Daños irreversibles en la UE

Algo parecido al arrepentimiento se ha adueñado de una parte de la opinión pública británica que votó alegremente a favor del brexit envuelta en la Union Jack y ahora se percata de que todo será más complejo fuera que dentro de la UE. Ni siquiera las reflexiones de Timothy Garton Ash acerca de la división de los europeos para diseñar el futuro sirven como bálsamo reparador. Aquí y allá aparecen en todos los medios votantes que lamentan haberse inclinado por la salida mientras el contador de los electores que piden que se repita la consulta (para dar una segunda oportunidad al remain) ha superado las previsiones. Y a pesar de todo, hay quien cree ver en la presidencia eslovaca de la UE, que empezó el viernes, la confirmación post mortem de la Europa grata al Reino Unido, aquella con poca ambición política y una recuperación por los gobiernos de los estados de atributos de soberanía que, en nombre de la integración, deberían gestionar las instituciones europeas.

La suposición de que Eslovaquia carece de entidad política y económica para inclinar la balanza del lado del europeísmo atemperado es tan cierta como que el grueso de los socios de Europa Oriental nunca aspiraron a otra cosa que no fuera una zona de libre cambio para oxigenar y modernizar sus economías; eso y solo eso. La construcción de un entramado político, con instituciones potentes, no formaba parte del futuro que vislumbraban, y mucho del interés británico por ampliar hacia el este la UE, deprisa y sin entrar en detalles –salvo para Bulgaria y Rumanía, ¡qué remedio!–, obedeció a la voluntad del Reino Unido de neutralizar el reforzamiento político de Europa.

La creencia de David Cameron de que la desorientación de unos y la confusión de otros le permiten establecer el calendario de la desconexión no deja de tener sentido, aunque los seis países fundadores de la UE han exigido celeridad y no un largo compás de espera hasta septiembre, cuando el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro o primera ministra, más probable esto último con la pugnaz Theresa May. “Fuera es fuera”, dijo Jean-Claude Juncker en la vigilia del referéndum, aunque aún hoy hay quienes piensan en Londres que bien pudiera ser el brexit el punto de partida de un estado intermedio, ni sólido ni líquido, ni frío ni caliente, ni dentro ni fuera. Una solución o salida tan inconcreta sería insostenible, reforzaría a los euroescépticos de toda clase y haría del principio de pertenencia a la carta, tan ajena al europeísmo, un mecanismo de descomposición de la UE en manos de quienes quieren acabar con ella. O persiguen, al menos, dejarla irreconocible.

Son demasiadas las incertidumbres que se han adueñado de la UE –el crucigrama del euro, la crisis de los refugiados, la efervescencia nacionalista, el euroescepticismo, la competencia de las economías emergentes, entre otras– como para añadir un interrogante de futuro más. Las guerras fratricidas que se han desencadenado en el seno de los partidos Conservador y Laborista, profundamente divididos, no pueden ser la razón última de un aplazamiento de decisiones acuciantes: la comunicación por el Gobierno británico de que desea abandonar la UE, la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión y el diseño de un mecanismo de vinculación del Reino Unido a la UE a través seguramente del mercado único, como Noruega y Suiza. Ir por otro camino, no activar el artículo 50, “sería bastante dañino”, dice Grégory Claeys, del think tank alemán Bruegel; eso mismo piensan el presidente de Francia, François Hollande, y la cancillera de Alemania, Angela Merkel, que inmediatamente después del triunfo del brexit fue cautelosa en exceso.

A la cumbre informal del 16 de septiembre en Bratislava, anunciada por Donald Tusk, es de desear que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen con el ánimo resuelto para no convertir la salida británica en una subasta a la baja de las condiciones para pertenecer al mercado único. Los 27 están políticamente obligados a transmitir la imagen de unidad que tantas veces se ha echado en falta, pero están también obligados en el plano económico a serenar los mercados y a dar garantías de que el brexit será un proceso ordenado, sin improvisaciones y sin gestos oportunistas. Marek Dabrowski, profesor de la London School of Economics, se cuenta entre los muchos que estiman que la salida no entrañará ningún beneficio para los británicos, pero tampoco para los europeos, y solo un proceso pautado puede limitar los daños (nunca eliminarlos).

Esta es la realidad: los daños son inevitables y cuantificarlos de antemano es francamente aventurado. ¿Por qué, entonces, ganó el brexit? ¿Por qué tantas falsas hipótesis de independencia nacional sedujeron a la mayoría de Inglaterra y Gales? ¿Dónde radica el poder de atracción de personajes tan poco convencionales como Boris Johnson y Nigel Farage? ¿Por qué sigue viva en las islas la impresión de que el invento europeo no es cosa suya? Al buscar respuestas se mezclan los tópicos del british way of life con el peso de la historia, la cercanía de lo que fue el Reino Unido y ya no es, la convicción británica desde antiguo de que es preferible arbitrar en las disputas continentales antes que participar en ellas y la sensación cada vez mayor en la Inglaterra profunda de que la cultura propia corre grave riesgo de disolverse en un magma multicultural, impresión agrandada por la crisis de los refugiados. Nada de todo ello remite a la economía, al pulso de la City, alterado por el brexit, salvo quizá la supervivencia de la libra, tan seña de identidad para muchos británicos como la monarquía o la Premier League.

Este es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los populismos. Hans Kundnani, de la German Marshall Found, sostiene en The New York Times que “estamos en territorio desconocido”, y reprocha a los gestores europeos haber insistido en la integración, mientras la opinión pública –la británica ahora– no se reconoce en el andamiaje, no acierta a comprender por qué debe someterse a una estructura de poder confusa y con evidentes déficits democráticos. Pero ese arrepentimiento o congoja poselectoral de algunos o bastantes de los que apoyaron el brexit en las urnas pone de manifiesto la confusión sembrada por la demagogia antieuropeísta, que ha llevado los europeos, continentales e insulares, a preguntarse sin obtener respuesta: ¿en qué incierto desafío nos han metido?

 

 

El ‘Brexit’ siembra el pánico

La Unión Europea se tienta la ropa conforme se acerca el 23 de junio, esa fecha fatídica o punto de inflexión o de no retorno, depende de cómo se mire. El Brexit ha puesto las bolsas en un grito, ha desencadenado sombríos vaticinios en las finanzas mundiales si el Reino Unido deja la UE y ha movilizado a todo el mundo –instituciones, políticos, medios de comunicación– para evitar que las urnas confirmen las encuestas, según las cuales son mayoría los partidarios de la salida. Cómo afectará o corregirá el pronóstico la muerte de la diputada laborista Jo Cox a manos de un presunto ultra –Gran Bretaña primero– con problemas psíquicos es algo que escapa a los modelos matemáticos y a los análisis demoscópicos, y lleva quizá la campaña hacia los sentimientos a flor de piel, tan poco medibles.

El choque incruento de dos flotillas en aguas del Támesis, a favor y en contra de seguir en la UE, la refriega en los periódicos alentada por Rupert Murdoch, eurófobo sin fisuras, la reacción previsora de los técnicos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo para hacer efectivo un plan de choque si vence el Brexit, la intranquilizante política de recortes presupuestarios que anuncia George Osborne, el éxito de Nigel Farage, tan enaltecido por Murdoch, configuran un panorama desasosegante y, al mismo tiempo, bastante apegado a las tradiciones políticas británicas: nosotros y el continente; sus disputas y nuestra disposición a arbitrarlas. Y, a renglón seguido, el debate sobre la pertenencia a la UE pone de manifiesto la fractura de una sociedad en la que, en términos generales, los jóvenes (políticamente poco activos) se inclinan por quedarse y las generaciones que los precedieron (más resueltas a ir a votar) se sienten atraídas por el repliegue, por reconquistar los atributos de soberanía del pasado y contemplar las refriegas entre europeos desde la orilla norte del canal.

