Otra vuelta de tuerca de Israel

El anuncio de Hamas de considerar una declaración de guerra la próxima anexión por Israel de una parte de Cisjordania es solo uno de los muchos malos presagios que se derivan de la decisión adoptada por el Gobierno de coalición de Binyamin Netanyahu y Benny Gantz. La flagrante vulneración del derecho internacional, la petición de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe de que no se consume la anexión y el rastro de impunidad que deja el propósito de Israel de herir de muerte la solución de los dos estados alimenta la estrategia de los partidarios de las respuestas radicales y procura nuevos auditorios a los predicadores de la yihad. Todo cambiará para mal el día que Israel anuncie que una parte de los territorios ocupados, incluido el valle del Jordán, son tierras bajo su soberanía.

La complicidad de la Administración de Donald Trump refuerza la determinación del Gobierno israelí de desoír a la comunidad internacional y desobedecer cuantas resoluciones han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, singularmente la 242, del 22 de noviembre de 1967, que obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Al mismo tiempo, la fragmentación del territorio palestino, sembrado de enclaves israelís, y la gestión en exclusiva del agua del Jordán condena a la Administración palestina a una dependencia permanente de los designios israelís y mutila sin remedio la soberanía de cualquier futuro Estado palestino, más improbable a cada día que pasa.

La declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, según la cual la decisión de anexionarse parte de Cisjordania es responsabilidad exclusiva de Israel es incongruente con el entusiasmo de Trump al anunciar un “acuerdo histórico” para hacer efectiva la solución de los dos estados. Lo cierto es que, más allá de la desfiguración de la realidad mediante un juego de espejos deformantes, el paso que Israel se dispone a dar con el apoyo de Estados Unidos hiere de muerte el proceso abierto en Madrid (1991) y Oslo (1993), deja sin efecto las esperanzas depositadas en una progresiva consolidación de la soberanía palestina y da la razón a cuantos en 1993 señalaron lo acordado como un grave error estratégico de los dirección palestina encabezada por Yasir Arafat.

El eminente Edward W. Said escribió en El fin del proceso de paz (2002): “No hacer negociaciones es mejor que las interminables concesiones que simplemente prolongan la ocupación israelí. Sin duda Israel está satisfecho de poder llevarse el mérito de haber logrado la paz y, al mismo tiempo, continuar la ocupación con el consentimiento palestino”. Por aquel entonces no faltaron voces que consideraron la opinión de Said la de un intelectual radicalizado en el confort de las aulas de la Universidad de Columbia. El establishment prefirió dar crédito a Nabil Saath, colaborador de Arafat, que presentó lo acordado en Oslo y firmado en Washington como expresión de una “paridad total” entre israelís y palestinos. Tal paridad o igualdad de trato se esfumó hace décadas.

El diario progresista israelí Haaretz sostiene que lo que el Gobierno de Israel piensa hacer es “la formalización de su ocupación antidemocrática”, algo en lo que coinciden diferentes sectores minoritarios de la opinión pública. ¿O no tan minoritarios? Una encuesta elaborada por la organización de izquierda Iniciativa de Ginebra concluye que el 41,7% se opone a la anexión frente al 32,2% que la apoya y que el 48% entiende que perjudicará la posibilidad de acordar la paz con los palestinos. Es decir que aquello que empiece a concretarse de la anexión a partir del próximo miércoles, con respaldo mayoritario en el Kneset (Parlamento), apenas estará en sintonía con la calle israelí: solo el 3,5% de los consultados incluyeron la anexión entre sus dos mayores prioridades de futuro.

Al mismo tiempo, es improbable que la anexión dé pie en la sociedad israelí a grandes movilizaciones más allá de las que previsiblemente promoverán Paz Ahora y alguna otra organización que entiende que hacer realidad el lema paz por territorios no es solo la única salida políticamente viable, sino también la única humanamente justa. En una sociedad muy dividida, militarizada en extremo y educada en la idea de que la primera derrota entrañará el final de Israel, es difícil que los contrarios a la anexión pasen de la desaprobación a la protesta; en una sociedad acostumbrada a un nacionalismo exacerbado, aclimatada a la presión del fundamentalismo mosaico y heredera de los pogromos y el Holocausto ha cuajado la idea de que es depositaria de una legitimidad sobrevenida por las penalidades del pasado.

