El Partido Republicano, en la encrucijada

El paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha dejado al Partido Republicano en un estado en el que se mezclan la perplejidad y la desorientación, la división y la necesidad de recuperar espacios de influencia perdidos sin soliviantar a los partidarios del expresidente que aplaudieron el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero. El comportamiento de la minoría republicana en la Cámara de Representantes en la votación para expulsar de dos comisiones a Marjorie Taylor Greene, diputada por un distrito de Georgia y afecta al movimiento conspiranoico QAnon, ha retratado la situación: solo 11 congresistas del Grand Old Party (GOP) votaron a favor de la medida; 199 lo hicieron en contra. El a menudo melifluo Kevin McCarthy, líder de la minoría, definió en su día a Greene como un cáncer dentro del partido, pero a la hora de verdad fueron muy pocos los que se significaron en su contra, temerosos de perder votos en las filas del trumpismo exaltado.

Como dice la analista Michelle Cottle en The New York Times, McCarthy acaso carece “de valores discernibles más allá de sus propias ambiciones (…) es débil y se preocupa demasiado por agradar”,  pero “no tiene ni la visión ni el estómago para jugar a largo plazo”. Justo lo contrario que Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, un político profesional sin demasiados compromisos ideológicos, pero rocoso y sibilino en grado sumo que, sin embargo, tampoco ha logrado que el partido defienda una posición común en la Cámara sobre el proceso de impeachment contra Donald Trump activado por los legisladores del Partido Demócrata. Cottle llega a una conclusión transparente: esto puede mantener estable al electorado, “pero es un mal augurio para los esfuerzos de los republicanos serios por recuperar su partido”. Más o menos, pan para hoy y hambre para mañana.

La situación da la medida de la toxicidad del cuatrienio de Trump, que ha contaminado el partido hasta el tuétano de los huesos. El temor latente a que el expresidente decida fundar un movimiento político si se siente defraudado por el comportamiento republicano sobrevuela todos los días el establishment del GOP, y solo una minoría es capaz de sobreponerse a los peores presagios. Más allá de las interesadas reflexiones jurídicas relativas a la consistencia legal del impeachment después de vencer el mandato presidencial, alienta el deseo de dejar las cosas como están; más allá de las rectificaciones de Taylor Greene para desdecirse de algunas de sus más disparatadas declaraciones se esconde la necesidad del ala ultraconservadora del partido de mantener intacta su influencia y condicionar todas las decisiones.

El debate abierto por el segundo impeachment contra Trump remite la discusión a cuanto se dijo y defendió a partir de la dimisión de Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 a raíz del escándalo Watergate y del perdón que le otorgó su sucesor, Gerald Ford, el 8 de septiembre del mismo año. La revista The Atlantic ha publicado estos días en su web un artículo encargado a finales del verano de 1974 por The New York Times Magazine al eminente jurista Harry Kalven, profesor de la Universidad de Chicago, sobre la posibilidad o no de perseguir penalmente a Nixon por los delitos cometidos en el ejercicio del cargo de presidente. La pieza nunca vio la luz porque el perdón de Ford modificó sustancialmente muchos de los parámetros del análisis hecho por Kalven, que murió a finales de otoño de aquel año, pero son perfectamente válidos hoy –Trump no se puede beneficiar de indulto preventivo alguno– de acuerdo con el siguiente principio general: los delitos eventualmente cometidos durante el mandato presidencial no quedan sin efecto al expirar este.

Según el elaborado trabajo de Kalven, la gravedad de los hechos conocidos como caso Watergate requería una sanción pública y formulaba la siguiente pregunta: ¿sería comprensible que los seis procesados pendientes de juicio por encubrimiento acabaran en la cárcel y a Nixon lo dejaran en paz? La pregunta era y es inquietante a la luz del principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución. Pero lo es aún más cuando la respuesta del autor es de orden moral: “Para mí –escribió Kalven– el factor decisivo para pedirle también a Nixon que comparezca en juicio  reside (…) en asegurar el consenso moral”. Y acababa: “El país debería mostrar el valor de su convicción moral redescubierta”. Es decir, la respuesta no se limita a considerar el asunto en términos estrictamente políticos y jurídicos, sino asimismo éticos (la probidad de quien ejerce el poder).

Los argumentos de Kalven, prolijos en detalles y consideraciones, son igualmente aplicables a la diputada Taylor Greene y a cuantos por acción o por omisión pusieron en el disparadero a la turba que asaltó la soberanía nacional. Si el impeachment no prospera, como así parece, y el Partido Republicano se da por satisfecho con las rectificaciones de la congresista, la herida no cicatrizará, sino que el republicanismo clásico dará otro paso atrás en beneficio del trumpismo. Como alguien dijo en un debate televisivo, el legado del fallecido senador John McCain, una referencia del conservadurismo ilustrado, se desvanece un poco más cada día en medio de cálculos electorales a corto y medio plazo.

No cabe duda de que la inhabilitación de Donald Trump mediante la aprobación del impeachment en el Senado no tendría un efecto cauterizador, puede que incluso exacerbara los ánimos de sus seguidores más radicales y dispuestos a ejercitarse en la acción directa, pero sería un instrumento efectivo para sanear la moral pública. El simple anuncio hecho por Trump de un pronto regreso a la palestra tiene el tono amenazante de los desafíos a las instituciones, a las convenciones democráticas y al Estado de derecho. El expresidente ha confirmado la precisión de Abraham Lincoln al opinar sobre la naturaleza humana: “Si queréis poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dadle poder”. Pero son demasiados los líderes republicanos que ven la amenaza de Trump como algo difuso y, al mismo tiempo, ven en él al único capaz de asegurar futuras victorias. Lo segundo es probablemente cierto; lo primero es negar la realidad y presentar los hechos del 6 de enero como un mero accidente. Y no lo fue.

