Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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Trump se radicaliza, pero pierde fuelle

A menos de cinco meses de la elección presidencial en Estados Unidos se multiplican los motivos de inquietud por lo que medios tan diferentes como los semanarios Time y The Nation y el diario The Washington Post llaman “errática política” de Donald Trump. También son cada vez más los analistas que advierten de que si se prolonga su mandato otros cuatro años, los efectos que tendrá en el plano interior e internacional pueden ser irreversibles y desastrosos (Richard Ford). La sensación de que la Casa Blanca multiplica sus esfuerzos para “controlar todas las palancas del poder” (Brian Bennett, en Time) y para saltarse todas las convenciones políticas, con grave daño para la solvencia institucional del Estado, no alarma solo a la oposición demócrata y a la movilización transversal desencadenada por la muerte de George Floyd, sino a muchos republicanos clásicos que se llevan las manos a la cabeza cada vez que Trump arremete contra el Tribunal Supremo, denigra las manifestaciones o difunde mensajes desaforados a través de Twitter.

El intento de impedir la distribución del libro La habitación donde ocurrió, Unas memorias de la Casa Blanca, que firma John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, es el último episodio con el que el presidente ha alimentado la controversia. Ni Bolton es un compendio de probidad y virtudes ni todo cuanto se dice en el libro es posible que se ajuste a la realidad, pero es desmesurado recurrir a la seguridad nacional para impedir que el texto llegue a los lectores. Bolton no es una voz imparcial, sino un político despechado que, llegado el caso, puede verse obligado a dar explicaciones a un juez si alguien que se siente perjudicado por el libro o que entiende que transgrede la ley, acude a los tribunales. Lo que no es tolerable es que alguien –el presidente, en este caso– pretenda neutralizar un libro a despecho de lo dispuesto en la primera enmienda de la Constitución, que data de 1791 y que consagra la libertad de expresión.

“Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer que reinen el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común”, escribió el pensador francés Maurice Duverger hace medio siglo en Introducción a la política. Tal descripción general, plenamente vigente, explica en nuestros días la tensión creciente y la polarización política en todas partes, cada vez más alejadas las posiciones de cada bando, singularmente en Estados Unidos, donde la atmósfera política ha adquirido la densidad del plomo.

El hundimiento de Trump en las encuestas, a 13 puntos del candidato demócrata, Joe Biden, ha contribuido decisivamente a radicalizar los mensajes que emite el Despacho Oval. Trump expande su guerra contra Washington, titula Time una crónica; Se prepara el escenario para el repudio de Donald Trump en noviembre, sostiene The Washington Post. Al mismo tiempo, Fox News redobla sus iniciativas para dar cobertura a la rentrée presidencial en campaña este fin de semana, al día siguiente de la celebración del Juneteenth, que recuerda la proclama del general Gordon Granger en Galveston, el 19 de junio de 1865, que otorgó la libertad a los esclavos en el estado de Texas. Y los demócratas se afanan en resaltar el revolcón presidencial en el Tribunal Supremo, que impide a Trump abolir la ley promovida por Barack Obama que protege a los dreemers.

A cada día que pasa se espesa la mezcla y empieza a cobrar vida la diferencia entre legalidad y legitimidad, la deslegitimación del gobernante a través de sus actos y otros aspectos relacionados con el ejercicio del poder en una democracia. En noviembre de 2018, el historiador argentino Federico Finchelstein publicó un artículo en The New York Times en el que describrió a Trump como “el líder populista de una democracia minoritaria”. Esto es, de una democracia en la que se hizo con el poder quien no obtuvo la mayoría de los votos populares. “Muchos observadores afirman que así funciona esta democracia y su sistema representativo. Pero lo contrario es lo cierto: la democracia estadounidense es ahora un Gobierno de minorías y no funciona bien”, escribió Finchelstein, y esa línea argumental reaparece ahora como una impugnación global a su forma de gobernar, a su comportamiento y objetivos.

El periodista Mateo Madridejos recoge en su blog una afirmación del diplomático mexicano Jorge G. Castañeda sobre la situación en Estados Unidos: “El sistema político ha dado pruebas de estar mal equipado para reestructurar su red de seguridad y ampliar su contrato social”. Los hechos dan la razón al analista: la pandemia ha cercenado la buena marcha de los negocios, han aflorado las flaquezas crónicas del sistema sanitario y los mejores presagios auguran de aquí a final de año la recuperación de solo el 20% de los 40 millones de empleos perdidos por la congelación de la economía. Nadie culpa a Trump de ser el causante de la enfermedad, sí son cada día más los que entienden que el presidente ha gobernado de forma nefasta la emergencia sanitaria, ha facilitado la extensión del mal y se ha apoyado en cuantos, en nombre de una aberrante idea de libertad, han exigido normalizar la vida cotidiana a pesar del virus.

Por primera vez en tres años se extiende la impresión de que el choque de la Casa Blanca con las instituciones, el parte de infectados y muertos a causa de la covid-19 y el espinoso asunto de la tensión racial han debilitado la figura de Trump, incluso entre los suyos, sobre todo en aquellos estados en los que Hillary Clinton perdió por escasísimo margen. El semanario The Atlantic lo resume con una frase: “Trump pierde crédito allí donde puede necesitarlo más”. Faltan muchas etapas hasta llegar a la meta del 3 de noviembre, pero el griterío del presidente lastra cada día más sus posibilidades.

