Todo ha fallado en Irak

Los peores presagios se han hecho realidad en Irak, al borde del abismo a causa de la irrupción irrefrenable de los yihadistas sunís del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el sectarismo del primer ministro Nuri al Maliki (chií) y el alejamiento de Estados Unidos del campo de batalla. Lo que se apuntó como una posibilidad en el 2003 a raíz de la invasión anglo-estadounidense, la quiebra del Estado y el desmembramiento de la comunidad iraquí, se avizora hoy en un horizonte sembrado de cadáveres, rivalidades regionales, enfrentamiento religioso y la sensación de que se está en el comienzo de un proceso paulatino de desestabilización cocinado a fuego lento por la guerra de Siria, que en marzo cumplió tres años, y la incapacidad de los gobernantes iraquís de salirse del comunitarismo para asentar el Estado. Todo cuanto ha sucedido en Irak desde que el EIIL tomó Mosul se ajusta a un guion donde el punto de partida es la ausencia de un Estado eficaz: la huida en desbandada del nuevo Ejército iraquí, el concurso de antiguos baazistas en el bando suní para combatir a los gobernantes de Bagdad, el llamamiento desgarrado del ayatolá Alí al Sistani para que la grey chií se sume a la lucha contra los islamistas sunís, el apoyo de los peshmergas –combatientes kurdos– a la ofensiva y una serie prodigiosamente variada de matrimonios de conveniencia que solo se sostienen en la atmósfera de la guerra.

De todas estas uniones por interés, la más razonada, razonable y previsible es la de Estados Unidos y Occidente en general con Irán. La rehabilitación a toda máquina de la república teocrática es posible porque, en el descoyuntamiento de la región, los ayatolás pueden desempeñar el papel de aliados estables en el golfo Pérsico, aunque sea a costa del disgusto de los saudís (sunís muy conservadores), que mantienen una pugna histórica con los chiís –los iranís– por la hegemonía en medio de un mar de petróleo. A punto de acotarse el alcance del programa atómico impulsado con entusiasmo por el anterior presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, el pragmatismo de su sucesor, Hasán Rohani, puede transformar a Irán en el socio necesario para desespero del frente neocon, que en el 2002 colocó a Irán en el eje del mal.

Barack Obama “habla de cambio climático mientras Irak vive a sangre y fuego”, clama Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush y primer promotor de la invasión de Irak en el 2003. “La intervención del 2003 no es responsable del caos iraquí”, ha escrito el exprimer ministro británico Tony Blair en las páginas del diario francés Le Monde. Algunos diputados conservadores alarman al establishment al buscar algún resquicio legal para llevar a Blair ante el juez por haberse sumado a la campaña del 2003. El escritor franco-marroquí Tahar Ben Jelloun se lamenta de que “Bush hijo no sea procesado por sus crímenes”. Y Dominique de Villepin, ministro francés de Asuntos Exteriores en los aciagos días de la invasión que se opuso a ella sin concesiones, se permite señalar tres fracasos en aquella operación que cambió el semblante de Oriente Próximo: la guerra contra el terrorismo, el cambio de régimen y la ausencia de una construcción nacional según la pensaron la Casa Blanca y el Departamento de Estado al poner en marcha la maquinaria militar.

Quizá sea cierto que hay en marcha una operación para desmembrar Irak, como ha declarado Al Maliki a la emisora de televisión Al Manar, instrumento del movimiento chií libanés Hizbulá, pero al emitir ese diagnóstico soslaya su propia responsabilidad en la crisis y, al mismo tiempo, refuerza la idea de los fracasos enumerados por Villepin. La publicación progresista británica New Statesman se refiere sin tapujos a la “desgracia de tener a Nuri al Maliki de primer ministro”. “Los chiís que dominan el Gobierno –explica– han trabajado de forma asidua para alienar la minoría suní y su mal gobierno ha contribuido profundamente a las presentes dificultades”. Y la decepción que transmiten los diplomáticos y funcionarios extranjeros que han estado en Irak abunda en mensajes de parecido tenor, como si la crisis de las mezquitas de 2006-2007 y la fractura social después de tres guerras –contra Irán (1980-1988), la intervención internacional de 1991 y la invasión del 2003– no hubiesen emitido suficientes señales de alarma para buscar un punto de encuentro de las tres comunidades que engloba Irak: sunís, chiís y kurdos.

Pero quizá la señal más elocuente del estrepitoso fracaso cosechado por Al Maliki y, de rebote, por Estados Unidos sea la debilidad de un Ejército que ha respondido a la presión islamista ausentándose del campo de batalla y dejando armas y bagajes a disposición del enemigo. Si alguien dudó alguna vez de que uno de los grandes errores cometidos por la Administración de George W. Bush fue desmantelar el Ejército de Sadam Husein, la suerte de los combates en Mosul, Tikrit y otros lugares no puede ser más esclarecedora: llevaban razón quienes dijeron que asentar un Ejército de nueva planta requiere un mínimo de 20 años; es una labor que no se puede improvisar aunque Estados Unidos se encargue de la operación y destine a ella grandes cantidades de dinero en forma de instructores y material de última generación. Lo que sucedió al desvanecerse el Ejército de Sadam Husein fue que creció exponencialmente la capacidad de resistencia al invasor de diferentes formas de guerrilla y, al mismo tiempo, las nuevas fuerzas armadas aparecieron ante una parte muy importante de la opinión pública iraquí como el brazo represor de un régimen impuesto, sometido a intereses foráneos. Y esa percepción sigue vigente.

La posibilidad de que se pase del rompecabezas a una guerra civil ahora incipiente depende de varios factores. El primero de ellos es comprobar hasta qué punto la calle iraquí, no las milicias organizadas de sunís y chiís, se suma a la lucha en cada bando con sus propios medios, como aventura que podría suceder Hayder al Khoei, investigador asociado al think tank británico Chatham House. Solo una intervención significativa de Estados Unidos puede evitar o al menos limitar una escalada cualitativa como la apuntada por Al Khoei, algo que, por lo demás, queda bastante lejos de las intenciones del presidente Obama, partidario que apoyar al Gobierno iraquí sin que un solo soldado ponga pie a tierra, y previo abandono del sectarismo por parte de Al Maliki. ¿Acaso se está ante una nueva muestra de que los tiempos de la unipolaridad y de la hiperpotencia han pasado a la historia? La respuesta del politólogo francés Dominique Lagrange se acerca bastante a la realidad: “No hay un polo en el sentido de un líder con capacidad de atracción, ni siquiera varios. Hay una centralidad de Estados Unidos en la estructuración de lo internacional”. Nunca la posguerra fría estuvo más lejos de constituir un sistema estable de relaciones entre los estados.

Al favor de esos vientos de guerra que de Siria han llegado a Irak, y acaso sigan su curso en busca de nuevos horizontes, se concretan dos realidades que, no por esperadas, resultan menos deplorables. La primera es el reforzamiento de Bashar el Asad, que combate a una oposición en la que el EIIL es de largo el grupo armado más dinámico, mejor instruido y que dispone de mejor material. La segunda es la tensión en los mercados energéticos, con un ojo puesto en la suerte final del gas ruso que debe fluir hacia Europa Occidental a través de Ucrania y otro atento al futuro de los pozos de petróleo iraquís. Resulta tan escabrosa la hipótesis de una tolerancia indirecta del régimen sirio, por tratarse de un mal menor, como la probabilidad de que las víctimas más vulnerables de la crisis económica vean agravada su situación por la arrogancia de cuantos se sumaron a la soberbia del trío de las Azoras para desmantelar Irak.

Por más recursos que dediquen los gabinetes de propaganda a deformar la realidad política presente, es improbable que gane adeptos el estado de ánimo de Blair: “Debemos desprendernos de la idea de que nosotros hemos provocado esta situación. No es cierto”. A cada muerto que se suma al parte de bajas crece la convicción de que el relato de la guerra de Irak partió de una falsedad –la existencia de armas de destrucción masiva–, dio pie a otra falsedad –el apoyo popular a la edificación de un nuevo régimen– y se ha instalado en una tercera falsedad –la viabilidad del nuevo Estado–, que ha quedado al descubierto en cuanto los fundamentalistas islámicos han dado la orden de ataque. Y esa construcción en paralelo a la versión oficial es tan convincente que es imposible imaginar que pueda imponerse la otra, la que pretende desviar el foco hacia causas y circunstancias locales.

¿Qué ha fallado en Irak? fue el título de la edición española de un libro firmado por el general estadounidense Wesley K. Clark. La respuesta hoy no puede ser más simple: todo. Las palabras pronunciadas por el presidente Bush poco antes de empezar la guerra suenan hoy a dramático sarcasmo: “Un Irak liberado puede poder de manifiesto el poder que tiene la libertad para transformar una región tan importante”. En la práctica, la liberación adquirió la naturaleza de guerra preventiva y la transformación llevó al país al desorden. La capacidad de contagio de ese desorden es inconmensurable.

