Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

Rusia regresa a las esencias

Las maniobras de la OTAN en Polonia han dado renovados bríos al léxico de la guerra fría, tantas veces enterrada. Frente a la idea más común de que la atmósfera de recelos y confrontación entre el Este y el Oeste se desvaneció en el momento en que la URSS dejó de existir y el modelo occidental ganó el envite, se alza la realidad: la reaparición de formas bastante abruptas en las relaciones de dos mundos poco o nada reconciliados. Frente a la estrategia de la OTAN de llevar sus fronteras hasta el límite occidental de Rusia se alza el renacimiento de un nacionalismo ruso que otorga a Vladimir Putin los atributos de guía predestinado que en el pasado, por diferentes razones, fueron patrimonio de los grandes líderes de la consolidación de Rusia, primero, y de la URSS, después.

¿O no hubo tal consolidación y el universo ruso no dejó de emitir señales de debilidad incluso en sus periodos más resplandecientes? Esa es la tesis que sostiene Stephen Kotkin, profesor de las universidades de Princeton y Stanford, en el último número de Foreign Affairs, idea reforzada a partir de diciembre de 1991 por una menor influencia a causa del desmoronamiento soviético, la pérdida de territorios, la adhesión a la OTAN de los antiguos aliados y de las pequeñas repúblicas bálticas (antes parte de la URSS), la frecuente marginación en las crisis internacionales y, en última instancia, por las dificultades económicas derivadas de las sanciones impuestas por Occidente y por el hundimiento de los precios del petróleo. Pero también por la sensación de vulnerabilidad o de acoso provocada por el despliegue del escudo antimisiles, por su relativa incomparecencia en las crisis encadenadas en Oriente Próximo hasta que decidió intervenir en Siria y por su ausencia de Asia central, salvo unas pocas bases militares.

Si es una constante histórica de Rusia por los menos desde Pedro el Grande (siglos XVII y XVIII), sino antes, que se pregunte a sí misma cuáles deben ser sus límites, hoy es cada vez más frecuente plantear una segunda incógnita: ¿a partir de qué momento la seguridad del país está en juego? Que en ambos casos el nacionalismo sea el punto de partida ideológico no quita importancia a esa especie de duda existencial permanente que Putin ha puesto al día y que su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha resumido en una sola frase: “No ocultamos nuestra actitud negativa al movimiento de infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras y a la inclusión de nuevos estados [Suecia, Finlandia y Ucrania] en la actividad militar del bloque”.

No es menor la importancia de la OTAN en la configuración de ese escenario de referencia. Desde la anexión de Crimea por Rusia y la guerra en Ucrania, ahora en fase letárgica, el cálculo de riesgos elaborado por Estados Unidos y sus aliados se concentra en las tres repúblicas bálticas y en el flanco sur. Ese es el análisis de los generales que, al mismo tiempo, niegan que el escudo antimisiles debilite la capacidad de disuasión del arsenal estratégico ruso (armas nucleares), una opinión diametralmente diferente a la manifestada por los analistas del Kremlin.

El multilateralismo practicado por la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama tampoco es ajeno al éxito de Putin como defensor de las esencias, de una determinada concepción de la Rusia eterna o de la santa Rusia, citada a menudo por el clero ortodoxo y bendecida por él. Con razón o sin ella, los dirigentes rusos se han sentido marginados en la revisión del sistema de relaciones internacionales, han recordado la debilidad enfermiza del país en tiempos de Boris Yeltsin y su repliegue de todas partes y a toda prisa y han optado por prometer a la opinión pública que la Rusia inexpugnable está de vuelta. Favorecido todo por un fenómeno de despolitización de la calle, que acepta sin asomo de duda un proyecto de renacimiento nacional que, por lo demás, debiera ser compatible con una economía aquejada de anemia y minada por la corrupción. “Ahora las autoridades creen que no tienen necesidad de cambiar sus políticas a no ser que la popularidad de Putin caiga dramáticamente. Pero es precisamente su profunda aversión a cambiar lo que mantiene altos estos índices”, ha escrito Gleb Pavlovsky en The Moscow Times.

Al mismo tiempo que no son pocos los análisis relativos a la viabilidad futura de la política de Putin, una sociedad conservadora y que en el pasado se sintió humillada cree llegado el momento de recuperar el tiempo perdido, y esa nueva guerra fría o diplomacia fría con Occidente le parece la mejor señal de que el presidente hace lo debido. Los éxitos alcanzados por la aviación rusa en apoyo del régimen de Bashar al Asad, el derribo de un caza que violó el espacio aéreo turco, las medidas anunciadas por Lavrov, aunque no detalladas, para contrarrestar las maniobras en Polonia son episodios que dan pie a una permanente política de las emociones y evitan hacer frente a datos tan definitivos y determinantes como que el PIB nominal ruso equivale a la trigésima parte de los 36 billones de dólares que suman Estados Unidos y la Unión Europea.

“Rusia lleva razón al pensar que la posguerra fría fue desequilibrada, incluso injusta. Pero no fue a causa de ninguna humillación intencionada o traición. Fue el resultado inevitable de la victoria decisiva de Occidente en la contienda con la Unión Soviética. En una rivalidad multidimensional global –política, económica, cultural, tecnológica y militar–, la Unión Soviética perdió en todos los ámbitos”, subraya Stephen Kotkin. Pero son justamente los desequilibrios que llevaron a la humillación, fuese o no intencionada, los que han permitido a Putin ser la última encarnación del nacionalismo y han animado a los nuevos teóricos del eurasianismo, doctrina o escuela que ni considera europea ni asiática la cultura rusa, sino una fusión de ambas. Lo que lleva directamente a considerar acuciante la necesidad de que la relación de Rusia con su entorno no se atenga a la lógica europea, sino que sea independiente de esta y le discuta la hegemonía. Con maniobras o sin ellas; vaya la economía mejor o peor.

