Siria, condenada a un empate sangriento

Ni siquiera el temor de la CIA a que Al Qaeda transforme una parte de Siria en una base operativa para organizar ataques contra Occidente parece motivo suficiente para que Estados Unidos y los países europeos busquen la forma de sofocar la guerra civil, que en marzo cumplió tres años. El desmantelamiento del arsenal químico del presidente Bashar el Asad contenta a quienes piensan que es mejor soportar una guerra de baja intensidad, a tenor de los informes redactados por los gabinetes de análisis, que comprometer el futuro con negociaciones inciertas que legitimen a una oposición colonizada por el yihadismo. Y eso a pesar de que la cifra de muertos –unos 160.000– crece sin cesar y la de desplazados –más de cuatro millones– galopa a lomos de la pasividad de la comunidad internacional y de las advertencias acerca de la capacidad de contaminación de la guerra a Líbano y a otros países del vecindario.

En febrero de hace dos años, al ver la luz el primer Bloglobal, cuando los muertos eran 20.000 y los desplazados eran quizá menos de un millón, Abdel Bari Atuan, editor del diario en árabe Al Quds al Arabi, que se imprime en Londres, advertía: “El conflicto sectario en Siria puede extenderse más allá de sus fronteras y al resto de la región; en el peor escenario, vemos posible un regreso a la guerra fría, alineando posiciones en la chia –la comunidad chií–, respaldada por Rusia y China, contra los países sunís, apoyados por Occidente”. Al llegar al Bloglobal número 100, aquellos presagios no solo se cumplen, sino que se agravan con la contribución de Al Qaeda y sus franquicias, dirigida a adueñarse de la estrategia de la oposición para disponer de una base de operaciones estable, según el director de CIA, John O. Brennan.

Aquello que empezó siendo una derivada de las primaveras árabes ofrece hoy el sombrío aspecto de una guerra sin fecha de vencimiento en la que los intereses en juego han dejado a su suerte a la población que la sufre en carne propia. El último informe de las Naciones Unidas, fechado en marzo, no deja lugar a dudas en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de ambos bandos, pero en el ánimo de los países en mejor posición para contener la matanza pesa por encima de todo el miedo a perder el control sobre Siria al día siguiente de la liquidación del régimen de Asad. Un miedo alimentado todos los días por la división interna de la oposición reconocida por Estados Unidos y sus aliados, pero incapaz de transmitir la menor sensación de cohesión y confianza.

La seguridad del presidente sirio en que su sillón está lejos de zozobrar procede justamente de la falta de consistencia política de la oposición. La guerra ha dispensado a Asad de las obligaciones propias de su función –el Estado ha dejado de ser el ente prestador de servicios que se supone que debe ser– y las torpezas de la oposición, más incluso que el apoyo de Rusia, Irán, Hizbulá, China en menor medida y otros aliados, le ha liberado de la presión inicial de sus adversarios en el exterior. Como tantas veces en tantos conflictos, la dirección a distancia del combate contra Asad ha hecho que la lógica de la guerra desbordara la capacidad de gestión de la oposición moderada en beneficio de los combatientes sobre el terreno, parasitados por los yihadistas procedentes de Irak, Pakistán y otros puntos cardinales del orbe islámico donde la acción directa fue o está de permanente actualidad. Al final, a ojos de la Administración de Barack Obama y de los gobiernos de la UE más directamente vigilantes de la crisis –el Reino Unido y Francia–, la dictadura de Bashar el Asad ha tomado la forma de mal necesario, preferible en cualquier caso a que el mundo de Al Qaeda se haga con Siria, territorio limítrofe con Israel y con la OTAN (Turquía).

Esa opción por el mal necesario o el mal menor es a menudo objeto de furibundos ataques desde la derecha neoconservadora más desinhibida, pero la comunidad de inteligencia estadounidense, de tradición eminentemente conservadora, tiende a considerar el conflicto sirio como una crisis fuera de control que aconseja esperar y ver.  Aun así, publicaciones como The Weekly Standard, fundada por el muy conservador William Kristol, se afanan en atacar la “diplomacia dubitativa” de Obama con artículos como el publicado por Elliott Abrams en enero, compendio de reproches que alcanzan al secretario de Estado, John Kerry, y a los negociadores que a finales de verano aceptaron el compromiso sirio de desprenderse del arsenal químico para renunciar a actuar sobre el terreno. La famosa amenaza de Obama de entrar en acción si Asad traspasaba las líneas rojas del recurso a las armas químicas, se volvió contra la Casa Blanca, y desde entonces la derecha no ha dejado de resaltar la presunta debilidad del presidente.

Abrams, como el resto de conservadores, considera que Turquía y los árabes, sin el concurso de Estados Unidos, son incapaces de poner en pie un “programa coherente” para acabar con la guerra sin desviar la vista hacia alguno de los grupos vinculados a Al Qaeda. Una suposición precipitada, por no decir cargada de prejuicios, porque del rumbo fijado por los países árabes, con primavera o sin ella, se desprende que todo es posible, menos que se entreguen a un coqueteo imprudente con los herederos de Osama bin Laden. Es más, después de los acontecimientos de los últimos meses en Egipto, núcleo fundamental de la política árabe, ningún vaticinio sensato pasa por un gesto de comprensión del Ejército hacia el fundamentalismo islámico en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Mientras la tragedia siria cumple su función de arma política para desgastar la figura de Obama y su Gobierno, se pasan por alto dos datos relevantes: la transformación de Siria en un Estado fallido y la aparición en el relato de la guerra de intereses económicos, vinculados a los contrincantes, que han tejido una red de complicidades insostenible fuera de la guerra, de acuerdo con el análisis del especialista Jihad Yazigi. Esta tupida trama, a la que la familia Asad no es ajena, es un obstáculo más para contener la guerra, y no habrá negociación futura que pueda soslayar su existencia porque, de hacerlo, será imposible articular una solución política duradera. Es más, la aniquilación de la economía convencional y el surgimiento de otra fragmentada, gestora de intereses asimismo fragmentados, contribuye a diluir lo poco que queda del Estado y lo suplanta de facto.