Boko Haram, la obscenidad del sectarismo

Algo profundamente abyecto y obsceno alienta detrás del secuestro de más de 200 niñas y adolescentes nigerianas, la mayoría de confesión cristiana, perpetrado por el grupo islamista Boko Haram. Al asalto a un internado en Chibok, en el noreste del país, el 14 de abril, siguió el 6 de mayo la captura de ocho niñas de entre 12 y 15 años en Warabe, una aldea del norte. El destino de las menores no es otro que el de ser vendidas como esclavas sexuales, tal como ha anunciado el líder del grupo terrorista, Abubakar Shekau, ejemplo acabado de qué es un líder sectario, parapetado en este caso en el Corán para sembrar el odio a través de la religión. “Por Alá que las venderé en el mercado”, ha anunciado Shekau, convencido de ser el depositario único de la verdad, signo común a todas las sectas, sea cual sea su fuente inspiradora.

La organización Boko Haram fue fundada en el 2002 por Mohamed Yusuf, un predicador de la yihad y del odio a Occidente, que se presentó como el regenerador de la política nigeriana mediante la batalla para imponer la sharia. El nombre de la organización en lengua hausa significa “la educación occidental es pecado”, declaración de principios que llevó a la práctica con ataques a centros educativos públicos y privados de credo cristiano, pero también con atentados de toda clase contra civiles en el norte y centro del país. En el 2009, Yusuf fue capturado y ejecutado sin que mediara juicio, y fue sustituido por Shekau, que intensificó las acciones en todas partes, ayudado con toda seguridad por Al Qaeda del Magreb Islámico, una organización yihadista muy activa en el Sahel; en el 2012, Ansaru, una escisión de Boko Haram, internacionalizó la causa del islamismo nigeriano mediante secuestros y ataques a intereses extranjeros, en especial a partir de enero del 2013, cuando el Ejército francés intervino en Mali. Resultado de todo ello en los últimos doce años: ataques en más de 40 lugares diferentes, 160 atentados y al menos 2.600 muertos, de los que dos tercios –gran paradoja– eran musulmanes.

NigeriaLa simplicidad del programa de Boko Haram, establecer un califato en el norte de Nigeria, el desprecio por el género humano y el fanatismo religioso excluyen toda posibilidad de acuerdo. Percibe el laicismo en la enseñanza como “una herramienta para mantener el dominio de las élites sobre las masas”, explica en la publicación Jeune Afrique el analista nigeriano Bala Liman, especialista en la secta. Poco importa que las víctimas escogidas sean militares, policías, funcionarios públicos, los vendedores y clientes de un mercado o niñas y adolescentes de un internado, el caso es alcanzar la meta fijada, envuelta a menudo en el lenguaje que en otro tiempo manejaron revolucionarios y reformistas sociales surgidos –he aquí otra gran paradoja– del desarrollo del pensamiento político en Occidente. A ojos de ese extraño mundo regido por iluminados con un fusil a su alcance, el fin justifica sobradamente los medios, aunque el precio sea la vida de inocentes o la humillación execrable de las escolares que ahora tienen en su poder.

Nadie puede afirmar hoy que la movilización internacional –#BringBackOurGirls– para evitar que se consume la fechoría y vean la luz otras de parecido tenor, además de la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido al Gobierno nigeriano para dar con los yihadistas, arroje algún resultado tangible. Incluso cabe conjeturar que varias de las solidaridades de los últimos días responden más a la exigencia de la opinión pública de que se haga algo que a la disposición real de algunos de los movilizados a poner manos a la obra y afrontar el desafío sin reservas. Pero sí puede afirmarse que frente a un adversario que desconoce los fundamentos del humanismo, el respeto genérico a las otras gentes del libro –judíos y cristianos– que prescribe el Corán y los derechos humanos, entendidos como valores de alcance universal, es imposible albergar siquiera la remota esperanza de vencer por la vía del diálogo y la negociación.

Goodluck Jonathan, presidente de Nigeria.

El Gobierno del presidente Goodluck Jonathan ha ofrecido, por lo demás, un recital de incapacidad, incompetencia e ineficacia que facilita mucho las cosas a Boko Haram en su propósito de sembrar el pánico y desmoralizar a la población. Hay también algo abyecto y obsceno en la falta de resultados que presenta la hoja de servicios de un régimen que gestiona la primera economía de África en cifras absolutas, gracias a las rentas del petróleo, y que debe responder de la suerte de unos 170 millones de habitantes, integrantes de un mosaico cultural cuyas piezas tienden a no encajar. Hay algo decididamente escandaloso e injustificable en la imposibilidad del Estado de garantizar razonablemente la seguridad de los ciudadanos o, si se prefiere, de obstaculizar la vesania de los islamistas, dispuestos a todo, conmuevan o no sus acciones a la comunidad internacional.

El profesor nigeriano Muibi O. Opeloye se acerca con acierto al núcleo del problema de la neutralización por el momento imposible de Boko Haram a causa de las limitaciones del Estado, cuyas instituciones se perciben como una máquina de poder que, al carecer de otros atributos, carece asimismo de prestigio –¿de legitimidad? – y está siempre bajo sospecha. “La percepción nigeriana es –afirma Opeloye– que la política de partido es venenosa; es una política de guerra y no de paz; de acritud, odio y difamación, no de amor y fraternidad; es de anarquía y desacuerdo, no de orden y concordia; es una política de división, facciones y desunión, no de cooperación, consenso y unidad; es una política de hipocresía y charlatanería, no de integridad y patriotismo; es una política de bellaquería, no de madurez; es de chantaje y gansterismo, no de contribución constructiva y honesta”.

No es difícil concluir que los nigerianos se sienten integrantes de una comunidad desvalida, tutelada por gobernantes incompetentes, puede en ocasiones que venales. No es este un estado moral exclusivo de Nigeria, pero las dimensiones del problema que debe afrontar estos días lo hace más visible y la obligación del Estado de reaccionar es más urgente que nunca. Es cierto que los efectos perniciosos de la herencia colonial –división incongruente del territorio, élites acomodaticias, corrupción, explosión demográfica, urbanismo insostenible, rivalidad entre comunidades, litigios religiosos, etcétera– son más visibles en África que en cualquier otro lugar, pero remontarse a la noche de los tiempos para utilizar el pasado como coartada moral de las disfunciones del presente es con frecuencia un ejercicio de cinismo político. Parece más honrado y útil admitir que la ignominia del secuestro de las niñas es el fruto más amargo de un largo proceso de contemporizaciones, debilidad y, por qué no, ausencia del Estado, que ha facilitado la proliferación de un islamismo despiadado en el que las mujeres –niñas, adolescentes, adultas– están condenadas a vivir una minoría de edad permanente y a ser moneda de cambio en cualquier momento.

Si la presencia del Estado fuese en Nigeria una realidad comprobable sobre el terreno, es improbable que la sharia hubiese sido adoptada en la práctica en los territorios del norte, como ahora sucede, porque, como explica el profesor Opeloye, la naturaleza heterogénea del país hace imposible la aplicación de un sistema islámico de gobierno. Tampoco hubiese cosechado tantos adeptos el sueño califal y aún menos la acción directa. En cambio, el proselitismo yihadista apenas ha tenido que vencer obstáculos menores para adueñarse de forma bastante segura de una porción del país y controlar una parte de la frontera con Camerún. Ante esta realidad, la condena del secuestro emitida por la Universidad de Al Azhar en El Cairo, máximo autoridad religiosa de la rama suní del islam, sirve para preservar la dignidad de los musulmanes de buena voluntad, pero para poco más.

El poder de la imagen y los prejuicios acrecentados por la visibilidad de un islam agresivo, unidos a la política occidental posterior al 11 de septiembre de 2001, y aun antes, es infinitamente superior al de las condenas ad hoc. Y la imagen de Shekua y sus secuaces es tan convincente que la de los doctores de la ley islámica apenas les inquieta, porque no afecta a su visión binaria del mundo, antes al contrario, les ratifica en su convencimiento de que solo ellos y sus aliados del orbe musulmán pueden liberar al islam del sometimiento a Occidente, de la pretensión de los reformistas de consagrar la neutralidad del Estado para garantizar la libertad de culto de todas las creencias y el derecho de los no creyentes a manifestarse como tales. Eso también forma parte de la tragedia en un remoto lugar del corazón de África.

