La crisis de la política desfigura Europa

Dice el profesor Daniel Innerarity que “la democracia está bastante bien” y que “lo que está mal es la política”, una forma concisa, provocativa si se quiere, de describir dentro de qué laberinto transita Europa –Occidente en general– después de una crisis que ha desfigurado su rostro. Esto es, siguiendo con el razonamiento de Innerarity, la tradición democrática salvaguarda los derechos a protestar, a votar, a opinar, a ir de un sitio a otro, a mandar un twit, en general a expresarse y a vigilar los poderes públicos, a veces de una forma radical e innovadora, pero falla la política, “la capacidad de recoger todas esas reivindicaciones caóticas, a veces contradictorias e incluso incompatibles, y darles un formato positivo”, según manifestó el último lunes en el programa Millennium de La 2, emitido en horario solo apto para insomnes.

La mezcla de escepticismo, desconfianza y auge de la extrema derecha, tan visible en las elecciones celebradas en Europa durante el 2017, le dan en gran parte la razón: las referencias clásicas de la política han dejado de producir ideas nuevas y en su lugar se han dedicado a gestionar miedos colectivos –los flujos migratorios, el desafío islamista, la degradación del mercado de trabajo, etcétera– y a someterse a las exigencias de la economía global. Mientras, los movimientos sociales surgidos durante el desenlace de la crisis –el 15-M en España, fenómenos de similar naturaleza en otros lugares– han quedado como “una indignación un poco improductiva, como un gesto desesperado o desesperanzado porque lo que no está bien es la política” (otra vez Innerarity). La política no funciona para encauzar inquietudes y situaciones nuevas.

La crisis del sistema de partidos en varios países se atiene a la doble lógica de desgaste e ineficacia de organizaciones incapaces de interpretar los mensajes que envían los movimientos sociales, las oenegés, la comunidad académica y los medios de comunicación. En Francia dispone de mayoría absoluta un partido creado deprisa y corriendo por el presidente Emmanuel Macron al tiempo que los instrumentos clásicos de la derecha y de la izquierda languidecen o se enfrascan en estériles batallas internas. En Alemania, la formación de Gobierno es un calvario para regocijo de Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha tan cercano a los peores momentos de la historia del país que causa desasosiego imaginarlo como primer partido de oposición subido a la tribuna de oradores del Bundestag. En España, el salto de un bipartidismo imperfecto a un tetrapartidismo no menos imperfecto resulta escasamente productivo o atractivo para una sociedad decepcionada, con las heridas de la crisis sin curar. En Austria y Holanda, el populismo ultra lleva a los partidos que no lo son o no lo fueron a abrazar el canon ultraconservador; en Polonia, Hungría y otros lugares la prédica ultranacionalista gana adeptos sin cesar.

La democracia funciona, pero la política se ensimisma y desoye las voces que creen indispensable una mise à jour. Jean Daniel recogió el año pasado, en uno de sus comentarios en el semanario L’Obs, párrafos como el que sigue de la introducción de Pierre Rusch para el libro La idea del socialismo, del alemán Axel Honneth: “Hace menos de cien años, el socialismo era un movimiento tan pujante en el seno de la sociedad moderna que no había ningún gran representante de las teorías sociales que no estimara necesario consagrarle un estudio profundo”. Para John Stuart Mill, Emile Durkheim y Max Weber, explica el prologuista, el socialismo era “un desafío intelectual que sin duda acompañaría de forma duradera al capitalismo”. “Hoy las cosas dejaron de ser así”, añade.

En parecidos términos se expresa Fareed Zakaria desde el campo liberal en un artículo publicado en The Washington Post: Estados Unidos ha decidido dejar de ser el instrumento que da forma al mundo mediante un multilateralismo de amplio espectro. Si para el pensamiento liberal y conservador europeo, la inspiración vino de Estados Unidos en muchas ocasiones desde el final de la segunda guerra mundial, con Donald Trump en la Casa Blanca todo es completamente diferente. Zakaria se refiere a esta nueva situación como un problema “casi existencial” para dirigentes como el socialdemócrata alemán Sigmar Gabriel, y aporta un dato determinante para entender el alcance del repliegue estadounidense, su ausencia de la política exterior salvo cuando es estrictamente necesario: Donald Trump es “el primer presidente en cerca de un siglo en cumplir su primer año en el cargo sin haber celebrado una cena de Estado con un líder extranjero”.