La coreografía diplomática representada el pasado 22 de enero en las conversaciones conocidas como Ginebra 2 –“espectáculo televisado de hipocresía” en feliz descripción del periodista Mateo Madridejos– se zanjó como un resumen elocuente de la disolución del Estado, de la capacidad de Asad de resistir, parapetado en sus aliados y protectores, y del debilitamiento de la oposición reconocida por Occidente que se cobija en la Coalición Nacional Siria. La realpolitik condena hoy a la sociedad siria a vivir en un impasse ensangrentado, en un callejón sin salida del que se ha adueñado la guerra, constituida esta en un sistema con su propia lógica interna, que se alimenta a sí mismo mediante la protección de los intereses de cada bando, al tiempo que las víctimas se ven obligadas a soportar las consecuencias de un empate histórico sin desenlace a la vista.

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.    

Siria, una tragedia sin límites

La primera víctima incruenta de la conferencia Ginebra 2 ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, obligado por Estados Unidos a retirar la invitación previamente cursada a Irán para que participara en las conversaciones. Desde el desaire sufrido en 1996 por Butros Butros-Ghali, cuya reelección al frente de los destinos de la ONU fue vetada por el presidente Bill Clinton, no se daba una situación de debilitamiento tan extremo de la dirección del organismo que en el plano puramente teórico tutela las relaciones internacionales. Prueba de las grandes dificultades que presenta detener la matanza en Siria y dar con el punto intermedio que haga posible, por lo menos, pasar del campo de batalla al encuentro entre adversarios. Prueba, asimismo, de los riesgos que contrae quien asume compromisos concretos en esa larga tragedia, que suma 130.000 muertos y varios millones de desplazados –las cifras se han desbocado–, además de transmitir al resto del mundo la impresión de que el desastre va para largo.

La ausencia de Irán de Ginebra 2 daña irremediablemente las de por sí escasísimas posibilidades de sacar algo en limpio de la coreografía diplomática. El deseo de la Casa Blanca de desvanecer toda sospecha de concomitancia con la diplomacia iraní, a la que con frecuencia se refieren los republicanos adscritos al Tea Party, ha hecho caer en el olvido el diagnóstico de Kofi Annan, cuando aceptó el encargo de mediar en la guerra de Siria: “Irán es un actor. Debería formar parte de la solución. Tiene influencia y no podemos ignorarlo”. En ese olvido voluntario ha pesado el reciente acuerdo sobre el programa nuclear de los ayatolás, atacado con parecida violencia por los neocons en Estados Unidos y por los halcones de Teherán, pero, al plegarse a esa realidad, el presidente Barack Obama ha renunciado a la eventual capacidad de persuasión del hábil Muhamad Javad Zarif, ministro iraní de Asuntos Exteriores, para atemperar los ímpetus belicistas de una parte del chiísmo radical.

La segunda víctima incruenta es el diplomático argelino Lajdar Brahimi, superado por la situación y atenazado en la misión que tiene encomendada a causa de la gestión del conflicto desde Estados Unidos y Rusia, de la división en las filas de la oposición siria, del pulso que mantienen las teocracias suní (Arabia Saudí) y chií (Irán) por la hegemonía en el Golfo, de la segunda vida de Al Qaeda, reactivada en Irak, y del temor muy extendido a que el conflicto sirio acabe contaminando toda la región si es que no lo ha hecho ya. Cuando Brahimi se acerca a la mesa de la conciliación para acercar posiciones lo hace sin más posibilidades de éxito que las ganas que tengan sus interlocutores de renunciar a la grandilocuencia. Una disposición infrecuente en el clima de invectivas cruzadas por el Gobierno de Bashar el Asad y las diferentes oposiciones que le hacen frente con desigual fortuna e influencia.

La situación de Brahimi es fiel reflejo de la división en la Liga Árabe, que se debate entre la implicación de Arabia Saudí y sus aliados del momento, más o menos dispuestos a seguirla, y el deseo de los países más alejados del conflicto de limitar los compromisos. Pero la situación de Brahimi explica también hasta qué punto pesa en la crisis siria la falta de sintonía entre Arabia Saudí y el equipo de Obama y el deseo expresado por el presidente de mantener alguna forma de equilibrio regional compartido por saudís e iranís. Eso es tanto como decir alguna forma de equilibrio entre sunís y chiís, del Mediterráneo oriental al Golfo, según el análisis del especialista Husein Ibish, con las dificultades inherentes a tejer una red de intereses comunes con una hebra árabe y otra que no lo es (Irán).

La tercera víctima incruenta es la oposición posibilista, reconocida por Occidente como representante legítima del pueblo sirio que se levantó contra el autócrata, pero extremamente debilitada por su incapacidad manifiesta para neutralizar sobre el terreno a los yihadistas. Esta oposición, con la que Occidente creyó poder desalojar del poder a Asad al precio de daños colaterales mínimos, está dirigida por figuras largo tiempo alejadas de Siria, poco representativas del argumento que se desarrolla en el interior del país, y no siempre capaces de ponerse de acuerdo para aplicar un programa a largo plazo de reconstrucción del país.

Que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declare que tener el derecho de dirigir un país no puede “proceder de la tortura, los barriles-bomba y los misiles Scud” tiene menos eficacia real para la oposición moderada que la determinación de Sergei Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores, de descartar “posiciones premeditadas” –el apartamiento de Asad del poder– en Ginebra 2. Porque mientras las palabras de Kerry apenas sirven para un titular de prensa, la actitud de Lavrov implica que el presidente sirio seguirá en el poder por un tiempo indeterminado, pero largo a todas luces. Y a continuación de Lavrov, con efectos prácticos no menos importantes, deben contabilizarse los apoyos externos que recibe Asad desde el chiísmo radical, empezando por la milicia libanesa de Hizbulá, presente en el teatro de operaciones sirio.

