Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

Italia, otra crisis europea

El acuerdo entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas para sostener un Gobierno encabezado por el profesor Giuseppe Conte no hace otra cosa que subrayar el debilitamiento del proyecto político europeo. El caso es que Italia, uno de los pilares de la Europa unida, se somete al programa de dos formaciones entre euroescépticas o eurófobas y emprende un camino tan lleno de incógnitas como de riesgos, con una deuda equivalente al 120% del PIB, la prima de riesgo en ascenso, la bolsa alarmada y los partidos europeístas, desorientados y en caída libre. A un año de las elecciones europeas, la capacidad de contagio del experimento italiano, unido al dinamismo de otras modalidades de nacionalismo antieuropeo en Francia, Holanda, Alemania, Austria, Polonia y Hungría, por citar solo algunos, nubla el horizonte y alimenta los peores vaticinios.

Como sucede con harta frecuencia, la incapacidad e ineficacia de quienes precedieron en el Gobierno a los ultras de la Liga y a los estrellados (populistas de diferentes colores) han sido los resortes electorales que les han dado la victoria y la posibilidad de ocupar el puente de mando. Una vez más, la salida de la crisis, costosísima para la clase media, el crecimiento de las desigualdades y el desprestigio de los líderes ha facilitado las cosas a la verborrea demagógica de partidos con muy poca o ninguna experiencia de gobierno, no sometidos al desgaste consustancial a las grandes decisiones e inmunes, de momento, a los disparates cometidos en algunas ciudades –Roma, el caso más comentado– por ediles sin apenas biografía. Ante la degradación del clima político, la simplificación de los problemas y de las soluciones facilitó el voto contra el establishment, propósito último de una parte importante de los electores.

Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue empeñada en alejarse de los requerimientos de los ciudadanos e impugna con machacona insistencia cualquier asomo de política social que se desvía de los parámetros de estabilidad presupuestaria, siquiera sea mínimamente (el último episodio, la reconvención dirigida a España por la revisión de las pensiones). De forma que, por un lado, Bruselas se alarma cada vez que los adversarios del proyecto europeo ocupan un espacio de poder y, por el otro, se niega a aceptar que con las políticas sociales impuestas para superar la crisis se fomenta la desafección y, en paralelo, se propaga la idea de que la UE es la culpable de todos los males. El profesor Harold James, de la Universidad de Princeton, lo ha enunciado con meridiana precisión: “Las dificultades económicas y la precariedad conducen a los pueblos a considerar que cualquier régimen será mejor que el actual”.

Que sea cierto o no que cualquier alternativa es mejor importa menos que el poder de convicción que tiene la sensación de bloqueo social para llevar a los votantes a adentrarse en territorios desconocidos. Harold James recuerda el clima político en que se produjo la quiebra de la República de Weimar, no porque esta pueda compararse con la Europa de hoy, con amortiguadores sociales de los que carecía Alemania en los años 20, sino porque entonces como ahora la crisis de Estado llevó a los votantes a confiar en las promesas populistas. ¿Es esto lo que han hecho los italianos? ¿Es este el rumbo que puede tentar a otras comunidades, condenadas durante años a políticas sociales restrictivas aplicadas en nombre de reformas estructurales necesarias, un eufemismo encubridor de la contracción del Estado del bienestar?

Mientras Angela Merkel, en el ocaso de su ciclo político, se refiere a la pérdida de confianza en Estados Unidos –proteccionismo, Irán, Palestina–, europeos de perfil muy variado manifiestan su pérdida de confianza en la UE mediante comportamientos electorales de rechazo o impugnación de las directrices bruselenses. Esto sucede a un año vista de la renovación del Europarlamento, con todas las siglas euroescépticas y eurófobas dispuestas a asaltar los escaños de la Cámara como nunca antes se vio, de forma que los adversarios del proyecto comunitario puedan tener más que nunca un altavoz propio para dejarse oír. Y sin que sus portavoces tengan nada que perder con el griterío: antes al contrario, la previsible radicalidad de los oradores regalará los oídos a cuantos les voten y aun será útil para atraer nuevas voluntades.

