Francia, una república desgastada

El desenlace de la elección presidencial en Francia del pasado domingo ha dejado al descubierto una vez más las costuras del sistema, progresivamente alejado el entramado institucional del contexto social, una disfunción no específica de Francia, sino de muchos otros países europeos, con características propias en cada caso. La Quinta República respondió en su nacimiento a la impronta personal de su fundador, el general Charles de Gaulle, que rescató a Francia del oprobio de Vichy, liquidó el empantanamiento político de la Cuarta República nacida después de la guerra, acordó la descolonización de Argelia y diseñó un régimen a la medida de sus necesidades y convicciones, un conservadurismo con inquietudes sociales. Pero aquella operación de renacimiento de Francia se consolidó en el seno de una sociedad que hace tiempo dejó de existir y hoy transmite permanentemente señales de agotamiento, de inadecuación a la realidad, cuya máxima expresión es el hundimiento de Los Republicanos (LR), herederos últimos del gaullismo, y del Partido Socialista (PS).

Son demasiadas las voces autorizadas que alertan de la erosión irreversible de la Quinta República y son asimismo muchos los que vaticinan que las legislativas del 12 y del 19 de junio pueden sellar la tumba de las dos grandes fuerzas políticas que se turnaron en el Gobierno durante medio siglo. El comportamiento del electorado en la jornada del domingo pasado, la abstención, los votos en blanco y el ascenso pasmoso de la extrema derecha son síntomas inequívocos de desgaste; la fractura entre los estados mayores de los partidos en el ocaso y los cargos electos locales de estos mismos partidos, también es sintomática. Nadie duda de que Emmanuel Macron, reelegido con más margen del previsto por las encuestas, mantendrá la tradición de que el partido ganador de las legislativas que siguen a las presidenciales es aquel que apoya al presidente, incluso se da por razonablemente seguro que renovará la mayoría absoluta, pero es más improbable que iguale el éxito de 2017 (350 diputados de 577).

La  constitucionalista Marie-Anne Cohendet señala que “cuando en democracia la mitad de la opinión pública vota por partidos antisistema o se abstiene, la Constitución merece ser revisada”. No es esta una opinión excepcional, minoritaria o fruto de un pesimismo infundado, sino que se trata de un análisis compartido por muchos. “El viejo país asustado” al que se aludió en la campaña de la presidencial de 2002 ha dado paso al país hastiado, enfadado con el establishment y que cree haberse instalado en una decadencia irremediable. Todo ello fruto de una mezcla de sensaciones no siempre acordes con la realidad, pero presentes en el estado emocional de muchos votantes. “A veces hay un abismo entre lo que ocurre realmente y el sentirse despreciados. Porque es esa la respuesta generalizada que escucho en la próspera Francia que, sin embargo, insiste en proyectar la imagen de estar en caída libre, absorta en su eterna malaise”, ha escrito Mirian Martínez-Bascuñán en El País.

Ese estado de ánimo colectivo ha hecho posible que el bipartidismo imperfecto del Estado gaullista haya evolucionado hacia un sistema triangular de partidos o, más exactamente, de corrientes de opinión de dimensiones parecidas: el liberal conservador, que gira entorno a La República en Marcha (LREM) de Emmanuel Macron; la nueva izquierda de La Francia Insumisa (LFI), promovida por Jean-Luc Mélenchon; y la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN), que encabeza Marine Le Pen. Ese es el mapa, que es forzoso completar con el arraigo local de los viejos partidos, con diputados en la Asamblea Nacional, alcaldes y consejeros regionales, y que en junio pueden obtener un resultado mejor al de abril al pesar bastante en el comportamiento de los votantes la cercanía de los candidatos. Un dato real aunque insuficiente para alterar sustancialmente el sistema triangular y que, en cambio, hace aconsejable que los partidos que precisan respiración asistida pacten candidaturas unitarias de supervivencia con sus adversarios ideológicamente más cercanos.