China, ante una crisis de credibilidad

La orientación dada por el régimen chino a la gestión del coronavirus obliga una vez más a sopesar la naturaleza del sistema, su eficacia o debilidad, incluso su papel en la comunidad internacional cuando con harta frecuencia prevalecen la opacidad y el secretismo. Por mucho que la maquinaria de propaganda resucite viejos eslóganes, aliente el nacionalismo y pretenda desviar la atención hacia cuadros de segundo nivel del Partido Comunista y de la Administración –una misma cosa, en realidad–, lo cierto es que la cicatería y el retraso de Pekín a la hora de facilitar los datos esenciales de la epidemia han dificultado enormemente poner en marcha medidas preventivas y, de paso, han dado alas a una psicosis colectiva en todas partes, especialmente en Occidente. Un estado de ánimo, esto último, que obedece tanto a prejuicios arraigados durante generaciones como al comportamiento de las autoridades chinas, más afectas que nunca a la ancestral afición de la Ciudad Prohibida a ocultar o desvincularse de la realidad.

El desafortunado titular de The Wall Street JournalChina es el auténtico enfermo de Asia– que encabezaba un artículo firmado por el profesor Walter Russell Mead no invalida la consistencia de alguno de los argumentos desarrollados en él. En especial el que se refiere a la posibilidad de que el ADN del régimen chino desencadene algún día una catástrofe a gran escala: “Los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales, sin mencionar a los líderes empresariales e inversores, deben tener en cuenta que el poder de China, por impresionante que sea, sigue siendo frágil. Un virus mortal o un contagio del mercado financiero podría transformar la perspectiva económica y política de China en cualquier momento”.

Los riesgos de paralización de sectores importantes de las economías desarrolladas, faltos de suministros y sin proveedores alternativos, justifican este temor incipiente. Lo justifican también las estadísticas crecientes de enfermos y fallecidos, las cuarentenas, la evacuación de personal destinado a China por inversores extranjeros y la imposibilidad de esclarecer a ciencia cierta cuándo tuvieron noticia en Pekín de los primeros casos de coronavirus, cuántas semanas tardaron en poner en antecedentes al resto del planeta y hasta qué punto el presidente Xi Jinping y su entorno optó por el encubrimiento, por esperar y ver en vez de informar y actuar a plena luz del día.

Aunque el China Daily, el periódico en inglés editado en Pekín, se prodiga en comentarios que aluden a prejuicios colonialistas en la reacción de Occidente –algo no descartable–, lo cierto es que el debate abierto se adentra en las peculiaridades del régimen comunista surgido en los primeros noventa como resultado del reformismo impulsado por Deng Xiaoping, que rescató a China del atraso y el ensimismamiento. Un debate al que se ha incorporado de forma más o menos explícita una parte de la opinión pública china, confinada en sus casas, con las escuelas cerradas, las calles vacías y una sensación generalizada de parálisis del tejido productivo. Un debate en el que, se quiera o no, se formula una vez más la gran pregunta: ¿cuáles son los límites o el futuro de un sistema pilotado por el Partido Comunista y entregado a un desarrollo acelerado de la economía capitalista? Planteado todo en los términos de un editorial del Financial Times: ¿puede una superpotencia económica y militar consagrarse como tal e impedir al mismo tiempo, de forma sistemática, la libertad de información y crítica?

El China Daily se centra en el ideario de algunos medios occidentales –“fue [el lenguaje] utilizado comúnmente por las fuerzas extranjeras que conquistaron China para justificar su trato inhumano con los chinos”– y se remite a las prácticas colonialistas de las potencias europeas en África: “Este idioma colonial también era común en África cuando los amos colonizadores consideraban que su religión, cultura y estilos de vida en general eran superiores a los de las personas ingenuas a las que percibían como enfermas e inmundas”. Y sin descartar que pueda haber una parte de verdad en el legado dejado por la cultura colonial en Occidente, asoma al mismo tiempo el análisis adelantado por el Fondo Monetario Internacional: la crisis abierta por el coronavirus puede dañar la de por sí débil recuperación económica.

Tan cierto es que la Casa Blanca ha puesto en marcha un gran aparato de propaganda dentro de su particular guerra comercial con China como que demasiados analistas de muy variada orientación ven en el desarrollo de los acontecimientos diversas amenazas ciertas. Y si el nobel Paul Krugman teme más a los antiliberales que el comportamiento de la autoridades chinas, a otros les preocupa más algo que el mismo Krugman describe con detalle: “Es un país que no es democrático en absoluto, cada vez es menos libre; es un capitalismo muy controlado que supone un reto para el modelo occidental. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay diferentes tipos de capitalismo y diferentes modelos políticos también. La historia no ha terminado, hay diferentes modelos ahí fuera y pueden adelantarnos”.

“La gobernanza de China se ha vuelto menos transparente en las dos décadas posteriores al estallido del SARS, con el periodismo de investigación y otros informes y evaluaciones independientes enfrentando mayores limitaciones”, escribe Aditya Bhattacharji, un prestigioso experto en sanidad global del think tank Eurasian Group. El diagnóstico no es tranquilizador y permite poner en duda la fiabilidad de las autoridades chinas como gestoras de asuntos que atañen a la comunidad internacional y no solo a sus conciudadanos. Lo que es tanto como poner en duda la consistencia del milagro chino, fundamentado en un comunismo que consagra y legitima el derecho a enriquecerse, y que, al mismo tiempo, prohíbe la crítica independiente y la disidencia.