“Tras 2.000 años de una historia trágica, los judíos tenemos una necesidad desesperada de una casa. Israel debería serlo, pero lo que tenemos es una casa con paredes que se mueven y en la que los palestinos exigen propiedad de algunos cuartos. No tendremos un hogar hasta que los palestinos no tengan uno y ellos no tendrán uno hasta que nosotros no tengamos sensación de hogar”, piensa el escritor israelí David Grossman, que perdió un hijo víctima de un misil disparado por Hizbulá. Quizá sea esta una idea compartida por muchos o bastantes ciudadanos israelís, pero más allá de la disidencia habitual en el mundo académico y en el de la cultura, pesa más el espíritu de resistencia. Una situación que se da en mayor medida y con más motivo en Cisjordania y Gaza, condenadas a un rosario inacabable de calamidades, guerras y dos intifadas.

El analista Alain Frachon recuerda en Le Monde el doble reconocimiento del derecho de Israel a existir y de los palestinos a ejercer la autodeterminación, contenido en la declaración de Venecia aprobada hace cuarenta años por los nueve socios de la Comunidad Económica Europea, un tiempo en el que Israel y Estados Unidos se negaban a reconocer a la OLP como representante de los intereses palestinos y nadie defendía la solución de los dos estados. Aquella declaración fue un episodio de verdadera política exterior europea que influyó en el papel desempeñado por Europa en las décadas siguientes en el conflicto palestino-israelí. Fue una muestra de poder blando avant la lettre que hoy es dudoso que se repita, pero que es más necesario que nunca para que quepa resolver el crucigrama sin que ocupen el escenario los jinetes del Apocalipsis.

Trump margina Palestina

El plan de paz para acabar con el conflicto palestino-israelí presentado por Donald Trump tiene mucho de exigencia de claudicación de la comunidad palestina y poco o nada de instrumento pacificador. Era más que improbable que una propuesta cocinada por Jared Kushner, yerno de Trump y amigo personal de Benyamin Netanyahu, pudiese ser aceptada por la Autoridad Nacional Palestina, a la que la Casa Blanca no preguntó de antemano su parecer, pero, después de darse a conocer su contenido, la improbabilidad se ha convertido en imposibilidad absoluta. Ninguna facción palestina, ni siquiera la más moderada y posibilista, puede aceptar los términos de la propuesta elaborada en Estados Unidos atendiendo en exclusiva a las exigencias de la derecha israelí, acuciada por la perspectiva de que Netanyahu acabe ante el juez, sea condenado por corrupción y enfile el camino de la cárcel.

De la paz de los valientes invocada en su día por Shlomo ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel partidario de un divorcio pactado en igualdad de condiciones por los líderes palestinos e israelís, se ha pasado a una fórmula que condena a un futuro Estado palestino a la irrelevancia, a la impotencia, a alguna forma encubierta de apartheid y a la dependencia absoluta de la discrecionalidad de la potencia ocupante de Jerusalén oriental, Cisjordania y la franja de Gaza, dejada esta a su suerte y sin apenas conexión con el exterior. La paz vislumbrada por Ben Ami entrañaba concesiones por ambas partes; la servida por la Administración de Trump obliga a la rendición palestina con armas y bagajes habida cuenta de los requisitos que impone: consolidación de la soberanía israelí en los asentamientos de Cisjordania, consagración de Jerusalén como capital unitaria de Israel, prohibición del retorno de refugiados, limitación de los instrumentos de seguridad palestinos y tantos otros apartados restrictivos.

Como ha escrito el analista Amos Harel en el diario progresista israelí Haaretz, “el sueño de la derecha israelí hecho realidad podría terminar en una pesadilla brutal”, toda vez que puede ser el resorte que movilice a las facciones palestinas más radicales y a los sectores más exaltados de la sociedad israelí. De cumplirse tan lóbrego como verosímil presagio se eternizaría la casa de la guerra a la que se refirió Miguel Ángel Bastenier para describir el binomio Israel-Palestina, y el agravio palestino seguiría siendo una de las piedras angulares del descontento de la calle árabe, apenas atenuado por la propensión contemporizadora del establisment, sometido al pragmatismo irreductible de Arabia Saudí.