Norberto Bobbio explicó a principios de siglo la quiebra del modelo liberal, antiperfeccionista, porque “cree que la historia de la libertad es una historia de continuos pasos del bien al mal, de intentos logrados y fallidos”, en favor de las utopías reaccionarias, que persiguen un fin último predeterminado y, en este sentido cabe calificarlas de perfeccionistas. En estas utopías, acaso distopías, “de transformación radical de la sociedad está implícita una idea antiliberal”, sostuvo Bobbio. Y no hay duda de que en el seno de este pretendido perfeccionismo ultraconservador, donde los equilibrios sociales deben funcionar como un mecanismo de relojería, sucumbe el dinamismo social, esa característica de las sociedades abiertas en las que nada está escrito de antemano, ni siquiera los rasgos de identidad que el nacionalismo de última generación ha resucitado para reconstruir comunidades homogéneas y contener el mestizaje a medio y largo plazo, fruto de los flujos migratorios que tienen como destino Europa.

En un seminario celebrado en noviembre en Madrid por el Comité Económico y Social de la Unión Europea se debatió largamente cuál debería ser el papel de los movimientos sociales frente al auge populista ultraconservador y a la crisis de la política, un factor siempre implícito en las discusiones. De aquellas reflexiones en voz alta surgió una conclusión bastante repetida: Europa arriesga su identidad política si las instituciones, los resortes políticos de que dispone, no dan con la tecla que permita poner a salvo, con errores y aciertos, su condición de sociedad acierta, antiperfeccionista puede decirse. “No nos engañemos –afirma Daniel Innerarity en una entrevista en La Vanguardia–: en última instancia son los Estados y sus democracias quienes están en cuestión en este proceso. La integración europea comenzó después de la segunda guerra mundial como un instrumento para salvar al Estado de los excesos del nacionalismo. El desafío actual es continuar esta misión en un mundo muy diferente”. Una empresa urgente y al mismo tiempo compleja en pleno cambio del modelo productivo, condicionado todo por la primacía de las finanzas globales sobre cualquier otra consideración.

Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.

 

Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.

Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

Alemania, frente al espejo

Los 94 diputados sobre 709 obtenidos el último domingo por Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán) confirma el auge de la extrema derecha en Europa, con precedentes muy sonoros en Holanda y en Francia más el desafío populista en Polonia y Hungría, de facto en estado de rebeldía frente a las políticas que marca la Unión Europea para los 27 y el Reino Unido hasta la sentencia de divorcio. Varias fobias superpuestas –al europeísmo, a la emigración y a los refugiados, al islam– han movilizado a un electorado conservador atraído por un nacionalismo a todo volumen que dice estar en disposición de restaurar el orgullo patrio, cerrar las fronteras y rescatar del abandono los länder del este, víctimas de una unificación precipitada y mal resuelta, algo que, entre otros, denunció Günter Grass en su día y que lo hizo acreedor de toda clase de críticas. Un programa vago, pero suficiente ha valido para erosionar a la democristiana CDU y para condenar al socialdemócrata SPD a conseguir los peores resultados de su historia.

Ni siquiera la fractura entre posibilistas y radicales, que ha llevado a Frauke Petry, la exlíder del partido, a renunciar al escaño para iniciar una aventura en solitario para un “nuevo comienzo conservador”, degrada la importancia política y social del éxito electoral de la AfD. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial se sentarán en el Bundestag defensores desinhibidos de los méritos contraídos por la Wehrmacht, negacionistas del Holocausto y quién sabe si añorantes de la ensoñación del Reich milenario. Que la cohesión interna de la AfD pase por una crisis no evita que varios de los problemas que las próximas semanas o meses se acumularán en la mesa de la cancillera Angela Merkel sean fruto de esa sacudida electoral, que por de pronto ha sepultado la gran coalición, obliga a organizar un tripartito de democristianos, liberales y verdes y acaso liquide la carrera política del brillante Martin Schulz (SPD), que perdió 40 diputados el 24 de septiembre.

