Lucha por el poder en Argelia

La dimisión del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acosado por la calle y por la lucha por el poder en la cima del Estado, ha abierto una etapa de transición plagada de incógnitas. Si se cumple el primer diagnóstico de la situación realizado por el diario francés Le Monde, la decisión del Ejército de precipitar la renuncia del presidente permite vaticinar una pelea encubierta entre los generales y el entorno de la familia Buteflika, encarnada en el previsible enfrentamiento entre el ministro de Defensa, el general Ahmed Gaid Salah, y Said y Nacer Buteflika, hermanos del mandatario depuesto y sometidos a residencia vigilada (no pueden abandonar su domicilio). Según la descripción del momento publicada por Le Monde, “la brutal aceleración de los acontecimientos ha revelado la existencia de un violento conflicto” por controlar el mecanismo sucesorio interino, ahora, y definitivo cuando se convoquen elecciones.

El papel del generalato argelino recuerda el comportamiento del Ejército egipcio durante el ocaso de Hosni Mubarak. Mientras el presidente tuvo posibilidades de salir airoso del desafío de la calle, los cuarteles se mantuvieron a su lado, cuando se puso de manifiesto que la oposición marcaba el tempo, el alto mando dejó caer a Mubarak como fruta madura y prefirió afrontar una transición tempestuosa, con los Hermanos Musulmanes al frente de las operaciones, a unir su suerte a la del comandante en jefe. La razón no fue otra que el riesgo cierto de que los acontecimientos de 2011 –las primaveras árabes– se llevaran por delante la trama de intereses económicos gestionados por los militares –un mínimo del 20% del PIB– y desposeyeran a los uniformados de su condición de columna vertebral del Estado.

La reacción de la red de intereses tejida por Buteflika tiene mucho que ver con el papel preminente desempeñado por el Frente de Liberación Nacional (FLN) desde la independencia como la otra columna vertebral del Estado, que alimenta de cuadros la Administración civil, la judicatura, la policía y los servicios secretos, y en general todos los ámbitos de poder que no son responsabilidad del Ejército. El prestigio del FLN ha decaído al mismo ritmo que el crecimiento de la corrupción, de las redes clientelares y de las estructuras de poder de facto, ajenas a la planta institucional del Estado, pero tiene en sus manos muchos de los resortes efectivos para controlar los asuntos públicos y proyectar una imagen respetable. Y no debe olvidarse la concordancia de intereses entre el Ejército y el partido, que ahora parece que se fracturó, mientras ambas instancias contaron con la cobertura presidencial a partir del mandato de Huari Bumedian, un histórico de la lucha por la independencia.

Frente a esa doble estructura de poder, consolidada durante decenios y especialmente eficaz para combatir a la oposición y aniquilar el desafío islamista durante la guerra civil de los años 90, la protesta en la calle da la impresión de que responde a una unidad de acción momentánea, pero en realidad carece de un liderazgo sólido para mantenerse cohesionada en la hora crucial de las elecciones. La variedad de personajes que se mueven entre bambalinas, empezando por dos exprimeros ministros –Ahmed Benbitur y Alí Benfis–, Rachid Nekaz, Sifian Yilali y los herederos del Frente Islámico de Salvación, ausentes de momento de la cabecera de las protestas, no hace más que anticipar futuras divisiones. Una tendencia a la fragmentación que ni siquiera parecen capaces de neutralizar los efectos de la crisis económica en la clase media urbana y el paro endémico entre los menores de 30 años, ingredientes esenciales de las manifestaciones.

Analistas como Georges Fahmi, de la institución Chatham House, identifican en cuanto sucede en Argelia los mismos componentes de hartazgo social que dieron lugar a las primaveras árabes, pero acaso en la crisis argelina sea menor la vulnerabilidad del establishment de lo que lo fue en Túnez y Egipto, al menos en un primer momento, y quizá también el retraimiento internacional de ahora prive a la calle de apoyos significativos en el exterior. El antecedente de Libia, convertida en un Estado fallido, la matanza siria, con Rusia instalada en Oriente Próximo, y problemas derivados del desenlace de las primaveras mantienen a Occidente más expectante que nunca y a los vecinos de Argelia, decididos a no inmiscuirse en el avispero bajo ningún concepto. Anádase al conjunto la dependencia del gas argelino del sur de Europa y se cerrará un marco de referencia en el que lo más importante para todo el mundo es garantizar la estabilidad y evitar que la crisis degenere en una revuelta incontrolable.

¿Significa esto que una reforma meramente cosmética del Estado puede encauzar la crisis? El diagnóstico del profesor Nadji Khaoua en el periódico argelino El Watan hace impensable que una componenda meramente superficial puede acallar el descontento. “La corrupción no es solo una excrecencia del poder de decisión, sino que es una consecuencia de la estructura misma del poder”, sostiene el analista, que ve inviable aniquilar la economía opaca a medio plazo y, en cambio, adelanta que quienes la controlan harán cuanto esté en su mano para mantenerla como una forma de poder paralela a las instituciones. En este punto la cercanía entre la situación en Argelia y la que precedió a las primaveras es muy parecida, pero el momentum en 2011 era bastante diferente al actual para vislumbrar como viable una reforma radical del Estado, aunque sea precisamente esto lo que reclama la calle.

