida privada y en qué condiciones debe quedar a salvo cuando al menos uno de los implicados tiene una proyección pública evidente. En el análisis de lo que hoy sucede en Francia vuelve a plantearse el asunto central de la suplantación o enturbiamiento de las cuestiones de Estado a causa de una relación amorosa, vuelven a abordarse las posibles consecuencias en el plano de la seguridad y, al mismo tiempo, se alienta la discusión sobre el derecho de los ciudadanos a estar informados, el de los cargos públicos a preservar su intimidad de los curiosos y el de los medios de comunicación a informar verazmente de cuanto sucede. Lo singular en el affaire Hollande-Gayet es que la opinión pública asumió desde hace mucho que no cabe poner en discusión la separación tajante entre vida pública y privada, fruto de una larga tradición que considera los secretos de alcoba y las relaciones sentimentales asuntos estrictamente personales.

Otra cosa es que Closer, la publicación que dio la noticia, haga el negocio de su vida –ha pasado de una venta media de 330.000 ejemplares a otra de 550.000 y sus ingresos en una semana han aumentado en 300.000 euros– y que, como dice el sociólogo Jean-Claude Kaufmann, “la curiosidad de la gente sea insaciable”. Pero los curiosos sin freno debieron sentirse francamente decepcionados el martes con la conferencia de prensa de Hollande, que remitió los asuntos privados a una gestión privada. Una cosa es que una parte no menor de los consumidores de información lo quieran saber todo “de François y Julie”, como dice Kaufmann, y otra bien distinta, que deban poner su vida íntima en el escaparate y que su relación afecte al futuro político del presidente, en horas bajas, pero espoleado por la complejidad del momento, como lo resume un comentarista del diario Le Monde: “Como si la adversidad, tanto política como personal, fuera para él el mejor carburante de la serenidad”.

Anne-Aymone y Valéry Giscard d’Estaing, cuando este era presidente de Francia.

Es inconcebible una reacción similar en el mundo anglosajón, y singularmente en Estados Unidos, cuyo ADN político exige del presidente un comportamiento ejemplar en todos los ámbitos. Eso excluye el recurso a la mentira para preservar los ámbitos más íntimos de la vida personal –recuérdese el caso Clinton-Lewinsky–, quizá porque la moral puritana que los pioneros llevaron a Nueva Inglaterra sigue siendo una seña de identidad del estadounidense medio. Desde luego, pocos son los periodistas de Estados Unidos dispuestos a admitir el recurso a la mentira como una opción comprensible o al menos explicable para defender la intimidad en según qué casos, como hace la periodista Nathalie Rheims en el semanario Le Point. Bien es verdad que en los días de John F. Kennedy, la prensa mejor informada eludió discretamente las alusiones a los devaneos amorosos del presidente y en especial su relación con Marylin Monroe, pero debe entenderse que se trató de una excepción.

Danielle Mitterrand (izquierda), con sus dos hijos, y Anne Pingeot (con sombrero negro) y su hija Mazarine, en el entierro de François Mitterrand.

La prueba más fehaciente de la distancia que separa el tratamiento anglosajón y francés de asuntos tan particulares es el comentario deslizado por un editorialista del semanario conservador estadounidense Time: “Estos días se ha escuchado tanto la expresión vida privada que se podría añadir al tríptico libertad, igualdad, fraternidad”. Hay en la frase un punto de ironía y otro de exageración, pero no deja de reflejar una realidad que se concreta en las biografías no políticas de los últimos cuatro presidentes que ha tenido Francia. A Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) el semanario satírico Le Carnard Enchaîné le llegó a llamar Valéry la Nuit, un mote tan elocuente que hace innecesario añadido alguno. François Mitterrand (1981-1995) vivió una doble vida familiar con Danielle, su esposa, y con Anne Pingeot, con quien tuvo una hija, Mazarine, cuya existencia se desveló en 1994. De la vida galante de Jacques Chirac (1995-2007), París se hizo lenguas desde sus días de joven y prometedor ministro. Nicolas Sarkozy (2007-2012) se divorció de Cécilia cuando ya mantenía una relación amorosa con Carla Bruni. En cuanto a François Hollande, presidente desde mayo del 2012, las complicaciones de su vida afectiva antes y después de separarse de Ségolène Royal y de unirse a la periodista Valérie Trierweiler forman parte ahora mismo de la crónica política y del papel cuché.

