Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

Rusia y Ucrania, a cara de perro

La crisis del estrecho de Kerch ha pillado entre dos fuegos a los principales actores en la cumbre del G-20 en Buenos Aires: el de Rusia, al capturar tres pequeñas embarcaciones ucranianas artilladas, y el de Ucrania, al reclamar a la comunidad internacional y en especial a los socios de la OTAN gestos explícitos de apoyo a su causa. Ni pueden los países occidentales excederse en sus mensajes de desaprobación ni puede aspirar Rusia a que nada suceda después de arrestar a 24 tripulantes e iniciar el procedimiento para que sean juzgados. Superado el quinto año de enconamiento entre ambas partes, transformada la guerra en una enfermedad crónica, pero no en una dolencia terminal, solo la diplomacia puede atemperar los ánimos, que no resolver el conflicto de fondo: la sublevación prorrusa del Donbás, apoyada por los generales de Vladimir Putin, la anexión por Rusia de la península de Crimea, la radicalización de los espíritus en Ucrania y el bloqueo de facto del estrecho de Kerch, responsabilidad del Kremlin.

Lo cierto es que las partes implicadas viven días de zozobra o desencanto. Ambas economías emiten señales de debilidad creciente, sin otro resorte para mantener el pulso que los mercados de la energía, tan apegados a la incertidumbre. El clima social en Ucrania y en Rusia tiende a degradarse, condenadas las clases medias a una política de empobrecimiento manifiesto. De forma que al mismo tiempo que parecen invulnerables los oligarcas enriquecidos durante los procesos de privatización de las economías planificadas rusa y ucraniana, se descoyunta la cohesión social y se multiplican los segmentos de población vulnerables o que corren el riesgo de serlo a corto plazo.

Tampoco permite abordar el meollo de la crisis la política de las emociones, estimulada por ambos gobiernos. La opinión pública a los dos lados de la divisoria se moviliza más a lomos de un sentimiento de pertenencia que para reclamar que baje el souflé y busquen las partes una salida para que el ambiente no se emponzoñe más de lo que ya lo está. Ser ucraniano de raíces ucranianas o serlo de raíces rusas se ha convertido en la razón mayor de una sociedad exasperada por los bandazos o el oportunismo de sus líderes desde que el presidente Víktor Yanukóvich dio marcha atrás en el propósito de vincular el país a la UE (2013), Rusia apoyó la rebelión del Donbás y se anexionó la península de Crimea (2014), el presidente Petró Poroshenko, sucesor del depuesto y huido Yanukóvich, puso en marcha la maquinaria para agrandar un nacionalismo exacerbado, y por último, mediante una política de hechos consumados, Rusia unió con un puente la península con la orilla rusa del estrecho de Kerch (mayo de este año).

Poco tienen que decir el derecho internacional en lo que atañe al caso de Crimea o al control de las aguas jurisdiccionales en los estrechos cuando una de las partes, Rusia, niega la mayor, y la otra no admite otra solución que restablecer el orden político anterior al Euromaidán, las protestas que sucedieron al cambio de opinión de Yanukóvich, durante las cuales Rusia se implicó en el conflicto y envió al este de Ucrania unidades propias (ni los vehículos ni los soldados llevaban distintivos que permitieran identificarlos). Debería ser la política la que encauzara el problema y lo dilucidara, pero las necesidades acuciantes de Putin y Poroshenko para mejorar sus índices de aceptación no permiten suponer que ello es posible. Y la maraña del Rusiagate impide a Donald Trump desempeñar el papel arbitral que se ha atribuido tradicionalmente a los presidentes de Estados Unidos en tanto que líderes indiscutidos de la OTAN; ni siquiera lo hace posible el temor a una rusificación sin respuesta del pequeño mar de Azov, con orillas en Rusia y Ucrania.