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Trump zarandea el sistema

El estupor y la desorientación que han seguido al asalto al Capitolio de Washington de una multitud de seguidores de Donald Trump tardará mucho tiempo en metabolizarlo una sociedad enfrentada a sus demonios familiares, a esa incompatibilidad poco menos que orgánica entre la tradición liberal y la conservadora, entre dos universos con visiones radicalmente diferentes de la nación, de la identidad colectiva, del papel de Estados Unidos en un mundo cambiante, cada vez más alejado de las grandes certidumbres de antaño, acaso del legado de los padres fundadores. Nada de cuanto ha destilado el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha atenuado el clima de confrontación extrema que empezó a gestarse en tiempos de Bill Clinton y que se agravó durante los dos mandatos de George W. Bush, con el auge de los neocon en la Administración y con la sensación creciente de que el Partido Republicano claudicó ante el éxito electoral de un conservadurismo extremo, todo ello en mitad del entusiasmo por la consagración de una hiperpotencia a escala global sin adversario posible que le pudiera discutir tal papel.

Pareció que la América mesiánica, cuya presunta misión debe ser siempre difundir la democracia cueste lo que cueste, había llevado con éxito al puente de mando a los herederos de Leo Strauss, de cuantos asumieron el mensaje del profesor de la Universidad de Chicago: la impugnación de la modernidad como una ruptura con los fundamentos del pensamiento clásico. Lo que realmente sucedió fue que fraguó en el crisol del conservadurismo la impresión de que era posible una cierta vuelta al pasado, a un país blanco, condescendiente con las minorías y al servicio de un capitalismo sin cortapisas. De ahí que la victoria de Barack Obama en 2008 fuese interpretada por el grueso del mundo conservador como una derrota sufrida por la nación clásica frente a un conglomerado de minorías movilizadas por un presidente afroamericano, moderadamente reformista. Así las cosas, el grueso del establishment republicano aceptó el deslizamiento hacia la extrema derecha con la vista puesta en la reconquista de la Casa Blanca.

La llegada al poder de un populista megalómano como Donald Trump fue a partir de entonces solo una cuestión de tiempo y de los errores cometidos por el Partido Demócrata en la campaña de 2016. Hillary Clinton nunca consiguió arrastrar a las minorías que siguieron a Obama en los estados industrializados más dañados por el coste social que para las clases medias tuvo la salida de la crisis financiera de 2007-2008. Trump tomó prestados los votos de un electorado especialmente decepcionado y, al mismo tiempo, supo encarnar el arquetipo del estadounidense de la llamada América profunda, receloso del poder federal, de la libertad de costumbres, que nunca ha dudado de la excepcionalidad de la nación a la que pertenece.

Lo que ha propiciado el asalto al Capitolio es que una parte de la multitud de portavoces desinteresados con los que ha contado Trump han comprendido que los exaltados, alentados por el presidente, han puesto el sistema al borde del precipicio. Si en las filas republicanas del trumpismo se han multiplicado las deserciones –Mitch McConnell, uno de los casos más destacados por su apoyo al presidente hasta fecha reciente–, fuera de ellas, entre los electores que creyeron de verdad que se produjo un fraude electoral, han aumentado las dudas en cuanto a la idoneidad y limpieza del método escogido para protestar. Aunque, según las encuestas, el 75% de los votantes de Trump sigue pensando que se manipuló el escrutinio, seguramente un porcentaje significativamente menor está de acuerdo con arremeter contra las instituciones. Y hay quien incluso se arrepiente públicamente de haber seguido a Trump en su prédica apocalíptica en las redes sociales posterior al 3 de noviembre.

Es especialmente significativo de la fractura en las filas trumpistas la reacción de clérigos evangelistas blancos analizada por David Brooks en The New York Times a la luz de las últimas encuestas, que registran entre los seguidores de Trump una caída media de diez puntos en el índice de aceptación de su comportamiento. El predicador Jeremiah Johnson, muy conservador, escribió el día 7 en su cuenta de Facebook, que “Dios destituyó a Donald Trump de su cargo por su orgullo y arrogancia, para humillar a quienes lo habían apoyado fervientemente” (Johnson, uno de ellos). Otro pastor, Tim Remington, asimismo muy conservador, exige que “se acabe esta basura”, y Brooks concluye con una idea harto repetida: la sinrazón “es una bestia voraz” que puede devorar no solo a un partido (el republicano), sino a una nación.

Esa sin sinrazón a la que alude el analista da pie a diferentes supuestos –nacisistas secundado a un narcisista (Joshua Hart y Nathaniel Stekler), terrorismo interior o diferentes formas de nacionalismo extremo–, posibles todos ellos gracias a las redes sociales, herramientas ideales para la demagogia, la intoxicación política y el sectarismo. Lo que lleva directamente a preguntar por el papel desempeñado en la red por Twitter, Facebook, Instagram y otras aplicaciones de alcance universal, por la tolerancia extrema con Trump y sus disparates cotidianos, por cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión cuando un usuario de las redes tan relevante como el presidente de Estados Unidos defiende desde el inicio de su mandato la existencia de una “realidad alternativa”. La pregunta que formula Joyce White Vance, profesora se la Universidad de Alabama, en el semanario Time cabe hacerla extensiva a los gestores de las redes sociales: ¿puede haber una responsabilidad penal por la inducción de actos violentos limitada solo al autor de los mensajes o es extensible a los responsables de las plataformas que han consentido su difusión?

El mismo o parecido planteamiento tiene sentido cuando se trata de calibrar si la responsabilidad de Trump en el asalto obliga a incluir su nombre en la lista de los investigados por el FBI y que en su día pueden ser juzgados, acusados de un delito de terrorismo interior. La profesora White se remite a la definición de terrorismo consagrada por el FBI: actos de naturaleza violenta y criminal cometidos de forma individual o por grupos con diferentes objetivos ideológicos. Para Eugene Robinson, en The Washington Post, los republicanos “están fuera de tiempo para repudiar las mentiras electorales de Trump”, pero puede que no para contribuir a que se sustancien responsabilidades dentro y fuera de las redes sociales, para esclarecer quién apretó el botón del asalto a la democracia,

Esta es en última instancia la cuestión esencial para que el mandato de Joe Biden no empiece en una atmósfera viciada por el encubrimiento de responsabilidades. Porque es evidente que ni todo el conservadurismo es responsable del disparatado final de Trump ni nadie es responsable de nada; porque no hay duda que de que las redes sociales no pueden seguir siendo el refugio de difusores de todas las formas imaginables de odio y manipulación hasta que una insurrección como la del 6 de enero las obliga a actuar a toda prisa (Trump disfrutó en ellas de barra libre durante cuatro años). Si la democracia es un modelo pautado de derechos y libertades, es preciso dar con la tecla para que años de mensajes divisivos, de descalificaciones del sistema y del principio de legalidad, no vuelvan a zarandear las libertades y a inspirar a otros, en los cuatro puntos cardinales, dispuestos a imitar a Trump para asaltar el poder.

