Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?

Un desafío llamado ‘Brexit’

Basta leer el artículo del diputado conservador David Davis recogido por la edición británica de The Huffington Post para comprender la arremetida de los euroescépticos de las islas y adláteres al divulgarse la propuesta transmitida a David Cameron por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Y es suficiente porque en él aparecen recogidos los puntos de partida que orientan desde siempre a quienes consideran que la Unión Europea pretende imponer al Reino Unido un modelo que lesiona los atributos de soberanía de la nación más allá de toda medida, lastra su economía y la somete a los dictados de la Eurozona, al enfoque político del núcleo franco-alemán y a las servidumbres de un modelo en crisis. Entre Nigel Farage, el altisonante líder del United Kingdom Independence Party (UKIP) y la prosa de David Davis la mayor diferencia es el tono; en el fondo, sus mensajes son muy semejantes.

Habría que empezar por preguntarse si alguna vez se sintieron los conservadores británicos a gusto con el paso dado en su día por Edward Heath o si, a las primeras señales de politización de la empresa europea, la sensación de incomodidad se adueñó de ellos y empezaron los gestos desaprobatorios, el deseo de corregir el rumbo o modificar la vinculación con los socios mediante un trato excepcional, cortado a su medida, con mucho libre cambio y pocos compromisos políticos. Habría que empezar por ahí para entender en toda su hondura diagnósticos como el de Davis: “En 1975, la UE era el futuro brillante, una visión de un mundo mejor. Ahora es una reliquia en ruinas de un pasado sombrío. Hay que levantar la mirada al resto del mundo”.

¿Por qué es precisa tal operación? Porque para los euroescépticos cobijados en el UKIP, sentados en la Cámara de los Comunes –conservadores y laboristas, empezando por su líder, Jeremy Corbyn– y que se agitan en la prensa todos los días, mirar al resto del mundo significa más desregulación, menos política y más mercado; más fronteras para gestionar los flujos migratorios y menos derechos adquiridos para los no británicos de cuna; más libra y menos obligaciones y condicionantes a causa del euro; más soberanía nacional y menos cesiones de soberanía.

A ojos de cuantos se han movilizado para exigir más concesiones a la UE bajo la amenaza de promover el Brexit en el referéndum que Cameron se ha comprometido a celebrar, la UE es hoy, por exceso de reglas, menos democrática, menos competitiva y más disfuncional, lo que la ha condenado al declive, castigada por el lento crecimiento, el desempleo alto y una influencia menguante. Nada dicen los euroescépticos de la necesidad de poner a salvo el Estado del bienestar, aunque pudiera deducirse de sus ideas que creen poder ir tras ello evitando la institucionalización política de la UE, pero la realidad constatada es que allí donde se manifiestan las inquietudes sociales, el programa euroescéptico pasa de puntillas. En cambio, se extienden en recriminaciones a las obligaciones impuestas por la UE, más o menos como hace Cameron cuando critica el proteccionismo social comunitario, muy menguado por la crisis económica y la austeridad, pero aún en vigor.

La llegada a Europa de más de un millón de refugiados durante el 2015 ha exacerbado la movilización con voces tan potentes como la de Rupert Murdoch, que ha puesto sus cabeceras a disposición del Brexit o de un cambio sustancial, profundo, que puede dejar irreconocible a la UE. Los editoriales de The Times, el buque insignia de Murdoch, proponen poco menos que una mutación genética de la UE para que, siquiera sea en el caso británico, acepte ser algo así como un club que admite socios a la carta: Londres pone las reglas y Bruselas las da por buenas. Llevado a la práctica: aquello que se decida para el caso de los refugiados o para preservar la libre circulación de los ciudadanos comunitarios no será efectivo en el Reino Unido.

El analista Matthew d’Ancona en The Guardian ha escrito que las instituciones europeas tal como funcionan en la actualidad “están fallando frente a la movilidad de la población del siglo XXI”. Tan cierto como que la forma de afrontar el desafío por el primer ministro permite vislumbrar un futuro con tres categorías de ciudadanos: de primera, los británicos y los comunitarios con más de cuatro años de residencia; de segunda, los comunitarios con menos de cuatro años de residencia; y de tercera, los refugiados, si es que queda abierto algún resquicio en la frontera después de denostar el tratado de Schengen, del que el Reino Unido no forma parte.

Nadie duda de que Cameron quiere seguir en la UE, entre otras razones de peso porque la City lo desea fervientemente, aunque sus portavoces se manifiesten en términos muy contenidos. Pero el de Cameron es un deseo de quedarse lleno de condiciones para frenar la dinámica de los euroescépticos –un tercio de los diputados conservadores y al menos cinco ministros lo son– y convocar el referéndum con suficientes garantías para alcanzar la victoria, y, al mismo tiempo, para sentar un precedente que sirva para poner freno y aun marcha atrás a la construcción política de Europa. Y aun así, los euroescépticos no se dan por satisfechos porque, según creen adivinar, nada de cuanto Tusk ha ofrecido al primer ministro altera sustancialmente el engranaje institucional y normativo de la UE, como recoge el semanario conservador The Spectator en un artículo significativamente titulado Todo les ha salido bien a los euroescépticos. Entonces ¿por qué están en crisis?

La respuesta está en el comentario de George Eaton en New Statesman, el viejo semanario de centroizquierda: no hay forma de que los euroescépticos lleguen a un acuerdo sobre cómo sería la vida al día siguiente del Brexit. Dicho de otra forma: ¿es factible y viable el Brexit más de 40 años después del ingreso en la UE o es poco menos que un sueño nacionalista tardío, alejado de la realidad y el pragmatismo tan propios de la cultura anglosajona? En este punto, se acumulan las dudas, desfallecen las quimeras y se imponen las certidumbres, el hecho indiscutible de que la economía británica está indisolublemente unida a las ventajas y a las exigencias del mercado europeo, guste más o guste menos. Pocas dudas caben en cuanto a los efectos poco deseables que el Brexit tendría en la articulación de Europa, pero el día siguiente a la salida no sería menos dañino para el Reino Unido, para su influencia económica y para su cohesión política (el Brexit seguramente movilizaría al independentismo escocés, del todo europeísta).

¿Qué pesará más de aquí a junio, cuando se celebre el referéndum: el desapego de los euroescépticos o la determinación de los votantes de aferrarse a lo seguro; la nueva relación del Reino Unido con la UE o un particularismo caduco? En el imaginario colectivo británico tiene aún mucha fuerza la idea de que el viejo corcho se ha mantenido siempre a flote merced a su voluntad de quedar al margen de las disputas en el continente, pero en el seno de la economía global es cada día más difícil actuar en solitario. Y acaso esa característica de nuestros días es la que juega más en contra del euroescepticismo y más a favor del realismo de los votantes.

Reclamaciones de Cameron a la UE

Después de saberse el punto de partida de David Cameron para defender el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea vuelve a tener sentido la pregunta tantas veces formulada: ¿qué es menos deseable: la aceptación por la UE de las exigencias británicas o una UE sin los británicos? Y lo es porque el premier ha abierto la precampaña del referéndum del 2017 que deberá decidir la permanencia o no del Reino Unido en la UE presentando a Bruselas una serie de condiciones o modificaciones en las relaciones británico-comunitarias que interesan el acervo jurídico paneuropeo y, al mismo tiempo, desnaturalizan futuras etapas en la construcción política de Europa. Así sucede en los campos de la libre circulación de personas, de la relación de la economía de la libra con la del euro y en los atributos administrativos y de Gobierno de las instituciones europeas so pretexto de que las cesiones de soberanía deben acabarse.

La realidad es que Cameron se comprometió en su momento a convocar un referéndum que desea ganar, pero que, en parte por convicción propia y en parte por la presión del euroescepticismo histórico británico –más el posmoderno del UKIP–, ha de plantear como una disputa con la UE de la que salga vencedor con algunos triunfos para contrarrestar la brega de sus adversarios. “La jugada es enormemente arriesgada”, opina el profesor Christopher Tulloch, de la Universitat Pompeu Fabra, quizá porque el primer ministro cree equivocadamente que “puede manejar las cartas de la misma manera que las jugó en Escocia” con ocasión del referéndum independentista. Esta vez la historia va en contra de la propensión de Cameron a practicar las habilidades propias de un judoca, adiestrado para aprovechar la fuerza de sus contrincantes en beneficio propio.

A diferencia de John Major, que entendió que no podía condicionar permanentemente la política europea al toque británico, el conservadurismo que ganó con extraordinaria holgura las últimas elecciones legislativas entiende que es la hora de poner condiciones a la UE. El objetivo es preservar la unidad del partido, con un bloque de euroescépticos nada desdeñable –quizá más de cien diputados en la Cámara de los Comunes– y, de paso, dejar sin argumentos al correoso Nigel Farage, el líder del UKIP, tan propenso a la demagogia como imprevisible. No hay nada genuinamente nuevo en el programa de Farage, sino más bien una remisión al pasado, a aquella creencia muy extendida durante la era victoriana de que todo lo no británico era por lo menos sospechoso, se tratase de una manufactura o de un programa político, pero sigue teniendo aceptación y resonancia en la Inglaterra profunda, más alejada de Londres mentalmente que físicamente.

