Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.

La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.

Trump encanalla la campaña

La tensión social en la calle y las bravuconadas de Donald Trump han envenenado la atmósfera en Estados Unidos más allá de toda previsión. Si la fractura social y el enconamiento político disponen hoy de una imagen elocuente, esta es la de las calles de Estados Unidos, sede de la indignada y casi siempre pacífica reacción de cuantos piensan que el asesinato de George Floyd ha sido la gota que colma el vaso, y la conducta de la Casa Blanca, la prueba evidente de que las convenciones democráticas se han visto arrolladas por una mezcla de autoritarismo, populismo y demagogia destemplados. Trump ha decidido que la reelección bien vale degradar el sistema y ponerlo al servicio de sus intereses y objetivos, sin disimulos que valgan.

La urgencia presidencial por sobreponerse a varios problemas concatenados –la desastrosa gestión de la pandemia, con más de 100.000 muertos, los 40 millones de parados provocados por la congelación de la economía y la brutalidad policial puesta de manifiesto por enésima vez en Minneápolis– le han llevado a buscar en la unión en torno a la bandera el contrapeso a lo que señalan encuestas bastante fiables hechas la última semana de mayo: por primera vez la intención de voto por Joe Biden vence a Donald Trump. “La gente está asustada y quiere líderes que tomen decisiones y soluciones simples. Está dispuesta a darle al presidente el beneficio de la duda. De momento”, según explica Michael Paarlberg, de la Virginia Commonwealth University, en un artículo publicado por el think tank Cidob, pero esta necesidad no es ni un cheque en blanco ni garantía de nada. Casi todos los presidentes han logrado la reelección desde el final de la segunda guerra mundial –solo tres fracasaron en el intento–, pero ninguno desempeñó un papel tan determinantemente divisivo, y tampoco ninguno, ni siquiera Richard Nixon, se dedicó de forma tan sistemática a manipular las emociones.

George F. Will, un prestigioso comentarista de The Washington Post, afirma que hay que echar a Trump para sanear la política y el respeto institucional. Decisiones tan extravagantes como bloquear la Casa Blanca para acercarse a la iglesia de San Juan y retratarse con una Biblia en la mano, declaraciones como que el país “necesita ley y orden” después de haberse ocupado de calentar los ánimos, atribuir las protestas a un supuesto movimiento antifa –tradúzcase antifascista–, cuando tal cosa no existe, y amenazar con recurrir al Ejército para acabar con las manifestaciones son solo algunas de las etapas en la escalada de Trump hacia un horizonte inevitablemente preocupante.

La conducta del presidente, dice Will, “ha demostrado que la frase bufón maligno no es un oxímoron”, y ha dejado en evidencia al Partido Republicano, que no cumplió en 2016 con la función primaria de toda formación política de “otorgar su imprimatur a los candidatos”, sino que consintió en nominar a un “personaje vulgar”. Quizá la vulgaridad se haya tornado pesadilla y quizá el republicanismo clásico se ha llevado demasiado tarde las manos a la cabeza, pero es muy significativa la alarma de algunos de sus militantes influyentes –George W. Bush entre ellos– y de conservadores sin adscripción política, pero que estuvieron al lado de Trump al inicio de su presidencia, como el general James Mattis, exsecretario de Defensa. Lo mismo puede decirse del titular en ejercicio al frente del Pentágono, Mark Esper, en una país en el que el prestigio de las fuerzas armadas es un valor transversal.

A los motivos inmediatos de alarma hay que añadir aquellos relacionados con la convocatoria electoral del 3 de noviembre. ¿Qué manejos se puede traer Trump para adulterar o condicionar la votación? ¿Puede el presidente obstaculizar el ejercicio del voto por correo? ¿Está la Casa Blanca dispuesta a tocar las urnas? No son estas preguntas a humo de pajas, sino que con estas u otras palabras las planea Reid J. Epstein en The New York Times. Entre las posibilidades que baraja el analista, que no es un afecto a la teoría de la conspiración, figura esta: “Después de que Biden gana por estrecha victoria en el Colegio Electoral, Trump se niega a aceptar los resultados, declara que no abandonará la Casa Blanca y rehúsa permitir el acceso habitual del equipo de transición de Biden a las agencias antes de la toma de posesión el 20 de enero”. Verdaderamente perturbador, siquiera se trate de una mera hipótesis.