El caso es que esta posibilidad llena de lógica debe enfrentar no pocos obstáculos. Cargos electros de LR han instado a la dirección a llegar a un acuerdo con LREM, habida cuenta la proximidad programática de ambas formaciones, pero la dirigencia recela ante una operación que puede acabar en absorción. El expresidente François Hollande advierte de que el PS puede desaparecer si se asocia con LFI y desnaturaliza su mensaje, pero lo cierto es que Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata socialista a la presidencia, obtuvo menos del 2% de los votos en la primera vuelta. Incluso la obstinación divisiva de Éric Zemmour resulta frustrante para la extrema derecha, aunque es improbable que el ego del polemista ultra dañe las expectativas de los candidatos lepenistas, que, por lo demás, afrontan un desafío francamente modesto: superar los ocho escaños obtenidos en 2017.

En esa transformación del espectro electoral y en las tensiones que genera en cada campo, el gran reto sobrevenido para los constitucionalistas y europeísta es activar un proyecto de futuro que contenga la progresión de la extrema derecha, que a lomos de la promesa identitaria ha pasado del 18% de Jean-Marie Le Pen en 2002 al 41,5% de su hija ahora. Los próximos cinco años se vislumbran decisivos para truncar la progresión de más de un punto por año del RN, para desactivar la inercia que lleva inexorablemente al desastre que sería para Francia y para Europa que quien suceda al presidente Macron sea una representante de esa derecha incontinente que crece sin parar con el santo y seña de exaltar la nación, desandar el camino de la globalización y regresar al proteccionismo, cerrar las fronteras y combatir al diferente, al extranjero, al ajeno a las esencias patrias, aunque tales cosas no sean más que una suma de tópicos y de historia ficción.

La reelección del presidente Macron admite un sinfín de conclusiones provisionales menos una muy extendida, pero también muy desgastada: cualquier candidato a ocupar El Eliseo que se enfrente a un representante de la extrema derecha tiene las de ganar. Si esto fue sociológicamente así hasta 2017, hoy ya no lo es, y dejar que progrese el desgaste de las convenciones de la Quinta República entraña el riesgo cierto de propiciar su deslegitimación ante una opinión pública cada vez más defraudada con los gobernantes. Es indudable que la interpretación del pacto republicano asociada a la historia de la Quinta Republicano ha caducado y que la erosión del pacto social no admite discusión. Nadie tiene hoy en Francia la influencia pública de la que disfrutaron los primeros presidentes del régimen diseñado por De Gaulle y, en consecuencia, es un requisito ineludible para reparar la fractura social, atenuar las desigualdades y neutralizar las proclamas de la extrema derecha que se concrete en hechos el doble principio de eficacia y reparación de daños, de sintonía con una sociedad que se siente desasistida.

 

Referéndum presidencial en Francia

La Europa democrática se tienta la ropa a la espera del desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, incluso después de que las encuestas posteriores al debate de la noche del miércoles dieran una ventaja de entre 10 y 12 puntos a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Aunque se antoja muy improbable la victoria de la candidata de extrema derecha, portavoz de un populismo nacionalista y antieuropeo, la decepción de un electorado que ha fulminado el sistema tradicional de partidos de la Quinta República, por completo desprestigiado, justifica la incertidumbre y los temores hasta que el escrutinio proclame un vencedor o una vencedora. Un estado de intranquilidad emocional azora al establishment europeo, habida cuenta el efecto de contagio que podría tener en no pocos países de la Unión Europea el triunfo de Le Pen y la distorsión que provocaría en el consenso democrático de los Veintisiete.

Por eso está más que justificada la creencia de que la votación del domingo es en gran medida la celebración de varios referéndums en un uno: sobre el compromiso democrático, sobre el papel fundamental de Francia en Europa, sobre la respuesta europea a la guerra de Crimea, sobre el papel de la nueva izquierda, sobre la necesidad de sanear el pacto social y los resortes del Estado del bienestar, sobre, en suma, las reglas del juego que han pasado de generación en generación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en juego cierta hegemonía de la cultura política que permite asimilar a la idea de Europa la de un espacio multicultural que comparte una serie de convenciones no divisivas. Pero también está en juego la imperiosa necesidad de revisar y corregir los desajustes derivados de la globalización, de los flujos migratorios, de la emergencia climática, del agravamiento de las desigualdades y de la sensación de que el futuro puede ser sustancialmente peor que el pasado inmediato.