En mitad de la remodelación y puesta al día del eje francoalemán, surge un proceso susceptible de generar inestabilidad e incertidumbres, las servidumbres de un problema nacional se cruzan en el camino de Angela Merkel y del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y acaso no sea eso lo más grave, sino el robustecimiento de las fuerzas disgregadoras que amenazan el proyecto europeo. Cuando analistas de prestigio como Anatole Kaletsky, autor del libro Capitalismo 4.0, subrayan que las reformas económicas en Francia solo son factibles si Alemania “acuerda un régimen fiscal más generoso y apoya políticas monetarias que beneficien a los miembros más débiles de la eurozona”, no hacen más que citar una de las fronteras que probablemente los liberales no están dispuestos a violar –la austeridad a todas horas– y que los ecologistas, en cambio, desdeñan.

“Europa podría muy bien sucumbir al nacionalismo si fracasa el plan de Macron”, afirma Philippe Legrain, de la London School of Economics, pero el éxito de Macron, contestado en la calle y con la popularidad en declive, depende en gran medida de la capacidad de Merkel para aligerar el recetario que ha defendido hasta la fecha. Con el riesgo añadido de que la tensión social provocada por su reforma laboral alimente en igual o parecida proporción a los insumisos de Jean-Luc Mélenchon y a la extrema derecha que lidera Marine Le Pen. Al lado de Merkel, el europeísmo de Macron parece razonablemente a salvo; cuanto más tiempo tarde la cancillera en ordenar la política interna alemana, más dificultades encontrará Macron para defender su programa.

Guste o no, el renacimiento de la extrema derecha con las siglas AfD y el hundimiento de la gran coalición condicionan el futuro inmediato de Alemania y de Europa. La gran pregunta o incógnita a desvelar es cómo, después de décadas de democratización y saneamiento de la política, una parte de Alemania vuelve a mirarse en el peor espejo de su historia. Quizá la crisis migratoria, las tensiones del euro y los efectos de la economía global sean causas directas del éxito de la AfD, pero quizá también deba darse la razón a cuantos sostienen que la desnazificación en la República Federal de Alemania (RFA), intensiva y sin tregua durante los 30 o 40 años que siguieron al final de la guerra, no existió o no tuvo la misma profundidad en la República Democrática Alemana (RDA), fundada sobre la creencia de que era expresión de la sociedad alemana que se opuso y venció al nazismo. En realidad, tal suposición no fue nunca mucho más que un eslogan propagandístico porque la victoria a sangre y fuego fue de la Unión Soviética, impulsora y protectora de la Alemania Oriental desde el primer día de su existencia hasta la caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989).

Quedó en la tierra alemana al este de la divisoria un núcleo de población sometido a un régimen comunista, pero que nunca acometió la empresa de ventilar la casa ni se prestó a revisar la historia porque el socialismo real instalado en el poder creyó que su sola autoridad y magisterio ahuyentarían los fantasmas. Una parte de la sociedad se acomodó simplemente a un tiempo diferente y, al resquebrajarse el muro, unificarse el país y ponerse de manifiesto las diferencias de todo tipo entre el próspero oeste y el empobrecido este, optó por volver la vista al pasado y desenterrar todos los demonios familiares que Occidente creyó sepultados para siempre. Nunca tuvo la RFA un gran partido de extrema derecha –ni siquiera lo fue el Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD)–, acogidos los nostálgicos en la posguerra por la CDU (en Baviera la CSU) sin hacer ruido, pero el pensamiento ultra se ha consagrado ahora, después de una cadena de experimentos políticos fallidos, cuando en los antiguos territorios de la RDA han coincidido la frustración política y la crisis social.