Todo eso debilita el posibilismo tanto como la determinación de las organizaciones yihadistas de oponerse a cualquier desenlace negociado del conflicto. “El futuro de Siria será decidido aquí, sobre el terreno, y firmado con la sangre de los frentes y no en conferencias vacías a las que acuden aquellos que no se representan ni a sí mismo”, ha manifestado Abú Omar, dirigente del Frente Islámico, un conglomerado de grupos “wahabís takfiris”, en expresión utilizada por la emisora de televisión Al Manar, que pertenece a Hizbulá. Detrás de las palabras de Omar alienta la estrategia defendida por Al Qaeda en el último mensaje de voz conocido de su máximo dirigente, Aymán al Zauahiri: que cesen los combates entre facciones rebeldes.

Los fundamentalistas saben que la guerra dentro de la guerra aligera la presión interna sobre Asad y las grandes potencias comparten esa opinión, pero mientras los primeros aspiran a imponer su enfoque de la crisis siria mediante la unidad de acción, las segundas entienden que mientras sean los islamistas los que dirigen la batalla, la guerra dentro de la guerra es un mal necesario. Es esta una de las pocas coincidencias de criterio de Estados Unidos y Rusia, cuya preocupación por el auge yihadista está en relación directa con sus propios problemas con el islamismo radical en Daguestán, Chechenia y otras regiones del Cáucaso, tal como explica en su web Brian Whitaker. El Gobierno ruso teme el contagio y que alguna franquicia de Al Qaeda arraigue dentro de sus fronteras en territorios de tradición musulmana, una razón más para que apoye a Asad, que se presenta ante la comunidad internacional como un luchador decidido contra el terrorismo global.

Cuando el rompecabezas es tan complicado, las esperanzas menguan a cada palabra dicha de más, a cada gesto abrupto que delata el desacuerdo profundo entre las partes, y, en la guerra de siria, los gestos abruptos se remontan a casi tres años atrás, cuando de la protesta popular se pasó a los combates esporádicos y de ahí, a la guerra civil, las armas químicas, la infiltración fundamentalista, las líneas rojas de Obama que dejaron de serlo y así sucesivamente hasta llegar a Ginebra 2. Hasta llegar a la aspiración tan sensata como tremendamente difícil de establecer un periodo transitorio en el que Gobierno y oposición compartan el poder, después de la salida de Asad, para pacificar el país, evitar que se convierta en un Estado fallido a las puertas de Israel y conjurar el riesgo de que toda la región padezca las consecuencias. Sería magnífico pensar que, por sensato, es posible el futuro así descrito, pero hay demasiados indicios para no creer que el rumbo que se sigue es muy otro.

 

 

 

 

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

Túnez da ejemplo otra vez

El acuerdo alcanzado por los partidos representados en la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez para desatascar la redacción y aprobación de una nueva Constitución contrasta con el galimatías libio, que culminó este jueves con la retención durante unas horas del primer ministro, Alí Zeidán, y aún más con el otoño Egipto, donde sigue sin conocerse el paradero de Mohamed Mursi, presidente depuesto por el Ejército el 3 de julio. No todo tiene el mismo tono regresivo en el norte de África, y otra vez, como sucedió a principios del 2011, son los tunecinos quienes dan muestras de sentido político al buscar una salida ordenada al problema planteado por una Cámara zarandeada por desacuerdos insolubles y unas fuerzas laicas emocionalmente sacudidas por los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos de las voces más influyentes de la izquierda. Mientras tanto, nadie sabe hacia dónde se dirige la reforma libia, a expensas de los designios de grupos incontrolados que no hay forma de desarmar, y cada día es más evidente que en el horizonte egipcio se consolida la silueta de una dictadura militar encubierta.

Quizá sea cierto que la operación desencadenada por Estados Unidos para sacar de Libia a Abú Anás al Libi, presunto responsable de las matanzas en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar Es Salaam, el 7 de agosto de 1998, haya echado más leña al fuego a la falta de vertebración del país surgido del final de la guerra civil. Es seguro que la política contemplativa de Occidente en el desarrollo de los acontecimientos en Egipto a partir del golpe de Estado ha favorecido a los generales, movilizados en defensa de los intereses de una casta que controla más del 30% de la economía del país. Pero no es menos cierto que frente a la debilidad del núcleo laico en ambos países, la disposición del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) ha suplido las carencias de unas fuerzas políticas laicas inexpertas, enfrascadas con frecuencia en estériles debates bizantinos, y condicionadas por la disciplina de Ennahda (islamista moderado), que representa a la sumo a un cuarto de la población del país, aunque obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de octubre del 2011.

Habib Burguiba, padre de la independencia de Túnez, en Bizerta, en el norte del país, en 1952.

En definitiva, el equilibrio entre laicos e islamistas moderados, más allá de la aritmética electoral, se ha restablecido en Túnez, con el consiguiente apaciguamiento de las pasiones, al tiempo que en Libia no hay forma de desentrañar dónde se encuentran en verdad los resortes del poder legítimo o, peor aún, cunde la sospecha de que estos no existen, sometido todo el andamiaje político a las milicias armadas, la pugna tribal y la exigencia del este –región petrolífera– de disfrutar de mayores cuotas de poder. Y, en Egipto, los notables presididos por Amr Musa, encargados de redactar una nueva Constitución a la medida de los cuarteles, tienen cada día más la apariencia de máscaras cuyo destino es ocultar el torvo rostro de la dictadura militar que pilota el general Abdel Fatá al Sisi.