Nada conspira a favor de un desenlace próximo y solvente de la crisis, sino más bien a favor de un enquistamiento, con Ucrania exigiendo la aplicación del derecho internacional para neutralizar la estrategia rusa de hechos consumados y Rusia agitando el avance de Occidente, a través de la OTAN, hasta las puertas del país como el gran argumento –una constante histórica– para recelar de cualquier movimiento al otro lado de la frontera. Aunque el analista Dmitri Trenin afirma en las páginas de The Moscow Times, un altavoz del Kremlin dirigido a Occidente, que la respuesta rusa a las acciones ucranianas “necesita ser firme en espíritu, pero inteligente en la ejecución”, enseguida saca a relucir razones de seguridad para el apresamiento de los tres barcos ante “posibles ataques contra el puente recientemente construido sobre el estrecho de Kerch”. Algo así como una acción preventivo a pequeña escala.

La pretensión rusa de que, a falta de Trump, sea Angela Merkel quien ejerza la función de mediadora para evitar una escalada choca con las pocas ganas de la cancillera de meterse en el avispero sin disponer de toda la información. O lo que es lo mismo, sin conocer la letra pequeña de un asunto tan importante como el vínculo personal entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia, los intereses privados que condicionan el comportamiento de la Casa Blanca y que la prensa liberal no deja de airear. “Las [últimas] revelaciones sugieren que Trump engañó a los votantes sobre sus aspiraciones comerciales en Rusia, incluso cuando solicitó su voto durante las primarias de 2016. Eso no es una transgresión menor”, afirmó un editorial de The Washington Post el mismo día que el presidente decidió no aprovechar la reunión del G-20 para entrevistarse con Putin, uno más de los asuntos importantes que quedarán fuera de la cita de Buenos Aires salvo que alguien esté dispuesto a pagar el precio político de salirse del guion.

Otra vez la guerra fría

El cruce de expulsiones entre los aliados occidentales de un lado y Rusia del otro ratifica el calentamiento de la nueva guerra fría, tantas veces citada y desmentida. Cuando Sergei Narishkin, jefe de los servicios secretos rusos, alerta del riesgo de una escalada que desemboque en “una nueva crisis como la de Cuba” (la de los misiles, octubre de 1962) no hace más que abundar en la gravedad de la situación y los riesgos que entraña. El caso del envenenamiento del espía ruso –doble agente– Sergei Skripal y de su hija Yulia en suelo inglés ha emponzoñado la atmósfera, ahora más volátil que nunca, y ha resucitado los usos y costumbres a los que Estados Unidos y la Unión Soviética se atuvieron durante décadas.

El caso Skripal y sus consecuencias inmediatas semeja a los refinados argumentos de las novelas de Graham Green y remite a precedentes inquietantes, en especial el envenenamiento con polonio-210 y muerte de Alexander Litvinenko en Londres (2006). Nunca desde el hundimiento de la URSS se había degradado el clima político entre Este y Oeste con tan rápida y amenazante velocidad, con decenas de diplomáticos expulsados de ambos bandos. Nunca tampoco en el último cuarto de siglo un conflicto de estas características se había desarrollado con dos personajes tan poco convencionales como Vladimir Putin y Donald Trump al frente de las operaciones, adscritos ambos a una jerga nacionalista tan a menudo beligerante.

El hecho de que el escenario del suceso sea el Reino Unido y de que los primeros capítulos los escribiera Theresa May, tan discutida dentro y fuera de su partido, no es determinante. Sí lo es que la estrategia a seguir se acoja al modelo de la tensión entre bloques antagónicos, de acuerdo con el diseño general guardado en un armario por Estados Unidos en los no tan lejanos días en que creyó ser la única superpotencia realmente existente, con Rusia en caída libre y China en pleno aggiornamento. Sí lo es también la enésima debilidad mostrada por la Unión Europea, con solo la mitad de sus miembros unidos a la estrategia de las expulsiones y la otra mitad instalada en una confortable neutralidad: esperar y ver. No, por cierto, porque la estrategia de confrontación les parezca la peor de todas las posibles, sino porque los euroescépticos hallan en situaciones como el caso Skripal el mejor ecosistema para subrayar su autonomía y minar la unidad política de la UE.