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Mosul, una victoria sin gloria

La ocupación de Mosul por el Ejército de Irak, la más que probable muerte de Abú Bakr al Bagdadi, fundador del Estado Islámico y transmutado en el califa Ibrahim, y el atisbo de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en Siria, tregua mediante, han desatado la incontinencia de los propagandistas frente a la prudencia de los analistas. Dicen los primeros que si la ocupación de Mosul en 2014 sin apenas combates alarmó a la comunidad internacional, la recuperación de la ciudad por los iraquís, apoyados por Estados Unidos, debe ser tenida igualmente como un hecho relevante que cambia por completo la presión de los yihadistas en el laberinto de Oriente Próximo. Matizan los segundos que el episodio de Mosul conlleva una redistribución del poder en Irak y también en el islamismo radical, capacitado para llevar su desafío a otros lugares menos controlables –el Sahel, por ejemplo– o con una mayor capacidad de intimidación en la aldea global: las grandes áreas urbanas de Europa occidental.

Varias veces se ha puesto de manifiesto la falta de justificación del entusiasmo desencadenado por un éxito en concreto en el campo de batalla o en la neutralización de un líder político –así el apresamiento de Sadam Husein el 13 de diciembre de 2003–, porque las organizaciones muy centralizadas y con una sólida estructura militar suelen contar con mecanismos de sustitución inmediatos. El Estado Islámico o ISIS o Daesch no es una excepción y, aun debilitado, conserva una respetable fuerza de choque dentro y fuera del territorio que controla. En el plano interior, gracias a la logística aplicada por su Gobierno en las sombras o no tanto; en el ámbito internacional, gracias al dinamismo de sus afectos, cuyas filas seguramente engrosarán en el futuro cuantos logren huir de la derrota de Mosul y de otras previsibles en un futuro no muy lejano. El destino de estos últimos será, como se ha repetido hasta la saciedad, su lugar de origen –el Gobierno de Marruecos cree que los retornados del campo de batalla que salieron del país no bajarán de 1.800–, muchos de ellos con pasaporte europeo y larga experiencia en combate, cuyo cálculo es extremadamente difícil (puede que algunos miles).

Como explica con precisión el profesor Ignacio Álvarez-Ossorio en Siria. Revolución sectarismo y yihad, el doble frente del Estado Islámico contra el enemigo interior y contra el exterior es la esencia de su combate en todas direcciones, y tal planeamiento no decae por más que la pérdida de Mosul haya sido un duro golpe. Es más, tal como advierten los analistas, un hipotético final del Estado Islámico no significaría forzosamente la neutralización efectiva del yihadismo, sino que posiblemente sería el inicio de otra cosa, de otra planta organizativa con otro equipo dirigente, pero la idea de los dos frentes seguiría vigente.

Sigue en pie toda la fraseología de Abú Umar al Bagdadi, predecesor del fundador del califato sedicente, recogida por Álvarez-Ossorio. Nadie pone en duda en el conglomerado yihadista el siguiente enunciado: “Los gobernantes de los territorios islámicos son traidores, infieles, pecadores, mentirosos y criminales (…) La lucha contra ellos es más importante que la lucha contra los ocupantes cruzados”. Nadie disiente en el campo yihadista cuando se dice que los occidentales son “infieles a los que se debe atacar en su propio territorio”. Se trata en ambos casos de poco menos que dogmas de obligada observancia cuyo poder de convicción va más allá de la supervivencia del califato. Y esa fundamentación ideológica de la yihad, con estos términos u otros, la comparten Al Qaeda, sus numerosas franquicias y otras organizaciones terroristas surgidas en el orbe musulmán.

De hecho, al contemplar el paisaje desolado de Mosul después de la gran batalla –del 17 de octubre del año pasado al 9 de julio en curso–, es legítimo preguntarse: ¿es esta la imagen de la victoria o la de una derrota encubierta? Porque Mosul, como antes Palmira, como la mayoría de ciudades sirias sometidas a una doble guerra, por lo menos –la de Bashar al Asad y sus aliados y la del Estado Islamico–, no es más que una montaña de escombros, un paisaje en ruinas del que han tenido que huir cientos de miles de personas. Porque la capacidad de resistencia de los muyahidines ha puesto en duda el reparto del poder en Irak, de aquel poder surgido de la ensangrentada posguerra que nunca ha sido capaz de llevar su autoridad a todos los rincones del país.

Maria Fantappie, del International Crisis Group, distingue hasta tres cambios sustanciales en la estructura de poder iraquí, impuesta y tutelada por Estados Unidos. Primero, la difícil coexistencia entre los políticos que llegaron al poder a la caída de Sadam Husein y los que han encabezado la ofensiva de Mosul, que incluye a los combatientes kurdos. Segundo, el arraigo de redes de poder informal –dicho de otra forma, no institucional– que en muchos casos sustituyen al Estado. Tercero, una nueva relación entre el Estado central y el territorio que obliga a descifrar quién ejercerá en el futuro el poder real. No cuesta demasiado asociar estos tres puntos al perfil de un Estado fallido o camino de serlo, o quizá obligado a una transformación institucional que impone un nuevo esquema del poder por la fuerza de los hechos.

Sostiene Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, que el presidente George W. Bush eligió en 2003 ir a la guerra porque le persuadieron de que “podían lograrse grandes cosas con un pequeño coste”. Si fue así, y ese es el punto de partida de su tesis en el libro que sobre las dos guerras de Irak publicó en 2009, tan error fue optar por las armas como carecer de un plan para gestionar la posguerra que evitara que esta se convirtiera, como sucedió, en una violenta continuación de la guerra misma. “Una pobre elección pobremente llevada a la práctica”, dice Haass. La aparición de Al Qaeda en suelo iraquí, donde nunca antes estuvo, y el nacimiento del ISIS son consecuencia directa de tales falta de previsión y pobreza de medios, porque todo Oriente Próximo sucumbió a la desestabilización, arraigó un sentimiento generalizado de agravio en el mundo árabe y acaso una parte del fracaso de las primaveras deba atribuirse también a aquella democracia controlada que Estados Unidos quiso imponer a cañonazos.