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

El juego de Putin

La complejidad de la crisis siria ha subido un punto más en su particular escala de Richter a raíz de la intervención directa de la aviación rusa en los bombardeos contra enclaves de la oposición al régimen de Bashar el Asad más que contra las del Estado Islámico, según muy solventes indicios. Mientras Rusia defiende su derecho a apoyar un régimen elegido democráticamente, según el muy previsible articulista de Pravda Timothy Bancroft-Hinchey, cunde la alarma en Occidente por el riesgo de un incidente entre aviones rusos y estadounidenses sobrevolando un mismo espacio aéreo, y aún más por el apoyo explícito dispensado en el campo de batalla por Rusia al presidente sirio. Un apuntalamiento o protección de la autocracia de El Asad que lleva inexorablemente a aceptar como única hipótesis viable para detener la matanza la participación del presidente en cualquier negociación política.

Cuando al menos en una ocasión se ha podido confirmar que las bombas rusas cayeron sobre un grupo entrenado por la CIA, cuando se han puesto en marcha obras de ampliación de la base rusa de Tartus, en la costa siria, y cuando Vladimir Putin defiende la conveniencia de una actuación preventiva “para luchar y destruir militantes y terroristas sobre el terreno dispuestos a ocuparlo”, sin especificar de quiénes se trata, no es muy difícil imaginar que el presidente de Rusia ha cogido su fusil con el debido cuidado de no provocar un enfrentamiento directo con Estados Unidos y sus aliados, pero también sin especial disposición a atender los argumentos de François Hollande y Angela Merkel para que los ataques se circunscriban a las bases del Estado Islámico. Hay en todo ello cierta lógica heredada de la guerra fría, pero también la reparación o compensación de la marginación de Rusia por la OTAN a raíz de la intervención en Libia, cuando Putin era primer ministro y Dmitri Medvédev, presidente (a partir del 2012 se intercambiaron los papeles). Asoma en la crisis el propósito ruso de no quedar fuera de la solución política siria y, de forma más amplia, de la maraña de influencias en Oriente Próximo.

Un largo informe colgado en la web estadounidense Politico.com desarrolla la idea de que la estrategia rusa obedece al convencimiento de Putin de que fue un gran error la actitud de Rusia en el 2011 al abstenerse en el Consejo de Seguridad de la ONU y dejar las manos libres a la OTAN en Libia. Pero obedece también, asegura el medio,  a una pugna por el poder en el interior del Kremlin entre sus dos hombres fuertes, el propio Putin y Medvédev, comprometido el primero en restablecer la influencia de Rusia mediante dosis intensivas de nacionalismo radical y empeñado el segundo en adecuar la política rusa a la capacidad de resistencia de su economía, baqueteada por las sanciones occidentales a raíz de la crisis ucraniana. Se dé o no esa disputa, lo cierto es que el compromiso ruso con El Asad prefigura objetivos políticos muy diferentes a los del 2011, después de que Medvédev negociara un nuevo acuerdo nuclear con Barack Obama, aprobado por la Duma y es de suponer que bendecido por Putin.

Para David F. Gordon, especialista en seguridad, Putin entiende que la situación en Siria es una gran oportunidad geopolítica para mitigar los efectos de la debilidad económica causada por la caída de los precios en el mercado de la energía y por las sanciones. Más que una pelea entre los hombres fuertes del establishment ruso, Gordon sostiene en Foreign Affairs que el comportamiento de Putin responde a su convencimiento de que puede sacar partido al fracaso estadounidense para detener al Estado Islámico, encontrar una solución política para Siria y, acto seguido, resolver la crisis de refugiados en Europa. “Putin es un oportunista que trata de aumentar la influencia rusa en Oriente Próximo y, al mismo tiempo, proyecta la imagen del Kremlin en el mundo, y especialmente en Europa, como parte esencial de la solución a los problemas”, escribe Gordon.

Resulta más difícil descifrar de qué hablaron Obama y Putin en Nueva York para que un día más tarde Estados Unidos mostrara su sorpresa por el inicio de los bombardeos rusos, como si el asunto no hubiese formado parte de la conversación. Los aires de sorpresa del secretario de Defensa, Ashton B. Carter, al recordar que algunos de los grupos de oposición bombardeados “están apoyados por Estados Unidos y es necesario que formen parte de una solución política en Siria”, parecen fruto del desconcierto, pues el apoyo ruso al régimen sirio ha pasado de la retórica y los suministros a la implicación directa. Es decir, a través de la política de hechos consumados la situación ha evolucionado hacia una mayor complejidad; no se trata solo de salvar el régimen de Bashar el Asad, sino de convertirlo en la pieza clave en el tablero de Oriente Próximo.

La sorpresa y el desconcierto se agrandan en la medida en que, al mismo tiempo que el Pentágono denuesta los bombardeos rusos, el Departamento de Estado se entrega a la diplomacia directa, y John Kerry se presta a discutir el problema con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. ¿Síntomas de debilidad o necesidad acuciante? Charles Krauthammer, analista de The Washington Post, se inclina por el retroceso de Estados Unidos en el escenario de referencia, parte del convencimiento de que cuando Obama llegó a la Casa Blanca, “Estados Unidos había emergido como el actor regional dominante” en Oriente Próximo, para lamentar acto seguido: “El último domingo, Irak anunció el establecimiento de una alianza con Irán, Siria y Rusia, símbolo de la nueva alianza del creciente chií (…) bajo el paraguas de Rusia, la potencia regional hegemónica ascendente”. Un análisis que comparte la creencia de los gabinetes de estrategia que ven en la retirada estadounidense de Oriente Medio el primer mojón del camino que conduce directamente a la intensificación de la guerra fría no declarada en el golfo Pérsico entre el mundo suní, encabezado por Arabia Saudí, y el chií, pilotado por la teocracia de los ayatolás.