Hay en el plan presentado por Trump todos los ingredientes para que se acreciente la naturaleza desestabilizadora del conflicto, la frustración sume nuevos adeptos a las respuestas destempladas y hayan más oídos dispuestos a escuchar las arengas más incendiarias. Nathan Throll, un analista de The New York Times, ha escrito que la propuesta de la Casa Blanca “no es una ruptura con el statu quo”, sino “la culminación natural de décadas de política estadounidense”, sujeta a las exigencias israelís y hecha a espaldas de las reivindicaciones palestinas. Le da la razón la alegría con la que los adversarios de la solución de los dos estados han acogido la oferta de Trump, algo que Throll destaca. Nada representa una ruptura fundamental con el pasado salvo, acaso, con parte de las propuestas de hace 20 años discutidas en Camp David por Yasir Arafat y Ehud Barak, reunidos para la ocasión por el presidente Bill Clinton.

El convencimiento del presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresado en el Parlamento de Alemania de que la crisis palestino-israelí puede resolverse después de ser durante largo tiempo una tragedia responde a un deseo más que a la realidad: la oposición frontal de los portavoces de la sociedad palestina a un arreglo tan asimétrico. Y la idea de Rivlin de que la paz requerirá grandes concesiones no pasa de ser una frase, porque lo cierto es que las únicas grandes concesiones conocidas son las que se imponen a los palestinos, contrarias por cierto a cuanto establecen el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay concesiones fundamentales reconocibles en lo que cabe considerar la doctrina tradicional de los gobernantes israelís desde la guerra de los seis días de junio de 1967: todas las resoluciones aprobadas en la ONU han sido sistemáticamente incumplidas por la Administración israelí con independencia de su color político.

Es del todo inimaginable que en el futuro cambien mucho las cosas, siga o no a partir de noviembre el mismo inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos otorgó a Israel un papel central hace décadas en el dispositivo de seguridad diseñado para Oriente Próximo, completado por Arabia Saudí y Egipto. Es igualmente inimaginable que la Liga Árabe, pilotada por la monarquía saudí, cambie de registro y pase de las declaraciones solemnes, pero contenidas, a acciones menos solemnes, pero más determinantes. Y es al mismo tiempo inimaginable que el empeño de la Unión Europea en apoyo de la causa palestina pase de la política blanda a una conducta traducida en medidas reseñables que garanticen la existencia de Israel y de Palestina al mismo tiempo.

“Estamos desesperando a los palestinos y pagaremos por ello”, declaró el escritor Amos Oz en el diario Abc, en marzo del 2018, pocos meses antes de fallecer. Acababa de publicar Queridos fanáticos, y expresó un deseo: “No me gustaría morir sin ver incluso una embajada de Israel en Jerusalén oriental y otra de Palestina en la parte occidental, ambas legaciones a una distancia caminable”. Nada hay en el plan de Trump que permita imaginar un futuro de este tenor y sí justifica, en cambio, muchos temores; nada hay en la propuesta presidencial para liquidar el conflicto palestino-israelí que permita intuir que la paz es posible en la casa de la guerra.

 

 

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.

 

Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

En nombre de la guerra

La catarsis de La Marsellesa sirve para encauzar la política de las emociones en la vía pública o en un estadio, pero tiene fecha de caducidad; cohesiona inmediatamente después de recibir el golpe, pero oculta la verdadera dimensión del desafío que enfrenta Francia desde la noche del día 13 y, con toda seguridad, el resto de Europa. Lo mismo sucede con el recurso habitual a la palabra guerra: el término enmascara todo aquello que más allá del recurso a las armas se antoja más eficaz y duradero, más equilibrado y sostenible que un mero acto de fuerza. Llamar a la guerra también forma parte de la política de las emociones, aunque los atentados sean, grosso modo, actos de guerra que han costado 130 vidas y han sembrado en París, y desde allí en toda Europa, un sentimiento de inseguridad antes nunca visto. Plantear el falso dilema entre seguridad y libertad es, asimismo, fruto de la política de las emociones, cuando no del oportunismo conservador, que pretende aprovechar el momento para hacer realidad una vieja utopía –distopía, más apropiadamente– que figura de forma encubierta o explícita en muchos programas, no solo de partidos de extrema derecha: ganar en seguridad justifica perder en libertad.