Como recordaba Jean Daniel, fundador del semanario progresista francés Le Nouvel Observateur, en un artículo publicado el 13 de febrero de este año, en momentos de gran incertidumbre, la herencia de Habib Burguiba, padre de la independencia tunecina, la crisis de “ese pequeño país desborda con mucho sus fronteras”. “De su resolución –añadía Daniel–, dependerá la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”.  El mismo autor reconocía en aquel artículo que Burguiba fue con el paso del tiempo “un déspota cada vez menos ilustrado”, pero sus primeros años “fueron esenciales en dos apartados: sus decisiones relativas al estatuto de la mujer y la forma de practicar y respetar el islam”. La UGTT ganó influencia y prestigio en aquella atmósfera de compromiso aconfesional, y aún hoy agavilla voluntades enfrentadas gracias a la herencia recibida.

A la izquierda, Gamal Abdel Naser, presidente de Egipto, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en la conferencia de no alneados de Belgrado, en 1961.

“El aspecto más significativamente singular de lo sucedido en Túnez es la capacidad de todos los actores políticos importantes, incluido el partido Ennahda, que dirige un Gobierno de coalición, para dialogar, negociar y comprometerse cuando es necesario para mantener la transición hacia una democracia plural que alcance a todos los grupos para competir por el poder”, destaca el analista Rami Khouri. Esa es una cualidad del entramado tunecino que de momento carece de licencia de exportación y que, con toda probabilidad, deriva de la secularización de la cultura política deseada por Burguiba en los años que siguieron a la independencia (1956). Burguiba sucumbió a la tentación del culto a la personalidad y de un paternalismo acrítico, pero suministró antídotos civiles para neutralizar otras tentaciones: el cesarismo, el dogmatismo religioso, la postergación de la mujer y el comunitarismo.

Si se compara esa herencia con el relato emancipador de Gamal Abdel Naser, padre del Egipto moderno, surge enseguida la gran diferencia: Naser, al frente del mayor de los estados árabes, aspiró a dirigir el orbe árabe; Burguiba, líder de un pequeño país, no soñó nunca con encabezar grandes aventuras más allá de sus fronteras. La modesta ambición política de Burguiba tuvo un carácter estrictamente nacional; el proyecto panarabista de Naser, a menudo grandilocuente, requirió la construcción de un régimen basado en la supremacía del Ejército para hacer frente a Israel y redimir el agravio de 1948. Medio siglo más tarde, de la suerte del modelo tunecino, con todas las vicisitudes que se quiera, depende “la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”, como se recoge más arriba, mientras que los uniformados de El Cairo aparecen como una sociedad cerrada cuyo primer objetivo es gestionar sus negocios y garantizar el poder de los centuriones.

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983,

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983.

Si la comparación es con el caos libio, entonces el contraste es aún mayor. El Estado de masas de Muamar Gadafi, la Yamahiriya, nunca fue mucho más que un nombre. En la práctica, solo fue útil para que prevalecieran las rivalidades tribales cuyo fragor confería al dictador un poder arbitral permanente del que dependía su supervivencia. A diferencia de Burguiba y Naser, que construyeron identidades políticas –nacionales– indiscutiblemente vigentes, Gadafi no tuvo el mayor interés en hacerlo, sino que fomentó la división. El caso es que hoy, después de una sangrienta guerra civil, un proceso constituyente instalado en la confusión y la exportación de petróleo –la capacidad extractiva de Libia es de 1,6 millones de barriles diarios– afectada por la pugna política, el país tiene la imperiosa necesidad de impulsar la socialización nacional para evitar que la adscripción tribal siga siendo la barrera infranqueable que se levanta entre los individuos y el Estado. Sin la construcción de una identidad colectiva que se extienda por encima de localismos y fidelidades personales, será muy difícil que pueda oponerse un poder homogéneo a las milicias surgidas durante la guerra, con presencia muy activa del islamismo radical.

Aún así, sigue en vigor el aserto más repetido desde que todo empezó entre los últimos días del 2010 y los primeros del 2011: nada será como antes. Acaso Egipto haya vuelto a la casilla de salida y acaso ese otoño de los generales se prolongue en un gobierno de los uniformados de duración imprevisible. Acaso Libia se haya salido del tablero y deba superar grandes dificultades y contratiempos antes de volver a él. Acaso, en fin, Túnez no consiga en mucho tiempo alcanzar la velocidad de crucero de la democratización y tenga que remontar cuestas interminables. Acaso todo eso suceda, pero la calle árabe perdió el miedo, según subrayan los sociólogos políticos, y lo que ahora acontece no es más que la confirmación empírica de que se quedaron cortos en sus cálculos cuantos diagnosticaron en los primeros días de las primaveras que haría falta una generación para que cuajaran.

Obama, prisionero de las líneas rojas

El lenguaje barroco más recargado se ha adueñado del debate de las ideas y de los prolegómenos de una posible intervención militar de Occidente –Estados Unidos y Francia, por lo menos– en Siria. La solemnidad de algunas declaraciones apenas oculta las pocas ganas del presidente Barack Obama de enfangarse en la crisis, prisionero de las líneas rojas dibujadas por él mismo y que Bashar el Asad con toda probabilidad cruzó el 21 de agosto al desencadenar un ataque con armas químicas en un suburbio de Damasco. Nadie pidió a Obama –ni sus aliados ni la opinión pública– un compromiso de actuación tan explícito, que abre cuatro frentes de discusión, todos ellos erizados de espinas:

-¿Es legítima una intervención internacional en la guerra civil Siria sin contar con un mandato expreso de las Naciones Unidas?

-¿Qué garantías hay de que la intervención no se prolongará sine díe?

-¿Qué sucederá en Siria después de la intervención?

-¿Qué efectos tendrá sobre la precaria estabilidad en Oriente Próximo?

Víctimas del presunto ataque con armas químicas del 21 de agosto en Damasco.