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EEUU, enfrentado consigo mismo

Aunque Joe Biden ocupe finalmente la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el daño infligido por Donald Trump al sistema, a las reglas esenciales de la democracia y al respeto a las instituciones seguramente permanecerá en el imaginario colectivo de Estados Unidos mucho más tiempo del deseable. La alocución del presidente la madrugada del viernes fue una sarta de disparates y falsedades manifiestas, una insólita ceremonia de intoxicación que reprobaron de inmediato los grandes medios –algunas televisiones cortaron la conexión a mitad del monólogo–, encaminada a desacreditar un recuento que no por farragoso e inacabable es menos legítimo y está menos sometido a toda clase de garantías. Al insistir en la división entre votos legales (los contados la noche electoral) e ilegales (los escrutados en los días siguientes) y pedir la suspensión de los recuentos allí donde iba perdiendo o se acortaba la ventaja que le sacaba a Biden, Trump llevó su desprecio por las normas más allá de toda medida.

Nada hay de nuevo o inesperado en el comportamiento de la Casa Blanca, que ha movilizado a un número enorme de abogados para impugnar el proceso; todo fue advertido y adelantado por el presidente durante la campaña, como si el único resultado aceptable fuese su victoria; nada puede sorprender hoy ante la amarga frustración de un candidato que aun obteniendo siete millones de votos más que en 2016 se ve superado por un adversario que ha conseguido ocho millones más que los sumados por Hillary Clinton. Un dato que, en otras circunstancias, debería interpretarse como un síntoma de buena salud de la democracia participativa, pero que para el caso se antoja más un signo inquietante de la división de una sociedad, de la rivalidad irreconciliable entre dos realidades excluyentes: puede decirse que medio país ha dejado de soportar al otro medio o eso parece. La tensión en la calle en cuanto se cerraron las urnas, las proclamas en apoyo de un recuento hasta el último voto o, en sentido contrario, para la suspensión del proceso nada bueno presagian porque el caudal de las dos riadas desborda los cauces cívicos.

La condición de hombre-pueblo que cabe atribuir a Trump –“yo soy vuestra voz”, dijo durante la campaña de 2016 a auditorios entregados–, transformada en culto a la personalidad durante su mandato a través de todos los instrumentos a su alcance, ha desembocado en algo parecido a una militancia política sobrevenida, como si los movilizados de cada bloque creyesen que el otro es la semilla a punto de germinar de una distopía. Y quien ha incitado esta confrontación insana desde el primer día ha sido sin duda el presidente, convertido en el culmen de un proceso que se inició con el conservadurismo del Tea Party, siguió con la llegada al poder de la prédica neocon con George W. Bush, continuó con la desfiguración del Partido Republicano y ha llegado hasta esta mezcla sin precedentes de populismo, egolatría y desprecio por las convenciones. Serenar los espíritus se vislumbra ahora mismo una empresa imposible.

“Una amplia proporción del electorado optó por el sociópata”, titula Tom Nichols su artículo en The Atlantic; “no debería ser necesaria la mayor participación de votantes en la historia de Estados Unidos para garantizar que un presidente rechazado por la mayoría del pueblo estadounidense deje de ser presidente”, escribe en la misma publicación David Frum, que fue redactor de discursos de Bush hijo. El diagnóstico de Nichols es visceral, en consonancia con el aire que se respira: “No importa cómo acabe esta elección, América es ahora un país diferente. Cerca de la mitad de los votantes han visto a Trump en todo su esplendor –sus diatribas infantiles, sus desastrosas y letales políticas, su desprecio por la democracia en todas sus formas– y decidieron que querían más de eso”. El de Frum tiene más profundidad porque atañe a la solvencia misma del sistema, a la fiabilidad de las instituciones y a la alternancia no traumática del poder. Entre ambos límites se concreta la reacción de una opinión pública que asiste atónita o crispada a un espectáculo que causa sonrojo incluso entre aquellos republicanos –Marco Rubio, Mitch McConnell y algunos otros– que entienden que la Casa Blanca ha traspasado todos los límites.

Decir que Trump ha decidido quemar sus naves es solo una aproximación inmediata al caso. Lo que realmente importa si funcionan los mecanismos de control del poder que establece la Constitución y hay relevo en la presidencia, es que el trumpismo se ha instalado en el andamiaje político de Estados Unidos para quedarse, aun perdiendo la presidencia, porque desborda energía, porque ha suplantado al Partido Republicano como gran adversario del Demócrata. La mutación genética es muy relevante: el partido –la institución– se ha visto ampliamente superado por la dinámica de un personaje ajeno a la historia y tradiciones de la formación, que ahora depende en todo de su poder de captación.

La repercusión mundial del proceso en curso será notable en términos de consolidación de diferentes modalidades de populismo de extrema derecha. Tiene mucho sentido la teoría de Peter Baker y Maggie Haberman expuesta en The New York Times según la cual Trump abre el camino para disputas legales sin futuro para presentarse luego como mártir de la causa, como alguien vencido por sus enemigos con malas artes, pero sobrado de seguidores en todo el país. Otra manera de reforzar su figura de hombre-pueblo y de dejar a un lado los requisitos inherentes a la democracia. A Trump le da igual el principio de checks and balances (controles y equilibrios) que se desprende de la Constitución, y muchos de sus seguidores en la calle consideran que las cosas han ido demasiado lejos en los campos cultural, social y político como para detenerse en enojosos detalles. A lo que debe añadirse que la presidencia de Barack Obama fue la gota que colmó el vaso para una gran parte de la llamada América profunda.