“La reelección de Macron es un preliminar democrático indispensable”, dice el filósofo francés Michaël Foessel. Y esta síntesis necesariamente incompleta de lo que está en juego resume, al mismo tiempo, una verdad fundamental: del resultado dependen la continuidad del pacto republicano, consustancial a la tradición política francesa, y la solvencia de las instituciones. Foessel confiesa en el semanario progresista L’Obs que la historia le impide confundir neoliberalismo y nacionalismo, y que es “a quienes no disponen de esta memoria histórica a quienes es preciso convencer de la actualidad del No pasarán”.

Es ese un ejercicio de realismo. Basta fijarse en los datos para aquilatar las dimensiones de la progresión de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años. En 2002, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 18% de sufragios frente a Jacques Chirac, llevado en volandas por la movilización general que cerró el paso al candidato del Frente Nacional. En 2017, Marine Le Pen consiguió el 34% de los votos frente a Emmanuel Macron, lo que representó una ganancia neta de más de un punto por año con relación al resultado cosechado por su padre. En la cita de este domingo, la encuesta que le es más favorable adjudica a Macron el 56% de los votos o, lo que es lo mismo, da a la candidata del Reagrupamiento Nacional el 44%, una ganancia neta de dos puntos por año a partir de 2017. Con el factor añadido de que se ha consolidado el apoyo transversal a Marine Le Pen, con caladeros de votos en los barrios burgueses de las grandes ciudades, en las banlieues zarandeadas por la crisis, en la Francia alejada de los centros de decisión y en los entornos sociales donde la tensión migratoria es innegable. Dicho con otras palabras, hay un progreso constante y constatable de la oferta ultraderechista, capaz incluso de captar votos en el zurrón de la izquierda que optó por Jean-Luc Mélenchon o de dejar en casa a una parte de sus seguidores, poseídos por reparos insalvables para acudir a votar por Macron.

Como ha escrito Yves Thréard en Le Figaro, la política francesa ha pasado en medio siglo de dividir al electorado en apoyo de programas políticos manifiestamente diferenciados a gestionar el grado de rechazo de los candidatos. “El desamor, por no decir la detestación, que inspiran los responsables políticos hoy es tal que se vota sobre todo para levantar un muro de contención antes que por convicción”, sostiene Thréard. En la memoria colectiva de los electores más veteranos pervive el recuerdo de la altura política del debate de 1974, que ganó Valéry Giscard d’Estaing –“usted no tiene el monopolio del corazón”– a François Mitterrand y del de 1981, en el que se intercambiaron los papeles de vencedor y vencido; en la memoria del electorado más joven prevalecen las arremetidas desbocadas de Marine Le Pen en el debate de 2017, y la determinación de Emmanuel Macron en el del miércoles para poner en evidencia las contradicciones irresolubles del programa de su adversaria, abanderada de un nacionalismo radicalmente excluyente.

Quizá sea cierta la opinión de Jean Daniel, recordada en El País el último domingo: “Emmanuel Macron es un fenómeno inclasificable. Cada vez que nos hacemos una idea de él, nos equivocamos”. Acaso sea un político líquido que se adapta al envase sin mayores reparos y prejuicios, pero es, sin duda y al mismo tiempo, quien transmite la sensación de que es el depositario de la Francia indispensable para el progreso del proyecto político europeo frente a la trasnochada idea de la Europa de las naciones invocada por Le Pen (de las patrias, podía haber dicho). No hay en el discurso de Macron un engarce ideológico concreto, pero sí un compromiso democrático reseñable, sea en el plano interno o en el europeo. De ahí que resulte más incomprensible en orden a preservar los valores democráticos el cuidado que se ha dado Mélenchon en no pedir específicamente el voto para la reelección del presidente, porque una vez el sistema clásico de partidos ha saltado por los aires, y mientras no se consolide otro, la ambigüedad de la nueva izquierda no hace más que alimentar las expectativas de la extrema derecha a lomos del sectarismo, de la simplificación de los problemas y del aprovechamiento sin escrúpulos de las líneas de fractura que descoyuntan la cohesión social. Como dijo el politólogo Maurice Duverger durante la campaña de unas elecciones europeas, la degeneración del sistema siempre es posible.