Si ya nadie niega que la captura de Mosul por el ISIS en junio de 2014 y la huida en desbandada del Ejército iraquí fueron la prueba fehaciente de que los yihadistas eran capaces de desafiar a un Estado sin atributos, ¿quién puede dudar de que es discutible que consiga hacerse con ellos sobre un océano de ruinas? Más parece que esta victoria sin gloria lo es todo menos un capítulo definitivo en la construcción del Irak vislumbrado por los neocon y en la neutralización de la yihad global, incluso si el Estado Islámico deja algún día de existir o se dice que dejó de existir.

 

Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

La yihad quiere cortar las alas a Túnez

La elección del Museo del Bardo de Túnez como objetivo del último golpe de mano de los yihadistas no es ni oportunista ni casual. Al sembrar la muerte entre un grupo de turistas indefensos, los terroristas han herido en lo más profundo las entrañas de la economía tunecina, que depende del turismo para salir de la crisis que sufre desde la caída de la dictadura de Zine el Abidine ben Alí en enero del 2011. El 10% de los tunecinos con empleo dependen del turismo, que representa el 7% del PIB del país y que, antes del ataque islamista, parecía destinado a alcanzar el 10% a poco que soplaran vientos favorables. Hundidos a medio plazo los mercados del petróleo y de los fosfatos, el turismo constituía la gran esperanza económica, la que más inversión extranjera atraía hasta el miércoles y la que más fácilmente podía poner en marcha planes para acabar con algunas carencias crónicas en el sector servicios.

Pero con ser desastroso el daño causado a la economía, quizá sea aún mayor la quiebra en términos políticos, porque la meta fijada por los islamistas es, en última instancia, impedir que se consolide el proceso de institucionalización democrática en Túnez a partir de la Constitución aprobada el año pasado, ejemplar en la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la división de poderes, la igualdad entre sexos y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Como decía el editorial del jueves del diario Le Monde, “Túnez da miedo a los yihadistas” porque se ha fijado una ruta que es la antítesis del discurso fundamentalista y, quizá, la tabla de salvación del islamismo político, representado por Ennahda. El rumbo fijado por el Gobierno y el Parlamento tunecinos es, en última instancia, la traducción práctica de algo afirmado varias veces por el politólogo Sami Nair al referirse a la sociedad tunecina como a una comunidad “formalmente secularizada”, aquella que desencadenó las primaveras árabes y la única que evitó el descarrilamiento del proceso.

“Es esa excepción tunecina a lo que los terroristas quieren poner fin”, afirma la diputada Bochra Belhaj Hmida, del partido Nida Tunes, de orientación laica, el más importante del Gobierno y el del presidente Beji Caid Esebsi. Es una formulación tan corta como exacta: es imprevisible conocer qué capacidad de contaminación podría tener una transición democratizadora que lograra tener éxito. Luego, a ojos del Estado Islámico y de sus franquicias, lo mejor es cortarle las alas antes de que sea demasiado tarde; es más útil para su causa apostar por el caos para desprestigiar al Gobierno, llevarlo contra las cuerdas y, llegado el caso, sumar voluntades entre los decepcionados por la inviabilidad o esterilidad del experimento laico.

Hay un entorno propicio para aplicar esta estrategia, tan vieja que incluso tiene nombre propio: cuanto peor, mejor. En una atmósfera regional irrespirable se suman la porosidad de la frontera de Túnez con Argelia, controlada con frecuencia por grupos islamistas, y la no menos porosa o poco controlada con Libia, un país poco menos que inexistente, desgarrado por la guerra civil que siguió a la caída del régimen extravagante de Muamar Gadafi, y que exporta la yihad al vecindario. Debe sumarse a todo ello la ausencia de Europa en la respiración asistida varias veces reclamada por Túnez, que, al contrario de lo sucedido con el Egipto de la dictadura del general Al Sisi y las petromonarquías, ha echado en falta ayuda económica efectiva para ahuyentar los fantasmas de la desafección después de las esperanzas suscitadas por la primavera del 2011. Las declaraciones de principios sin un euro que las acompañe no tienen ningún efecto práctico en una sociedad sometida durante décadas a una cleptocracia ruinosa y que ha exportado hasta 3.000 combatientes a Siria e Irak para unirse a las huestes del Estado Islámico o de Al Nusra, que es tanto como decir de Al Qaeda.

Pero el análisis del ataque al museo y la matanza de turistas es incompleto si no se menciona el factor cultural, histórico si se prefiere. Pues al atentar contra el Bardo, con su deslumbrante colección de mosaicos, testimonio de la herencia clásica latina, los terroristas han apuntado contra la historia, la cultura y la civilización de las que Túnez se siente depositario, de acuerdo con el análisis de Belhaj Hmida. Y esa suma de historia, cultura y tradición incluye el proyecto democrático en ciernes. “Túnez es un antimodelo para los terroristas y para quienes les financian. Quieren romper este modelo, este experimento”, ha declarado Kamel Jendubi, ministro de las Reformas Constitucionales. Y el Estado Islámico le dio la razón de antemano al difundir un enigmático mensaje en el que, según todos los indicios, anunciaba la proximidad del atentado: “Pronto va a haber una buena noticia para los musulmanes y una mala para los infieles y los cobardes. Especialmente para los amantes de la cultura”.