Un diario como The Guardian, tan poco afecto a los planes de May, ha puesto de manifiesto esta división europea, apenas encubierta por la declaración conjunta de apoyo de Estados Unidos y de los aliados europeos más cercanos al Reino Unido –Francia y Alemania– a la gestión británica de la crisis, toda vez de que, al mismo tiempo, países como Austria –la extrema derecha instalada en el Gobierno– han apelado a su neutralidad so pretexto de preservar su condición de “constructores de puentes entre el Este y el Oeste, manteniendo abiertos canales de comunicación”.

El renacimiento del nacionalismo ruso, que compensa las debilidades estructurales de la nación, con planes de rearme y gestos desafiantes, ha pillado casi por sorpresa a Occidente, convencido hasta hace poco de que Rusia se había convertido en una potencia de segundo orden y bajo control. Que el país sea un Estado-continente con graves problemas de sostenibilidad –la economía depende por completo de la exportación de gas y petróleo– y una demografía en rápido retroceso, no afecta de momento a su disposición de seguir siendo una gran potencia militar con el segundo arsenal nuclear más importante del planeta después del de Estados Unidos, y la voluntad manifiesta de renovarlo. Como se ha dicho en alguna ocasión, los analistas de la OTAN equivocaron por completo sus vaticinios en cuanto a la evolución de la Rusia surgida del final de la URSS, y la nueva versión de la guerra fría lo confirma.

Poco importa que resulte inescrutable cuál es la relación personal de Trump con algunos políticos –Putin entre ellos– y oligarcas rusos si en momentos de crisis se desentierra el léxico de la guerra fría, la lógica de la escalada, los obstáculos clásicos en la coexistencia pacífica y otros pormenores de un pasado que parecía haber quedado solo como materia de análisis para los historiadores. Mientras hasta fecha recientísima los jóvenes estudiantes de relaciones internacionales, diplomacia y otras disciplinas pedían dedicar menos tiempo a la guerra fría, poco menos que liquidada, y más horas a lo que la siguió, la realidad oculta era que nuevos ingredientes de confrontación se sumaban a la configuración de un presente con muchas reminiscencias del pasado, incluido un catálogo inagotable de gestos intemperantes.

El hecho de que el laboratorio militar británico de Porton Down reconozca que no ha podido demostrar que el agente nervioso Novichok, causante del envenenamiento, ha sido fabricado en Rusia, recuerda otros muchos casos en los que la simple sospecha ha puesto en marcha la maquinaria de la tensión fría. La acusación rusa de que Estados Unidos y el Reino Unido urdieron el ataque contra Skripal y su hija se ha ceñido a la misma lógica, y la oferta posterior de una investigación conjunta –hoy de factura imposible–, ha seguido el mismo camino. El resultado de este libro de estilo, compartido por ambas partes, es una situación bloqueada en la que, como en tantas otras ocasiones, incluida la crisis de los misiles en Cuba, solo es posible un desenlace en el que prevalezca la apariencia de que nadie cede a cambio de nada.

“Como estadista, uno tiene que obrar con la suposición de que los problemas se tienen que resolver”, declaró Henry Kissinger en cierta ocasión. Y Andrei Gromico, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS y tantas veces contrincante de Kissinger, hizo hincapié en la necesidad de “dejar siempre una puerta abierta”. Uno y otro contribuyeron decisivamente a convertir la guerra fría en un sistema estable, donde las sorpresas eran infrecuentes. ¿Es este el futuro que nos aguarda? Quizá valga como respuesta esta frase de Willy Brandt: “Las barreras mentales sobreviven por lo general más tiempo que las de hormigón”. A ambos lados de la barrera, del muro si se quiere.

 

 

 

 

Erdogan liquida a Atatürk

La reforma constitucional aprobada el domingo mediante referéndum consagra un giro autoritario en Turquía cuyo objetivo último es liquidar el legado secular de Mustafá Kemal Atatürk y asentar un nacionalislamismo que rescate del pasado la tradición otomana, la influencia que durante siglos tuvo el sultanato en el orbe musulmán. La autoridad omnipresente lograda por el presidente Recep Tayyip Erdogan persigue desarticular la neutralidad de las instituciones diseñada por la Ley de Organización Fundamental de 1921, que marcó el rumbo en el tránsito del poder dinástico a la modernidad, quiso liquidar el vínculo de Turquía con sus vecinos del este y fijó la occidentalización a toda máquina como el programa que debía rescatar al país del atraso, la sumisión y la dependencia exterior. Para curar los achaques de la Sublime Puerta, el enfermo de Europa derrotado en 1918, Atatürk optó por una cirugía de hierro que provocó una fractura social nunca superada y ahora agravada.