 

Encubiertos por la guerra

La gran obscenidad de nuestros días es la guerra de Ucrania. Pero hay otras obscenidades, algunas muy antiguas, otras no tanto, algunas muy recientes que parecen poco menos que haberse esfumado tras el parte de guerra diario. La matanza que no cesa corre el riesgo de ser útil como instrumento de encubrimiento, de olvido, de atenuación de la gravedad de los hechos que quieren deslizarse sin que nadie o muy pocos sean capaces de seguir su rastro. Frente a las atrocidades servidas por los noticiarios, el resto parece carecer de importancia, conmovida la opinión pública por la tragedia humana.

Ahora mismo hay un envalentonamiento de la ofensiva del neofranquismo en España que permite al diputado de Vox José María Sánchez llamar führer al presidente del Gobierno y equiparar al ministro Félix Bolaños con Joseph Goebbels sin que, por lo demás, pase nada especialmente relevante en orden a restablecer la decencia en los debates parlamentarios. Es decir, nadie con una tribuna a su disposición ha dicho que el diputado es un personaje peligroso, movido por pulsiones ajenas a la democracia, que, sin embargo, se sirve de ella para degradarla. De la misma manera que en un informativo de Tele5 apareció María Jamardo para distorsionar la historia a propósito de la referencia al bombardeo de Gernika hecha por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su videoconferencia en el Congreso. “Ni el que bombardeaba era malo ni los bombardeados, tan buenos”, dijo Jamardo, militante de un revisionismo histórico ad hoc muy del momento.

El riesgo cierto es que este tipo de mensajes pasen a formar parte de la hegemonía cultural, de esa amalgama que configura el pensamiento y las opiniones dominantes, tengan estas que ver o no con los datos históricos y el trabajo de los expertos. La recensión de la biografía de Antonio Gramsci, escrita por Jean-Yves Frétigné, que el profesor Thomas Meany ha publicado en el mensual estadounidense The New Republic resalta justamente el valor anticipatorio del intelectual comunista, analista riguroso de los ingredientes constitutivos de la hegemonía. “Nadie entendió mejor los frentes de la batalla política”, afirma Meany, y la brega diaria del campo ultraconservador europeo, inspirado casi siempre por el legado dejado por la presidencia de Donald Trump –la difusión de una realidad alternativa–, no hace más que darle la razón.

Resulta por lo menos inquietante que en medio del fragor por la hegemonía, por la relativización del pasado, cuando no distorsión o deformación de los hechos, aparezca Alberto Núñez Feijóo, recién elegido presidente del Partido Popular, y no vea mayor inconveniente en entenderse con Vox, habida cuenta de que ha llegado al Parlamento a través de las urnas y se ajusta a las formalidades democráticas. El argumento es de una pobreza manifiesta porque el mismo líder que sostiene tal principio denuesta el pacto de Gobierno del PSOE con Podemos, y la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez, formada por diputados cuyo mecanismo de legitimación fue el mismo que el de Vox. Con una diferencia moral sustantiva: ninguno de los partidos de la investidura considera mejores a los gobiernos del franquismo que al que encabeza Pedro Sánchez; Vox, por el contrario, sí lo cree y manifiesta.

Todo esto pasa desapercibido, se diluye enseguida porque lo que urge y conturba las conciencias es la invasión de Ucrania. Con lo que, en última instancia, Vladimir Putin resulta doblemente útil para el populismo ultra: lo fue en el pasado, viva imagen del líder investido con los atributos del macho alfa, jefe de la manada, y lo es ahora mediante una guerra que convierte en peccata minuta cualquier otro asunto por grave que sea, y el envalentonamiento del neofranquismo lo es sin duda. Antonio Gramsci acuñó el término revolución pasiva para referirse, entre otros procesos, al ascenso del fascismo en Italia, y esa aparición de la extrema derecha para impugnar la cultura democrática reúne muchos de los ingredientes del análisis gramsciano (Steve Bannon seguramente leyó al pensador italiano en beneficio propio).