Así es. La agresión yihadista tiene un componente primordial de ataque a la cultura, a la tradición laicista que anida en una parte importante de la sociedad tunecina y que ha constituido siempre un factor de confrontación con el islam retardatario, aquel que se remite a la sharia y combate cuanto se aparta de ella. Es así desde los días de Habib Burguiba, padre de la independencia y representante de una vanguardia política que bebió y bebe fundamentalmente en las fuentes de la cultura de las Luces y de la política francesas. Pero es también fruto de la lógica impuesta por la prédica del califato, que arrasa con cuanto da testimonio de los tiempos anteriores al profeta, de aquello que constituye el legado no musulmán y que el integrismo quiere que desaparezca para que la única referencia del pasado sea el mensaje de Mahoma o lo que por tal tienen los ideólogos de la guerra santa. Frente a la afirmación de Albert Camus de que “no hay una sola verdad, sino muchas, y no todas son accesibles”, el Estado Islámico quiere imponer una sola verdad por la fuerza del terror.

Puede parecer todo fruto de un mecanismo primario y excluyente –de hecho lo es–, de un sectarismo sin límites, pero resulta efectivo en sociedades deprimidas y sin más referencias que la tradición religiosa como base de la llamada ideología espontánea. El editorial del diario tunecino La Presse recordaba el viernes el convencimiento de Burguiba –siempre Burguiba– de que “la verdadera batalla por la independencia y la dignidad es una batalla económica”. Diríase que de ella depende la viabilidad del proyecto democratizador y laico porque, sin rescatar de la postración a los más vulnerables, crecerán sin pausa las filas de los predicadores de la acción directa y del regreso al pasado. Pero, para evitarlo, hace falta acabar con una de las debilidades estructurales de la transición democrática: la ausencia de la élite financiera en las reformas que se precisan, según el diagnóstico adelantado por el analista tunecino Michaël Béchir Ayari en la web del International Crisis Group.

Aquellas élites que crecieron y se enriquecieron bajo el paraguas protector de la dictadura de Ben Alí son las mismas que hoy se mantienen al margen de las exigencias impuestas por la dinámica social y la presión exterior para neutralizar los riesgos de una involución o una crisis del nuevo Estado en construcción. No hay atajos para poner al día el aparato productivo; solo el compromiso de las élites puede lograr que la operación tenga éxito después del gesto de responsabilidad política compartido por todos los partidos importantes para rescatar al país del marasmo en el que estuvo a punto de sucumbir durante la etapa de gobierno del islamismo moderado, representado por Ennahda. La tradición política legada por el laicismo de Burguiba y sus acompañantes en el momento de la independencia es manifiestamente insuficiente para afrontar el desafío fundamentalista, la pretensión de los yihadistas de enrolar a Túnez en el caos político y la ruina moral que ha hecho posible el éxito sangriento del Estado Islámico o el califato, como se prefiera llamarlo.

El califato se nutre del caos

El Estado Islámico (EI) da muestras de tener una facilidad pasmosa para llenar con su presencia nichos políticos de los que se ha ausentado el Estado convencional o en los que cualquier forma de autoridad institucional es meramente simbólica. Si se une a ello la lógica sectaria y el desprecio por la herencia cultural del pasado en todo lo que no está impregnado por el mensaje del islam, se dispone de un perfil muy reconocible de qué es el EI, qué riesgos entraña y qué desafíos plantea. Pero se concreta asimismo la capacidad que los islamistas de Abú Bakr el Bagdadi tienen de contaminar el entorno y desestabilizarlo o implicarlo en una guerra de desgaste cuya duración, muy larga con toda seguridad, es imposible precisar.

El asesinato de 21 cristianos coptos egipcios en una playa de Libia, la decisión del presidente Abdelfatá al Sisi de responder con bombardeos aéreos, el secuestro de un número indeterminado de cristianos sirios de diferentes ritos y, por último, ese vídeo en el que aparecen varios muyahidines destruyendo estatuas asirias varias veces milenarias son la constatación directa y fehaciente de que esos nichos sin Estado en los que se ha instalado el EI presencian un adelanto de los significados explícitos e implícitos que se derivan de la proclamación del califato. El califato ha adquirido la personalidad de un actor político internacional de primer orden y la “adaptación cultural”, citada a menudo por Henry Kissinger como aquella más adecuada a la realidad de Oriente Próximo que la construcción de naciones por la que optó George W. Bush en Afganistán e Irak, apenas encuentra adeptos en Occidente, donde se ha impuesto el convencimiento de que la única solución posible es la militar y cualquier otra está llamada al fracaso.

Según la profesora Tricia Bacon, de la Universidad Americana de Washington, hay por lo menos cuatro factores que distinguen al EI de otras organizaciones islamistas:

-Recursos abundantes (el petróleo de los pozos conquistados en Siria e Irak, el dinero que estaba depositado en los bancos de las ciudades que ha ocupado y los arsenales abandonados sin lucha en el campo de batalla por el Ejército iraquí).

-Propaganda sofisticada (utilización intensiva de las redes sociales para llevar la yihad hasta las salas de estar de Occidente).

-Líder carismático (el califa Ibrahim –El Bagdadi antes– es uno de los agitadores de nuestro tiempo menos fotografiados, pero eso no ha reducido un ápice la fuerza de su llamamiento a la umma –la comunidad de creyentes– para que sea fiel y sumisa a sus designios).