Claro que la crisis de identidad no es solo británica, también es europea o de la Unión Europea para mayor precisión. Porque al plantear siquiera la posibilidad de dejar la organización, el Reino Unido deja al descubierto la debilidad estructural o la descohesión que mina el proyecto político. Para los europeístas que, no sin cierta ingenuidad, creían que la adhesión a la EU era una carretera de sentido único, cuanto ahora sucede los coloca ante la evidencia de que nada es para siempre, y menos en política: es posible salir de la EU sean cuales sean los costes que tal operación puede conllevar. No solo eso: el europeísmo y la necesidad de pertenecer a una organización política –no solo económica– paneuropea han dejado de ser anhelos ampliamente mayoritarios (cuando menos, hay una minoría de disidentes o desafectos cada vez mayor).

Las conclusiones que pudieron sacar los electores británicos del referéndum de Escocia del 2014 apenas valen ahora. Si entonces se dijo que los beneficios y los perjuicios de la independencia inclinaron el voto del lado unionista, hoy ese cálculo pesa poco. A pesar de la caída de la cotización de la libra, de la alarma de los bancos, del apoyo de muchas grandes empresas a seguir en la UE, de la intranquilidad de la City, la mezcla de nacionalismo trasnochado y hartazgo con Bruselas se ha adueñado del escenario con evidente desparpajo. Aunque, como escribe Dominique Moisi y proclama el laborista Gordon Brown, “en realidad, el Reino Unido no tiene otra vía que seguir en la UE si desea asegurarse un porvenir digno de su pasado”. No tiene otro camino pensando incluso en la más que posible reacción que puede suscitar el Brexit en la sociedad escocesa, manifiestamente proeuropea, que muy probablemente exigirá poner de nuevo a votación la independencia para, de lograrla, iniciar de inmediato los trámites para ingresar en la UE.

En el compromiso de David Cameron de convocar un referéndum hubo siempre cierta disposición al desafío, aunque en su partido los síntomas de división eran más que manifiestos. Para muchos conservadores, fue un trago amargo acudir a la UE en 1973, aunque Edward Heath, el firmante de la adhesión, era uno de los suyos. Aquellos conservadores de hace más de cuarenta años que, al igual que muchos de sus compatriotas, seguían pensando como la mayoría de sus más ilustres antepasados que el galimatías o crucigrama continental era mejor observarlo y tutelarlo desde fuera, aquellos conservadores que vieron en la política de Heath un gesto de debilidad, son los padres de este otro galimatías o crucigrama de hoy. Cuatro décadas largas no son nada en términos históricos para cambiar una mentalidad política de siglos, y lo cierto es que el Reino Unido nunca se ha sentido cómodo en la UE, sumergido en las querellas de familia a las que tan habituado está el continente; nunca ha aceptado de buen grado que sus instituciones estén a merced de una superestructura política radicada en Bruselas no siempre descifrable.

Aun así, la cuestión o el asunto que se dilucidará el día 23 no será solo el ser o no ser británico en la Unión Europea, sino también el de la Unión Europea misma. El dilema shakespeariano no afectará solo al futuro del Reino Unido, sino también al del proyecto europeo. Abierta la veda de la fuga, nadie puede prever quiénes serán los siguientes en abandonar el barco o, al menos, en someter el caso a consulta a causa de la presión euroescéptica. Puede que no surjan imitadores, pero si aparece alguno –¿Dinamarca?, ¿Holanda?–, puede animar a otros o abrir otra veda, la de las adhesiones a la carta mediante la revisión de las vigentes, que es justo el camino contrario al favorecido por las llamadas cooperaciones reforzadas, que debían estimular la cohesión económica y política, y atraer a la larga a los europeístas más tibios.

Durante la campaña de las europeas de 1989, el politólogo Maurice Duverger, que salió elegido en una lista socialista, insistió varias veces en la necesidad de construir la europeidad poco a poco, con suavidad. Pensaba, seguramente con razón, que cualquier atajo podía alarmar a los custodios de los atributos de la nación, pero daba por descontado que no había socios dispuestos a retirarse, sino más bien una mayoría ansiosa de avanzar en un sentido unitario. Puede que así fuese entonces, incluso aceptando la propensión al escepticismo europeísta de las islas, pero es más aventurado suponer que los disidentes eran poco menos que una facción marginal. La cultura política del Estado-nación, tan difundida y alentada, era entonces tan sólida como ahora, se conservaba intacta y cobijaba en su seno los odios étnicos, el chovinismo nacionalista, los regionalismos y otros desafueros que justifican el pesimismo de George Steiner en La idea de Europa más que el optimismo de Mario Vargas Llosa en el prólogo a la edición española del libro.

Quizá incluso Cameron, con su carrera y liderazgo tan comprometidos, sea un euroescéptico, pragmático, eso sí. Porque si no fuese un europeísta accidental, habría hecho hincapié en la unidad de Europa como proyecto político, pero cuanto ha dicho y reiterado en campaña ha sido anunciar un apocalipsis económico si gana el Brexit, sin internarse en otros campos que le incomodan o por los que no quiere transitar. Porque si no fuese un europeísta a su pesar, forzado por las circunstancias, hubiese invertido más tiempo en europeizar a la opinión pública británica y bastante menos en renegociar los términos de la pertenencia a la UE, siempre tan en discusión, como si permanecer en ella fuese una necesidad ineludible, pero no un deseo. Que, por cierto, para Jo Cox sí lo era.

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Otra vez el huevo de la serpiente

“Y dejad de decir por fin (…) que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales, inconcebibles para la razón” (Kaddish por el hijo no nacido, Imre Kertész). Ahora que el escritor húngaro se ha adentrado en la bruma de la eternidad resulta saludable remitirse a su legado moral para buscar las razones del repliegue de Europa sobre sí misma, de la conquista imparable del espacio político por la extrema derecha vociferante, sectaria, racista, totalitaria, excluyente. Cuanto sucede puede explicarse mediante la razón, a través de ella; en el mejor de los casos, carece de sentido negar que todo es fruto de “fuerzas irracionales” y, en el peor, supone una derrota del compromiso moral que debiera guiar la construcción de Europa. Así como Hannah Arendt desentrañó la banalidad del mal y Primo Levi defendió la necesidad de comprender incluso los rincones más siniestros de la condición humana, así también hoy es preciso identificar los riesgos que corre Europa, los peligros que la acechan, con el huevo de la serpiente a punto de eclosionar en demasiados lugares.

Cuando unos energúmenos irrumpen en la plaza de la Bolsa de Bruselas y perturban el homenaje a las víctimas de la vesania yihadista, cuando la oferta ultra en Alemania adopta diferentes fisonomías, cuando el Frente Nacional progresa todos los días en Francia, cuando los gobiernos de Polonia y Hungría presentan el peor rostro del nacionalismo intransigente, cuando tantos y tantos indicios inquietantes se acumulan en la mesa de trabajo de los analistas, entonces la Europa decente corre serio riesgo. Cuando, al mismo tiempo, el establishment europeo, especialmente el conservador, opta por incorporar a su acción política algunos puntos cruciales de los programas de extrema derecha –en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, aquí y allá, con preocupante reiteración–, los indicios se convierten en certidumbres. Un nacionalismo desabrido, viejo, carcomido por la peor herencia del peor pasado de Europa, vuelve a escena con sus símbolos de siempre, su vocabulario sembrado de amenazas y el muy reconocible rostro del discurso neofascista, neonazi y neototalitario, oculto tras la máscara de la defensa de las identidades nacionales y de las raíces cristianas europeas, opuestas a otras raíces, asimismo presentes en la historia de Europa, pero combatidas hoy con inquina renovada.