Cuando en sociedades equilibradas por una larga tradición democrática se toma la decisión de suspender un partido de fútbol o de cancelar un concierto, la impresión es que la política de las emociones es la única que se ajusta a la realidad, pero se trata de un espejismo. La política de las emociones no aporta soluciones duraderas, sino que enturbia el análisis con hipótesis de futuro sin apenas fundamento. El desafío plateado por el Estado Islámico o Daesh obliga a internarse en un laberinto político real, del que nadie conoce la ruta de salida, pero que a largo plazo solo admite una solución política que atienda a las exigencias de seguridad de Europa, a las circunstancias políticas en Siria e Irak y, de forma más amplia, a la situación en el orbe árabe-musulmán. Bombardear Raqa, declarar el estado de urgencia y anunciar una reforma constitucional, como ha hecho el presidente François Hollande, tiene un coste elevado y ni siquiera sirve para serenar los espíritus de una opinión pública desorientada y asustada.

Mientras la derecha francesa jalea a cuantos exigen mano dura y pocas contemplaciones –y quizá Hollande quiere neutralizarlos con la proclamación de que Francia está en guerra–, el diario Le Monde ha resumido la situación así: “¿De esta forma se vencerá al yihadismo? No es preciso mentir a la opinión pública. No será suficiente desmantelar la logística paraestatal del EI. Puesto que pone de relieve una patología propia del islam, puesto que es una ideología totalitaria, el islamismo será ante todo derrotado por los musulmanes”. De la historia reciente se desprende esta certidumbre y aun otra: seguir los pasos de George W. Bush a partir del 11-S –ya se acusa a Hollande de ello en algunos foros– lleva directamente a la frustración y al fracaso.

No hay atajos ni vías de escape posibles. Recurrir al ingenio para poner en circulación neologismos –así fascislamismo (Bernard-Henri Lévy)– apenas tiene efectos reconocibles sobre el drama. Incluso tiende a falsear la realidad, a proyectarla sobre espejos deformantes como los que hubo en el callejón del Gato (Luces de bohemia, Ramón María del Valle-Inclán). Hay que comprender a qué obedece todo, en París o en la capital de Mali, sacudida por una carnicería en un hotel. Es más fructífero, aunque menos llamativo, abrazar la realidad, fajarse con los datos y recurrir a la historia como ha hecho el filósofo Edgar Morin (94 años) para precisar cuál es la profundidad del problema:

-La fuente de inspiración del Daesh es endógena del islam. Los yihadistas constituyen “una minoría demoníaca que cree luchar contra el demonio que es Occidente”. Pero Estados Unidos actuó como un aprendiz de brujo al liberar al genio de la lámpara con las intervenciones en Afganistán e Irak.

-Los bombardeos de Occidente causan también “matanzas y terror: aquello que golpean drones y bombarderos no son principalmente militares, sino población civil”.

-La victoria sobre el Daesh no se logrará solamente con la paz en Siria, “sino también mediante la paz en las banlieues”. “Nada se ha hecho de forma continuada y en profundidad para una verdadera integración en la nación a través de una escuela que enseñe la naturaleza histórica de Francia, que es multicultural, y en la sociedad a través de la lucha contra la discriminación”, escribe Morin.

Frente a las corrientes de opinión que lo fían todo o principalmente a la solución militar se alzan las voces de quienes reclaman un mecanismo de pacificación para Oriente Próximo, con puntos de partida muy parecidos a los de Morin: esencialmente, el reconocimiento y la rectificación de los errores cometidos en Irak, Siria y otros lugares, pero también en suelo europeo. Eso incluye preguntarse por la viabilidad futura de Irak, por el papel –dudoso– que puede desempeñar Bashar el Asad en un desenlace político consistente en Siria, por las contradicciones inherentes a una gestión internacional de la crisis que incluya a Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudí, actores necesarios e ineludibles. Eso incluye, también, preguntarse seriamente cuáles son las líneas rojas que en ningún caso deben traspasarse en nombre de la seguridad, mejor dicho, en nombre de una falsa idea de seguridad.

Los errores encadenados para no alterar el statu quo en Oriente Próximo han dado pie a situaciones tan chocantes o preocupantes como el silencio sepulcral en Wembley durante el minuto de silencio por las víctimas de París y, a la misma hora, los silbidos y los gritos de Alá es grande mientras se hacía lo propio en un estadio de Estambul. Hay en el islam, al menos en una parte de él, un sentimiento de agravio, una atmósfera viciada por la herencia colonial, por la epopeya palestina, por la invasión de Irak, por la sujeción a los intereses de Occidente; una atmósfera potenciada y aprovechada por los predicadores del califato y de la necesidad de volver al pasado. Nadie puede poner en duda la gravedad y la profundidad social de tal fenómeno.