-Ocupación de un territorio donde tiene libertad de movimientos (una vasta región que une partes de Siria e Irak bajo una sola bandera, más la colonización reciente de un reducto en el norte de Libia).

Hay otros dos factores de índole político-religioso-cultural que deben añadirse a los enumerados por la profesora Bacon:

-La explotación del sentimiento de marginación que invade a la comunidad suní de Irak desde la desaparición del régimen de Sadam Husein y la sustitución de este por otro en manos de la mayoría chií desde que Nuri al Maliki fue nombrado primer ministro, cuyos vicios apenas ha podido corregir su sucesor, Haider al Abadi.

-La pugna histórica entre Irán (chií) y las petromonarquías (sunís) por hacerse con la hegemonía en la región del golfo Pérsico, llamado mar Arábigo por los señores del oro negro, una pugna en la que se insertan los acontecimientos en curso y explica en gran medida las ambigüedades de Arabia Saudí y Catar, sobre todo, en relación con el EI, hoy bombardeado, pero quizá ayer financiado o, por lo menos, tolerado.

“El caos amenaza el orden mundial”, sostiene Henry Kissinger en World Order (Orden Mundial), el libro que presentó en septiembre del año pasado. Kissinger parte de la idea de que el orden mundial es “el concepto que tiene una región o civilización acerca de la naturaleza de acuerdos justo y de la distribución del poder a través de ellos para ser aplicados en todo el mundo”. Pero si una región –Oriente Próximo hoy– cobija un movimiento político de tipo insurreccional, que impide sistematizar el reparto del poder, construir un statu quo duradero, el caos está servido. Si se da además la circunstancia de que en la región se desarrolla una disputa entre actores principales, entonces el riesgo de caos es aún mayor. Esa es la situación desde Libia a Irak, con ramificaciones en Yemen y, más allá del mundo árabe, en partes del África subsahariana, Afganistán y Pakistán, hasta donde llegan los ecos del desafío del Estado Islámico, en unos casos, pervive el mensaje de Al Qaeda, en otros, o persiste la connivencia entre el islamismo en armas y algunas instituciones del Estado (el caso paquistaní).

Pareciera, al mismo tiempo, que últimamente se impone la lógica perversa de considerar a los enemigos de los enemigos como amigos propios. De tal manera que, puesto que el presidente de Siria, Bashar el Asad, combate al EI, y el EI es el adversario principal de Estados Unidos y sus aliados, el matarife sirio ha dejado de serlo o al menos lo es menos que cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fijó las líneas rojas que situaron a El Asad a un paso de ser bombardeo por orden de la Casa Blanca. Y esa lógica perversa puede hacerse extensiva a los países del Golfo que, al combatir al EI, debilitan al principal adversario del presidente sirio, socorrido no pocas veces por Irán, a su vez el gran contrincante chií de las monarquías sunís.

“Las relaciones entre el Gobierno de Irak y los estados del Golfo árabes sunís se han tensado considerablemente en el periodo posterior a Sadam, en parte porque el Gobierno de Irak está dominado por facciones chiís políticamente próximas a Irán”, se lee en el informe La crisis del Estado Islámico y la política de Estados Unidos, dirigido al Congreso de Washington. En el mismo informe se subraya que “los resultados de Estados Unidos de una estrategia de fuerza dependen de la participación de otros actores, tanto estatales como no estatales”; es decir, dependen de la implicación de los aliados, se trate de gobiernos o de organizaciones. Entre los primeros se deben contabilizar todos cuantos con más o menos entusiasmo han puesto sus bombarderos al servicio de la causa, pero también realidades tan debilitadas como el Gobierno libio encerrado en Tobruk, que, en teoría, debe ser el encargado de neutralizara orillas del Mediterráneo al Estado Islámico, señor de una parte de la costa oriental del país. Entre las segundas, quizá piensan aún los analistas estadounidenses en las menguadas fuerzas del Ejército Libre Sirio, convertido en poco más que una sombra de sí mismo y desbordado por el dinamismo de los yihadistas.

De lo que es fácil colegir que parecen estar en lo cierto cuantos piensan que la búsqueda de un desenlace solo militar o esencialmente militar no es más que un monumental error de cálculo, un contrasentido que no dará mejores resultados que los errores de cálculo cometidos antes en Afganistán e Irak. En sociedades decepcionadas por el fracaso de las primaveras árabes, singularmente la egipcia, sometidas a las servidumbres de una realpolitik asfixiante y seducidas por diferentes formas de islamismo, más o menos cercano a la ideología espontánea de comunidades abandonadas a su suerte desde hace décadas, carece de fundamentación lógica pensar que cabe suturar las heridas a cañonazos. Se diría que ni siquiera se puede así garantizar el derecho que asiste a los ciudadanos de los países occidentales de sentirse seguros y proteger su modo de vida, sino más bien todo lo contrario. Bien es verdad que nadie sabe con exactitud, más allá de las buenas palabras, cuál debe ser la alternativa para detener el desastre de los estados fallidos y los poderes de facto que desafían hoy a la comunidad internacional, pero una guerra interminable conduce directamente a un futuro tenebroso.