La tarea fundamental de los demócratas es convencer a una parte de los electores que en 2016 votaron por Trump, atraer a los jóvenes que en las primarias apoyaron mayoritariamente a Bernie Sanders y movilizar el voto afroamericano en la misma proporción que lo consiguió Barack Obama en 2008 y 2012. En teoría, con la crisis económica castigando a la clase media, debería ser relativamente fácil lograr tales objetivos en las grandes ciudades, pero el perfil social de los estados poco poblados y alejados de los grandes centros de poder –económico, político, cultural y de todo orden– plantea serias dudas sobre la capacidad demócrata de movilizar en su favor a los indecisos. Michael Paarlberg da una serie de razones que inducen tradicionalmente a los votantes a apostar casi siempre por la reelección y añade la que llama “obsesión demócrata por los swing states”, cuando en esta ocasión la elección se dilucidará en un ambiente de crisis sin precedentes, propicio para un enfoque binario de los problemas.

¿Puede la implicación de Barack Obama en la campaña cambiar el rumbo demócrata? La declaración del expresidente difundida el miércoles por las grandes cadenas de televisión da a entender que algo se ha puesto en movimiento para neutralizar el efecto electoral de los arrebatos de Trump. Más allá del entorno presidencial, nadie pone en duda la decencia de Biden, pero en una campaña encanallada hasta el paroxismo solo la solvencia del liderazgo de Obama parece capaz de dejarse oír por encima del ruido ensordecedor que emiten a todas horas los estrategas de la Casa Blanca. Es algo necesario para Estados Unidos, para que deje de juzgarse la salud moral de la nación “por el carácter de aquellos a quienes se les confía el poder”, en feliz frase de George F. Will. Y es precisa la reacción moral frente a Trump para evitar que una generación quede señalada por las malas artes de un presidente.

China y Estados Unidos oscurecen el futuro

La sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se desarrolla en Pekín ha dejado al descubierto en toda su crudeza los efectos de la pandemia sobre la mayor de las economías emergentes, que pretende disputar la hegemonía a Estados Unidos, y el agotamiento del modelo resumido en el enunciado un país, dos sistemas. Por primera vez en casi 30 años de crecimiento a toda máquina, un primer ministro, Li Keqiang, ha renunciado a fijar un objetivo de crecimiento y, al mismo, se ha remitido a la aprobación de una ley de seguridad nacional para encauzar la crisis política en Hong Kong, acabar con la movilización secesionista y preservar el vigor de las finanzas en la antigua colonia británica.

¿Dos caras de una misma moneda o los problemas en Hong Kong son solo una preocupación menor? Seguramente, no porque la inmediata reacción de Estados Unidos a la eventual contracción de los derechos políticos de los hongkoneses vaticina nuevos motivos de tensión, con la más que probable afectación de las relaciones comerciales entre los dos países, sometidas a un régimen permanente de ducha escocesa. Basta tener presente que, en el mejor de los casos, la economía china crecerá en 2020 el 1,2%, muy lejos del 6,1% de 2019, según diferentes informes no oficiales recogidos por medios tan prestigiosos como Le Monde y The New York Times. Pero este crecimiento está sujeto a variables tan volátiles como la reactivación de los intercambios con la Unión Europea y el mantenimiento por Estados Unidos de las reglas del juego –proteccionista– acordadas durante la segunda mitad de 2019.

Las reservas expresadas por Lawrence Summers en otoño pasado sobre la consistencia del acuerdo para limitar la imposición de aranceles a los productos chinos en Estados Unidos y viceversa siguen siendo del todo pertinentes. “Hay cuestiones más profundas y más grandes que están frenando la rápida expansión global”, dijo entonces el exsecretario del Tesoro estadounidense, y entre ellas se cuenta sin duda la movilización social en Hong Kong, que hace tiempo dejó de ser flor de un día. Y hace aún más tiempo dejó de analizarse a la luz de sus dimensiones geográficas porque plantea una pregunta cuya respuesta resulta harto complicada: ¿hasta dónde puede dar de sí el experimento chino: capitalismo y globalización pilotados por un partido nominalmente comunista?