“En realidad, el referéndum será sobre nuestra identidad nacional”, ha escrito Rachel Sylvester en las páginas del muy conservador The Times. O, lo que es lo mismo, desde el conservadurismo histórico se ve la europeización de la política y la economía como una desnaturalización del toque británico. Como si, frente a la intromisión de los europeos, aún fuese posible publicar titulares como el que apareció en un periódico de Londres el 22 de octubre de 1957 a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha: Heavy fog in Channel. Continent cut off (Densa niebla en el Canal. El continente, aislado). Si en 1957 el titular podía entenderse como una boutade o una extravagancia ocurrente, hoy se consideraría un gesto de suficiencia injustificable a pesar del peso de la libra, de la influencia de la City y de la densidad histórica del vínculo atlántico por no decir hermandad atlántica (la sintonía de Londres con Washington).

El general Charles de Gaulle, tan conservador como nacionalista, astuto y culto, entendió con admirable anticipación cuál sería el papel del Reino Unido en el seno de la Europa unida esbozada en el tratado de Roma, y así se opuso con obstinación a su ingreso en lo que entonces se conocía como Mercado Común. Esa incomodidad manifiesta y permanente de atenerse a la política comunitaria, unida a la fidelidad británica a la política europea de Estados Unidos, fue adelantada por el general, y cada vez que ha surgido el desacuerdo o el desapego británico a los designios europeos se ha hecho memoria de los vaticinios gaullistas. El presente no es una excepción y el recuerdo del general no está de más.

“Si este es el modelo del primer ministro tory ofreciendo la paz para nuestro tiempo, preparémonos para la guerra civil”, afirma con fina ironía Rafael Behr en The Guardian, un periódico de tradición progresista y europeísta. En la carta de Cameron a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, donde se detallan los cambios que desea introducir en el estatus británico en la UE, el articulista adivina varias maniobras al mismo tiempo encaminadas a neutralizar a los antieuropeístas y euroescépticos de su propio partido y a desmovilizar a una parte del electorado del UKIP. En suma, en la pretensión de revisar la europeidad del Reino Unido ve Behr algo por demás repetido: desactivar el Brexit y los riesgos que conlleva. Claro que si Cameron no consigue acallar a los díscolos se expone a llegar al día del referéndum con la opinión pública dividida y, lo que sería aún peor, con el establishment conservador fragmentado y su liderazgo sometido a discusión.

En Bruselas está muy extendida la impresión de que la propuesta del primer ministro no tiene cabida en la ordenación de la UE, pero, en cambio, un semanario con tanta audiencia como The Economist se atreve a titular así uno de sus análisis: David Cameron está jugando bien una mala mano elegida por él mismo. El problema real es que, como se reconoce en el artículo, el primer ministro debe lograr un acuerdo que mantenga equilibrada la balanza entre quedarse e irse, y ese equilibrio topa de entrada con dos grandes obstáculos: la suspicacia de los europeístas continentales, que consideran incompatibles los tratados de la UE y las exigencias de Cameron y, al mismo tiempo, la convicción de los euroescépticos británicos de que ninguna alternativa es mejor que dejar la UE. Y si es posible que un retoque meramente cosméticos del estatus británico sea aceptable para el europeísmo militante, nunca lo será para los partidarios del repliegue a las islas o para quienes, más contenidos, transigen con permanecer en la UE si se deja de veleidades políticas –institucionalizar y reforzar la unión política– y se limita a ser una zona de libre cambio con mecanismos reguladores comunes.

El historiador Tony Judt dejó escrito en Posguerra: “Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto –que define dónde se encuentran un país o un pueblo– como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan con relación con los demás”. En el Reino Unido, en lo que cabe considerar cultura espontánea de muchos británicos, ese sentimiento de pertenencia europeo es difuso, cuando no, inexistente. Es difícil discernir si la crisis ha revitalizado o no tal sensación o estado de ánimo, pero los casi cuatro millones de votos logrados por el UKIP en las últimas elecciones certifica que sigue muy vivo y la apuesta de Cameron no está exenta de riesgos si la política de los sentimientos o la demagogia populista se imponen al realismo y la visión de futuro que guiaron los pasos de Edward Heath, conservador, al negociar la adhesión hace más de 40 años.

 

Reparto de refugiados en la UE

La solidaridad por cuotas a la que se ha referido el diario progresista francés Libération al dar cuenta de la propuesta elaborada por Bruselas para hacer frente al drama de los refugiados deja al descubierto, con un punto de maliciosa ironía, el enfoque que la Unión Europea da a un problema que la desborda, la incomoda y la divide, pero que debe encarar de forma ineludible para no abundar en la impresión de que han impuesto su criterio los partidarios de la Europa balneario, de la Europa fortaleza y de la Europa encerrada en sí misma. Los flujos migratorios irregulares, las guerras, la pobreza y la porfía de las mafias que trafican con seres humanos han llevado hasta las puertas de la prosperidad europea la realidad que se vive al otro del Mediterráneo, a unas pocas millas de nuestras costas, donde la única salida es huir y dejar atrás el pasado. Al mismo tiempo, la presión migratoria se ha transformado en un arma política rentable en las contiendas electorales de sociedades asustadas y envejecidas, que no entienden el futuro que vislumbran o que reciben mensajes manipulados con descaro por organizaciones políticas depositarias de toscos nacionalismos xenófobos: así UKIP en el Reino Unido (cuatro millones de votos en las elecciones legislativas del día 7), el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia y otras etiquetas de parecido tenor.

Algo debe hacer Europa cuando el mar es, a la vez, tumba de muchos que no logran llegar a ella y autopista para muchos más que tocan tierra en Italia, Malta y Grecia. Algo debió haber hecho hace bastante tiempo Europa y no lo hizo, como reconoce implícitamente Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo: “Si cojo mis discursos de hace 20 años y les pongo fecha de hoy, podría mantenerlos perfectamente”. Algo más de lo hecho debió hacer Europa cuando las sucesivas crisis de las pateras y de los cayucos hicieron del estrecho de Gibraltar el pasadizo más utilizado para llegar a ella desde África, cuando Libia era un territorio poco menos que inaccesible para las mafias y no había guerra en Siria. Mucho quedó por hacer cuando los estados de la UE decidieron recortar la partida destinada a controlar el trasiego de seres humanos, y hoy vuelve a situarse el debate en el campo de los costes económicos y políticos del reparto de refugiados, así los llegados a la UE como los procedentes de terceros países, aunque todo se revista con giros del lenguaje que persiguen encubrir tal enfoque.

Cuando la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifiesta que es prioritario llegar a acuerdos con los países de origen, elude el hecho de que algunos de estos países –Libia, Somalia– son pocos menos que un nombre en un mapa, sumergidos en un caos permanente donde el Estado se ha esfumado y el futuro está en manos de una variedad inabarcable de actores políticos, y otros –Siria es el ejemplo más notable– están sometidos a la arbitrariedad de gobernantes al margen de todas las convenciones políticas. El planteamiento de la vicepresidenta es quizá inatacable desde la lógica institucional –a España le tocaría el 9,1% de los refugiados si se aprueba el proyecto de la Comisión–, pero queda muy lejos de cualquier análisis de la realidad que se vive en los países de origen. Ni es posible comprometer a gobernante libio alguno en el control efectivo de las costas desde la que parten personas de todas partes de África hacia Europa ni hay nadie en Somalia preocupado en contener la diáspora en un país desquiciado. Ni hay noticia de que alguien en Eritrea intente retener a la población que huye de la miseria ni tampoco la hay en Etiopía, y aún menos en los países del Sahel, sometidos a la triple plaga del caudillismo, la intervención extranjera y la presión del yihadismo, por no hablar de la fuga permanente con destino al norte de ciudadanos procedentes de países subsaharianos.

Portada de ‘El Periódico’ deljueves, 14 de mayo.

La posición española y los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son, por lo demás, excesivamente originales. Son, eso sí, bastante más contenidos que los del Reino Unido: la ministra del Interior, Theresa May, es simplemente partidaria de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, un procedimiento alejado de toda inquietud humanitaria que ni siquiera se justifica con la contaminación por el UKIP de la política británica. Suponer a estas alturas, como hace el Gobierno de David Cameron, que la articulación de mecanismos de acogida tendrá un efecto llamada –“solo servirá para fomentar que la gente arriesgue sus vidas”, dice May– es soslayar adrede las causas de los flujos migratorios, eludir los datos esenciales del problema: no hace falta estimular el viaje a Europa con medidas como las propuestas por la Comisión Europea porque está ahí, inamovible, la necesidad de huir de según qué lugares en busca de seguridad y de futuro.