“Hay y solo puede haber un inequívoco mandato moral, el deber de combatir el mal”, escribió Tony Judt, inspirado por Albert Camus. La afirmación puede hacerse extensiva a la política: el único o, por lo menos, el principal mandato moral inequívoco es distinguir entre las víctimas de la historia y sus victimarios y, acto seguido, proteger a las primeras de los segundos. Cualquier camino intermedio, encubierto con argumentos ambiguos cuando no demagógicos, pretende eludir la primera de las obligaciones y, de paso, trata de neutralizar a los adversarios políticos. Así sucede con la componenda con Turquía para contener la llegada a Europa de refugiados y, al mismo tiempo, desarmar a la ultraderecha, que ha hecho de la llegada de cuantos huyen de la guerra –las guerras– el primero y principal de sus argumentos para atraer voluntades en una opinión pública asustada por el terrorismo y desorientada por muchos gobernantes.

La decisión de demasiados políticos conservadores de incorporar a sus programas algunas de las propuestas de la extrema derecha contribuye a esa desorientación, y errores de bulto como el del socialista François Hollande, que pretendía desposeer de la nacionalidad a los culpables de terrorismo, desdibujan trágicamente los límites entre las políticas de seguridad y la seguridad a cualquier precio. Y, lo que es aún peor, llevan a despreciar las enseñanzas del pasado, a no identificar los errores cometidos, aquellos que han hecho posible que los nietos de quienes desencadenaron la hecatombe de los totalitarismos sientan que quizá tienen el poder al alcance de la mano. Cuando Timothy Garton Ash se pregunta si resistirá el centro de Europa, abre un interrogante relativo a la posibilidad de que, a no tardar mucho, partidos como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia se conviertan en fuerzas de gobierno legitimadas por las urnas.

“Los estereotipos son verdades cansadas”, dice George Steiner, que es autor de esta otra frase: “La política forma parte ineluctablemente de la esfera de lo contingente, de lo pragmático. Por tanto, es transitoria y, en última instancia, está destinada al fracaso”. Al meter ambas ideas en la coctelera, surge la realidad de Europa hoy, el pragmatismo guiado por los estereotipos, pero al mismo tiempo se mantiene inamovible la muy extendida convicción de que, por transitoria, puede que oportunista, la política del presente está condenada al fracaso, se aplique tal concepto a su manifiesta ineficacia para gestionar las grandes crisis europeas –la financiera, la de los refugiados, el Brexit– o a su rara habilidad para acercar al timón de mando a quienes defienden un nacionalismo agresivo, excluyente.

Nunca el huevo de la serpiente dejó de estar entre nosotros, pero nunca después de 1945 hubo tantos dispuesto a incubarlo. Ahora estamos descubriendo a toda prisa, casi con la angustia propia de las urgencias históricas, que la construcción de una cultura europea democrática, cosmopolita y supranacional dejó muchos agujeros negros, singularmente en aquellos lugares en los que la llegada al poder de los comunistas alimentó la falsa creencia de que, con ellos, se desvanecía el nacionalismo ultra. En realidad, tal nacionalismo entró en un periodo de hibernación, pero hoy disfruta de renovada vitalidad como es fácil comprobar en Alemania –en la parte correspondiente a la extinta RDA–, Polonia y Hungría. Basta una somera exploración en la red para dar con el léxico, los gestos, el ropaje y la demagogia desbocada de otros tiempos, todo debidamente actualizado y puesto al idea por los nuevos ideólogos de la Europa de los estados, encerrados en sus fronteras, ensimismados, aferrados a la bandera y a la mitología patria.

Hay, claro, un pensamiento alternativo capaz de ver en la llegada de refugiados una gran oportunidad para Europa y para combatir la pretensión del Estado Islámico de hacer incompatibles europeidad y religión musulmana, de sembrar la división en Europa y sacar partido a la fractura social. “No podemos aceptar que los populistas, que se expanden por toda Europa y ultrajan sus valores, nos impidan, con su sectarismo y alarmismo, aprovechar esta oportunidad”, escribe el politólogo francés Dominique Moisi. Pero este planteamiento esperanzado es infrecuente en los salones del poder, donde la creencia más extendida es que, para neutralizar el populismo ultra, no hay mejor camino que tomar nota de sus exigencias. ¿Es todo fruto de una incapacidad compartida o se trata simplemente de un caso extremo de falta de convicciones morales?

Un desafío llamado ‘Brexit’

Basta leer el artículo del diputado conservador David Davis recogido por la edición británica de The Huffington Post para comprender la arremetida de los euroescépticos de las islas y adláteres al divulgarse la propuesta transmitida a David Cameron por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Y es suficiente porque en él aparecen recogidos los puntos de partida que orientan desde siempre a quienes consideran que la Unión Europea pretende imponer al Reino Unido un modelo que lesiona los atributos de soberanía de la nación más allá de toda medida, lastra su economía y la somete a los dictados de la Eurozona, al enfoque político del núcleo franco-alemán y a las servidumbres de un modelo en crisis. Entre Nigel Farage, el altisonante líder del United Kingdom Independence Party (UKIP) y la prosa de David Davis la mayor diferencia es el tono; en el fondo, sus mensajes son muy semejantes.

Habría que empezar por preguntarse si alguna vez se sintieron los conservadores británicos a gusto con el paso dado en su día por Edward Heath o si, a las primeras señales de politización de la empresa europea, la sensación de incomodidad se adueñó de ellos y empezaron los gestos desaprobatorios, el deseo de corregir el rumbo o modificar la vinculación con los socios mediante un trato excepcional, cortado a su medida, con mucho libre cambio y pocos compromisos políticos. Habría que empezar por ahí para entender en toda su hondura diagnósticos como el de Davis: “En 1975, la UE era el futuro brillante, una visión de un mundo mejor. Ahora es una reliquia en ruinas de un pasado sombrío. Hay que levantar la mirada al resto del mundo”.

¿Por qué es precisa tal operación? Porque para los euroescépticos cobijados en el UKIP, sentados en la Cámara de los Comunes –conservadores y laboristas, empezando por su líder, Jeremy Corbyn– y que se agitan en la prensa todos los días, mirar al resto del mundo significa más desregulación, menos política y más mercado; más fronteras para gestionar los flujos migratorios y menos derechos adquiridos para los no británicos de cuna; más libra y menos obligaciones y condicionantes a causa del euro; más soberanía nacional y menos cesiones de soberanía.

A ojos de cuantos se han movilizado para exigir más concesiones a la UE bajo la amenaza de promover el Brexit en el referéndum que Cameron se ha comprometido a celebrar, la UE es hoy, por exceso de reglas, menos democrática, menos competitiva y más disfuncional, lo que la ha condenado al declive, castigada por el lento crecimiento, el desempleo alto y una influencia menguante. Nada dicen los euroescépticos de la necesidad de poner a salvo el Estado del bienestar, aunque pudiera deducirse de sus ideas que creen poder ir tras ello evitando la institucionalización política de la UE, pero la realidad constatada es que allí donde se manifiestan las inquietudes sociales, el programa euroescéptico pasa de puntillas. En cambio, se extienden en recriminaciones a las obligaciones impuestas por la UE, más o menos como hace Cameron cuando critica el proteccionismo social comunitario, muy menguado por la crisis económica y la austeridad, pero aún en vigor.