Como tantas veces ha sucedido, el establishment no quiso aceptar la posibilidad no tan remota de que aquí estaba la extrema derecha para quedarse y, lo que es aún peor, se negó a admitir que había una relación directa entre la austeridad, los microjobs y otras formas de precariedad laboral y la proletarización de la militancia ultra, atraída por el discurso populista, la simplificación de los problemas y la acusación dirigida a Europa de ser culpable de todo. Si en Francia Marine Le Pen anduvo a vueltas durante años con la resurrección del franco y la renuncia al euro, ahora en Alemania los partidarios de regresar al marco se han visto reforzados; si aumenta la movilización alemana contra la Europa de Schengen, cobrará vigor la oposición al tratado de Schengen en los Países Bajos y en Francia, e incluso los partidarios del brexit sentirán que sopla viento a su favor y no navegan solos.

Willy Brandt dijo: “El futuro no va a estar dominado por aquellos que están atrapados en el pasado”. ¿Manifestó un deseo o estuvo convencido de que el pasado ominoso se quedaría sin seguidores? En todo caso, fue un pensamiento honorable, compartido por muchos de cuantos tuvieron la responsabilidad de rescatar Alemania y su cultura política del lodazal en el que habían quedado sumergidas. Al observar hoy el ascenso de la AfD y el envalentonamiento de sus líderes, surge el temor de que los fantasmas del pasado reclamen tener un papel relevante en el escenario.

Escalada sin freno hacia el 1-O

Llegados a este punto, una semana antes del día D del referéndum, cabe decir que la intensidad de la confrontación o el enfrentamiento se agrava, la desorientación atenaza a bastantes y la calle se calienta entre cánticos, registros, pancartas, detenciones, proclamas y muestras de cabreo con la música tintineante de las cacerolas caída la noche. Nadie es inocente en este mecanismo de acción-reacción puesto en marcha hace años, con responsabilidades compartidas desde que el PP impugnó el Estatut y el andamiaje empezó a zarandearse; nadie puede sentirse satisfecho con la senda elegida ni exhibir una superioridad moral inexistente en nombre de un respeto casi sobrenatural a la ley o de una defensa virginal de la democracia con atributos (el derecho a decidir). Nadie ha renunciado a recurrir a los agit-prop, a los analistas de cabecera reclutados por los medios públicos para defender con ahínco, desde la trinchera más que desde la razón, lo defendible y lo que acaso no lo es, o eso le parece al adversario (esperemos que no enemigo).

Todo vale para que bulla el caldo. Un comentarista o tertuliano, o agitador, o lo que sea dice en una televisión de extrema derecha, después de tener noticia de que Corea del Norte dispone de un misil balístico que puede alcanzar Barcelona (a saber si es cierto): “No hay huevos, Kim. Dispara que ganamos todos”. Inmediatamente, el futbolista Gerard Piqué agarra el móvil y tuitea: “A estos no los vais a visitar, ¿no?” (se refiere a las detenciones de funcionarios de la Generalitat). Va Irene, el personaje de Cayetana Guillén Cuervo en El ministerio del tiempo, suelta que “ser independiente no está bien visto en este país” y ha de salir enseguida el guionista a apagar el fuego en las redes: “No os tiréis a la piscina que no hay agua” (la frase fue escrita, recuerda, mucho antes de los rigores de estos días de autos tan acalorados). Toma nota del lío en curso el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y se apresura a agitar una estelada a 939 kilómetros de Barcelona. Y así.

Más allá del choque de poderes, de los cálculos electorales de cada bando –del Gobierno y del Govern, al mismo tiempo o por separado; de los partidos y de sus ideólogos, si los hay–, de la profusión de consignas, de nacionalismos enfrentados, surge la capacidad de movilización de la política de las emociones, tan alejada de la política de lo verosímil, de lo eficaz y de lo útil. La razón –de nuevo la razón– induce a pensar que ambas partes, el Gobierno y el Govern, debieran optar por una negociación sin apriorismos, pero luego trazan en las ruedas de prensa líneas rojas que sus potenciales interlocutores dicen no poder aceptar; la razón lleva a desear que nadie rompa la baraja o se oculte detrás de las togas (Margarita Robles dixit), pero todo esto sucede con profusión de gestos airados, declaraciones hirientes y la sensación muy extendida de que a cada hora que pasa es más difícil dar con un atajo en medio del laberinto.