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

China induce un nuevo statu quo

La profesora Margaret MacMillan, directora del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford, publicó el pasado fin de semana en The New York Times un ingenioso ensayo de paralelismos históricos entre las vísperas de la primera guerra mundial y las del año que se avecina, cuando se cumplirá un siglo del inicio de la que fue conocida como Gran Guerra hasta la matanza que se prolongó de 1939 a 1945. La sutileza de la analista, que comparte con Mark Twain la idea de que la historia “no se repite a sí misma, pero tiene rima”, encuentra en la rivalidad entre imperios –hace cien años, el Reino Unido y Alemania; hoy, Estados Unidos y China– el factor común que permite vislumbrar temores y atesorar esperanzas. Y cree adivinar en aquellos inicios del siglo XX rasgos propios de una globalización avant la lettre que lo mismo sirvió para alentar “localismos y nativismos” que para fundamentar los temores de Alemania de convertirse en una potencia sitiada por sus adversarios, un sentimiento que hoy experimenta el establishment político chino.

Artillería de campaña alemana en la primera guerra mundial.

Los sucesos acaecidos en el archipiélago Senkaku –Diaoyu para China–, a solo 70 kilómetros al noreste de Taiwan, con un doble valor económico –cantidades ingentes de petróleo y gas– y estratégico, han proyectado la imagen de una guerra fría de bolsillo entre las dos grandes potencias, aunque la disputa por la soberanía de los islotes deshabitados es entre China y Japón. En esta guerra fría posmoderna Japón desempeña el papel de aliado de Estados Unidos bajo riesgo; el aumento del gasto militar y el incremento de la capacidad naval china, el reservado otrora a la carrera de armamentos; y los cálculos relativos al deseo de China de desafiar a Estados Unidos y convertirse en una potencia en el Pacífico, el de las teorías de la escalada aplicadas a un entorno nuevo. O puede que no tan nuevo si se da marcha atrás en la historia y, como hace MacMillan, se recuerda que de la misma manera que las superpotencias de 1914, antes de sonar el primer disparo, se refirieron a la defensa de su honor, el secretario de Estado, John Kerry, ha invocado la credibilidad y el prestigio de Estados Unidos para movilizar a la flota en el mar de la China.

El trabajo de MacMillan advierte de los riesgos que se corren si, hechas las oportunas distinciones entre el hoy y el ayer, no se extraen lecciones “para construir un orden internacional estable”. Si no el mayor, sí es al menos el más común de los riesgos aceptar el principio según el cual, “gracias a nuestro progreso tecnológico, podemos emprender conflictos armados cortos y de impacto limitado” que reportan victorias decisivas. El desarrollo del conflicto en Afganistán, quizá en Irak, y en Siria con toda seguridad desmienten la efectividad de los conflictos bajo control, con la población a salvo de los males propios de la guerra. Algo parecido sucedió en 1914, cuando los generales creyeron disponer de las herramientas necesarias, pero luego la realidad de la guerra arrastró a la muerte a millones de jóvenes porque el alcance de las armas de teatro había pasado de 100 yardas en tiempos de Napoleón a 1.000, con el aumento consiguiente de su poder de devastación.

Las guerras de efectos limitados, incapaces de contaminar el entorno, son una entelequia elaborada por quienes difunden las teorías de la guerra sin más bajas que las precisas, siempre entre combatientes profesionales. En la práctica, la tecnología y los servicios de inteligencia no han eliminado los daños colaterales, los efectos secundarios y la desestabilización de áreas que exceden con mucho las delimitadas por los generales en los mapas. Y eso es de aplicación tanto en las guerras calientes como en las frías, de ahí que la disputa por las Senkaku-Diaoyu lo sea todo menos un problema menor o una crisis virtual.

Vista aérea del archipiélago de las Senkaku-Diaoyu.

El periodista Ian Buruma, profesor del Bard College, aporta los ingredientes esenciales para comprender los riesgos inherentes al conflicto: “China está en ascenso, Japón es una economía de capa caída y Corea se mantiene como una península dividida. Es natural que China intente restablecer el dominio histórico sobre la región. Y es natural que Japón esté nervioso por la posibilidad de convertirse en una especie de Estado vasallo (los coreanos están más acostumbrados a este papel vis-à-vis con China)”. Hay en todo ello resonancias de añejas rivalidades entre nacionalismos enfrentados a los que no se puede considerar parte del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, expresión acuñada por Sigmund Freud y recordada por MacMillan en su ensayo. Tampoco son nacionalismos construidos a toda prisa por “historiadores, lingüistas y folcloristas que estaban ocupados en crear historias de viejos y eternos enemigos”, según los define MacMillan al hablar de los de 1914, sino más bien otros muy distintos empapados de agravios históricos y tragedias irredentas perfectamente documentadas y a solo una o dos generaciones de distancia de la nuestra.

Para completar la competencia entre egos nacionales y rivalidades regionales, que un día pueden ser mundiales, debe citarse el programa de desarrollo militar de la India, que desde noviembre dispone de un segundo portaviones y aspira a disputar el liderazgo estratégico y económico a China, el gran adversario junto con Pakistán desde los días de la independencia. De forma que frente a quienes piensan que la pulsión aislacionista puede condicionar la diplomacia estadounidense en un futuro no muy lejano, asoman los que creen que la competencia entre China e India otorga a Estados Unidos el perfil de actor indispensable, por no decir de poder arbitral. Dicho en otras palabras: la mayor potencia de Occidente se mantiene como el gran poder global, aunque, como apunta MacMillan, “no es el poder absoluto que fue una vez”. Una afirmación por lo demás discutible, porque la supremacía tecnológica y el control de los flujos de información le garantizan una superioridad indiscutible.

Quizá esta sea la mayor diferencia en la asimetría de la rivalidad en la cuenca del Pacífico: China es una potencia en construcción; Estados Unidos ha sistematizado su influencia. La especialista Martine Bulard ha recogido en Le Monde Diplomatique los desafíos que debe afrontar el gigante asiático, según sus propios dirigentes: desarrollar la economía de mercado, las políticas democráticas, una sociedad armoniosa y una civilización ecológica. Este es un programa para más de doce años, fecha de vencimiento a partir de la cual, según los cálculos más difundidos, el PIB chino superará al estadounidense. Y es, también, un programa cargado de factores adversos habida cuenta del peso inconmensurable del Estado en la economía, del control de la burocracia del partido sobre el funcionamiento de las instituciones, de los peligros de la desigualdad social causada por un desarrollo galopante y de la permisividad de que disfruta la economía productiva.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, durante su entrevista en Annenberg Retreat (California), el 8 de junio de este año.

Aun así, esta China en construcción se comporta cada día más como una referencia inexcusable de un nuevo mundo bipolar gracias a los excedentes de capital que maneja, su tendencia milenaria a contemplar el mundo desde el interior de su fortaleza y su confianza en la capacidad del partido para dirigir una sociedad disciplinada donde el dúmping social será aún posible durante mucho tiempo a causa de las bolsas de pobreza que surten de mano de obra barata al sector industrial. Decir que la buena salud de los negocios está por encima de todo no es ninguna exageración, sino la certificación de que su propósito es competir con su gran rival en todos los mercados para transformar su potencia económica en poder militar más temprano que tarde. Más todavía: en la última hornada de dirigentes chinos –el presidente Xi Jinping y su equipo– ha arraigado la idea de que el poder militar, instrumento indispensable del poder político, es una derivación directa del poder económico. La muerte por inanición de la Unión Soviética revela hasta qué punto operar en sentido contrario equivale a levantar un edificio sin cimientos.

El alma de historiadora de Margaret MacMillan lleva a la ensayista a preguntarse si es posible sacar conclusiones contemporáneas de los motivos que llevaron a Europa al campo de batalla en 1914; si es posible resistirse a la tentación de comparar las relaciones de Estados Unidos y China con las que mantuvieron el Reino Unido y Alemania antes de que el atentado de Sarajevo que costó la vida al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa (28 de junio de 1914) precipitara la guerra. Y, al hacerlo, se adentra por el camino de las rivalidades nacionales que enturbian los datos concretos de cada momento con la explotación de los sentimientos, un resorte poderoso, ajeno a la razón, tantas veces invocada por René Descartes para evitar estropicios: “Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón”.

¿Quién puede dudar de que el Partido Comunista Chino, sin necesidad de cambiar de nombre, se ha transformado en una organización nacionalista que es la columna vertebral del Estado? ¿Quién puede dudar de que el sentimiento nacionalista en Estados Unidos está a flor de piel? ¿Estamos en la antesala de una situación de riesgo? En marzo del año pasado, cuando Hu Jintao aún era presidente de China, el exsecretario de Estado Henry Kissinger escribió en su blog lo siguiente: “Aunque la capacidad militar absoluta de China no es formalmente comparable a la de Estados Unidos, Beijing posee la habilidad de plantear riesgos inaceptables en un conflicto con Washington y desarrolla instrumentos cada vez más sofisticados para negar la ventaja tradicional de Estados Unidos”. Aun así, Kissinger subrayó que los objetivos económicos de China atenúan los riesgos y las desavenencias con Estados Unidos no deben ir más allá del “funcionamiento habitual de la rivalidad entre las grandes potencias”. Con todo, cabe preguntarse: ¿cuál es la fecha de caducidad del nuevo statu quo?