Nadie pensó al inicio de la guerra civil de Siria, hace cuatro años, que un dictador desprestigiado y sanguinario, a pesar del apoyo ruso e iraní, pudiese sobrevivir a la presión internacional y a las matanzas obscenas. Nadie apostó por un asentamiento del Estado Islámico como factor determinante en la crisis. Por el contrario, fueron mayoría los que creyeron que la vesania de El Asad cavaría su tumba. Todo ha sucedido al revés: el presidente sirio se ha convertido en la alternativa soportable y preferible al Estado Islámico (al menos para Occidente) y, en cambio, sus adversarios políticos, organizados bajo diferentes nombres, han sucumbido a la realpolitik y a la habilidad de Rusia para sacar partido a la indecisión de Estados Unidos y sus aliados. Si Putin no ha tomado la iniciativa, al menos ha igualado el compromiso de Occidente en el campo de batalla y ha hecho de Siria, quizá, la moneda de cambio para afrontar otras crisis o atenuar por lo menos los efectos de la interferencia rusa en Ucrania. Este parece el juego.

Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.

Esperar y ver después de Minsk

Tantos y tan rotundos son los fracasos precedentes en la aplicación de acuerdos encaminados a silenciar las armas en Ucrania que el alcanzado el jueves en Minsk debe acogerse con una sobredosis de prudencia. La distancia entre el proyecto de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de restaurar el orgullo herido por Occidente a raíz del hundimiento de la URSS, y el objetivo europeo, respaldado por Estados Unidos, de sumar Ucrania a la expansión hacia el Este se hallan tan lejos y reúnen tal cantidad de incompatibilidades que mal puede pensarse que 15 horas de negociación sean suficientes para, a partir de aquí, avanzar hacia la concreción de un modus vivendi razonablemente tranquilo. Como subrayan todos los especialistas, se impone el wait and see (esperar y ver), que no gusta a la Casa Blanca, pero que ha ganado adeptos en la Unión Europea, que lo prefiere a la reiteración de errores que han llevado a la situación desquiciada del presente.

Un editorial del viernes del periódico liberal británico The Guardian resumió en una sola frase todas las dificultades que entraña la aplicación de la tregua, la retirada de las armas pesadas, la creación de una zona desmilitarizada y las reformas constitucionales que deben servir para encajar el Donbass en Ucrania: “Los objetivos de Rusia, Ucrania, los separatistas, los europeos y los estadounidenses son tan divergentes que es imposible reconciliarlos”. Porque, para que ello fuera posible, haría falta que se aceptaran por las partes algunos requisitos que hoy, lejos de vislumbrarse, no parece que los implicados puedan compartir. Entre ellos, cuatro parecen tan necesarios como alejados de las intenciones de los contendientes y de los intermediarios –Francia y Alemania– que han acudido a Minsk:

  1. Ningún desenlace de la crisis puede entrañar una debilidad estratégica o política para Rusia.
  2. Ucrania tiene derecho, en el ejercicio de su soberanía, a articular sus compromisos exteriores siempre que estos no dañen la seguridad de sus vecinos.
  3. La minoría rusófona de Ucrania tiene derecho a que se garantice su supervivencia cultural.
  4. La incorporación de la península de Crimea a Rusia es un dato irreversible, salvo que el caso se quiera convertir en la coartada o justificación para eternizar el conflicto mediante una guerra de baja intensidad a las puertas de la UE.

Frente a ese planteamiento realista, que el Gobierno ucraniano y los separatistas –Rusia mediante– debieran tener por razonable, se alza la pretensión de ambas parte de cobrar ventaja o debilitar al oponente, de acuerdo con una lógica político-militar que pone en riesgo cualquier solución negociada. Así se explican la ambigüedad de Putin al anunciar el acuerdo, la obstinación de Petró Poroshenko, presidente de Ucrania, de excluir la federación o la autonomía de la reforma constitucional que debe acomodar con garantías las provincias rusófonas dentro de las fronteras ucranianas y la prudencia extrema de la cancillera Angela Merkel y del presidente François Hollande al levantarse la sesión tras una noche de discusiones a cara de perro o poco menos.

Como afirma el profesor Pere Vilanova, la solución preferida por Putin es “mantener abierto uno más de sus productos de exportación preferidos: los conflictos congelados o estados de facto, como en Osetia del Sur, Abjazia, Transnistria, Nagorno Karabaj, todos obra de Rusia” (por si alguien lo dudaba, la guerrilla del Donbass es una mera ficción táctica para encubrir la injerencia rusa en Ucrania). Pero no puede decirse que la prudencia sea la mayor virtud de Poroshenko, que en plena crisis ha recibido del Fondo Monetario Internacional 17.000 millones de euros y que ve en la UE la tabla salvadora para evitar la quiebra económica del Estado que, quizá, sirva también para conjurar la política. Mientras tanto, en el frente, los combatientes se han esmerado en mejorar sus posiciones antes de la tregua y los separatistas no han dejado de recibir suministros rusos, orientado todo a sacar el máximo partido final –si es que se trata realmente del final– a su situación en el campo de batalla.

El único dato de indiscutible relevancia en la gestión de las últimas semanas de este desdichado conflicto, presunta guerra civil y aún más presunta guerra de liberación, es la comparecencia del eje franco-alemán, pilar primero de la construcción europea, aunque sea a costa de dejar a un lado a Federica Mogherini, teórica responsable de la política exterior europea. Más allá del coste político para articular una diplomacia europea colegiada surgió el peso de la historia en esa madrugada se discusiones en la que estuvieron presentes Merkel y Hollande, sin que ningún socio de la UE discutiera su derecho a hablar en nombre de todos, y aun a condicionar la futura posición de Europa si los acuerdos de Minsk dejan de tener vigencia, si se da el caso de que Estados Unidos rescata su idea de que es necesario prestar ayuda militar a Ucrania para compensar la que Rusia presta a los separatistas.