El crucigrama puede ampliarse a poco que se piense en la situación en que queda la ONU si Estados Unidos desencadena el ataque antes de conocerse el informe de los expertos que despachó al teatro de operaciones. Aunque el exministro francés de Asuntos Exteriores Hubert Védrine invoca la legitimidad de una operación de castigo por “el horror de los hechos”, también reconoce que sentará un precedente por si no fuesen suficientes, aunque no comparables, los de Kosovo e Irak, por citar los más recientes. Aunque el presidente Obama sostenga que no fue él “quien fijó la línea roja”, sino la comunidad internacional mediante la Convención de 1993, que prohíbe el uso de armas químicas, muchos dudan de que se respete el derecho internacional si empiezan los bombardeos sin una resolución expresa de las Naciones Unidas.

La víspera de la reunión del G-20 en San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, forzado por su condición de anfitrión y para aligerar la atmósfera de la conferencia, dijo que se sumará a una operación de castigo si la ONU confirma que Asad utilizó armas químicas. El compromiso de Putin es de un oportunismo manifiesto –los inspectores solo podrán certificar, llegado el caso, que se utilizaron armas químicas, pero no, quién recurrió a ellas–, introduce elementos de confusión y en la práctica excluye un cambio en la posición de Rusia (y China) en el Consejo de Seguridad, donde se oponen a la intervención. Y si China, después de la cita del G-20, se presta a ser el emisario entre Estados Unidos y Rusia, lo hará dejando siempre a salvo su relación con Irán, cuyo régimen avala al de Asad.

Combatientes rebeldes con máscaras antigas fotografiados en mayo por Laurent Van der Stock, del diario francés ‘Le Monde’.

La carta firmada a última hora en San Petersburgo por diez aliados de Estados Unidos es poco más que una pieza de decoración. Aunque resulta sorprendente que algunos de los siganatarios –Mariano Rajoy, entre ellos– presten su rúbrica para reclamar una intervención contundente en Siria después de haberse acogido a la necesidad de conocer el informe de la ONU antes de adoptar una decisión definitiva, no es suficiente para borrar la impresión de que Obama está condenado a lidiar la crisis con menos apoyos efectivos de los deseados. ¿Es un episodio más del declive del gendarme universal o la confirmación de que lo que realmente desea Obama es reducir al mínimo imprescindible la implicación de Estados Unidos en el laberinto de Oriente Próximo? Es pronto para saberlo.

El analista estadounidense Anthony H. Cordesman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), atribuye a Obama una estrategia militar y diplomática inspirada en la pieza teatral Esperando a Godot, de Samuel Beckett. “La Administración siguió el guion de la obra de Beckett en la medida en que no definió las razones de lo que los actores estaban haciendo, por qué estaban esperando o qué iba a pasar después de la llegada de Godot”, escribe el experto del CSIS. Lo que con más ansia espera Obama es que la coalición gane socios, pero ni la OTAN ni la UE disponen de mayorías intervencionistas. Antes al contrario, el precedente del voto en contra de la Càmara de los Comunes a la disposición de David Cameron a entrar en acción ha retraído a los dudosos y ha afianzado en sus posiciones a cuantos se oponen a un ataque a Siria. La discusión parece cerrada para la mayoría desde el mismo momento en que el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, ha dicho que la solución a la crisis siria solo puede ser política, y ni siquiera ha aludido a la ONU.

En el comportamiento de Obama y sus colaboradores se entrecruzan imprecisiones, contradicciones y el temor a que el presidente, que en el primer mandato se consagró como el vencedor de Osama bin Laden, forje en el segundo una imagen más cercana a la de Neville Chamberlain. Esa es, al menos, la referencia más utilizada por una parte de la derecha neoconservadora, que hace alusiones constantes a la segunda guerra mundial, cuando nada se parece menos a la crisis actual, por muy dubitativo y partidario de la política de apaciguamiento que se muestre Obama. Como dice Conor Friedersdorf en la revista liberal The Atlantic, la derecha dura tiene interés en situar el momento en un cruce de caminos similar al de 1938, pero no se trata más que de una simplificación grosera de los acontecimientos. Es más, hay razones suficientes para temer en igual medida al régimen sirio que a las consecuencias de su hundimiento.

Tanto en Estados Unidos como en Francia se multiplican los vaticinios más lóbregos, aquellos que presentan la caída de Asad como el ascenso de una combinación ingobernable de fuerzas sometidas a las armas de los islamistas radicales. La intención de Occidente de promover la figura de un Hamid Karzai bis en la persona del general Alí Habib, que desertó del régimen sirio, tiene pocas posibilidades de convertirse en una salida de consenso y, en cambio, la movilidad de organizaciones como Nusra y Estado Islámico en Irak y Siria, con la ayuda de Irán y de Hizbulá –en la práctica, es lo mismo–, tienen grandes posibilidades de escribir el futuro. El especialista C.J. Chivers entiende que este es el gran dilema de Occidente, más allá de las razones coyunturales a favor y en contra de la intervención: debilitar a Asad sin controlar los acontecimientos que seguirán o dejar las cosas como están y prolongar la carnicería.

Manifestación contra una intervención de Estados Unidos en Siria, el 31 de agosto en Washington.

El dilema se puede hacer extensivo a las opiniones públicas de las sociedades democráticas, conmovidas por la matanza, pero alarmadas por las imágenes de las ejecuciones sumarias de presos perpetradas por grupos rebeldes y la imposición de la sharia en algunos lugares bajo control islamista. Los sondeos en Francia revelan que el 74% de la población se opone a la presencia en Siria, pero esa misma población se moviliza para paliar las consecuencias de la crisis de subsistencias que deben afrontar dos millones de refugiados y cuatro millones de desplazados. En Estados Unidos, el recuerdo de Irak pesa como una losa y son pocos los que creen que están en juego intereses vitales; el recurso al armamento químico repugna a las conciencias, pero resulta insoportable la perspectiva de otra larga y lejana guerra. En ambos casos, los comandantes en jefe prometen una actuación limitada en el tiempo y sin soldados en tierra, pero después del primer disparo todo es posible.