Surge así una corriente revisionista del statu quo social de la posguerra, concretado en el Estado del bienestar, en plena revisión forzosa del statu quo internacional a causa de la guerra de Ucrania. Aquello que desde los escaños de Vox se denomina pensamiento progre no es más que la mistificación de una realidad histórica,  el dinamismo de los cambios sociales, tan combatidos desde siempre por el conservadurismo recalcitrante. No hay que rascar mucho en la superficie para dar con las verdaderas razones de tal comportamiento, encaminado a salvaguardar situaciones de privilegio, disfrazado todo con una propuesta de nacionalismo agresivo para el que el gran adversario es el Estado dispensador de servicios y corrector de desigualdades. Claro que los desastres de la guerra todo lo encubren, y eso también; claro que el asalto al Congreso de Estados Unidos dejó al descubierto todas las vergüenzas del populismo ultra y es preciso recordarlo todos los días.

Un conflicto existencial

Pareciera que las últimas señales emitidas acerca de un posible pacto no son otra cosa que una maniobra de distracción de Rusia, otra más, porque no hay el menor atisbo o señal de que Vladimir Putin considere siquiera la posibilidad de detener la guerra. Antes al contrario, persevera en torturar a las ciudades y en reclutar mercenarios aquí y allá para encubrir –otra maniobra de distracción– el ostentoso fracaso militar de haberse atascado en una guerra en la que su Ejército es infinitamente superior al ucraniano. No hay analista militar, excepción hecha de los que hablan en nombre del Kremlin, que no llegue a la conclusión de que todos los supuestos a partir de los cuales el presidente de Rusia dio la orden de ataque se han revelado erróneos y han contribuido a encarnizar la lucha, a acrecentar su crueldad intrínseca, a martirizar a una población sin mayor capacidad de resistencia que su heroísmo desgarrado.

De ahí que algunas actitudes acomodaticias y vicarias, como la del patriarca de Moscú, Kiril, resulten especialmente inmundas. Porque aunque es sabido que la jerarquía de la iglesia ortodoxa rusa es más proclive a acomodarse al Kremlin que a atenerse a los evangelios, no deja de sorprender que se prodigue en justificar lo injustificable, convertida en valedora del nacionalismo más descarnado y agresivo. Es imposible dar con un resorte diferente a la naturaleza nacional de la iglesia de Kiril, miembro prominente desde el púlpito de la propaganda y las campañas de intoxicación dirigidas a la opinión pública rusa.

Si tal proceder forma parte de la vertiente híbrida de la guerra en curso o es otra cosa importa menos que el hecho en sí. Porque en el caso del patriarca, como en de los medios de comunicación sometidos a control estricto del Gobierno ruso, la responsabilidad de crear un estado de opinión favorable a la invasión es mucho mayor que el alineamiento manifiestamente interesado de los oligarcas, enriquecidos a la sombra de los muros del Kremlin. Se da por descontada la inmoralidad reiterada de los segundos, con sus negocios y fortuna opacos, y resulta sorprendente en el caso del primero por la naturaleza de su cargo.

“El mundo está entrando en una nueva y peligrosa fase de conflicto existencial”, sostiene Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, y es muy posible que tal conflicto se agrave si, como resultado del desarrollo y desenlace de la guerra en curso, algunas certidumbres morales salen muy dañadas. Como tantas otras veces, la distinción entre víctimas y verdugos no ofrece dudas y moviliza a una opinión pública conmovida por la tragedia, pero si las componendas al día siguiente del final de la batalla sobrepasan el índice de tolerancia social o si la guerra se enquista en forma de conflicto crónico, cabe temer que crezca de nuevo con vigor inusitado la desconfianza hacia los gestores públicos. Por decirlo de la forma más llana posible, una posguerra de paños calientes o una guerra sin fecha de caducidad pueden activar el salto del conflicto existencial al escepticismo generalizado.

El centenario Edgar Morin ve en las sociedades europeas de hoy “un sonambulismo generalizado” parecido al que se apoderó de ellas en el periodo 1933-1940, un fenómeno que hace creer a los sonámbulos que todo puede seguir más o menos como antes de la guerra –como antes del ascenso al poder del nazismo en 1933–, cuando lo más verosímil es que todo sea diferente, que se configure un espacio de coexistencia más que de convivencia, expuesto a tensiones y desencuentros periódicos, salvo que algo suceda en Rusia que cambie la naturaleza del poder instalado en el Kremlin. Casi ochenta años después, un párrafo del editorial del primer número del diario Le Monde, escrito por su fundador, Hubert Beuve-Méry, conserva una insólita vigencia: “Nuestra época no es de esas en las que uno se pueda contentar con observar y describir. Los pueblos se ven arrastrados por un raudal de acontecimientos tumultuosos y trágicos de los que todo hombre, lo quiera o no, es actor a la vez que espectador”.

