Mucho más allá de la mordida

Al cumplirse un mes del secuestro de 43 estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerreo, la exigencia de los ciudadanos de que los jóvenes vuelvan a casa sanos y salvos se mezcla con el temor más que fundado de que los narcos hayan perpetrado una matanza, desafiado a los poderes públicos y demostrado que, más allá de la retórica oficial, los grandes partidos prefieren seguir en el lodazal a pedir responsabilidades. La desaparición de los jóvenes es, más que un síntoma, la confirmación –por si hacía falta– de los males que aquejan a México, sometido a la lógica envenenada de la connivencia entre una parte muy grande de los instrumentos de seguridad de que dispone el Estado y la delincuencia organizada, especialmente los cárteles de la droga, señores de un submundo cada día más impune que actúa a plena luz. Como dice el intelectual mexicano León Krauze, “sin decencia no hay futuro”, y ese es el mayor de los riesgos que enfrenta México: que la gangrena venza en la práctica al Estado, incapaz de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y el libre albedrío de los ciudadanos.

Cuenta Krauze en un artículo publicado en la revista Letras Libres que dejó de una pieza a los periodistas de la radio pública de Estados Unidos a quienes contó un día el caso de la muerte en el 2009 de 50 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, a causa de una incendio que se originó en un edificio de propiedad pública: aunque inicialmente se imputó a 19 funcionarios, ninguno de ellos fue procesado, el gobernador Eduardo Bours, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), jamás pensó en dimitir y, lo que es aún peor, presumió de dormir “como un bebé” a pesar de la tragedia. Que en Sonora nadie dimitiese ni acabase juzgado, procuró muchas pistas acerca de la corrosión de la decencia; que en la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez las sospechas sean más que las certidumbres, también contiene muchos indicios de qué está sucediendo; que la podredumbre de Tijuana se ataje los lunes para reaparecer los martes, es del todo elocuente; que el dinero que maneja el narcotráfico sea la primera empresa del país, según aventuran algunos estudios, es por demás significativo. Pero la mayor de todas las elocuencias, aquella que ha dejado desnudas a las instituciones, es la implicación directa en la gestión local del narco, en la movilización de sicarios y en la desaparición de los estudiantes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos huidos.

Manifestación en Iguala, estado de Guerrero, el jueves para pedir la liberación de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.

El escritor Héctor Aguilar Camín ve en la trama dirigida desde la alcaldía de Iguala un salto cualitativo, que se agrava con la parálisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que se presentó Abarca, incapaz de descalificar al funcionario y, por lo menos, pedir disculpas y mostrarse consternado. “Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, añade Aguilar Camín; cuántos presuntos servidores públicos van más allá de la vieja mordida y se enfangan en los pantanos de la delincuencia a gran escala.

La dimisión el jueves de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, “para favorecer el clima político” apenas cauteriza la herida sangrante provocada por las pruebas que hacen de las autoridades figuras venales que condenan al desamparo a los más vulnerables, a cuantos se manifiestan contra la degradación de la vida pública y, en suma, a todos aquellos que no forman parte de la urdimbre del narcotráfico. La dimisión del gobernador no es más que un detalle menor, en cualquier caso insuficiente para serenar los ánimos de una opinión pública que cuenta por sorpresas angustiosas cada uno de los pasos dados desde que se perdió la pista de los 43 jóvenes; desde que se descubrieron en una fosa común más de una veintena de cuerpos cuya identidad no se ha podido determinar. Esos cuerpos a los que nadie puede poner rostro resultan tan intranquilizadores como la imposibilidad de dar con un solo indicio que lleve hasta los estudiantes desaparecidos.

Todo conspira para que el desprestigio de las instituciones lleve al país hacia el estallido social que vislumbra el escritor Juan Villoro de no atajarse la epidemia. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta la fecha mantenía cotas de popularidad y eficacia aceptables, puede ver cómo se apaga su buena estrella. Ni siquiera la detención de Sidronio Casarrubias, jefe del cártel Guerreros Unidos, suaviza el hartazgo de una sociedad sometida al chantaje de los delincuentes en comunidades donde los jóvenes son tratados con demasiada frecuencia como sospechosos habituales. Es preciso, subraya Villoro, que los jóvenes dejen de ser vistos como “un enemigo posible” para que arraigue la idea, cabe añadir, de que son tan víctimas de la situación como sus convecinos.