Superados largamente los 100.000 muertos, dividida la Liga Árabe de forma irremediable, abierta la disputa por la hegemonía regional –Egipto, Turquía– y sumidas en el ocaso las primaveras, las incertidumbres paralizan a los estrategas. Pero al activar los resortes de la intervención, llevar el asunto a los respectivos parlamentos y buscar aliados, Obama y Hollande han situado la partida en un punto de no retorno. Si ahora hiciesen marcha atrás, la credibilidad de ambos resultaría dañada sin que mejorara la de la ONU, condenada a la parálisis por el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No se vislumbran luces en el horizonte.

 

 

 

Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.

Hartazgo por el autoritarismo de Erdogan

La concentración de la plaza Taksim de Estambul pone a prueba la ductilidad del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y, por extensión, del islamismo moderado, que lleva más de una década en el poder. La propagación de la protesta a las grandes ciudades de Turquía, la escenografía, semejante a la de los días del gran cambio en las primaveras árabes, y el choque entre una sociedad descontenta y un poder omnipresente inducen a sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de un movimiento acéfalo y genuinamente diferente al que se alzó contra los autócratas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y otros paisajes de la geografía árabe. Entre las diferencias, no es un dato menor que Erdogan cuenta sus comparecencias en las urnas por victorias y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas turcas) se ha convertido en referencia ineludible del islam político, dispuesto a acatar las reglas básicas de la democracia.

Mustafá Kemal

Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938), padre de la Turquía moderna.

Desde la liquidación de la monarquía, la sociedad turca se debate entre la tradición y la república laica, entre la ideología espontánea heredada del sultanato y la secularización promovida por Mustafá Kemal Ataturk y custodiada hasta anteayer por el Ejército, entre la división de poderes y la intromisión de la religión en la política. A horcajadas entre Europa y Asia, la sociedad urbana se ha adaptado al cambio, pero el mundo rural ha mantenido los preceptos islámicos como el factor determinante de la vida cotidiana. Así se ha mantenido la controversia entre el Estado secular y la unidad entre política y religión, consustancial al orbe musulmán. Con el añadido de que Erdogan encabeza un experimento en el que han de tener cabida forzosamente los partidarios del Estado laico, salvo riesgo manifiesto de que se consume una fractura social.

A partir de ahí, de esa dualidad llena de complejidades, poco importa cuál es el pretexto para la protesta y cuáles son las razones esgrimidas por el poder para recurrir a los gases lacrimógenos. Como ha escrito el periodista Mahir Zeymalov en Today’s Zaman, diario turco editado en inglés, “Erdogan comprende que unos cuantos árboles no pueden ser el motivo que hay detrás de la escalada de protestas”, pero, al mismo tiempo, se resiste a aceptar que su forma de entender el poder sea la causa primera de cuanto sucede. El atropello de talar unos cuantos árboles en el parque de Gezi para construir un centro comercial da para desencadenar una repulsa ciudadana con objetivos limitados, pero no para encender un país y movilizar a medios de comunicación de todo el mundo. En cambio, el hartazgo por el autoritarismo de Erdogan sí da sentido a la ocupación de la plaza Taksim.

Turquía. EconomíaMientras una parte importante del AKP y el propio presidente del país, Abdullah Gül, parecen entender que el reformismo islamista descansa sobre un pacto entre sectores sociales que hoy debe renovarse, Erdogan da la impresión de haberse despegado de la realidad y no acepta que las contradicciones propias de una comunidad joven y dinámica incorporan indefectiblemente tensiones sociales. En el caso turco, se traducen en la distancia entre el colchón de votantes que mantienen a Erdogan en el poder, procedentes en gran medida del campo, de las ciudades medianas y pequeñas y del interior de Anatolia, y los actores del milagro económico turco, instalados en las grandes ciudades y deseosos de adoptar los comportamientos de un capitalismo desarrollado. Esa dualidad tiene una significativa traducción en cifras: el 45% de la población activa trabaja en el sector primario, pero produce el 30% de la riqueza del país; el 55% restante está empleada en la industria y los servicios y produce el 70% de la renta nacional, garantiza el grueso de los ingresos en divisas y es el imán que atrae la inversión exterior.

Cuando Zeymalov titula su artículo El final de la ‘primavera’ turca, transmite a la opinión pública un doble mensaje: que ha dejado de ser posible el reformismo islamista sin tensiones y que Erdogan ha revelado su verdadera naturaleza política. Ambas posibilidades parecen verosímiles y algunas voces autorizadas entienden que, salvo rectificación del Gobierno, el riesgo es que se enquiste el descontento social. Al menos, eso se desprende de la preocupación expresada por personajes como Fethullah Gülen, un intelectual y erudito musulmán que la revista estadounidense Foreign Policy incluye en la lista de los cien pensadores más influyentes a escala mundial. “Compartimos la culpa” por los disturbios, ha declarado Gülen, que ve más peligro en subestimar la protesta que en escuchar a los concentrados.

“Esa actitud insensible refleja claramente la inclinación del Gobierno hacia el autoritarismo”, manifiesta el novel de literatura Orhan Pamuk, defensor del Estado neutral y el Gobierno laico, en un artículo publicado en el diario turco Milliyet, de centroizquierda, y en la revista estadounidense The New Yorker, de orientación liberal. Justamente, para tranquilizar a cuantos comparten la opinión de Pamuk, el viceprimer ministro Huseyn Celik ha querido construir aprisa y corriendo una imagen de comprensión hacia los manifestantes, pero en las capas profundas de la protesta prevalece la idea de que no es posible regresar a casa sin que el Gobierno se comprometa a parar la máquina de la islamización. La tendencia del AKP a ocupar todo el espacio político admite pocas dudas, el Gobierno encaja cada día peor las críticas –hay 70 periodistas en la cárcel, ominoso récord mundial– y la ocupación por la religión del espacio público es un hecho. En resumen, la sociedad laica cree que todas las alarmas están justificadas.

Taksim

Ceyda Sungur (de rojo), que recibe una descarga de gas lacrimógeno en la plaza Taksim, se ha convertido en símbolo de la protesta.