En la implicación franco-alemana hay el reconocimiento implícito de que es preciso corregir los errores de manual cometidos por Occidente y evitar una reedición de la incapacidad mostrada hace más de 20 años para evitar el incendio de los Balcanes. El oportunismo exhibido por Occidente al desmembrarse la URSS, la expansión de la OTAN hacia el este, como si Rusia no fuese la heredera directa del legado soviético, la instalación del escudo antimisiles en Polonia y la República Checa, que daña irremisiblemente la capacidad de respuesta militar de Rusia, y la pretensión de la UE de atraer a Ucrania en perjuicio de los intereses rusos, aunque se negara tal circunstancia, han inducido la rectificación franco-alemana sin someterla a la consideración de los demás socios europeos pues, en este caso, quizá las consabidas digresiones bizantinas que con frecuencia paralizan a la UE hubiesen hecho imposible el viaje a Minsk. Si la reaparición en primera línea del eje franco-alemán debilita o refuerza el diseño de una política exterior europea, es asunto que seguramente no admite una única respuesta: puede que quede sometida o condicionada por el eje, pero cabe asimismo que el eje la refuerce al soslayar las diferencias históricas entre la tradición anglosajona –asociación cuando no sujeción a la política exterior de Estados Unidos– y la más decididamente europeísta.

Más importante que todo esto es que la intermediación europea caiga en saco roto y que a las primeras de cambio, con cualquier pretexto, lo acordado en Minsk quede en agua de borrajas, porque en este caso es de temer que se lleve a la práctica la opción manejada por la Casa Blanca, secundada con entusiasmo por la mayoría republicana en el Congreso. Y en esa posible guerra más caliente o más comprometida para los países de la OTAN, es decir, para la inmensa mayoría de los socios de la UE, es más que verosímil que rebroten las diferencias y aun la división, los leitmotiv de la guerra fría y puede, quién sabe, que los agravios históricos que los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia guardan en la memoria y los agitprop de turno resucitan de vez en cuando. Wait and see.

La decadencia del Este derrumbó el Muro

Basta cotejar el mapa político de Europa del 9 de noviembre de 1989 y el del presente para calibrar las dimensiones del cambio en el continente desde la caída del Muro de Berlín, hace un cuarto de siglo. Todo cuanto hoy es Europa, todo cuanto condiciona el funcionamiento de Europa para lo bueno y para lo malo remite a aquel cambio que zanjó la guerra fría, al menos en su forma más genuina, acabó con la bipolaridad, enterró a una superpotencia, la Unión Soviética, y liquidó la trama de alianzas que encabezó en la Europa del Este. La inviabilidad de la economía planificada, convertida en un sistema esencialmente ineficaz, y la presión permanente de Estados Unidos mediante el desarrollo de nuevos sistemas de defensa, con las tecnologías de última generación creciendo exponencialmente, llevó a la decadencia y a la inanidad el experimento soviético poco más de setenta años después del triunfo de la revolución de octubre.

Ciudadanos de los dos sectores de Berlín, en el Muro la noche del 9 de noviembre de 1989.

De forma que es posible afirmar que el Muro cayo tanto por la presión popular en la República Democrática Alemana, extensión de la movilización de las opiniones públicas polaca, checa y húngara, por citar las más dinámicas en 1989, como por la imposibilidad práctica de Mijail Gorbachov de administrar sin grandes pérdidas la herencia recibida. Fracasados todos los planes de reforma habidos y por haber, el líder soviético no pudo más que asumir que para la superpotencia nada sería como antes, que aquella pretensión suya de modernizar el sistema sin renunciar al socialismo se hallaba en un callejón sin salida. El aviso que dirigió semanas antes del hundimiento a Erich Honecker, penúltimo presidente de la República Democrática Alemana, de que quienes no se adaptaran a los cambios serían finalmente derrotados, se cumplió en todos sus extremos. Cuando la noche del 9 de noviembre de 1989 los berlineses del sector oriental cruzaron el Muro, el establishment reformista soviético había aceptado que no cabía oponer resistencia a la unificación alemana; la decadencia había minado al Estado.

Pero la caída del Muro y la unificación poco menos que inmediata de Alemania requirieron de dos compromisos cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días. El primero fue la promesa hecha a los soviéticos por el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, de que la frontera oriental de la OTAN, unificada Alemania y convertidos los demás países del Pacto de Varsovia a la economía de mercado, nunca alcanzaría el límite occidental de la URSS. El segundo fue la aceptación por Francia de la unificación alemana, que el presidente François Mitterrand veía con recelo, a cambio de que el Gobierno del canciller Helmut Kohl aceptara acelerar la unión monetaria en la entonces Comunidad Europea, lo que llevaba aparejada a la larga la desaparición del marco y la creación de una moneda única. Esos dos compromisos fueron las dos piedras sillares sobre las que se levantó el edificio de la unidad alemana sin grave riesgo para la estabilidad de Europa.

Jóvenes de Berlín Occidental derruyen el Muro la mañana del 10 de noviembre de 1989.

Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se remonta a las promesas de 1989 para oponerse sin matices a la atlantización de estados como Georgia (verano del 2008) y Ucrania (ahora mismo), se comporta como un líder poco sutil, pero que aprendió la lección del desbarajuste y el arrinconamiento de su país durante la presidencia de Boris Yeltin en la década de los noventa. Porque en la Rusia de hoy, la de los oligarcas y la del capitalismo desbocado, es mayoritaria la opinión de que detrás de la occidentalización a toda máquina de las economías de las exrepúblicas soviéticas asoma la progresión territorial de la OTAN, tal como sucedió en el inmediato pasado con los antiguos socios del Pacto de Varsovia y del CAME –mercado común del bloque socialista–, y con los estados bálticos que un día formaron parte de la URSS.