La llegada a Europa de más de un millón de refugiados durante el 2015 ha exacerbado la movilización con voces tan potentes como la de Rupert Murdoch, que ha puesto sus cabeceras a disposición del Brexit o de un cambio sustancial, profundo, que puede dejar irreconocible a la UE. Los editoriales de The Times, el buque insignia de Murdoch, proponen poco menos que una mutación genética de la UE para que, siquiera sea en el caso británico, acepte ser algo así como un club que admite socios a la carta: Londres pone las reglas y Bruselas las da por buenas. Llevado a la práctica: aquello que se decida para el caso de los refugiados o para preservar la libre circulación de los ciudadanos comunitarios no será efectivo en el Reino Unido.

El analista Matthew d’Ancona en The Guardian ha escrito que las instituciones europeas tal como funcionan en la actualidad “están fallando frente a la movilidad de la población del siglo XXI”. Tan cierto como que la forma de afrontar el desafío por el primer ministro permite vislumbrar un futuro con tres categorías de ciudadanos: de primera, los británicos y los comunitarios con más de cuatro años de residencia; de segunda, los comunitarios con menos de cuatro años de residencia; y de tercera, los refugiados, si es que queda abierto algún resquicio en la frontera después de denostar el tratado de Schengen, del que el Reino Unido no forma parte.

Nadie duda de que Cameron quiere seguir en la UE, entre otras razones de peso porque la City lo desea fervientemente, aunque sus portavoces se manifiesten en términos muy contenidos. Pero el de Cameron es un deseo de quedarse lleno de condiciones para frenar la dinámica de los euroescépticos –un tercio de los diputados conservadores y al menos cinco ministros lo son– y convocar el referéndum con suficientes garantías para alcanzar la victoria, y, al mismo tiempo, para sentar un precedente que sirva para poner freno y aun marcha atrás a la construcción política de Europa. Y aun así, los euroescépticos no se dan por satisfechos porque, según creen adivinar, nada de cuanto Tusk ha ofrecido al primer ministro altera sustancialmente el engranaje institucional y normativo de la UE, como recoge el semanario conservador The Spectator en un artículo significativamente titulado Todo les ha salido bien a los euroescépticos. Entonces ¿por qué están en crisis?

La respuesta está en el comentario de George Eaton en New Statesman, el viejo semanario de centroizquierda: no hay forma de que los euroescépticos lleguen a un acuerdo sobre cómo sería la vida al día siguiente del Brexit. Dicho de otra forma: ¿es factible y viable el Brexit más de 40 años después del ingreso en la UE o es poco menos que un sueño nacionalista tardío, alejado de la realidad y el pragmatismo tan propios de la cultura anglosajona? En este punto, se acumulan las dudas, desfallecen las quimeras y se imponen las certidumbres, el hecho indiscutible de que la economía británica está indisolublemente unida a las ventajas y a las exigencias del mercado europeo, guste más o guste menos. Pocas dudas caben en cuanto a los efectos poco deseables que el Brexit tendría en la articulación de Europa, pero el día siguiente a la salida no sería menos dañino para el Reino Unido, para su influencia económica y para su cohesión política (el Brexit seguramente movilizaría al independentismo escocés, del todo europeísta).

¿Qué pesará más de aquí a junio, cuando se celebre el referéndum: el desapego de los euroescépticos o la determinación de los votantes de aferrarse a lo seguro; la nueva relación del Reino Unido con la UE o un particularismo caduco? En el imaginario colectivo británico tiene aún mucha fuerza la idea de que el viejo corcho se ha mantenido siempre a flote merced a su voluntad de quedar al margen de las disputas en el continente, pero en el seno de la economía global es cada día más difícil actuar en solitario. Y acaso esa característica de nuestros días es la que juega más en contra del euroescepticismo y más a favor del realismo de los votantes.

Reclamaciones de Cameron a la UE

Después de saberse el punto de partida de David Cameron para defender el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea vuelve a tener sentido la pregunta tantas veces formulada: ¿qué es menos deseable: la aceptación por la UE de las exigencias británicas o una UE sin los británicos? Y lo es porque el premier ha abierto la precampaña del referéndum del 2017 que deberá decidir la permanencia o no del Reino Unido en la UE presentando a Bruselas una serie de condiciones o modificaciones en las relaciones británico-comunitarias que interesan el acervo jurídico paneuropeo y, al mismo tiempo, desnaturalizan futuras etapas en la construcción política de Europa. Así sucede en los campos de la libre circulación de personas, de la relación de la economía de la libra con la del euro y en los atributos administrativos y de Gobierno de las instituciones europeas so pretexto de que las cesiones de soberanía deben acabarse.

La realidad es que Cameron se comprometió en su momento a convocar un referéndum que desea ganar, pero que, en parte por convicción propia y en parte por la presión del euroescepticismo histórico británico –más el posmoderno del UKIP–, ha de plantear como una disputa con la UE de la que salga vencedor con algunos triunfos para contrarrestar la brega de sus adversarios. “La jugada es enormemente arriesgada”, opina el profesor Christopher Tulloch, de la Universitat Pompeu Fabra, quizá porque el primer ministro cree equivocadamente que “puede manejar las cartas de la misma manera que las jugó en Escocia” con ocasión del referéndum independentista. Esta vez la historia va en contra de la propensión de Cameron a practicar las habilidades propias de un judoca, adiestrado para aprovechar la fuerza de sus contrincantes en beneficio propio.

A diferencia de John Major, que entendió que no podía condicionar permanentemente la política europea al toque británico, el conservadurismo que ganó con extraordinaria holgura las últimas elecciones legislativas entiende que es la hora de poner condiciones a la UE. El objetivo es preservar la unidad del partido, con un bloque de euroescépticos nada desdeñable –quizá más de cien diputados en la Cámara de los Comunes– y, de paso, dejar sin argumentos al correoso Nigel Farage, el líder del UKIP, tan propenso a la demagogia como imprevisible. No hay nada genuinamente nuevo en el programa de Farage, sino más bien una remisión al pasado, a aquella creencia muy extendida durante la era victoriana de que todo lo no británico era por lo menos sospechoso, se tratase de una manufactura o de un programa político, pero sigue teniendo aceptación y resonancia en la Inglaterra profunda, más alejada de Londres mentalmente que físicamente.

“En realidad, el referéndum será sobre nuestra identidad nacional”, ha escrito Rachel Sylvester en las páginas del muy conservador The Times. O, lo que es lo mismo, desde el conservadurismo histórico se ve la europeización de la política y la economía como una desnaturalización del toque británico. Como si, frente a la intromisión de los europeos, aún fuese posible publicar titulares como el que apareció en un periódico de Londres el 22 de octubre de 1957 a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha: Heavy fog in Channel. Continent cut off (Densa niebla en el Canal. El continente, aislado). Si en 1957 el titular podía entenderse como una boutade o una extravagancia ocurrente, hoy se consideraría un gesto de suficiencia injustificable a pesar del peso de la libra, de la influencia de la City y de la densidad histórica del vínculo atlántico por no decir hermandad atlántica (la sintonía de Londres con Washington).

El general Charles de Gaulle, tan conservador como nacionalista, astuto y culto, entendió con admirable anticipación cuál sería el papel del Reino Unido en el seno de la Europa unida esbozada en el tratado de Roma, y así se opuso con obstinación a su ingreso en lo que entonces se conocía como Mercado Común. Esa incomodidad manifiesta y permanente de atenerse a la política comunitaria, unida a la fidelidad británica a la política europea de Estados Unidos, fue adelantada por el general, y cada vez que ha surgido el desacuerdo o el desapego británico a los designios europeos se ha hecho memoria de los vaticinios gaullistas. El presente no es una excepción y el recuerdo del general no está de más.