Maduro, por la senda radical

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir una inflación desbocada mediante una intervención directa en la fijación de precios tiene todas las trazas de ser la última versión del viejo dicho pan para hoy, hambre para mañana. Al sumar esta medida a otras dos tomadas hace diez años por Hugo Chávez, el control de cambios y la subvención del precio de la gasolina, se empuja a la economía real hacia el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento de productos y, más pronto que tarde, el desabastecimiento. Puede pensar Maduro que con la intervención de la cadena Daka de venta de electrodomésticos, cuyos precios ha rebajado espectacularmente, atrae voluntades a su causa para las elecciones municipales del 8 de diciembre, pero más allá de este objetivo a tan corto plazo es difícil imaginar que un solo entendido en economía le haya aconsejado una medida que, en la práctica, cierra la posibilidad de que se mantenga sin alteraciones la importación de productos cuando se agoten los ahora vendidos a precios políticos, poco menos que de saldo.

Si a la intervención de ahora se suma la ley habilitante, que da poderes especiales al presidente durante un año para que legisle fuera del control parlamentario, especialmente en materia económica, cabe afirmar que el proceso venezolano apunta mucho más allá que la cirugía social de emergencia aplicada por Chávez a una comunidad extremadamente dual. Al movilizar a los suyos para abrir un largo paréntesis en la división de poderes, como si fuese posible domeñar por decreto las estadísticas y los flujos de capital, se multiplican las incertidumbres, tanto en la urdimbre institucional del régimen bolivariano cuanto en el compromiso democrático de quienes lo gestionan, cada día menos exigente con el principio de legalidad. Al recurrir a poderes de excepción, Maduro se atiene más al gesto autoritario de quien da por descontado que es depositario de la verdad y de todas las soluciones, sean estas las que sean,  que a la imagen del líder que actúa después de analizar la situación sin parapetarse en prejuicios ideológicos.

Lo cierto es que la realidad económica venezolana no puede ser menos halagüeña, con una divisa, el bolívar, que en el mercado negro se cotiza unas diez veces por debajo del cambio oficial: poco más de seis bolívares por dólar. No hay un solo exportador que esté dispuesto a aceptar la paridad fijada por el Gobierno y, en consecuencia, no hay un solo importador en situación de comprar en las condiciones que pretenden las autoridades monetarias venezolanas. Esa es la primera causa de la escalada de precios, sin que deba descartarse que algunos empresarios hayan decidido acaparar y retirar del mercado cantidades significativas de bienes de consumo para provocar una subida artificial o provocada de la inflación. Soslayar ese dato, que la cotización del bolívar se ha despeñado, es un regate en corto a la realidad que puede ser útil para contentar a auditorios convencidos, pero que en ningún caso sirve para evitar que la inflación ande por encima del 50% con tendencia a seguir creciendo.

Juan Nagel, un bloguero venezolano coeditor de Caracas Chronicles, sostiene que su país es el que más dudas ofrece en el mercado de la deuda, “donde solo presenta menos riesgo que la bancarrota de Puerto Rico”. Su fiabilidad, asegura Nagel en un post colgado en Foreign Policy, está por debajo de las de Grecia y Argentina, de forma que, a la hora de la verdad, no tiene ninguna posibilidad de lograr financiación exterior por cauces convencionales –colocación de títulos en los mercados– y debe fiar su suerte a acuerdos bilaterales con terceros y a la cotización al alza del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno venezolano ha echado mano de sus reservas y dentro de poco “deberá afrontar graves problemas y tomar decisiones difíciles”, en palabras de la directora de la institución, Christine Lagarde.

La mujer que aparece en la fotografía se llama Clotilde Palomino. Es una empleada doméstica de Caracas que el 11 de noviembre compró una licuadora, un deuvedé y una plancha en una de las tiendas de electrodomésticos intervenidas por el Gobierno venezolano, pero que fue presentada en diversos medios y en las redes sociales como una saqueadora de una tienda de Valencia, aunque mostró la factura de los artículos que adquirió con sus ahorros en un establecimiento de la ciudad en la que vive. Piensa demandar a quienes la acusaron de saqueadora y ha pedido al presidente Nicolás Maduro que la ayude a limpiar su imagen

Las cifras venezolanas para el año que acaba están lejos de las previsiones para las cuatro economías latinoamericanas mejor situadas. Vaticina el FMI que el PIB de México crecerá el 3% el próximo ejercicio; el de Colombia, el 4,2%; el de Chile, el 4,5%; y el de Perú, el 5,7%. Para el mismo periodo, las estimaciones llevan el déficit venezolano por encima del 12,6% con el que cerrará 2013, con el riesgo además de que se registre una contracción significativa de las exportaciones de petróleo a causa del paulatino aumento de la actividad extractiva en Estados Unidos gracias a la explotación intensiva de los yacimientos de esquistos. Ese es, quizá, el mayor problema que a medio plazo amenaza la viabilidad de la economía venezolana.

La euforia de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela, que en verano presentó como un gran éxito el aumento de las exportaciones a China (600.000 barriles diarios) e India (400.000 barriles diarios), apenas estaba justificada porque el primer cliente de los yacimientos venezolanos es Estados Unidos, que marcha a toda máquina hacia la independencia energética. Es muy difícil, por no decir imposible, que se mejoren las cifras actuales de exportación –1,5 millones de barriles diarios–; lo que sucederá de forma más que probable será una paulatina caída de las compras de aquí al 2020, cuando todos los cálculos llevan a concluir que Estados Unidos dejará de importar petróleo. Según la US Energy Information Administration (EIA), la producción de petróleo en Estados Unidos en octubre fue de 7,7 millones barriles diarios, una cifra que superó a las importaciones por primera vez desde febrero de 1995. Las importaciones de octubre fueron, al mismo tiempo, las más bajas desde febrero de 1991.

¿Pueden China e India absorber los descensos en las importaciones que prevé la EIA? Todo induce a pensar que no, entre otras razones porque ambas potencias mantienen una lógica política de diversificación de suministros para evitar que problemas locales lejanos afecten a su seguridad energética. ¿Puede Venezuela buscar nuevos mercados para suplir la caída de las importaciones de Estados Unidos? Sí, sin duda, siempre y cuando acepte operar en las condiciones habituales en el complejo mercado del petróleo, sin aspirar a tratos de favor como el dispensado por China en su momento, que accedió a hacer un pago por adelantado en tiempos de Chávez equivalente, se dice, a dos años de pedidos. Puede atraer nuevos clientes, sin duda, si los inversores extranjeros reciben garantías jurídicas, sin que eso signifique que Maduro debe poner el país en almoneda. Pero no puede pensar en un alocado ascenso del precio del petróleo a corto plazo –Chávez soñó un día con que el barril llegaba a los 200 dólares–, salvo que circunstancias imposibles de prever induzcan una escalada.

Pero el populismo grandilocuente de Maduro, imitación desvaída de la foto fija que Chávez dejó para la historia, abre nuevos interrogantes todos los días, acompañados del misticismo sin mucho lustre que le lleva a anunciar la aparición de su predecesor en las obras del metro y de la burda simplificación de la realidad que le permite considerar burgués todo lo que se opone a su política. Hay en Maduro una suerte de iluminismo rudimentario que no hace otra cosa que acrecentar la desconfianza hacia un proyecto cuya estación de llegada pudiera ser La Habana a pesar de la quiebra del experimento en la perla del Caribe. En cambio, se echa en falta en el presidente de Venezuela un acercamiento al realismo para corregir las deficiencias manifiestas de una propuesta ideológica que, a cada día que pasa, parece más un instrumento destinado a consolidar un poder político asentado sobre una sociedad permanentemente subvencionada.

Henrique Capriles, líder de la oposición de todos los colores que impugna la oferta bolivariana, acusa a Maduro de seguir “el libreto castrocomunista”, otra simplificación, pero las decisiones económicas de la última semana facilitan mucho las cosas a los adversarios del presidente. El editorialista del diario El Nacional, que apoya a Capriles, entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno tienen el efecto contrario a la justicia distributiva que dice perseguir, y recuerda la hecatombe de la descomposición del bloque comunista: “Basta con mirar –afirma– hacia la bancarrota que marcó el derrumbe de los sistemas del llamado socialismo real, productores de proverbial escasez en los países que los padecieron”.