De la misma manera que la unificación llevó aparejado el reconocimiento explícito por Alemania de la línea Oder-Neisse como frontera oriental inamovible de Polonia, y se enterró el debate sobre la pertenencia a Polonia de Pomerania, Silesia y Prusia Oriental, los herederos históricos de la URSS entienden que siguen vigentes las condiciones por las que Rusia dejó de oponerse a la caída del Muro. Incluso hoy con más motivo que ayer porque la instalación del escudo antimisiles estadounidense en Polonia y la República Checa es un factor de debilitamiento objetivo del sistema de defensa ruso. Y, en cierta medida, la OTAN comparte el análisis habida cuenta de que en el 2008 no hizo ningún gesto significativo para salir en defensa de Georgia, arrastrada a un desafío imposible ante Rusia por el presidente Mijail Saakashvili, que no solo cometió un error de cálculo descomunal, sino que vio como Abjasia y Osetia del Sur se desgajaban de su pequeño país.

Incluso quienes como el fallecido historiador Tony Judt sitúan la última oportunidad política de los regímenes marxistas de Europa en 1968, durante la breve primavera de Praga, admiten que en los siguientes 15 años, con todas las carencias que se quiera, la URSS mantuvo el estatus de superpotencia y las debilidades genéticas del sistema no salieron a la superficie hasta que Gorbachov abrazó el realismo y renunció a la propaganda. De la misma manera que la euforia desatada en Occidente por la caída del Muro, analizada sobre el terreno por autores como el británico Timothy Garton Ash, dio paso también a la realidad de las dificultades para mantener básicamente sin cambios el mapa estratégico de Europa, aquel reparto de papeles entre los dos bloques que la lógica de la guerra fría consagró como sistema. Quizá por eso se habla ahora de una segunda guerra fría o de una guerra fría de nuevo cuño, porque en muchos de los gestos de Putin y en muchas de las reacciones de sus adversarios se adivina el recuerdo del funcionamiento de Europa antes del final del Muro.

El desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la Unión Soviética dio pie al nacimiento de nuevos estados y la ampliación de la OTAN y de la UE.

El desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la Unión Soviética dio pie al nacimiento de nuevos estados y la ampliación de la OTAN y de la UE.

Un cuarto de siglo después de aquel momento, con Alemania convertida en la potencia que dicta las reglas en el seno de la Unión Europea e inversiones estratosféricas del sistema financiero alemán en la economía emergente rusa, lo que se da por descontado es que no se volverá a una situación de coexistencia, pero no de convivencia. A pesar de las sanciones en vigor, a pesar de que el conflicto en Ucrania adopta el perfil de una enfermedad crónica, la trabazón de ambos mundos en el seno de la economía global neutraliza algunos riesgos mayores. Aunque Tony Judt lamentó en Pensar el siglo XX la inclinación de los intelectuales a reflexionar acerca de si una política es eficaz o ineficaz en términos económicos, en vez de sopesar si es o no buena, las consecuencias de la ineficacia vividas en carne propia por la sociedad rusa, y la dieta impuesta a los alemanes desde los días del canciller Gerhard Schröder hasta los de Angela Merkel para digerir la unificación, hacen que sean justamente consideraciones económicas las que alejan el espectro de la confrontación y la vuelta a la coexistencia pacífica sin mayores atributos.

La distinción que establece Mark Malloch Brown, del World Economic Forum, entre los “estados de la seguridad económica” –China– y los “estados de la seguridad nacional” –Rusia– refuerza esta impresión relativamente optimista de que la mera coexistencia es insuficiente para que los engranajes no se atasquen. Porque, de acuerdo con el mismo modelo, la seguridad nacional es inviable sin la seguridad económica y viceversa, incluso admitiendo los síntomas de crisis que arrojan los estados-nación como entidades encargadas de redistribuir la riqueza, prestar servicios y cohesionar a la comunidad. Es decir, el desmoronamiento del bloque del Este, con la caída del Muro de Berlín como referencia del proceso, y la unificación Alemana como dato inmediato del triunfo de Occidente frente al proyecto soviético dieron lugar a una nueva situación en la que las interdependencias son más determinantes que las rivalidades. Quizá el acuerdo gasista de Rusia y Ucrania, mientras sigue la guerra, sea el ejemplo más inmediato e ilustrativo de la realidad más allá de los campos de batalla.

O puede que más acá, pues el final de la guerra fría liquidó un sistema con mecanismos de control mutuo a un lado y otro de la divisoria del Este y del Oeste, y lo que en principio se aventuró como un mundo más seguro y más estable dio en resultar uno menos seguro y menos estable. Y en ese mundo diferente al esperado porque está lejos de haberse consolidado como sistema con un código de señales reconocible que establezca pautas para gestionar los momentos de crisis, el único espacio que parece sistematizado y ocupado en mantenerse incólume es el de la economía global, sean cuales sean los costes sociales que lleva asociados. Claro que si las cosas son así, cobra todo su sentido la opinión expresada por Tony Judt sobre la orientación de un mundo globalizado: “El efecto de la predominancia del lenguaje económico en una cultura intelectual que siempre ha sido vulnerable a la autoridad de los expertos ha actuado como freno sobre un debate social más fundamentado en lo moral”. Y el freno sigue echado.

 

 

La OTAN se asoma al califato

Los asesinatos de dos periodistas estadounidenses perpetrados por el Estado Islámico (EI) han agrandado el desafió fundamentalista, que traza un reguero de sangre cada vez más caudaloso. En el artículo publicado este último jueves en el diario conservador británico The Times, prolegómeno de la cumbre de la OTAN celebrada en Gales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dicen haberse juramentado para no acobardarse ante las amenazas del sedicente califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta fecha reciente– y sus secuaces. “Países como el Reino Unido y Estados Unidos no serán intimidados por asesinos”, aseguran ambos líderes, pero lo hacen a muy pocos días de que uno de ellos, Obama, reconociese que carece de una estrategia precisa para combatir a los yihadistas. Un rasgo de sinceridad que le honra, pero que desorienta a la opinión pública, conmovida por las decapitaciones de James Foley y Steven Sotloff, y alarma a los candidatos demócratas que en noviembre concurrirán a las elecciones legislativas de midterm (mitad de mandato).