“Si este es el modelo del primer ministro tory ofreciendo la paz para nuestro tiempo, preparémonos para la guerra civil”, afirma con fina ironía Rafael Behr en The Guardian, un periódico de tradición progresista y europeísta. En la carta de Cameron a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, donde se detallan los cambios que desea introducir en el estatus británico en la UE, el articulista adivina varias maniobras al mismo tiempo encaminadas a neutralizar a los antieuropeístas y euroescépticos de su propio partido y a desmovilizar a una parte del electorado del UKIP. En suma, en la pretensión de revisar la europeidad del Reino Unido ve Behr algo por demás repetido: desactivar el Brexit y los riesgos que conlleva. Claro que si Cameron no consigue acallar a los díscolos se expone a llegar al día del referéndum con la opinión pública dividida y, lo que sería aún peor, con el establishment conservador fragmentado y su liderazgo sometido a discusión.

En Bruselas está muy extendida la impresión de que la propuesta del primer ministro no tiene cabida en la ordenación de la UE, pero, en cambio, un semanario con tanta audiencia como The Economist se atreve a titular así uno de sus análisis: David Cameron está jugando bien una mala mano elegida por él mismo. El problema real es que, como se reconoce en el artículo, el primer ministro debe lograr un acuerdo que mantenga equilibrada la balanza entre quedarse e irse, y ese equilibrio topa de entrada con dos grandes obstáculos: la suspicacia de los europeístas continentales, que consideran incompatibles los tratados de la UE y las exigencias de Cameron y, al mismo tiempo, la convicción de los euroescépticos británicos de que ninguna alternativa es mejor que dejar la UE. Y si es posible que un retoque meramente cosméticos del estatus británico sea aceptable para el europeísmo militante, nunca lo será para los partidarios del repliegue a las islas o para quienes, más contenidos, transigen con permanecer en la UE si se deja de veleidades políticas –institucionalizar y reforzar la unión política– y se limita a ser una zona de libre cambio con mecanismos reguladores comunes.

El historiador Tony Judt dejó escrito en Posguerra: “Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto –que define dónde se encuentran un país o un pueblo– como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan con relación con los demás”. En el Reino Unido, en lo que cabe considerar cultura espontánea de muchos británicos, ese sentimiento de pertenencia europeo es difuso, cuando no, inexistente. Es difícil discernir si la crisis ha revitalizado o no tal sensación o estado de ánimo, pero los casi cuatro millones de votos logrados por el UKIP en las últimas elecciones certifica que sigue muy vivo y la apuesta de Cameron no está exenta de riesgos si la política de los sentimientos o la demagogia populista se imponen al realismo y la visión de futuro que guiaron los pasos de Edward Heath, conservador, al negociar la adhesión hace más de 40 años.

 

Reparto de refugiados en la UE

La solidaridad por cuotas a la que se ha referido el diario progresista francés Libération al dar cuenta de la propuesta elaborada por Bruselas para hacer frente al drama de los refugiados deja al descubierto, con un punto de maliciosa ironía, el enfoque que la Unión Europea da a un problema que la desborda, la incomoda y la divide, pero que debe encarar de forma ineludible para no abundar en la impresión de que han impuesto su criterio los partidarios de la Europa balneario, de la Europa fortaleza y de la Europa encerrada en sí misma. Los flujos migratorios irregulares, las guerras, la pobreza y la porfía de las mafias que trafican con seres humanos han llevado hasta las puertas de la prosperidad europea la realidad que se vive al otro del Mediterráneo, a unas pocas millas de nuestras costas, donde la única salida es huir y dejar atrás el pasado. Al mismo tiempo, la presión migratoria se ha transformado en un arma política rentable en las contiendas electorales de sociedades asustadas y envejecidas, que no entienden el futuro que vislumbran o que reciben mensajes manipulados con descaro por organizaciones políticas depositarias de toscos nacionalismos xenófobos: así UKIP en el Reino Unido (cuatro millones de votos en las elecciones legislativas del día 7), el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia y otras etiquetas de parecido tenor.

Algo debe hacer Europa cuando el mar es, a la vez, tumba de muchos que no logran llegar a ella y autopista para muchos más que tocan tierra en Italia, Malta y Grecia. Algo debió haber hecho hace bastante tiempo Europa y no lo hizo, como reconoce implícitamente Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo: “Si cojo mis discursos de hace 20 años y les pongo fecha de hoy, podría mantenerlos perfectamente”. Algo más de lo hecho debió hacer Europa cuando las sucesivas crisis de las pateras y de los cayucos hicieron del estrecho de Gibraltar el pasadizo más utilizado para llegar a ella desde África, cuando Libia era un territorio poco menos que inaccesible para las mafias y no había guerra en Siria. Mucho quedó por hacer cuando los estados de la UE decidieron recortar la partida destinada a controlar el trasiego de seres humanos, y hoy vuelve a situarse el debate en el campo de los costes económicos y políticos del reparto de refugiados, así los llegados a la UE como los procedentes de terceros países, aunque todo se revista con giros del lenguaje que persiguen encubrir tal enfoque.

Cuando la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifiesta que es prioritario llegar a acuerdos con los países de origen, elude el hecho de que algunos de estos países –Libia, Somalia– son pocos menos que un nombre en un mapa, sumergidos en un caos permanente donde el Estado se ha esfumado y el futuro está en manos de una variedad inabarcable de actores políticos, y otros –Siria es el ejemplo más notable– están sometidos a la arbitrariedad de gobernantes al margen de todas las convenciones políticas. El planteamiento de la vicepresidenta es quizá inatacable desde la lógica institucional –a España le tocaría el 9,1% de los refugiados si se aprueba el proyecto de la Comisión–, pero queda muy lejos de cualquier análisis de la realidad que se vive en los países de origen. Ni es posible comprometer a gobernante libio alguno en el control efectivo de las costas desde la que parten personas de todas partes de África hacia Europa ni hay nadie en Somalia preocupado en contener la diáspora en un país desquiciado. Ni hay noticia de que alguien en Eritrea intente retener a la población que huye de la miseria ni tampoco la hay en Etiopía, y aún menos en los países del Sahel, sometidos a la triple plaga del caudillismo, la intervención extranjera y la presión del yihadismo, por no hablar de la fuga permanente con destino al norte de ciudadanos procedentes de países subsaharianos.

Portada de ‘El Periódico’ deljueves, 14 de mayo.

La posición española y los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son, por lo demás, excesivamente originales. Son, eso sí, bastante más contenidos que los del Reino Unido: la ministra del Interior, Theresa May, es simplemente partidaria de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, un procedimiento alejado de toda inquietud humanitaria que ni siquiera se justifica con la contaminación por el UKIP de la política británica. Suponer a estas alturas, como hace el Gobierno de David Cameron, que la articulación de mecanismos de acogida tendrá un efecto llamada –“solo servirá para fomentar que la gente arriesgue sus vidas”, dice May– es soslayar adrede las causas de los flujos migratorios, eludir los datos esenciales del problema: no hace falta estimular el viaje a Europa con medidas como las propuestas por la Comisión Europea porque está ahí, inamovible, la necesidad de huir de según qué lugares en busca de seguridad y de futuro.