En este clima, la fractura social es, más que un riesgo, una realidad. La voluntad manifestada por Chávez de no rectificar el rumbo nunca, que el periodista Ignacio Ramonet destacó a su muerte como un mérito, es el punto de partido de los temores de cuantos se oponen a Maduro. “No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace exactamente 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, de pura retórica”, escribió Ramonet en Le Monde Diplomatique. El problema es que la claridad evangélica y los logros sociales se han enturbiado progresivamente con las dudas razonables que alimenta un programa económico heterodoxo, sufragado con las rentas del petróleo, pero insostenible a poco que mengüen; el gran reproche es que el chavismo y sus legatarios han promovido la justicia social como si fuese un objetivo incompatible con el pluralismo, la autonomía de los individuos y el derecho a disentir.

Hubo un tiempo durante el cual el chavismo se legitimó más allá de la victoria en las urnas. Lo hizo a través de una reparación histórica: atender las necesidades básicas de una población con un índice de analfabetismo del 69%. Luego sucedió lo que tantos reprochan a los predicadores de la buena nueva bolivariana: las inquietudes sociales se convirtieron en el instrumento ideal para justificar lo injustificable, de forma que, mucho antes de la muerte de Chávez, el régimen se transformó en una caricatura de sí mismo y hoy abunda en esa estrategia, convencido de que su continuidad depende de ello, de radicalizarse sin cesar. Pero hay demasiadas señales que indican que, por ese camino, el futuro se antoja noche cerrada.

 

Túnez da ejemplo otra vez

El acuerdo alcanzado por los partidos representados en la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez para desatascar la redacción y aprobación de una nueva Constitución contrasta con el galimatías libio, que culminó este jueves con la retención durante unas horas del primer ministro, Alí Zeidán, y aún más con el otoño Egipto, donde sigue sin conocerse el paradero de Mohamed Mursi, presidente depuesto por el Ejército el 3 de julio. No todo tiene el mismo tono regresivo en el norte de África, y otra vez, como sucedió a principios del 2011, son los tunecinos quienes dan muestras de sentido político al buscar una salida ordenada al problema planteado por una Cámara zarandeada por desacuerdos insolubles y unas fuerzas laicas emocionalmente sacudidas por los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos de las voces más influyentes de la izquierda. Mientras tanto, nadie sabe hacia dónde se dirige la reforma libia, a expensas de los designios de grupos incontrolados que no hay forma de desarmar, y cada día es más evidente que en el horizonte egipcio se consolida la silueta de una dictadura militar encubierta.

Quizá sea cierto que la operación desencadenada por Estados Unidos para sacar de Libia a Abú Anás al Libi, presunto responsable de las matanzas en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar Es Salaam, el 7 de agosto de 1998, haya echado más leña al fuego a la falta de vertebración del país surgido del final de la guerra civil. Es seguro que la política contemplativa de Occidente en el desarrollo de los acontecimientos en Egipto a partir del golpe de Estado ha favorecido a los generales, movilizados en defensa de los intereses de una casta que controla más del 30% de la economía del país. Pero no es menos cierto que frente a la debilidad del núcleo laico en ambos países, la disposición del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) ha suplido las carencias de unas fuerzas políticas laicas inexpertas, enfrascadas con frecuencia en estériles debates bizantinos, y condicionadas por la disciplina de Ennahda (islamista moderado), que representa a la sumo a un cuarto de la población del país, aunque obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de octubre del 2011.

Habib Burguiba, padre de la independencia de Túnez, en Bizerta, en el norte del país, en 1952.

En definitiva, el equilibrio entre laicos e islamistas moderados, más allá de la aritmética electoral, se ha restablecido en Túnez, con el consiguiente apaciguamiento de las pasiones, al tiempo que en Libia no hay forma de desentrañar dónde se encuentran en verdad los resortes del poder legítimo o, peor aún, cunde la sospecha de que estos no existen, sometido todo el andamiaje político a las milicias armadas, la pugna tribal y la exigencia del este –región petrolífera– de disfrutar de mayores cuotas de poder. Y, en Egipto, los notables presididos por Amr Musa, encargados de redactar una nueva Constitución a la medida de los cuarteles, tienen cada día más la apariencia de máscaras cuyo destino es ocultar el torvo rostro de la dictadura militar que pilota el general Abdel Fatá al Sisi.

Como recordaba Jean Daniel, fundador del semanario progresista francés Le Nouvel Observateur, en un artículo publicado el 13 de febrero de este año, en momentos de gran incertidumbre, la herencia de Habib Burguiba, padre de la independencia tunecina, la crisis de “ese pequeño país desborda con mucho sus fronteras”. “De su resolución –añadía Daniel–, dependerá la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”.  El mismo autor reconocía en aquel artículo que Burguiba fue con el paso del tiempo “un déspota cada vez menos ilustrado”, pero sus primeros años “fueron esenciales en dos apartados: sus decisiones relativas al estatuto de la mujer y la forma de practicar y respetar el islam”. La UGTT ganó influencia y prestigio en aquella atmósfera de compromiso aconfesional, y aún hoy agavilla voluntades enfrentadas gracias a la herencia recibida.

A la izquierda, Gamal Abdel Naser, presidente de Egipto, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en la conferencia de no alneados de Belgrado, en 1961.

“El aspecto más significativamente singular de lo sucedido en Túnez es la capacidad de todos los actores políticos importantes, incluido el partido Ennahda, que dirige un Gobierno de coalición, para dialogar, negociar y comprometerse cuando es necesario para mantener la transición hacia una democracia plural que alcance a todos los grupos para competir por el poder”, destaca el analista Rami Khouri. Esa es una cualidad del entramado tunecino que de momento carece de licencia de exportación y que, con toda probabilidad, deriva de la secularización de la cultura política deseada por Burguiba en los años que siguieron a la independencia (1956). Burguiba sucumbió a la tentación del culto a la personalidad y de un paternalismo acrítico, pero suministró antídotos civiles para neutralizar otras tentaciones: el cesarismo, el dogmatismo religioso, la postergación de la mujer y el comunitarismo.

Si se compara esa herencia con el relato emancipador de Gamal Abdel Naser, padre del Egipto moderno, surge enseguida la gran diferencia: Naser, al frente del mayor de los estados árabes, aspiró a dirigir el orbe árabe; Burguiba, líder de un pequeño país, no soñó nunca con encabezar grandes aventuras más allá de sus fronteras. La modesta ambición política de Burguiba tuvo un carácter estrictamente nacional; el proyecto panarabista de Naser, a menudo grandilocuente, requirió la construcción de un régimen basado en la supremacía del Ejército para hacer frente a Israel y redimir el agravio de 1948. Medio siglo más tarde, de la suerte del modelo tunecino, con todas las vicisitudes que se quiera, depende “la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”, como se recoge más arriba, mientras que los uniformados de El Cairo aparecen como una sociedad cerrada cuyo primer objetivo es gestionar sus negocios y garantizar el poder de los centuriones.

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983,

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983.

Si la comparación es con el caos libio, entonces el contraste es aún mayor. El Estado de masas de Muamar Gadafi, la Yamahiriya, nunca fue mucho más que un nombre. En la práctica, solo fue útil para que prevalecieran las rivalidades tribales cuyo fragor confería al dictador un poder arbitral permanente del que dependía su supervivencia. A diferencia de Burguiba y Naser, que construyeron identidades políticas –nacionales– indiscutiblemente vigentes, Gadafi no tuvo el mayor interés en hacerlo, sino que fomentó la división. El caso es que hoy, después de una sangrienta guerra civil, un proceso constituyente instalado en la confusión y la exportación de petróleo –la capacidad extractiva de Libia es de 1,6 millones de barriles diarios– afectada por la pugna política, el país tiene la imperiosa necesidad de impulsar la socialización nacional para evitar que la adscripción tribal siga siendo la barrera infranqueable que se levanta entre los individuos y el Estado. Sin la construcción de una identidad colectiva que se extienda por encima de localismos y fidelidades personales, será muy difícil que pueda oponerse un poder homogéneo a las milicias surgidas durante la guerra, con presencia muy activa del islamismo radical.

Aún así, sigue en vigor el aserto más repetido desde que todo empezó entre los últimos días del 2010 y los primeros del 2011: nada será como antes. Acaso Egipto haya vuelto a la casilla de salida y acaso ese otoño de los generales se prolongue en un gobierno de los uniformados de duración imprevisible. Acaso Libia se haya salido del tablero y deba superar grandes dificultades y contratiempos antes de volver a él. Acaso, en fin, Túnez no consiga en mucho tiempo alcanzar la velocidad de crucero de la democratización y tenga que remontar cuestas interminables. Acaso todo eso suceda, pero la calle árabe perdió el miedo, según subrayan los sociólogos políticos, y lo que ahora acontece no es más que la confirmación empírica de que se quedaron cortos en sus cálculos cuantos diagnosticaron en los primeros días de las primaveras que haría falta una generación para que cuajaran.