Ha habido en la UE un déficit enorme de transparencia y acercamiento a los ciudadanos en las políticas de comunicación, pero ha habido también dosis exageradas de suficiencia y de falta de sensibilidad social, por no decir que la germanización de la salida de la crisis ha tenido un coste humano desmesurado. Pocas dudas caben, e igualmente pocas hay acerca de la nacionalización de los problemas que debían haber sido europeos y finalmente se abordaron como si no lo fueran. Así la crisis de los refugiados llegados a Italia en frecuencia y número inasumibles por un solo país, un problemas de grandes dimensiones que engordó la demagogia de la Liga y bloqueó las expectativas de las izquierda clásica en las regiones del sur, las más pobres del país, obligadas a gestionar los flujos migratorios.

Cuando el sistema de partidos en Italia se regía por unas reglas del juego no escritas, pero bastante sólidas, establecidas por la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, la explotación de los desequilibrios por los aventureros de la política quedaba muy neutralizada por la capacidad del establishment de oponerse a ellos. La Operación Manos Limpias (1992) hizo saltar por los aires todas las convenciones, Silvio Berlusconi, un outsider, aterrizó en el sistema con un populismo de nuevo cuño, y a partir de aquí se concretaron nuevas formas de acercamiento a la política, al mismo tiempo que la izquierda vivía el tránsito del comunismo renovado del PCI a la socialdemocracia posmoderna del PD. Una historia específicamente italiana sin paralelismos posibles con otros sistemas de partidos con mutaciones en curso (Francia, Alemania y España).

Dicho en otras palabras: la transformación del mosaico de partidos ha hecho que la política italiana haya dejado de ser previsible. Una cualidad o virtud necesaria dentro y fuera de la UE para que los cambios en tiempos de crisis no inquieten a los aliados. A no ser que, pasada la efervescencia eufórica de los primeros días, se remansen las aguas y finalmente la Realpolitik dicte su última palabra o bien, otra posibilidad, que la presión de Europa sobre el nuevo Gobierno explote las contradicciones entre la Liga y los estrellados para “reconducir la situación”, el eufemismo pergeñado por un editorialista para vaticinar que el experimento caducará en poco tiempo. ¿Caben más crisis simultáneas en la UE?

Trump-Macron, una relación paradójica

A nadie puede sorprender que el intercambio de gestos afectuosos entre Donald Trump y Emmanuel Macron quedara matizado por el discurso pronunciado por el presidente de Francia en el Congreso de Estados Unidos. La distancia ideológica y programática de ambos mandatarios es demasiado grande como para no manifestarse en toda su magnitud. Si Trump es proteccionista, duda del cambio climático y denuesta el acuerdo con Irán siempre que puede, Macron es defensor del comercio global, asume los vaticinios científicos sobre los efectos del calentamiento incesante del planeta y admite como mal menor, y sin demasiado convencimiento, que quizá convenga retocar el acuerdo con los ayatolás para ampliarlo, pero en ningún caso revocarlo. Como ha quedado escrito en político.com, el discurso de Macron lo podrían suscribir Barack Obama o Hillary Clinton, pero está en las antípodas del eslogan American First, que orienta todas las decisiones de la Casa Blanca.

Todo encaja en esta historia de apariencias y realidades. La candidata preferida por Trump en las elección presidencial del año pasado en Francia fue Marine le Pen, por afinidades evidentes de pensamiento y porque su victoria habría debilitado el proyecto europeo de forma clamorosa, mientras que Obama manifestó en púbico su apoyo a Macron, convertido en artífice de una nueva tercera vía europea que quiere acudir al rescate de la decadencia, la confusión y la crisis de identidad de la UE. Nada más elocuente que esta disparidad de criterios para llegar a una conclusión parecida a la del periódico Le Monde: la bondad de los gestos y la divergencia de las ideas tienen todas las trazas de un oxímoron o de un abuso de la paradoja.