Estos mismos errores han desencadenado desastres irreversibles como la destrucción de Siria, Irak, Yemen y Libia y han llenado de incertidumbres indescifrables el futuro de Turquía, Egipto, Afganistán y puede que Pakistán. No es un panorama alentador para remitirse cada cinco minutos a la guerra y olvidar otros factores y frentes de actuación: mejorar la labor de inteligencia, poner en práctica mecanismos de cohesión social en las grandes ciudades europeas, cambiar el vínculo económico y político de Europa con los regímenes de los países de mayoría musulmana, lograr que las estrategias rusa y estadounidense en Oriente Próximo dejen de ser las dos versiones de un misma, estéril y peligrosa rivalidad a las puertas del infierno, más allá de las cuales toda esperanza carece de sentido, según los versos de Dante en La divina comedia.

La conmoción causada por los atentados de París no puede ser la excusa o la ocasión propicia para convertir la seguridad de los ciudadanos, un derecho que deben garantizar los poderes públicos, en el pretexto para degradar la democracia, consagrar la venganza como principio de la acción exterior y militarizar un conflicto de gran complejidad, de naturaleza política y social, hasta convertirlo en la versión actualizada del choque de civilizaciones. Los valores cívicos transmitidos por la cultura francesa y la memoria de los muertos merecen que el desenlace sea menos sórdido.

Palestina otra vez

La violencia se adueña de nuevo del largo conflicto palestino-israelí sin que nadie disponga de instrumentos políticos para aplicar una solución que suavice la postración del pueblo palestino y no alarme a Israel. Mientras se discute si nos hallamos ante los inicios de la tercera intifada o ante un brote de exasperación momentánea, se tensa la cuerda en los barrios árabes de Jerusalén Oriental, bloqueados o sometidos a control por el Gobierno israelí, y la Autoridad Palestina da muestras una vez más de una muy escasa influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Cisjordania. A un lado y otro de la crisis, las facciones radicales imponen sus agendas, ideales para perpetuar el conflicto, esto es, para empeorar la situación de la comunidad palestina.

Los datos de la Asociación para los Derechos Cívicos en Israel son concluyentes: el 75% de los 300.000 árabes que habitan Jerusalén vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 64% de sus hogares están debidamente conectados a la red de agua potable. Eso sucede a las puertas en un país con un PIB per cápita que supera los 35.800 dólares, disfruta de un elevado desarrollo tecnológico y compite con éxito en la economía global. Pero las deficiencias materiales no son la causa primera del descontento, sino la convicción palestina de que cada vez está más lejos la fundación de su Estado, y la decisión de Estados Unidos de apartarse del problema y dejar las cosas como están después de repetidos fracasos en la mediación durante los dos mandatos de Barack Obama no hace otra cosa que dejar las manos libres al Gobierno israelí para gestionar la situación como mejor le venga.

Nadie escapa al recuerdo del sonoro fracaso en que acabó el empeño de Bill Clinton en julio del 2000 de reunir a Ehud Barak y a Yasir Arafat para despedirse de la presidencia con un acuerdo en Palestina. Hoy la atmósfera es menos respirable que entonces, el Gobierno israelí es un conglomerado de partidos sometido a las exigencias de la extrema derecha y Hamás ha erosionado la imagen pública de la Autoridad Palestina como nadie supo prever. Por si fuera poco, la sintonía de Barack Obama y Binyamin Netanyahu es perfectamente descriptible: es inesxistente, en especial después del acuerdo en materia nuclear alcanzado por la comunidad internacional con Irán. Como ha escrito un articulista en Haaretz, Netanyahu “prefiere gestionar los disturbios como un desastre natural que está fuera de su control”, un desastre que a ojos del primer ministro exige siempre cirugía de hierro, cabe añadir.

En realidad, se trata de un estallido de ira o de frustración de jóvenes condenados a la lógica perversa de un horizonte sin futuro, que han convertido los apuñalamientos de ciudadanos israelís en la seña de identidad de su opción por la violencia. En todo ello ve Jodi Rudoren, de The New York Times, una gran diferencia con relación a la segunda intifada, donde el encuadramiento político de los palestinos movilizados era evidente. Ahora se trata de “arrebatos espontáneos individuales de jóvenes sin filiación en un movimiento político”, sostiene Rudoren, como si los partidos palestinos, enzarzados en sus propias dispuestas, hubiesen defraudado a la última hornada de militantes de la acción directa, a cuantos creen que el llamado proceso de paz exhaló hace tiempo el último suspiro.