Si finalmente se da el relevo, la primera tarea de Joe Biden será una triple misión poco menos que imposible: recoser los costurones que seguramente dejará la larga disputa en los tribunales que se avecina, sanear el clima político para que deje de ser un combate sin reglas y restablecer los consensos sociales básicos. Porque el enconamiento presente, por muchas que sean las razones que lo expliquen, no hará más que agravar el enfrentamiento del país consigo mismo, debilitará la democracia y erosionará la influencia de Estados Unidos, la hiperpotencia de finales del pasado siglo y comienzos de este sumida hoy en una crisis de identidad sin parangón.

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Trump y “El cuento de la criada”

Después del primer debate de campaña entre Donald Trump y Joe Biden ha quedado meridianamente claro que el presidente no aceptará el 3 de noviembre otro resultado que no sea el de su victoria. Se trata de una situación insólita en la historia de Estados Unidos que da pie a los peores presagios o, como mínimo, hace temer que el escrutinio se prolongue lo indecible, se ponga en marcha una campaña de intoxicación informativa desde la Casa Blanca, se multipliquen los recursos ante los tribunales y quién sabe si, en caso de relevo, el presidente saliente obstaculizará finalmente el traspaso de poderes. Todo es posible porque, al tiempo que los analistas menos apasionados coinciden en que los grandes perdedores del debate del martes fueron los electores, las encuestas siguen dando una ventaja sustancial a Biden y pronostican que Trump tiene todas las de perder en alguno de los swing states que le dieron la victoria en 2016.

Hay tres factores desde la noche ominosa del 29 de septiembre que pueden agravar la situación de Trump: el positivo en coronavirus de él y su esposa, la negativa del equipo de la campaña presidencial a cambiar algunas reglas para el segundo debate a fin de evitar el espectáculo bochornoso del primero –Biden fue interrumpido más de 30 veces– y la inquietud de una parte seguramente minoritaria, pero significativa del establishment republicano. Al enfermar el matrimonio Trump han quedado más en evidencia que nunca los disparates y la estupidez presidencial al encarar la pandemia –“solo quiero decir que el final de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores en la historia de nuestro país”, declaró pocas horas antes de certificarse su contagio–; al no aceptar cambios en el formato de los debates propuesto por la comisión nacional ad hoc certifica que donde se siente más a gusto es en medio de un barrizal; al multiplicarse las opiniones de republicanos compungidos se manifiesta una alteración de efectos imprevisibles en el ecosistema electoral del partido.

Joe Scarborough, un exmiembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Florida y respetado analista, sostiene en The Washington Post que el comportamiento de Trump en el primer debate “probablemente le costará la reelección” porque la reacción que suscitó fue “rápida y radical”. Scarborough recoge opiniones autorizadas como la del historidor Jon Meacham, premio Pulitzer –“fue el momento más bajo de la presidencia desde los informes racistas de Andrew Johnson”–, la del también historiador Michael Beschloss –“la democracia fue barrida”– y la del periodista Bob Woodward, que acusa a Trump de “asesinar la presidencia”. Todo remite en el fondo a la opinión tantas veces manifestada por el senador por Arizona John McCain, republicano, fallecido en 2018, que no dejó de deplorar hasta el último días la forma y los mensajes del presidente, siempre hirientes, siempre desaforados, siempre despectivos con sus adversarios.

Nada hay de extraordinariamente original en la vulgaridad del personaje, en su falta de principios, en la catadura moral de quienes le inspiran o en quienes se apoya para capturar la atención de un segmento muy importante de votantes conservadores que han encontrado en la propuesta política de Trump el antídoto a cuanto les molesta procedente de Washington, de los ambientes liberales, de quienes discuten la posesión de armas, de quienes recelan de la proliferación de predicadores retardatarios, afectos a una aplicación radical y zafia de las escrituras. Son los mismos electores que acogieron con angustia la elección de Barack Obama, los mismos que se reconocen como guardianes de las esencias en la llamada América profunda. Son electores que nada tienen que ver ni política ni culturalmente con los electores de estados industrializados, votantes asimismo de Trump, dañados por los efectos sociales de la salida de la crisis de 2008, que optaron por él en 2016 porque creyeron que sanaría sus heridas.

Lo cierto es que la pandemia ha trastocado todos los esquemas, y el endurecimiento del presidente tiene mucho que ver con la tragedia humana y la crisis económica que ha desencadenado. Todo cuanto dice, hace y prevé el presidente está íntimamente relacionado con esa realidad inesperada e insoslayable, desde la propuesta de que Amy Coney Barrett, una integrista católica, sea la sucesora en el Tribunal Supremo de la progresista Ruth Bader Ginsburg, hasta su mención positiva en el debate de los Pround Boys, una organización supremacista blanca (Trump renegó de sus palabras dos días después para remansar las aguas en el Partido Republicano, pero fue demasiado tarde).

No es de extrañar que lo que Donald Trump hace y representa se vea a menudo como una precuela de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y de la subsiguiente teleserie; no debe sorprender que se perciba como el primer sillar de un universo que tiende a las ideas totalitarias, que discute las reglas básicas de la democracia liberal, que ve a la Administración federal como un mecanismo intrusivo. De momento, la Casa Blanca ha sido capaz en cuatro años de alterar la relación entre republicanos y demócratas de tal manera y con tal intensidad que ha agudizado sin freno la división social; ha convertido en norma el desprecio al adversario hasta hacer imposible las políticas bipartidistas, consustanciales al sistema.