Bien es verdad que los compromisos públicos adquiridos por la OTAN y la Unión Europea, por Estados Unidos y sus aliados, son bastante diferentes de la absurda credulidad que guió los pasos de Neville Chamberlain y Édouard Daladier hacia el acuerdo de Múnich, pero es también cierto que los engranajes de la economía global son los que son, con un entramado de intereses cruzados, complicidades y contradicciones difícilmente superables. La prueba del nueve de cómo están las cosas es la adecuación sin decirlo de China a los cinco puntos para la coexistencia pacífica redactados por Zhou Enlai en 1953 para atenuar la tensión con la India, que incluyen la “no interferencia en asuntos internos de otros países”: de momento, Xi Jinping entiende que Ucrania forma parte de los asuntos internos rusos y se limita a no interferir (se abstiene cuando en las Naciones Unidas se votan las resoluciones más hirientes para Rusia).

Si China actúa así y aplica con denuedo “la igualdad y beneficio mutuos”, otro de los cinco puntos, es a causa de su necesidad de mantener la puerta abierta en todos los mercados occidentales y, al mismo tiempo, conservar a Rusia como “socio estratégico” después del acuerdo Xi-Putin del 4 de febrero en el que algo debió hablarse del propósito ruso de invadir Ucrania. Puede parecer la cuadratura del círculo activar sin daños este doble frente, pero quizá tal malabarismo forme parte de la economía global, de la dependencia europea en determinados sectores –energético, agrario, nuevas tecnologías–, de igual forma a como Alemania se rearma y, al mismo tiempo, sigue recibiendo gas ruso por el gasoducto Nord Stream 1 y pagándolo, lo que no deja de ser un balón de oxígeno para Putin.

Quizá el comportamiento chino sea una forma posmoderna de adecuación al momento, aunque con mimbres antiguos, y la del patriarca Kiril sea una modalidad muy antigua de justificar la sangría en nombre de Dios –“fuerzas del mal” llama a los combatientes ucranianos”–, aunque con los instrumentos que proporciona la abundancia de medios para envenenar la opinión pública. Y quizá los europeos debamos encarar el conflicto existencial que plantea la guerra como un seguro cambio radical en el futuro vislumbrado a la salida de la pandemia, mellado lo venidero por un presente sumido en la penumbra, con toda seguridad menos confortable.

Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

Polonia desafía a la UE

La resolución del Tribunal Constitucional de Polonia que niega la primacía de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho polaco abre una crisis institucional de grandes dimensiones. Al declarar inconstitucionales varios artículos del Tratado de la Unión impugna también la validez de varios apartados del tratado de adhesión firmado en su día por Polonia al ingresar en la organización. Llegados a este punto se abre la puerta a la aplicación de varios factores de corrección a instancias de Bruselas, algo del todo improbable, o a que el país se dé de baja del club, lo que ya se conoce como Polexit, una opción asimismo improbable a pesar del nacionalismo rampante y la deriva ultra del partido Ley y Justicia (PiS, sus siglas originales), que sostiene al Gobierno.

El recurso presentado ante el Constitucional por el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ya prefiguraba de por sí un choque institucional habida cuenta la naturaleza del disenso entre Varsovia y Bruselas en tres materias sensibles sobre las que se pronunció en contra el TJUE: la reforma de la justicia por violar el principio de independencia judicial, la erosión de la libertad de expresión y la limitación de los derechos de la comunidad LGTBI. En los tres casos, las leyes que el PiS sacó adelante supusieron, en última instancia, que el Ejecutivo polaco sufriese un revolcón judicial. Y de paso, quedó bloqueado el plan de recuperación polaco que asciende a 36.000 millones de euros.