Los primeros años de este siglo se hicieron cálculos sobre las necesidades mínimas de crecimiento para que las grandes ciudades chinas absorbieran la mano de obra procedente del campo. La conclusión más compartida fue que por debajo de un crecimiento anual del 7% era poco menos que imposible que el mercado laboral diese cabida a los flujos migratorios. Es innecesario subrayar que las estadísticas de expansión de la economía para el año en curso quedarán muy por debajo de las necesidades y pueden empeorar sin remedio si rebrota la guerra comercial. De momento, el presidente Donald Trump ha adelantado que “actuará con fuerza” si la ANP aprueba la ley de seguridad.

La reacción de Trump confirma aquello que el profesor Daniel Innerarity analiza en Una teoría de la democracia compleja: la simplificación de los desafíos y la ineficacia y los riesgos que ello entraña. Al mismo tiempo, los problemas que afronta el modelo chino obligan a plantear una vez más en qué momento capitalismo y dictadura se convierten en realidades incompatibles. O, quizá, es preciso preguntarse por la necesidad que tiene el capitalismo de asentarse en regímenes deliberativos, a partir de un determinado estadio de desarrollo, mediante un pacto social que permita gestionar las tensiones sociales. Se trata de una cuestión que afectará directamente a la configuración de un nuevo mundo bipolar con un marco de referencia sustancialmente diferente al de la guerra fría.

Algunas señales de alerta están ahí, propiciadas por la gestión y la salida de la pandemia. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que no le concierne comprometerse en nada que no responda a los intereses inmediatos del país, China multiplica sus gestos de complicidad –en apoyo de la OMS, suministrando material sanitario, embozando a los participantes en la ANP– y asistencia a la comunidad internacional. Con el efecto añadido de mejorar la imagen de un sistema autoritario, subrayar su eficacia y contrarrestar a los críticos. Que tal proceder neutralice las dudas sobre el recuento de muertes en China, el secretismo con que abordó el contagio del virus durante las primeras semanas y otras zonas oscuras de la crisis en curso, es algo que está por ver, pero, por el momento, la gestión china de la pandemia entusiasma a los partidarios confesos o encubiertos de las soluciones autoritarias.

Claro que el fenómeno es extrapolable a la fortuna que cosecha el apoyo de Trump a quienes se movilizan en Estados Unidos contra el confinamiento y las restricciones económicas. El entusiasmo patriotero de los manifestantes de Núñez de Balboa, envueltos en la bandera y difundiendo sandeces, se inspira en el nacionalismo, asimismo abanderado y ágrafo, de cuantos invocan los derechos individuales como gran y único argumento para comportarse como les plazca aunque pongan en riesgo la salud y la vida de sus compatriotas. Y esta escuela estadounidense de la desobediencia en nombre de los derechos del individuo –del individualismo exacerbado y de la cultura de frontera de los pioneros– se transmite a otros lugares mediante una emergente retórica ultraconservadora.

Ni el régimen chino y ni la Administración de Donald Trump son espejos en los que las democracias deban mirarse. Los dos modelos pugnan por contaminar el futuro con propuestas incompatibles con la sensatez y los equilibrios sociales, y ambos han convertido la recuperación económica en la gran ocasión de reclutar adeptos a su causa. El mayor problema para China es que, a causa de la pandemia, ha dejado de controlar algunas de las variables económicas que hicieron posible el milagro de su crecimiento imparable, y el mayor desafío para Estados Unidos es gestionar una economía con 40 millones de parados, cuyo futuro se oscurecerá aún más si el proteccionismo impuesto por la Casa Blanca y su oposición a ampliar las ayudas sociales se mantiene sin correcciones. El economista Paul Krugman lo ha resumido en muy pocas palabras: “Tras haber condenado ya a decenas de miles de ciudadanos a una muerte innecesaria, Trump y sus aliados se disponen a condenar a decenas de millones a privaciones innecesarias”. Estamos en el primer acto de la tragedia.