Martin Luther King III dijo el mes de junio, a propósito de los disturbios raciales en varias ciudades, que el presidente “se mantenía sordo a la realidad” e “incitaba a la violencia”. Lo más probable es que no se trate de sordera, sino de la traducción práctica del eslogan Ley y orden, pasadas ambas exigencias por el tamiz de la extrema derecha, de igual manera a cómo en la obra de Atwood el fundamentalismo religioso da origen de una teocracia asfixiante y cruel. Hay algo de intrínsecamente dañino en el mundo de Trump porque atenta directamente contra la vigencia de la democracia; en el entorno de la Casa Blanca se esconde algo de profundamente peligroso para la solvencia moral del poder, para la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes. Declarar que “la democracia está amenazada”, como han hecho un grupo de escritores estadounidenses, convocados por Paul Auster y Siri Hustvedt, no es resultado de un alarmismo extemporáneo, sino de una atmósfera irrespirable que envenena el futuro.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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Trump acumula malas noticias

Una sobrina del presidente de Estados Unidos vendió el jueves casi un millón de ejemplares de su libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). El título del trabajo de Mary Trump es poco menos que una declaración de principios o de propósitos, muy en la línea de otros libros que tratan de desentrañar, con más o menos rigor expositivo, el perfil psicológico y los impulsos que mueven al inquilino de la Casa Blanca. Es un libro más dentro de un subgénero, los ensayos de consumo –usar y tirar–, dedicados a Donald Trump, que seguramente dará más de qué hablar que otros por la proximidad siquiera genealógica de la autora con el personaje sujeto a escrutinio.

Un artículo del nobel Paul Krugman en The New York Times vaticina un cataclismo social inminente a causa de la errática gestión de la pandemia, la ligereza con la que la presidencia ha impuesto y levantado los confinamientos y la expansión de la enfermedad en todas direcciones. Teme con cifras el economista que la debilidad de los mecanismos de protección social y las ayudas a los desempleados sean insuficientes, y temen muchos de sus colegas de profesión que la lluvia de dólares decidida por Trump para evitar el colapso de la economía sea insuficiente o se malbarate a causa justamente de una expansión incontrolada de la enfermedad causante de la crisis económica. Krugman aporta, en este sentido, un dato perturbador: el estado de Florida suma una media diaria de muertos superior a la de toda Europa a pesar de tener una población equivalente a la vigésima parte de la europea.

Las encuestas se han desplomado desde que la enfermedad se manifestó en toda su crudeza. La media de todos los sondeos atribuye al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, entre 11 y 13 puntos de ventaja sobre Trump, que ha despedido a su jefe de campaña, soslayando el hecho de que ni el mejor y más experto de los estrategas tiene en sus manos neutralizar el impacto emocional diario del recuento de fallecidos y de nuevos contagios. Según varios estudios del Pew Center, cambia progresivamente la opinión de una parte importante del electorado republicano acerca de la gestión de la pandemia, algo que subrayan los análisis demoscópicos en todos los swing states (estados indecisos u oscilantes), en los Biden gana a Trump. Es solo una tendencia, pero muy relevante, porque en 2016 el candidato republicano ganó en todos ellos.

A estos datos que configuran la actualidad debe añadirse el ruido de fondo de una parte del Partido Republicano, que teme encarar la cita del 3 de noviembre en una situación de debilidad extrema, sobre todo si se da el caso de que un medio disponga de los documentos que acrediten el comportamiento fiscal de Trump. Aunque en principio este material solo puede ponerse a disposición del Congreso, pero no hacerlo público, y posiblemente su difusión desencadenaría una batalla legal, hay suficientes precedentes en la historia de Estados Unidos para pensar que incluso es posible su publicación con respaldo judicial. Algunos acreditados analistas sostienen que en nombre de la transparencia y del derecho del contribuyente a estar informado, acaso puedan revelarse las cuentas particulares del ciudadano y empresario Donald Trump.

Es decir que no solo el coronavirus puede costarle el puesto al presidente, sino que otros factores coincidentes con la pandemia –las opacas relaciones con Rusia siempre están ahí– son potenciales elementos desestabilizadores de una campaña que hasta ahora transita en el filo de la navaja. Pero de ahí a dar por políticamente amortizado a Trump media un mundo. Hace cuatro años era bastante habitual preguntarse si podía ganar Trump, como si el candidato elegido por los republicanos no pudiese derrotar a Hillary Clinton, representante del establishment político estadounidense, y no solo del Partido Demócrata. La derrota entonces de la favorita probó que todo es posible cuando vota una sociedad muy dividida, una clase media dañada por los costes sociales de la salida de la crisis financiera y un universo político muy conservador en las entrañas de la nación que vivió la presidencia de Barack Obama como una vulneración de su forma de vida.

¿Qué tiene Trump a su favor? La fidelidad de la llamada América profunda a su apostolado ultraconservador, la sensación para muchos de que uno de los suyos ha llegado a la Casa Blanca y no caerá en experimentos políticos importados –la sanidad universal, el control de armas y otros apartados– ni “se meterá en sus casas”, como dijo un joven ciudadano de Montana en un reportaje de la CNN. Trump tiene a su favor todo aquello que adopta el aspecto de una rectificación del reformismo moderado de Obama. Puede que no sea mucho, pero ninguno de los disparates cometidos por la Casa Blanca, de los errores encadenados y del desorden en el Gobierno empaña esta sensación entre los seguidores de la senda trumpiana. El alto grado de disciplina electoral que se atribuye a los votantes del presidente parte de este fundamento: él ha cumplido con la promesa de hacer exactamente lo contrario de cuanto guió los pasos de Obama.