Las raíces del mal turco se remontan a la división de primera hora entre kemalistas y otomanistas, entre partidarios del Estado laico y del Estado confesional, entre deseosos de quemar etapas y disponer cuanto antes de un Estado liberal y aquellos otros que veían en la tradición la piedra sillar de la identidad nacional. Al analizar hoy la distribución del voto en el referéndum y subrayarse la división entre el mundo urbano –Estambul, Ankara, Izmir, Trabzon– más el Kurdistán, que votaron no, y la Anatolia rural, que se decantó por el , no se hace otra cosa que poner de manifiesto una constante histórica desde los años 20 del siglo pasado: el laicismo nunca arraigó en la Turquía interior, conservadora en extremo, aunque no siempre sumida en una religiosidad hermética.

El especialista Bernard Lewis afirma en The emergence of modern Turkey: “La occidentalización planteó graves problemas de identidad a un pueblo que, después de todo, procede de Asia, profesó el islam y perteneció por tradición durante muchos siglos al mundo islámico de Oriente Próximo, donde los otomanos fueron líderes inamovibles”. En este entorno, poner la mirada en el oeste fue interpretado casi siempre en Asia y en el islam como una traición, añade Lewis, y “los turcos fueron denunciados como lacayos de Occidente”. Basta con repasar las ideas expresadas en su día por los exprimeros ministros islamistas Necmettin Erbakan –“la República representa una negación cultural y el secularismo represivo”– y Ahmet Davutoglu –“tengo mis dudas acerca de la compatibilidad de la política occidental y sus instituciones sociales con una sociedad predominantemente musulmana”–  para colegir que el análisis de Lewis, muy discutible en otros apartados, en este se acerca bastante a la realidad.

Al mismo tiempo, la comunidad académica contempla el proyecto de Erdogan como una amenaza para la democracia que, con sobresaltos y limitaciones, crisis y golpes de Estado, ha resistido todos los desafíos. La escritora francoturca Kenicé Mourad, bisnieta del último sultán, ve en el autoritarismo constitucional promovido por el presidente una mutación de signo totalitario: “Ya hace años dije que Turquía se estaba convirtiendo en la Alemania de los años 30”. El nobel Orhan Pamuk vio el último febrero cómo una entrevista que debía publicar el periódico Hurriyet, propiedad del conglomerado financiero Dogan Holding, nunca apareció porque en ella el escritor se pronunciaba contra la reforma constitucional en un ambiente dominado por la purga de las redacciones, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de cabeceras críticas. Adiós a la atmósfera deliberativa propia del pluralismo político.

Desde el intento de golpe de Estado del pasado verano, el enaltecimiento de la figura de Erdogan ha sumado adeptos. El presidente ha logrado concretar dónde se encuentra el nido de la serpiente, el núcleo de conspiradores encabezado por el eximán Fethullah Gülen, ha puesto en marcha un mecanismo de depuración de los empleados públicos –Ejército, policía, funcionarios, profesores de universidad– y ha logrado que arraigue en la opinión pública la idea de que el país cuenta ahora más que antes, ha establecido un nuevo vínculo con quienes emigraron a Europa y condiciona la política de la Unión Europea. “Erdogan es un autoritario como tantos otros hay en el mundo –afirma Steven A. Cook, del Council on Foreign Relations, en las páginas de Foreign Policy–, pero al mismo tiempo se inspira en la historia otomana”, en un pasado glorioso, a menudo mitificado, que se desmoronó minado por la decadencia.