El recuerdo de la simplicidad escenográfica de la visita de Charles de Gaulle a Dwight D. Eisenhower en 1960 –dos generales que siempre se respetaron, pero que a menudo disintieron, según se desprende de las Memorias de esperanza del francés– no ha dejado de ser una referencia estos días. Porque aquellos dos veteranos soldados no intentaron disimular sus diferencias, sino subrayar sus coincidencias para preservar un orden internacional estable. Algo que queda lejos del proyecto de Trump y que inquieta a Macron, contrario a la retirada estadounidense de entornos clave por el riesgo subsiguiente de que Rusia y China ocupen el vacío dejado. Así debe entenderse en parte la diatriba del inquilino del Eliseo en el Congreso contra el nacionalismo y el aislacionismo, dos vectores de fuerza que mantienen cohesionado al electorado de Trump, pero impugnan un posible orden internacional basado a la vez en la globalización y el multilateralismo.

Los detractores de la política económica de Trump entienden que su proteccionismo renuncia a poner en marcha políticas convenientes a medio y largo plazo a causa de sus intereses inmediatos. La “inconsistencia temporal”, mencionada en un artículo por Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, condiciona la estrategia de la Casa Blanca, mientras que lo que se antoja poco consistente en el frente europeo es penalizar el flujo exportador en sectores tan sensibles como el acero y el aluminio, amenazar con hacer lo propio en el mercado automovilístico y quién sabe si en otras áreas. Para Macron, en igual o mayor medida que para Angela Merkel, poner trabas al comercio es amenazantemente pernicioso a ambos lados del Atlántico; no hace falta ser un defensor sin fisuras del TTIP, desaparecido en combate, para llegar a esta conclusión.

El entusiasmo con el que los escaños demócratas acogieron el discurso de Macron mientras los republicanos miraban al techo fue por demás elocuente. Will Marshall, una referencia del pensamiento demócrata renovado, llama al presidente de Francia “líder del mundo libre” al entender que recupera la mejor tradición del pensamiento liberal reformista, y en sentido parecido se han manifestado los analistas de los principales medios estadounidenses. Algo que contrasta con los recelos que Macron suscita en las filas de la izquierda europea, no solo en Francia, y en las del populismo conservador de Estados Unidos –Trump, su líder–, donde el modelo europeo es tachado siempre de socialista incluso si su defensor es alguien tan alejado del calificativo como Macron.

En una sociedad cada vez más dividida y crispada como la estadounidense no debe sorprender el recurso a la exageración y el éxito de proclamas que a menudo chocan con la realidad. La victoria ultraconservadora encarnada en Trump alienta desde noviembre de 2016 un pensamiento profundamente reaccionario y esquemático, que simplifica al máximo el enunciado de los problemas y las posibles soluciones. Que tales problemas –en el ámbito que sea– tengan una dimensión mundial y, por consiguiente, requieran de actuaciones mundiales pesa menos en la Administración de Trump que la necesidad de tomar decisiones que cumplan con las expectativas más elementales de una parte considerable de quienes votaron al presidente, seducidos por su verborrea de rompe y rasga. Eso es, además, lo que espera el establishment neoconservador –posneoconservador puede decirse–, que invirtió grandes cantidades de dinero en la campaña de Trump y espera un achicamiento del Estado suficiente para que no interfiera en sus negocios.

El nombramiento de Mike Pompeo, un halcón militante, para dirigir la Secretaría de Estado, es el mayor síntoma de una realidad: el intercambio de buenas palabras entre Trump y Macron es un fenómeno de recorrido limitado. Lo mismo sucede entre Merkel y Trump por más encubrimientos que diseñen ambas partes, alarmada la industria alemana por los eventuales efectos del proteccionismo de Estados Unidos sobre sus exportaciones, un asunto central en el viaje de la cancillera a Washington. El margen de maniobra es mínimo, además, porque en noviembre habrá elecciones legislativas de midterm y para la Casa Blanca sería poco menos que desastroso perder la mayoría en una de las dos cámaras del Congreso a causa del retraimiento de una parte del electorado que en 2016 confió en las promesas de Trump.