El problema está en más allá de los adeptos, de aquellos que en 2016 vieron en Trump a alguien que les podía rescatar de la decadencia, del altísimo precio pagado por algunos estados a causa del auge de las nuevas tecnologías y del ocaso de las industrias tradicionales. El problema para el presidente reside en retener a sus votantes accidentales, a aquellos que no han visto mejorada sustancialmente su situación a pesar del auge económico y hoy forma parte de los sectores sociales golpeados por los efectos demoledores de la pandemia en la economía, a aquellos defraudados por la gesticulación de un presidente incapaz de afrontar con realismo y compromiso social el combate contra la enfermedad.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Trump se radicaliza, pero pierde fuelle

A menos de cinco meses de la elección presidencial en Estados Unidos se multiplican los motivos de inquietud por lo que medios tan diferentes como los semanarios Time y The Nation y el diario The Washington Post llaman “errática política” de Donald Trump. También son cada vez más los analistas que advierten de que si se prolonga su mandato otros cuatro años, los efectos que tendrá en el plano interior e internacional pueden ser irreversibles y desastrosos (Richard Ford). La sensación de que la Casa Blanca multiplica sus esfuerzos para “controlar todas las palancas del poder” (Brian Bennett, en Time) y para saltarse todas las convenciones políticas, con grave daño para la solvencia institucional del Estado, no alarma solo a la oposición demócrata y a la movilización transversal desencadenada por la muerte de George Floyd, sino a muchos republicanos clásicos que se llevan las manos a la cabeza cada vez que Trump arremete contra el Tribunal Supremo, denigra las manifestaciones o difunde mensajes desaforados a través de Twitter.

El intento de impedir la distribución del libro La habitación donde ocurrió, Unas memorias de la Casa Blanca, que firma John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, es el último episodio con el que el presidente ha alimentado la controversia. Ni Bolton es un compendio de probidad y virtudes ni todo cuanto se dice en el libro es posible que se ajuste a la realidad, pero es desmesurado recurrir a la seguridad nacional para impedir que el texto llegue a los lectores. Bolton no es una voz imparcial, sino un político despechado que, llegado el caso, puede verse obligado a dar explicaciones a un juez si alguien que se siente perjudicado por el libro o que entiende que transgrede la ley, acude a los tribunales. Lo que no es tolerable es que alguien –el presidente, en este caso– pretenda neutralizar un libro a despecho de lo dispuesto en la primera enmienda de la Constitución, que data de 1791 y que consagra la libertad de expresión.

“Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer que reinen el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común”, escribió el pensador francés Maurice Duverger hace medio siglo en Introducción a la política. Tal descripción general, plenamente vigente, explica en nuestros días la tensión creciente y la polarización política en todas partes, cada vez más alejadas las posiciones de cada bando, singularmente en Estados Unidos, donde la atmósfera política ha adquirido la densidad del plomo.

El hundimiento de Trump en las encuestas, a 13 puntos del candidato demócrata, Joe Biden, ha contribuido decisivamente a radicalizar los mensajes que emite el Despacho Oval. Trump expande su guerra contra Washington, titula Time una crónica; Se prepara el escenario para el repudio de Donald Trump en noviembre, sostiene The Washington Post. Al mismo tiempo, Fox News redobla sus iniciativas para dar cobertura a la rentrée presidencial en campaña este fin de semana, al día siguiente de la celebración del Juneteenth, que recuerda la proclama del general Gordon Granger en Galveston, el 19 de junio de 1865, que otorgó la libertad a los esclavos en el estado de Texas. Y los demócratas se afanan en resaltar el revolcón presidencial en el Tribunal Supremo, que impide a Trump abolir la ley promovida por Barack Obama que protege a los dreemers.

A cada día que pasa se espesa la mezcla y empieza a cobrar vida la diferencia entre legalidad y legitimidad, la deslegitimación del gobernante a través de sus actos y otros aspectos relacionados con el ejercicio del poder en una democracia. En noviembre de 2018, el historiador argentino Federico Finchelstein publicó un artículo en The New York Times en el que describrió a Trump como “el líder populista de una democracia minoritaria”. Esto es, de una democracia en la que se hizo con el poder quien no obtuvo la mayoría de los votos populares. “Muchos observadores afirman que así funciona esta democracia y su sistema representativo. Pero lo contrario es lo cierto: la democracia estadounidense es ahora un Gobierno de minorías y no funciona bien”, escribió Finchelstein, y esa línea argumental reaparece ahora como una impugnación global a su forma de gobernar, a su comportamiento y objetivos.

El periodista Mateo Madridejos recoge en su blog una afirmación del diplomático mexicano Jorge G. Castañeda sobre la situación en Estados Unidos: “El sistema político ha dado pruebas de estar mal equipado para reestructurar su red de seguridad y ampliar su contrato social”. Los hechos dan la razón al analista: la pandemia ha cercenado la buena marcha de los negocios, han aflorado las flaquezas crónicas del sistema sanitario y los mejores presagios auguran de aquí a final de año la recuperación de solo el 20% de los 40 millones de empleos perdidos por la congelación de la economía. Nadie culpa a Trump de ser el causante de la enfermedad, sí son cada día más los que entienden que el presidente ha gobernado de forma nefasta la emergencia sanitaria, ha facilitado la extensión del mal y se ha apoyado en cuantos, en nombre de una aberrante idea de libertad, han exigido normalizar la vida cotidiana a pesar del virus.

Por primera vez en tres años se extiende la impresión de que el choque de la Casa Blanca con las instituciones, el parte de infectados y muertos a causa de la covid-19 y el espinoso asunto de la tensión racial han debilitado la figura de Trump, incluso entre los suyos, sobre todo en aquellos estados en los que Hillary Clinton perdió por escasísimo margen. El semanario The Atlantic lo resume con una frase: “Trump pierde crédito allí donde puede necesitarlo más”. Faltan muchas etapas hasta llegar a la meta del 3 de noviembre, pero el griterío del presidente lastra cada día más sus posibilidades.

Sanders altera al ‘establishment’

Según se acerca la cita del supermartes, el establishment demócrata ha activado todos sus resortes para contener a Bernie Sanders y cerrar filas en torno a Joe Biden, a quien el segundo puesto logrado en las primarias de Nevada y varias encuestas que le son bastante favorables parecen augurarle un futuro más prometedor que el de hace unas semanas. Al mismo tiempo, entienden los asesores del Partido Demócrata que la hostilidad de la mayoría de medios hacia Sanders y la movilización de muchos de los mayores donantes de fondos influirá en el comportamiento de una parte del electorado. Algo que cabe poner en duda habida cuenta del dinamismo demostrado por el equipo de voluntarios que trabaja para el senador por Vermont, de la buena salud de las cuentas de campaña –el dinero no deja de fluir– y de la impresión que dejó el debate del último martes, cuando las arremetidas contra el veteranísimo político no parece que inquietaran a sus potenciales votantes.