Obama y en menor medida sus aliados se enfrentan una vez más a un dilema angustioso: hay que ceder al chantaje para salvar una vida amenazada o hay que sacrificar a un inocente para no envalentonar a los chantajistas. La Casa Blanca se inclina por no ceder, pero el resultado de su resistencia al intercambio de favores con los islamistas apenas modifica de momento sobre el terreno los datos esenciales del conflicto. Antes al contrario, parece que la siembra del terror afianza al califato en aquellas regiones de Irak y Siria en las que se ha hecho fuerte. Y las invocaciones a la prudencia sirven al mismo tiempo para reconocer que, incluso si se acierta con la forma de encarar la crisis, “es evidente que lo que se haga no será concluyente”, como publicó el diario liberal británico The Guardian al repasar los puntos calientes que ocupan la agenda de la OTAN.

Ni siquiera es seguro adelantar qué efecto tendrá en la reacción de los electores de Estados Unidos la muerte de Foley y Sotloff, cuyas familias han ocupado noticiarios y debates conmovedores. Cuantos creen que a Obama le faltaron recursos para salvar la vida de los periodistas, incluso una vez iniciada la campaña de bombardeos contra posiciones del EI, recuerdan que en junio accedió a intercambiar a cinco caudillos talibanes por el sargento Bowe Bergdahl, cuyo cautiverio de cinco años en Afganistán sigue bajo sospecha, y los términos de la liberación el 24 de agosto del reportero Peter Theo Curtis, dos años en poder de Al Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, alimenta la sospecha de que no siempre se aplica a misma vara de medir. Una duda que no disipa la posibilidad de que Curtis haya recobrado la libertad como parte de una operación de Al Nusra para suavizar su imagen por comparación con los verdugos del EI.

Hay, por lo demás, un riesgo evidente en el recurso al gran garrote: exportar el combate islamista a suelo occidental. Los cálculos elaborados por el semanario The Economist relativos a ciudadanos europeos y estadounidenses en Siria no ofrecen dudas sobre el éxito de la prédica yihadista más allá de su marco histórico tradicional. Desde que los atentados de Londres de julio del 2005 desvelaron la adhesión de ciudadanos británicos a la causa de la guerra santa, no ha dejado de crecer el temor de que, en cualquier momento, en cualquier circunstancia no previsible, es posible y viable la exportación del combate yihadista en entornos propicios. La seguridad de que fue un ciudadano británico quien segó las vidas de Foley y Sotloff no ha hecho más que acrecentar los temores.

Frente a la tradición del libre examen, herencia de las Luces, una parte del mundo musulmán defiende la idea de que “la gente puede (y debe) ser castigada y discriminada siempre por sus opiniones y prácticas religiosas incorrectas”, afirma el especialista Brian Whitaker, que acaba de publicar un libro ilustrativo: Arabs without God (Árabes sin Dios). Llevado este principio hasta sus últimas consecuencias, con más razón cualquier no musulmán, dentro y fuera de tierra del islam, puede ser un blanco justificado para una mente fanatizada. Si alguien cree que lo que antecede es una simplificación del problema, basta que busque en la red los mensajes de Ibrahim-El Bagdadi para despejar dudas.

¿Cómo ha sido posible tal dislocación del relato político de Oriente Próximo hasta el punto de que el EI lo condiciona todo? Según el profesor libanés Ziad Majed, de la Universidad Americana de París, el nacimiento y consolidación del EI “tiene más de un padre y es el producto de más de una enfermedad de larga duración y generalizada”. Según explica Majed en un artículo publicado en junio en su blog, no es casual que Irak y Siria acojan el último episodio de efervescencia islamista, y da seis razones para que se haya llegado a la situación de este verano:

1º. Sadam Husein, en Irak, y Hafez y Bashar el Asad, en Siria, mataron a cientos de miles de personas, oponentes o no, practicaron un sectarismo profundo y pusieron en marcha “un mecanismo de exclusión y polarización” ideológica.

2º La creación en Irak después de la invasión del 2003 de una nueva autoridad, que excluyó a cuantos habían formado parte del régimen anterior, al mismo tiempo que entró en acción el grupo islamista de Abú Musab el Zarqaui, del que el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), predecesor del EI, fue su heredero directo.

3º La política regional agresiva de Irán, chií, en Líbano e Irak, con consecuencias en Siria, que ha estimulado la división confesional y “ha hecho de estas divisiones la espina dorsal de la movilización ideológica y una política de revancha” en el campo suní.

4º Los jóvenes de algunas redes salafistas del golfo Pérsico que emergieron y crecieron durante los años 80 y han seguido operando durante las dos últimas décadas “bajo varios nombres, siempre en favor del extremismo y el oscurantismo”.

5º La crisis “profundamente enraizada en el pensamiento de algunos grupos islamistas” que buscan escapar de los desafíos del presente mediante la remisión al siglo VII, primero del islam, convencidos de que en la tradición se hallan las respuestas a cualquier desafío de hoy o del futuro.

6º La perpetuación de un ambiente de violencia brutal en Irak y Siria que ha permitido “el crecimiento de esta enfermedad y facilitado el surgimiento de lo que se puede llamar isismo (de ISIS, siglas inglesas de Estado Islámico de Irak y Siria)”.

La delimitación de las causas que hace Majed le lleva a una conclusión de la que bastantes disienten en las cancillerías occidentales y que los analistas de la OTAN descartan por demasiado peligrosa: que Bashar el Asad no es un muro de contención del islamismo en armas, sino la raíz del problema. En consecuencia, tolerar el régimen sirio como un mal menor es una forma de dar oxígeno a los predicadores del califato y a los partidarios de una respuesta radical del islam. Si esta es la realidad y no otra, entonces fue mayúsculo el error cometido por Estados Unidos y sus aliados al no implicarse directamente en el combate contra Asad a cambio de que este renunciara a sus arsenales de armas químicas. Y quizá fuese realmente enorme habida cuenta de que en una situación de guerra abierta el Ejército sirio no necesitaba recurrir al arsenal químico para sojuzgar a la población y asediar a la oposición laica, rápidamente colonizada por el yihadismo y sometida a su estrategia política.