Es posible que una parte de los movilizados actúen por un impulso meramente personal, espontáneo si se quiere, pero la agitación en Hamás y la Yihad Islámica induce a pensar que tiene bastante que ver con los acontecimientos en curso. Ambos grupos islamistas han manifestado su apoyo a los ataques de las últimas semanas, y la enésima crisis en las relaciones de Hamás con Al Fatá el pasado verano ha dejado las manos libres a las facciones extremistas para ocupar la calle. La historia del conflicto palestino-israelí enseña que nada es nunca fruto de la casualidad o de la espontaneidad de unos cuantos cuando la violencia se apodera de la calle; siempre hay un pretexto y un grupo instigador que lo utiliza para dar la palabra a las armas, a las piedras o, como ahora, a los cuchillos.

Los jóvenes defraudados comparten el análisis de la situación que hace el periodista Rami G. Khouri: “Hay algo a la vez cómico y trágico cuando la Secretaría de Estado llama a los líderes israelís y palestinos pidiéndoles que restauren el orden. ¿Orden? ¿Qué orden? ¿El orden de la ocupación israelí, la colonización, la explotación, el asedio y la subyugación de los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este desde 1967?” Todo el mundo sabe que el modelo surgido de los acuerdos de Oslo ha quedado superado por la realidad; es un modelo agotado, cuya adulteración conduce directamente a hacer inviable la fundación de un Estado palestino con todos los tributos de soberanía, y, por simple reacción, alimenta el pensamiento más radical, la prédica encendida en las mezquitas y el desprestigio de  Mahmud Abás ante una parte cada vez mayor de la opinión pública palestina.

En un Oriente Próximo desquiciado por la guerra civil siria, el desafío del Estado Islámico y las desavenencias entre las grandes potencias, la causa palestina ha dejado de ser el mayor de los problemas que debe afrontar en la región la comunidad internacional. Los think tanks que multiplican los análisis dedicados a la competición entre sunís y chiís en el golfo Pérsico, la rehabilitación de Irán y el dispositivo de seguridad en la zona, apenas prestan atención a la reivindicación palestina, como si se tratase de un problema endémico con el que hay que acostumbrarse a convivir, pero de imposible solución. Lo cierto es que la situación es bastante diferente y los jóvenes enardecidos persiguen, entre otras cosas, mantener viva la atención sobre la Palestina y sobre la política de hechos consumados de los gobiernos de Netanyahu (más asentamientos, más restricciones en Jerusalén Oriental, más medidas discriminatorias).

Importa menos que el camino elegido sea el adecuado: cuanto menos hay que perder, mayor es la osadía. El apuñalamiento de ciudadanos indefensos es inaceptable, también es del todo reprobable el recurso al terrorismo, pero hace décadas que las reservas morales dejaron de estar en vigor en ese entorno desquiciado. La hoja de servicios que presentan las fuerzas de seguridad israelís no es menos deplorable que la que corresponde a la violencia palestina. La diferencia está en el coste material de los desmanes: basta recordar la destrucción planificada, sistemática y periódica de la franja de Gaza, el recurso al castigo colectivo, para adelantar que este nuevo brote de violencia, como los anteriores, entraña riesgos incalculables para la sociedad palestina, condenada a la desesperanza, a la arbitrariedad y a indignidades semejantes a las del apartheid.

Desde que el 30 de septiembre el presidente palestino anunció ante la Asamblea General de la ONU que se desvinculaba de los acuerdos de paz de Oslo, y pidió a Israel que reconociese su condición de potencia ocupante, nada es exactamente igual a antes de la declaración. “Mientras Israel se niegue a acabar con la creación de asentamientos y a liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos, como dictan nuestros acuerdos, no nos dejan más opción que insistir en que no seremos los únicos comprometidos con la aplicación de estos acuerdos, mientras Israel los viola continuamente”, dijo Mahmud Abás. Hubo en sus palabras una exigencia de equilibrio que, por lo demás, no forma parte de la lógica histórica del conflicto, sino más bien todo lo contrario, y dejó abierta la puerta a toda clase de interpretaciones, incluso la extraída por los radicales: si los acuerdos de Oslo no rigen, otras vías están legitimadas.

