Boris Johnson, un pato cojo

La figura del pato cojo (lame duck) forma parte de la cultura política de Estados Unidos: se refiere a la situación de debilidad política del presidente durante los dos últimos años de su segundo mandato, incluso de su falta de liderazgo en el seno de su partido. Al mismo tiempo, no es raro que el pato cojo se atreva a tomar decisiones que hasta entonces orilló a causa de los riesgos electorales que entrañaban y de los que se siente eximido porque no puede optar a un nuevo mandato. Nada de eso forma parte de los usos políticos británicos, pero el apoyo logrado por el primer ministro, Boris Johnson, en la moción de confianza votada por los diputados del Partido Conservador -211 a favor de su continuidad, 148 en contra- confiere al inquilino del 10 de Downing Street el perfil de un pato cojo, debilitado en extremo a causa de un resultado bastante peor al logrado por Theresa May en 2018 y que seis meses después de la votación la llevó a presentar la dimisión.

Si Winston Churchill osó decir en julio de 1945 que frente al número 10 se había detenido un taxi vacío con Clement Atlee, el líder laborista que le sustituyó al frente del Gobierno, de la llegada de Johnson al mismo domicilio después de la votación cabe decir que se apeó del coche oficial un primer ministro que precisa muletas para tenerse en pie. Por más que intente dar una visión optimista de lo sucedido en el cónclave conservador en la Cámara de los Comunes, lo cierto es que el partygate, el programa de fiestas en las que participó el premier en plena fase aguda de la pandemia, ha debilitado en grado extremo la figura de Johnson, urgido a renunciar al cargo por figuras importantes de su partido.

Resultan especialmente sangrantes algunas de las comparaciones hechas por los medios británicos una vez consumada la votación, en especial la publicada por el semanario The New Statesman, que establece un paralelismo entre Silvio Berlusconi y Boris Johnson al entender que este último, al igual que el exprimer ministro de Italia, ha sustituido “la acción por los actos de impulso”, una versión actualizada de la política espectáculo. En tal apreciación pesa como una losa la propensión de Johnson a la extravagancia, al coup de théâtre, una técnica en la que se ejercitó en sus días de alcalde de Londres, pero que entraña toda clase de riesgos en situaciones de una gravedad excepcional como las derivadas del brexit, de la pandemia, de la crisis a ella asociada y de las incertidumbres servidas por la guerra de Ucrania. Johnson es la antítesis del líder que inspira confianza cuando se ciernen sobre el futuro nubes de tormenta.

“Con el Partido Conservador en crisis, las empresas frustradas y la crisis del coste de vida, el tiempo no está del lado del primer ministro”, sostiene un analista del diario The Guardian. Puede añadirse que si el viento sopló a su favor cuando ganó las elecciones fue en gran medida por el muy deficiente liderazgo del Partido Laborista, donde las contradicciones de los euroescépticos, encabezados por Jeremy Corbyn, facilitaron la victoria del brexit en el referéndum y la de los tories en las legislativas de 2019, a las que el laborismo se personó vencido de antemano. Da la impresión de que en un entorno más convencional del que le ha llevado a encabezar el Gobierno, Johnson hubiese tenido menos opciones de vencer y más posibilidades de ser víctima del sarcasmo del establishment, que ahora parece haber perdido la paciencia con él.

El conservadurismo clásico reprocha al primer ministro que nadie en el Gobierno fuese capaz de indicarle que su posición era insostenible y que cosecharía un muy mal resultado al votarse la moción. Un veterano del Partido Conservador como William Hague utilizó las páginas de The Times para advertir de que Johnson carecía de recursos para superar el momento sin grave daño, y un editorialista del mismo periódico ha llegado a tachar al Gobierno de “equipo decepcionante, elegido por su lealtad”. Un equipo que a menudo parece instalado en una realidad virtual, un estado de ánimo que lo mismo vale para afrontar la victoria del Sinn Féin en el Ulster como si nada hubiese pasado que para perseverar de nuevo en la revisión de lo acordado con la Unión Europea que afecta al estatus económico de la provincia.