No es este un fenómeno nuevo, extraño y característico de nuestros días. Más bien todo lo contrario: forman parte de la historia de Europa los movimientos migratorios, en ocasiones de una intensidad superior a la del presente, con destino a América, y, en el siglo XX, son una constante los desplazamientos forzados de población a causa de las guerras (el exilio republicano español), de las persecuciones (las comunidades judías en Europa central y oriental) y de la ruina económica que siguió al final de la segunda guerra mundial. Esa cicatería de muchos estados es un ejercicio de negación de la propia historia de Europa, que si hoy es tierra de llegada de multitudes desposeídas antes lo fue de salida de generaciones condenadas a la nada; esa proclama dramatizada por Theresa May sobre el provecho que las mafias sacan de la inmigración irregular es poco más que una cortina de humo para que no se perciba que, lisa y llanamente, es partidaria de cerrar el acceso a la UE bajo siete llaves sean cuales sean las consecuencias que de ello se deriven.

En todo caso, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa y la cláusula de exención que se incluyó en él, no se verán afectados por el eventual reparto de refugiados. Algo que plantea una vez más la viabilidad conceptual de una unión política que los conservadores británicos ven con desconfianza desde los tiempos de Margaret Thatcher, que los laboristas sobrellevan como un proyecto en el que se sienten incómodos y que una parte no determinada pero muy significativa de la opinión pública inglesa observa como una disolución de la identidad insular en el minestrone de nacionalidades del continente. Agravado todo con los nuevos flujos migratorios que presagian un cambio progresivo del perfil cultural de Europa, de su composición social y de su identidad colectiva, pues las antenas parabólicas y la sociedad digital garantizan a cuantos emigraron una relación afectiva en directo con sus lugares de origen.

La fotografía de portada de EL PERIÓDICO del jueves (españoles en el sur de Francia, 1939) es un buen recordatorio de qué significa ser refugiado, por encima incluso de la definición que figura en la convención aprobada por la ONU en 1951. Como ha dicho el papa Francisco, “emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad”, sometidos al juego de la conveniencia política, siempre cambiante. El refugiado es alguien desvalido, extremadamente vulnerable, perseguido o marginado por razones muy diversas que requiere la ayuda de alguien para salir del pozo. Que esa ayuda tiene un precio es indudable, que esa precio hay que pagarlo si queremos mirarnos al espejo sin vergüenza todos los días, también. Dejar a su suerte a quienes nada tienen, y alguien persigue u hostiga, es una forma extrema de egoísmo que lleva directamente a un peligroso relativismo moral.

Entre la UE y Escocia

La victoria sin paliativos del Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unidos ha costado la carrera política a tres líderes –Ed Miliband (laborista), Nick Clegg (liberal demócrata) y Nigel Farage (eurófobo)–, ha dejado en bastante mal lugar a los institutos de opinión, que no detectaron el voto oculto partidario de la continuidad, y ha consagrado al Partido Nacionalista Escocés (SNP por sus siglas en inglés) como el depositario del poder hegemónico al norte de la frontera de Inglaterra. Dicho de otra forma, las elecciones legislativas han desmentido bastantes supuestos, en especial el agotamiento de la figura de David Cameron –excesivamente elitista para repetir mandato, según se decía–, el cansancio de un electorado que no percibe los efectos de la recuperación económica y el desafío ultranacionalista del UKIP. Del voto del jueves solo han salido vencedores Cameron y Nicola Sturgeon, la líder del SNP, que ha borrado del mapa a los laborista en Escocia, y con ello ha facilitado el aplastante triunfo del primer ministro, pero afianza su papel de referencia insoslayable del complejo dosier escocés.

Acaso la afirmación de Philip Collins en el conservador The Times de que “no se puede ganar desde la izquierda” sea excesivamente categórica, pero el resultado en el Reino Unido deben alertar a cuantos, a partir de las encuestas, están dispuestos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Es tan cierto que el Reino Unido salió de la crisis antes que el resto de la Unión Europea, como que la reforma laboral puesta en marcha por Cameron lleva camino de consagrar la figura de los pobres con trabajo, debilitados los sindicatos de tal manera que apenas pueden presentarse ante la opinión pública como una herramienta para corregir las desigualdades. Pero, incluso así, muchos electores han preferido la continuidad de la prosperidad macroeconómica a las incertidumbres reales o supuestas vislumbradas detrás de tímidos programas de reforma social, defendidos, bien es cierto, por alguien tan poco dotado para enardecer a los electores como Ed Miliband, una especie de anticlímax del laborismo en palabras de un analista radiofónico.

Al mismo tiempo, Cameron ha transmitido a los votantes atraídos por el discurso de Farage la impresión de que ha situado al partido tory allí donde ellos desean que esté. “Los votantes del UKIP parecen tener a los tories donde les importaba, sea asustados por la posibilidad de poner accidentalmente a Ed Miliband en Downing Street o por la amenaza de Nicola Sturgeon”, según interpreta Gaby Hinsliff en el diario liberal The Guardian. Esto es, Cameron tuvo la habilidad de llevar a su terreno la permanencia futura del Reino Unido en la UE y desposeyó a Farage de sus señas de identidad; Farage jugó siempre en campo contrario –ni siquiera logró que le eligieran en South Tanet, donde se presentaba– y, como habían calculado los estrategas tories, acabó perdiendo. Dicho todo lo cual queda en el aire la gran pregunta: ¿alguien cree que Cameron se puede comprometer en el futuro con los euroescépticos furibundos y ponerse en contra el mundo de los negocios de la City, trasfondo económico del conservadurismo desde tiempo inmemorial?

Por lo demás, el referéndum del 2017 sobre la permanencia del Reino Unidos en la UE queda lo suficientemente lejos como para que desde ahora hasta entonces las variables que se manejen sean tan diferentes que lo dicho hoy carezca de valor político dentro de dos años. Por de pronto, la relación especial del Reino Unido con Estados Unidos ha perdido intensidad; para continuar, el grueso de las exportaciones británicas tiene como destino la zona del euro mientras que cada vez es menos importante la relación económica y afectiva con la Commonwealth; para terminar, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), que ahora negocian Estados Unidos y la UE, cambiará para siempre las relaciones económicas entre las dos orillas del Atlántico y, quizá, deje a los eurófobos sin argumentos para defender la salida de la UE, sea cual sea la intensidad de la protesta social que seguramente desencadenará el acuerdo.

A cuanto viene dicho debe añadirse el éxito rutilante del SNP: 56 diputados sobre 59 posibles en Escocia. Porque el resultado ha conllevado la derrota aplastante de los laboristas, tradicionalmente mayoritarios allí donde desde la madrugada del viernes se han quedado con un solo diputado. Porque una parte de los electores ha preferido reforzar la figura de Cameron ante la eventualidad de un pacto para gobernar de laboristas y nacionalistas escoceses. Y porque, como ha publicado el Financial Times, altavoz de la City, la aparente desaparición laborista de Escocia “permite a los nacionalistas describir al primer ministro Cameron como alguien no legitimado al norte de la frontera”. “Puede que tenga que conceder cierta descentralización radical del poder a Escocia”, ha escrito Janan Ganesh, que sostiene que el Reino Unido se siente como “un país maduro para el federalismo, y tal vez otro referéndum sobre la secesión de Escocia sea cuestión de años”.

El nacionalismo escocés no será en los próximos años un actor político comprometido con ningún partido a escala británica y, por esta razón, tendrá las manos libres para afianzar su perfil social –una parte importante de la victoria se la debe a los votantes laboristas, seducidos por la independencia de criterio de Nicola Sturgeon– y, al mismo tiempo, mantener en pie su exigencia de más poder para Escocia, de momento dentro del Reino Unido. Que esa libertad de movimientos desemboque en la petición de un nuevo referéndum de independencia resulta impredecible, pero es más que posible que la eventual deslegitimación por el SNP de Cameron, con un solo diputado en Escocia, abra una crisis constitucional sin precedentes en el Reino Unido. Basta fijarse en el caso de España, donde las tensiones nacionalistas nunca han dejado al PP y al PSOE en una situación de representación apenas simbólica en Catalunya y el País Vasco, para comprender la debilidad extrema formal, que no legal, de los conservadores frente al nacionalismo escocés.

La “dulce derrota” del referéndum soberanista, según la expresión utilizada por el profesor Christopher Tulloch en EL PERIÓDICO, se ha convertido a la postre en una victoria absoluta del SNP sobre sus adversarios en suelo escocés, ha puesto en evidencia que más allá del sueño independentista hay vida y ha fijado una nueva regla del juego: que solo es posible retener a los electores no soberanistas mediante un programa de objetivos sociales y vinculación a Europa que no haga entrar en crisis la pertenencia de Escocia al Reino Unido. El peso del voto de procedencia laborista, no soberanista, ha crecido de tal forma en la contabilidad electoral del SNP que en el futuro será un dato determinante, porque a nadie escapa que en la bolsa de papeletas contra la independencia (55%) en el referéndum del 18 de septiembre del 2014 había bastantes correspondientes a laboristas que el jueves optaron por candidatos nacionalistas.