“La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de vida”, afirmó Ernest Renan en la famosa conferencia ¿Qué es una nación?, que pronunció en la Sorbona en 1882. A tal idea se acogen ambas partes cuando entienden que España gana todos los días ese plebiscito cotidiano (tesis del Gobierno) a través del respeto colectivo a la Constitución o que quien lo gana es Catalunya mediante el apoyo popular a lo votado en el Parlament el 6 y el 7 de septiembre (tesis del Govern). En ambos casos se recurre a una simplificación que no hace sino ahondar en la crisis, alimentar la escalada y desoír las razones del adversario (esperemos que no enemigo), mientras en todas partes surge la misma pregunta: y el 2-O, ¿qué?

Nadie tiene una respuesta y si alguien la tiene, no da pistas. Entretanto, a ambos lados de la divisoria crece la impaciencia a lomos de la incertidumbre. Alguien recuerda en Twitter la frase de Albert Einstein: “El nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad”, pero nadie se da por aludido, aunque el componente nacionalista es consustancial a la escalada en curso y todas las intervenciones llevan su sello. Hay un timbre nacionalista no reconocido, además de una inexactitud histórica, en la afirmación de Mariano Rajoy de que España es la nación más antigua de Europa; lo hay asimismo, en este caso aceptado, en la oratoria de Carles Puigdemont y sus aliados. Lo hay de forma manifiesta en la profusión de banderas en los balcones y en el argumentario desarrollado para la ocasión por los implicados en el problema (gobiernen o sean oposición).

Es de temer que de ahora al día D todo empeore, incluidas las pulsiones nacionalistas envueltas en dos banderas y en la remisión al heroísmo de los antepasados. Algo que lleva inexorablemente a la confrontación crónica, de acuerdo con el diagnóstico del filósofo italiano Norberto Bobbio: hablar o volver a combatir. En el caso hispano-catalán, hablar o seguir en ese viaje a ninguna parte que tensa las relaciones sociales, las perspectivas económicas, la convivencia entre ciudadanos y la inquina entre discrepantes. Hablar o volver a combatir, hablar o seguir como estamos, sumergidos en una discordia permanente en la que cada parte cree ser depositaria de lo cierto, de lo noble, de lo honrado, de lo decente, de aquello que no admite discusión porque lo dice un juez o tribunal, porque así lo aprobaron unos diputados, porque así se entiende en el derecho internacional o porque así es la democracia y cualquier opinión alternativa está cargada de impurezas. Todo verdades parciales, medias verdades, verdades incompletas que condenan a los litigantes a seguir litigando. En esas estamos.

Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Elección moral en Francia

El titulado como gran debate de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia fue, en realidad, el miércoles pasado, el ruidoso debate o el atropellado debate. Al sentar en el estudio de France 2 a la última representante de la peor tradición política de Francia, la confrontación de programas dejó de serlo y la pantalla devolvió a los espectadores la imagen de un país dividido entre el oportunismo sin escrúpulos de la ultraderecha recalcitrante y el posibilismo europeísta del establishment. Al arreciar la discusión salió a la superficie la versión más abrupta de dos Francias, de dos Europas, de dos futuros posibles que se enfrentan elección tras elección en sociedades descoyuntadas por el astronómico coste social de la crisis económica, el terrorismo global, la crisis migratoria y las proclamas milagreras de diferentes formas de populismo.