Es improbable que afecte a los impulsos electorales de los de seguidores de Trump el caos sin precedentes, por grave que este sea, de una Administración “desorganizada y contradictoria” (The Washington Post) en la que los nombramientos y las destituciones no cesan. Es más verosímil, por el contrario, que defrauden las muestras de debilidad o europeización del programa, siquiera sea en dosis hemeopáticas, a cuantos a la hora de ir a votar apostaron por un candidato que se presentó como defensor de los sacrificados en el altar de la salida de la crisis. Una imagen publicitaria que sigue vigente aunque sea otra paradoja separar del establishment la figura de Trump, un millonario con domicilio en la torre de Manhattan que lleva su nombre.

 

Otra vez la guerra fría

El cruce de expulsiones entre los aliados occidentales de un lado y Rusia del otro ratifica el calentamiento de la nueva guerra fría, tantas veces citada y desmentida. Cuando Sergei Narishkin, jefe de los servicios secretos rusos, alerta del riesgo de una escalada que desemboque en “una nueva crisis como la de Cuba” (la de los misiles, octubre de 1962) no hace más que abundar en la gravedad de la situación y los riesgos que entraña. El caso del envenenamiento del espía ruso –doble agente– Sergei Skripal y de su hija Yulia en suelo inglés ha emponzoñado la atmósfera, ahora más volátil que nunca, y ha resucitado los usos y costumbres a los que Estados Unidos y la Unión Soviética se atuvieron durante décadas.

El caso Skripal y sus consecuencias inmediatas semeja a los refinados argumentos de las novelas de Graham Green y remite a precedentes inquietantes, en especial el envenenamiento con polonio-210 y muerte de Alexander Litvinenko en Londres (2006). Nunca desde el hundimiento de la URSS se había degradado el clima político entre Este y Oeste con tan rápida y amenazante velocidad, con decenas de diplomáticos expulsados de ambos bandos. Nunca tampoco en el último cuarto de siglo un conflicto de estas características se había desarrollado con dos personajes tan poco convencionales como Vladimir Putin y Donald Trump al frente de las operaciones, adscritos ambos a una jerga nacionalista tan a menudo beligerante.

El hecho de que el escenario del suceso sea el Reino Unido y de que los primeros capítulos los escribiera Theresa May, tan discutida dentro y fuera de su partido, no es determinante. Sí lo es que la estrategia a seguir se acoja al modelo de la tensión entre bloques antagónicos, de acuerdo con el diseño general guardado en un armario por Estados Unidos en los no tan lejanos días en que creyó ser la única superpotencia realmente existente, con Rusia en caída libre y China en pleno aggiornamento. Sí lo es también la enésima debilidad mostrada por la Unión Europea, con solo la mitad de sus miembros unidos a la estrategia de las expulsiones y la otra mitad instalada en una confortable neutralidad: esperar y ver. No, por cierto, porque la estrategia de confrontación les parezca la peor de todas las posibles, sino porque los euroescépticos hallan en situaciones como el caso Skripal el mejor ecosistema para subrayar su autonomía y minar la unidad política de la UE.

Un diario como The Guardian, tan poco afecto a los planes de May, ha puesto de manifiesto esta división europea, apenas encubierta por la declaración conjunta de apoyo de Estados Unidos y de los aliados europeos más cercanos al Reino Unido –Francia y Alemania– a la gestión británica de la crisis, toda vez de que, al mismo tiempo, países como Austria –la extrema derecha instalada en el Gobierno– han apelado a su neutralidad so pretexto de preservar su condición de “constructores de puentes entre el Este y el Oeste, manteniendo abiertos canales de comunicación”.

El renacimiento del nacionalismo ruso, que compensa las debilidades estructurales de la nación, con planes de rearme y gestos desafiantes, ha pillado casi por sorpresa a Occidente, convencido hasta hace poco de que Rusia se había convertido en una potencia de segundo orden y bajo control. Que el país sea un Estado-continente con graves problemas de sostenibilidad –la economía depende por completo de la exportación de gas y petróleo– y una demografía en rápido retroceso, no afecta de momento a su disposición de seguir siendo una gran potencia militar con el segundo arsenal nuclear más importante del planeta después del de Estados Unidos, y la voluntad manifiesta de renovarlo. Como se ha dicho en alguna ocasión, los analistas de la OTAN equivocaron por completo sus vaticinios en cuanto a la evolución de la Rusia surgida del final de la URSS, y la nueva versión de la guerra fría lo confirma.