A decir verdad, no lo están. No solo por principio, sino porque las represalias israelís, cuando la violencia ocupa el escenario, nunca han sido un ejemplo de proporcionalidad y contención; nunca las soluciones expeditivas han llevado a los palestinos a puerto seguro, aunque estuviesen cargados de razón. Que estemos ante los primeros días de la tercera intifada o ante otra cosa con otro nombre importa menos que la certidumbre de que el bando que acumulará más víctimas será el de siempre. También en ese punto la historia está repleta de lecciones.

 

 

Netanyahu desafía a Obama

La insólita situación forzada por el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, después de denostar las negociaciones con Irán durante un discurso pronunciado ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos regocija a los republicanos, que han puesto en un aprieto al presidente Barack Obama, pero emponzoña las relaciones de por sí muy difíciles entre la Casa Blanca y su gran aliado en Oriente Próximo. Al decir que las conversaciones en curso alumbrarán “un mal acuerdo, un muy mal acuerdo, estamos mejor sin él”, Netanyahu llevó hasta sus últimas consecuencias la agria disputa que precede en Israel a las elecciones legislativas del día 17, dominadas por la intemperancia de los oradores, pero hizo más: tuvo un gesto despectivo hacia quien, sea quien sea el vencedor en las urnas, seguirá siendo el gran valedor y defensor de la política isaelí en las instituciones internacionales.

Todo en esa intervención del martes de Netanyahu tuvo el perfil y las maneras de un movimiento oportunista del Partido Republicano, pilotado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, que invitó al primer ministro a dirigirse al Congreso sin contar con el beneplácito o al menos el conocimiento de Obama. Pero tuvo también el trasfondo de una campaña que apenas da sus primeros pasos, la correspondiente a la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre de 2016. Y obedeció, al mismo tiempo, a la presión de organizaciones como la American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), con mucha influencia en la política estadounidense, singularmente entre los republicanos, y más singularmente entre aquellos de la hornada afecta al Tea Party y al pensamiento neoconservador.

La alarma de los medios informativos más influyentes de Israel después de escuchar a Obama decir que “el primer ministro no ha ofrecido ninguna alternativa viable”, ocultando apenas su enfado detrás de la contención que impone el cargo, es la mejor vara para medir la trascendencia de lo sucedido. Cuando periódicos tan distantes como Haaretz (progresista) y Yediot Ajronot (conservador) coinciden en criticar la osadía destemplada del primer ministro es que, a poco que se afine el análisis, solo se puede llegar a una conclusión igual o parecida a la del diario Le Monde: quizá esta sea la última vez que Netanyahu pise la Casa Blanca hasta después del 20 enero de 2017, cuando tomará posesión el sucesor de Obama. Por no hablar de la repercusión que el desplante puede tener en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos cinco miembros permanentes más Alemania andan enfrascados en llegar a un acuerdo con Irán antes de julio para limitar el programa nuclear de los ayatolás.

Esta no es la primera vez que Netanyahu choca con su gran aliado. Forma parte de la pequeña historia de la presidencia de Estados Unidos la arrogancia con que se presentó en 1996 ante Bill Clinton, quien, según uno de sus asesores, llegó a decir cuando hubo despedido al político israelí: “Quién se cree que es? ¿Quién es aquí la puta superpotencia?” De la misma manera que son harto conocidas las divergencias manifiestas entre Netanyahu y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que varias veces vio fracasar sus gestiones para que se reanudaran las conversaciones palestino-israelís a causa de la política de asentamientos en Cisjordania. Y todo ello a pesar de la comprensión y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse expresado por Estados Unidos durante las dos últimas operaciones de tierra quemada que han devastado la franja de Gaza.