En esta historia idealizada caben las opiniones de votantes que el domingo justificaron su en la necesidad de que Turquía disponga de un gobernante fuerte que restaure el orgullo de la nación, un argumento no muy diferente del perfil forjado por Atatürk para justificar su occidentalización sin contemplaciones. Algo que, en cualquier caso, se atiene a la idea de liderazgo en el seno del islam que comparten muchos votantes, recuerdo impreciso del papel desempeñado por el sultanato durante siglos. “El lugar natural de Turquía no está en el cuartel general de la OTAN en Bruselas –creen muchos conciudadanos de Erdogan, según lo ve Cook–, sino en la dirección del mundo musulmán, cuyos aliados deben ser Pakistán, Malasia, Egipto, Irán e Indonesia”.

De ser esto cierto a grandes rasgos, cobra sentido que el interés por ingresar en la Unión Europea haya decaído y otros proyectos políticos asociados a la europeización hayan pasado a mejor vida. Así el proyecto de convertir el Partido de la Justicia y el Desarrollo, dirigido por Erdogan, en una versión islamista moderada de la democracia cristiana de posguerra; así la adecuación de muchas leyes al acervo comunitario para hacer posible la adhesión; así incluso la revisión de la causa kurda como la de una comunidad irredenta después de considerar durante decenios la crisis kurda un problema de seguridad. La aspiración europea ha dejado de ser la estación de llegada principal a pesar de que el vínculo con los europeos tiene más contenido que nunca: el acuerdo para almacenar refugiados a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.

La tensión con Holanda y Alemania durante la campaña electoral alcanzó el objetivo perseguido: atraer a la causa erdoganista a una parte importante de la comunidad turca en Europa. Los ministros que fueron a participar en actos para pedir el en el referéndum no lograron subirse a la tribuna, pero consiguieron movilizar a quienes volvieron a sentirse más turcos en el exilio económico que nuevos europeos en proceso de adaptación. Que las instituciones democráticas, la división de poderes y las libertades individuales estén en juego pesó menos que la restitución del sentimiento nacional, un intangible que activó la política de las emociones y atrajo el voto de los emigrantes. Nadie dijo palabra sobre la solicitud de ingreso en la Unión Europea, presentada en el 2005, y aún menos sobre la votación en la Eurocámara, que el 24 de noviembre adoptó la decisión no vinculante de suspender las negociaciones para la adhesión de Turquía. La partida se juega en otra mesa con otras reglas.

Por el contrario, la posibilidad de disputar al mundo árabe la hegemonía regional en el Mediterráneo oriental es algo más que una atractiva posibilidad a cada día que pasa. La entente cordiale con Rusia, tan a contrapelo, la acogida de refugiados sirios que huyen de la hecatombe y su implicación cada vez mayor en la guerra han alimentado la ensoñación otomanista. Mientras la oposición impugna la limpieza del escrutinio y la OSCE duda de la transparencia de las votaciones, mientras la oposición laica entiende que Erdogan ha puesto en marcha una operación para desviar la atención de sus miserias familiares –el tráfico de petróleo comprado por un hijo del presidente al Estado Islámico– y para perpetuarse en el poder, el interesado ha logrado reunir la masa crítica suficiente para salir adelante a pesar de las contradicciones de su proyecto. Este más que presunto punto final puesto al ataturquismo configura un país desgarrado por dos proyectos irreconciliables, promueve la islamización de las instituciones, elimina los contrapesos entre poderes y otorga a Erdogan la capacidad de hacer y deshacer según sus personales designios. Mueve a reflexión, cuando no a preocupación, el solo hecho de que el presidente Donald Trump fuese el único que se apresuró a felicitarle en cuanto terminó el recuento.

 

 

Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

Rusia regresa a las esencias

Las maniobras de la OTAN en Polonia han dado renovados bríos al léxico de la guerra fría, tantas veces enterrada. Frente a la idea más común de que la atmósfera de recelos y confrontación entre el Este y el Oeste se desvaneció en el momento en que la URSS dejó de existir y el modelo occidental ganó el envite, se alza la realidad: la reaparición de formas bastante abruptas en las relaciones de dos mundos poco o nada reconciliados. Frente a la estrategia de la OTAN de llevar sus fronteras hasta el límite occidental de Rusia se alza el renacimiento de un nacionalismo ruso que otorga a Vladimir Putin los atributos de guía predestinado que en el pasado, por diferentes razones, fueron patrimonio de los grandes líderes de la consolidación de Rusia, primero, y de la URSS, después.