Irán cambia el rumbo

Si se presta atención al enfoque que los analistas liberales de Estados Unidos dan a las ofertas de diálogo que el presidente de Irán, Hasán Rohani, dirige a la Casa Blanca desde muy poco después de su elección, no hay duda de que la república de los ayatolás ha cambiado el rumbo. Si se presta oídos a los matices difundidos por el sector duró de los clérigos de Teherán después de las declaraciones del presidente a una cadena de televisión y del discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU, entonces se tiene la impresión de que estamos ante un gran artificio escénico consentido de mala gana por los halcones. Si, por último, se fija la vista en las necesidades inmediatas del régimen iraní, cabe llegar a la conclusión de que este precisa atenuar la tensión desencadenada por el programa nuclear defendido con entusiasmo por Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani, y bendecido por el líder espiritual Alí Jamenei.

Un breve texto colgado por el analista Stephen M. Walt, profesor de la Universidad de Harvard, en su blog de la edición digital de Foreign Policy inclina la balanza a favor del último de los tres síes enunciados en el párrafo anterior: Rohani hace de la necesidad virtud y quiere aprovechar el momento para encontrar una salida honrosa y rentable al contencioso con Estados Unidos. En el bien entendido de que el presidente iraní no es un reformista encubierto ni cosa parecida, sino más bien un realista incrustado en el aparato de poder de la república islámica, educado en el dogma y en el dicterio antioccidental, pero que entiende que la presidencia de Mohamed Jatami (1997-2005), este sí, un reformista aclamado por los jóvenes y el mundo académico cuando llegó al poder, quedó trufada de frustraciones a causa de la movilización de las mezquitas, algo que metió al país en un callejón sin salida.

El presidente saliente, Mahmud Ahmadineyad, entrega al líder espiritual del regimen iraní, Alí Jamenei, los documentos que oficializan la elección de Hasán Rohani, en una ceremonia celebrada en Teherán el 3 de agosto.

Para abundar en la idea de que, en efecto, algo se mueve en Irán, Walt se remite a la distinción que establece el politólogo Robert Jervis, de la Universidad de Columbia, entre señales e indicios. Las primeras no tienen una “credibilidad inherente”; los segundos son “declaraciones o acciones que acarrean alguna prueba inherente de que la imagen proyectada es correcta”, cabe otorgarles un plus de credibilidad, por así decirlo. La percepción de Walt, que seguramente comparten los analistas más cercanos al presidente Barack Obama y al secretario de Estado, John Kerry, es que Rohani ha pasado de la fase de las señales a la de los indicios. Y le asisten razones de entidad para dar el paso:

  1. La capacidad de influir, llegado el caso, en la resolución de la crisis siria sin vincular su suerte a aquella que corran Bashar el Asad y su régimen.
  2. La necesidad de sanear la economía y animar el bazar en cuanto se avizore la fecha de caducidad de la política de sanciones desencadena por el programa nuclear.
  3. La convicción de que la república islámica debe procurarse un pasaporte de honorabilidad en el seno de la comunidad internacional para sacar más partido de sus inmensos recursos petrolíferos.
  4. La pretensión de abrirse camino para actuar como una potencia regional libre de sospecha en pugna con las monarquías sunís del Golfo.
  5. El propósito de alejar la imagen combativa de la república de los desafueros del fundamentalismo suní en armas (Al Qaeda y sus franquicias).

Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 y, sobre todo, desde que el presidente George W. Bush incluyó a Irán en el eje del mal –discurso de 29 de enero del 2002–, el régimen iraní ha formado parte de un conglomerado informe que ha llevado a la opinión pública estadounidense a incluirlo en la lista de enemigos causantes de la tragedia o conformes con lo sucedido. Ni siquiera sirvió para desvanecer equívocos la comprobación empírica de que la clerecía gobernante puso el mayor interés en aclarar que nada tenía que ver con la estrategia de Al Qaeda, el régimen talibán que dio cobijo a Osama bin Laden y la dictadura de Sadam Husein, y cuando las centrifugadoras se pusieron en marcha para producir combustible nuclear, todo fue a peor. Desandar ese camino será difícil, largo y por momentos confuso, la operación suma un puñado de enemigos que prefieren el conflicto latente –Israel entre ellos– a la diplomacia imaginativa y debe aunar voluntades tan opuestas como el bando del Tea Party del Congreso de Estados Unidos y el bando intransigente del régimen iraní, compendio inextricable de poderes reales y paralelos, tutelado todo por los teólogos-juristas que se remiten a la interpretación del Corán (ijtihad).

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

E pur si muove. No solo por la histórica reunión del jueves de los responsables de las diplomacias estadounidense e iraní, la primera desde 1979, ni por la no menos histórica conversación telefónica del viernes de Obama y Rohani, sino porque son demasiado grandes para Irán los riesgos que comporta el aislamiento; es demasiado costoso sostener el esfuerzo de un programa nuclear –civil o militar– sin contrapartidas de ingresos seguras y continuadas –las exportaciones de petróleo sin cortapisas– para desahogar las finanzas. El cálculo inicial iraní de dotarse de un modesto arsenal nuclear para convertirse en una república inexpugnable, a imagen y semejanza de la lógica seguida por Corea del Norte con el beneplácito de China, resultó tan aventurado como desequilibrante porque puso el futuro en manos de la movilización de las masas para responder a las amenazas de intervención procedentes de Occidente. Y, al final, la movilización fue otra: fue la de la calle contra el pucherazo electoral de las presidenciales del 2009 la que dio carta de naturaleza al cambio relativo, pero cambio al fin, incubado en el seno de una parte relevante de la sociedad urbana iraní. Ese es el terreno de juego de Rohani.

El de Estados Unidos remite al deseo de la Casa Blanca de retirarse lentamente de Oriente Próximo y aledaños hasta donde lo permite la necesidad de garantizar la seguridad de Israel. Es este un factor directamente relacionado con los biorritmos iranís, con esa facilidad exhibida por Ahmadineyad para exasperar a los gobiernos israelís y ponerlos a un paso de la intervención encaminada a destruir los complejos industriales encargados de producir combustible nuclear; con esa agilidad del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para arrastrar a Obama a un campo de minas que no quiere pisar. Las ruinosas experiencias militares y políticas en Afganistán e Irak han decantado hasta tal punto a la sociedad estadounidense a favor de la retirada estratégica del laberinto musulmán que el menor resquicio para hacerlo favorece los planes del presidente e impone la prudencia a cuantos piensan que compete a Estados Unidos ser una vez más el gendarme universal. De ahí nace la disposición de Obama a escuchar a Rohani y, dicho sea de paso, a gestionar la crisis siria con una mezcla de confusión, oportunismo y poquísimas dosis de finezza, condicionado todo el relato por el desprecio por el ser humano que comparten el régimen de Asad y una parte cada vez mayor de la oposición.

El periódico progresista israelí Haaretz entiende que, en este juego de insinuaciones, sería un error de la comunidad internacional y de la diplomacia de Netanyahu desoír la oferta de diálogo de Rohani. Es probable que, en general, se acojan las palabras del presidente iraní con disposición a escuchar, pero es impensable que el primer ministro israelí esté dispuesto a hacerlo porque ni sus votantes ni sus aliados en el Gobierno son partidarios de ello. Prefieren transitar por la maroma de la desconfianza y, a ser posible, condicionar en el futuro las decisiones de Estados Unidos, como lo han hecho en el pasado; prefieren andar por delante de los acontecimientos o, lo que es lo mismo, poner todos los obstáculos posibles al éxito de la operación, aunque sea a costa de suministrar argumentos a los más duros de Teherán.

Cuando Rohani ganó las elecciones en junio, el periódico Le Monde interpretó el resultado como una consecuencia del “descontento de los electores iranís con relación al balance catastrófico del presidente saliente”, de los ocho años de “crisis económica, de aislamiento y de confrontación con Occidente a causa del programa nuclear”. Ese es el capital con el que cuenta Rohani para sustituir el dogmatismo estéril de su antecesor por el realismo que haga posible una solución ad hoc. En caso contrario, el Golfo seguirá siendo el mar donde prevalecen la voluntad de las petromonarquías y la estrategia política diseñada por Al Jazira, música de fondo de la prédica suní frente a la chií. Y en ese conflicto político disfrazado de disputa religiosa, Israel prefiere la hegemonía de las casas reales, porque están adscritas a la estrategia general de Estados Unidos en la región.