El rastro de los despropósitos acumulados por Boris Johnson podría inducir la creencia de que ha perdido la batalla de la opinión pública, pero sería exagerado suponer que, al mismo tiempo, la ha ganado Keir Starmer, líder del Partido Laborista. Puede que la reacción espontánea de algunos ciudadanos, recogida por diferentes medios, dé pie a pensar en lo primero –“el señor Johnson cree que estamos dispuestos a aguantar cualquier cosa”, dijo uno de los entrevistados en plena calle-, pero es sintomático que las referencias a Starmer en estos mismos medios hayan escaseado. Porque, finalmente, la erosión conservadora es tan cierta como que pervive en la opinión pública el recuerdo de la desorientación laborista en el largo periodo de tiempo transcurrido entre que David Cameron convocó el referéndum para la permanencia del Reino Unido en la UE y la victoria conservadora en 2019.

En cierta ocasión, Harold MacMillan sostuvo en público: “Es buena cosa que se rían. Es mejor que ser ignorado”. El problema de Boris Johnson es que si alguna vez hizo reír, y eso es muy posible, hace tiempo que dejó de hacerlo, y su gusto por lo insólito, por lo provocativo, por lo ajeno a la norma ha excedido con mucho el índice de tolerancia de sus conciudadanos, al menos de aquellos -no son pocos- que creen que algo profundamente perturbador alienta en la tendencia de Downing Street a transgredir normas elementales de obligado cumplimiento establecidas por el propio Gobierno. Ahí, más que ganas de reír, se adivina una dosis creciente de hartazgo que acaso haya puesto fecha de caducidad a la permanencia de Boris Johnson al mando de las operaciones.

Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

Con Andrés llegó el escándalo

El día antes de que la reina Isabel II desposeyera al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronatos reales, David McClure daba en el diario The Guardian con la expresión precisa para resumir el sentido de la decisión tomada en el palacio de Buckingham: limitar los daños derivado del juicio que el hijo de la soberana deberá afrontar en Nueva York. La acusación de abuso sexual a menores es lo suficientemente grave y explícita en el seno del escándalo Epstein-Maxwell como para poner el parche antes que la herida y para que, al mismo tiempo, cunda en la opinión pública la sensación de que la impunidad forma parte del estatus social de un exclusivo grupo de personajes radicados en la vecindad de la corona.

En la reacción de la reina se detecta el rastro de a un aprendizaje a la fuerza. Desde la entrevista con Diana de Gales en la BBC, confesionario público que sirvió para desvelar su extraño matrimonio con el príncipe Carlos, la casa de Windsor se ha especializado en dar pábulo a toda clase de rumores, insinuaciones y rarezas, por lo general confirmadas y enseguida engrandecidas, exageradas por el griterío de los tabloides. Si a alguien le pudo parecer desmesurada –algo improbable– la foto fija de la familia real a la muerte de la princesa Diana en la película The Queen o la crónica del reinado de Isabel II en The Crown, las sospechas que arrostra Andrés, presunto compinche de Jeffrey Epstein, le habrá llevado a concluir que la realidad es la que es y no hay forma de esconderla permanentemente en el seno de la aldea global.

Si las monarquías lograron blindarse durante siglos del escrutinio pública, hoy tal cosa es del todo imposible. La ejemplaridad otorgada a las familias reinantes, la legitimación sin concurso de los ciudadanos, su condición de encarnación del Estado son atributos que hoy no dejan de ser un legado del pasado que las monarquías de países democráticos sobrellevan gracias al viejo principio resumido en la frase “el rey reina, pero no gobierno”. El problema surge -un verdadero choque en entornos conservadores- cuando el halo de misterio y opacidad de palacio se rompe con el estruendo de una tormenta persistente.

De la misma manera que muchos escritores sostienen que, de hecho, siempre escriben sobre el mismo tema –tienen “un único terreno”, sostuvo Joan Didion en una celebrada conferencia–, las monarquías europeas se asientan también en la legitimación a través de la ejemplaridad (su único terreno). Cuando aparecen fallas en el terreno, entra en discusión el carácter reservado, exclusivo, impenetrable de palacio y su entorno. Cuando, además, se expande la sensación de que dentro de la torre de marfil cabe la impunidad, se desmorona la ficción de la familia ejemplar, de la referencia moral, aunque la mayoría o muchos de sus miembros se atengan a la decencia y a la ley que rige para el resto de ciudadanos.