La pertenencia a Europa y el resultado en Escocia resumen las dudas existenciales del Reino Unido. Un primer ministro conservador y partidario de seguir en la UE, con mayoría absoluta y los laboristas a cien diputados de distancia, debe gobernar con el lastre de los euroescépticos alojados en su partido y con la obligación ineludible de negociar con Bruselas un nuevo marco de referencia y después someterlo a un referéndum sobre cuyo resultado es muy arriesgado adelantar un pronóstico. Un partido decididamente europeísta, el SNP, es también nacionalista y pone en duda con su victoria el futuro del viejo Estado. Al combinar ambas situaciones quedan al descubierto las debilidades del Reino Unido, la paulatina disminución de su influencia en el mundo.

 

 

Escocia echa el freno

La victoria del no en el referendo de Escocia, intuido por las bolsas bastantes horas antes de que empezara el recuento, deja varias incógnitas por despejar y certifica el peso del voto no militante cuando se trata de tomar grandes decisiones. A la hora de decidir entre el del corazón y el no de la razón, como lo llama el periódico progresista francés Le Monde, aunque puede que sea más exacto hablar del no a las incertidumbres, este último se impone por razones prácticas, no forzosamente ajenas a los sentimientos. Porque de la misma manera que en el bando del fue muy grande durante toda la campaña el peso de las emociones, también en el del no desempeñó un papel de innegable trascendencia, como lo expresó Jason Cowley, editor del semanario británico New Statesman, referencia del centro izquierda: si Gran Bretaña no puede trabajar para mantenerse unida “a pesar de lo mucho que nos une –lengua, cultura, sacrificio compartido, sangre–, los presagios para el siglo XXI son en efecto oscuros”.

No hace falta decir que el triunfo del no está lejos de ser una especie de bálsamo de Fierabrás que cura la descohesión territorial y política en varios estados europeos, con España y Bélgica al frente de todos ellos, pero desaparece para la Unión Europea el reto de tener que afrontar el precedente escocés, esto es, la salida de Escocia del club, las repercusiones de tal situación y, no menos importante, los mecanismos de ingreso –plazos, condiciones, riesgos asociados– de una parte segregada de un Estado miembro. La UE respira aliviada y, con ella, los estados que la integran, aunque la vía catalana constituya un desafío de grandes dimensiones y resulta del todo precipitado suponer que el resultado de Escocia templará los ardores soberanistas. Puede incluso estimularlos, acrecentarlos, multiplicar el dinamismo de los organizadores de la V, a despecho de la reacción imprevisible de los ciudadanos silenciosos –hablar de mayoría silenciosa acaso fuera exagerado–, apegados a aquello que conocen y recelosos ante cualquier cambio brusco.

Mensaje final de Cameron, Clegg y Miliband publicado por el diario escocés 'Daily Recod'.

Últimas promesas de futuro de Cameron, Miliband y Clegg publicadas por el diario escocés ‘Daily Recod’.

Nadie sabe cuánto han pesado en el 55% de noes las dudas acerca de la permanencia en la UE, las divagaciones sobre el efecto inmediato de la secesión en la aplicación de los tratados europeos. Nadie puede aventurarlo, aunque cabe imaginar que, al adentrarse en esa terra incognita, muchos votantes deben haberse preguntado por las garantías de futuro de una Escocia independiente. Solo es posible afirmar con bastante seguridad que la perspectiva de un alejamiento de Europa debe haber sido importante en muchos noes, pero los estados europeos no pueden sentirse confortados con el poder persuasivo de permanecer en la UE o quedarse fuera, porque las cicatrices que deja el referendo serán visibles durante mucho tiempo, si no es que lo serán para siempre por más que el primer ministro británico, David Cameron, dé por zanjada la movilización independentista escocesa para, por lo menos, una generación.

El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha presentado la dimisión porque es el precio de la derrota, porque ni siquiera los más pesimistas podían temer un resultado tan contundente en contra de sus planteamientos, y también porque se cierra un ciclo político. Pero al abrirse un nuevo camino para la Escocia del futuro en el seno del Reino Unido no se cancelan las dudas sobre la consistencia de la UE tal cual fue configurada, con los estados como únicos actores políticos. Antes al contrario, en el horizonte amenazan algunos nubarrones y el final de la carrera política de Salmond no modifica ese dato esencial: la unidad europea solo tendrá una base sólida si sabe adaptarse, reformarse, para gestionar las novedades que depare el porvenir sin que cada dos por tres se adueñe de la UE una atmósfera de crisis.

De forma que el alivio en los despachos de Bruselas y en los de Madrid solo puede ser momentáneo, transitorio, como la calma entre dos tempestades. Y lo mismo sucede en los de Londres, donde ha desaparecido la necesidad imperiosa de negar la permanencia de Escocia en la libra, la obligación de discutir hasta el tercer decimal el reparto de la explotación del petróleo del mar del Norte y la discusión no menos ineludible del reparto de la deuda del Reino Unido. Porque se mantienen sobre la mesa las promesas del trío David Cameron-Edward Miliband-Nick Clegg, que afectarán directamente a la autonomía fiscal de Escocia y, por este camino, a la gestión de las rentas del petróleo y su impacto en el erario escocés. Porque la llamada por el analista Gerry Hassan tercera Escocia –los votantes laboristas y la izquierda en general, descontenta con los gobiernos de Tony Blair, el periodo de Gordon Brown y la oposición de Ed Miliband–, que ha apoyado el proyecto secesionista de Salmond, no se conformará con unas transferencias más o menos llamativas y exigirá que el Estado del bienestar quede razonablemente garantizado.

Los riesgos de fracaso económico a un año vista y de aislamiento en Europa de una Escocia independiente, pronosticados por The National Institute for Economic and Social Research, han dejado de perturbar el sueño a los operadores de la City y de los bancos escoceses, pero el día siguiente del referendo no solo abre nuevos interrogantes a propósito de la reforma federalizante que deberá encarar el Reino Unido –extendida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según promesa posreferendo de Cameron–, y la influencia que el proceso puede tener en otros estados europeos, sino el papel asignado a los grandes partidos, desbordados con frecuencia por el reto escocés. Desaparecen unos riesgos y asoman otros; se derrumban unas hipótesis y enseguida surgen otras; Escocia no sentará ningún precedente en la UE, pero otros pueden tratar de sentarlo, espoleados por la movilización en la calle, que en las ciudades escocesas nunca tuvo la envergadura de la de las tres últimas diades.

Portada del diario sensacionalista ‘Daily Mirror’ el día anterior al referendo. El titular dice ‘No nos dejéis de esta manera’, y de la bandera del Reino Unido ha desaparecido el color azul de la de Escocia.

El Reino Unido ha evitado la crisis constitucional de consecuencias devastadoras para Cameron y Miliband vaticinado por Gerry Hassan, pero los estados mayores de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, las asociaciones y movimientos de la V y sus oponentes tienen ante sí un trabajo descomunal de interpretación de lo sucedido, de cómo afectará al caso catalán y de quiénes pueden sacar más partido del no escocés. ¿Tranquilizará a los animadores más radicales de ambos bandos? ¿Azuzará las discrepancias entre CDC y ERC? ¿Sumará adeptos a la vía federalista, reforma constitucional mediante? ¿Sentenciará la ruptura de CiU o se recompondrá la federación a través de los sectores moderados de Convergència y de Unió? ¿Recurrirá Artur Mas a un léxico nuevo que serene los espíritus?

Resulta por lo menos lamentable que el nacionalismo español, de un europeísmo a menudo tibio, eche las campanas al vuelo por la victoria del no en nombre de la unidad europea. No es más reconfortante que persevere en un fundamentalismo constitucionalista que lleva a la parálisis política, a los disparates de José Manuel García-Margallo –la suspensión de la autonomía– y a diagnósticos como el de la periodista Maite Alcaraz en el programa Los desayunos, de TVE, donde sostuvo que el nacionalismo lleva a la división, algo que es posible compartir, dando a entender que el comportamiento del Gobierno no responde a ninguna forma de nacionalismo, algo imposible de aceptar salvo ceguera acusada. De la misma manera que no hay forma de suscribir, salvo pecado de ingenuidad, que el desenlace escocés no tendrá efectos en la estrategia y la táctica del bloque soberanista por más que en las formas se siga con el guion preestablecido: aprobación de la ley de consultas, publicación del decreto en el DOG, impugnación del Gobierno, suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y luego ya se verá.

En ese ya se verá hay una mezcla de política constitucional y de política electoral en los términos que lo ha hecho el analista británico Michael Binyon al desmenuzar el trasfondo de la campaña y de las consecuencias del referendo de Escocia. Ese trasfondo es extensible a España, pero aquí apenas se menciona y las preferencias de los oradores son otras: invocaciones forzadas a los grandes principios y referencias a la ley cortadas a su medida. Pero si para los laboristas era crucial mantener a Escocia en el Reino Unido, donde tienen 40 diputados por solo uno los conservadores, ¿qué decir de la importancia que para el PP tiene sostenella y no enmendalla para retener al electorado más refractario al Estado plurinacional? O, en sentido contrario, ¿qué decir de la necesidad de ERC de recurrir al agravio intolerable para asegurarse el sorpasso en la primera cita electoral que se lo permita? Y así con todos los partidos españoles y catalanes, con alguna razón electoral de peso para, más allá de los principios ideológicos y de las emociones, apoyar la consulta del 9-N o bien oponerse a ella.

