Salman calienta el Golfo

La guerra fría del golfo Pérsico se ha calentado con consecuencias impredecibles. La ruptura de relaciones de Arabia Saudí e Irán, seguida de otros gestos hostiles de los gobernantes sunís dirigidos a la teocracia de los ayatolás, no es más que el primer episodio de un enrarecimiento de la atmósfera cada vez más irrespirable en una región condenada a encadenar crisis. La monarquía saudí, parapetada detrás de la mayor de las distinciones asumida por el rey, protector de los santos lugares de La Meca y Medina, está dispuesta a hacer cuanto está a su alcance, y es mucho, para disputar la hegemonía regional a la república islámica. A punto de cumplir su primer año en el trono de Riad, Salman bin Abdelaziz no ha dejado pasar la ocasión de hostigar al régimen iraní con la ejecución junto con otras 46 personas del clérigo chií Nimr Baqir al Nimr, condenado a la pena capital por terrorista (en realidad, sometido a juicio por promover la primavera árabe en la más influyente de las petromonarquías).

Como tantas veces desde la noche de los tiempos, la religión, el litigio teológico y la remisión a los profetas no es más que un pretexto encubridor de ambiciones políticas, de la disputa por el poder. Desde que a mediados del año pasado se registró una rehabilitación de facto del Gobierno de los clérigos iranís a través de una negociación en la que se comprometieron a no desarrollar un arsenal nuclear, ha sido manifiesta la incomodidad saudí con la nueva situación. Comprometido con la alianza encabezada por Estados Unidos que combate al Estado Islámico en Siria e Irak, con el sostenimiento del régimen yemení zarandeado por el levantamiento de los hutis (chiís), con el apuntalamiento de la carcomida economía egipcia y con la tutela de la débil monarquía de Baréin –familia real suní para un pequeñísimo país con el 80% de la población chií–, el rey Salman se ha embarcado en una operación de afianzamiento personal dentro y fuera de Arabia Saudí, jaleado por el coro de aliados de la Liga Árabe.

Lejos de ahondar en su llamamiento de primera hora para restablecer la unidad en el orbe musulmán, dividido por la guerra, Salman ha dado pasos cruciales para exacerbar las pasiones, favorecido todo por el asalto a la embajada saudí en Teherán, un movimiento al que no son ajenos los sectores más duros del entorno del guía espiritual Alí Jamenei, defraudados con el realismo político del presidente Hasán Rohani. A diferencia del desafío permanente practicado por Mahmud Ahmadineyad, anterior presidente de Irán, su sucesor ha optado por el compromiso, pero eso ha alarmado a los guardianes de la revolución, a los herederos ideológicos del ayatolá Jomeini, que temen que en la transición del enfrentamiento con Occidente a la convivencia pierda el país parte de su influencia en el Golfo y en la gestión de las crisis en Oriente Próximo. Un temor compartido por los saudís, que sospechan que el precio de la rehabilitación iraní puede ser el debilitamiento saudí en su área de influencia.

“Por encima de las diferencias sectarias entre Arabia Saudí e Irán, aquello que más enfrenta a los dos países es lo que tienen en común. Ambos regímenes han basado su legitimidad en una misión transnacional de exportación de la religión y salvaguarda del islam. Después del despertar árabe y del hundimiento del sistema regional de estados que le siguió, la competencia por el poder se ha vuelto más urgente”, afirma el especialista Ray Takeyh en un artículo publicado en el Financial Times. Para Takeyh, el acuerdo nuclear está lleno de deficiencias y activa la desconfianza saudí, pero la Administración de Barack Obama entiende que es una herramienta política indispensable para incorporar a Irán a una solución política futura de la carnicería siria, si es que la hay. Es ese un viejo planteamiento que se remonta a los años 2012 y 2013, y que no ha dejado de tener adeptos desde entonces.

El planteamiento de la Casa Blanca no está exento de riesgos hasta ahora poco atendidos. En especial el efecto que en la cohesión de Irak puede tener el conflicto abierto por saudís e iranís, según se ha ocupado en destacar The New York Times. Para muestra, un botón: la reconquista de Ramadi, ocupada por el Estado Islámico durante año y medio, ha sido posible por la contribución suní a las operaciones del Ejército iraquí, mayoritariamente chií, pero ese tipo de colaboración podría saltar por los aires si se agria más y más la disputa entre Salman y los ayatolás. Irak tiene una larga experiencia de guerras sectarias desde la caída de Sadam Husein –la más sangrienta fue la del 2006-2007–, que han erosionado la identidad colectiva iraquí.

Las digresiones religiosas apenas tienen espacio en ese andamiaje levantado sobre la lógica de la seguridad, la diplomacia y los intereses económicos (las exportaciones de petróleo). Esa especie de política de las emociones aplicada a la religión tiene poco que ver o que decir cuando las referencias son otras, cuando incluso los retos planteados por el Estado Islámico, presentados dentro de un envoltorio de naturaleza religiosa, son perfectamente explicables fuera de él, con lo que, de nuevo, la sacralización del momento adquiere la condición de simple coartada. Tan cierto es que sigue vigente un litigio religioso más que milenario –sunismo frente a chiismo y viceversa– como que lo que más pesa en el presente es la disputa por la hegemonía regional.

¿Es eso todo? Quizá no; acaso Salman precisa pertrecharse con una dosis suplementaria de autoridad dentro de palacio y atenuar las tensiones familiares. Seguramente él es el último en reinar de los hijos de Abdelaziz, fundador de Arabia Saudí en 1932; su sucesor será uno de los muchos nietos del padre de la dinastía de los Saud, y es improbable que la llegada al poder de una nueva generación se haga sin tensiones en el seno de una familia real que suma la friolera de 25.000 miembros, una trama inextricable de intereses y privilegios. Algún think tank baraja incluso la hipótesis de que el tránsito de los hijos a los nietos de Abdelaziz entrañará inevitablemente un debilitamiento del núcleo de poder saudí, articulado desde los inicios en torno a la figura de un monarca absoluto. ¿Pueden evitarlo las rentas del petróleo que todo lo sofocan?

 

Ceremonia de tránsito en Venezuela

La determinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de seguir con el programa bolivariano sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas alarma a la oposición y pone en guardia a los adversarios del régimen fundado por Hugo Chávez, pero no deja de ser un síntoma inequívoco del agotamiento del modelo. Al parapetarse detrás de la memoria del gran ausente, en un gesto característico de los populismos en circulación, el establishment poschavista da la razón o eso parece a cuantos dentro y fuera del país piensan que el experimento no da más de sí, que solo le queda recurrir a la épica de la resistencia, de enrocarse en sus propias convicciones sin atender a la reacción de la calle, a los riesgos cada vez mayores de fractura social, a la quiebra económica y al veredicto de las urnas.

La efervescencia en los medios y la controversia sobre el rumbo que debe tomar la revolución si el escrutinio da el triunfo a la oposición encuadrada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –pronóstico de las encuestas– alienta el debate sobre el compromiso del bando bolivariano con los usos democráticos. Al mismo tiempo, el debate ensombrece o empequeñece la debilidad poselectoral que se atribuye a la MUD a causa de su diversidad y de la pugna no extinta entre personalidades a menudo incompatibles. De tal manera que el entorno de Maduro no solo no ha sabido explotar en su beneficio tal circunstancia, sino que ha permitido a los interesados –democristianos, socialdemócratas, liberales, diferentes izquierdas decepcionadas– soslayarla y exacerbar la crítica al madurismo, si así puede llamarse, en especial a partir de la condena impuesta a Leopoldo López al final de un proceso preñado de sospechas.

“Esto no es la fiesta del Chivo [Leónidas Trujillo, dictador dominicano] ni la de Blas [canción popular en los 60], pero todos pretenden colearse [adelantarse a alguien quitándole el puesto en una fila]. El 7 de diciembre, víspera de aquel 8 de luna llena [primera victoria de Chávez], el pueblo celebrará, mientras los entrometidos de todo el mundo sufrirán la decimonovena resaca que les provoca la soberana patria de Bolívar y Chávez”, escribe Earle Herrera en Últimas Noticias. Pero esa ensoñación, esa victoria presentida o deseada está lejos del vaticinio de los sondeos y, en consecuencia, presagia un pospartido lleno de tensiones en el tránsito de las ilusiones a la realidad.

Si hasta ahora las limitaciones del sistema –desabastecimiento, inseguridad, inflación, entre otros– han tenido una repercusión limitada en los comportamientos políticos de la calle, todo puede cambiar a poco que se resquebraje el mito del chavismo invencible, sostenido por los desheredados. Maduro carece del poder de convicción, de movilización y de resistencia que demostró tener Chávez, y que varias veces atenuó el descontento de una clase media urbana exhausta. El trono de Chávez sigue vacío más allá de los formalismos del poder, y han bastado menos de tres años para dejar en evidencia las limitaciones de su sucesor, transmutado con demasiada frecuencia en caricatura extemporánea del fundador del régimen bolivariano.

Ese tránsito de las ilusiones a la realidad puede realzar el perfil depresivo del momento, la esperanza poco fundamentada puesta por los ideólogos del poschavismo en una pronta subida, poco menos que milagrosa, del precio del petróleo en la franja de los 70-80 dólares el barril (ahora se mueve alrededor de los 45 dólares; Chávez soñó en el 2008 que llegaría a los 200 dólares). Las proyecciones son muy otras, aunque en Caracas se esgrima como un acto de justicia histórica el ascenso de la cotización del oro negro. El clima en la OPEP es más propicio a mantener las vigentes cuotas de producción que a reducirlas el 5%, como quiere Venezuela, y el petroislam sigue en la porfía de retrasar la autonomía energética de Estados Unidos mediante un abaratamiento del barril que, dicho en corto, hace imposible que sean rentables los yacimientos que requieren el costoso recurso a la tecnología del fraking.

“Hoy Maduro, proclamado como su hijo [de Fidel y de Raúl Castro], conduce el país al peor barranco de su historia”, sostiene Nelson Baracanda en El Universal, el diario caraqueño de oposición más leído. Más allá del gesto militante del articulista, deseoso de que la victoria sea para la MUD, lo cierto es que la falta de realismo en una situación económicamente insostenible deja el campo libre a los críticos acérrimos, a cuantos arremetieron contra el chavismo antes de que vieran la luz las primeras reformas sociales. Y esa negación de la realidad incluye no admitir la vulnerabilidad de un modelo que fió gran parte del éxito en el monocultivo petrolero, asociado, para mayor contradicción, a la exportación masiva a Estados Unidos, un negocio en el ocaso y a punto de pasar a la historia. Venezuela carece hoy de alternativas, de lo que los expertos llaman explotación de nuevos nichos de negocio.

La experiencia chavista se ha sumido en un ensimismamiento autocomplaciente, ha renunciado a la crítica desde dentro y ha echado mano todos los días a la redención de los pobres para encubrir sus fracasos, sus contradicciones y su tendencia a enrocarse en su prontuario ideológico. Si esto sirvió hasta la fecha para sumar adeptos y desarrollar una política clientelar no siempre saludable y mucho menos sostenible, ahora tiene todas las hechuras de una pesada carga que da alas a la oposición sin que, por lo demás, esta haya concretado cuáles son los grandes objetivos materiales que persigue.

“Nunca antes una votación electoral tuvo la importancia de medir verdaderamente cuánto han calado en el ánimo del ciudadano las presiones, el miedo y la incapacidad para gobernar y echar para adelante al país más prometedor del nuevo mundo”, concluye Álvaro G. Requena en un artículo publicado en el periódico de oposición El Nacional. Con independencia de la adscripción ideológica del firmante, esta es otra realidad ineludible. Nunca antes fue tan grande la sensación de que Venezuela celebra este domingo una ceremonia de tránsito, uno de esos ritos políticos que, como la victoria de Chávez en 1998, abren o cierran un ciclo político, según se mire; abren o cierran un cambio de régimen, de pacto social o de encaje social, como se prefiera, y sitúan a la comunidad ante un desafío nuevo e inaplazable. Las elecciones tienen ese poder taumatúrgico, de modificación de la hegemonía política al final de un proceso de maduración de cambios sociales que casi siempre pasan desapercibidos a ojos del poder, pero ahí están y dislocan un ecosistema político que hasta aquel momento parecía inalterable. Eso parece ocurrir en Venezuela.

Rusia, condenada a una crisis

“Si Rusia no empieza hoy su modernización, corre el riesgo de convertirse mañana en un país del Tercer Mundo”, vaticinó en el 2012 el analista IgorYurgens. Dos años antes, varios líderes políticos, exdirigentes de la Unión Soviética, economistas y empresarios habían dado público apoyo a un proceso de modernización acelerada de la economía rusa, excesivamente dependiente de la exportación de energía y, por esa razón, de las fluctuaciones de un mercado sometido o influido a todas horas por los vaivenes de la política. La caída de los precios del petróleo a finales de 2008 puso en evidencia la debilidad de los países dependientes del monocultivo del petróleo, fuente principal de los ingresos en dólares, y hoy como ayer vuelven a cernirse sobre la economía rusa los peores presagios –la caída en picado del rublo, la escalada inflacionista y la contracción del mercado interior–, agravados por las sanciones de Occidente a causa de la crisis de Ucrania.

En realidad, el rosario de datos concatenados que determinan las dificultades de la economía rusa revelan hasta qué punto es esta vulnerable. No solo porque carece de alternativas rentables e inmediatas para compensar el efecto de las sanciones impuestas por Occidente, sino porque está a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, que está condicionado por la capacidad de producción y distribución de la OPEP y la acumulación de reservas en todo el mundo. Por utilizar la terminología al uso, Rusia tiene una muy limitada capacidad de resistencia, aunque durante la presidencia de Dmitri Medvédev, gracias al buen momento de las relaciones ruso-estadounidenses, la impresión fuese otra.

Según un artículo de William E. Pomeranz distribuido por la agencia Reuters, “la espectacular caída del precio del petróleo supone un descenso de las rentas del Estado y menos dinero para los ambiciosos proyectos de gasto militar y social de Putin”, que debe unirse a la fuga de capitales, cuya cuantía es imposible calcular. En cualquier otro escenario que no fuera el ruso, se diría que se dan las condiciones para una crisis social o, al menos, hay el riesgo cierto de que se produzca, pero en el proceso de rearme moral colectivo emprendido por el Kremlin a raíz de la crisis ucraniana y del consiguiente distanciamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea, es posible que, a pesar de los pesares, siga influyendo más el reflejo nacionalista que el efecto inmediato de la crisis económica.

Eso es, al menos, lo que daban a entender las encuestas de hace solo un mes, que otorgaban a Putin un índice de aceptación de alrededor del 80%. Cosa distinta es que el restablecimiento de la grandeza de Rusia como gran potencia sea viable sin una economía que no dependa solo de las fluctuaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas. Porque cuando la propaganda rusa amenaza con buscar otros clientes para sustituir a los recelosos europeos, oculta un dato: solo China puede compensar una disminución significativa de las ventas en el mercado europeo, como ha entendido Vladimir Putin, que ha firmado acuerdos de suministro con los gobernantes chinos que empezarán a aplicarse en el 2018. E incluso así, la falta de acuerdo para el gaseoducto South Stream, que debe conectar la red rusa a la de la UE por Bulgaria después de cruzar el lecho del mar Negro, daña sin remisión la política de ventas diseñada por Gazprom, la primera empresa rusa, para evitar el paso del combustible por Ucrania.

De ahí a concluir que la decisión de la OPEP de mantener la producción –30 millones de barriles diarios– está relacionada con la situación de Rusia media solo un paso. A pesar de los datos que reflejan una caída del consumo, un aumento de las reservas y un descenso de las importaciones en Estados Unidos a raíz de la explotación de los yacimientos de esquisto, indicadores todos ellos que aconsejarían una disminución de las extracciones, la reacción ha sido justamente la contraria y el barril de Brent se ha situado por debajo de los 70 dólares –llegó en junio a los 115 dólares–, con grave perjuicio para monocultivadores de energía como Venezuela o Irán, sin otro producto que exportar, o para aquellos con una presencia muy limitada en otros campos, caso de Rusia. Dicho de otro modo: la decisión impuesta a la OPEP por Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo es hija seguramente de la determinación de Estados Unidos y sus aliados de presionar indirectamente a Rusia sin sufrir o afrontar el desgaste político de un nuevo motivo de tensión después del de Ucrania.

Hay en este relato ingredientes suficientes para vislumbrar una nueva guerra fría posmoderna en la que ya no cuentan tanto la ocupación de áreas específicas, con la consiguiente parafernalia nuclear y la rivalidad entre modelos económicos diferentes, sino el recurso a la economía global para domeñar voluntades. La economía rusa dejó de ser, con el hundimiento del bloque socialista, la isla no contaminada o no relacionada con la red de intereses de la economía occidental, y no puede sostener por tiempo ilimitado la situación actual so pena de aceptar un empobrecimiento acelerado de la clase media surgida de las privatizaciones, las inversiones extranjeras y la exportación de energía como instrumento casi exclusivo para financiar la modernización del país. Las compras de propiedades hechas en dólares y euros, que son ahora inasumibles a causa de la devaluación incesante del rublo hasta perder un 40% de su valor, constituyen el ejemplo más llamativo de una situación que puede llegar a ser insostenible para el grupo social que ha asentado en el poder el nacionalismo encarnado por Putin.

En el trabajo Rusia en el siglo XXI. Una visión para el futuro, del año 2010, varios autores insisten en que las élites no lograron llevar a la práctica el programa de modernización necesario para no ser un país diferente. Pero enseguida surgió en aquel entonces la respuesta del bando contrario a cambiar las coordenadas políticas rusas con el argumento harto discutible de que los fracasos en materia económica no significan que sea necesario un cambio en el sistema. Por el contrario, el artilugio constitucional que llevó a Medvédev a la presidencia para permitir luego el regreso de Putin al frente del Estado se entendió como una garantía de progreso, cuando en la práctica cegó las vías de acceso a cambios políticos significativos, a la alternancia en el poder de diferentes opciones y a la competencia entre programas. Que esto fuese útil en un primer momento, final de la década de los 90, para atajar la decadencia sin remisión de la Rusia de Boris Yeltsin no significa que lo sea ahora para guardar los estandartes en el cuarto de banderas, abordar la crisis ucraniana con realismo y dar con una solución equilibrada que no sea una claudicación, pero que permita acabar con la incertidumbre de una economía en caída libre.

Es posible que en algún momento pensara Putin que podía derrocar al Gobierno de Ucrania, como ha escrito Paul Krugman, pero tal ensoñación se desvaneció en cuanto se multiplicaron en Occidente los valedores del Gobierno de Kiev. Se trató de un gesto lleno de oportunismo, de un desafío a la convicción de Putin de que sólo él tiene derecho a mantener ordenado y a su conveniencia el vecindario más inmediato, pero fue un acontecimiento decisivo para consagrar la división ucraniana, hacer de la guerra una enfermedad crónica y abrir un paréntesis para reflexionar. Lo que se cruzó luego en el camino del presidente ruso fue el cambio acelerado en el mercado de la energía, la falta de alternativas para cobrar en otros caladeros los dólares de menos obtenidos en los yacimientos de gas y petróleo.

Aun así, no creía Krugman este último verano que se diesen en el libro de ruta de las finanzas globales las condiciones necesarias para la concreción de una nueva guerra fría. Aludía el economista a la probada capacidad del capitalismo para adaptarse a todo tipo de situaciones, pero, y siempre hay un pero, en aquel tan cercano como lejano último agosto no ensombrecía las murallas del Kremlin la densa nube de la crisis social que ahora se teme o se presiente. Y Occidente no estaría libre de culpa si se cumpliera la sabia creencia de que cualquier situación siempre es susceptible de empeorar.

Escocia echa el freno

La victoria del no en el referendo de Escocia, intuido por las bolsas bastantes horas antes de que empezara el recuento, deja varias incógnitas por despejar y certifica el peso del voto no militante cuando se trata de tomar grandes decisiones. A la hora de decidir entre el del corazón y el no de la razón, como lo llama el periódico progresista francés Le Monde, aunque puede que sea más exacto hablar del no a las incertidumbres, este último se impone por razones prácticas, no forzosamente ajenas a los sentimientos. Porque de la misma manera que en el bando del fue muy grande durante toda la campaña el peso de las emociones, también en el del no desempeñó un papel de innegable trascendencia, como lo expresó Jason Cowley, editor del semanario británico New Statesman, referencia del centro izquierda: si Gran Bretaña no puede trabajar para mantenerse unida “a pesar de lo mucho que nos une –lengua, cultura, sacrificio compartido, sangre–, los presagios para el siglo XXI son en efecto oscuros”.

No hace falta decir que el triunfo del no está lejos de ser una especie de bálsamo de Fierabrás que cura la descohesión territorial y política en varios estados europeos, con España y Bélgica al frente de todos ellos, pero desaparece para la Unión Europea el reto de tener que afrontar el precedente escocés, esto es, la salida de Escocia del club, las repercusiones de tal situación y, no menos importante, los mecanismos de ingreso –plazos, condiciones, riesgos asociados– de una parte segregada de un Estado miembro. La UE respira aliviada y, con ella, los estados que la integran, aunque la vía catalana constituya un desafío de grandes dimensiones y resulta del todo precipitado suponer que el resultado de Escocia templará los ardores soberanistas. Puede incluso estimularlos, acrecentarlos, multiplicar el dinamismo de los organizadores de la V, a despecho de la reacción imprevisible de los ciudadanos silenciosos –hablar de mayoría silenciosa acaso fuera exagerado–, apegados a aquello que conocen y recelosos ante cualquier cambio brusco.

Mensaje final de Cameron, Clegg y Miliband publicado por el diario escocés 'Daily Recod'.

Últimas promesas de futuro de Cameron, Miliband y Clegg publicadas por el diario escocés ‘Daily Recod’.

Nadie sabe cuánto han pesado en el 55% de noes las dudas acerca de la permanencia en la UE, las divagaciones sobre el efecto inmediato de la secesión en la aplicación de los tratados europeos. Nadie puede aventurarlo, aunque cabe imaginar que, al adentrarse en esa terra incognita, muchos votantes deben haberse preguntado por las garantías de futuro de una Escocia independiente. Solo es posible afirmar con bastante seguridad que la perspectiva de un alejamiento de Europa debe haber sido importante en muchos noes, pero los estados europeos no pueden sentirse confortados con el poder persuasivo de permanecer en la UE o quedarse fuera, porque las cicatrices que deja el referendo serán visibles durante mucho tiempo, si no es que lo serán para siempre por más que el primer ministro británico, David Cameron, dé por zanjada la movilización independentista escocesa para, por lo menos, una generación.

El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha presentado la dimisión porque es el precio de la derrota, porque ni siquiera los más pesimistas podían temer un resultado tan contundente en contra de sus planteamientos, y también porque se cierra un ciclo político. Pero al abrirse un nuevo camino para la Escocia del futuro en el seno del Reino Unido no se cancelan las dudas sobre la consistencia de la UE tal cual fue configurada, con los estados como únicos actores políticos. Antes al contrario, en el horizonte amenazan algunos nubarrones y el final de la carrera política de Salmond no modifica ese dato esencial: la unidad europea solo tendrá una base sólida si sabe adaptarse, reformarse, para gestionar las novedades que depare el porvenir sin que cada dos por tres se adueñe de la UE una atmósfera de crisis.

De forma que el alivio en los despachos de Bruselas y en los de Madrid solo puede ser momentáneo, transitorio, como la calma entre dos tempestades. Y lo mismo sucede en los de Londres, donde ha desaparecido la necesidad imperiosa de negar la permanencia de Escocia en la libra, la obligación de discutir hasta el tercer decimal el reparto de la explotación del petróleo del mar del Norte y la discusión no menos ineludible del reparto de la deuda del Reino Unido. Porque se mantienen sobre la mesa las promesas del trío David Cameron-Edward Miliband-Nick Clegg, que afectarán directamente a la autonomía fiscal de Escocia y, por este camino, a la gestión de las rentas del petróleo y su impacto en el erario escocés. Porque la llamada por el analista Gerry Hassan tercera Escocia –los votantes laboristas y la izquierda en general, descontenta con los gobiernos de Tony Blair, el periodo de Gordon Brown y la oposición de Ed Miliband–, que ha apoyado el proyecto secesionista de Salmond, no se conformará con unas transferencias más o menos llamativas y exigirá que el Estado del bienestar quede razonablemente garantizado.

Los riesgos de fracaso económico a un año vista y de aislamiento en Europa de una Escocia independiente, pronosticados por The National Institute for Economic and Social Research, han dejado de perturbar el sueño a los operadores de la City y de los bancos escoceses, pero el día siguiente del referendo no solo abre nuevos interrogantes a propósito de la reforma federalizante que deberá encarar el Reino Unido –extendida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según promesa posreferendo de Cameron–, y la influencia que el proceso puede tener en otros estados europeos, sino el papel asignado a los grandes partidos, desbordados con frecuencia por el reto escocés. Desaparecen unos riesgos y asoman otros; se derrumban unas hipótesis y enseguida surgen otras; Escocia no sentará ningún precedente en la UE, pero otros pueden tratar de sentarlo, espoleados por la movilización en la calle, que en las ciudades escocesas nunca tuvo la envergadura de la de las tres últimas diades.

Portada del diario sensacionalista ‘Daily Mirror’ el día anterior al referendo. El titular dice ‘No nos dejéis de esta manera’, y de la bandera del Reino Unido ha desaparecido el color azul de la de Escocia.

El Reino Unido ha evitado la crisis constitucional de consecuencias devastadoras para Cameron y Miliband vaticinado por Gerry Hassan, pero los estados mayores de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, las asociaciones y movimientos de la V y sus oponentes tienen ante sí un trabajo descomunal de interpretación de lo sucedido, de cómo afectará al caso catalán y de quiénes pueden sacar más partido del no escocés. ¿Tranquilizará a los animadores más radicales de ambos bandos? ¿Azuzará las discrepancias entre CDC y ERC? ¿Sumará adeptos a la vía federalista, reforma constitucional mediante? ¿Sentenciará la ruptura de CiU o se recompondrá la federación a través de los sectores moderados de Convergència y de Unió? ¿Recurrirá Artur Mas a un léxico nuevo que serene los espíritus?

Resulta por lo menos lamentable que el nacionalismo español, de un europeísmo a menudo tibio, eche las campanas al vuelo por la victoria del no en nombre de la unidad europea. No es más reconfortante que persevere en un fundamentalismo constitucionalista que lleva a la parálisis política, a los disparates de José Manuel García-Margallo –la suspensión de la autonomía– y a diagnósticos como el de la periodista Maite Alcaraz en el programa Los desayunos, de TVE, donde sostuvo que el nacionalismo lleva a la división, algo que es posible compartir, dando a entender que el comportamiento del Gobierno no responde a ninguna forma de nacionalismo, algo imposible de aceptar salvo ceguera acusada. De la misma manera que no hay forma de suscribir, salvo pecado de ingenuidad, que el desenlace escocés no tendrá efectos en la estrategia y la táctica del bloque soberanista por más que en las formas se siga con el guion preestablecido: aprobación de la ley de consultas, publicación del decreto en el DOG, impugnación del Gobierno, suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y luego ya se verá.

En ese ya se verá hay una mezcla de política constitucional y de política electoral en los términos que lo ha hecho el analista británico Michael Binyon al desmenuzar el trasfondo de la campaña y de las consecuencias del referendo de Escocia. Ese trasfondo es extensible a España, pero aquí apenas se menciona y las preferencias de los oradores son otras: invocaciones forzadas a los grandes principios y referencias a la ley cortadas a su medida. Pero si para los laboristas era crucial mantener a Escocia en el Reino Unido, donde tienen 40 diputados por solo uno los conservadores, ¿qué decir de la importancia que para el PP tiene sostenella y no enmendalla para retener al electorado más refractario al Estado plurinacional? O, en sentido contrario, ¿qué decir de la necesidad de ERC de recurrir al agravio intolerable para asegurarse el sorpasso en la primera cita electoral que se lo permita? Y así con todos los partidos españoles y catalanes, con alguna razón electoral de peso para, más allá de los principios ideológicos y de las emociones, apoyar la consulta del 9-N o bien oponerse a ella.

Sería muy tranquilizante que a ambos lados del disenso catalán se oyeran voces autorizadas cuyas reflexiones se adentraran en la senda seguida por la doctora Paola Subacchi, directora de investigación del think tank británico Chatham House, en el artículo titulado La geometría variable de la soberanía nacional: “Las islas británicas se han convertido en el laboratorio ideológico para pensar y repensar el concepto de Estado-nación y su papel en un mercado global y muy integrado”. Pero nada de eso se percibe, al menos en la superficie, sino más bien una partida de desarrollo incierto, riesgos ciertos de que el sectarismo se imponga a los argumentos transversales y la tentación permanente de dar a la política un inusitado toque dramático.      

Todo ha fallado en Irak

Los peores presagios se han hecho realidad en Irak, al borde del abismo a causa de la irrupción irrefrenable de los yihadistas sunís del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el sectarismo del primer ministro Nuri al Maliki (chií) y el alejamiento de Estados Unidos del campo de batalla. Lo que se apuntó como una posibilidad en el 2003 a raíz de la invasión anglo-estadounidense, la quiebra del Estado y el desmembramiento de la comunidad iraquí, se avizora hoy en un horizonte sembrado de cadáveres, rivalidades regionales, enfrentamiento religioso y la sensación de que se está en el comienzo de un proceso paulatino de desestabilización cocinado a fuego lento por la guerra de Siria, que en marzo cumplió tres años, y la incapacidad de los gobernantes iraquís de salirse del comunitarismo para asentar el Estado. Todo cuanto ha sucedido en Irak desde que el EIIL tomó Mosul se ajusta a un guion donde el punto de partida es la ausencia de un Estado eficaz: la huida en desbandada del nuevo Ejército iraquí, el concurso de antiguos baazistas en el bando suní para combatir a los gobernantes de Bagdad, el llamamiento desgarrado del ayatolá Alí al Sistani para que la grey chií se sume a la lucha contra los islamistas sunís, el apoyo de los peshmergas –combatientes kurdos– a la ofensiva y una serie prodigiosamente variada de matrimonios de conveniencia que solo se sostienen en la atmósfera de la guerra.

De todas estas uniones por interés, la más razonada, razonable y previsible es la de Estados Unidos y Occidente en general con Irán. La rehabilitación a toda máquina de la república teocrática es posible porque, en el descoyuntamiento de la región, los ayatolás pueden desempeñar el papel de aliados estables en el golfo Pérsico, aunque sea a costa del disgusto de los saudís (sunís muy conservadores), que mantienen una pugna histórica con los chiís –los iranís– por la hegemonía en medio de un mar de petróleo. A punto de acotarse el alcance del programa atómico impulsado con entusiasmo por el anterior presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, el pragmatismo de su sucesor, Hasán Rohani, puede transformar a Irán en el socio necesario para desespero del frente neocon, que en el 2002 colocó a Irán en el eje del mal.

Barack Obama “habla de cambio climático mientras Irak vive a sangre y fuego”, clama Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush y primer promotor de la invasión de Irak en el 2003. “La intervención del 2003 no es responsable del caos iraquí”, ha escrito el exprimer ministro británico Tony Blair en las páginas del diario francés Le Monde. Algunos diputados conservadores alarman al establishment al buscar algún resquicio legal para llevar a Blair ante el juez por haberse sumado a la campaña del 2003. El escritor franco-marroquí Tahar Ben Jelloun se lamenta de que “Bush hijo no sea procesado por sus crímenes”. Y Dominique de Villepin, ministro francés de Asuntos Exteriores en los aciagos días de la invasión que se opuso a ella sin concesiones, se permite señalar tres fracasos en aquella operación que cambió el semblante de Oriente Próximo: la guerra contra el terrorismo, el cambio de régimen y la ausencia de una construcción nacional según la pensaron la Casa Blanca y el Departamento de Estado al poner en marcha la maquinaria militar.

Quizá sea cierto que hay en marcha una operación para desmembrar Irak, como ha declarado Al Maliki a la emisora de televisión Al Manar, instrumento del movimiento chií libanés Hizbulá, pero al emitir ese diagnóstico soslaya su propia responsabilidad en la crisis y, al mismo tiempo, refuerza la idea de los fracasos enumerados por Villepin. La publicación progresista británica New Statesman se refiere sin tapujos a la “desgracia de tener a Nuri al Maliki de primer ministro”. “Los chiís que dominan el Gobierno –explica– han trabajado de forma asidua para alienar la minoría suní y su mal gobierno ha contribuido profundamente a las presentes dificultades”. Y la decepción que transmiten los diplomáticos y funcionarios extranjeros que han estado en Irak abunda en mensajes de parecido tenor, como si la crisis de las mezquitas de 2006-2007 y la fractura social después de tres guerras –contra Irán (1980-1988), la intervención internacional de 1991 y la invasión del 2003– no hubiesen emitido suficientes señales de alarma para buscar un punto de encuentro de las tres comunidades que engloba Irak: sunís, chiís y kurdos.

Pero quizá la señal más elocuente del estrepitoso fracaso cosechado por Al Maliki y, de rebote, por Estados Unidos sea la debilidad de un Ejército que ha respondido a la presión islamista ausentándose del campo de batalla y dejando armas y bagajes a disposición del enemigo. Si alguien dudó alguna vez de que uno de los grandes errores cometidos por la Administración de George W. Bush fue desmantelar el Ejército de Sadam Husein, la suerte de los combates en Mosul, Tikrit y otros lugares no puede ser más esclarecedora: llevaban razón quienes dijeron que asentar un Ejército de nueva planta requiere un mínimo de 20 años; es una labor que no se puede improvisar aunque Estados Unidos se encargue de la operación y destine a ella grandes cantidades de dinero en forma de instructores y material de última generación. Lo que sucedió al desvanecerse el Ejército de Sadam Husein fue que creció exponencialmente la capacidad de resistencia al invasor de diferentes formas de guerrilla y, al mismo tiempo, las nuevas fuerzas armadas aparecieron ante una parte muy importante de la opinión pública iraquí como el brazo represor de un régimen impuesto, sometido a intereses foráneos. Y esa percepción sigue vigente.

La posibilidad de que se pase del rompecabezas a una guerra civil ahora incipiente depende de varios factores. El primero de ellos es comprobar hasta qué punto la calle iraquí, no las milicias organizadas de sunís y chiís, se suma a la lucha en cada bando con sus propios medios, como aventura que podría suceder Hayder al Khoei, investigador asociado al think tank británico Chatham House. Solo una intervención significativa de Estados Unidos puede evitar o al menos limitar una escalada cualitativa como la apuntada por Al Khoei, algo que, por lo demás, queda bastante lejos de las intenciones del presidente Obama, partidario que apoyar al Gobierno iraquí sin que un solo soldado ponga pie a tierra, y previo abandono del sectarismo por parte de Al Maliki. ¿Acaso se está ante una nueva muestra de que los tiempos de la unipolaridad y de la hiperpotencia han pasado a la historia? La respuesta del politólogo francés Dominique Lagrange se acerca bastante a la realidad: “No hay un polo en el sentido de un líder con capacidad de atracción, ni siquiera varios. Hay una centralidad de Estados Unidos en la estructuración de lo internacional”. Nunca la posguerra fría estuvo más lejos de constituir un sistema estable de relaciones entre los estados.

Al favor de esos vientos de guerra que de Siria han llegado a Irak, y acaso sigan su curso en busca de nuevos horizontes, se concretan dos realidades que, no por esperadas, resultan menos deplorables. La primera es el reforzamiento de Bashar el Asad, que combate a una oposición en la que el EIIL es de largo el grupo armado más dinámico, mejor instruido y que dispone de mejor material. La segunda es la tensión en los mercados energéticos, con un ojo puesto en la suerte final del gas ruso que debe fluir hacia Europa Occidental a través de Ucrania y otro atento al futuro de los pozos de petróleo iraquís. Resulta tan escabrosa la hipótesis de una tolerancia indirecta del régimen sirio, por tratarse de un mal menor, como la probabilidad de que las víctimas más vulnerables de la crisis económica vean agravada su situación por la arrogancia de cuantos se sumaron a la soberbia del trío de las Azoras para desmantelar Irak.

Por más recursos que dediquen los gabinetes de propaganda a deformar la realidad política presente, es improbable que gane adeptos el estado de ánimo de Blair: “Debemos desprendernos de la idea de que nosotros hemos provocado esta situación. No es cierto”. A cada muerto que se suma al parte de bajas crece la convicción de que el relato de la guerra de Irak partió de una falsedad –la existencia de armas de destrucción masiva–, dio pie a otra falsedad –el apoyo popular a la edificación de un nuevo régimen– y se ha instalado en una tercera falsedad –la viabilidad del nuevo Estado–, que ha quedado al descubierto en cuanto los fundamentalistas islámicos han dado la orden de ataque. Y esa construcción en paralelo a la versión oficial es tan convincente que es imposible imaginar que pueda imponerse la otra, la que pretende desviar el foco hacia causas y circunstancias locales.

¿Qué ha fallado en Irak? fue el título de la edición española de un libro firmado por el general estadounidense Wesley K. Clark. La respuesta hoy no puede ser más simple: todo. Las palabras pronunciadas por el presidente Bush poco antes de empezar la guerra suenan hoy a dramático sarcasmo: “Un Irak liberado puede poder de manifiesto el poder que tiene la libertad para transformar una región tan importante”. En la práctica, la liberación adquirió la naturaleza de guerra preventiva y la transformación llevó al país al desorden. La capacidad de contagio de ese desorden es inconmensurable.

Boko Haram, la obscenidad del sectarismo

Algo profundamente abyecto y obsceno alienta detrás del secuestro de más de 200 niñas y adolescentes nigerianas, la mayoría de confesión cristiana, perpetrado por el grupo islamista Boko Haram. Al asalto a un internado en Chibok, en el noreste del país, el 14 de abril, siguió el 6 de mayo la captura de ocho niñas de entre 12 y 15 años en Warabe, una aldea del norte. El destino de las menores no es otro que el de ser vendidas como esclavas sexuales, tal como ha anunciado el líder del grupo terrorista, Abubakar Shekau, ejemplo acabado de qué es un líder sectario, parapetado en este caso en el Corán para sembrar el odio a través de la religión. “Por Alá que las venderé en el mercado”, ha anunciado Shekau, convencido de ser el depositario único de la verdad, signo común a todas las sectas, sea cual sea su fuente inspiradora.

La organización Boko Haram fue fundada en el 2002 por Mohamed Yusuf, un predicador de la yihad y del odio a Occidente, que se presentó como el regenerador de la política nigeriana mediante la batalla para imponer la sharia. El nombre de la organización en lengua hausa significa “la educación occidental es pecado”, declaración de principios que llevó a la práctica con ataques a centros educativos públicos y privados de credo cristiano, pero también con atentados de toda clase contra civiles en el norte y centro del país. En el 2009, Yusuf fue capturado y ejecutado sin que mediara juicio, y fue sustituido por Shekau, que intensificó las acciones en todas partes, ayudado con toda seguridad por Al Qaeda del Magreb Islámico, una organización yihadista muy activa en el Sahel; en el 2012, Ansaru, una escisión de Boko Haram, internacionalizó la causa del islamismo nigeriano mediante secuestros y ataques a intereses extranjeros, en especial a partir de enero del 2013, cuando el Ejército francés intervino en Mali. Resultado de todo ello en los últimos doce años: ataques en más de 40 lugares diferentes, 160 atentados y al menos 2.600 muertos, de los que dos tercios –gran paradoja– eran musulmanes.

NigeriaLa simplicidad del programa de Boko Haram, establecer un califato en el norte de Nigeria, el desprecio por el género humano y el fanatismo religioso excluyen toda posibilidad de acuerdo. Percibe el laicismo en la enseñanza como “una herramienta para mantener el dominio de las élites sobre las masas”, explica en la publicación Jeune Afrique el analista nigeriano Bala Liman, especialista en la secta. Poco importa que las víctimas escogidas sean militares, policías, funcionarios públicos, los vendedores y clientes de un mercado o niñas y adolescentes de un internado, el caso es alcanzar la meta fijada, envuelta a menudo en el lenguaje que en otro tiempo manejaron revolucionarios y reformistas sociales surgidos –he aquí otra gran paradoja– del desarrollo del pensamiento político en Occidente. A ojos de ese extraño mundo regido por iluminados con un fusil a su alcance, el fin justifica sobradamente los medios, aunque el precio sea la vida de inocentes o la humillación execrable de las escolares que ahora tienen en su poder.

Nadie puede afirmar hoy que la movilización internacional –#BringBackOurGirls– para evitar que se consume la fechoría y vean la luz otras de parecido tenor, además de la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido al Gobierno nigeriano para dar con los yihadistas, arroje algún resultado tangible. Incluso cabe conjeturar que varias de las solidaridades de los últimos días responden más a la exigencia de la opinión pública de que se haga algo que a la disposición real de algunos de los movilizados a poner manos a la obra y afrontar el desafío sin reservas. Pero sí puede afirmarse que frente a un adversario que desconoce los fundamentos del humanismo, el respeto genérico a las otras gentes del libro –judíos y cristianos– que prescribe el Corán y los derechos humanos, entendidos como valores de alcance universal, es imposible albergar siquiera la remota esperanza de vencer por la vía del diálogo y la negociación.

Goodluck Jonathan, presidente de Nigeria.

El Gobierno del presidente Goodluck Jonathan ha ofrecido, por lo demás, un recital de incapacidad, incompetencia e ineficacia que facilita mucho las cosas a Boko Haram en su propósito de sembrar el pánico y desmoralizar a la población. Hay también algo abyecto y obsceno en la falta de resultados que presenta la hoja de servicios de un régimen que gestiona la primera economía de África en cifras absolutas, gracias a las rentas del petróleo, y que debe responder de la suerte de unos 170 millones de habitantes, integrantes de un mosaico cultural cuyas piezas tienden a no encajar. Hay algo decididamente escandaloso e injustificable en la imposibilidad del Estado de garantizar razonablemente la seguridad de los ciudadanos o, si se prefiere, de obstaculizar la vesania de los islamistas, dispuestos a todo, conmuevan o no sus acciones a la comunidad internacional.

El profesor nigeriano Muibi O. Opeloye se acerca con acierto al núcleo del problema de la neutralización por el momento imposible de Boko Haram a causa de las limitaciones del Estado, cuyas instituciones se perciben como una máquina de poder que, al carecer de otros atributos, carece asimismo de prestigio –¿de legitimidad? – y está siempre bajo sospecha. “La percepción nigeriana es –afirma Opeloye– que la política de partido es venenosa; es una política de guerra y no de paz; de acritud, odio y difamación, no de amor y fraternidad; es de anarquía y desacuerdo, no de orden y concordia; es una política de división, facciones y desunión, no de cooperación, consenso y unidad; es una política de hipocresía y charlatanería, no de integridad y patriotismo; es una política de bellaquería, no de madurez; es de chantaje y gansterismo, no de contribución constructiva y honesta”.

No es difícil concluir que los nigerianos se sienten integrantes de una comunidad desvalida, tutelada por gobernantes incompetentes, puede en ocasiones que venales. No es este un estado moral exclusivo de Nigeria, pero las dimensiones del problema que debe afrontar estos días lo hace más visible y la obligación del Estado de reaccionar es más urgente que nunca. Es cierto que los efectos perniciosos de la herencia colonial –división incongruente del territorio, élites acomodaticias, corrupción, explosión demográfica, urbanismo insostenible, rivalidad entre comunidades, litigios religiosos, etcétera– son más visibles en África que en cualquier otro lugar, pero remontarse a la noche de los tiempos para utilizar el pasado como coartada moral de las disfunciones del presente es con frecuencia un ejercicio de cinismo político. Parece más honrado y útil admitir que la ignominia del secuestro de las niñas es el fruto más amargo de un largo proceso de contemporizaciones, debilidad y, por qué no, ausencia del Estado, que ha facilitado la proliferación de un islamismo despiadado en el que las mujeres –niñas, adolescentes, adultas– están condenadas a vivir una minoría de edad permanente y a ser moneda de cambio en cualquier momento.

Si la presencia del Estado fuese en Nigeria una realidad comprobable sobre el terreno, es improbable que la sharia hubiese sido adoptada en la práctica en los territorios del norte, como ahora sucede, porque, como explica el profesor Opeloye, la naturaleza heterogénea del país hace imposible la aplicación de un sistema islámico de gobierno. Tampoco hubiese cosechado tantos adeptos el sueño califal y aún menos la acción directa. En cambio, el proselitismo yihadista apenas ha tenido que vencer obstáculos menores para adueñarse de forma bastante segura de una porción del país y controlar una parte de la frontera con Camerún. Ante esta realidad, la condena del secuestro emitida por la Universidad de Al Azhar en El Cairo, máximo autoridad religiosa de la rama suní del islam, sirve para preservar la dignidad de los musulmanes de buena voluntad, pero para poco más.

El poder de la imagen y los prejuicios acrecentados por la visibilidad de un islam agresivo, unidos a la política occidental posterior al 11 de septiembre de 2001, y aun antes, es infinitamente superior al de las condenas ad hoc. Y la imagen de Shekua y sus secuaces es tan convincente que la de los doctores de la ley islámica apenas les inquieta, porque no afecta a su visión binaria del mundo, antes al contrario, les ratifica en su convencimiento de que solo ellos y sus aliados del orbe musulmán pueden liberar al islam del sometimiento a Occidente, de la pretensión de los reformistas de consagrar la neutralidad del Estado para garantizar la libertad de culto de todas las creencias y el derecho de los no creyentes a manifestarse como tales. Eso también forma parte de la tragedia en un remoto lugar del corazón de África.

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

China induce un nuevo statu quo

La profesora Margaret MacMillan, directora del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford, publicó el pasado fin de semana en The New York Times un ingenioso ensayo de paralelismos históricos entre las vísperas de la primera guerra mundial y las del año que se avecina, cuando se cumplirá un siglo del inicio de la que fue conocida como Gran Guerra hasta la matanza que se prolongó de 1939 a 1945. La sutileza de la analista, que comparte con Mark Twain la idea de que la historia “no se repite a sí misma, pero tiene rima”, encuentra en la rivalidad entre imperios –hace cien años, el Reino Unido y Alemania; hoy, Estados Unidos y China– el factor común que permite vislumbrar temores y atesorar esperanzas. Y cree adivinar en aquellos inicios del siglo XX rasgos propios de una globalización avant la lettre que lo mismo sirvió para alentar “localismos y nativismos” que para fundamentar los temores de Alemania de convertirse en una potencia sitiada por sus adversarios, un sentimiento que hoy experimenta el establishment político chino.

Artillería de campaña alemana en la primera guerra mundial.

Los sucesos acaecidos en el archipiélago Senkaku –Diaoyu para China–, a solo 70 kilómetros al noreste de Taiwan, con un doble valor económico –cantidades ingentes de petróleo y gas– y estratégico, han proyectado la imagen de una guerra fría de bolsillo entre las dos grandes potencias, aunque la disputa por la soberanía de los islotes deshabitados es entre China y Japón. En esta guerra fría posmoderna Japón desempeña el papel de aliado de Estados Unidos bajo riesgo; el aumento del gasto militar y el incremento de la capacidad naval china, el reservado otrora a la carrera de armamentos; y los cálculos relativos al deseo de China de desafiar a Estados Unidos y convertirse en una potencia en el Pacífico, el de las teorías de la escalada aplicadas a un entorno nuevo. O puede que no tan nuevo si se da marcha atrás en la historia y, como hace MacMillan, se recuerda que de la misma manera que las superpotencias de 1914, antes de sonar el primer disparo, se refirieron a la defensa de su honor, el secretario de Estado, John Kerry, ha invocado la credibilidad y el prestigio de Estados Unidos para movilizar a la flota en el mar de la China.

El trabajo de MacMillan advierte de los riesgos que se corren si, hechas las oportunas distinciones entre el hoy y el ayer, no se extraen lecciones “para construir un orden internacional estable”. Si no el mayor, sí es al menos el más común de los riesgos aceptar el principio según el cual, “gracias a nuestro progreso tecnológico, podemos emprender conflictos armados cortos y de impacto limitado” que reportan victorias decisivas. El desarrollo del conflicto en Afganistán, quizá en Irak, y en Siria con toda seguridad desmienten la efectividad de los conflictos bajo control, con la población a salvo de los males propios de la guerra. Algo parecido sucedió en 1914, cuando los generales creyeron disponer de las herramientas necesarias, pero luego la realidad de la guerra arrastró a la muerte a millones de jóvenes porque el alcance de las armas de teatro había pasado de 100 yardas en tiempos de Napoleón a 1.000, con el aumento consiguiente de su poder de devastación.

Las guerras de efectos limitados, incapaces de contaminar el entorno, son una entelequia elaborada por quienes difunden las teorías de la guerra sin más bajas que las precisas, siempre entre combatientes profesionales. En la práctica, la tecnología y los servicios de inteligencia no han eliminado los daños colaterales, los efectos secundarios y la desestabilización de áreas que exceden con mucho las delimitadas por los generales en los mapas. Y eso es de aplicación tanto en las guerras calientes como en las frías, de ahí que la disputa por las Senkaku-Diaoyu lo sea todo menos un problema menor o una crisis virtual.

Vista aérea del archipiélago de las Senkaku-Diaoyu.

El periodista Ian Buruma, profesor del Bard College, aporta los ingredientes esenciales para comprender los riesgos inherentes al conflicto: “China está en ascenso, Japón es una economía de capa caída y Corea se mantiene como una península dividida. Es natural que China intente restablecer el dominio histórico sobre la región. Y es natural que Japón esté nervioso por la posibilidad de convertirse en una especie de Estado vasallo (los coreanos están más acostumbrados a este papel vis-à-vis con China)”. Hay en todo ello resonancias de añejas rivalidades entre nacionalismos enfrentados a los que no se puede considerar parte del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, expresión acuñada por Sigmund Freud y recordada por MacMillan en su ensayo. Tampoco son nacionalismos construidos a toda prisa por “historiadores, lingüistas y folcloristas que estaban ocupados en crear historias de viejos y eternos enemigos”, según los define MacMillan al hablar de los de 1914, sino más bien otros muy distintos empapados de agravios históricos y tragedias irredentas perfectamente documentadas y a solo una o dos generaciones de distancia de la nuestra.

Para completar la competencia entre egos nacionales y rivalidades regionales, que un día pueden ser mundiales, debe citarse el programa de desarrollo militar de la India, que desde noviembre dispone de un segundo portaviones y aspira a disputar el liderazgo estratégico y económico a China, el gran adversario junto con Pakistán desde los días de la independencia. De forma que frente a quienes piensan que la pulsión aislacionista puede condicionar la diplomacia estadounidense en un futuro no muy lejano, asoman los que creen que la competencia entre China e India otorga a Estados Unidos el perfil de actor indispensable, por no decir de poder arbitral. Dicho en otras palabras: la mayor potencia de Occidente se mantiene como el gran poder global, aunque, como apunta MacMillan, “no es el poder absoluto que fue una vez”. Una afirmación por lo demás discutible, porque la supremacía tecnológica y el control de los flujos de información le garantizan una superioridad indiscutible.

Quizá esta sea la mayor diferencia en la asimetría de la rivalidad en la cuenca del Pacífico: China es una potencia en construcción; Estados Unidos ha sistematizado su influencia. La especialista Martine Bulard ha recogido en Le Monde Diplomatique los desafíos que debe afrontar el gigante asiático, según sus propios dirigentes: desarrollar la economía de mercado, las políticas democráticas, una sociedad armoniosa y una civilización ecológica. Este es un programa para más de doce años, fecha de vencimiento a partir de la cual, según los cálculos más difundidos, el PIB chino superará al estadounidense. Y es, también, un programa cargado de factores adversos habida cuenta del peso inconmensurable del Estado en la economía, del control de la burocracia del partido sobre el funcionamiento de las instituciones, de los peligros de la desigualdad social causada por un desarrollo galopante y de la permisividad de que disfruta la economía productiva.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, durante su entrevista en Annenberg Retreat (California), el 8 de junio de este año.

Aun así, esta China en construcción se comporta cada día más como una referencia inexcusable de un nuevo mundo bipolar gracias a los excedentes de capital que maneja, su tendencia milenaria a contemplar el mundo desde el interior de su fortaleza y su confianza en la capacidad del partido para dirigir una sociedad disciplinada donde el dúmping social será aún posible durante mucho tiempo a causa de las bolsas de pobreza que surten de mano de obra barata al sector industrial. Decir que la buena salud de los negocios está por encima de todo no es ninguna exageración, sino la certificación de que su propósito es competir con su gran rival en todos los mercados para transformar su potencia económica en poder militar más temprano que tarde. Más todavía: en la última hornada de dirigentes chinos –el presidente Xi Jinping y su equipo– ha arraigado la idea de que el poder militar, instrumento indispensable del poder político, es una derivación directa del poder económico. La muerte por inanición de la Unión Soviética revela hasta qué punto operar en sentido contrario equivale a levantar un edificio sin cimientos.

El alma de historiadora de Margaret MacMillan lleva a la ensayista a preguntarse si es posible sacar conclusiones contemporáneas de los motivos que llevaron a Europa al campo de batalla en 1914; si es posible resistirse a la tentación de comparar las relaciones de Estados Unidos y China con las que mantuvieron el Reino Unido y Alemania antes de que el atentado de Sarajevo que costó la vida al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa (28 de junio de 1914) precipitara la guerra. Y, al hacerlo, se adentra por el camino de las rivalidades nacionales que enturbian los datos concretos de cada momento con la explotación de los sentimientos, un resorte poderoso, ajeno a la razón, tantas veces invocada por René Descartes para evitar estropicios: “Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón”.

¿Quién puede dudar de que el Partido Comunista Chino, sin necesidad de cambiar de nombre, se ha transformado en una organización nacionalista que es la columna vertebral del Estado? ¿Quién puede dudar de que el sentimiento nacionalista en Estados Unidos está a flor de piel? ¿Estamos en la antesala de una situación de riesgo? En marzo del año pasado, cuando Hu Jintao aún era presidente de China, el exsecretario de Estado Henry Kissinger escribió en su blog lo siguiente: “Aunque la capacidad militar absoluta de China no es formalmente comparable a la de Estados Unidos, Beijing posee la habilidad de plantear riesgos inaceptables en un conflicto con Washington y desarrolla instrumentos cada vez más sofisticados para negar la ventaja tradicional de Estados Unidos”. Aun así, Kissinger subrayó que los objetivos económicos de China atenúan los riesgos y las desavenencias con Estados Unidos no deben ir más allá del “funcionamiento habitual de la rivalidad entre las grandes potencias”. Con todo, cabe preguntarse: ¿cuál es la fecha de caducidad del nuevo statu quo?

Maduro, por la senda radical

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir una inflación desbocada mediante una intervención directa en la fijación de precios tiene todas las trazas de ser la última versión del viejo dicho pan para hoy, hambre para mañana. Al sumar esta medida a otras dos tomadas hace diez años por Hugo Chávez, el control de cambios y la subvención del precio de la gasolina, se empuja a la economía real hacia el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento de productos y, más pronto que tarde, el desabastecimiento. Puede pensar Maduro que con la intervención de la cadena Daka de venta de electrodomésticos, cuyos precios ha rebajado espectacularmente, atrae voluntades a su causa para las elecciones municipales del 8 de diciembre, pero más allá de este objetivo a tan corto plazo es difícil imaginar que un solo entendido en economía le haya aconsejado una medida que, en la práctica, cierra la posibilidad de que se mantenga sin alteraciones la importación de productos cuando se agoten los ahora vendidos a precios políticos, poco menos que de saldo.

Si a la intervención de ahora se suma la ley habilitante, que da poderes especiales al presidente durante un año para que legisle fuera del control parlamentario, especialmente en materia económica, cabe afirmar que el proceso venezolano apunta mucho más allá que la cirugía social de emergencia aplicada por Chávez a una comunidad extremadamente dual. Al movilizar a los suyos para abrir un largo paréntesis en la división de poderes, como si fuese posible domeñar por decreto las estadísticas y los flujos de capital, se multiplican las incertidumbres, tanto en la urdimbre institucional del régimen bolivariano cuanto en el compromiso democrático de quienes lo gestionan, cada día menos exigente con el principio de legalidad. Al recurrir a poderes de excepción, Maduro se atiene más al gesto autoritario de quien da por descontado que es depositario de la verdad y de todas las soluciones, sean estas las que sean,  que a la imagen del líder que actúa después de analizar la situación sin parapetarse en prejuicios ideológicos.

Lo cierto es que la realidad económica venezolana no puede ser menos halagüeña, con una divisa, el bolívar, que en el mercado negro se cotiza unas diez veces por debajo del cambio oficial: poco más de seis bolívares por dólar. No hay un solo exportador que esté dispuesto a aceptar la paridad fijada por el Gobierno y, en consecuencia, no hay un solo importador en situación de comprar en las condiciones que pretenden las autoridades monetarias venezolanas. Esa es la primera causa de la escalada de precios, sin que deba descartarse que algunos empresarios hayan decidido acaparar y retirar del mercado cantidades significativas de bienes de consumo para provocar una subida artificial o provocada de la inflación. Soslayar ese dato, que la cotización del bolívar se ha despeñado, es un regate en corto a la realidad que puede ser útil para contentar a auditorios convencidos, pero que en ningún caso sirve para evitar que la inflación ande por encima del 50% con tendencia a seguir creciendo.

Juan Nagel, un bloguero venezolano coeditor de Caracas Chronicles, sostiene que su país es el que más dudas ofrece en el mercado de la deuda, “donde solo presenta menos riesgo que la bancarrota de Puerto Rico”. Su fiabilidad, asegura Nagel en un post colgado en Foreign Policy, está por debajo de las de Grecia y Argentina, de forma que, a la hora de la verdad, no tiene ninguna posibilidad de lograr financiación exterior por cauces convencionales –colocación de títulos en los mercados– y debe fiar su suerte a acuerdos bilaterales con terceros y a la cotización al alza del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno venezolano ha echado mano de sus reservas y dentro de poco “deberá afrontar graves problemas y tomar decisiones difíciles”, en palabras de la directora de la institución, Christine Lagarde.

La mujer que aparece en la fotografía se llama Clotilde Palomino. Es una empleada doméstica de Caracas que el 11 de noviembre compró una licuadora, un deuvedé y una plancha en una de las tiendas de electrodomésticos intervenidas por el Gobierno venezolano, pero que fue presentada en diversos medios y en las redes sociales como una saqueadora de una tienda de Valencia, aunque mostró la factura de los artículos que adquirió con sus ahorros en un establecimiento de la ciudad en la que vive. Piensa demandar a quienes la acusaron de saqueadora y ha pedido al presidente Nicolás Maduro que la ayude a limpiar su imagen

Las cifras venezolanas para el año que acaba están lejos de las previsiones para las cuatro economías latinoamericanas mejor situadas. Vaticina el FMI que el PIB de México crecerá el 3% el próximo ejercicio; el de Colombia, el 4,2%; el de Chile, el 4,5%; y el de Perú, el 5,7%. Para el mismo periodo, las estimaciones llevan el déficit venezolano por encima del 12,6% con el que cerrará 2013, con el riesgo además de que se registre una contracción significativa de las exportaciones de petróleo a causa del paulatino aumento de la actividad extractiva en Estados Unidos gracias a la explotación intensiva de los yacimientos de esquistos. Ese es, quizá, el mayor problema que a medio plazo amenaza la viabilidad de la economía venezolana.

La euforia de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela, que en verano presentó como un gran éxito el aumento de las exportaciones a China (600.000 barriles diarios) e India (400.000 barriles diarios), apenas estaba justificada porque el primer cliente de los yacimientos venezolanos es Estados Unidos, que marcha a toda máquina hacia la independencia energética. Es muy difícil, por no decir imposible, que se mejoren las cifras actuales de exportación –1,5 millones de barriles diarios–; lo que sucederá de forma más que probable será una paulatina caída de las compras de aquí al 2020, cuando todos los cálculos llevan a concluir que Estados Unidos dejará de importar petróleo. Según la US Energy Information Administration (EIA), la producción de petróleo en Estados Unidos en octubre fue de 7,7 millones barriles diarios, una cifra que superó a las importaciones por primera vez desde febrero de 1995. Las importaciones de octubre fueron, al mismo tiempo, las más bajas desde febrero de 1991.

¿Pueden China e India absorber los descensos en las importaciones que prevé la EIA? Todo induce a pensar que no, entre otras razones porque ambas potencias mantienen una lógica política de diversificación de suministros para evitar que problemas locales lejanos afecten a su seguridad energética. ¿Puede Venezuela buscar nuevos mercados para suplir la caída de las importaciones de Estados Unidos? Sí, sin duda, siempre y cuando acepte operar en las condiciones habituales en el complejo mercado del petróleo, sin aspirar a tratos de favor como el dispensado por China en su momento, que accedió a hacer un pago por adelantado en tiempos de Chávez equivalente, se dice, a dos años de pedidos. Puede atraer nuevos clientes, sin duda, si los inversores extranjeros reciben garantías jurídicas, sin que eso signifique que Maduro debe poner el país en almoneda. Pero no puede pensar en un alocado ascenso del precio del petróleo a corto plazo –Chávez soñó un día con que el barril llegaba a los 200 dólares–, salvo que circunstancias imposibles de prever induzcan una escalada.

Pero el populismo grandilocuente de Maduro, imitación desvaída de la foto fija que Chávez dejó para la historia, abre nuevos interrogantes todos los días, acompañados del misticismo sin mucho lustre que le lleva a anunciar la aparición de su predecesor en las obras del metro y de la burda simplificación de la realidad que le permite considerar burgués todo lo que se opone a su política. Hay en Maduro una suerte de iluminismo rudimentario que no hace otra cosa que acrecentar la desconfianza hacia un proyecto cuya estación de llegada pudiera ser La Habana a pesar de la quiebra del experimento en la perla del Caribe. En cambio, se echa en falta en el presidente de Venezuela un acercamiento al realismo para corregir las deficiencias manifiestas de una propuesta ideológica que, a cada día que pasa, parece más un instrumento destinado a consolidar un poder político asentado sobre una sociedad permanentemente subvencionada.

Henrique Capriles, líder de la oposición de todos los colores que impugna la oferta bolivariana, acusa a Maduro de seguir “el libreto castrocomunista”, otra simplificación, pero las decisiones económicas de la última semana facilitan mucho las cosas a los adversarios del presidente. El editorialista del diario El Nacional, que apoya a Capriles, entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno tienen el efecto contrario a la justicia distributiva que dice perseguir, y recuerda la hecatombe de la descomposición del bloque comunista: “Basta con mirar –afirma– hacia la bancarrota que marcó el derrumbe de los sistemas del llamado socialismo real, productores de proverbial escasez en los países que los padecieron”.

En este clima, la fractura social es, más que un riesgo, una realidad. La voluntad manifestada por Chávez de no rectificar el rumbo nunca, que el periodista Ignacio Ramonet destacó a su muerte como un mérito, es el punto de partido de los temores de cuantos se oponen a Maduro. “No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace exactamente 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, de pura retórica”, escribió Ramonet en Le Monde Diplomatique. El problema es que la claridad evangélica y los logros sociales se han enturbiado progresivamente con las dudas razonables que alimenta un programa económico heterodoxo, sufragado con las rentas del petróleo, pero insostenible a poco que mengüen; el gran reproche es que el chavismo y sus legatarios han promovido la justicia social como si fuese un objetivo incompatible con el pluralismo, la autonomía de los individuos y el derecho a disentir.

Hubo un tiempo durante el cual el chavismo se legitimó más allá de la victoria en las urnas. Lo hizo a través de una reparación histórica: atender las necesidades básicas de una población con un índice de analfabetismo del 69%. Luego sucedió lo que tantos reprochan a los predicadores de la buena nueva bolivariana: las inquietudes sociales se convirtieron en el instrumento ideal para justificar lo injustificable, de forma que, mucho antes de la muerte de Chávez, el régimen se transformó en una caricatura de sí mismo y hoy abunda en esa estrategia, convencido de que su continuidad depende de ello, de radicalizarse sin cesar. Pero hay demasiadas señales que indican que, por ese camino, el futuro se antoja noche cerrada.

 

Túnez da ejemplo otra vez

El acuerdo alcanzado por los partidos representados en la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez para desatascar la redacción y aprobación de una nueva Constitución contrasta con el galimatías libio, que culminó este jueves con la retención durante unas horas del primer ministro, Alí Zeidán, y aún más con el otoño Egipto, donde sigue sin conocerse el paradero de Mohamed Mursi, presidente depuesto por el Ejército el 3 de julio. No todo tiene el mismo tono regresivo en el norte de África, y otra vez, como sucedió a principios del 2011, son los tunecinos quienes dan muestras de sentido político al buscar una salida ordenada al problema planteado por una Cámara zarandeada por desacuerdos insolubles y unas fuerzas laicas emocionalmente sacudidas por los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos de las voces más influyentes de la izquierda. Mientras tanto, nadie sabe hacia dónde se dirige la reforma libia, a expensas de los designios de grupos incontrolados que no hay forma de desarmar, y cada día es más evidente que en el horizonte egipcio se consolida la silueta de una dictadura militar encubierta.

Quizá sea cierto que la operación desencadenada por Estados Unidos para sacar de Libia a Abú Anás al Libi, presunto responsable de las matanzas en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar Es Salaam, el 7 de agosto de 1998, haya echado más leña al fuego a la falta de vertebración del país surgido del final de la guerra civil. Es seguro que la política contemplativa de Occidente en el desarrollo de los acontecimientos en Egipto a partir del golpe de Estado ha favorecido a los generales, movilizados en defensa de los intereses de una casta que controla más del 30% de la economía del país. Pero no es menos cierto que frente a la debilidad del núcleo laico en ambos países, la disposición del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) ha suplido las carencias de unas fuerzas políticas laicas inexpertas, enfrascadas con frecuencia en estériles debates bizantinos, y condicionadas por la disciplina de Ennahda (islamista moderado), que representa a la sumo a un cuarto de la población del país, aunque obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de octubre del 2011.

Habib Burguiba, padre de la independencia de Túnez, en Bizerta, en el norte del país, en 1952.

En definitiva, el equilibrio entre laicos e islamistas moderados, más allá de la aritmética electoral, se ha restablecido en Túnez, con el consiguiente apaciguamiento de las pasiones, al tiempo que en Libia no hay forma de desentrañar dónde se encuentran en verdad los resortes del poder legítimo o, peor aún, cunde la sospecha de que estos no existen, sometido todo el andamiaje político a las milicias armadas, la pugna tribal y la exigencia del este –región petrolífera– de disfrutar de mayores cuotas de poder. Y, en Egipto, los notables presididos por Amr Musa, encargados de redactar una nueva Constitución a la medida de los cuarteles, tienen cada día más la apariencia de máscaras cuyo destino es ocultar el torvo rostro de la dictadura militar que pilota el general Abdel Fatá al Sisi.

Como recordaba Jean Daniel, fundador del semanario progresista francés Le Nouvel Observateur, en un artículo publicado el 13 de febrero de este año, en momentos de gran incertidumbre, la herencia de Habib Burguiba, padre de la independencia tunecina, la crisis de “ese pequeño país desborda con mucho sus fronteras”. “De su resolución –añadía Daniel–, dependerá la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”.  El mismo autor reconocía en aquel artículo que Burguiba fue con el paso del tiempo “un déspota cada vez menos ilustrado”, pero sus primeros años “fueron esenciales en dos apartados: sus decisiones relativas al estatuto de la mujer y la forma de practicar y respetar el islam”. La UGTT ganó influencia y prestigio en aquella atmósfera de compromiso aconfesional, y aún hoy agavilla voluntades enfrentadas gracias a la herencia recibida.

A la izquierda, Gamal Abdel Naser, presidente de Egipto, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en la conferencia de no alneados de Belgrado, en 1961.

“El aspecto más significativamente singular de lo sucedido en Túnez es la capacidad de todos los actores políticos importantes, incluido el partido Ennahda, que dirige un Gobierno de coalición, para dialogar, negociar y comprometerse cuando es necesario para mantener la transición hacia una democracia plural que alcance a todos los grupos para competir por el poder”, destaca el analista Rami Khouri. Esa es una cualidad del entramado tunecino que de momento carece de licencia de exportación y que, con toda probabilidad, deriva de la secularización de la cultura política deseada por Burguiba en los años que siguieron a la independencia (1956). Burguiba sucumbió a la tentación del culto a la personalidad y de un paternalismo acrítico, pero suministró antídotos civiles para neutralizar otras tentaciones: el cesarismo, el dogmatismo religioso, la postergación de la mujer y el comunitarismo.

Si se compara esa herencia con el relato emancipador de Gamal Abdel Naser, padre del Egipto moderno, surge enseguida la gran diferencia: Naser, al frente del mayor de los estados árabes, aspiró a dirigir el orbe árabe; Burguiba, líder de un pequeño país, no soñó nunca con encabezar grandes aventuras más allá de sus fronteras. La modesta ambición política de Burguiba tuvo un carácter estrictamente nacional; el proyecto panarabista de Naser, a menudo grandilocuente, requirió la construcción de un régimen basado en la supremacía del Ejército para hacer frente a Israel y redimir el agravio de 1948. Medio siglo más tarde, de la suerte del modelo tunecino, con todas las vicisitudes que se quiera, depende “la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”, como se recoge más arriba, mientras que los uniformados de El Cairo aparecen como una sociedad cerrada cuyo primer objetivo es gestionar sus negocios y garantizar el poder de los centuriones.

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983,

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983.

Si la comparación es con el caos libio, entonces el contraste es aún mayor. El Estado de masas de Muamar Gadafi, la Yamahiriya, nunca fue mucho más que un nombre. En la práctica, solo fue útil para que prevalecieran las rivalidades tribales cuyo fragor confería al dictador un poder arbitral permanente del que dependía su supervivencia. A diferencia de Burguiba y Naser, que construyeron identidades políticas –nacionales– indiscutiblemente vigentes, Gadafi no tuvo el mayor interés en hacerlo, sino que fomentó la división. El caso es que hoy, después de una sangrienta guerra civil, un proceso constituyente instalado en la confusión y la exportación de petróleo –la capacidad extractiva de Libia es de 1,6 millones de barriles diarios– afectada por la pugna política, el país tiene la imperiosa necesidad de impulsar la socialización nacional para evitar que la adscripción tribal siga siendo la barrera infranqueable que se levanta entre los individuos y el Estado. Sin la construcción de una identidad colectiva que se extienda por encima de localismos y fidelidades personales, será muy difícil que pueda oponerse un poder homogéneo a las milicias surgidas durante la guerra, con presencia muy activa del islamismo radical.

Aún así, sigue en vigor el aserto más repetido desde que todo empezó entre los últimos días del 2010 y los primeros del 2011: nada será como antes. Acaso Egipto haya vuelto a la casilla de salida y acaso ese otoño de los generales se prolongue en un gobierno de los uniformados de duración imprevisible. Acaso Libia se haya salido del tablero y deba superar grandes dificultades y contratiempos antes de volver a él. Acaso, en fin, Túnez no consiga en mucho tiempo alcanzar la velocidad de crucero de la democratización y tenga que remontar cuestas interminables. Acaso todo eso suceda, pero la calle árabe perdió el miedo, según subrayan los sociólogos políticos, y lo que ahora acontece no es más que la confirmación empírica de que se quedaron cortos en sus cálculos cuantos diagnosticaron en los primeros días de las primaveras que haría falta una generación para que cuajaran.