De igual forma, la libertad de movimientos del primer ministro de Irak, Nuri al Maliki, empeñado en encabezar la venganza chií frente a la comunidad suní, favorecida en tiempos de Sadam, no hizo más que alimentar una guerra sectaria presente en las cuatro esquinas de un Estado debilitado por la división confesional, el nacionalismo kurdo y la inoperancia de un Ejército desprestigiado. Un panorama propicio para que por lo menos en un primer momento la llegada del califa suní encontrara auditorios dispuestos a escucharle, a vislumbrar un futuro libre de la presencia occidental y de las arbitrariedades del Gobierno blindado por Estados Unidos. Poco importa que el sueño se convirtiese pronto en pesadilla y que se retirase a El Maliki el encargo de formar Gobierno para confiar a otro la tarea de constituir un Ejecutivo de amplio espectro, porque para entonces la frontera entre Siria e Irak había desaparecido y el EI era una realidad política ineludible.

Los analistas que observan el desaguisado sirio-iraquí aventuran que la misma cadena de errores podría repetirse en Afganistán, donde la misión de la ISAF acabará a final de año. Janine Davidson y Emerson Brooking se preguntan en la web del Council on Foreign Relations “si Afganistán puede seguir por una camino parecido y qué acciones puede llevar a cabo la OTAN para ponerlo a salvo”. En realidad, la incógnita planteada es meramente retórica porque, si no se produce un cambio de estrategia para fortalecer al nuevo presidente afgano –Ashraf Ghani Ahmadzai– y el Gobierno que forme, pocas dudas hay en cuanto a la incapacidad de las autoridades de Kabul de hacerse respetar mucho más allá de los límites de la capital. Es más verosímil un entendimiento de facto entre los señores de la guerra y de la amapola de opio y los guerrilleros talibanes, que algo remotamente parecido a un compromiso político que salvaguarde la normalidad institucional y el principio de legalidad.

Puede decirse que el éxito estratégico del EI, mediante la renuncia al terrorismo global en favor del combate local, ha hecho saltar por los aires algunas de las previsiones más sólidas que siguieron a las primaveras árabes y a la laboriosa rehabilitación de la República Islámica de Irán. Porque la capacidad de contagio es enorme y la llamada a las armas ha seducido a jóvenes de todas partes, del Reino Unido a Mesopotamia, y está lejos de ser flor de un día. La degradación de la estructura social y política en el orbe árabe-musulmán y las conveniencias de Occidente no hacen más que azuzar la hoguera.

 

 

 

Paraísos perdidos en Ucrania

Al cumplirse un siglo del inicio de la primera guerra mundial y observar el état d’esprit de los europeos que el verano de 1914 sintieron que la tierra se hundía bajo sus pies, se comprende por qué cuatro años más tarde cundió la impresión de que, hasta el primer cañonazo, el continente era un paraíso, perdido para siempre en los campos de batalla. El escritor Henry James, con 70 años cumplidos, vio en cuanto sucedía “un colapso de nuestra civilización”. Mientras se alzaban algunas voces para alertar de la tragedia, se desbocó la emotividad, la defensa de la nación, la lucha por preservar la identidad propia por encima de cualquier otra consideración. Nadie era capaz de explicar muy bien cómo se había llegado a aquella situación explosiva, pero el entusiasmo y la fe en la victoria se adueñaron de las multitudes hasta que la guerra de las trincheras, los millones de muertos, la destrucción de las ciudades y la quiebra económica revelaron la auténtica naturaleza de la catástrofe.

Hoy no hay uniones sagradas como la que alumbró en Francia la fe en la guerra y sumó al Gobierno lo mejor de la nómina política, incluido Léon Blum, sucesor en la dirección socialista de Jean Jaurès, asesinado en París el 31 de julio de 1914, cuando la guerra iba por su tercer día. En nuestro tiempo, los nacionalismos agresivos son vistos con desconfianza, cuando no con temor. La lección de la segunda guerra mundial y la construcción de la Unión Europea han sofocado las rivalidades entre estados. Nadie, en fin, está dispuesto a subir a la tribuna para pronunciar un discurso incendiario que apele a las armas, pero Europa está lejos de disfrutar de la paz perpetua kantiana, puesta al servicio de la prosperidad y de la buena marcha de los negocios.

Henry James vio en el estallido de la primera guerra mundial “un colapso de nuestra civilización”. Retrato del escritor pintado en 1913 por John Singer Sargent.

Como ha subrayado estos días Timothy Garton Ash, profesor de la Universidad de Oxford, el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania adquirió una dimensión mundial –“estamos ante una amenaza contra todo el orden internacional”– en el momento en que un misil derribó el vuelo MH-17 y segó la vida a 298 personas que viajaban de Amsterdam a Kuala Lumpur. El orden de magnitud de la crisis ucraniana creció de tal forma que una vez más los problemas de Europa pusieron en guardia al resto del planeta, y adquirió todo su sentido el temor expresado por algunos laboratorios de ideas estadounidenses de que la pasividad o la contención europeas pueden agravar el conflicto. Y en esas estamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, entre tanto, se encuentra ante el dilema de dar por perdido para su causa el este de Ucrania o aumentar su implicación con los secesionistas “hasta el punto de que será evidente para el resto del mundo que asistimos a una guerra entre Ucrania y Rusia”, como explica Andrew C. Kuchins en la web del Centro Internacional de Estudios Estratégicos.

Aunque nada es seguro en una atmósfera tan volátil como la de las relaciones entre Occidente y Rusia, no es desmesurado esperar que alguna consecuencia de calado tendrá el derribo del avión. Si no fuese así, los riesgos futuros serían mucho mayores que los del presente porque la comunidad internacional dejaría impune un crimen que alimenta los peores sentimientos a un lado y otro del conflicto. La falta de acción ayudaría a incubar el huevo de la serpiente –euroescepticismo, nacionalismos desbocados, agravios comparativos, ensoñaciones panrusas, añoranza del pasado, crisis energética y muchos etcéteras– y a decepcionar a una opinión pública asustada y a la vez indignada por el derribo del avión de Malaysia Airlines.