Nunca antes una crisis sanitaria había tenido tantas implicaciones políticas. El coronavirus ha sentado ante el espejo el modelo chino y se han puesto de manifiesto sus debilidades, fiabilidad y limitaciones, acaso su viabilidad futura si la fábrica del mundo no acomoda su potencia económica a los mínimos de transparencia que, de forma más o menos explícita, reclama la comunidad internacional en casos como los de una epidemia cuya contención nadie puede afirmar que se ha conseguido. Al menos no hay noticia confirmada de ello y la inquietud está justificada, más allá de los prejuicios y el comportamiento extravagante de quienes se han dedicado en el último mes a señalar a las comunidades chinas en todo el mundo como potenciales transmisoras de la enfermedad, una forma de xenofobia apenas encubierta.

Trump envenena la atmósfera

La decisión de Donald Trump de adentrarse por la senda del racismo en la peor herencia histórica de la sociedad estadounidense lleva camino de enturbiar todo y cada uno de sus pasos hasta noviembre del próximo año, cuando optará a la reelección. Nada hay socialmente más divisivo y arriesgado que reabrir el debate racial más de medio siglo después de la firma por Lyndon B. Johnson de la ley de derechos civiles y menos de tres años después de que abandonara la Casa Blanca el primer presidente negro del país. Puede que para conservar el Despacho Oval sea útil a Trump estimular sentimientos primarios y excluyentes como el racismo, pero resultará catastrófico para la cohesión social y la construcción de una identidad colectiva sin referencias al color de la epidermis, las creencias religiosas y otros ingredientes propios de la diversidad cultural de una comunidad extremadamente compleja en la que la epopeya de los esclavos y sus descendientes pesa tanto como la de los pioneros europeos blancos.

Al mismo tiempo que el universo liberal se alarma y Fox News, el principal altavoz con que cuenta Trump en el entramado informativo estadounidense, afronta la situación con inusual prudencia, el presidente intenta alejarse del griterío-eslogan de los reunidos por él en una universidad de Carolina del Norte –“Envíala de vuelta”– como si no fuese suya una frase pronunciada en los jardines de la Casa Blanca: “Hasta yo estoy preocupado. Si odias nuestro país, si no eres feliz aquí, puedes irte”. Como subraya político.com, Trump ha recurrido a la táctica utilizada otras veces de saltarse los límites y después eludir responsabilidades.

Hay pocas dudas de que este ha sido de nuevo el comportamiento presidencial: fue Trump quien indujo a cuatro jóvenes congresistas demócratas a regresar a sus lugares de origen, aunque solo una de ellas, Ilhan Omar, nació fuera de Estados Unidos –en Somalia– y fue cosa suya perseverar en las descalificaciones a través de su cuenta de Twitter. Que ahora diga que “no fue feliz” con la cantinela de la vuelta a casa dedicada a Omar e intentó silenciarla, carece de valor y además se contradice con las imágenes del acto. Es más significativo de la gravedad del momento que varios republicanos clásicos muestren en privado su preocupación por la deriva xenófoba del presidente, conscientes acaso de que el partido se ha entregado con armas y bagajes a la estrategia sectaria de quien lo representa al frente de la nación. Es incluso más relevante la incomodidad de Melania Trump y de Ivanka, hija del presidente, que los lamentos a toro pasado del activador del degradante espectáculo.

A todos los efectos, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez (padres puertorriqueños), Rashida Tlaib (padres palestinos) y Ayanna Pressley (primera representante negra del estado de Massachusetts) son tan estadounidenses como el propio presidente. Nada hay en su comportamiento político y en sus circunstancias personales que las distingan de sus conciudadanos salvo que mantienen posiciones radicales frente a la prédica de la extrema derecha, tienen la piel oscura, son mujeres, dos de ellas –Omar y Tlaib– son musulmanas y no están dispuestas a claudicar. En cierto sentido, resultan incluso incómodas para la corriente centrista, mayoritaria en el staff del Partido Demócrata, pero probablemente minoritaria en los potenciales votantes jóvenes y en el electorado femenino y feminista del partido. Pero solo un sectarismo radical y un dogmatismo excluyente y agresivo explican la campaña en curso y la voluntad de Omar de responder sin paños calientes: se compromete a seguir siendo “la pesadilla de Trump”.

“El último grito en un acto de los partidarios de Trump reverbera en una nación cargada de tensión racial”, ha titulado el periódico liberal The Washington Post. “La frase se convierte en el mensaje de la presidencia de Donald Trump”, opina The New York Times, asimismo liberal. De nada valen las matizaciones compungidas de la Casa Blanca: se ha envenenado la precampaña de forma irreversible porque el electorado que lo llevó a la presidencia en noviembre de 2016 jalea los exabruptos, los insultos y los malos modos de su líder. No hay posibilidad de corrección en la orientación de la campaña; es incluso posible que se embrutezca aún más el tono en cuanto los demócratas limiten los aspirantes a la nominación a tres o cuatro, dispuestos todos ellos a enfrentarse a Trump sin tregua, a buscar el cuerpo a cuerpo y a desacreditar su presidencia, tan controvertida.