El coronavirus marca la pauta

Todo depende del coronavirus y nada escapa a su influjo. Varios gobernantes quedan en evidencia a causa de su gestión de la enfermedad antes de que la realidad del alcance del contagio los descabalgara de su suficiencia injustificada; otros, como Jair Bolsonaro, siguen en sus trece mientras no deja de crecer el censo de enfermos y muertos. Israel y Hamas parecen más cerca que nunca de un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Las cotas de popularidad de Donald Trump y Boris Johnson, convaleciente del mal, repuntan a pesar de su desconcertante reacción inicial, casi despreciativa con quienes, mucho antes que ellos, tomaron la decisión de restringir al máximo la movilidad y de hibernar la economía. La Unión Europea se debate entre la cohesión interna, la cicatería de los más ricos y las exigencias de los que no lo son tanto, al tiempo que decaen o se replantean en todas direcciones los fundamentos de la globalización. Y así hasta el infinito, la atmósfera de final de ciclo compite con la idea de una restauración a la mayor brevedad posible del modelo conocido hasta ahora con leves retoques.

Los términos en que el senador Bernie Sanders se ha retirado de las primarias del Partido Demócrata y ha manifestado su apoyo a Joe Biden para vencer en noviembre a Donald Trump discurren en una posición intermedia entre el final de ciclo y la restauración con retoques. Antes de la gran crisis, Sanders movilizó a una parte de la juventud de Estados Unidos para dar un vuelco a las políticas sociales, tuvo un éxito inicial y, con una profundidad difícil de precisar, modificó el perfil ideológico del partido a pesar de la inquietud del establishment, hasta el punto de arrastrar a Biden hacia una posición menos centrista. ¿Es sostenible un new deal para llegar a la Casa Blanca? Si el daño económico causado por el coronavirus es el que se vaticina, puede que sí; si reverdecen las cifras en otoño, el paro queda por debajo de las previsiones –ahora se teme que alcance cifras peores que las de la gran depresión– y se serena Wall Street, puede que no. Las prisas de Trump para activar la economía se atienen a esa lógica.

La decisión del presidente de congelar la contribución a la OMS también es tributaria de la pretensión presidencial de cargar los desastres de la crisis sanitaria a la incompetencia o falta de determinación de terceros para apercibir del avance de la pandemia en China. La evitación de responsabilidades es una manifestación del perfil narcisista que define a Trump, invocado en un artículo por la escritora Siri Hustvedt: “Durante más de tres años, el mundo ha visto a un presidente estadounidense atrapado en su propio presente espontáneo y volátil, con un narcisismo patológico y alimentado a diario por innumerables medios de comunicación, mientras millones de seguidores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, aprueban sus mensajes virales, xenófobos, racistas y misóginos, pero rotundos. Uno de los últimos: el virus es chino”.

Este narcisismo es un ingrediente esencial en la articulación de un mensaje nacionalista, excluyente, que impugna la multilateralidad y el statu quo. Se trata de un discurso reforzado por la vulnerabilidad puesta de manifiesto por la globalización, por la dependencia ciega de las grandes economías de la gran fábrica china, por el desconcierto que siguió a la interrupción de las líneas de suministro. Muy pocos se molestaron en diversificar el abastecimiento durante los mejores años del milagro chino, y ahora Trump explota la idea de que China es un proveedor poco fiable, un competidor imprevisible, sujeto a los designios de la élite política instalada en el partido. Lo dice con otras palabras, con la rudeza que lo caracteriza, pero este es su mensaje.

El programa en tres fases anunciado el jueves para hacer efectiva la reactivación económica, cuya viabilidad y aplicación final queda en manos de los gobernadores de los estados, supone un doble cambio radical en el proceder de Trump: el presidente se olvida de su “autoridad total” para gestionar la crisis, invocada con anterioridad, y antepone sin disimulo la salud de las finanzas a cualquier otro objetivo. “Un bloqueo prolongado, combinado con una depresión económica forzada, infligirá un coste inmenso y amplio en la salud pública”, sostiene Trump, como si la vulnerabilidad del sistema sanitario de Estados Unidos pudiese ser fruto del momento actual y no de la inexistencia de un sistema universal de salud, al que él se opone, sumado a la tardanza de su Administración en reaccionar.