Sentados frente a frente, Emmanuel Macron y Marine Le Pen representaron una pugna planteada en términos parecidos y con propósitos similares a las habidas antes en Austria y en Holanda, y es de prever que habrá en septiembre en Alemania. Envuelto todo en esta sensación inevitable de que Macron está en condiciones de utilizar pulcramente la pala de pescado mientras Le Pen maneja el cubierto como un instrumento adecuado para arremeter contra un comensal en caso de necesidad. Aun sin ver en Macron la gran esperanza blanca para rescatar a Francia del estancamiento, es fácil descubrir en su contrincante el torvo rostro de un pasado indecente, de la más deshonrosa hora de Europa y de Francia, de las algaradas callejeras de Action Françaises en los prolegómenos de la gran hecatombe, de aquel antisemitismo encubierto más tarde con la negación del Holocausto. Después de escuchar la otra noche a la candidata del Frente Nacional no hace falta recurrir a grandes digresiones para concluir una vez más que el huevo de la serpiente ha vuelto a ser fecundado y puede eclosionar en cualquier lugar, en cualquier momento.

Nada queda de la tradición de los grandes debates con argumentos elaborados. En una discusión en la que Marine Le Pen acusa a su adversario, sin asomo de prueba, de ocultar dinero en un paraíso fiscal –una forma de posverdad– y Emmanuel Macron tacha de indigna a su contrincante no queda espacio para la justa versallesca. Nada se tiene en pie sobre el tapiz político de la habilidad dialéctica y la frase justa tantas veces admirada en los debates televisados franceses: hoy la discusión se desarrolla en un ring en el que una de las partes se siente a gusto y la otra debe reconocer que si no acepta las reglas del juego, puede caer en la lona, vencida por la simplificación dual típica de los populismos tabernarios: el pueblo frente a la casta, la nación frente a los inmigrantes, el legado cristiano frente a la invasión musulmana, la nación frente a Europa, la gente frente al sistema (todas las ideologías metidas en el mismo saco). El griterío ensordecedor de la camada ultra ha logrado imponer un código de conducta, una agenda, si se quiere, que ha contaminado la política francesa y a un sector importante –el 40%, puede que más– de los electores que este domingo acuden a votar.

A la vista de la ausencia de Jean-Luc Mélenchon, estandarte de la nueva izquierda –los insumisos–, en los esfuerzos para movilizar al electorado contra Le Pen más que en favor de Macron, nadie diría que la confrontación tiene un componente moral evidente, en defensa de la dignidad de la política, en contra de la demagogia y de los eslóganes hirientes. Toda elección tiene un ingrediente moral, pero en este caso se trata de un factor capital en la discusión en curso para evitar que la autoridad quede en manos de la cultura política del odio. El hecho de que hasta el griego Yanis Varoufakis, un radical sin reservas, alerte acerca de los riesgos de la abstención y del voto en blanco descalifica de por sí a Mélenchon, afecto a un oportunismo electoral –la vista puesta en las legislativas de junio– demasiado cercano a la muy difundida creencia en según qué ambientes de que cuanto peor, mejor.

Basta repasar la historia del Frente Nacional desde las elecciones de 1974, cuando la candidatura de Jean-Marie Le Pen no pasó de ser una curiosidad pintoresca a pie de página, para entender que ha mutado en amenaza auténtica para el pacto republicano, los usos democráticos y la implicación de Francia en un futuro proyecto político europeo más seductor que el actual. Pero basta también comparar la situación presente con la de la primavera del 2002, cuando la unidad republicana garantizó la reelección de Jacques Chirac frente a Le Pen, para medir hasta qué punto la descomposición del bloque a izquierda (seguidores de Mélenchon) y derecha (seguidores de François Fillon), siembra el escepticismo y alimenta toda clase de dudas. Y basta, en fin, recordar el pobrísimo resultado obtenido en la primera vuelta por Benoît Hamon, el candidato del PS dejado a su suerte por François Hollande y Manuel Valls, para calibrar hasta qué punto la descomposición de la izquierda clásica es un hecho irreversible, víctima la socialdemocracia de su apego a la Realpolitik sin matices en plena degradación del Estado del bienestar.