Sería muy tranquilizante que a ambos lados del disenso catalán se oyeran voces autorizadas cuyas reflexiones se adentraran en la senda seguida por la doctora Paola Subacchi, directora de investigación del think tank británico Chatham House, en el artículo titulado La geometría variable de la soberanía nacional: “Las islas británicas se han convertido en el laboratorio ideológico para pensar y repensar el concepto de Estado-nación y su papel en un mercado global y muy integrado”. Pero nada de eso se percibe, al menos en la superficie, sino más bien una partida de desarrollo incierto, riesgos ciertos de que el sectarismo se imponga a los argumentos transversales y la tentación permanente de dar a la política un inusitado toque dramático.      

La ‘V’ apunta a Mas y Rajoy

La V de la Diada fue la de votar y la de voluntad, de acuerdo con lo declarado por Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. Pero fue también la V de victoria, a tenor de lo manifestado por Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural y compañera de brega de Forcadell: “Hemos vuelto a ganar 300 años después de 1714”. Fue, incluso, la V de Victus, pues es difícil imaginar una torpeza mayor –por no hablar de censura– que suspender a última hora la presentación del libro en Utrecht (Holanda) a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y caldear el ambiente de por sí movido a días de la gran concentración. Y pudo, asimismo, no ser una V propiamente dicha, sino la punta de la flecha que figura en la señal de dirección obligatoria.

La V admite toda suerte de interpretaciones, de traducciones, menos una: que el jolgorio se acabó cuando se dispersaron los manifestantes. Basta indagar más allá de nosotros mismos para comprobar que la V del tricentenario no admite brindis al sol, fundamentalismos constitucionalistas y desobediencias civiles; que en estricta aplicación del sentido común que Mariano Rajoy tanto invoca, entraña más riesgos que nunca la posibilidad de llegar al 9-N sin que las urnas estén en la calle o sin que se haya concretado una alternativa razonable a la celebración de un referendo consultivo. Basta navegar un rato por la red para llegar a la conclusión de que, salvo que todo el mundo esté equivocado, el desenlace de la Diada obliga a recurrir al mejor arte de la política para evitar que la obcecación acabe en disparate, sea este el que sea.

Lleva razón el president Artur Mas cuando declara a la agencia France Presse que la victoria del en Escocia crearía un precedente –“si una nación como Escocia tiene el derecho de decidir su futuro, por qué no Catalunya”–, pero este agarradero se asemeja más a la política de las emociones que a la política de lo posible. De la misma manera que la solidaridad como razón última que justifica mantener la unidad de España, mencionada por Rajoy el mismo jueves durante un acto relacionado con el programa nacional de trasplantes, suena a regate en corto para eludir el problema de fondo. Todo esto tiene poco que ver con el arte de la política y bastante con el trabajo de los fabricantes de eslóganes que trabajan en las salas de máquinas de los partidos.

No es menos inconsistente fiarlo todo a las declaraciones de apoyo a la posición del Gobierno español procedentes de las cuatro esquinas de la UE, incluidas las muy explícitas de la cancillera alemana, Angela Merkel, cuando se reunió en Galicia con Rajoy. Que la fundamentación jurídica de los tratados impida la permanencia automática o a corto plazo en la UE de una Catalunya eventualmente independiente no significa que, a la hora de la verdad, el pacto político no pudiera imponerse en el club europeo a la letra de la ley mediante alguna componenda ahora imprevisible, sobre todo si para entonces Escocia se encuentra en situación parecida. En sentido contrario, en ningún lugar está escrito que el  rumbo que pudiera tomar Escocia, si es que el día 18 gana el , sería de aplicación al caso catalán, porque los puntos de partida de Escocia y Catalunya son diametralmente diferentes, y el ambiente en Londres es muy distinto al de Madrid.

El profesor David McCrone, de la Universidad de Edimburgo, resalta alguna de estas diferencias: “La creación del Reino Unido fue constitucional y no el resultado de una conquista”. “La posibilidad para Escocia de dejar la unión ha existido siempre –añade McCrone–, mientras que el Gobierno español ha esgrimido siempre la Constitución para rechazar el referendo”. Aun así, el Govern otorga gran importancia a los vasos comunicantes entre el proceso escocés y el catalán, y elude, en cambio, un factor diferenciador determinante: los ingredientes culturales de la reivindicación soberanista. “El movimiento nacionalista en Catalunya se concentra desde hace tiempo en la preservación de una herencia cultural”, según Charles King, profesor de la Universidad de Georgetown, en Washington, mientras que los independentistas escoceses “rechazan expresamente las definiciones más culturales de su identidad”, habida cuenta de que solo el 1% de la población habla gaélico.

Estos datos son esenciales en el élan vital de los proyectos soberanistas y explican en parte el perfil muy diferente de cada caso. Es menos creíble el planteamiento recogido por France Presse de José Vicente Rodríguez, uno de los fundadores de Ciutadans, que imparte clases de Economía en la Universidad de Edimburgo: el nacionalismo-independentismo catalán parte de un sentimiento de superioridad, mientras que el escocés nace de un sentimiento de inferioridad. Es muy osado aventurar que la próspera sociedad escocesa alberga algún complejo –“podemos ser uno de los estados más ricos del mundo”, sostiene Alex Salmond, líder del SNP–, y no lo es menos suponer que ha sido este complejo el que ha robustecido el nacionalismo.

Solo la política sin apriorismos puede gestionar la situación con decoro y evitar que la demagogia se adueñe de la situación. “Cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean”, escribió El Roto en su viñeta-editorial de El País al día siguiente de la V. El mismo día, en su columna de EL PERIÓDICO, Antón Losada advirtió del peligro que encaran Rajoy y Mas, o viceversa, si no pasan de los eslóganes para la clientela a la negociación del futuro sin prejuicios: “Saben cuánto necesitan un acuerdo y hasta lo habrán hablado. Pero ambos han ido tan lejos en su discurso y su táctica que ahora el drama es cómo contárselo a los suyos sin resultar acusados de alta traición”.

Puesto que existe el peligro apuntado por Losada, el papel de los portavoces debe darse por superado. La única palabra que vale es la de los responsables últimos que han de dar con la salida, si es que la hay. Cada vez que se acercan al micrófono ilustres nombres de los aparatos de gobierno y de partido en Madrid y en Barcelona, hinchan el pecho los adeptos, pero se difumina más y más la salida del laberinto. Como reclamaba Alfredo Di Stéfano cuando la pelota andaba demasiado por los aires, alguien debe bajar el balón y jugar al pie para evitar que al final sean los hinchas radicales los que marquen la pauta. Cuando en el corto periodo de tres diades se pasa del pal de paller y el peix al coba a reclamar en la calle, con gran éxito de público, que la independencia se someta a consulta, es indispensable alejarse de los agitprop y perseverar en la idea de que nada es completamente blanco o totalmente negro.

Después de la V se echan en falta voces capaces de relativizar las cosas y, si se quiere, de acotar el problema sin dramatizarlo. Es indispensable desacralizar aquello que, por lo demás, nunca fue sagrado, incluidos el derecho a decidir diga lo que diga la ley de un Estado democrático y la Constitución de ese mismo Estado. También es indispensable desacralizar la Transición, el consenso de aquellos días y otros tópicos políticos que conducen directamente a la parálisis, el ensimismamiento y la falta de alternativas. La Transición, el consenso como norma, la Constitución y un sinfín de herramientas políticas de aquel entonces son hijas de su tiempo, resultaron ser instrumentos útiles, pero han dejado de serlo según todos los indicios. Y no solo para los independentistas, sino también para los que no lo son y contemplan incrédulos los acontecimientos en curso.

¿Puede dejarse a beneficio de las emociones la dimensión de la movilización soberanista o acaso las fotografías –las cifras oficiales poco importan– no son suficientemente expresivas? Y, si lo son, ¿pueden mantenerse los gobernantes en sus respectivos puntos de partida y promover diferentes formas de frentismo con un ojo puesto en las urnas y otro en la ocupación de la vía pública? Porque la gestión de la marcha catalana hacia el 9-N, en la Generalitat y en La Moncloa, parece guiada cada vez más por el efecto electoral que puede tener en Catalunya y en España, como si el motivo de fondo para no encarar una negociación política realista fuese precisamente la posibilidad de sacar el máximo partido a la polarización del voto: independentistas frente a autonomistas o federalistas; nacionalistas españoles frente a nacionalistas catalanes; y así sucesivamente. ¿Puede alguien sostener que solo a un bando, el que sea, asiste la razón y el otro, el que sea, no merece ser escuchado y, a poder ser, respetado y comprendido?