En el caso del príncipe Andrés concurren datos inasumibles en una sociedad especialmente sensible ante los delitos que tienen como víctimas a menores, al tráfico sexual, a la violencia extrema que entraña vulnerar las reglas más elementales de la moral pública y privada. Como escribe Sean O’Grady en Independent, los hábitos añejos no tienen acomodo en este asunto: “Palacio solía tener una costumbre desafortunada de ignorar las críticas y los problemas, esperando que desaparecieran. Realmente ya no puede hacerlo, al menos en este caso”. Quizá en ninguno; quizá “la victoria de las mujeres” –otra vez O’Grady– que significa el procesamiento del príncipe es un camino sin retorno posible, y acaso la única salida honorable que le queda al encausado es llegar a un acuerdo de conciliación –un reconocimiento implícito de culpabilidad al fin– si es que la demandante, Virginia Giuffre, se aviene al arreglo, algo cuando menos dudoso porque da la impresión es que está más interesada en que se reconozca el delito que en una compensación económica.

Precisamente ahí radica la parte más espinosa del asunto: que el procedimiento civil no acabe en conciliación. Incluso para una monarquía asentada e indiscutida como la británica, resulta perturbadora la posibilidad de ver al príncipe, al hijo de la reina, al duque de York, perejil durante años de todas las salsas, sentado en una sala de justicia y con el riesgo evidente de ser condenado. Pero ha pasado demasiada agua bajo los puentes de Londres desde que hubo noticia de las primeras sospechas como para creer que un atajo legal resultaría menos dañino para la imagen de la institución. Este es incluso el parecer de muchos constitucionalistas, que creen que la única forma de salvaguardar la corona es actuar en el sentido que lo ha hecho Isabel II.

Un editorialista ha escrito que “el principio de ocultación” puede ser tanto o más lesivo que el desenlace judicial. Ingrid Seward subraya en The New Statesman que el duque de York “ha llevado a la familia real a una pesadilla de relaciones públicas: sus abogados han usado tantas lagunas legales para escapar del tribunal que la percepción de que es culpable ha aumentado”. Y no hay manera de que, como por ensalmo, la atmósfera viciada se desvanezca; no hay táctica posible para contrarrestar en las redes sociales, en los grandes medios, en las conversaciones a pie de calle la percepción de que del príncipe abusó de su posición privilegiada para tener un comportamiento por completo inaceptable.

Puede que el coste institucional de todo ello debiera tener advertidos a otros entornos reales -el de España, entre ellos-, porque el índice de tolerancia de la opinión pública no es hoy el que fue en el pasado. La existencia de un papel representativo heredado, cerrado, garantizado de generación en generación no cosecha las unanimidades de ayer, siquiera sea porque la igualdad ante la ley es bastante más que una frase para un número creciente de ciudadanos. Dicho de otra forma: nada ni nadie está a salvo del desgaste causado por el paso del tiempo.

Boris Johnson, contra las cuerdas

Quizá sea Boris Johnson el político británico que más partido supo sacar al Brexit, pero quizá sea también el que peor ha administrado la salida de la Unión Europea en términos de resultados tangibles y de capacidad para hacerse con la complicidad de la mayoría de cuantos le otorgaron la victoria en las últimas elecciones y lo instalaron en el 10 de Downing Street. Las encuestas coinciden en que Johnson ha malbaratado el capital de popularidad acumulado con el divorcio y hoy no cuenta con el apoyo de más del 30% de los votantes, los laboristas le sacarían diez puntos de ventaja según los sondeos si hoy se convocara a las urnas y la sensación de desbarajuste gana la calle entre escándalos grandes y pequeños. Por si fuera poco, la prensa conservadora ha tirado la toalla en su estrategia justificativa del proceder de Johnson, al que ve como seguro caballo perdedor.

Es posible que Johnson sea más convencional de lo que parece y que aún esté bien considerada en ciertos ambientes la calculado excentricidad atribuida de antiguo a un determinado arquetipo británico, pero en tiempos de penalidades a causa de la pandemia rinde pocos intereses salirse de lo esperado, previsible y necesario. El resultado de la elección en el distrito de North Shropshire, donde ha ganado la candidata liberal demócrata con el 34% de los votos, ha sido descrita por el copresidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, como una patada propinada por los votantes, hartos a su entender de un proceder injustificable. Pudiera pensarse que perder un escaño con una participación que no alcanzó el 50% no da para muchos análisis, pero ese no es el caso: en los últimos 189, solo dos veces los conservadores han salido derrotados de North Shropshire.