La gran diferencia entre otras veces y ahora es que en la interpretación del complejo jeroglífico iraquí, en el que Irán es un actor esencial, la Casa Blanca no puede soslayar el hecho de que el apoyo dispensado por la república islámica a los 30.000 soldados de Irak encargados de arrebatar Tikrit al Estado Islámico es, al mismo tiempo, un apoyo indirecto a la ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria contra los islamistas sin pisar suelo enemigo. Aunque diferentes portavoces han negado a The New York Times que las operaciones del Pentágono estén coordinadas con las de los iranís, eso no pasa de ser una verdad meramente técnica. “Quienes han planificado la guerra en Estados Unidos han estado controlando de cerca la guerra paralela de Irán contra el Estado Islámico”, asegura el periódico, que precisa cómo se articula este control o seguimiento: “A través de diferentes canales que incluyen radiofrecuencias que cada parte sabe que la otra está controlando. Y los ejércitos tratan de evitar conflictos en sus operaciones mediante el uso de centros del mando iraquí como intermediario”.

Esa es la realpolitik en el campo de batalla y no otra, y esa es la gran contradicción republicana: está de acuerdo en combatir al Estado Islámico, juzga incluso insuficiente el despliegue en curso, pero pretende que Irán no saque tajada de la situación, algo poco menos que imposible, aunque disguste a Israel. Diríase que el análisis republicano del momento, con independencia de la estrategia electoral del partido para recuperar la Casa Blanca, parte de un dato equivocado o superado por los acontecimientos: Estados Unidos sigue siendo la potencia indispensable en Oriente Próximo, pero algunos estados de la región –Turquía, Irán– han dejado de ser meros espectadores del diseño de la seguridad en la zona realizado en despachos de Washington y ajustado a las necesidades de Israel en un entorno abiertamente hostil.

Al mismo tiempo, lo sucedido en el Congreso confirma la impresión muy extendida de que, más que nunca, la Administración de Obama anda siempre por detrás de las iniciativas políticas y, en muchos casos, estas condicionan las de Estados Unidos. No es desdeñable el dato de que en seis años de presidencia, Obama no ha obtenido ningún resultado relevante encaminado a poner un parche, ya que no una solución, al agravio palestino. Esa tendencia a ir a remolque explica también la osadía del conservadurismo radical, que ve este momento como el propicio –mayoría en las dos cámaras– para arremeter contra el Despacho Oval antes de que se concrete la candidatura de Hillary Clinton para el próximo año y se desaten las pasiones con la reconocida capacidad de los directores de campaña demócratas para movilizar a la opinión pública. Si Nancy Pelosi, una política brillante, pero que no pasa de ser la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, considera el discurso de Netanyahu “un insulto a Estados unidos”, ¿qué partido sería capaz de sacar Clinton a una situación como la vivida?

La pregunta no es ociosa porque no hay precedentes del comportamiento de Netanyahu, considerado escandaloso por los legisladores más veteranos. Ni siquiera el comportamiento del general Douglas MacArthur en abril de 1951, cuando una semana después de ser apartado del mando de las operaciones en Corea pronunció en el Congreso un discurso demoledor contra el propósito del presidente Harry S. Truman de abrir conversaciones para lograr un alto el fuego. MacArthur fue interrumpido por los aplausos hasta 30 veces, convertido por unos días en estrella de la América conservadora a la que, en plena guerra fría, cualquier transacción con el adversario le parecía una claudicación. Pero no se puede comparar aquello con lo de hoy porque, al final, la comparecencia del general fue un asunto de política interior, entre estadounidenses, mientras que Netanyahu no deja de ser un invitado extranjero que dispara contra la política exterior del Estado que lo acoge.

Como ha señalado Tamara Cofman Wittes, del think tank Brookings Institution, lo peor del episodio es que ha ensanchado la brecha entre los votantes republicanos y demócratas, cada día más escépticos estos últimos en cuanto a la conveniencia de optar de nuevo por la guerra en Oriente Próximo y de enfrentarse a Irán, y, lo que aún es más grave, ha resaltado la oposición de Netanyahu a articular una relación más decorosa con las autoridades palestinas. Porque este y no un acuerdo internacional con Irán es el problema mayor de Israel ante la opinión pública internacional, conmovida aún por los bombardeos del último verano en Gaza. Y así, mientras el Gobierno y algunos de los posibles futuros aliados del Likud la emprenden contra el Ejecutivo de Mahmud Abás mediante una campaña de desprestigio sin resultados, Netanyahu autoriza nuevos asentamientos en Cisjordania. Como si la estrategia a seguir fuese ocultar detrás del eco de discursos altisonantes el aumento constante del censo de ciudadanos israelís en suelo palestino hasta hacer imposible que se lleve a la práctica la vieja fórmula paz por territorios, paz a cambio de la creación de un Estado palestino viable y soberano.