Los dos hijos del primer matrimonio de Nicolas Sarkozy, en los extremos izquierdo y derecho, Cécilia Sarkozy, sus dos hijas y su hijo llegan al palacio del Eliseo el día de la toma de posesión del presidente.

Ni siquiera la promesa hecha por el candidato Hollande en el debate televisado con Sarkozy, el 2 de mayo del 2012 –“en tanto que presidente, haré que mi comportamiento sea ejemplar en todo momento”–, parece dañar el modelo francés de respeto a la vida privada. La exigencia de ejemplaridad empieza y acaba en el cometido político para el que el presidente es elegido, y cuanto queda fuera del campo estrictamente institucional, no parece formar parte del balance de las actuaciones llevadas a cabo por el personaje. Así se comprende que con ocasión de la campaña que precedió a la reelección de Mitterrand, con un currículo amoroso ciertamente variado, a nadie sorprendiera el éxito de la llamada tontonmanía –de tonton, familiarmente tío en francés– ni se viese en Francia contradicción alguna entre la imagen pública del presidente que se proyectaba en ella y las abruptas complejidades de su vida privada. “Se puede ser el tío más veterano de la familia y, al mismo tiempo, tener una vida activa con iniciativa”, manifestó uno de los autores de la campaña, y no hay duda de que Mitterrand tenía una vida activa en todos los sentidos o al menos esta era la especie que circulaba.

La herencia de Mitterrand, que hoy se menciona a todas horas, tuvo su momento de consagración en su funeral, al coincidir en él las dos familias. “El reconocimiento público, que no jurídico, de su hija, y sobre todo la presencia de la amante el día del entierro oficial al lado de la esposa legítima demostraron que la frontera entre la vida pública y la vida privada era porosa”, sostiene el sociólogo François de Singly. Al otro lado del Atlántico, tal porosidad no se concibe más que como una adulteración del papel confiado al presidente, del que se espera que sea ejemplo de conducta pública y privada. Y esta exigencia se remonta a periodos cruciales de la historia del país: en los años que siguieron al asesinato de Abraham Lincoln, arraigó en muchos la convicción de que el presidente nunca había mentido ni como abogado ni como político, algo que hoy se antoja sorprendente.

Valérie Trierweiler y François Hollande poco después de la llegada de este al Eliseo.

¿Qué papel desempeñan los medios en este entramado? Jean-Claude Kaufman se acoge a la idea de que Occidente entró hace 50 años en “la era del individuo, dueño de su vida privada”, lo que implica aceptar una separación radical entre la vida pública y la privada. Nathalie Rheims entiende, en cambio, que, en la era de internet, “no hay sitio para lo íntimo, todo se ha convertido en éxtimo”, un palabro con el que quiere significar que todo es público en el imperio de la red. Si al primero se atiende, tendrían poca justificación ética las porfías de Closer y del paparazzo a quien compró las fotos de las escapadas de Hollande por 30.000 euros, según versión publicada por el diario conservador Le Figaro. Si se presta oídos a la segunda, no hay en la existencia de Hollande espacio para la vida privada en tanto sea presidente de Francia y aun después, y en igual situación se encuentran Trierweiler, pareja oficial de Hollande, y Gayet, supuesta amante de este. Pero esa simplificación de la vida privada, diluida en la era global, casa mal con la percepción muy extendida de que, en todo aquello que no constituye delito, todos los ciudadanos, incluido Hollande, tienen derecho a la intimidad. Dicho de otra forma: la relación Hollande-Gayet es un acontecimiento relevante sobre el que los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero esta circunstancia no legitima someter a los implicados  a un marcaje permanente y, aún menos, a juicios morales.

Serge Raffy lo resumió en el semanario progresista Le Nouvel Observateur: “En estos tiempos de grandes inquietudes y de diferentes miedos, saber que el jefe, que vive una penosa prueba personal, tiene los nervios templados, no es un detalle. Es una especie de garantía. Los próximos sondeos dirán si esta postura del hombre inflexible en la adversidad ha tenido un precio político. Ser digno en la tempestad es una fuerza, venga de donde venga. Y un gesto elegante”. La frase es aplicable a Valérie Trierweiler,  hospitalizada en París, cuyo estatuto personal ha sido puesto en discusión frecuentemente al no estar casada con François Hollande y carecer la figura de la primera dama de Francia de un marco de referencia similar al de la esposa del presidente de Estados Unidos, conocida como Flotus (first lady of the United States). Otra diferencia, una más, sobre cómo se entienden los requisitos del poder en dos viejas democracias cuando asoman en ellas las humanas pasiones.