El temor de los grandes donantes demócratas de que Bernie Sanders gane las primarias es que sea un candidato muy débil frente a Donald Trump. Para evitarlo, han multiplicado las muestras de apoyo a Joe Biden, pero crece la inseguridad y se ha apoderado de una parte del partido la sensación de que quizá ya es demasiado tarde. El semanario Time ha recogido esta idea no solo en el staff demócrata, sino muy especialmente entre donantes que ven en la campaña de Sanders una capacidad de movilización militante de la que los otros aspirantes carecen, especialmente en segmentos de votantes cuyo comportamiento puede ser determinante en las elecciones de noviembre, empezando por los menores de 30 años y continuando con diferentes minorías que sienten la presidencia de Trump como una agresión a sus intereses.

Time recoge, entre otras, la opinión de Jon Cooper, un donante centrista que apoya a Biden y que cree haber detectado un sentimiento de frustración en el partido por dos razones: porque ve a Sanders como seguro perdedor frente a Trump y porque la proliferación de candidatos moderados hace muy difícil que “uno de ellos sobresalga de la manada”. Resulta un poco sorprendente que cunda el desaliento con un número pequeño y no significativo de primarias celebradas hasta ahora, pero no es menos cierto que el debate del martes y la atmósfera que rodea a Sanders transmiten una sensación de seguridad que están lejos de poder exhibir los otros candidatos. Una seguridad que se basa en gran medida en una idea expresada por un consultor político: el senador ha conseguido muy pronto ser el favorito de todos los decepcionados.

La remisión a los decepcionados resulta quizá demasiado genérica para saber cuál es el alcance real de los apoyos que puede tener Sanders. Es más explícita de los riesgos que puede arrostrar la candidatura del senador la controversia que mantiene dividida al ala progresista del universo demócrata. Dos economistas ejemplifican tal división, ganadores ambos del Premio Nobel: Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Mientras el primero niega en The New York Times que Sanders sea un socialista –“no quiere nacionalizar nuestras mayores industrias y reemplazar los mercados con una planificación centralizada”–, pero cree que autodefinirse socialista “será un regalo para la campaña de Trump”, el segundo se remite a algunas de las propuestas más llamativas del senador –sanidad universal gratuita, reforma radical de la enseñanza superior que acabe con el endeudamiento de los universitarios y sus familias– para concluir que su programa alarma a una parte significativa de los electores, que temen un aumento de la presión fiscal y una intromisión del Estado en su vida privada.

Lo cierto es que Sanders siempre ha dicho que es un socialista democrático, una etiqueta que a nadie desasosiega en Europa, pero en Estados Unidos altera el pulso la simple utilización de la palabra socialista y lleva el debate político a terrenos donde el recurso a la demagogia es una tentación permanente. Y no solo por parte de Donald Trump y su equipo, sino en el mundo liberal, equivalente a progresista, que entiende que la gestión y solución de problemas sociales no debe invadir la libre iniciativa de los individuos. Es este un sentimiento muy arraigado, que Sanders no violenta con su programa de la misma forma que el presidente Barack Obama no lo hizo con la reforma sanitaria, aunque lo atacaron justamente en esta dirección. Pero una cosa son los hechos y otra muy distinta, las emociones.

El comportamiento de los medios, incluso de tradición liberal como The Washington Post y la cadena MSNBC, está íntimamente relacionado con el calificativo socialista democrático que Sanders aplica a sus ideas y programa. Como si su dilatada carrera en el Congreso y su participación hasta la última curva en las primarias de 2016, que ganó Hillary Clinton, no fueran razones suficientes para considerarle un político integrado en el sistema cuyo éxito momentáneo en la convocatoria de 2020 se debe en parte al hartazgo de muchos ciudadanos, exhaustos con la presidencia de Trump y la vulgarización o degradación de la política que ha traído consigo. Más, claro está, la desinhibición de la ultraderecha y la inquietud de diferentes minorías que se sienten agredidas u olvidadas.

Cuando el digital Politico.com titula una de sus informaciones La campaña de Joe Biden aún no está muerta refleja al mismo tiempo una realidad y una esperanza. Porque detrás del exvicepresidente se cobija una poderosa maquinaria política y porque el deseo más extendido entre los forjadores de opinión es que la batalla por la presidencia la libre un representante acreditado del centro. Incluso el fichaje de Hillary Clinton por una red de emisoras de radio para que comente la campaña cabe interpretarlo en este sentido, porque todo el establishment, y no solo el demócrata, quiere ahuyentar cuanto antes las incógnitas de futuro que plantea Sanders.

Hasta ahora nadie se remite a precedentes históricos en los que un candidato no deseado, pero finalmente vencedor en la convención, fue dejado poco menos que a su suerte por el partido, pero el disgusto de la dirección demócrata con la candidatura del senador George McGovern en 1972 dio como resultado la mayor derrota de un aspirante a presidente: solo ganó en el estado de Massachusetts y en Washington DC. A casi medio siglo de distancia de aquellos hechos todo ha cambiado, pero quizá nunca más desde entonces el Partido Demócrata se ha sentido tan incómodo con un aspirante a participar en la carrera por la presidencia. El eco de la debacle de McGovern aún resuena hoy en el oído de los más veteranos: el eslogan del candidato America vuelva a casa –la guerra de Vietnam todo lo contaminaba– dio pie a que unos grafiteros llenaran algunas paredes con la frase George vete a casa. Salvo que el supermartes aclare el panorama, es muy aventurado predecir adónde puede llevar ahora al Partido Demócrata la intranquilidad de su núcleo duro.