 

 

Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.

Brasil, más allá del fútbol

“Donde hay sueños, también hay monstruos, hay traumas reprimidos, hay denegaciones, hay sed de venganza, miedos al cambio, necesidades de mantener privilegios, oportunidades vistas para dar frutos y así sucesivamente”.

Francisco Bosco, columnista de ‘O Globo’

Una dinámica de protestas en la calle y desorientación en los salones del poder se ha adueñado de la política brasileña. El compromiso reformista de Lula da Silva, heredado por Dilma Rousseff, ha situado en el disparadero de las reivindicaciones a una clase media recién llegada a la política que desconfía de los partidos, es consciente de que es depositaria de derechos y no se resigna a permanecer callada. “El rostro turbado por la cólera de las clases medias”, como ha escrito Miguel Ángel Bastenier en El País, marca el ritmo de las decisiones tomadas a toda prisa por la presidenta para apaciguar a los descontentos y, de paso, acometer los males que han desencadenado las movilizaciones: servicios insuficientes, corrupción rampante, policía desbocada y todas las contradicciones inherentes a un crecimiento rápido y a menudo descontrolado.

Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil: “Sé muy bien que ninguna democracia vive sin partidos”.

Esas son las líneas rojas de la crisis social en curso. El disgusto por el gasto excesivo asociado a la Copa Confederaciones de estos días, el Mundial de fútbol del año próximo y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016 son otras tantas piezas sin encaje en un rompecabezas de difícil solución. Brasil es el gigante incontestable de América Latina, incluso puede ser el gigante necesario para encauzar un entorno donde con frecuencia prevalece la política de balcón, la sociedad brasileña se proyecta sobre todo el continente con un dinamismo irrefrenable, pero la prosperidad económica y los programas que han rescatado de la pobreza a no menos de 40 millones de ciudadanos durante el último decenio están lejos de ser el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. Son más apropiadamente el resorte que ha puesto en marcha el cambio en una estructura social que cobija a un tiempo la favela y las nuevas tecnologías, el auge de los centros financieros con formas de corrupción inamovibles gobierne quien gobierne.

Puede decirse que la corrupción ha sido durante generaciones un mecanismo de socialización más. En todas las etapas democráticas de la historia de Brasil, los partidos han oscilado entre la complicidad manifiesta con los corruptos y la tibieza para combatirlos. Ni siquiera el PT, el partido de Lula, el de la oposición a los desmanes de gobiernos venales, ha escapado a esa lógica, de tal manera que no pueden sorprender opiniones como la Bruno Lima Rocha en las páginas de O Globo: “Después de diez años de coalición del PT y otros partidos que otrora fueron de izquierdas, siempre aliados con lo peor de las oligarquías brasileñas y sus grandes agentes económicos, los movimientos populares casi se desarmaron. Forma parte de la política que las nuevas formas de organización social procedan de frentes sociales no manipulables”.

Lula y Dilma

Lula da Silva y su heredera política, la presidenta Dilma Rousseff, en una imagen de la campaña de las elecciones del 2010.

Sería ingenuo afirmar que ha llegado a Brasil la desconfianza hacia las formas tradicionales de partición política, porque la desconfianza es anterior a la protesta en la calle; en realidad, es uno de los motores que ha unido la masa crítica de la protesta. Y puede que por ese motivo la convocatoria de un plebiscito sea fruto de una intuición al entender que es la forma más adecuada para que el Gobierno recupere la complicidad de la calle en la lucha contra la corrupción, la intervención en servicios esenciales –transportes, educación, sanidad–, la disciplina fiscal y el control de la violencia policial. La propuesta de plebiscito hecha por Rousseff sería así una fórmula para tomar de nuevo la iniciativa y acercar a las voces de la calle el palacio de Planalto, sede de la presidencia.

“Sé muy bien que ninguna democracia vive sin partidos. Pero hay formas de mitigar esa influencia, de introducir trazos de voluntad popular, de consulta directa a la población”, ha declarado Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal y partidario decidido del plebiscito. Pero ¿es suficiente un plebiscito para encarar un proceso constituyente? El perfil de la protesta no da para tener buenos presagios, sino para temer que se enquiste una crisis social con dos frentes perfectamente definidos: el de la política sustentada en el sistema de partidos en circulación y el de los decididos a depositar la confianza en formas organizativas de nuevo cuño, alejadas de las convenciones y del reformismo a la brasileña encarnado por Lula. El objetivo de este cuando fue investido presidente de asegurar tres comidas al día a todos sus compatriotas ya no es suficiente, aunque todavía no se logrado; ahora hay una clase media que pide calidad de vida y derechos sociales después de haber sido redimida de la pobreza.

“Para hablar directamente con la calle, la solución (del plebiscito) sería seguramente la mejor”, ha escrito Zuenir Ventura en O Globo. Pero cuando ni siquiera el fútbol sirve para ahuyentar los demonios familiares de la sociedad brasileña, entonces los frutos del plebiscito son una incógnita. No valen las referencias a otros mundiales, como el de Sudáfrica, que proyectaron a todo el planeta la imagen de un país renovado; no vale el precedente de Barcelona 92, que puso al día una ciudad que hoy recoge los beneficios de la gran empresa de los Juegos Olímpicos; no convence el ejemplo de Pekín, que utilizó el olimpismo para certificar que China es la gran potencia del siglo XXI. Y no valen estas invocaciones porque el origen de la protesta hay que buscarlo en una izquierda que se ha revuelto “contra un desfase entre los avances económicos y las ganancias sociales”, y reclama “una intervención del Estado en el sentido de abrirse a una mayor participación pública en los procesos”, según el análisis de Francisco Bosco.

Niteroi

Manifestación en Niteroi, cerca de Río de Janeiro, el 21 de junio.

Frente al tópico del fútbol como una religión compartida por todos los brasileños y a la creencia de que el culto al cuerpo es una obsesión nacional, que genera una complicidad espontánea con los Juegos Olímpicos, surge la realidad de las tensiones derivadas de una sociedad cambiante. Frente al Brasil alejado de los grandes debates internacionales se concreta otro destinado a ser el gran interlocutor de Estados Unidos en Latinoamérica, a participar activamente en la reforma de las Naciones Unidas, a condicionar el mercado energético con sus ingentes reservas de petróleo en el fondo del océano, a competir con los grandes polos de la industria del ocio y a buscar, en fin, un lugar bajo el sol en el selecto club de las potencias emergentes de este comienzo de siglo. La vecindad inmediata ha dejado de ser el campo de actuación preferente de Brasil porque ahora su condición es la de potencia regional.

El riesgo es que, de no corregirse el desajuste social con medidas concretas y tangibles, crezcan el desapego a la política y la desconfianza en las instituciones. “Una execración de la política tiene cuanto es preciso para degradarse, de una u otra forma, en populismo autoritario”, sostiene el diario O Estado de Sao Paulo, que evoca un peligro que está ahí como suma y compendio de las debilidades del sistema. Al mismo tiempo, una parte de la opinión pública, incluso de tradición progresista, comparte el análisis del comportamiento de la presidenta Rousseff publicado por Hélio Schwartsman en el periódico Folha de Sao Paulo, de orientación conservadora: “Intentó dar contenido y dirección a un movimiento popular que ganó enseguida, pero no sabe hacia dónde camina. Cuando se analizan las propuestas concretas de la mandataria se tiene la sensación de que se incorporó al clima de las manifestaciones y decidió actuar sin pensar”.

Claro que al apuntar directamente a Rousseff, el medio preferido de la muy conservadora burguesía paulista pone las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son estas? Esencialmente, aprovechar el momento para erosionar la imagen de Rousseff, quien a pesar de los acontecimientos de las últimas semanas mantiene su estatus de presidenta respetada, con un alto índice de aceptación y, no se olvide, encargada de administrar la herencia política de Lula. Y para los ideólogos del compromiso social y de la lucha contra la pobreza, para los planificadores de un futuro sin favelas y una Amazonia salvaguardada de una explotación descontrolada, para los defensores de las naciones indígenas, para cuantos esperan que para el 2020 se haya completado una reforma ecuánime en el reparto de las tierras de labor, el mensaje de Lula, sea dicho por él o mediante persona interpuesta –Dilma Rousseff–, sigue siendo la principal fuente de inspiración. Habría que decir, quizá, la referencia principal del reformismo latinoamericano que no ve futuro en la prédica bolivariana de los albaceas de Hugo Chávez.