La OTAN se asoma al califato

Los asesinatos de dos periodistas estadounidenses perpetrados por el Estado Islámico (EI) han agrandado el desafió fundamentalista, que traza un reguero de sangre cada vez más caudaloso. En el artículo publicado este último jueves en el diario conservador británico The Times, prolegómeno de la cumbre de la OTAN celebrada en Gales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dicen haberse juramentado para no acobardarse ante las amenazas del sedicente califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta fecha reciente– y sus secuaces. “Países como el Reino Unido y Estados Unidos no serán intimidados por asesinos”, aseguran ambos líderes, pero lo hacen a muy pocos días de que uno de ellos, Obama, reconociese que carece de una estrategia precisa para combatir a los yihadistas. Un rasgo de sinceridad que le honra, pero que desorienta a la opinión pública, conmovida por las decapitaciones de James Foley y Steven Sotloff, y alarma a los candidatos demócratas que en noviembre concurrirán a las elecciones legislativas de midterm (mitad de mandato).

Obama y en menor medida sus aliados se enfrentan una vez más a un dilema angustioso: hay que ceder al chantaje para salvar una vida amenazada o hay que sacrificar a un inocente para no envalentonar a los chantajistas. La Casa Blanca se inclina por no ceder, pero el resultado de su resistencia al intercambio de favores con los islamistas apenas modifica de momento sobre el terreno los datos esenciales del conflicto. Antes al contrario, parece que la siembra del terror afianza al califato en aquellas regiones de Irak y Siria en las que se ha hecho fuerte. Y las invocaciones a la prudencia sirven al mismo tiempo para reconocer que, incluso si se acierta con la forma de encarar la crisis, “es evidente que lo que se haga no será concluyente”, como publicó el diario liberal británico The Guardian al repasar los puntos calientes que ocupan la agenda de la OTAN.

Ni siquiera es seguro adelantar qué efecto tendrá en la reacción de los electores de Estados Unidos la muerte de Foley y Sotloff, cuyas familias han ocupado noticiarios y debates conmovedores. Cuantos creen que a Obama le faltaron recursos para salvar la vida de los periodistas, incluso una vez iniciada la campaña de bombardeos contra posiciones del EI, recuerdan que en junio accedió a intercambiar a cinco caudillos talibanes por el sargento Bowe Bergdahl, cuyo cautiverio de cinco años en Afganistán sigue bajo sospecha, y los términos de la liberación el 24 de agosto del reportero Peter Theo Curtis, dos años en poder de Al Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, alimenta la sospecha de que no siempre se aplica a misma vara de medir. Una duda que no disipa la posibilidad de que Curtis haya recobrado la libertad como parte de una operación de Al Nusra para suavizar su imagen por comparación con los verdugos del EI.

Hay, por lo demás, un riesgo evidente en el recurso al gran garrote: exportar el combate islamista a suelo occidental. Los cálculos elaborados por el semanario The Economist relativos a ciudadanos europeos y estadounidenses en Siria no ofrecen dudas sobre el éxito de la prédica yihadista más allá de su marco histórico tradicional. Desde que los atentados de Londres de julio del 2005 desvelaron la adhesión de ciudadanos británicos a la causa de la guerra santa, no ha dejado de crecer el temor de que, en cualquier momento, en cualquier circunstancia no previsible, es posible y viable la exportación del combate yihadista en entornos propicios. La seguridad de que fue un ciudadano británico quien segó las vidas de Foley y Sotloff no ha hecho más que acrecentar los temores.

Frente a la tradición del libre examen, herencia de las Luces, una parte del mundo musulmán defiende la idea de que “la gente puede (y debe) ser castigada y discriminada siempre por sus opiniones y prácticas religiosas incorrectas”, afirma el especialista Brian Whitaker, que acaba de publicar un libro ilustrativo: Arabs without God (Árabes sin Dios). Llevado este principio hasta sus últimas consecuencias, con más razón cualquier no musulmán, dentro y fuera de tierra del islam, puede ser un blanco justificado para una mente fanatizada. Si alguien cree que lo que antecede es una simplificación del problema, basta que busque en la red los mensajes de Ibrahim-El Bagdadi para despejar dudas.

¿Cómo ha sido posible tal dislocación del relato político de Oriente Próximo hasta el punto de que el EI lo condiciona todo? Según el profesor libanés Ziad Majed, de la Universidad Americana de París, el nacimiento y consolidación del EI “tiene más de un padre y es el producto de más de una enfermedad de larga duración y generalizada”. Según explica Majed en un artículo publicado en junio en su blog, no es casual que Irak y Siria acojan el último episodio de efervescencia islamista, y da seis razones para que se haya llegado a la situación de este verano:

1º. Sadam Husein, en Irak, y Hafez y Bashar el Asad, en Siria, mataron a cientos de miles de personas, oponentes o no, practicaron un sectarismo profundo y pusieron en marcha “un mecanismo de exclusión y polarización” ideológica.

2º La creación en Irak después de la invasión del 2003 de una nueva autoridad, que excluyó a cuantos habían formado parte del régimen anterior, al mismo tiempo que entró en acción el grupo islamista de Abú Musab el Zarqaui, del que el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), predecesor del EI, fue su heredero directo.

3º La política regional agresiva de Irán, chií, en Líbano e Irak, con consecuencias en Siria, que ha estimulado la división confesional y “ha hecho de estas divisiones la espina dorsal de la movilización ideológica y una política de revancha” en el campo suní.

4º Los jóvenes de algunas redes salafistas del golfo Pérsico que emergieron y crecieron durante los años 80 y han seguido operando durante las dos últimas décadas “bajo varios nombres, siempre en favor del extremismo y el oscurantismo”.

5º La crisis “profundamente enraizada en el pensamiento de algunos grupos islamistas” que buscan escapar de los desafíos del presente mediante la remisión al siglo VII, primero del islam, convencidos de que en la tradición se hallan las respuestas a cualquier desafío de hoy o del futuro.

6º La perpetuación de un ambiente de violencia brutal en Irak y Siria que ha permitido “el crecimiento de esta enfermedad y facilitado el surgimiento de lo que se puede llamar isismo (de ISIS, siglas inglesas de Estado Islámico de Irak y Siria)”.

La delimitación de las causas que hace Majed le lleva a una conclusión de la que bastantes disienten en las cancillerías occidentales y que los analistas de la OTAN descartan por demasiado peligrosa: que Bashar el Asad no es un muro de contención del islamismo en armas, sino la raíz del problema. En consecuencia, tolerar el régimen sirio como un mal menor es una forma de dar oxígeno a los predicadores del califato y a los partidarios de una respuesta radical del islam. Si esta es la realidad y no otra, entonces fue mayúsculo el error cometido por Estados Unidos y sus aliados al no implicarse directamente en el combate contra Asad a cambio de que este renunciara a sus arsenales de armas químicas. Y quizá fuese realmente enorme habida cuenta de que en una situación de guerra abierta el Ejército sirio no necesitaba recurrir al arsenal químico para sojuzgar a la población y asediar a la oposición laica, rápidamente colonizada por el yihadismo y sometida a su estrategia política.

De igual forma, la libertad de movimientos del primer ministro de Irak, Nuri al Maliki, empeñado en encabezar la venganza chií frente a la comunidad suní, favorecida en tiempos de Sadam, no hizo más que alimentar una guerra sectaria presente en las cuatro esquinas de un Estado debilitado por la división confesional, el nacionalismo kurdo y la inoperancia de un Ejército desprestigiado. Un panorama propicio para que por lo menos en un primer momento la llegada del califa suní encontrara auditorios dispuestos a escucharle, a vislumbrar un futuro libre de la presencia occidental y de las arbitrariedades del Gobierno blindado por Estados Unidos. Poco importa que el sueño se convirtiese pronto en pesadilla y que se retirase a El Maliki el encargo de formar Gobierno para confiar a otro la tarea de constituir un Ejecutivo de amplio espectro, porque para entonces la frontera entre Siria e Irak había desaparecido y el EI era una realidad política ineludible.

Los analistas que observan el desaguisado sirio-iraquí aventuran que la misma cadena de errores podría repetirse en Afganistán, donde la misión de la ISAF acabará a final de año. Janine Davidson y Emerson Brooking se preguntan en la web del Council on Foreign Relations “si Afganistán puede seguir por una camino parecido y qué acciones puede llevar a cabo la OTAN para ponerlo a salvo”. En realidad, la incógnita planteada es meramente retórica porque, si no se produce un cambio de estrategia para fortalecer al nuevo presidente afgano –Ashraf Ghani Ahmadzai– y el Gobierno que forme, pocas dudas hay en cuanto a la incapacidad de las autoridades de Kabul de hacerse respetar mucho más allá de los límites de la capital. Es más verosímil un entendimiento de facto entre los señores de la guerra y de la amapola de opio y los guerrilleros talibanes, que algo remotamente parecido a un compromiso político que salvaguarde la normalidad institucional y el principio de legalidad.

Puede decirse que el éxito estratégico del EI, mediante la renuncia al terrorismo global en favor del combate local, ha hecho saltar por los aires algunas de las previsiones más sólidas que siguieron a las primaveras árabes y a la laboriosa rehabilitación de la República Islámica de Irán. Porque la capacidad de contagio es enorme y la llamada a las armas ha seducido a jóvenes de todas partes, del Reino Unido a Mesopotamia, y está lejos de ser flor de un día. La degradación de la estructura social y política en el orbe árabe-musulmán y las conveniencias de Occidente no hacen más que azuzar la hoguera.