La OTAN se asoma al califato

Los asesinatos de dos periodistas estadounidenses perpetrados por el Estado Islámico (EI) han agrandado el desafió fundamentalista, que traza un reguero de sangre cada vez más caudaloso. En el artículo publicado este último jueves en el diario conservador británico The Times, prolegómeno de la cumbre de la OTAN celebrada en Gales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dicen haberse juramentado para no acobardarse ante las amenazas del sedicente califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta fecha reciente– y sus secuaces. “Países como el Reino Unido y Estados Unidos no serán intimidados por asesinos”, aseguran ambos líderes, pero lo hacen a muy pocos días de que uno de ellos, Obama, reconociese que carece de una estrategia precisa para combatir a los yihadistas. Un rasgo de sinceridad que le honra, pero que desorienta a la opinión pública, conmovida por las decapitaciones de James Foley y Steven Sotloff, y alarma a los candidatos demócratas que en noviembre concurrirán a las elecciones legislativas de midterm (mitad de mandato).

Obama y en menor medida sus aliados se enfrentan una vez más a un dilema angustioso: hay que ceder al chantaje para salvar una vida amenazada o hay que sacrificar a un inocente para no envalentonar a los chantajistas. La Casa Blanca se inclina por no ceder, pero el resultado de su resistencia al intercambio de favores con los islamistas apenas modifica de momento sobre el terreno los datos esenciales del conflicto. Antes al contrario, parece que la siembra del terror afianza al califato en aquellas regiones de Irak y Siria en las que se ha hecho fuerte. Y las invocaciones a la prudencia sirven al mismo tiempo para reconocer que, incluso si se acierta con la forma de encarar la crisis, “es evidente que lo que se haga no será concluyente”, como publicó el diario liberal británico The Guardian al repasar los puntos calientes que ocupan la agenda de la OTAN.

Ni siquiera es seguro adelantar qué efecto tendrá en la reacción de los electores de Estados Unidos la muerte de Foley y Sotloff, cuyas familias han ocupado noticiarios y debates conmovedores. Cuantos creen que a Obama le faltaron recursos para salvar la vida de los periodistas, incluso una vez iniciada la campaña de bombardeos contra posiciones del EI, recuerdan que en junio accedió a intercambiar a cinco caudillos talibanes por el sargento Bowe Bergdahl, cuyo cautiverio de cinco años en Afganistán sigue bajo sospecha, y los términos de la liberación el 24 de agosto del reportero Peter Theo Curtis, dos años en poder de Al Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, alimenta la sospecha de que no siempre se aplica a misma vara de medir. Una duda que no disipa la posibilidad de que Curtis haya recobrado la libertad como parte de una operación de Al Nusra para suavizar su imagen por comparación con los verdugos del EI.

Hay, por lo demás, un riesgo evidente en el recurso al gran garrote: exportar el combate islamista a suelo occidental. Los cálculos elaborados por el semanario The Economist relativos a ciudadanos europeos y estadounidenses en Siria no ofrecen dudas sobre el éxito de la prédica yihadista más allá de su marco histórico tradicional. Desde que los atentados de Londres de julio del 2005 desvelaron la adhesión de ciudadanos británicos a la causa de la guerra santa, no ha dejado de crecer el temor de que, en cualquier momento, en cualquier circunstancia no previsible, es posible y viable la exportación del combate yihadista en entornos propicios. La seguridad de que fue un ciudadano británico quien segó las vidas de Foley y Sotloff no ha hecho más que acrecentar los temores.

Frente a la tradición del libre examen, herencia de las Luces, una parte del mundo musulmán defiende la idea de que “la gente puede (y debe) ser castigada y discriminada siempre por sus opiniones y prácticas religiosas incorrectas”, afirma el especialista Brian Whitaker, que acaba de publicar un libro ilustrativo: Arabs without God (Árabes sin Dios). Llevado este principio hasta sus últimas consecuencias, con más razón cualquier no musulmán, dentro y fuera de tierra del islam, puede ser un blanco justificado para una mente fanatizada. Si alguien cree que lo que antecede es una simplificación del problema, basta que busque en la red los mensajes de Ibrahim-El Bagdadi para despejar dudas.

¿Cómo ha sido posible tal dislocación del relato político de Oriente Próximo hasta el punto de que el EI lo condiciona todo? Según el profesor libanés Ziad Majed, de la Universidad Americana de París, el nacimiento y consolidación del EI “tiene más de un padre y es el producto de más de una enfermedad de larga duración y generalizada”. Según explica Majed en un artículo publicado en junio en su blog, no es casual que Irak y Siria acojan el último episodio de efervescencia islamista, y da seis razones para que se haya llegado a la situación de este verano:

1º. Sadam Husein, en Irak, y Hafez y Bashar el Asad, en Siria, mataron a cientos de miles de personas, oponentes o no, practicaron un sectarismo profundo y pusieron en marcha “un mecanismo de exclusión y polarización” ideológica.

2º La creación en Irak después de la invasión del 2003 de una nueva autoridad, que excluyó a cuantos habían formado parte del régimen anterior, al mismo tiempo que entró en acción el grupo islamista de Abú Musab el Zarqaui, del que el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), predecesor del EI, fue su heredero directo.

3º La política regional agresiva de Irán, chií, en Líbano e Irak, con consecuencias en Siria, que ha estimulado la división confesional y “ha hecho de estas divisiones la espina dorsal de la movilización ideológica y una política de revancha” en el campo suní.

4º Los jóvenes de algunas redes salafistas del golfo Pérsico que emergieron y crecieron durante los años 80 y han seguido operando durante las dos últimas décadas “bajo varios nombres, siempre en favor del extremismo y el oscurantismo”.

5º La crisis “profundamente enraizada en el pensamiento de algunos grupos islamistas” que buscan escapar de los desafíos del presente mediante la remisión al siglo VII, primero del islam, convencidos de que en la tradición se hallan las respuestas a cualquier desafío de hoy o del futuro.