No hay muchos signos alentadores, empezando por las señales que se emiten desde la presidencia del país, cuyo argumento más reciente es considerar la corrupción “un asunto cultural”. Por este camino, los gobernantes pueden alentar la idea de que se trata de una característica intrínseca a la identidad nacional mexicana y que, salvo casos de flagrante inseguridad colectiva, hay que convivir con el fenómeno, sobrellevarlo, soportarlo a pesar de todo. Quizá cuando el escritor Carlos Fuentes, poco antes de morir, descalificó a Peña Nieto por ser un político poco capacitado para abrir caminos con dirección al futuro, intuyó que podía dejarse vencer por el tópico y las explicaciones fáciles cuando hubiera de afrontar los grandes problemas del Estado. Pudiera ser. Pero en el fondo de la explicación cultural de la corrupción dada por Peña Nieto subyace un gesto de impotencia preocupante, de debilidad incurable para combatir un mal que ha invadido todos los órganos y es posible dar con él hasta en el más diminuto intersticio.

Portada del libro ‘México: 45 voces contra la barbarie’, de Lolita Bosch.

“¿Cuál es nuestro futuro en un país donde el Estado mata a sus estudiantes?”, se pregunta la escritora Elena Poniatowska. El punto de interrogación es meramente retórico porque la respuesta es obvia: renuncia al futuro y se adentra por un sendero que conduce directamente a la deslegitimación de los poderes del Estado. Las voces que se alzan para reclamar una refundación de México, del poder político, que preserve los valores republicanos y los rasgos distintivos del complejo mosaico cultural del país, ven en el inmediato porvenir el riesgo cierto de que, salvo que se recurra a tratamientos de choque, se enquiste para siempre en el perfil político del Estado una dualidad de hecho: de una parte, la planta institucional establecida por la Constitución; de otra, los hechos consumados impuestos por el narcotráfico en los cuatro puntos cardinales. De hecho, temen algunos de los analistas más lúcidos que coexistan en plano de igualdad el Estado oficial y el narcoestado, provisto este de recursos económicos, militares y logísticos suficientes para mantener de forma permanente el desafío y obligar al Gobierno a aceptar espacios de impunidad.

En el ilustrativo libro México: 45 voces contra la barbarie, de Lolita Bosch, la periodista Magali Tercero resume con claridad meridiana lo que avizoran cuantos creen ineludible la refundación: “Los que son conscientes de lo que va a ocurrir dentro de treinta años están horrorizados”. Un horror que vale tanto para temer el futuro como para denostar el presente: “Por un lado, parece que no hubiera solución, porque no hay disposición de detener el lavado de dinero y confiscar cuentas de los criminales que son conocidos abiertamente. La solución está, entre otras cosas, en la acción enérgica contra la corrupción, porque sin Estado corrupto no hay crimen organizado. Pero mientras el Estado no tenga una estrategia de expropiación del dinero y bienes esto va hacia un sinsentido. A Calderón no le interesaba retirarle el dinero al crimen organizado, que es lo primero que debió hacer. A Peña Nieto tampoco”.

La alusión a Felipe Calderón, anterior presidente de México, como origen de la crisis en curso, es común en todos los análisis. La declaración de guerra de Calderón contra los narcos, la militarización del conflicto, condenó a la población a ser espectadora y víctima desprotegida de un problema que se agrandó con el concurso del Ejército donde hasta entonces, cierto que con poco éxito, actuó la policía federal y, aun con menos éxito, se movilizaron los cuerpos policiales locales, tan a menudo infectados por organizaciones criminales. “Felipe Calderón le declaró públicamente la guerra al narcotráfico –escribe Lolita Bosch en la introducción de su libro– y puso este vocablo en el centro de la conciencia nacional. Su decisión no estuvo cautelosamente pensada ni partió de una estrategia sensata ni absolutamente honesta. Y la ciudadanía mexicana quedó entre lo que Marcela Turati [periodista mexicana] llamó un fuego cruzado”.

Allí sigue, con el riesgo de que el estallido social se concrete en cualquier momento en una comunidad herida por enormes desigualdades económicas. No hay en México un sistema de contrapesos que atenúe los efectos de una distribución muy desigual de la riqueza y, al mismo tiempo, cada vez es más visible la conversión del narcotráfico en un ascensor social poco exigente frente a la parálisis, la fragilidad y en muchos casos la inexistencia de aquellos otros ascensores basados en la meritocracia, el esfuerzo personal y la tutela del Estado. Y tal situación se da en un universo donde, según las estadísticas del Banco Mundial, el 70% de la población –unos 75 millones de habitantes– dispone de entre un máximo de cinco dólares al día para sobrevivir y un mínimo de 1,25 dólares, muy por debajo del umbral de la pobreza. Fiarlo todo a la probada capacidad de resistencia de los mexicanos para no precipitarse por el despeñadero sería, quizá lo es ya, una actitud irresponsable que, como dice Elena Poniatowska, cerraría todas las ventanas que dan al futuro, dignifican al Estado y proveen de esperanza a los ciudadanos.