Poco importa que resulte inescrutable cuál es la relación personal de Trump con algunos políticos –Putin entre ellos– y oligarcas rusos si en momentos de crisis se desentierra el léxico de la guerra fría, la lógica de la escalada, los obstáculos clásicos en la coexistencia pacífica y otros pormenores de un pasado que parecía haber quedado solo como materia de análisis para los historiadores. Mientras hasta fecha recientísima los jóvenes estudiantes de relaciones internacionales, diplomacia y otras disciplinas pedían dedicar menos tiempo a la guerra fría, poco menos que liquidada, y más horas a lo que la siguió, la realidad oculta era que nuevos ingredientes de confrontación se sumaban a la configuración de un presente con muchas reminiscencias del pasado, incluido un catálogo inagotable de gestos intemperantes.

El hecho de que el laboratorio militar británico de Porton Down reconozca que no ha podido demostrar que el agente nervioso Novichok, causante del envenenamiento, ha sido fabricado en Rusia, recuerda otros muchos casos en los que la simple sospecha ha puesto en marcha la maquinaria de la tensión fría. La acusación rusa de que Estados Unidos y el Reino Unido urdieron el ataque contra Skripal y su hija se ha ceñido a la misma lógica, y la oferta posterior de una investigación conjunta –hoy de factura imposible–, ha seguido el mismo camino. El resultado de este libro de estilo, compartido por ambas partes, es una situación bloqueada en la que, como en tantas otras ocasiones, incluida la crisis de los misiles en Cuba, solo es posible un desenlace en el que prevalezca la apariencia de que nadie cede a cambio de nada.

“Como estadista, uno tiene que obrar con la suposición de que los problemas se tienen que resolver”, declaró Henry Kissinger en cierta ocasión. Y Andrei Gromico, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS y tantas veces contrincante de Kissinger, hizo hincapié en la necesidad de “dejar siempre una puerta abierta”. Uno y otro contribuyeron decisivamente a convertir la guerra fría en un sistema estable, donde las sorpresas eran infrecuentes. ¿Es este el futuro que nos aguarda? Quizá valga como respuesta esta frase de Willy Brandt: “Las barreras mentales sobreviven por lo general más tiempo que las de hormigón”. A ambos lados de la barrera, del muro si se quiere.

 

 

 

 

Trump o el desbarajuste como sistema

La destitución de Rex Tillerson refuerza la sensación de desbarajuste o improvisación en la Casa Blanca y subraya al mismo tiempo la inconsistencia de los nombramientos hechos por Donald Trump al ocupar la presidencia. Los medios liberales o simplemente ecuánimes entienden que el final de la carrera política de Tillerson obedece a la determinación presidencial de apoyarse solo en el círculo de leales que comparten con él el eslogan América primero por encima de cualquier otra consideración (The New York Times) y, al mismo tiempo o como resultado inmediato, pone en riesgo algunos de los pilares de la estabilidad internacional: el acuerdo nuclear con Irán (Politico.com), el precario sistema de equilibrios en Oriente Próximo y la colaboración con los aliados. Mientras los analistas, las publicaciones y las televisiones que arropan a Trump transpiran entusiasmo, una parte del Partido Republicano teme que en noviembre las elecciones castiguen la ejecutoria del presidente, no exenta de frivolidad.

Se dice que los nombramientos posteriores al 20 de enero del año pasado pretendieron satisfacer las expectativas de los diferentes sectores del republicanismo, desde la extrema derecha surgida del caldo de cultivo del Tea Party al ala conservadora más convencional e influyente durante décadas. Acaso fue una operación de maquillaje para poner en marcha la maquinaria, pero enseguida afloró la incomodidad de Trump con cuantos discreparon de su pensamiento. En poco más de un año, el presidente ha prescindido de una veintena de colaboradores de primer orden, sometidos a un enfoque enteramente personalista e imprevisible de los asuntos públicos, donde siempre han pesado más las opiniones de su hija Ivanka, una especie de primera dama bis al lado de Melania, y de Jared Kushner, marido de Ivanka y tanto o más conservador que el presidente. A pesar de su inexperiencia política, de los escándalos reales o supuestos que le persiguen desde el principio, Trump se ha rodeado de un limitadísimo equipo de fieles, dispuestos a poner en práctica un programa sin conexión argumental con sus predecesores.