 

Incertidumbres árabes a las puertas de Israel

Después de bombardear la instalación militar siria de Jamraya y de obtener la consabida comprensión de Estados Unidos, el Gobierno de Israel ha tomado la iniciativa antes de recibir a finales de mes a John Kerry, secretario de Estado. Este se propone respetar la simetría formal al entrevistarse con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y cruzar el muro de Cisjordania para hacer lo propio con el presidente palestino, Mahmud Abás. En la práctica, tal simetría no existe, pero es preciso simularla porque la guerra de Siria y la fractura política en Egipto configuran la periferia de Israel como un ecosistema propenso a la inestabilidad, condicionado por las incertidumbres árabes y por la aparición más o menos imprevista de nuevos actores como China.

La política israelí de hechos consumados incomoda a Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca se acerca inexorablemente al momento en el cual un presidente cree llegado el día de pasar a la historia por algún hecho notable antes de que su condición de pato cojo –los dos últimos años del segundo mandato– proyecte una imagen de debilidad. El precedente de las negociaciones de Camp David del verano del 2000 –Ehud Barak y Yasir Arafat–, que promovió Bill Clinton y acabaron sin resultado, son el ejemplo más socorrido de las urgencias de un presidente que persigue la gloria histórica urgido por la inexorable marcha del tiempo. Pero hay otro factor que opera a favor de los renovados esfuerzos de Estados Unidos en Oriente Próximo: su deseo de modular su compromiso en la región con la poco menos que total independencia energética que garantizan los últimos yacimientos descubiertos en territorio norteamericano.

Los riesgos que debe medir Barack Obama no son menores. El programa de asentamientos seguido por el Gobierno israelí en Cisjordania amenaza con hacer definitivamente inviable la solución de los dos estados en no más de dos años (Miguel Ángel Moratinos), una situación que invalidaría el posibilismo de la Autoridad Palestina. La guerra en Siria tiene un poder de contaminación que llega hasta la frontera de Israel mediante los milicianos de Hizbulá, asentados en el sur de Líbano. La crisis política y económica en Egipto desgasta el islamismo político y da alas al salafismo, alentado desde los púlpitos de las mezquitas y que atrae a las bases del Partido de la Libertad y la Justicia, la marca electoral de los Hermanos Musulmanes. De todas las rutas trazadas en ese laberinto, la única que Estados Unidos conoce como la palma de la mano es la que lleva a Jerusalén; para las otras carece de una guía de viaje fiable.

El diplomático canadiense Michel Duval, exembajador de su país en la ONU y en el Líbano, sostiene que no es posible encontrar una solución factible al caso sirio fuera del Consejo de Seguridad. Duval habla con conocimiento de causa cuando señala que Rusia y China se oponen a una intervención en Siria autorizada por las Naciones Unidas porque tienen muy presente lo sucedido en Libia, donde la OTAN “fue increíblemente más allá del mandato de la ONU”. Eso debilita a Lajdar Brahimi, el enviado especial despachado al conflicto por la comunidad internacional, porque “lleva dos sombreros incompatibles”, en palabras de Duval a La Presse, el gran periódico centrista de Montreal: el de la ONU, que aspira a la imparcialidad, y el de la Liga Árabe, que ha tomado partido por la oposición siria en armas. Habría que añadir que en la memoria colectiva de la Administración de Obama están muy vivas las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak, que desgastaron la imagen internacional de Estados Unidos y alimentaron las corrientes antioccidentales más radicales en el mundo árabe, incluido el frente yihadista.

Por si esas razones no fueran suficientes, hay una de orden práctico que respetan todas las cancillerías: carece de sentido político intervenir en Siria a cambio de nada. El apoyo que otorgan Rusia y China a Bashar el Asad es a cambio de algo –influencia en la región–; el de Irán está íntimamente relacionado con la praxis del chiismo en tierra hostil y en su pulso con el islam suní del Golfo, más el programa nuclear de la república islámica. La eventual implicación de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se produciría a cambio de muy poco y sería bastante mal recibida por la calle árabe, que vería la mano de Israel, seguramente con razón, en el compromiso de las potencias occidentales. Las mismas que encabezaron la intervención en Libia después de haber rehabilitado a Muamar Gadafi durante la primera década del siglo. Las mismas que, a falta de otros motivos, esgrimen el temor de que quienes con más atributos mueven los hilos de la oposición son los yihadistas curtidos en mil batallas, que se han adueñado de la dirección de las operaciones y son hoy tan sospechosos de recurrir a las armas químicas (Carla Del Ponte) como el Ejército de Asad.

En Egipto, los presagios no son mucho mejores. El Gobierno mantiene unas interminables negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares que le permita tapar agujeros, pero el martes hubo una remodelación de Gobierno que incluyó, entre otros, el nombramiento de un nuevo ministro de Economía, Fayad Abdel Moneim, un perfecto desconocido especialista en finanzas islámicas. Mientras tanto, la inflación interanual supera el 8%, la libra egipcia se ha depreciado con respecto al dólar el 15% desde primeros de año y el Gobierno ha decidido recortar los subsidios a la energía, que representan un quinto del presupuesto. Se supone que esta y otras medidas futuras, como subir los impuestos sobre las ventas, persiguen el equilibrio fiscal y anticiparse al programa de austeridad que impondrá el FMI, pero los funcionarios de la organización se declaran desconcertados con los cambios de responsables políticos. “Cada vez que conocemos el comportamiento de un ministro, este desaparece”, le manifestaron representantes del FMI a Samir Raduan, primer ministro de Economía después de la caída de Hosni Mubarak, según recoge la edición digital en inglés del diario cairota Al Ahram.

En el baile de nombres desencadenado por el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ven algunos la presión del ala menos política de los Hermanos Musulmanes, cuya influencia habría crecido a partir de la crisis de diciembre y el endurecimiento de la oposición. Es posible que se haya producido esa deriva de la Hermandad hacia el radicalismo, pero un especialista como Abdalá Schleifer, profesor emérito de la Universidad Americana de El Cairo, pone en duda que se haya producido una hermanización de Egipto, el diario Daily News Egypt destaca que solo un tercio de los ministros procede de la Hermandad y el profesor Shadi Hamid, director de investigación del Brookings Doha Center, concluye con una afirmación contundente un largo artículo en el último número de la revista Foreign Policy: “Las auténticas batallas ideológicas realmente aún no han empezado”.

Esas batallas venideras interesan directamente a los gobernantes israelís, que hasta la fecha han sorteado la inestabilidad egipcia mediante el acuerdo directo entre generales a un lado y otro de la frontera del Sinaí. Se trata de una solución inconcebible fuera de la militarización de los espíritus en Israel y de los privilegios hors catégorie de los que disfrutan los uniformados en Egipto, pero es una alternativa útil, razonablemente estable y de naturaleza técnica hasta donde cabe aplicar este adjetivo al cometido de militares profesionales, teóricamente sujetos a la política de seguridad diseñada por cada Gobierno. Al mismo tiempo, es una fórmula que puede quebrarse en la medida en que el enconamiento político en Egipto lleve a la mesa del Consejo de Ministros el disgusto de la calle árabe por la gestión del problema palestino, algo que por lo demás se percibe en la base de los Hermanos Musulmanes y en las redes sociales, caja de resonancia de una opinión pública disconforme.

Hasta que se consume el acuerdo con el FMI, la pugna entre las dos grandes ramas del islamismo político conocerá un crescendo lleno de riesgos. Tal como explica Hamid en su artículo, la Hermandad mantiene viva la discusión en cuanto a la prevalencia de la sharia como fuente de derecho, a diferencia del rumbo seguido por el partido Ennahda, que gobierna en Túnez, a pesar de su ideología asimismo islamista. Y está lejos de haber cerrado la discusión referida a cuál es el límite aceptable de las condiciones que impondrá el FMI, un factor de división que también se da en las filas de una oposición aglutinada en torno a la defensa de un Estado laico y bastante menos homogénea en cuanto atañe a la economía, el agravio palestino y las relaciones con los vecinos, así se trate de Israel o de las petromonarquías.

Todo esto importa a Israel y afecta a su estabilidad emocional, dañada todos los días por episodios simbólicos, pero de gran repercusión, como la decisión del físico Stephen Hawking de sumarse al boicot académico y no acudir a una conferencia en Jerusalén para protestar contra la política que el Gobierno de Netanyahu sigue con los palestinos. La efervescencia a las puertas de Israel, bastante fuera del control de sus aliados más sólidos, transita entre la institucionalización de la primavera egipcia y la escalada bélica siria, alienta a agitadores armados como Hasán Nasrala, líder de Hizbulá, que se declara dispuesto a ayudar a Siria para que reconquiste el Golán, y lleva a las opiniones públicas árabe e israelí a radicalizarse. Y en esta atmósfera enrarecida desde siempre por pasiones desbordadas, los partidarios de mantener los equilibrios tienen un margen de maniobra más estrecho a cada día que pasa, como si la única elección posible fuese entre lo malo y lo peor.