Al presidente le quedan muchas balas en la recámara para chapotear en el albañal y enrarecer el aire de ahora a la cita de noviembre de 2020: la crisis migratoria, las armas en manos privadas, la emergencia climática, la competencia de China, la obsesión iraní, la desafección de los aliados, la investigación de la Russian connection y muchas más. En cada uno de estos capítulos ha demostrado una habilidad sin límites para emponzoñar la discusión, despreciar a sus adversarios y desautorizar a los expertos. Nada indica que vaya a cambiar, a moderarse; nada permite vislumbrar otra cosa que no sea más de lo mismo, corregido y aumentado, le sonrían o no las encuestas. En lo que lleva de mandato ha demostrado que aunque su índice de aceptación es bajo, ha logrado fijar a un electorado fiel y satisfecho, alejado de los grandes núcleos urbanos, del mainstream de la academia y del pensamiento crítico, pero apegado a una suerte de tópicas constantes vitales que entiende definitorias de Estados Unidos.

Quizá el periodista Bob Woodward se precipitó al afirmar que Trump oculta “el simple hecho de que no sabe gobernar”. Sabe hacerlo para destruir el statu quo internacional, liquidar la herencia de Barack Obama y retener el poder para la facción social a la que representa, aquella que cree que el liberalismo, la globalización y el mestizaje imponen unas reglas que desdibujan el papel desempeñado hasta la fecha por la comunidad blanca de Estados Unidos, por cuantos piensan que mejor es el Estado cuanto menor es, que ven en el modelo europeo de bienestar y protección social algo así como un socialismo encubierto y que despotrican contra todo lo que impugna la exaltación del individuo y promueve soluciones colectivas. Puede que Trump sea un mal gobernante convencional, pero es bastante convincente para quienes desean que siga en el puente de mando, para quienes los horrorizan las digresiones, los pequeños detalles y las dudas, para quienes creen –casi 63 millones de votos en 2016– que cabe aplicar soluciones simples a problemas o desafíos de una complejidad poco menos que cósmica.

 

 

Europa se mira en el espejo

La madrugada del lunes sabrá Europa si su futuro está razonablemente encauzado en la dirección vislumbrada por los padres fundadores o si, por el contrario, debe enfrentar el enorme desafío de domeñar a sus adversarios para no desnaturalizar la construcción política de la Unión Europea. La arrogancia de la extrema derecha en sus diferentes versiones, que pretende someter el proyecto europeo a la prevalencia de los nacionalismos, de los euroescépticos de variada condición y origen y de cuantos piensan que ya basta de cesiones de soberanía ha asomado en la campaña, y nada es seguro salvo que una participación suficientemente importante mantenga la representación ultra por debajo del 25% y contenga a los estimulados por la crisis desafiante del brexit.

Los llamamientos de última hora de Jean-Claude Juncker, presidente saliente de la Comisión Europea,  para que “sindicalistas, socialdemócratas, democristianos y muchos otros” se mantengan unidos frente a la extrema derecha son sintomáticos de las incertidumbres que plantea el escrutinio de este domingo. Mientras Josep Borrell, cabeza de lista del PSOE, pide que se avance hacia un modelo plenamente federal para superar “el freno que supone la regla de la unanimidad”, son bastantes los convencidos de que se ha ido demasiado lejos y que deben devolverse a los estados-nación atribuciones a las que nunca debieron renunciar. Al mismo tiempo que la nueva izquierda subraya la desafección causada por la austeridad a toda costa para salir de la crisis, aumenta el coro de voces que reclama una contracción del Estado asistencial para dejar el campo libre al mercado (Vox, el ejemplo más cercano).

Si se cumplen los pronósticos y la suma de los escaños democristianos y socialistas queda por debajo del 50% del Parlamento Europeo, será ineludible ampliar a otras familias –liberales y quizá verdes, las más citadas– la tradicional concertación entre los dos grandes grupos de la Cámara. Y al hilo de tal extensión de la alianza de Gobierno, acaso el alemán Manfred Weber, democristiano, no consiga ser el sucesor de Juncker, aunque en el debate del día 15 entre jefes de fila actuó como el seguro ganador de la presidencia, y otros nombres se pongan sobre la mesa: Margrethe Vestager, líder de los liberales y comisaria saliente de la Competencia, y Michel Barbier, paciente negociador del brexit con los diferentes emisarios enviados por Londres a Bruselas, no siempre preparados para afrontar con rigor un envite tan exigente.

Pero el gran reto no es tanto consumar esta mayoría parlamentaria o cualquier otra de signo netamente europeísta, como darle continuidad y dejarla a salvo de las inevitables desavenencias que surgirán durante el próximo quinquenio. No es una empresa fácil porque la tentación es preservar y enaltecer el perfil político propio, aunque esto dañe la cohesión de la mayoría, y no lo es tampoco porque hay demasiadas versiones de qué debe ser la Unión Europea y cuáles deben ser sus límites competenciales. El debate no es nuevo, pero en él radica la construcción del futuro europeo y la evitación de un gran fracaso colectivo.

Ninguna estadística es favorable a la UE mediado el siglo; todas las proyecciones en el horizonte de 2050 coinciden en su retroceso demográfico –ahora acoge al 7% de la población mundial–, en su situación intermedia entre Estados Unidos y China o viceversa y en su debilidad estratégica –el poder blando, en franco retroceso– salvo que desarrolle un brazo militar y de seguridad a la altura de los retos que deberá afrontar. Pero, al mismo tiempo, es un modelo de diversidad y compromiso colectivo genuinamente nuevo, con un entramado institucional complejo y perfectible, pero con una hoja de servicios reconocible, y es, sobre todo, un mecanismo eficaz para preservar la paz y solventar las diferencias entre estados en la mesa de negociación. No es el paraíso, pero no hay noticia de una opción mejor.