 

El ‘impeachment’ entra en campaña

El procedimiento de impeachment en el Senado de Estados Unidos se ha puesto en marcha con la seguridad para Donald Trump de que la mayoría republicana de la Cámara evitará la destitución y con la incógnita del desgaste político que puede llevar aparejado el trámite en año electoral. Instalado en una montaña rusa en la que se alternan para la presidencia las buenas y las malas noticias, la batalla del Senado entraña el riesgo de que desnude las artes de la Administración y, en tal caso, proyecte una imagen poco defendible de la Casa Blanca, aunque en las redes sociales porfíe el presidente en los ataques a sus enemigos. Si la sucesión de acontecimientos en Irán durante un par de semanas se vinculó con frecuencia a la necesidad de Trump de desviar la atención del impeachment, las decisiones que a partir del próximo martes tome el Gobierno serán difícilmente separables del desarrollo de las sesiones en el Senado.

Para la analista de The New York Times Michelle Goldberg, activar la confrontación con Irán fue “un movimiento natural para un presidente con problemas”, y la reacción iraní de “restablecer la disuasión frente a Estados Unidos” también lo fue. Detrás de esta escalada se movió la necesidad de contrarrestar los efectos del pliego de cargos contra Trump concretado por la Cámara de Representantes y el deseo del régimen de los ayatolás de dar satisfacción a los duros y reforzar la figura de Alí Jamenei, el líder espiritual de la república islámica. Y con estos precedentes, es bastante intranquilizadora la posibilidad de que la Casa Blanca opte por una estrategia agresiva en todas direcciones ante nuevas informaciones potencialmente inculpatorias con origen en la Oficina de Control del Gobierno, en unas declaraciones del abogado Lev Parnas, exsocio de Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, y en la posible declaración en el Senado de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump que dejó el puesto enfrentado con el Despacho Oval.

En los tres casos, la solvencia probatoria va mucho más allá de los dos cargos que la Cámara de Representantes ha llevado al Senado: abuso de poder y obstrucción de la investigación abierta. El informe de la Oficina de Control del Gobierno sostiene lisa y llanamente que el presidente actuó de forma ilegal al bloquear por motivos políticos, que no técnicos, 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania aprobados por el Congreso. Lev Parnas afirma que Trump estaba al corriente –quizá fue el inductor– de las presiones de Giuliani a las autoridades ucranianas. John Bolton puede dar detalles de los manejos políticos de la presidencia que muy pocos pueden aportar a la causa.

En ningún caso, salvo gigantesca sorpresa, cuanto se sustancie en el Senado cambiará el voto republicano, pero acaso lleve a Trump a dejar pelos en la gatera, a defraudar a electores del segmento menos ultramontano del republicanismo que, como hacía el fallecido John McCain, anteponen una idea básica de la decencia al blindaje de la figura del presidente. Todos los medios informativos solventes dan por descontado que el desarrollo de la causa en el Senado influirá en la campaña electoral, y específicamente en las primarias demócratas que empezarán en Iowa el próximo mes. Los tres principales aspirantes a ser el contrincante de Trump el 3 de noviembre –Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden– no dejarán pasar la ocasión de degradar la figura del presidente ni renunciarán a resaltar su disposición a transgredir todas las convenciones políticas.

Resulta más difícil de vislumbrar cuál puede ser la estrategia defensiva del presidente, más allá del consabido recurso a las redes sociales. ¿Un endurecimiento en la segunda fase de la negociación con China? ¿Una vuelta de tuerca más en la crisis con Irán? ¿La imposición de aranceles a las importaciones procedentes de los países europeos que subvencionan Airbus? ¿Alguna medida no incluida en el catálogo de objetivos conocidos de Trump? Son ilimitadas las posibilidades a su alcance para endurecer la campaña, arremeter contra la acusación tramitada por los demócratas y desviar la atención del impeachment. Pero algunos estrategas políticos advierten de que una excesiva desmesura puede volverse contra Trump y tener un efecto no deseado por él en algunos de los estados en los que en 2016 ganó por un puñado de votos, que fueron finalmente los que le dieron la presidencia a pesar de perder en votos populares.

El hilo argumental seguido por la Casa Blanca –se trata de una caza de brujas, el impeachment es una farsa y otros por el estilo– está agotado, en especial si las nuevas pruebas de las que habla Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, tienen la consistencia que se presume. Salir victorioso de la votación final del impeachment no significa salir sin rasguños ante una opinión pública extremadamente dividida y enfrentada, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia que neutralice los daños que eventualmente puede sufrir la presidencia a partir del próximo martes. Y esta estrategia de nuevo cuño será seguramente más eficaz para garantizar la reelección si se vincula a asuntos de política interior y no a aventuras exteriores, que por lo general tienen poco peso en las campañas electorales.

Donald Trump tiene garantizado el voto ultraconservador sea cual sea el desempeño de la presidencia de aquí a noviembre, pero debe asegurarse la victoria en los llamados swing states (estados oscilantes), de comportamiento imprevisible y muy sensibles a los cambios de humor político. Para varios analistas, depende de detalles menores la fidelidad de los votantes en algunos de estos estados –los que tienen un sector primario importante, los que el cambio de modelo de producción industrial ha dañado, los menos inclinados a apoyar aventuras exteriores–, apegados a problemas locales, pero insensibles a los datos macroeconómicos, por buenos que estos sean, y a cuanto va más allá de la estabilidad en la vida cotidiana. La derrota de Hillary Clinton en 2016 se debió en parte a la dificultad de la candidata demócrata para conectar con este tipo de sociedades en las que la simplificación de la política, una técnica que Trump domina, es el primer requisito para lograr la victoria.

Todo lo dicho no debe inducir a pensar que el impeachment será la tumba de Trump aunque los senadores republicanos le salven de la destitución. En primer lugar, porque todos los presidentes que aspira a la reelección disponen de un abanico de recursos que, aunque no garantizan la victoria –muchas son las excepciones–, suelen facilitarla. En segundo lugar, porque la capacidad de movilización política de Trump a través de las redes sociales y de golpes de efecto calculados está fuera de toda duda. En última instancia, porque mientras el Partido Demócrata carezca de un aspirante indiscutible, y faltan meses que tal cosa suceda, la competencia entre candidatos diluirá en parte la efectividad de la oposición al presidente y, en cambio, él podrá concentrar su campaña en explotar las contradicciones que aflorarán en el bando demócrata… Pero siempre es posible que surja la sorpresa.