Resulta retórico preguntarse por la influencia de los actores económicos en el gobierno de la crisis: es lógico concluir que sí influyen. Lo que realmente importa ahora es dilucidar qué capacidad de contagio tiene el propósito de Trump de poner en marcha la maquinaria a toda prisa. Y es importante la aclaración porque el riesgo de que empiecen a levantarse voces que pongan en duda la necesidad de la hibernación económica puede agravar la crisis social provocada por la pandemia, alimentar la desconfianza en las instituciones y multiplicar las demandas para suavizar cuanto antes las medidas de confinamiento y distancia social que los científicos estiman fundamentales para contener la propagación del virus.

A falta de grandes certidumbres acerca de cuánto tiempo se prolongará la presente situación de excepcionalidad, solo la confianza en los gestores puede apaciguar la intranquilidad, el cansancio y el desconcierto en sociedades habituadas a prever razonablemente el futuro inmediato. Siri Hustvedt observa que en el catálogo de percepciones de Donald Trump no existen el pasado y el futuro; solo importa el presente, puede decirse, la actuación inmediata, que vale para hoy, pero que quizá ayer se tuvo por inadecuada y acaso mañana no valga. Es esta una actitud que mina la seguridad de los ciudadanos encerrados en sus casas, y que deben evitar los estados europeos, demasiado a menudo enfrentados por el reparto de los costes para salir de la crisis. Nunca en los últimos 75 años fue la fragilidad una característica tan compartida, tan comprometedora de la aldea global.

 

China, ante una crisis de credibilidad

La orientación dada por el régimen chino a la gestión del coronavirus obliga una vez más a sopesar la naturaleza del sistema, su eficacia o debilidad, incluso su papel en la comunidad internacional cuando con harta frecuencia prevalecen la opacidad y el secretismo. Por mucho que la maquinaria de propaganda resucite viejos eslóganes, aliente el nacionalismo y pretenda desviar la atención hacia cuadros de segundo nivel del Partido Comunista y de la Administración –una misma cosa, en realidad–, lo cierto es que la cicatería y el retraso de Pekín a la hora de facilitar los datos esenciales de la epidemia han dificultado enormemente poner en marcha medidas preventivas y, de paso, han dado alas a una psicosis colectiva en todas partes, especialmente en Occidente. Un estado de ánimo, esto último, que obedece tanto a prejuicios arraigados durante generaciones como al comportamiento de las autoridades chinas, más afectas que nunca a la ancestral afición de la Ciudad Prohibida a ocultar o desvincularse de la realidad.

El desafortunado titular de The Wall Street JournalChina es el auténtico enfermo de Asia– que encabezaba un artículo firmado por el profesor Walter Russell Mead no invalida la consistencia de alguno de los argumentos desarrollados en él. En especial el que se refiere a la posibilidad de que el ADN del régimen chino desencadene algún día una catástrofe a gran escala: “Los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales, sin mencionar a los líderes empresariales e inversores, deben tener en cuenta que el poder de China, por impresionante que sea, sigue siendo frágil. Un virus mortal o un contagio del mercado financiero podría transformar la perspectiva económica y política de China en cualquier momento”.

Los riesgos de paralización de sectores importantes de las economías desarrolladas, faltos de suministros y sin proveedores alternativos, justifican este temor incipiente. Lo justifican también las estadísticas crecientes de enfermos y fallecidos, las cuarentenas, la evacuación de personal destinado a China por inversores extranjeros y la imposibilidad de esclarecer a ciencia cierta cuándo tuvieron noticia en Pekín de los primeros casos de coronavirus, cuántas semanas tardaron en poner en antecedentes al resto del planeta y hasta qué punto el presidente Xi Jinping y su entorno optó por el encubrimiento, por esperar y ver en vez de informar y actuar a plena luz del día.