No es fácil transmitir esto a opiniones públicas sometidas a una degradación evidente de sus condiciones de vida, obligadas a soportar las consecuencias de un austericidio injustificable y atraídas por la simplificación de los problemas encargada por las fuerzas de extrema derecha a sus ideólogos de cabecera. La Unión Europea ha cometido demasiados errores de comunicación, se ha entregado demasiadas veces a los análisis de los tecnócratas y ha soslayado con excesiva frecuencia los intereses de su base social –la clase media– como para pensar que es posible restablecer poco menos que por ensalmo la complicidad entre las instituciones y los ciudadanos. Con reiteración incansable, los gobiernos se han ejercitado en el deporte de apuntarse como propios los éxitos y culpar a la UE de los fracasos, de forma que se ha consolidado una ideología espontánea, inducida por el aparato de propaganda de cada estado, nefasta para la imagen de la organización.

La difusión de mensajes más o menos condicionados por el tira y afloja de las políticas nacionales no ha menguado durante la campaña. En el caso de España, la resaca de las elecciones legislativas y la contienda de las autonómicas y de las municipales ha desfigurado el debate europeo, ha dado pábulo a la charcutería política y apenas ha permitido debatir los problemas primordiales que deberán sustanciar los Veintiocho –está por ver en qué acaba el brexit– o los Veintisiete durante los próximos cinco años. El debate entre nueve candidatos organizado el miércoles pasado por TVE fue penosamente sintomático de la preocupación por lo accesorio, la reiteración de lugares comunes, el temor del PP a salir de la contienda con el peor resultado de su historia, la distancia entre soberanistas, federalistas y nacionalistas, como si habitaran tres universos paralelos y radicalmente diferentes, y la ausencia de una discusión solvente sobre asuntos capitales (inmigración, auge de los neototalitarismos, rescate de la clase media vapuleada por la crisis, calendario de extinción de los paraísos fiscales, cooperación para competir en el mercado de las nuevas tecnologías, etcétera).

El déficit argumental de los debates es transferible a otros escenarios, zarandeados todos ellos por la siembra de xenofobia, islamofobia, nacionalismo agresivo y populismo que demasiado a menudo recuerdan el discurso inflamado de la extrema derecha de los años 20 y 30 del siglo pasado en las cuatro esquinas de Europa. De ahí la sensación de que la consigna europeísta Admiraos los unos a los otros, del poeta Émile Verhaeren (1855-1916), vuelve a impugnarse como si corrieran algún riesgo las viejas identidades de los estados a pesar de ser estos, gran paradoja, los actores políticas primeros de la aventura europea. La concentración ultra de Milán del día 18 dejó esta inquietante impresión y solo las urnas pueden corregirla.

 

Vox marca el paso en Andalucía

La eclosión del huevo de la serpiente en las elecciones andaluzas –el resultado de Vox– ha colocado a la derecha constitucionalista ante el dilema de seguir siéndolo o buscar atajos para legitimar a los ultras y buscar formas de colaboración que descabalguen del poder a Susana Díaz. La presidenta en funciones simplifica el significado de los resultados del último domingo y se da por vencedora –una amarga victoria, se diría– a pesar del descalabro sufrido, se siente con títulos suficientes para aspirar a gobernar o para encabezar la oposición en el peor de los casos, presumiblemente el que cuenta con más números para concretarse en las próximas semanas. En medio, una sociedad cada vez más distanciada del quehacer de los políticos se siente más inclinada a abstenerse, aunque haya sido la abstención la herramienta más útil de Vox para conseguir 12 escaños con 400.000 votos.

La charcutería política poselectoral ha hecho un regate en corto al realismo necesario para inducir tres conclusiones. La primera certifica que un pacto del PP y C’s con Vox lleva inexorablemente a un estado de complicidad permanente entre la derecha convencional y la extrema derecha que, dicho sea de paso, no pierde ocasión para arremeter contra la Constitución, con el Estado de las autonomías como obsesión permanente. La segunda es que la única medida proporcional al retroceso experimentado por los socialistas solo deja una puerta de salida a quien encabezó el cartel electoral: presentar la dimisión. La tercera es que la disminución de votantes está íntimamente relacionada con la desnaturalización de la campaña, con demasiados asuntos ajenos a la sociedad andaluza o que solo la afectan tangencialmente: la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en Catalunya –con una gran comunidad de ascendencia andaluza–, los presupuestos empantanados en Madrid y otros horizontes lejanos.

La cuarta conclusión, aquella que más debería preocupar, es la europeización del resultado de las elecciones por el peor camino posible: la comparecencia de Vox, un partido que compendia el regreso al centralismo, la homofobia, la eurofobia, la islamofobia, un racismo encubierto, diferentes formas de machismo disimulado y otros ingredientes compartidos por partidos ultras de toda Europa que se han hecho un hueco en los parlamentos para arremeter contra la democracia liberal, la UE, una gestión decente de los flujos migratorios y otros ingredientes de la tradición política europea. La alegría mostrada por la ultraderechista francesa Marine Le Pen al conocer los resultados de Andalucía acredita cuál es el enfoque de Vox, hacia qué dianas apunta; la disposición de Pablo Casado y Albert Rivera a hablar con Santiago Abascal para ocupar el palacio de San Telmo revela que ambos estiman más importante hacerse con el poder que entrar a analizar enojosos detalles del programa ultra.