La victoria más que previsible de Macron no cambiará esencialmente los enunciados: los pilares de la Quinta República serán a partir de ahora otros, serán los de una intuida Sexta República sin mayorías concluyentes en el Parlamento, una extrema derecha robustecida, nuevas siglas en el centro –En Marche!– y en la izquierda alternativa, y la obligación inaplazable en el campo conservador y en el socialista de refundar aquello que hasta hace poco se antojaba inamovible. Como dice el politólogo Olivier Duhamel, las cosas seguirán cambiando, porque la llegada al Eliseo de un presidente con un partido recién fundado, la presumible mezcla de tecnócratas, independientes y algunas caras conocidas en el Gobierno que forme y la incógnita por despejar en las elecciones legislativas de junio configurarán un ecosistema político nuevo, seguramente menos estable, más deliberativo, menos articulado en torno a la figura del jefe del Estado.

Hace demasiado tiempo que funciona por inercia la Quinta República como para pensar que el próximo presidente podrá eludir los cambios que urgen para evitar males mayores a los presagiados durante una campaña tan encrespada. Ahí está en todas las esquinas de Francia la imagen de Marine Le Pen para recordar que el país afronta un final de ciclo plagado de riesgos extensivos a toda Europa.

Francia corre riesgos

La victoria de Emmanuel Macron, exministro liberal en un Gobierno socialista, solo dos puntos por encima de Marine Le Pen, extrema derecha xenófoba y antieuropeísta, no permite banalizar el éxito de esta última en la primera vuelta de la elección presidencial en Francia, sino subrayarlo con tinta roja. Solo 15 años después de que Jean-Marie Le Pen disputara a Jacques Chirac la presidencia de Francia, la hija del viejo caudillo ultra ha obtenido 2,8 millones de votos más que los que él logró en la primera vuelta del 2002 y, tanto o más importante que este dato, ha conseguido proletarizar el Frente Nacional (FN), hacerlo más transversal y agravar la división latente en una sociedad desorientada por dos presidencias sin logros –las de Nicolas Sarkozy y François Hollande–, por el descrédito de los grandes partidos, por el coste social de la crisis económica y por el desafío yihadista. Las bolsas europeas respiraron tranquilas el lunes, pero los vaticinios de una segunda vuelta en la que el voto ultra puede acercarse al 40% configuran una Francia nueva, con más de un tercio de los electores movilizados contra la tradición republicana y europeísta, conquistados por el nacionalismo primario “de un clan familiar cínico y sin escrúpulos” (Le Monde).

La presunta sutileza de los análisis que consideran un fracaso del FN no haber alcanzado el 30% en la primera vuelta, requisito mínimo para aspirar a la presidencia con fundamento en la segunda, no hace más que ocultar los riesgos que corre Francia, y por extensión Europa. Nada hay más alejado de las convenciones políticas, del pacto republicano y del equilibrio social que el populismo vociferante de Marine Le Pen envuelta en la bandera. Ese recurso a las emociones o a las esencias nacionales ha sido útil, por el momento, para dejar en ruinas el sistema de partidos característico de la Quinta República, puede serlo para hipotecar la gestión de futuros gobiernos si en las legislativas de junio alcanza el FN una representación significativa en la Asamblea de la República y puede serlo aún más si deja vía libre a los partidarios de agitar la calle, que los hay.

Marine Le Pen se refiere a la necesidad de una “unión nacional” para pedir el apoyo en las urnas el 7 de mayo, una apelación a la identidad antes que a los valores. Emmanuel Macron reclama la “unidad republicana” y, con ella, la del abanico político que va de los posgaullistas de François Fillon a la izquierda clásica, que se remite a los valores del pacto republicano más que a una nación en abstracto. No es esta una diferencia menor o secundaria, o al menos no debiera serlo cuando lo que está en juego no es solo la presidencia de Francia, sino la complicidad del país para rescatar a la Unión Europea de la lógica diabólica de la crisis permanente, de la herencia del Brexit y de diferentes modalidades de euroescepticismo, sazonado todo con las múltiples fobias estimuladas por la crisis de los refugiados, el terrorismo global y la lejanía de los tecnócratas de Bruselas.

