Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta