Bloqueo ultra al presupuesto europeo

La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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La democracia suma adversarios

Todo cuanto pueda pensarse y decirse del comportamiento de Donald Trump después de consumarse su derrota es inseparable del clima de impugnación de los procesos democráticos pautados. El enroque del presidente de Estados Unidos degrada el sistema en igual o parecida medida que la sucesión de presidentes en Perú entre el griterío y la represión en la calle, el sectarismo encubierto de los gobernantes en tantos lugares, el chantaje de Hungría y Polonia a la Unión Europea y un sinfín de focos infecciosos cuya pretensión es reducir el pluralismo político, el sufragio universal y la división de poderes a poco más que una formalidad o coartada para sus designios. Si Trump es el gran oficiante de esa nueva iglesia política –quizá no tan nueva–, la multiplicación de monaguillos le asegura un largo y a saber si próspero futuro, aunque sus efectos sean ruinosos.

El espectáculo ofrecido por las diferentes derechas representadas en el Congreso a raíz de la aprobación de la llamada ley Celaá –gritos de ¡libertad!, ¡libertad! a pleno pulmón– forma parte de ese oficio de tinieblas en el que la adulteración de los hechos corre parejo con el propósito de deslegitimar a voces el derecho a gobernar conquistado en las urnas. Entre la algarabía en el Parlamento y la última conferencia de prensa de Rudolph Giuliani para tachar de fraude y manipulación la victoria de Joe Biden no hay mayor diferencia en el objetivo perseguido de desacreditar al adversario, convertido en enemigo; las demás distancias son meramente físicas, idiomáticas y de paisaje. El punto de mira se fija en el mismo blanco: dejar sin efecto cuanto se deriva de un resultado electoral mediante la concreción de una versión sin fundamento de cuanto acontece.

“Incluso si Trump pierde, lo que parece probable, su marca distintiva de populismo divisivo conservará una potente fuerza en la política americana”, ha escrito un analista estadounidense. Como sucede con la emergencia climática, la contaminación no cesará aunque el agente contaminante se ponga en evidencia. Es improbable que las cajas destempladas de Alejandro Hernández en el Parlamento andaluz hagan mella en las convicciones de los votantes de Vox; es altamente improbable que el autoritarismo incontinente de Viktor Orbán lleve a recapacitar a una parte significativa de los electores de Fidesz; nadie espera que el populismo del Gobierno polaco afecte sustancialmente al integrismo nacionalista que ocupa el puente de mando. La praxis política de demasiados no hace más que recurrir a las instituciones democráticas para socavar los valores de la democracia.

El espectáculo representado en Perú, con una alocada sucesión de presidentes, más de la mitad de los 120 integrantes del Congreso sometidos a proceso judicial y la calle encendida es la última aportación al descabalgamiento de la democracia, transformada en una forma caricaturesca de regeneración del poder a causa del recurso abusivo a las previsiones constitucionales y a las funciones del Parlamento. “La frágil institucionalidad política del país” y la pérdida de un quinquenio por el sumidero de la corrupción han llevado al analista Gianfranco Castagnola a avizorar el riesgo de caer en la decadencia, pero de las declaraciones hechas en el entorno de Francisco Sagasti, el tercer presidente en muy pocos días, es fácil deducir que subsistirá la fragilidad de las instituciones, que es tanto como decir que se mantendrá el desprestigio del sistema y, quizá, la búsqueda de un atajo para dejar a salvo los desafueros del establishment.

Las elecciones convocadas en Venezuela para el próximo mes, boicoteadas por la oposición, tienen el mismo perfil y propósito: recurrir a un instrumento democrático para violentar los requisitos mínimos de la democracia y liquidar la disidencia de quienes antes apoyaron el régimen y ahora claman contra él. “Después de haber desmantelado a los partidos políticos que se oponían a su versión del socialismo, Maduro ha apuntado a su aparato de seguridad hacia los aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la Unión Soviética hasta Cuba”, se afirma en un largo reportaje publicado por The New York Times. Sea cual sea el resultado de unas elecciones en las que el único vencedor posible es el Partido Socialista Unido de Venezuela, la invocación de la democracia apenas será una coartada.

Las viejas convicciones democráticas carecen de la agresividad gestual de sus adversarios. Eso es al mismo tiempo una virtud y una debilidad: preservan el pluralismo, pero su capacidad de respuesta es a menudo insuficiente. La opinión expresada por François Mitterrand en 1989 de que no habrá “democracia sólida ni paz en el mundo sin el florecimiento de culturas seguras de sí mismas y capaces de enriquecerse mutuamente” tiene hoy un sentido renovado debido a la floración de sectarismos en el seno mismo de democracias consolidadas, ofertas políticas para las que las reglas de la democracia son un estorbo en cuanto llegan al poder. Recuérdese y véase la rudeza de personajes tan del momento como Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan y tantos otros que, con su comportamiento, han confirmado que el paso por las urnas fue para ellos un mero trámite sin ulteriores compromisos morales.

Los impugnadores de las pautas democráticas han encontrado en los sinsabores de la pandemia el terreno abonado para su populismo demagógico. Su falseamiento de la realidad cautiva a algunos auditorios ávidos de superar el momento y realizar un rápido viaje de retorno al pasado. Claro que tal viaje no es posible, pero la mistificación es suficiente para que la lógica populista ocupe audiencias y espacios de poder, sume adeptos y erosione la democracia con promesas ajenas a los datos del presente, sumida la aldea global en una crisis sin fronteras.

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Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.

La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.

Información frente a populismo

“Soy lo bastante viejo para recordar cuando lo mejor acerca del populismo fue que no fue popular”, recuerda Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford, en un artículo difundido esta semana por diferentes medios. Hay en las primeras líneas del texto, titulado Populismo contra los medios, una sombra de añoranza muy parecida a la que se proyecta sobre una gran variedad de cabeceras, emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales y toda clase de canales informativos que, de repente, sienten haber asumido el papel de última frontera frente a las estrategias de intoxicación informativa puestas en marcha por los conglomerados populistas que encabezan el asalto a las sociedades abiertas, a los valores de la democracia y al derecho a discrepar.

Mientras el diplomático español Emilio Menéndez del Valle se pregunta, sin asomo de retórica o provocación, si “está el régimen que Donald Trump comienza a establecer en EE.UU. a medio camino entre el tinglado de Putin y el de Xi”, el diario The Washington Post, una de las Biblias liberales de Estados Unidos, crea un equipo para desvelar las mentiras construidas por el equipo presidencial. Mientras Marine Le Pen, líder ultra francesa, fuerza una situación imposible en Beirut al visitar una mezquita, varias televisiones salen al paso de la provocación y se ocupan de recordar que mujeres con responsabilidades de gobierno o representación, han accedido a cubrirse la cabeza, entendiendo que el huevo muchas veces es más importante que el fuero. Mientras el corresponsal de Die Welt en Turquía, Deniz Yücel, es detenido bajo una extravagante acusación de terrorismo después de informar sobre la existencia de correos electrónicos comprometedores para un ministro, familiar del presidente Recep Tayyip Erdogan, varios periódicos europeos se movilizan para conjurar la arbitrariedad. Por no hablar de las autoridades de Polonia y Hungría, “ejemplos preocupantes de políticos que utilizan la retórica nacionalista y populista para alcanzar objetivos que apestan a autoritarismo incipiente”, dice Patten.

La diferencia entre Trump y Le Pen, por un lado, y Erdogan o los gobernantes húngaros y polacos, por otro, es que mientras estos últimos pertenecen a democracias degradadas (Turquía) o recién llegadas, las tradiciones democráticas en Estados Unidos y Francia cubren un muy largo recorrido. Puede decirse que el presidente de Estados Unidos y la líder del Frente Nacional han crecido en dos de las culturas democráticas más antiguas e influyentes, piedras sillares de las sociedades abiertas, de los regímenes deliberativos y de la libertad de opinión. Y en ambos casos, sin embargo, ven en el papel desempeñado por los medios, en el control de la prensa sobre el funcionamiento del sistema, el “partido de la oposición” en palabras de Steve Bannon, un demagogo de ultraderecha instalado por Trump en el Casa Blanca y en el Consejo de Seguridad Nacional.

Así es cómo la misión de la prensa en sociedades con un reparto pautado del poder ha cobrado de pronto una relevancia desconocida, más próxima a los periodos de excepción –la guerra de Vietnam, el caso Watergate, la transición española, entre otros momentos– que aquellos otros que transcurren sin grandes sobresaltos. Donald Trump ha activado los resortes de la contestación en los términos descritos por Antonio Franco el último viernes en EL PERIÓDICO: “Lo único que vertebra a quienes le plantan cara son las verdades que explican algunos medios de comunicación. Por eso el nuevo presidente los insulta y ha abierto un debate nacional sobre su legitimidad con dos eslóganes: Deben mantener la boca cerrada y Son los enemigos internos del país”.

En la agresividad ejercida desde el Despacho Oval advierte Patten una guerra contra los medios, y en la obsesión de considerar noticias falsas todas las que se apartan del halago, percibe el germen de una situación muchas veces repetida: “En los sistemas autoritarios o casi autoritarios, los medios se ven siempre como una amenaza, cuando no como objetivos para la represión”. Al mismo tiempo, los grandes medios razonablemente independientes adoptan una doble posición defensiva (de protección) y de escrutinio permanente de cuanto procede del poder. Una actitud muy próxima a la “moral del inconformista”, en expresión de Michel Foucault; una forma de contrarrestar la realidad virtual en construcción mediante hechos alternativos, un eufemismo desvergonzado que encubre lo que no son más que falsedades.

“Pensar es duro. La verdad es complicada. El enfoque es frágil. No hay duda: los tuits son excelentes para robar nuestra atención”, escribe el profesor Marty Kaplan. Pero aclara enseguida que la última frase no es un halago; es más bien una certificación, cabría añadir: la profusión de mensajes de 140 caracteres, una cadena interminable de parainformaciones, no da respiro a los seguidores, es una forma como cualquier otra de desviar la atención, de enturbiar la realidad sustentada en datos y de bloquear los mecanismos de análisis de los acontecimientos. Frente a esta fenomenología de lo que no da tiempo a comprobar, los medios cumplen una función crucial de esclarecimiento, sin que en ningún caso puedan pretender que son depositarios de una verdad absoluta e indiscutible, una característica de los tuiteros compulsivos que operan desde los despachos del poder o en su nombre.

Al mismo tiempo, los medios se asignan en muchas ocasiones la misión contraria al acercamiento a la realidad empírica: desafían algunos de los valores que desde hace mucho tiempo apuntalan “la salud y la vitalidad de la democracia”, subraya Chris Patten. Se refiere el articulista a algunos periódicos e informativos británicos a propósito del Brexit, pero no resulta especialmente difícil hacer extensivo el panorama a otros lugares, así se trate de Fox News, de la prensa que pilota Rupert Murdoch o de las televisiones rusas, controladas desde el despacho de Vladimir Putin sin ningún disimulo. No se trata de deslegitimar el pensamiento conservador frente al progresista, de ver en todas partes el fantasma del populismo o de poner bajo sospecha todo lo que queda fuera de la tradición liberal, sino de proteger la herencia liberal frente a quienes quieren destruirla utilizando, por cierto, instrumentos que solo existen en las sociedades democráticas de tradición liberal. Algo que ha descubierto demasiado tarde el republicanismo clásico en Estados Unidos, que transigió con la colonización del partido por la ultraderecha nacionalista en nombre de su eficacia electoral y que hoy no se reconoce en las bravuconadas amenazantes de Trump a todas horas.

Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?