Peter Walker, analista político del periódico progresista The Guardian, llega a una conclusión que, con otras palabras, comparten incluso algunos editorialistas de medios conservadores: “Si es una especie de cliché que los conservadores pueden ser brutales por la forma que tratan a los líderes que ya no sienten como activos electorales –escribe Walker–, podría decirse que esto es aún más así en el caso de Boris Johnson, cuya principal virtud para muchos de sus parlamentarios fue su atractivo para los votantes. Si eso se ha esfumado, debería estar preocupado”. El recurso al condicional es meramente retórico, porque la pregunta sin respuesta que subyace es la que se formulan muchos pesos pesados del conservadurismo: ¿qué significado hay que dar a la pérdida de un escaño seguro en mitad del fragor de la batalla política desencadenada por las fiestas en Downing Street en los días previos a la Navidad de 2020? Y ya puestos, ¿cuánto daño han causado a la imagen conservadora los gastos suntuarios en el Número 10, cargados por Johnson al presupuesto?

De la misma manera que la campaña destemplada de Johnson para consumar el Brexit y suplir a Theresa May logró alcanzar los objetivos fijados, la destemplanza asociada al desgobierno que transmite el primer ministro reúne muchos de los ingredientes de una crisis política de la que es difícil salir ileso. Edward Heath publicó en 1975 un artículo en el que dejó explicado la que, a su entender, es la misión que compete a los conservadores: “Utilizar la influencia de sus habilidades políticas y diplomáticas para crear un nuevo equilibrio entre los diferentes elementos dentro del Estado en aquellos momentos en que, por una razón u otra, su desequilibrio amenaza con perturbar el desarrollo ordenado de la sociedad”. No es exagerado decir que, a la luz de los acontecimientos, Johnson contribuye a acentuar los desequilibrios.

A demasiados escaparon los antecedentes de Johnson en la alcaldía de Londres cuando se puso al frente de las operaciones para aprovechar la debilidad laborista, ganar las elecciones y culminar el Brexit. Los brexiters se movilizaron y vieron en él alguien parecido al defensor de la exclusividad británica que hace aconsejable no formar parte del club europeo. Sin embargo, el último año ha llevado a ver en el rumbo fijado por Johnson síntomas de inconsistencia en la gestión de los grandes asuntos, de falta de criterio, incluso de caótica improvisación, contrario todo ello a la vieja advertencia de lord Palmerston hace siglo y medio: “En el concierto de las naciones, la debilidad nunca será la base de la seguridad”. Una atmósfera de debilitamiento agravada en el presente por las incertidumbres de futuro, de las consecuencias del Brexit al desafío de la pandemia, de la emergencia climática al papel del Reino Unido en la economía global, que el premier no es capaz de afrontar de una forma razonablemente entendible.

Dos opiniones relevantes en el prestigioso semanario The New Statesman abordan el estado de la cuestión. Para una de sus analistas políticas, Annette Dittert, el problema no se circunscribe a la conducta del primer ministro, sino que el verdadero problema del Reino Unido “son los propios conservadores”, que en gran número se han desmarcado de una de las pocas decisiones sensatas que ha tomado Johnson: “Fijar nuevas medidas contra el covid para proteger a la población”. Que la decisión obedezca a la repercusión que ha tenido en la opinión pública el escándalo de las fiestas le parece a Dittert un pobre argumento para justificarla; más se le antoja que pone en riesgo los cimientos de la democracia al procurar argumentos a los grupos antivacunas y, en general, a los adversarios de la democracia liberal. En las mismas páginas, va más allá David Gauke, exsecretario de Estado de Justicia con Theresa May, que sostiene que lo que realmente importa “no es si el primer ministro está reaccionando de forma exagerada a la variante Ómicron, sino si está reaccionando de forma insuficiente”, una andanada contra los 96 diputados que no apoyaron las medidas llevadas por Johnson a la Cámara de los Comunes.

No hace demasiado, un editorial del diario conservador francés Le Figaro argumentó que al soslayar la realidad inexorable de cuál es la verdadera capacidad de influir del Reino Unido, la política británica había adquirido aires de tragedia shakespeariana. Lo cierto es que este final de año parece más cercano a una caricatura apresurada, huérfana tal política del pragmatismo que cada vez con más frecuencia echa en falta una opinión pública desorientada. Hay algo de permanentemente destemplado e inconsistente en el comportamiento de Johnson que acaso sea la causa primera y última de su desmoronamiento, de ese presagio que cada vez le acerca más a una situación imposible ante la rebelión de un ala de la mayoría conservadora en el Parlamento. Se diría que los enormes desafíos que debe enfrentar Boris Johnson han dado la medida de su incapacidad manifiesta para gobernar con solvencia.

Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

Bloqueo ultra al presupuesto europeo

La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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Migraciones o la tensión que no cesa

Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.