 

 

 

Todo ha fallado en Irak

Los peores presagios se han hecho realidad en Irak, al borde del abismo a causa de la irrupción irrefrenable de los yihadistas sunís del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el sectarismo del primer ministro Nuri al Maliki (chií) y el alejamiento de Estados Unidos del campo de batalla. Lo que se apuntó como una posibilidad en el 2003 a raíz de la invasión anglo-estadounidense, la quiebra del Estado y el desmembramiento de la comunidad iraquí, se avizora hoy en un horizonte sembrado de cadáveres, rivalidades regionales, enfrentamiento religioso y la sensación de que se está en el comienzo de un proceso paulatino de desestabilización cocinado a fuego lento por la guerra de Siria, que en marzo cumplió tres años, y la incapacidad de los gobernantes iraquís de salirse del comunitarismo para asentar el Estado. Todo cuanto ha sucedido en Irak desde que el EIIL tomó Mosul se ajusta a un guion donde el punto de partida es la ausencia de un Estado eficaz: la huida en desbandada del nuevo Ejército iraquí, el concurso de antiguos baazistas en el bando suní para combatir a los gobernantes de Bagdad, el llamamiento desgarrado del ayatolá Alí al Sistani para que la grey chií se sume a la lucha contra los islamistas sunís, el apoyo de los peshmergas –combatientes kurdos– a la ofensiva y una serie prodigiosamente variada de matrimonios de conveniencia que solo se sostienen en la atmósfera de la guerra.

De todas estas uniones por interés, la más razonada, razonable y previsible es la de Estados Unidos y Occidente en general con Irán. La rehabilitación a toda máquina de la república teocrática es posible porque, en el descoyuntamiento de la región, los ayatolás pueden desempeñar el papel de aliados estables en el golfo Pérsico, aunque sea a costa del disgusto de los saudís (sunís muy conservadores), que mantienen una pugna histórica con los chiís –los iranís– por la hegemonía en medio de un mar de petróleo. A punto de acotarse el alcance del programa atómico impulsado con entusiasmo por el anterior presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, el pragmatismo de su sucesor, Hasán Rohani, puede transformar a Irán en el socio necesario para desespero del frente neocon, que en el 2002 colocó a Irán en el eje del mal.

Barack Obama “habla de cambio climático mientras Irak vive a sangre y fuego”, clama Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush y primer promotor de la invasión de Irak en el 2003. “La intervención del 2003 no es responsable del caos iraquí”, ha escrito el exprimer ministro británico Tony Blair en las páginas del diario francés Le Monde. Algunos diputados conservadores alarman al establishment al buscar algún resquicio legal para llevar a Blair ante el juez por haberse sumado a la campaña del 2003. El escritor franco-marroquí Tahar Ben Jelloun se lamenta de que “Bush hijo no sea procesado por sus crímenes”. Y Dominique de Villepin, ministro francés de Asuntos Exteriores en los aciagos días de la invasión que se opuso a ella sin concesiones, se permite señalar tres fracasos en aquella operación que cambió el semblante de Oriente Próximo: la guerra contra el terrorismo, el cambio de régimen y la ausencia de una construcción nacional según la pensaron la Casa Blanca y el Departamento de Estado al poner en marcha la maquinaria militar.

Quizá sea cierto que hay en marcha una operación para desmembrar Irak, como ha declarado Al Maliki a la emisora de televisión Al Manar, instrumento del movimiento chií libanés Hizbulá, pero al emitir ese diagnóstico soslaya su propia responsabilidad en la crisis y, al mismo tiempo, refuerza la idea de los fracasos enumerados por Villepin. La publicación progresista británica New Statesman se refiere sin tapujos a la “desgracia de tener a Nuri al Maliki de primer ministro”. “Los chiís que dominan el Gobierno –explica– han trabajado de forma asidua para alienar la minoría suní y su mal gobierno ha contribuido profundamente a las presentes dificultades”. Y la decepción que transmiten los diplomáticos y funcionarios extranjeros que han estado en Irak abunda en mensajes de parecido tenor, como si la crisis de las mezquitas de 2006-2007 y la fractura social después de tres guerras –contra Irán (1980-1988), la intervención internacional de 1991 y la invasión del 2003– no hubiesen emitido suficientes señales de alarma para buscar un punto de encuentro de las tres comunidades que engloba Irak: sunís, chiís y kurdos.

Pero quizá la señal más elocuente del estrepitoso fracaso cosechado por Al Maliki y, de rebote, por Estados Unidos sea la debilidad de un Ejército que ha respondido a la presión islamista ausentándose del campo de batalla y dejando armas y bagajes a disposición del enemigo. Si alguien dudó alguna vez de que uno de los grandes errores cometidos por la Administración de George W. Bush fue desmantelar el Ejército de Sadam Husein, la suerte de los combates en Mosul, Tikrit y otros lugares no puede ser más esclarecedora: llevaban razón quienes dijeron que asentar un Ejército de nueva planta requiere un mínimo de 20 años; es una labor que no se puede improvisar aunque Estados Unidos se encargue de la operación y destine a ella grandes cantidades de dinero en forma de instructores y material de última generación. Lo que sucedió al desvanecerse el Ejército de Sadam Husein fue que creció exponencialmente la capacidad de resistencia al invasor de diferentes formas de guerrilla y, al mismo tiempo, las nuevas fuerzas armadas aparecieron ante una parte muy importante de la opinión pública iraquí como el brazo represor de un régimen impuesto, sometido a intereses foráneos. Y esa percepción sigue vigente.

La posibilidad de que se pase del rompecabezas a una guerra civil ahora incipiente depende de varios factores. El primero de ellos es comprobar hasta qué punto la calle iraquí, no las milicias organizadas de sunís y chiís, se suma a la lucha en cada bando con sus propios medios, como aventura que podría suceder Hayder al Khoei, investigador asociado al think tank británico Chatham House. Solo una intervención significativa de Estados Unidos puede evitar o al menos limitar una escalada cualitativa como la apuntada por Al Khoei, algo que, por lo demás, queda bastante lejos de las intenciones del presidente Obama, partidario que apoyar al Gobierno iraquí sin que un solo soldado ponga pie a tierra, y previo abandono del sectarismo por parte de Al Maliki. ¿Acaso se está ante una nueva muestra de que los tiempos de la unipolaridad y de la hiperpotencia han pasado a la historia? La respuesta del politólogo francés Dominique Lagrange se acerca bastante a la realidad: “No hay un polo en el sentido de un líder con capacidad de atracción, ni siquiera varios. Hay una centralidad de Estados Unidos en la estructuración de lo internacional”. Nunca la posguerra fría estuvo más lejos de constituir un sistema estable de relaciones entre los estados.

Al favor de esos vientos de guerra que de Siria han llegado a Irak, y acaso sigan su curso en busca de nuevos horizontes, se concretan dos realidades que, no por esperadas, resultan menos deplorables. La primera es el reforzamiento de Bashar el Asad, que combate a una oposición en la que el EIIL es de largo el grupo armado más dinámico, mejor instruido y que dispone de mejor material. La segunda es la tensión en los mercados energéticos, con un ojo puesto en la suerte final del gas ruso que debe fluir hacia Europa Occidental a través de Ucrania y otro atento al futuro de los pozos de petróleo iraquís. Resulta tan escabrosa la hipótesis de una tolerancia indirecta del régimen sirio, por tratarse de un mal menor, como la probabilidad de que las víctimas más vulnerables de la crisis económica vean agravada su situación por la arrogancia de cuantos se sumaron a la soberbia del trío de las Azoras para desmantelar Irak.

Por más recursos que dediquen los gabinetes de propaganda a deformar la realidad política presente, es improbable que gane adeptos el estado de ánimo de Blair: “Debemos desprendernos de la idea de que nosotros hemos provocado esta situación. No es cierto”. A cada muerto que se suma al parte de bajas crece la convicción de que el relato de la guerra de Irak partió de una falsedad –la existencia de armas de destrucción masiva–, dio pie a otra falsedad –el apoyo popular a la edificación de un nuevo régimen– y se ha instalado en una tercera falsedad –la viabilidad del nuevo Estado–, que ha quedado al descubierto en cuanto los fundamentalistas islámicos han dado la orden de ataque. Y esa construcción en paralelo a la versión oficial es tan convincente que es imposible imaginar que pueda imponerse la otra, la que pretende desviar el foco hacia causas y circunstancias locales.

¿Qué ha fallado en Irak? fue el título de la edición española de un libro firmado por el general estadounidense Wesley K. Clark. La respuesta hoy no puede ser más simple: todo. Las palabras pronunciadas por el presidente Bush poco antes de empezar la guerra suenan hoy a dramático sarcasmo: “Un Irak liberado puede poder de manifiesto el poder que tiene la libertad para transformar una región tan importante”. En la práctica, la liberación adquirió la naturaleza de guerra preventiva y la transformación llevó al país al desorden. La capacidad de contagio de ese desorden es inconmensurable.