No es este un fenómeno nuevo, extraño y característico de nuestros días. Más bien todo lo contrario: forman parte de la historia de Europa los movimientos migratorios, en ocasiones de una intensidad superior a la del presente, con destino a América, y, en el siglo XX, son una constante los desplazamientos forzados de población a causa de las guerras (el exilio republicano español), de las persecuciones (las comunidades judías en Europa central y oriental) y de la ruina económica que siguió al final de la segunda guerra mundial. Esa cicatería de muchos estados es un ejercicio de negación de la propia historia de Europa, que si hoy es tierra de llegada de multitudes desposeídas antes lo fue de salida de generaciones condenadas a la nada; esa proclama dramatizada por Theresa May sobre el provecho que las mafias sacan de la inmigración irregular es poco más que una cortina de humo para que no se perciba que, lisa y llanamente, es partidaria de cerrar el acceso a la UE bajo siete llaves sean cuales sean las consecuencias que de ello se deriven.

En todo caso, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa y la cláusula de exención que se incluyó en él, no se verán afectados por el eventual reparto de refugiados. Algo que plantea una vez más la viabilidad conceptual de una unión política que los conservadores británicos ven con desconfianza desde los tiempos de Margaret Thatcher, que los laboristas sobrellevan como un proyecto en el que se sienten incómodos y que una parte no determinada pero muy significativa de la opinión pública inglesa observa como una disolución de la identidad insular en el minestrone de nacionalidades del continente. Agravado todo con los nuevos flujos migratorios que presagian un cambio progresivo del perfil cultural de Europa, de su composición social y de su identidad colectiva, pues las antenas parabólicas y la sociedad digital garantizan a cuantos emigraron una relación afectiva en directo con sus lugares de origen.

La fotografía de portada de EL PERIÓDICO del jueves (españoles en el sur de Francia, 1939) es un buen recordatorio de qué significa ser refugiado, por encima incluso de la definición que figura en la convención aprobada por la ONU en 1951. Como ha dicho el papa Francisco, “emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad”, sometidos al juego de la conveniencia política, siempre cambiante. El refugiado es alguien desvalido, extremadamente vulnerable, perseguido o marginado por razones muy diversas que requiere la ayuda de alguien para salir del pozo. Que esa ayuda tiene un precio es indudable, que esa precio hay que pagarlo si queremos mirarnos al espejo sin vergüenza todos los días, también. Dejar a su suerte a quienes nada tienen, y alguien persigue u hostiga, es una forma extrema de egoísmo que lleva directamente a un peligroso relativismo moral.

Entre la UE y Escocia

La victoria sin paliativos del Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unidos ha costado la carrera política a tres líderes –Ed Miliband (laborista), Nick Clegg (liberal demócrata) y Nigel Farage (eurófobo)–, ha dejado en bastante mal lugar a los institutos de opinión, que no detectaron el voto oculto partidario de la continuidad, y ha consagrado al Partido Nacionalista Escocés (SNP por sus siglas en inglés) como el depositario del poder hegemónico al norte de la frontera de Inglaterra. Dicho de otra forma, las elecciones legislativas han desmentido bastantes supuestos, en especial el agotamiento de la figura de David Cameron –excesivamente elitista para repetir mandato, según se decía–, el cansancio de un electorado que no percibe los efectos de la recuperación económica y el desafío ultranacionalista del UKIP. Del voto del jueves solo han salido vencedores Cameron y Nicola Sturgeon, la líder del SNP, que ha borrado del mapa a los laborista en Escocia, y con ello ha facilitado el aplastante triunfo del primer ministro, pero afianza su papel de referencia insoslayable del complejo dosier escocés.

Acaso la afirmación de Philip Collins en el conservador The Times de que “no se puede ganar desde la izquierda” sea excesivamente categórica, pero el resultado en el Reino Unido deben alertar a cuantos, a partir de las encuestas, están dispuestos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Es tan cierto que el Reino Unido salió de la crisis antes que el resto de la Unión Europea, como que la reforma laboral puesta en marcha por Cameron lleva camino de consagrar la figura de los pobres con trabajo, debilitados los sindicatos de tal manera que apenas pueden presentarse ante la opinión pública como una herramienta para corregir las desigualdades. Pero, incluso así, muchos electores han preferido la continuidad de la prosperidad macroeconómica a las incertidumbres reales o supuestas vislumbradas detrás de tímidos programas de reforma social, defendidos, bien es cierto, por alguien tan poco dotado para enardecer a los electores como Ed Miliband, una especie de anticlímax del laborismo en palabras de un analista radiofónico.

Al mismo tiempo, Cameron ha transmitido a los votantes atraídos por el discurso de Farage la impresión de que ha situado al partido tory allí donde ellos desean que esté. “Los votantes del UKIP parecen tener a los tories donde les importaba, sea asustados por la posibilidad de poner accidentalmente a Ed Miliband en Downing Street o por la amenaza de Nicola Sturgeon”, según interpreta Gaby Hinsliff en el diario liberal The Guardian. Esto es, Cameron tuvo la habilidad de llevar a su terreno la permanencia futura del Reino Unido en la UE y desposeyó a Farage de sus señas de identidad; Farage jugó siempre en campo contrario –ni siquiera logró que le eligieran en South Tanet, donde se presentaba– y, como habían calculado los estrategas tories, acabó perdiendo. Dicho todo lo cual queda en el aire la gran pregunta: ¿alguien cree que Cameron se puede comprometer en el futuro con los euroescépticos furibundos y ponerse en contra el mundo de los negocios de la City, trasfondo económico del conservadurismo desde tiempo inmemorial?

Por lo demás, el referéndum del 2017 sobre la permanencia del Reino Unidos en la UE queda lo suficientemente lejos como para que desde ahora hasta entonces las variables que se manejen sean tan diferentes que lo dicho hoy carezca de valor político dentro de dos años. Por de pronto, la relación especial del Reino Unido con Estados Unidos ha perdido intensidad; para continuar, el grueso de las exportaciones británicas tiene como destino la zona del euro mientras que cada vez es menos importante la relación económica y afectiva con la Commonwealth; para terminar, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), que ahora negocian Estados Unidos y la UE, cambiará para siempre las relaciones económicas entre las dos orillas del Atlántico y, quizá, deje a los eurófobos sin argumentos para defender la salida de la UE, sea cual sea la intensidad de la protesta social que seguramente desencadenará el acuerdo.

A cuanto viene dicho debe añadirse el éxito rutilante del SNP: 56 diputados sobre 59 posibles en Escocia. Porque el resultado ha conllevado la derrota aplastante de los laboristas, tradicionalmente mayoritarios allí donde desde la madrugada del viernes se han quedado con un solo diputado. Porque una parte de los electores ha preferido reforzar la figura de Cameron ante la eventualidad de un pacto para gobernar de laboristas y nacionalistas escoceses. Y porque, como ha publicado el Financial Times, altavoz de la City, la aparente desaparición laborista de Escocia “permite a los nacionalistas describir al primer ministro Cameron como alguien no legitimado al norte de la frontera”. “Puede que tenga que conceder cierta descentralización radical del poder a Escocia”, ha escrito Janan Ganesh, que sostiene que el Reino Unido se siente como “un país maduro para el federalismo, y tal vez otro referéndum sobre la secesión de Escocia sea cuestión de años”.