De ahí que resulten sorprendentes las reservas de Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda emergente, para pedir el voto para Macron, como si fuese posible una alternativa, como si abstenerse o votar en blanco no fuese casi tanto como apoyar a Le Pen. Esa doctrina expresada en España por Podemos, según la cual la nueva izquierda no quiere de presidente ni a Macron ni a Le Pen, es una incongruencia, una contradicción en términos o una falta manifiesta de madurez política. Basta revisar las hemerotecas para comprobar que en el 2002, con bastantes menos riesgos a la vista, la izquierda votó sin fisuras a Chirac con una pinza en la nariz para cortar el paso a la demagogia intemperante de la ultraderecha. Fue un voto sin ilusión, pero fue un voto necesario o voto útil, que hoy vuelve a serlo a la luz del desafío a la decencia que plantea el FN en el seno de una sociedad crispada.

Quizá los cálculos para junio (elecciones legislativas), que serán el ser o no ser de conservadores y socialdemócratas, pero también la prueba del nueve de la fuerza electoral del FN y de la nueva izquierda, hayan llevado a Mélenchon y a los insumisos a abrazar la ambigüedad. Si es así, solo cabe concluir que son insensibles al “perfume nauseabundo” (Paul Quinio en L’Obs) que desprende el pulso de Le Pen al sistema, que lo es también a la viabilidad de la UE y a la gestión de los desequilibrios sociales. En la práctica, la actitud de Mélenchon se suma a la indefinición de muchos electores de Fillon, que acaso prefieran el 7 de mayo el nacionalismo sectario de Le Pen antes que el realismo europeísta de Macron. Esto es, en su afán por llegar a un puerto aceptable para llevar a la práctica un programa clásico de izquierdas, el progresismo de nuevo cuño acepta imprudentemente correr el riesgo de que la caverna desacredite el próximo domingo todas las encuestas con una victoria.

Es cierto que nada hace prever que esto suceda, pero tampoco creyó nunca el establishment que Donald Trump llegaría a la Casa Blanca y allí está, convertido en líder de la internacional populista, que impugna la vigencia de las sociedades abiertas, del mestizaje cultural y del auxilio a los más vulnerables. El desmantelamiento de facto de un sistema de partidos que ha dejado de ser reflejo de la estructura social de Francia hace posible cualquier cosa, incluida una fragmentación acelerada del bloque conservador y del bloque de centroizquierda, sumidos en una doble crisis, programática y de liderazgo, que solo en parte remedia el entusiasmo movilizador de En Marche!, el conglomerado que debe llevar a Macron al Eliseo. No es este un momento de reconstrucción del andamiaje partidista de la Quinta República, sino de protección de lo que de él queda, sin más complicidades entre viejos adversarios que proteger el sistema de quien lo desprecia.

Como aconsejó Paul Quinio la madrugada del escrutinio de la primera vuelta, Emmanuel Macron debe desconfiar de una victoria el 7 de mayo anunciada de antemano por los sondeos. “Es el primer síntoma de esta impalpable indiferencia que envuelve desde este momento el peligro Le Pen”, escribió el periodista, avisado de que el ambiente que se respira es el menos favorable de los imaginables para que prevalezca la tradición política heredada del diseño del Estado hecho por el general Charles de Gaulle. Vive sus últimos días aquel sistema basado en la alternancia entre socialistas y liberal-conservadores a partir de la victoria de François Mitterrand en 1981, y el Parlamento que saldrá de las elecciones de junio acaso esté insólitamente dividido con nuevos actores políticos ocupando una parte de los escaños. De ahí la importancia de que Francia cuente con un presidente que responda al nuevo espectro y, al mismo tiempo, defienda el anclaje del país en la UE para dar continuidad al eje franco-alemán, esencial en la marcha de los asuntos europeos desde los días de los padres fundadores. Un ejercicio de compromiso político ajeno a la demagogia de Le Pen.