Aunque el China Daily, el periódico en inglés editado en Pekín, se prodiga en comentarios que aluden a prejuicios colonialistas en la reacción de Occidente –algo no descartable–, lo cierto es que el debate abierto se adentra en las peculiaridades del régimen comunista surgido en los primeros noventa como resultado del reformismo impulsado por Deng Xiaoping, que rescató a China del atraso y el ensimismamiento. Un debate al que se ha incorporado de forma más o menos explícita una parte de la opinión pública china, confinada en sus casas, con las escuelas cerradas, las calles vacías y una sensación generalizada de parálisis del tejido productivo. Un debate en el que, se quiera o no, se formula una vez más la gran pregunta: ¿cuáles son los límites o el futuro de un sistema pilotado por el Partido Comunista y entregado a un desarrollo acelerado de la economía capitalista? Planteado todo en los términos de un editorial del Financial Times: ¿puede una superpotencia económica y militar consagrarse como tal e impedir al mismo tiempo, de forma sistemática, la libertad de información y crítica?

El China Daily se centra en el ideario de algunos medios occidentales –“fue [el lenguaje] utilizado comúnmente por las fuerzas extranjeras que conquistaron China para justificar su trato inhumano con los chinos”– y se remite a las prácticas colonialistas de las potencias europeas en África: “Este idioma colonial también era común en África cuando los amos colonizadores consideraban que su religión, cultura y estilos de vida en general eran superiores a los de las personas ingenuas a las que percibían como enfermas e inmundas”. Y sin descartar que pueda haber una parte de verdad en el legado dejado por la cultura colonial en Occidente, asoma al mismo tiempo el análisis adelantado por el Fondo Monetario Internacional: la crisis abierta por el coronavirus puede dañar la de por sí débil recuperación económica.

Tan cierto es que la Casa Blanca ha puesto en marcha un gran aparato de propaganda dentro de su particular guerra comercial con China como que demasiados analistas de muy variada orientación ven en el desarrollo de los acontecimientos diversas amenazas ciertas. Y si el nobel Paul Krugman teme más a los antiliberales que el comportamiento de la autoridades chinas, a otros les preocupa más algo que el mismo Krugman describe con detalle: “Es un país que no es democrático en absoluto, cada vez es menos libre; es un capitalismo muy controlado que supone un reto para el modelo occidental. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay diferentes tipos de capitalismo y diferentes modelos políticos también. La historia no ha terminado, hay diferentes modelos ahí fuera y pueden adelantarnos”.

“La gobernanza de China se ha vuelto menos transparente en las dos décadas posteriores al estallido del SARS, con el periodismo de investigación y otros informes y evaluaciones independientes enfrentando mayores limitaciones”, escribe Aditya Bhattacharji, un prestigioso experto en sanidad global del think tank Eurasian Group. El diagnóstico no es tranquilizador y permite poner en duda la fiabilidad de las autoridades chinas como gestoras de asuntos que atañen a la comunidad internacional y no solo a sus conciudadanos. Lo que es tanto como poner en duda la consistencia del milagro chino, fundamentado en un comunismo que consagra y legitima el derecho a enriquecerse, y que, al mismo tiempo, prohíbe la crítica independiente y la disidencia.

Nunca antes una crisis sanitaria había tenido tantas implicaciones políticas. El coronavirus ha sentado ante el espejo el modelo chino y se han puesto de manifiesto sus debilidades, fiabilidad y limitaciones, acaso su viabilidad futura si la fábrica del mundo no acomoda su potencia económica a los mínimos de transparencia que, de forma más o menos explícita, reclama la comunidad internacional en casos como los de una epidemia cuya contención nadie puede afirmar que se ha conseguido. Al menos no hay noticia confirmada de ello y la inquietud está justificada, más allá de los prejuicios y el comportamiento extravagante de quienes se han dedicado en el último mes a señalar a las comunidades chinas en todo el mundo como potenciales transmisoras de la enfermedad, una forma de xenofobia apenas encubierta.