¿O no hubo tal consolidación y el universo ruso no dejó de emitir señales de debilidad incluso en sus periodos más resplandecientes? Esa es la tesis que sostiene Stephen Kotkin, profesor de las universidades de Princeton y Stanford, en el último número de Foreign Affairs, idea reforzada a partir de diciembre de 1991 por una menor influencia a causa del desmoronamiento soviético, la pérdida de territorios, la adhesión a la OTAN de los antiguos aliados y de las pequeñas repúblicas bálticas (antes parte de la URSS), la frecuente marginación en las crisis internacionales y, en última instancia, por las dificultades económicas derivadas de las sanciones impuestas por Occidente y por el hundimiento de los precios del petróleo. Pero también por la sensación de vulnerabilidad o de acoso provocada por el despliegue del escudo antimisiles, por su relativa incomparecencia en las crisis encadenadas en Oriente Próximo hasta que decidió intervenir en Siria y por su ausencia de Asia central, salvo unas pocas bases militares.

Si es una constante histórica de Rusia por los menos desde Pedro el Grande (siglos XVII y XVIII), sino antes, que se pregunte a sí misma cuáles deben ser sus límites, hoy es cada vez más frecuente plantear una segunda incógnita: ¿a partir de qué momento la seguridad del país está en juego? Que en ambos casos el nacionalismo sea el punto de partida ideológico no quita importancia a esa especie de duda existencial permanente que Putin ha puesto al día y que su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha resumido en una sola frase: “No ocultamos nuestra actitud negativa al movimiento de infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras y a la inclusión de nuevos estados [Suecia, Finlandia y Ucrania] en la actividad militar del bloque”.

No es menor la importancia de la OTAN en la configuración de ese escenario de referencia. Desde la anexión de Crimea por Rusia y la guerra en Ucrania, ahora en fase letárgica, el cálculo de riesgos elaborado por Estados Unidos y sus aliados se concentra en las tres repúblicas bálticas y en el flanco sur. Ese es el análisis de los generales que, al mismo tiempo, niegan que el escudo antimisiles debilite la capacidad de disuasión del arsenal estratégico ruso (armas nucleares), una opinión diametralmente diferente a la manifestada por los analistas del Kremlin.

El multilateralismo practicado por la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama tampoco es ajeno al éxito de Putin como defensor de las esencias, de una determinada concepción de la Rusia eterna o de la santa Rusia, citada a menudo por el clero ortodoxo y bendecida por él. Con razón o sin ella, los dirigentes rusos se han sentido marginados en la revisión del sistema de relaciones internacionales, han recordado la debilidad enfermiza del país en tiempos de Boris Yeltsin y su repliegue de todas partes y a toda prisa y han optado por prometer a la opinión pública que la Rusia inexpugnable está de vuelta. Favorecido todo por un fenómeno de despolitización de la calle, que acepta sin asomo de duda un proyecto de renacimiento nacional que, por lo demás, debiera ser compatible con una economía aquejada de anemia y minada por la corrupción. “Ahora las autoridades creen que no tienen necesidad de cambiar sus políticas a no ser que la popularidad de Putin caiga dramáticamente. Pero es precisamente su profunda aversión a cambiar lo que mantiene altos estos índices”, ha escrito Gleb Pavlovsky en The Moscow Times.

Al mismo tiempo que no son pocos los análisis relativos a la viabilidad futura de la política de Putin, una sociedad conservadora y que en el pasado se sintió humillada cree llegado el momento de recuperar el tiempo perdido, y esa nueva guerra fría o diplomacia fría con Occidente le parece la mejor señal de que el presidente hace lo debido. Los éxitos alcanzados por la aviación rusa en apoyo del régimen de Bashar al Asad, el derribo de un caza que violó el espacio aéreo turco, las medidas anunciadas por Lavrov, aunque no detalladas, para contrarrestar las maniobras en Polonia son episodios que dan pie a una permanente política de las emociones y evitan hacer frente a datos tan definitivos y determinantes como que el PIB nominal ruso equivale a la trigésima parte de los 36 billones de dólares que suman Estados Unidos y la Unión Europea.