El nacionalismo escocés no será en los próximos años un actor político comprometido con ningún partido a escala británica y, por esta razón, tendrá las manos libres para afianzar su perfil social –una parte importante de la victoria se la debe a los votantes laboristas, seducidos por la independencia de criterio de Nicola Sturgeon– y, al mismo tiempo, mantener en pie su exigencia de más poder para Escocia, de momento dentro del Reino Unido. Que esa libertad de movimientos desemboque en la petición de un nuevo referéndum de independencia resulta impredecible, pero es más que posible que la eventual deslegitimación por el SNP de Cameron, con un solo diputado en Escocia, abra una crisis constitucional sin precedentes en el Reino Unido. Basta fijarse en el caso de España, donde las tensiones nacionalistas nunca han dejado al PP y al PSOE en una situación de representación apenas simbólica en Catalunya y el País Vasco, para comprender la debilidad extrema formal, que no legal, de los conservadores frente al nacionalismo escocés.

La “dulce derrota” del referéndum soberanista, según la expresión utilizada por el profesor Christopher Tulloch en EL PERIÓDICO, se ha convertido a la postre en una victoria absoluta del SNP sobre sus adversarios en suelo escocés, ha puesto en evidencia que más allá del sueño independentista hay vida y ha fijado una nueva regla del juego: que solo es posible retener a los electores no soberanistas mediante un programa de objetivos sociales y vinculación a Europa que no haga entrar en crisis la pertenencia de Escocia al Reino Unido. El peso del voto de procedencia laborista, no soberanista, ha crecido de tal forma en la contabilidad electoral del SNP que en el futuro será un dato determinante, porque a nadie escapa que en la bolsa de papeletas contra la independencia (55%) en el referéndum del 18 de septiembre del 2014 había bastantes correspondientes a laboristas que el jueves optaron por candidatos nacionalistas.

La pertenencia a Europa y el resultado en Escocia resumen las dudas existenciales del Reino Unido. Un primer ministro conservador y partidario de seguir en la UE, con mayoría absoluta y los laboristas a cien diputados de distancia, debe gobernar con el lastre de los euroescépticos alojados en su partido y con la obligación ineludible de negociar con Bruselas un nuevo marco de referencia y después someterlo a un referéndum sobre cuyo resultado es muy arriesgado adelantar un pronóstico. Un partido decididamente europeísta, el SNP, es también nacionalista y pone en duda con su victoria el futuro del viejo Estado. Al combinar ambas situaciones quedan al descubierto las debilidades del Reino Unido, la paulatina disminución de su influencia en el mundo.

 

 

Escocia echa el freno

La victoria del no en el referendo de Escocia, intuido por las bolsas bastantes horas antes de que empezara el recuento, deja varias incógnitas por despejar y certifica el peso del voto no militante cuando se trata de tomar grandes decisiones. A la hora de decidir entre el del corazón y el no de la razón, como lo llama el periódico progresista francés Le Monde, aunque puede que sea más exacto hablar del no a las incertidumbres, este último se impone por razones prácticas, no forzosamente ajenas a los sentimientos. Porque de la misma manera que en el bando del fue muy grande durante toda la campaña el peso de las emociones, también en el del no desempeñó un papel de innegable trascendencia, como lo expresó Jason Cowley, editor del semanario británico New Statesman, referencia del centro izquierda: si Gran Bretaña no puede trabajar para mantenerse unida “a pesar de lo mucho que nos une –lengua, cultura, sacrificio compartido, sangre–, los presagios para el siglo XXI son en efecto oscuros”.

No hace falta decir que el triunfo del no está lejos de ser una especie de bálsamo de Fierabrás que cura la descohesión territorial y política en varios estados europeos, con España y Bélgica al frente de todos ellos, pero desaparece para la Unión Europea el reto de tener que afrontar el precedente escocés, esto es, la salida de Escocia del club, las repercusiones de tal situación y, no menos importante, los mecanismos de ingreso –plazos, condiciones, riesgos asociados– de una parte segregada de un Estado miembro. La UE respira aliviada y, con ella, los estados que la integran, aunque la vía catalana constituya un desafío de grandes dimensiones y resulta del todo precipitado suponer que el resultado de Escocia templará los ardores soberanistas. Puede incluso estimularlos, acrecentarlos, multiplicar el dinamismo de los organizadores de la V, a despecho de la reacción imprevisible de los ciudadanos silenciosos –hablar de mayoría silenciosa acaso fuera exagerado–, apegados a aquello que conocen y recelosos ante cualquier cambio brusco.

Mensaje final de Cameron, Clegg y Miliband publicado por el diario escocés 'Daily Recod'.

Últimas promesas de futuro de Cameron, Miliband y Clegg publicadas por el diario escocés ‘Daily Recod’.

Nadie sabe cuánto han pesado en el 55% de noes las dudas acerca de la permanencia en la UE, las divagaciones sobre el efecto inmediato de la secesión en la aplicación de los tratados europeos. Nadie puede aventurarlo, aunque cabe imaginar que, al adentrarse en esa terra incognita, muchos votantes deben haberse preguntado por las garantías de futuro de una Escocia independiente. Solo es posible afirmar con bastante seguridad que la perspectiva de un alejamiento de Europa debe haber sido importante en muchos noes, pero los estados europeos no pueden sentirse confortados con el poder persuasivo de permanecer en la UE o quedarse fuera, porque las cicatrices que deja el referendo serán visibles durante mucho tiempo, si no es que lo serán para siempre por más que el primer ministro británico, David Cameron, dé por zanjada la movilización independentista escocesa para, por lo menos, una generación.

El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha presentado la dimisión porque es el precio de la derrota, porque ni siquiera los más pesimistas podían temer un resultado tan contundente en contra de sus planteamientos, y también porque se cierra un ciclo político. Pero al abrirse un nuevo camino para la Escocia del futuro en el seno del Reino Unido no se cancelan las dudas sobre la consistencia de la UE tal cual fue configurada, con los estados como únicos actores políticos. Antes al contrario, en el horizonte amenazan algunos nubarrones y el final de la carrera política de Salmond no modifica ese dato esencial: la unidad europea solo tendrá una base sólida si sabe adaptarse, reformarse, para gestionar las novedades que depare el porvenir sin que cada dos por tres se adueñe de la UE una atmósfera de crisis.

De forma que el alivio en los despachos de Bruselas y en los de Madrid solo puede ser momentáneo, transitorio, como la calma entre dos tempestades. Y lo mismo sucede en los de Londres, donde ha desaparecido la necesidad imperiosa de negar la permanencia de Escocia en la libra, la obligación de discutir hasta el tercer decimal el reparto de la explotación del petróleo del mar del Norte y la discusión no menos ineludible del reparto de la deuda del Reino Unido. Porque se mantienen sobre la mesa las promesas del trío David Cameron-Edward Miliband-Nick Clegg, que afectarán directamente a la autonomía fiscal de Escocia y, por este camino, a la gestión de las rentas del petróleo y su impacto en el erario escocés. Porque la llamada por el analista Gerry Hassan tercera Escocia –los votantes laboristas y la izquierda en general, descontenta con los gobiernos de Tony Blair, el periodo de Gordon Brown y la oposición de Ed Miliband–, que ha apoyado el proyecto secesionista de Salmond, no se conformará con unas transferencias más o menos llamativas y exigirá que el Estado del bienestar quede razonablemente garantizado.

Los riesgos de fracaso económico a un año vista y de aislamiento en Europa de una Escocia independiente, pronosticados por The National Institute for Economic and Social Research, han dejado de perturbar el sueño a los operadores de la City y de los bancos escoceses, pero el día siguiente del referendo no solo abre nuevos interrogantes a propósito de la reforma federalizante que deberá encarar el Reino Unido –extendida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según promesa posreferendo de Cameron–, y la influencia que el proceso puede tener en otros estados europeos, sino el papel asignado a los grandes partidos, desbordados con frecuencia por el reto escocés. Desaparecen unos riesgos y asoman otros; se derrumban unas hipótesis y enseguida surgen otras; Escocia no sentará ningún precedente en la UE, pero otros pueden tratar de sentarlo, espoleados por la movilización en la calle, que en las ciudades escocesas nunca tuvo la envergadura de la de las tres últimas diades.