Quizá sea cierto que nunca pensó el candidato republicano que ganaría las elecciones de noviembre del 2016, como afirma Michael Wolff en Fuego y furia, pero una vez lograda la victoria adecuó la tarea a su perfil egocéntrico, propio de un empresario acostumbrado a tambalearse en la cima, rehacerse y volver a empezar, y así varias veces en el transcurso de su dilatada biografía. Todas las reorganizaciones, destituciones, controversias con sus asesores y colaboradores se deben a la propensión presidencial a cambiar el paso sobre la marcha cuantas veces haga falta con tal de que prevalezca su propósito de desarmar parte sustancial de la herencia recibida de los últimos presidentes, especialmente de Barack Obama, obsesión permanente de la ultraderecha estadounidense.

Cuando un semanario tan conservador como The Weekly Standard describe el despido de Tillerson de forma especialmente rotunda, cabe suponer que el modus operandi del presidente incomoda incluso a sus alentadores de primera hora: “El despido del secretario de Estado, Rex Tillerson, fue un ejemplo de libro de texto sobre el enfoque de Donald Trump respecto a las decisiones de personal: abrupto, humillante y ejecutado desde una distancia segura”. Esta distancia de seguridad fue la cuenta personal de Trump en Twitter, el mismo canal por el que avanzó el nombre del sustituto, Mike Pompeo, un halcón obsesionado con Irán, y de la sucesora de este al frente de la CIA, Gina Haspel, una exagente de la casa partidaria de la tortura, tan parecida en sus rasgos esenciales a alguno de los personajes de la película La noche más oscura; personajes entregados a aplicar los llamados eufemísticamente “interrogatorios reforzados”, promovidos por la Administración de George W. Bush después del 11-S.

Una vez más, los acontecimientos dan la razón al escritor Richard Ford. Para él, la mayor diferencia entre Obama y Trump es que el primero se tomó la presidencia en serio, en actitud reflexiva, y el segundo cree poder manejarla según sus designios, sin utilizar el gran angular que requiere una ocupación tan compleja. Frente al compromiso internacional de combatir el cambio climático, con China y la Unión Europea al frente, el presidente invoca la necesidad de reactivar la industria para encubrir que sus inquietudes medioambientales tienden a cero; frente a la libertad de comercio promovida por la OMC, se remite a la necesidad de proteger a los productores estadounidenses de la competencia exterior; frente al compromiso iraní de aparcar el programa nuclear, se remite a una idea preconcebida: que el acuerdo de Obama con los ayatolás es el peor de todos los tratos posibles, aunque la información recogida sobre el terreno desmiente el aserto. Y así con todo: de la posesión de armas a la efervescencia supremacista; de la reforma sanitaria, denostada todos los días, a la construcción de una muralla en la frontera con México.

Aunque le echaron de la Casa Blanca hace unos meses, las decisiones que toma Trump revelan que sigue en vigor una de las máximas más conocidas de Steve Bannon, publicista de extrema derecha y estratega de cabecera del presidente hasta que decidió prescindir de él. La lucha hoy no es entre derecha e izquierda, sino entre nacionalistas y globalizadores, dice Bannon en cuanto tiene ocasión, y esta idea tan simple, propia de un populismo esquemático, impregna todas las decisiones del Despacho Oval, incluso cuando los versados en diferentes materias avisan de que se perpetrará un disparate, así sea reconociendo la capitalidad de Jerusalén mediante el traslado allí de la Embajada de Estados Unidos en Israel o imponiendo gravámenes a las importaciones de acero y aluminio. Es poco menos que imposible encontrar en la historia de la presidencia del país un primer año más desconcertante y errático, incluso entre aquellos inquilinos de la Casa Blanca que han pasado a los anales como ejemplos de lo que nunca debió suceder (Herbert Hoover, Richard Nixon y George W. Bush, tres de ellos).