“Rusia lleva razón al pensar que la posguerra fría fue desequilibrada, incluso injusta. Pero no fue a causa de ninguna humillación intencionada o traición. Fue el resultado inevitable de la victoria decisiva de Occidente en la contienda con la Unión Soviética. En una rivalidad multidimensional global –política, económica, cultural, tecnológica y militar–, la Unión Soviética perdió en todos los ámbitos”, subraya Stephen Kotkin. Pero son justamente los desequilibrios que llevaron a la humillación, fuese o no intencionada, los que han permitido a Putin ser la última encarnación del nacionalismo y han animado a los nuevos teóricos del eurasianismo, doctrina o escuela que ni considera europea ni asiática la cultura rusa, sino una fusión de ambas. Lo que lleva directamente a considerar acuciante la necesidad de que la relación de Rusia con su entorno no se atenga a la lógica europea, sino que sea independiente de esta y le discuta la hegemonía. Con maniobras o sin ellas; vaya la economía mejor o peor.

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

El juego de Putin

La complejidad de la crisis siria ha subido un punto más en su particular escala de Richter a raíz de la intervención directa de la aviación rusa en los bombardeos contra enclaves de la oposición al régimen de Bashar el Asad más que contra las del Estado Islámico, según muy solventes indicios. Mientras Rusia defiende su derecho a apoyar un régimen elegido democráticamente, según el muy previsible articulista de Pravda Timothy Bancroft-Hinchey, cunde la alarma en Occidente por el riesgo de un incidente entre aviones rusos y estadounidenses sobrevolando un mismo espacio aéreo, y aún más por el apoyo explícito dispensado en el campo de batalla por Rusia al presidente sirio. Un apuntalamiento o protección de la autocracia de El Asad que lleva inexorablemente a aceptar como única hipótesis viable para detener la matanza la participación del presidente en cualquier negociación política.

Cuando al menos en una ocasión se ha podido confirmar que las bombas rusas cayeron sobre un grupo entrenado por la CIA, cuando se han puesto en marcha obras de ampliación de la base rusa de Tartus, en la costa siria, y cuando Vladimir Putin defiende la conveniencia de una actuación preventiva “para luchar y destruir militantes y terroristas sobre el terreno dispuestos a ocuparlo”, sin especificar de quiénes se trata, no es muy difícil imaginar que el presidente de Rusia ha cogido su fusil con el debido cuidado de no provocar un enfrentamiento directo con Estados Unidos y sus aliados, pero también sin especial disposición a atender los argumentos de François Hollande y Angela Merkel para que los ataques se circunscriban a las bases del Estado Islámico. Hay en todo ello cierta lógica heredada de la guerra fría, pero también la reparación o compensación de la marginación de Rusia por la OTAN a raíz de la intervención en Libia, cuando Putin era primer ministro y Dmitri Medvédev, presidente (a partir del 2012 se intercambiaron los papeles). Asoma en la crisis el propósito ruso de no quedar fuera de la solución política siria y, de forma más amplia, de la maraña de influencias en Oriente Próximo.

Un largo informe colgado en la web estadounidense Politico.com desarrolla la idea de que la estrategia rusa obedece al convencimiento de Putin de que fue un gran error la actitud de Rusia en el 2011 al abstenerse en el Consejo de Seguridad de la ONU y dejar las manos libres a la OTAN en Libia. Pero obedece también, asegura el medio,  a una pugna por el poder en el interior del Kremlin entre sus dos hombres fuertes, el propio Putin y Medvédev, comprometido el primero en restablecer la influencia de Rusia mediante dosis intensivas de nacionalismo radical y empeñado el segundo en adecuar la política rusa a la capacidad de resistencia de su economía, baqueteada por las sanciones occidentales a raíz de la crisis ucraniana. Se dé o no esa disputa, lo cierto es que el compromiso ruso con El Asad prefigura objetivos políticos muy diferentes a los del 2011, después de que Medvédev negociara un nuevo acuerdo nuclear con Barack Obama, aprobado por la Duma y es de suponer que bendecido por Putin.