¿Cómo se ha fraguado esa situación? La causa más transversal es la presión de Erdogan sobre la herencia laica, pero hay otros dos factores que han llevado al primer ministro a radicalizarse: la convicción de que el ingreso en la UE ha dejado de ser un objetivo prioritario y la voluntad de asentar a Turquía como potencia regional, aprovechando que Egipto transita por la inestabilidad política y la crisis económica subsiguientes a su primavera. Para Occidente, los riesgos son menores porque Turquía es socio de la OTAN y el Gobierno de Erdogan no pone en duda el significado y los compromisos que entraña pertenecer a la organización, todo lo cual permite a Erdogan mostrar su verdadero código genético, mientras que hasta hace muy poco estaba obligado a proyectar una imagen menos rígida para no alarmar a Europa y hacer negocios con Israel.

Acaso la mayor ventaja con la que cuenta Erdogan es que los partidos que le disputan la supremacía electoral “sufren una crisis de identidad tan profunda como la que padecen partidos similares en la toda la cuenca del Mediterráneo”, escribe el profesor Francisco Veiga en la web de Eurasian Hub. Eso explica en parte la ausencia de una dirección coordinada de la protesta, la función movilizadora de las redes sociales sin líderes visibles –como sucedió en Túnez y Egipto en el 2011– y la desorientación de los partidos y sindicatos tradicionales, pero no justifica en ningún caso la soberbia del primer ministro. Sí se entiende, por el contrario, a la luz de la convicción de los asesores de Erdogan de que la intensidad de la protesta no supone un cambio sustancial en la intención de voto, tal como destaca Veiga.

Esa masa de votantes inasequible al debate social, apegada a la tradición y al mensaje de las mezquitas es un capital político formidable porque contrarresta el dinamismo de una sociedad multiforme, adscrita a diferentes corrientes ideológicas y con frecuencia refractaria a las urnas. En una parte importante de la clase media urbana se conserva el recuerdo de la ineficacia y la pelea de gallos que muchas veces caracterizó la pugna entre los partidos laicos, y la articulación de un gran partido o coalición de partidos que se oponga al AKP es una empresa llena de dificultades y recelos. Por eso la protesta estambulí plantea tantas incógnitas como el comportamiento del Gobierno en el doble plano interior y exterior. Y, de paso, abre un gran interrogante en cuanto atañe a la consideración del AKP como la referencia ineludible en la que pueden inspirarse los partidos islamistas que, con desigual fortuna, gobiernan en Marruecos, Túnez y Egipto. Mientras, otra gran pregunta sobrevuela el mundo musulmán: ¿hasta qué punto los partidos islamistas moderados están dispuestos a aceptar que el pacto político entre adversarios es un requisito de la democracia?

 

Incertidumbres árabes a las puertas de Israel

Después de bombardear la instalación militar siria de Jamraya y de obtener la consabida comprensión de Estados Unidos, el Gobierno de Israel ha tomado la iniciativa antes de recibir a finales de mes a John Kerry, secretario de Estado. Este se propone respetar la simetría formal al entrevistarse con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y cruzar el muro de Cisjordania para hacer lo propio con el presidente palestino, Mahmud Abás. En la práctica, tal simetría no existe, pero es preciso simularla porque la guerra de Siria y la fractura política en Egipto configuran la periferia de Israel como un ecosistema propenso a la inestabilidad, condicionado por las incertidumbres árabes y por la aparición más o menos imprevista de nuevos actores como China.

La política israelí de hechos consumados incomoda a Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca se acerca inexorablemente al momento en el cual un presidente cree llegado el día de pasar a la historia por algún hecho notable antes de que su condición de pato cojo –los dos últimos años del segundo mandato– proyecte una imagen de debilidad. El precedente de las negociaciones de Camp David del verano del 2000 –Ehud Barak y Yasir Arafat–, que promovió Bill Clinton y acabaron sin resultado, son el ejemplo más socorrido de las urgencias de un presidente que persigue la gloria histórica urgido por la inexorable marcha del tiempo. Pero hay otro factor que opera a favor de los renovados esfuerzos de Estados Unidos en Oriente Próximo: su deseo de modular su compromiso en la región con la poco menos que total independencia energética que garantizan los últimos yacimientos descubiertos en territorio norteamericano.

Los riesgos que debe medir Barack Obama no son menores. El programa de asentamientos seguido por el Gobierno israelí en Cisjordania amenaza con hacer definitivamente inviable la solución de los dos estados en no más de dos años (Miguel Ángel Moratinos), una situación que invalidaría el posibilismo de la Autoridad Palestina. La guerra en Siria tiene un poder de contaminación que llega hasta la frontera de Israel mediante los milicianos de Hizbulá, asentados en el sur de Líbano. La crisis política y económica en Egipto desgasta el islamismo político y da alas al salafismo, alentado desde los púlpitos de las mezquitas y que atrae a las bases del Partido de la Libertad y la Justicia, la marca electoral de los Hermanos Musulmanes. De todas las rutas trazadas en ese laberinto, la única que Estados Unidos conoce como la palma de la mano es la que lleva a Jerusalén; para las otras carece de una guía de viaje fiable.

El diplomático canadiense Michel Duval, exembajador de su país en la ONU y en el Líbano, sostiene que no es posible encontrar una solución factible al caso sirio fuera del Consejo de Seguridad. Duval habla con conocimiento de causa cuando señala que Rusia y China se oponen a una intervención en Siria autorizada por las Naciones Unidas porque tienen muy presente lo sucedido en Libia, donde la OTAN “fue increíblemente más allá del mandato de la ONU”. Eso debilita a Lajdar Brahimi, el enviado especial despachado al conflicto por la comunidad internacional, porque “lleva dos sombreros incompatibles”, en palabras de Duval a La Presse, el gran periódico centrista de Montreal: el de la ONU, que aspira a la imparcialidad, y el de la Liga Árabe, que ha tomado partido por la oposición siria en armas. Habría que añadir que en la memoria colectiva de la Administración de Obama están muy vivas las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak, que desgastaron la imagen internacional de Estados Unidos y alimentaron las corrientes antioccidentales más radicales en el mundo árabe, incluido el frente yihadista.