6º La perpetuación de un ambiente de violencia brutal en Irak y Siria que ha permitido “el crecimiento de esta enfermedad y facilitado el surgimiento de lo que se puede llamar isismo (de ISIS, siglas inglesas de Estado Islámico de Irak y Siria)”.

La delimitación de las causas que hace Majed le lleva a una conclusión de la que bastantes disienten en las cancillerías occidentales y que los analistas de la OTAN descartan por demasiado peligrosa: que Bashar el Asad no es un muro de contención del islamismo en armas, sino la raíz del problema. En consecuencia, tolerar el régimen sirio como un mal menor es una forma de dar oxígeno a los predicadores del califato y a los partidarios de una respuesta radical del islam. Si esta es la realidad y no otra, entonces fue mayúsculo el error cometido por Estados Unidos y sus aliados al no implicarse directamente en el combate contra Asad a cambio de que este renunciara a sus arsenales de armas químicas. Y quizá fuese realmente enorme habida cuenta de que en una situación de guerra abierta el Ejército sirio no necesitaba recurrir al arsenal químico para sojuzgar a la población y asediar a la oposición laica, rápidamente colonizada por el yihadismo y sometida a su estrategia política.

De igual forma, la libertad de movimientos del primer ministro de Irak, Nuri al Maliki, empeñado en encabezar la venganza chií frente a la comunidad suní, favorecida en tiempos de Sadam, no hizo más que alimentar una guerra sectaria presente en las cuatro esquinas de un Estado debilitado por la división confesional, el nacionalismo kurdo y la inoperancia de un Ejército desprestigiado. Un panorama propicio para que por lo menos en un primer momento la llegada del califa suní encontrara auditorios dispuestos a escucharle, a vislumbrar un futuro libre de la presencia occidental y de las arbitrariedades del Gobierno blindado por Estados Unidos. Poco importa que el sueño se convirtiese pronto en pesadilla y que se retirase a El Maliki el encargo de formar Gobierno para confiar a otro la tarea de constituir un Ejecutivo de amplio espectro, porque para entonces la frontera entre Siria e Irak había desaparecido y el EI era una realidad política ineludible.

Los analistas que observan el desaguisado sirio-iraquí aventuran que la misma cadena de errores podría repetirse en Afganistán, donde la misión de la ISAF acabará a final de año. Janine Davidson y Emerson Brooking se preguntan en la web del Council on Foreign Relations “si Afganistán puede seguir por una camino parecido y qué acciones puede llevar a cabo la OTAN para ponerlo a salvo”. En realidad, la incógnita planteada es meramente retórica porque, si no se produce un cambio de estrategia para fortalecer al nuevo presidente afgano –Ashraf Ghani Ahmadzai– y el Gobierno que forme, pocas dudas hay en cuanto a la incapacidad de las autoridades de Kabul de hacerse respetar mucho más allá de los límites de la capital. Es más verosímil un entendimiento de facto entre los señores de la guerra y de la amapola de opio y los guerrilleros talibanes, que algo remotamente parecido a un compromiso político que salvaguarde la normalidad institucional y el principio de legalidad.

Puede decirse que el éxito estratégico del EI, mediante la renuncia al terrorismo global en favor del combate local, ha hecho saltar por los aires algunas de las previsiones más sólidas que siguieron a las primaveras árabes y a la laboriosa rehabilitación de la República Islámica de Irán. Porque la capacidad de contagio es enorme y la llamada a las armas ha seducido a jóvenes de todas partes, del Reino Unido a Mesopotamia, y está lejos de ser flor de un día. La degradación de la estructura social y política en el orbe árabe-musulmán y las conveniencias de Occidente no hacen más que azuzar la hoguera.

 

 

 

La carnicería de nunca acabar

A pocos meses de cumplirse los diez años de la muerte de Yasir Arafat, la carnicería de nunca acabar ha rebrotado en la franja de Gaza sin causar mayor conmoción en la comunidad política internacional que las consabidas buenas palabras, tan previsibles como inútiles para contener la matanza. La sordidez de los argumentos esgrimidos por Israel para poner en movimiento su formidable máquina de guerra está a la altura de las justificaciones no menos sórdidas dadas por Hamás para lanzar cohetes contra territorio israelí. Esta sordidez compartida sucede a la obscenidad intrínseca al asesinato de tres adolescentes israelís y, en represalia, de uno palestino. Aquí acaban los equilibrios del viejo y sangrante conflicto: el resto es pura asimetría, como recordaba José Antonio Sorolla en su columna de este último lunes en EL PERIÓDICO: “No hay equilibrio entre ocupante y ocupado”.

Los juegos de manos de la diplomacia de salón que pretende intervenir en la crisis apenas sirven para ocultar un dato determinante que explica la vergonzosa escalada de los últimos días: el conflicto palestino-israelí –cada día más palestino-israelí y menos árabe-israelí– ha perdido mucha de la importancia estratégica que tuvo antaño. No hay potencia, alianza de estados u organización internacional que vea la posibilidad de obtener beneficios tangibles comprometiéndose con determinación en este viejo y enrevesado contencioso. Los analistas de riesgos de las cancillerías con peso específico comparten la idea de que, acabada la guerra fría, consolidadas las aspiraciones chinas de liderazgo y debilitado el mundo árabe por diferentes factores –las primaveras que no lograron florecer, el yihadismo, la guerra civil siria y la crisis iraquí–, el de Gaza no es más que un conflicto de baja intensidad, más local que regional.