Para David F. Gordon, especialista en seguridad, Putin entiende que la situación en Siria es una gran oportunidad geopolítica para mitigar los efectos de la debilidad económica causada por la caída de los precios en el mercado de la energía y por las sanciones. Más que una pelea entre los hombres fuertes del establishment ruso, Gordon sostiene en Foreign Affairs que el comportamiento de Putin responde a su convencimiento de que puede sacar partido al fracaso estadounidense para detener al Estado Islámico, encontrar una solución política para Siria y, acto seguido, resolver la crisis de refugiados en Europa. “Putin es un oportunista que trata de aumentar la influencia rusa en Oriente Próximo y, al mismo tiempo, proyecta la imagen del Kremlin en el mundo, y especialmente en Europa, como parte esencial de la solución a los problemas”, escribe Gordon.

Resulta más difícil descifrar de qué hablaron Obama y Putin en Nueva York para que un día más tarde Estados Unidos mostrara su sorpresa por el inicio de los bombardeos rusos, como si el asunto no hubiese formado parte de la conversación. Los aires de sorpresa del secretario de Defensa, Ashton B. Carter, al recordar que algunos de los grupos de oposición bombardeados “están apoyados por Estados Unidos y es necesario que formen parte de una solución política en Siria”, parecen fruto del desconcierto, pues el apoyo ruso al régimen sirio ha pasado de la retórica y los suministros a la implicación directa. Es decir, a través de la política de hechos consumados la situación ha evolucionado hacia una mayor complejidad; no se trata solo de salvar el régimen de Bashar el Asad, sino de convertirlo en la pieza clave en el tablero de Oriente Próximo.

La sorpresa y el desconcierto se agrandan en la medida en que, al mismo tiempo que el Pentágono denuesta los bombardeos rusos, el Departamento de Estado se entrega a la diplomacia directa, y John Kerry se presta a discutir el problema con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. ¿Síntomas de debilidad o necesidad acuciante? Charles Krauthammer, analista de The Washington Post, se inclina por el retroceso de Estados Unidos en el escenario de referencia, parte del convencimiento de que cuando Obama llegó a la Casa Blanca, “Estados Unidos había emergido como el actor regional dominante” en Oriente Próximo, para lamentar acto seguido: “El último domingo, Irak anunció el establecimiento de una alianza con Irán, Siria y Rusia, símbolo de la nueva alianza del creciente chií (…) bajo el paraguas de Rusia, la potencia regional hegemónica ascendente”. Un análisis que comparte la creencia de los gabinetes de estrategia que ven en la retirada estadounidense de Oriente Medio el primer mojón del camino que conduce directamente a la intensificación de la guerra fría no declarada en el golfo Pérsico entre el mundo suní, encabezado por Arabia Saudí, y el chií, pilotado por la teocracia de los ayatolás.

Nadie pensó al inicio de la guerra civil de Siria, hace cuatro años, que un dictador desprestigiado y sanguinario, a pesar del apoyo ruso e iraní, pudiese sobrevivir a la presión internacional y a las matanzas obscenas. Nadie apostó por un asentamiento del Estado Islámico como factor determinante en la crisis. Por el contrario, fueron mayoría los que creyeron que la vesania de El Asad cavaría su tumba. Todo ha sucedido al revés: el presidente sirio se ha convertido en la alternativa soportable y preferible al Estado Islámico (al menos para Occidente) y, en cambio, sus adversarios políticos, organizados bajo diferentes nombres, han sucumbido a la realpolitik y a la habilidad de Rusia para sacar partido a la indecisión de Estados Unidos y sus aliados. Si Putin no ha tomado la iniciativa, al menos ha igualado el compromiso de Occidente en el campo de batalla y ha hecho de Siria, quizá, la moneda de cambio para afrontar otras crisis o atenuar por lo menos los efectos de la interferencia rusa en Ucrania. Este parece el juego.

Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.