En la muerte de 298 inocentes no hay sitio para un desenlace prefabricado que deje a salvo a todos los actores determinantes de la situación en el este de Ucrania. Si así fuera, si el objetivo fuese construir un relato de lo sucedido tan improbable como tranquilizador, habría que girar la vista un siglo atrás para contemplar hasta qué punto el falseamiento de la realidad puede empeorar las cosas. Aunque la primera guerra mundial fuese una guerra de elección, por aplicar a la contienda el léxico hoy en vigor, lo cierto es que los adversarios reunieron la suficiente masa crítica de agravios sin solución, tensiones territoriales, rivalidades económicas, nacionalismos exacerbados y falta de realismo como para llegar al día D convencidos de que todas las respuestas estaban en el campo de batalla. Acaso como sucede en nuestros días en Ucrania entre una parte de la nación que mira a Occidente, porque persigue el sueño de la prosperidad, aunque requiera someterse a los dictados de la economía global, y otra que echa en falta aquellos tiempos de la existencia de la URSS en los que Ucrania era una de las piezas de una entidad política de influencia planetaria que coadministraba con Estados Unidos los destinos del mundo.

El profesor Timothy Garton Ash sostiene que “estamos ante una amenaza contra todo el orden internacional”.

Para los ucranianos que hablan ruso y sueñan en el pasado, la URSS es el paraíso perdido en el que, además, nadie impugnaba el uso de su lengua y la proyección de su cultura. Para el nacionalismo ruso que encarna Putin, sigue en vigor el principio según el cual los límites de Rusia llegan hasta donde se habla ruso. Ambos sentimientos se complementan y constituyen la piedra sillar sobre la que se asienta la sublevación de los ucranianos de estirpe rusa; en ambos discursos hay dosis desmedidas de populismo, pero son de una eficacia manifiesta y quienes mejor los entienden –utilizan– son los diferentes nacionalismos europeos que reclaman un castigo ejemplar a Rusia y sus protegidos y, de paso, acuden a Bruselas con el único propósito de demostrar que la UE no es más que un proyecto inviable que atenta contra los derechos históricos de las naciones a escribir su futuro.

Pudieran enumerarse más ingredientes para completar el cuadro de riesgos que agavilla la crisis ucraniana, pero con una muestra es suficiente para comprender que no es poco lo que está en juego en términos de seguridad colectiva y equilibrio de poder entre las dos Europas. Estamos ante la rapidísima liquidación de un proyecto vislumbrado por Occidente que incluía el sometimiento de Rusia a sus designios, debilitada la gran nación por la quiebra del comunismo y una economía desvencijada. Incluso el tipo de sanciones estudiadas estos días por la UE, encaminadas a dañar el aparato económico ruso, remiten a esa idea solo cierta en parte de que los desafíos de Putin son los de un nacionalista con pies de barro. Pero desde la debilidad de la Rusia surgida del desmembramiento de la URSS –tiempos de Boris Yeltsin– a la república de los oligarcas que administra Putin hay un corto y a la vez intenso recorrido histórico que ha engranado los intereses rusos con los de la economía global, ha vinculado la banca y la industria alemanas a la economía rusa y ha hecho de Gazprom, sin comparación posible, el primer exportador de energía.

Esa realidad pone en peligro el empeño europeo de no diluir en los asientos contables de las multinacionales la indignación por la suerte corrida por el vuelo MH-17. De la misma manera que permite albergar toda clase de dudas en cuanto a la disposición de poner barreras a la exportación a Rusia de tecnologías de doble uso como sucedía en el pasado –tiempos de la guerra fría–, cuando el tratado Cocom, suscrito por los socios de la OTAN, prohibía la exportación al Este de toda mercancía de uso a la vez civil y militar. ¿O es que la guerra fría es otro paraíso perdido en donde la seguridad quedó garantizada a partir de octubre de 1962 –crisis de los misiles de Cuba– y resultaba más fácil la gestión de cualquier imprevisto sin comprometer la seguridad mundial? ¿Acaso hay que echar de menos aquel tajante reparto de papeles entre Estados Unidos y la URSS, que desviaban sus disputas hacia conflictos regionales que garantizaban la paz a las superpotencias y a sus aliados más próximos?

El escritor Albert Camus compartió con muchos la opinión de que “los mitos tienen más poder que la realidad”.

“Los mitos tienen más poder que la realidad”, decía el escritor francés Albert Camus, y puede que en el ánimo de muchos ucranianos rusohablantes el mito de los bienes prodigados por el pasado soviético, reflejado por Marc Marginedas en una información publicada por EL PERIÓDICO, pese más de lo que en realidad fueron aquellos tiempos. Porque esa realidad pasada, aunque no tan lejana, se atiene a otra sentencia de Camus: “He comprendido que hay dos verdades, una de las cuales jamás debe ser dicha”. Esa verdad que debe permanecer oculta permite realzar la otra, la que ahora conviene a la causa de los separatistas ucranianos y del nacionalismo de Putin: que la comunidad rusa, protegida por la URSS, dejó de estarlo al independizarse Ucrania y, en consecuencia, es deber de Rusia acudir al rescate de los agraviados. ¿Es posible encajar esa política de las emociones en la obligación inexcusable de esclarecer quiénes derribaron el avión? Y, si no lo es, ¿cabe temer una burda mixtificación de la realidad para que no zozobre la nave de los intereses creados y siga su curso hasta alcanzar las costas del paraíso de la economía global? ¿O, como dice Timothy Garton Ash, “debemos explicar con más claridad qué es legítimo” para afirmar luego, sin asomo de duda, que si la comunidad internacional, Rusia incluida, no es capaz de llevar ante la justicia a los canallas que derribaron el avión, la desvergüenza habrá suplantado a la política?