Por si esas razones no fueran suficientes, hay una de orden práctico que respetan todas las cancillerías: carece de sentido político intervenir en Siria a cambio de nada. El apoyo que otorgan Rusia y China a Bashar el Asad es a cambio de algo –influencia en la región–; el de Irán está íntimamente relacionado con la praxis del chiismo en tierra hostil y en su pulso con el islam suní del Golfo, más el programa nuclear de la república islámica. La eventual implicación de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se produciría a cambio de muy poco y sería bastante mal recibida por la calle árabe, que vería la mano de Israel, seguramente con razón, en el compromiso de las potencias occidentales. Las mismas que encabezaron la intervención en Libia después de haber rehabilitado a Muamar Gadafi durante la primera década del siglo. Las mismas que, a falta de otros motivos, esgrimen el temor de que quienes con más atributos mueven los hilos de la oposición son los yihadistas curtidos en mil batallas, que se han adueñado de la dirección de las operaciones y son hoy tan sospechosos de recurrir a las armas químicas (Carla Del Ponte) como el Ejército de Asad.

En Egipto, los presagios no son mucho mejores. El Gobierno mantiene unas interminables negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares que le permita tapar agujeros, pero el martes hubo una remodelación de Gobierno que incluyó, entre otros, el nombramiento de un nuevo ministro de Economía, Fayad Abdel Moneim, un perfecto desconocido especialista en finanzas islámicas. Mientras tanto, la inflación interanual supera el 8%, la libra egipcia se ha depreciado con respecto al dólar el 15% desde primeros de año y el Gobierno ha decidido recortar los subsidios a la energía, que representan un quinto del presupuesto. Se supone que esta y otras medidas futuras, como subir los impuestos sobre las ventas, persiguen el equilibrio fiscal y anticiparse al programa de austeridad que impondrá el FMI, pero los funcionarios de la organización se declaran desconcertados con los cambios de responsables políticos. “Cada vez que conocemos el comportamiento de un ministro, este desaparece”, le manifestaron representantes del FMI a Samir Raduan, primer ministro de Economía después de la caída de Hosni Mubarak, según recoge la edición digital en inglés del diario cairota Al Ahram.

En el baile de nombres desencadenado por el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ven algunos la presión del ala menos política de los Hermanos Musulmanes, cuya influencia habría crecido a partir de la crisis de diciembre y el endurecimiento de la oposición. Es posible que se haya producido esa deriva de la Hermandad hacia el radicalismo, pero un especialista como Abdalá Schleifer, profesor emérito de la Universidad Americana de El Cairo, pone en duda que se haya producido una hermanización de Egipto, el diario Daily News Egypt destaca que solo un tercio de los ministros procede de la Hermandad y el profesor Shadi Hamid, director de investigación del Brookings Doha Center, concluye con una afirmación contundente un largo artículo en el último número de la revista Foreign Policy: “Las auténticas batallas ideológicas realmente aún no han empezado”.

Esas batallas venideras interesan directamente a los gobernantes israelís, que hasta la fecha han sorteado la inestabilidad egipcia mediante el acuerdo directo entre generales a un lado y otro de la frontera del Sinaí. Se trata de una solución inconcebible fuera de la militarización de los espíritus en Israel y de los privilegios hors catégorie de los que disfrutan los uniformados en Egipto, pero es una alternativa útil, razonablemente estable y de naturaleza técnica hasta donde cabe aplicar este adjetivo al cometido de militares profesionales, teóricamente sujetos a la política de seguridad diseñada por cada Gobierno. Al mismo tiempo, es una fórmula que puede quebrarse en la medida en que el enconamiento político en Egipto lleve a la mesa del Consejo de Ministros el disgusto de la calle árabe por la gestión del problema palestino, algo que por lo demás se percibe en la base de los Hermanos Musulmanes y en las redes sociales, caja de resonancia de una opinión pública disconforme.

Hasta que se consume el acuerdo con el FMI, la pugna entre las dos grandes ramas del islamismo político conocerá un crescendo lleno de riesgos. Tal como explica Hamid en su artículo, la Hermandad mantiene viva la discusión en cuanto a la prevalencia de la sharia como fuente de derecho, a diferencia del rumbo seguido por el partido Ennahda, que gobierna en Túnez, a pesar de su ideología asimismo islamista. Y está lejos de haber cerrado la discusión referida a cuál es el límite aceptable de las condiciones que impondrá el FMI, un factor de división que también se da en las filas de una oposición aglutinada en torno a la defensa de un Estado laico y bastante menos homogénea en cuanto atañe a la economía, el agravio palestino y las relaciones con los vecinos, así se trate de Israel o de las petromonarquías.

Todo esto importa a Israel y afecta a su estabilidad emocional, dañada todos los días por episodios simbólicos, pero de gran repercusión, como la decisión del físico Stephen Hawking de sumarse al boicot académico y no acudir a una conferencia en Jerusalén para protestar contra la política que el Gobierno de Netanyahu sigue con los palestinos. La efervescencia a las puertas de Israel, bastante fuera del control de sus aliados más sólidos, transita entre la institucionalización de la primavera egipcia y la escalada bélica siria, alienta a agitadores armados como Hasán Nasrala, líder de Hizbulá, que se declara dispuesto a ayudar a Siria para que reconquiste el Golán, y lleva a las opiniones públicas árabe e israelí a radicalizarse. Y en esta atmósfera enrarecida desde siempre por pasiones desbordadas, los partidarios de mantener los equilibrios tienen un margen de maniobra más estrecho a cada día que pasa, como si la única elección posible fuese entre lo malo y lo peor.