Nada es nuevo bajo el sol y la consolidación del desafío neofascista, posfascista o ultranacionalista en Europa avanza sin obstáculos relevantes. Como si del recuerdo de los años 30 no cupiese sacar conclusiones para el presente, las alianzas entre conservadores demócratas y ultras llevan camino de convertirse en un modelo a seguir, mientras son pocos los partidarios de la técnica del cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. En el caso de Andalucía, en minoría manifiesta el PSOE y sin posibilidad de lograr la mayoría a través de la marca andaluza de Podemos, todo vale para llevar a la derecha al poder (ya nadie en el PP recurre al mantra de que la lista más votada es la que debe encabezar el Gobierno). Importa poco que Vox llegue a las elecciones de mayo robustecido, que el saludo romano asome de vez en cuanto en la vía pública sobre un fondo de banderas o que el infortunio de los inmigrantes que huyen de la miseria y de la guerra se haya convertido en un resorte eficacísimo para sumar votos en electorados fácilmente manipulables.

Escribió Manuel Vázquez Montalbán en La aznaridad (2003): “Para mí que ese rictus constantemente tenso de Aznar es porque está conteniendo el Aznar que lleva dentro”. Hoy se multiplican las opiniones que dan a José María Aznar como ganador sobrevenido de las elecciones andaluces, aquel Aznar que criticó sin freno en las páginas de La Nueva Rioja (23 de febrero de 1979) la Constitución aprobada en referéndum menos de tres meses antes, y que cuenta por fin con uno de sus herederos ideológicos al frente del PP para relajar el rictus y soñar, quién sabe, con una operación de altos vuelos a imagen y semejanza de la CEDA, tiempos de la República. ¿Es este Aznar el que Aznar lleva dentro?

Hay en marcha una operación destinada a someter a revisión por la vía de los hechos la estructura territorial, el engarce con Europa y el régimen de libertades. Mientras unos hablan de que la Constitución precisa ser reformada para ponerla al día, otros quieren sacralizarla como si se tratara de un texto intocable y, al mismo tiempo, persiguen darle la interpretación más restrictiva y retardataria posible para afrontar los desafíos que plantea el presente. No es de extrañar que con tal deriva o proyecto se alarme el republicano Manuel Valls –la tradición de las Luces– cuando los líderes de C’s, sus presuntos compañeros de andadura en las municipales de Barcelona, se prestan a escuchar a Vox sin mayores incomodidad y desasosiego.

 

Italia, en el laberinto de la derecha

Los italianos acuden este domingo a las urnas en un clima enrarecido por la demagogia populista, la desorientación de la izquierda y los pronósticos de los sondeos, que permiten vislumbrar un periodo poselectoral hecho a la medida de los prestidigitadores de la política. La elección de la Cámara de Diputados y del Senado se realiza por primera vez con una ley que mezcla las circunscripciones unipersonales con el voto proporcional, de forma que las encuestas incluyen un margen de error considerable, abierto a toda suerte de interpretaciones antes del gran día. Un elemento añadido a la crisis del sistema de partidos y al reparto de papeles en Italia, tantas veces analizado y vuelto a analizar y del que Silvio Berlusconi ha sido el beneficiado más frecuente desde su primera victoria en 1994.

Este enrarecimiento o radicalización del debate político durante la campaña, lleno de ideas generales y bastante pobre en ideas concretas, ha resultado ser la atmósfera ideal para que, además de la reaparición de Berlusconi, se manifiesten las pulsiones neofascistas y la incompetencia vociferante. Mario Calabresi, director del diario progresista La Repubblica, lo ha resumido en un artículo cargado de amargura: “Apenas podemos creerlo, y sin embargo es cierto, y el cansancio y la sensación de náusea son tan fuertes que estamos paralizados, casi parecemos rendirnos a algo que vivimos como inevitable. O como un castigo por los fracasos, errores y oportunidades fallidas de la izquierda que nos ha gobernado en los últimos años”.

Parece que resulta irremediable aguardar la derrota de la izquierda, condenada por su falta de iniciativa en la campaña y por su tendencia a adaptar su discurso al de los partidos ultraconservadores, genuinamente xenófobos, que han colocado el debate de la crisis migratoria como el motivo principal de la crisis italiana. Frente a la tradición heredada de la izquierda clásica italiana a partir del final de la segunda guerra mundial, y especialmente a partir de los años sesenta, el Partido Democrático, que dirige Matteo Renzi, ha aceptado como una maldición bíblica que la hegemonía cultural y política en Italia está en poder de sus adversarios. De tal manera que después de episodios como el ataque de un militante ultra contra un grupo de inmigrantes en Macerata, Renzi se acogió al discurso securitario en vez de condenar la acción y señalar a los culpables de tal villanía. “Ante todo, está Italia, la defensa de Italia y de los italianos. Y aquellos que los defienden son las fuerzas de seguridad, no pistoleros locos”, dijo el exprimer ministro, unas palabras que podrían ser perfectamente de Berlusconi o de Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, sin que a nadie sorprendieran en boca de tales personajes.

Recuerda el profesor Francesco Pisatti, investigador del Cidob, que ha triunfado en esta campaña la máxima si no puedes vencerlos, únete a ellos. Una unión, en el ámbito del lenguaje, que está lejos de mejorar las expectativas del centro izquierda y en cambio alimenta la máquina de propaganda de todas las derechas, que han logrado situar y simplificar la crisis migratoria hasta presentarla como un desafío a la identidad italiana, algo que requiere acciones imperiosas en “defensa de la raza blanca”, un disparate esto último acuñado por Attilio Fontana, el candidato de la coalición berlusconiana –Forza Italia, Liga Norte y Hermanos de Italia– a la presidencia de Lombardía. Un debate artificial, cargado de demagogia y prejuicios, que evita otros debates más próximos a la realidad: ni los efectos de la crisis económica sobre el entramado social ni la deuda pública –130% del PIB– ni los desequilibrios crónicos entre norte y sur llenan las discusiones más que tangencialmente; en cambio, se ha adueñado del escenario la transformación del problema migratorio en una crisis de seguridad.

Por este tortuoso camino pena la izquierda los errores cometidos, que culminaron con el referéndum de la reforma constitucional que Renzi convocó en 2016, perdió y le llevó a retirarse a sus cuarteles de invierno, confiado el Gobierno al discreto Paolo Gentiloni. Un laberinto en el que la extrema derecha se orienta mejor, encuentra atajos y siente que tiene el viento de popa, aunque sabe que no obtendrá la mayoría y harán falta juegos de manos poselectorales para regresar al poder. Pero tiene la certidumbre prepartido de que es el equipo favorito y está en condiciones de anunciar qué futuro se avecina: un Gobierno de composición multicolor dirigido por Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, tal como ha confirmado Berlusconi después de semanas de rumores.

“Es peligrosísimo cuando se abandona, más que la verdad, un principio de realidad”, dice el profesor Massimo Cacciari, exalcalde de Venecia. “Nos tratan como animales privados de memoria”, añade, y se refiere a la condición de inhabilitado de Berlusconi, quien, a pesar de eso, dirige la estrategia política de su coalición y prepara el terreno para su regreso en 2019, cuando la inhabilitación haya expirado. Una situación poco menos que insólita para un veterano de 82 años, sospechoso habitual en toda clase de trapicheos políticos y perseguido por el escándalo desde tiempo inmemorial. Pero también un síntoma inequívoco del desgaste de una urdimbre política en la que los estándares de calidad, competencia e integridad han dejado de afectar al comportamiento de una parte significativa del electorado conservador.

La popularidad del Movimiento 5 Estrellas, con un perfil ideológico difuso y una capacidad para gobernar por lo menos discutible, abunda en este fenómeno de desapego de la realidad o de construcción de una realidad alternativa para forzar el encaje de soluciones originales, por no decir fantasiosas. La ocurrencia de Luigi Di Maio, su candidato a primer ministro, de enviar al presidente de la República, Sergio Mattarella, la lista del próximo gobierno estrellado antes de que se celebren las elecciones, no hace más que subrayar la orientación de un movimiento ajeno a todas las convenciones que, al darse de bruces con la compleja realidad de la crisis italiana, ha fracasado, por ejemplo, en la alcaldía de Roma –Virginia Raggi, la titular–, algo sin mayor trascendencia en términos electorales, según se desprende de los sondeos. Y que convive con un discurso del todo confuso cuando se trata de abordar el gran asunto de la campaña que no del país: ¿cómo gestionar la crisis migratoria?

Es así cómo mientras el centroizquierda se siente desvalido y añorante del pasado, cuando en la estela de la tradición del PCI contaba con una organización sólida, culturalmente influyente y socialmente respetada, la derecha y todas las siglas ultras imaginables se afanan en exaltar la caricatura a brochazos del italiano medio, del individuo capaz de sobrevivir en los intersticios del sistema mediante una mezcla de artimañas, astucia y pequeñas trampas. Y los estrellados hacen burla de los convencionalismos que, al correr de los años, han articulado una sociedad escéptica que recela de la política tradicional en igual o mayor medida que voces críticas como la de Cacciari, que ven en los partidos en liza una propensión permanente a alejarse de la realidad. Algo que, por lo demás, no es privativo de Italia.

Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.

Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Trump pone la directa

Nada tiene de particular o sorpresiva la elección de Donald Trump como personaje del año por la revista Time. Sí lo tiene, en cambio, el titular de la portada: Donald Trump, presidente de los Estados Divididos de América. Al cumplirse un mes de la elección, una extraña mezcla de sorpresa, desorientación e incertidumbre se ha adueñado del periodo de transición que se prolongará hasta el próximo 20 de enero. En un país inclinado a las rivalidades políticas irreconciliables desde los días de Bill Clinton, la sucesión de Barack Obama no ha hecho más que agravar el clima de confrontación. A nadie puede asombrar cuanto Trump lleva dicho y hecho desde que ganó, pero aun así encrespa los ánimos la búsqueda de futuros integrantes de la Administración en el conservadurismo más polvoriento, sectario y retrógrado, en quienes se disponen sin mayores disimulos a hacer tabla rasa y a dañar varias constantes vitales del sistema, a laminar la herencia de Obama.

Si nunca fue en la práctica una realidad indiscutible que el presidente lo es de todos los estadounidenses y no solo de quienes lo votaron –es una declaración casi obligada al proclamar la victoria, pero nada más–, en el caso de Trump todo induce a pensar que el presidente lo será más que nunca y en exclusiva de sus electores. Con el factor añadido de que llegará a la Casa Blanca con dos millones de votos menos que Hillary Clinton, ganadora en las urnas, pero perdedora en votos electorales, un sistema que nadie discute, aunque resulta chocante visto desde fuera. Una situación de minoría social que no importa demasiado a Trump a juzgar por aquello que es de prever a la luz de sus declaraciones, de la interpretación de sus primeros gestos, de la alarma en el ecosistema liberal, incapaz de discernir “si esta elección será un reto terrible en el que las instituciones estadounidenses sobrevivirán o un paso irreversible hacia otra cosa” (James Fallows en el semanario The Atlantic).

Al mismo tiempo que los conservadores que se han distanciado de Trump acusan a Obama de “haber puesto las bases” del autoritarismo que exhibe el presidente electo, Brian Beutler, editor de The New Republic, un prestigioso altavoz progresista, los señala como responsables del desaguisado: “Perdón, conservadores –escribe Beutler–, Trump está con vosotros”. Podía muy bien haber añadido que con él tendrán que apechugar aunque no les guste, aunque la bisoñez política del vencedor y su tendencia a disparar contra cuanto se mueve presagien días difíciles y un descrédito de la nación de modo similar al de los peores días de George W. Bush a raíz de la guerra de Irak (abundan los diplomáticos que recuerdan aquella deslucida etapa).

“Estoy seguro de que no hará todas las cosas que prometió en campaña, pero sí muchas de ellas”, se recogió de labios de un integrante de la campaña de Clinton. La capacidad de contención de Trump es una incógnita y al menos cinco de sus anuncios más llamativos no entrañan demasiados problemas para hacerse realidad. Según The New York Times, son estos: retirarse del TPP (acuerdo comercial transpacífico), cancelar el programa de protección de los inmigrantes menores simpapeles, permitir la construcción del oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos, cubrir una vacante del Tribunal Supremo (la de Antonin Scalia) y reducir los impuestos federales para empresas y familias. Es decir, en estos apartados es impensable que rectifique o corrija lo anunciado antes de ser elegido.

En otros cinco apartados, acogerse a la moderación se antoja indispensable, pero Trump evita en todo momento comportarse de forma que pueda dar impresión de debilidad. Prever sanciones para la deslocalización de industrias, reactivar la producción de acero con el recurso a la minería del carbón, alcanzar un crecimiento anual del PIB por encima del 4%, invertir en infraestructuras para crear empleo y construir un muro en la frontera con México son objetivos cuyo solo enunciado desborda –al menos, lo parece– la capacidad del presidente, aunque disponga de mayoría en el Congreso. Aún más si se analiza cómo puede afrontar un programa de activación del empleo con un plan de obras públicas sin aumentar el déficit habida cuenta de que, al mismo tiempo, se dispone a bajar los impuestos. E incluso más si se sopesan las crisis sociales presumibles asociadas a políticas con un componente alarmante de autoritarismo y erosión de los derechos humanos.

Esa intranquilidad ante lo venidero no es solo un fenómeno de puertas para adentro. Jeet Heer, otro editor de The New Republic, teme que Trump “está listo para aplicar una política exterior autocrática”; una política que puede desestabilizar el mundo, añade. Se remite a esa llamada telefónica de Trump a la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, que ha incomodado a China, aunque disimulara el enfado y dejara la sal gruesa para un comentario en Global Times, pero la inquietud se puede hacer extensiva al nombramiento del negacionista del cambio climático Scott Pruitt para dirigir la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que parece el preámbulo de la retirada de Estados Unidos del Protocolo de París para frenar el aumento de la temperatura media de la tierra, y quizá puede remitirse también al nombramiento del general James Mattis para dirigir la Secretaría de Defensa, un tipo duro al que se le conoce con el expresivo sobrenombre de Perro Loco (el mote lo dice todo).

No hay precedente de tanta inquietud desasosegante en un relevo presidencial desde la elección de Abraham Lincoln en 1860 (tan cerca la guerra civil). Ni siquiera la sucesión de Herbert Hoover por Franklin D. Roosevelt, con el país empobrecido por la depresión de 1929 y el mundo conservador alarmado por el New Deal, alteró tanto los biorritmos de una sociedad enfrentada a una profunda crisis de identidad. Entonces hubo un asomo de esperanza, de regeneración del sistema; hoy conviven una atmósfera de revancha histórica entre quienes auparon a Trump y otra de preocupación profunda por lo que puede significar para el sistema quedar en manos de lo que en Europa, sin ninguna reserva, se califica de populismo de extrema derecha. Encierra en sí misma una incógnita esa mezcla de supremacistas blancos, fundamentalistas cristianos, racistas (no todos encubiertos), víctimas de la crisis económica y ultraliberales, recelosos todos ellos del poder federal y añorantes de un individualismo sin cortapisas.

Dice el intelectual canadiense Michael Ignatieff que “el Estado es la solución, no el problema”. En cambio, la impugnación real u oportunista del establishment hecha por Trump, sus acólitos, electores y seguidores viste los ropajes de la nueva derecha libertaria, desreguladora, enfrentada a las prorrogativas redistributivas del Estado, que acepta el darwinismo social como resultado inevitable de la eficacia del sistema, cuando no como justa penalización para cuantos no han hecho lo suficiente para salir a flote en el proceloso mar de la selección económica, que no natural. Ahí radican muchos temores acerca de lo que puede venir los días siguientes al 20 de enero, cuando todo el poder sea para Trump y un Partido Republicano sometido a sus designios, aunque estos anden tan lejos del libro de ruta del conservadurismo clásico.