Como ha explicado Alain Frachon en las páginas del periódico francés Le Monde, los problemas de Oriente Próximo pillan muy lejos a las potencias emergentes –las BRIC– reunidas en Brasilia esta semana, cuyo objetivo primordial es engrasar la máquina de hacer negocios. Quedan lejos los días en los que la resolución del agravio palestino figuraba entre los asuntos de cabecera de los países no alineados y, en general, del Sur. En cambio, gana adeptos la idea de que es posible tener ventajosos tratos económicos con Israel sin formular enojosas preguntas y, aún menos, comprometerse en misiones de mediación de suerte incierta. Nadie quiere hipotecar su futuro a causa de un problema que forma parte del relato cotidiano, moviliza de vez en cuando a una opinión pública horrorizada, pero carece de la repercusión estratégica y de seguridad que tuvo en el pasado.

Ese deseo manifiesto de no comprometerse alcanza a Estados Unidos, donde cada vez son más los convencidos de que nada se puede ganar con una mediación y sí se puede perder bastante si se fuerza la mano para mediatizar el enfoque israelí de la crisis. Frente a los fundamentos teóricos de la tradición idealista estadounidense se alza la realidad de un problema enquistado en el alma de Oriente Próximo que cada día afecta menos a las relaciones internacionales a gran escala. En un sistema basado en el multilateralismo, la economía global y la diversificación de los suministros de energía, la reclamación palestina cuenta cada día menos. Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations, lo ha resumido con el mayor de los realismos en la revista The American Interest: el nacimiento de un Estado palestino, aun siendo un acontecimiento positivo para los dos bandos enfrentados, no tendría ninguna repercusión en la suerte futura de Siria, Irak y Egipto. Haas, como tantos otros, sostiene que es en el Pacífico donde está en juego el futuro de Estados Unidos y donde sí debe comprometerse.

Ese deseo compartido por casi todo el mundo de distanciarse del conflicto explica el desparpajo con el que Israel ha instaurado de facto, sin coste político alguno, un régimen de apartheid en los territorios ocupados, convertidos en inmensos campos de concentración sometidos a la arbitrariedad de los responsables de la seguridad israelí. Es esa desgana en nombre del realismo la que ha permitido a Israel perder la batalla de la opinión pública sin mayores perjuicios prácticos, incluso cuando se registran sucesos del tenor de la muerte de cuatro niños en una playa de Gaza, alcanzados por fuego israelí abierto desde el mar. Las disculpas dadas por el presidente Simón Peres no valen nada ante la inmoralidad del ataque, pero es más que improbable que se alcen voces con capacidad para presionar al Gobierno de Binyamin Netanyahu a fin de que lleve ante el juez a los responsables de la fechoría.

Así las cosas, ¿quién puede parar la sangría? ¿Quién está en condiciones de convencer a Hamás de que no puede ganar esta guerra? ¿Quién se halla en situación de ofrecer a Israel una tregua realista, de larga duración y no manipulable? Cuando las miradas se dirigen a Egipto, asoma la desconfianza de Hamás, que acusa al presidente Abdel Fatá al Sisi de buscar el acuerdo con Israel sin escuchar a las facciones palestinas. Si la iniciativa es de la Unión Europa –improbable, habida cuenta de las discrepancias entre socios–, surge la desconfianza israelí por la presunta tendencia de los europeos a favorecer la causa palestina. En el caso hipotético de que Estados Unidos se hiciera cargo del problema, el presidente Barack Obama debería afrontar los recelos hacia su persona de una parte muy influyente de la comunidad judía estadounidense, por no hablar del disgusto que expresarían muchos candidatos de su propio partido que participarán en las elecciones de noviembre.

Hay tantas razones para concluir que nadie hará nada para lograr que la degollina en curso sea la última como motivos para pensar que el derecho a defenderse que asiste a todo Estado seguirá siendo la monserga con la que Israel seguirá justificando el ardor combativo de sus generales, fuera de toda medida o proporcionalidad. Cuanto sucede estos días va mucho más lejos de la vieja ley del talión –“ojo por ojo, diente por diente”, se dice en el Éxodo–, que por vieja nadie debiera invocar, y del moderno derecho a repeler una agresión, y más parece todo una forma de venganza a gran escala. La estrategia de Hamás y de los partidarios de la acción directa en nombre del islam no legitima la política de tierra quemada llevada a la práctica por un Gobierno donde son mayoría los adversarios del principio paz por territorios. Si, además, sigue vigente la sospecha de que los gobernantes israelís decidieron provocar una situación límite en cuanto Al Fatá y Hamás formaron un Gobierno de unidad, no hay forma de analizar cuanto sucede sin percibir que todo desprende un intenso, profundo e insoportable olor a podrido.

El artículo de Alain Frachon termina con un vaticinio descorazonador: las  bombas seguirán cayendo. Aunque ahora se logre una tregua, aunque el presidente Mahmud Abás halle un resquicio para mencionar una vez más el proceso de paz, a pesar de todo lo imaginable para evitar el reino de la muerte, más temprano que tarde, volverá a caldearse el ambiente, volverán los profetas del pasado que recordarán la frase del sionista británico Israel Zangwill –“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”–, volverá la autorización de nuevos asentamientos, volverá la xenofobia de Avigdor Leiberman, volverá la propaganda desabrida de Hamás y los generales dispondrán de nuevo de un pretexto para atacar. Porque lo cierto es que Israel considera vencido el compromiso de Oslo y no deja pasar ocasión para que el nacimiento de un Estado palestino sea cada día menos viable. Por eso las bombas seguirán cayendo sin que la comunidad internacional haga gran cosa para evitarlo.