Una abdicación llena de urgencias

El botafumeiro accionado por el cosmos monárquico en cuanto se anunció la abdicación del Rey tiene poco que ver con la gravedad del momento y las razones que presumiblemente han llevado a Juan Carlos I a dar el paso. Puesto que el proceso abierto obedece a una necesidad acuciante, inaplazable, de renovación para ventilar un andamiaje institucional que emite desde hace años señales de debilidad, cuando no de agotamiento, los solos de violín están de más y, en cambio, se echa de menos la contención afectiva como norma de conducta. Es poco saludable encubrir los sentimientos, incluidos los políticos, pero aún es peor multiplicar los gestos de cercanía y apoyo cuando, como en el caso de la Corona, lo adecuado es que prevalezcan el sentido de Estado y la oportunidad política.

Basta salirse del relato de los telediarios y de los articulistas con blasón para comprobar que dentro y fuera de España se percibe la abdicación como un momento crítico desde la restauración de la monarquía en noviembre de 1975. Es imposible concretar en unos pocos enlaces con textos de autores de muy variada orientación la atmósfera de urgencia cierta que acompañará, mediado el mes, la llegada de Felipe VI. Cuando alguien tan poco sospechoso de radicalidades políticas como Paul Preston, biógrafo del Rey, expresa su deseo de que la renuncia del monarca no sea “demasiado tardía”, es que cabe la posibilidad de que sí lo sea o de que, aun no siéndolo, entrañe unos costes políticos e institucionales impensables cuando bastaba con que Juan Carlos I fuera un personaje simpático –campechano, se decía– para alimentar el juancarlismo, que no el monarquismo.

El Rey y el Príncipe de Asturias, el día 3, en un acto militar en El Escorial, la primera ocasión en la que aparecieron juntos después de que Juan Carlos I anunciara que abdicaba.

Hoy no basta con la simpatía personal, con la empatía y con otras armas propias de los relaciones públicas y los capitanes de empresa. Hoy el anacronismo monárquico solo se sostiene mediante una compleja mezcla de sentimientos y complicidades colectivas de origen remoto –el Reino Unido– o a través del principio de ejemplaridad. En el primero caso, los datos objetivos, cuantificables –a la reina Isabel le han regalado una carroza que vale tres millones de euros–, poco importan por más duro que sea el presente; en el segundo, la institución debe ceñirse a las reglas del momento: si la austeridad acogota a los ciudadanos, el Rey debe ser el primero de los austeros; si la corrupción degrada la política, el Rey y su entorno deben ser la viva imagen de la probidad más estricta; si la opinión pública da muestras de cansancio y desapego, debe la Corona sacar a relucir habilidad y artes nuevas para reconstruir los puentes. A juzgar por los índices de popularidad en circulación, nada de eso se ha producido.

Al mismo tiempo, los cambios en la estructura social de España desde los albores de la transición hasta el presente han dejado en los huesos el pacto que alumbró la Constitución de 1978 y el sistema de partidos sobre el que se asentó el puzzle institucional, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no se da por enterado de esa realidad constatable a pie de calle. Puesto que entonces no fue ni posible ni conveniente alargar en exceso el debate sobre la forma de Estado, este se cerró en falso, aunque proporcionó estabilidad y continuidad a la monarquía parlamentaria. Pero, 39 años después, la abdicación ha devuelto la discusión a primer plano, y aunque los fervores republicanos de estos días no están exentos de oportunismo político, responden a una corriente de fondo y a una memoria histórica ahogada por la transición que se remite a aquello que España pudo ser y nunca fue a causa de la guerra civil. El realismo de la transición fue suficiente para que la izquierda parlamentaria aceptara la monarquía sin mayores aspavientos, con Santiago Carrillo en primer lugar, y el Rey legitimó su compromiso con la democracia el 23-F, pero ahora el terreno de juego no es el mismo.

La carroza de tres millones de euros regalada por Australia a Isabel II con la que la soberana del Reino Unido se dirigió el jueves al Parlamento.

Se puede sostener, y con bastante razón, que no puede plantearse la discusión sobre la forma de Estado a cada ocasión en que, por la razón que sea, el sistema da señales de fatiga. Pero tan cierto como esto es que ese es un asunto pendiente que siempre se ha abordado de forma apresurada, como si fuese necesario no ahondar en él para no abrir la caja de los truenos. Dicho todo lo cual, no deja de resultar sorprendente que se quiera promover el debate mediante un atajo –la celebración de un referendo– y no a través de una reforma constitucional que, una vez aprobada, se sometería a consulta. Y si mueve a sorpresa, es porque tanto los partidarios como los detractores del sistema se han atenido hasta la fecha a lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan, y practicar en democracia el relativismo jurídico no es el mejor de todos los caminos posibles.

Tan sorprendente resulta esta pauta política como la repetición ad nauseam de que el 90% del Congreso, punto arriba, punto abajo, aprobará la ley que sancionará la abdicación del Rey y la proclamación de Felipe VI. Si en vez de este porcentaje se diese otro menos determinante, entonces habría que concluir que, más que ante un sistema en crisis, estaríamos ante un sistema en descomposición. Tan tranquilizador resulta el pacto PP-PSOE para salir del atolladero sin graves quebrantos como preocupante se antoja la ceguera de quienes soslayan el hecho de que quienes se opondrán o se abstendrán en el Parlamento reflejan la doble fractura social y política que lastra el futuro del país. En la decisión de IU-ICV de votar no en nombre de su republicanismo militante, en la abstención de CiU en nombre del soberanismo sin descanso, en la agitación de Podemos en nombre de realidades emergentes y en las declaraciones de los líderes sindicales es posible dar con la foto fija del descontento, de ese voto de castigo permanente contra un entramado institucional que ha acabado decepcionando a los ciudadanos.

Concentración republicana en la Puerta del Sol de Madrid al atardecer del lunes.

Ninguno de los tres factores principales que han llevado a Juan Carlos I hasta la abdicación –la incesante pérdida de popularidad de la Corona, el caso Nóos y la brega soberanista en Catalunya– justificaría por sí solo el relevo en la Jefatura del Estado, pero la suma de los tres la ha hecho inevitable porque de esa suma emerge la decepción. Y de la decepción, si se sigue el hilo del análisis publicado en estas páginas por Javier Pérez Royo, se llega con presteza a la deslegitimación. “El sistema político español ha dejado de ser legítimo. La sociedad española no se reconoce en él. Se avergüenza de él y, como consecuencia de ello, se avergüenza de sí misma”, sostiene el profesor Pérez Royo al realizar un diagnóstico del momento y del ambiente en que llegará al trono Felipe VI.

En ese clima enrarecido, ¿es posible dar con un punto de encuentro para concertar una regeneración del sistema que no dependa solo de los estados mayores de los partidos que constituyen el establishment parlamentario? Es de temer que no, y razones objetivas no faltan a los gabinetes de asesores que contemplan con estupor el coste político que seguramente pagará el PSOE por apoyar sin reservas el relevo en el trono. Las voces fuera del control de la dirección que se han levantado en el campo socialista para que se someta a discusión la forma de Estado incuban la simiente de la división y proporcionan munición pesada a la izquierda que se opone a la operación sucesoria. Esa es la realidad: no hay forma de predecir el precio que pagará el partido a cuenta de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo han entendido que es tener sentido de Estado.

Por el contrario, en el sostenella y no enmendalla ha depositado la mayoría de partidos grandes esperanzas de que cunda en las urnas. Los partidos más manifiestamente enfrentados al sistema tal cual está suman mejores resultados a cada elección que se convoca, el PP sabe que un colchón muy importante de sus votos depende de que no ceje su oposición a cualquier modificación que se entienda como una concesión al soberanismo catalán, a CiU la atenaza la presión asfixiante de disputar todos los partidos en el campo de ERC… Y así se puede seguir hasta el último rincón del Grupo Mixto para entender que, a pesar de la crisis institucional, la desafección y todas sus secuelas, nada da más y mejor rendimiento que no rectificar. Eso también afecta a la solvencia de la monarquía, porque el sistema es uno y al final todos los ingredientes forman parte del mismo caldo.

El título de una brillante crónica publicada por The New York Times el 28 de septiembre del 2012 contiene, quizá, la palabra más acertada para referirse a la necesidad más acuciante de la política española en la Zarzuela, en la Moncloa, en el Parlamento, en las autonomías y en cuantos lugares de la res publica acuden a la mente: esa palabra es redención. En aquella información publicada por el gran periódico liberal se afirmaba que el Rey buscaba “la redención para España y su monarquía”, y aunque en esta frase solemne alienta cierto dramatismo shakespeariano, quizá sea esto lo que espera la opinión pública: que los gestores del sistema lo rediman mediante una renovación en la cumbre. Pero si esta no es suficiente, entonces, ¡ay!, se avecinarán tiempos aún más borrascosos que los actuales.