¿Cómo salvar la situación sin un dramático parte de daños? De entrada, ni la Unión Europea puede revisar o matizar lo dictaminado por los magistrados del TJUE ni el Gobierno polaco está dispuesto a retocar las leyes que motivan la crisis, sino que pretende que se revisen los tratados. Cuando Didier Reynders, comisario de Justicia, compromete la palabra de la UE para poner al servicio de la causa cuanto sea preciso para que se respeten los tratados fundacionales, cierra el paso a una componenda más o menos presentable –o impresentable–, pero cuando el presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, excluye dos posibilidades, el Polexit y la rectificación de las leyes aprobadas por el Parlamento de su país, no hace más que llevar el debate a un callejón sin salida.

Al mismo tiempo, la decisión de los jueces polacos ha entusiasmado a la extrema derecha europea, que se debate entre el euroescepticismo y el empequeñecimiento de las instituciones de la UE hasta reducir la organización a un área de libre comercio gestionada por la conferencia intergubernamental. Basta un somero repaso en las hemerotecas para encontrar declaraciones de una variada colección de líderes adscritos al populismo ultra que predican la recuperación para los estados de la mayoría de los atributos de soberanía cedidos a las instituciones europeas –ya no, quizá, el regreso a las divisas nacionales y la cancelación del euro–, opuestos siempre a someter las leyes propias a la doctrina del TJUE. Una forma de exigir manos libres para violentar, si es preciso, la división de poderes y limitar las libertades consagradas por las constituciones democráticas.

Es decir que el desafío polaco va más allá del conflicto entre un Estado socio de la UE y la organización; tiene un poder de contagio no menor para que los demagogos de la nación por encima de todo dispongan de un altavoz bastante ruidoso. Si nos remitimos a la historia reciente, la difusión de este nacionalismo altisonante empezó en la Hungría de Viktor Orbán, de quien Jaroslaw Kaczynski se ha declarado rendido imitador. Pero según Adam Michnik, fundador y director del diario de Varsovia Gazeta Wiborcza, la fuente de inspiración de ambos, más lejana en el tiempo, pero no menos eficaz en los resultados, es Mátyás Rákosi, el político comunista húngaro que al final de la Segunda Guerra Mundial se empleó en una metódica labor de vaciado de las instituciones libres “rebanada a rebanada, hasta que no quedó más que la cáscara”.

Hay en todo ello una impugnación del proyecto europeo que quizá debió preverse cuando es acordó una ampliación en masa en dirección este de la UE mientras se discutía una Constitución europea que nunca vio la luz, cuya discusión y fracaso dejó al descubierto debilidades e incoherencias. De forma que mientras varios nuevos socios se adaptaban a las exigencias de la pertenencia  a la UE, otros se sintieron progresivamente incómodos por el desarrollo político e institucional; sintieron que por otros caminos se consagraban principios que formaban parte del proyecto constitucional.

Ahora, claro, no hay marcha atrás porque el coste de salirse de la UE es inasumible por economías en construcción y por Bruselas, que apenas empieza a metabolizar el Brexit y ha entendido que alguna otra defección sería desastrosa para el futuro europeo, casi tanto como consentir a los socios o a algunos de ellos una especie de adhesión generalizada a la carta, con cláusulas de desenganche y otras fórmulas para que cada Estado ajustara a su gusto el vínculo de pertenencia a la UE. Sería esa una Europa inviable, condenada al fracaso o en extremo inestable, tan alejada del espíritu fundacional y de la consolidación de una ciudadanía europea que apenas sería capaz de reconocerse como tal.

Plantea el caso polaco demasiadas incógnitas de futuro como para que el desenlace no sea claro y preciso. Porque sigue siendo primordial el objetivo fijado por Jacques Delors a comienzos de los años 90: definir la Europa política que se quiere. De no hacerlo se asentará en el fondo de todos los debates un factor de vulnerabilidad aprovechable por los adversarios reconocidos o no del proyecto europeo, aquellos que, como Rusia, están dispuestos a sacar partido de lo que los Veintisiete no son capaces de resolver de forma concertada y expeditiva. Recuérdese que una de las reglas de oro menos discutida en el seno de la comunidad internacional es que cuanto menor es tu cohesión interna menor es tu influencia externa. Este es el juego.

Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.

La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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