Gary Younge, uno de los editores del periódico progresista británico The Guardian, no se ha andado por las ramas al describir la línea de conducta seguida por Trump y sus allegados: “La venalidad es tan barroca, la vulgaridad tan ostentosa, las inconsistencias tan severas, la incompetencia tan épica y las mentiras tan descaradas, que te deja sin palabras”. Cree Young que la presidencia se desmorona, pero junto a esta impresión de naturaleza política se manifiesta todos los días otra realidad: la mayoría de los votantes de Trump están encantados con los alardes presidenciales, y movilizaciones como las de los estudiantes contra la permisividad en la tenencia de armas les parecen inspiradas por un espíritu radical o, peor aún, por el contagio de socialistas europeos (no se citan nombres ni procedencia).

Puede que sea verdad que se asiste a un desmoronamiento de la presidencia, es cierto que el índice de popularidad de Trump al cumplir su primer año de mandato era insólitamente bajo, pero mientras siga disfrutando del colchón de adeptos detectado por las encuestas, tiene muchas posibilidades de salir airoso de la prueba electoral de noviembre. En una sociedad tan radicalmente dividida como la estadounidense, más importa conservar los votantes captados que andar a la trabajosa búsqueda del consenso nacional, siempre tan indeterminado y volátil, que Obama persiguió con escasa fortuna. Y Trump, carente de otras virtudes, tiene la de resistir a los adversarios detrás de un muro infranqueable de seguidores que juzgan necesario demoler las convenciones políticas que se olvidaron de ellos. En este tablero juega el presidente la partida.

 

La crisis de la política desfigura Europa

Dice el profesor Daniel Innerarity que “la democracia está bastante bien” y que “lo que está mal es la política”, una forma concisa, provocativa si se quiere, de describir dentro de qué laberinto transita Europa –Occidente en general– después de una crisis que ha desfigurado su rostro. Esto es, siguiendo con el razonamiento de Innerarity, la tradición democrática salvaguarda los derechos a protestar, a votar, a opinar, a ir de un sitio a otro, a mandar un twit, en general a expresarse y a vigilar los poderes públicos, a veces de una forma radical e innovadora, pero falla la política, “la capacidad de recoger todas esas reivindicaciones caóticas, a veces contradictorias e incluso incompatibles, y darles un formato positivo”, según manifestó el último lunes en el programa Millennium de La 2, emitido en horario solo apto para insomnes.

La mezcla de escepticismo, desconfianza y auge de la extrema derecha, tan visible en las elecciones celebradas en Europa durante el 2017, le dan en gran parte la razón: las referencias clásicas de la política han dejado de producir ideas nuevas y en su lugar se han dedicado a gestionar miedos colectivos –los flujos migratorios, el desafío islamista, la degradación del mercado de trabajo, etcétera– y a someterse a las exigencias de la economía global. Mientras, los movimientos sociales surgidos durante el desenlace de la crisis –el 15-M en España, fenómenos de similar naturaleza en otros lugares– han quedado como “una indignación un poco improductiva, como un gesto desesperado o desesperanzado porque lo que no está bien es la política” (otra vez Innerarity). La política no funciona para encauzar inquietudes y situaciones nuevas.

La crisis del sistema de partidos en varios países se atiene a la doble lógica de desgaste e ineficacia de organizaciones incapaces de interpretar los mensajes que envían los movimientos sociales, las oenegés, la comunidad académica y los medios de comunicación. En Francia dispone de mayoría absoluta un partido creado deprisa y corriendo por el presidente Emmanuel Macron al tiempo que los instrumentos clásicos de la derecha y de la izquierda languidecen o se enfrascan en estériles batallas internas. En Alemania, la formación de Gobierno es un calvario para regocijo de Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha tan cercano a los peores momentos de la historia del país que causa desasosiego imaginarlo como primer partido de oposición subido a la tribuna de oradores del Bundestag. En España, el salto de un bipartidismo imperfecto a un tetrapartidismo no menos imperfecto resulta escasamente productivo o atractivo para una sociedad decepcionada, con las heridas de la crisis sin curar. En Austria y Holanda, el populismo ultra lleva a los partidos que no lo son o no lo fueron a abrazar el canon ultraconservador; en Polonia, Hungría y otros lugares la prédica ultranacionalista gana adeptos sin cesar.

La democracia funciona, pero la política se ensimisma y desoye las voces que creen indispensable una mise à jour. Jean Daniel recogió el año pasado, en uno de sus comentarios en el semanario L’Obs, párrafos como el que sigue de la introducción de Pierre Rusch para el libro La idea del socialismo, del alemán Axel Honneth: “Hace menos de cien años, el socialismo era un movimiento tan pujante en el seno de la sociedad moderna que no había ningún gran representante de las teorías sociales que no estimara necesario consagrarle un estudio profundo”. Para John Stuart Mill, Emile Durkheim y Max Weber, explica el prologuista, el socialismo era “un desafío intelectual que sin duda acompañaría de forma duradera al capitalismo”. “Hoy las cosas dejaron de ser así”, añade.

En parecidos términos se expresa Fareed Zakaria desde el campo liberal en un artículo publicado en The Washington Post: Estados Unidos ha decidido dejar de ser el instrumento que da forma al mundo mediante un multilateralismo de amplio espectro. Si para el pensamiento liberal y conservador europeo, la inspiración vino de Estados Unidos en muchas ocasiones desde el final de la segunda guerra mundial, con Donald Trump en la Casa Blanca todo es completamente diferente. Zakaria se refiere a esta nueva situación como un problema “casi existencial” para dirigentes como el socialdemócrata alemán Sigmar Gabriel, y aporta un dato determinante para entender el alcance del repliegue estadounidense, su ausencia de la política exterior salvo cuando es estrictamente necesario: Donald Trump es “el primer presidente en cerca de un siglo en cumplir su primer año en el cargo sin haber celebrado una cena de Estado con un líder extranjero”.

Norberto Bobbio explicó a principios de siglo la quiebra del modelo liberal, antiperfeccionista, porque “cree que la historia de la libertad es una historia de continuos pasos del bien al mal, de intentos logrados y fallidos”, en favor de las utopías reaccionarias, que persiguen un fin último predeterminado y, en este sentido cabe calificarlas de perfeccionistas. En estas utopías, acaso distopías, “de transformación radical de la sociedad está implícita una idea antiliberal”, sostuvo Bobbio. Y no hay duda de que en el seno de este pretendido perfeccionismo ultraconservador, donde los equilibrios sociales deben funcionar como un mecanismo de relojería, sucumbe el dinamismo social, esa característica de las sociedades abiertas en las que nada está escrito de antemano, ni siquiera los rasgos de identidad que el nacionalismo de última generación ha resucitado para reconstruir comunidades homogéneas y contener el mestizaje a medio y largo plazo, fruto de los flujos migratorios que tienen como destino Europa.

En un seminario celebrado en noviembre en Madrid por el Comité Económico y Social de la Unión Europea se debatió largamente cuál debería ser el papel de los movimientos sociales frente al auge populista ultraconservador y a la crisis de la política, un factor siempre implícito en las discusiones. De aquellas reflexiones en voz alta surgió una conclusión bastante repetida: Europa arriesga su identidad política si las instituciones, los resortes políticos de que dispone, no dan con la tecla que permita poner a salvo, con errores y aciertos, su condición de sociedad acierta, antiperfeccionista puede decirse. “No nos engañemos –afirma Daniel Innerarity en una entrevista en La Vanguardia–: en última instancia son los Estados y sus democracias quienes están en cuestión en este proceso. La integración europea comenzó después de la segunda guerra mundial como un instrumento para salvar al Estado de los excesos del nacionalismo. El desafío actual es continuar esta misión en un mundo muy diferente”. Una empresa urgente y al mismo tiempo compleja en pleno cambio del modelo productivo, condicionado todo por la primacía de las finanzas globales sobre cualquier otra consideración.

Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.

 

Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.

Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.