Portada del diario sensacionalista ‘Daily Mirror’ el día anterior al referendo. El titular dice ‘No nos dejéis de esta manera’, y de la bandera del Reino Unido ha desaparecido el color azul de la de Escocia.

El Reino Unido ha evitado la crisis constitucional de consecuencias devastadoras para Cameron y Miliband vaticinado por Gerry Hassan, pero los estados mayores de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, las asociaciones y movimientos de la V y sus oponentes tienen ante sí un trabajo descomunal de interpretación de lo sucedido, de cómo afectará al caso catalán y de quiénes pueden sacar más partido del no escocés. ¿Tranquilizará a los animadores más radicales de ambos bandos? ¿Azuzará las discrepancias entre CDC y ERC? ¿Sumará adeptos a la vía federalista, reforma constitucional mediante? ¿Sentenciará la ruptura de CiU o se recompondrá la federación a través de los sectores moderados de Convergència y de Unió? ¿Recurrirá Artur Mas a un léxico nuevo que serene los espíritus?

Resulta por lo menos lamentable que el nacionalismo español, de un europeísmo a menudo tibio, eche las campanas al vuelo por la victoria del no en nombre de la unidad europea. No es más reconfortante que persevere en un fundamentalismo constitucionalista que lleva a la parálisis política, a los disparates de José Manuel García-Margallo –la suspensión de la autonomía– y a diagnósticos como el de la periodista Maite Alcaraz en el programa Los desayunos, de TVE, donde sostuvo que el nacionalismo lleva a la división, algo que es posible compartir, dando a entender que el comportamiento del Gobierno no responde a ninguna forma de nacionalismo, algo imposible de aceptar salvo ceguera acusada. De la misma manera que no hay forma de suscribir, salvo pecado de ingenuidad, que el desenlace escocés no tendrá efectos en la estrategia y la táctica del bloque soberanista por más que en las formas se siga con el guion preestablecido: aprobación de la ley de consultas, publicación del decreto en el DOG, impugnación del Gobierno, suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y luego ya se verá.

En ese ya se verá hay una mezcla de política constitucional y de política electoral en los términos que lo ha hecho el analista británico Michael Binyon al desmenuzar el trasfondo de la campaña y de las consecuencias del referendo de Escocia. Ese trasfondo es extensible a España, pero aquí apenas se menciona y las preferencias de los oradores son otras: invocaciones forzadas a los grandes principios y referencias a la ley cortadas a su medida. Pero si para los laboristas era crucial mantener a Escocia en el Reino Unido, donde tienen 40 diputados por solo uno los conservadores, ¿qué decir de la importancia que para el PP tiene sostenella y no enmendalla para retener al electorado más refractario al Estado plurinacional? O, en sentido contrario, ¿qué decir de la necesidad de ERC de recurrir al agravio intolerable para asegurarse el sorpasso en la primera cita electoral que se lo permita? Y así con todos los partidos españoles y catalanes, con alguna razón electoral de peso para, más allá de los principios ideológicos y de las emociones, apoyar la consulta del 9-N o bien oponerse a ella.

Sería muy tranquilizante que a ambos lados del disenso catalán se oyeran voces autorizadas cuyas reflexiones se adentraran en la senda seguida por la doctora Paola Subacchi, directora de investigación del think tank británico Chatham House, en el artículo titulado La geometría variable de la soberanía nacional: “Las islas británicas se han convertido en el laboratorio ideológico para pensar y repensar el concepto de Estado-nación y su papel en un mercado global y muy integrado”. Pero nada de eso se percibe, al menos en la superficie, sino más bien una partida de desarrollo incierto, riesgos ciertos de que el sectarismo se imponga a los argumentos transversales y la tentación permanente de dar a la política un inusitado toque dramático.      

La ‘V’ apunta a Mas y Rajoy

La V de la Diada fue la de votar y la de voluntad, de acuerdo con lo declarado por Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. Pero fue también la V de victoria, a tenor de lo manifestado por Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural y compañera de brega de Forcadell: “Hemos vuelto a ganar 300 años después de 1714”. Fue, incluso, la V de Victus, pues es difícil imaginar una torpeza mayor –por no hablar de censura– que suspender a última hora la presentación del libro en Utrecht (Holanda) a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y caldear el ambiente de por sí movido a días de la gran concentración. Y pudo, asimismo, no ser una V propiamente dicha, sino la punta de la flecha que figura en la señal de dirección obligatoria.

La V admite toda suerte de interpretaciones, de traducciones, menos una: que el jolgorio se acabó cuando se dispersaron los manifestantes. Basta indagar más allá de nosotros mismos para comprobar que la V del tricentenario no admite brindis al sol, fundamentalismos constitucionalistas y desobediencias civiles; que en estricta aplicación del sentido común que Mariano Rajoy tanto invoca, entraña más riesgos que nunca la posibilidad de llegar al 9-N sin que las urnas estén en la calle o sin que se haya concretado una alternativa razonable a la celebración de un referendo consultivo. Basta navegar un rato por la red para llegar a la conclusión de que, salvo que todo el mundo esté equivocado, el desenlace de la Diada obliga a recurrir al mejor arte de la política para evitar que la obcecación acabe en disparate, sea este el que sea.

Lleva razón el president Artur Mas cuando declara a la agencia France Presse que la victoria del en Escocia crearía un precedente –“si una nación como Escocia tiene el derecho de decidir su futuro, por qué no Catalunya”–, pero este agarradero se asemeja más a la política de las emociones que a la política de lo posible. De la misma manera que la solidaridad como razón última que justifica mantener la unidad de España, mencionada por Rajoy el mismo jueves durante un acto relacionado con el programa nacional de trasplantes, suena a regate en corto para eludir el problema de fondo. Todo esto tiene poco que ver con el arte de la política y bastante con el trabajo de los fabricantes de eslóganes que trabajan en las salas de máquinas de los partidos.

No es menos inconsistente fiarlo todo a las declaraciones de apoyo a la posición del Gobierno español procedentes de las cuatro esquinas de la UE, incluidas las muy explícitas de la cancillera alemana, Angela Merkel, cuando se reunió en Galicia con Rajoy. Que la fundamentación jurídica de los tratados impida la permanencia automática o a corto plazo en la UE de una Catalunya eventualmente independiente no significa que, a la hora de la verdad, el pacto político no pudiera imponerse en el club europeo a la letra de la ley mediante alguna componenda ahora imprevisible, sobre todo si para entonces Escocia se encuentra en situación parecida. En sentido contrario, en ningún lugar está escrito que el  rumbo que pudiera tomar Escocia, si es que el día 18 gana el , sería de aplicación al caso catalán, porque los puntos de partida de Escocia y Catalunya son diametralmente diferentes, y el ambiente en Londres es muy distinto al de Madrid.

El profesor David McCrone, de la Universidad de Edimburgo, resalta alguna de estas diferencias: “La creación del Reino Unido fue constitucional y no el resultado de una conquista”. “La posibilidad para Escocia de dejar la unión ha existido siempre –añade McCrone–, mientras que el Gobierno español ha esgrimido siempre la Constitución para rechazar el referendo”. Aun así, el Govern otorga gran importancia a los vasos comunicantes entre el proceso escocés y el catalán, y elude, en cambio, un factor diferenciador determinante: los ingredientes culturales de la reivindicación soberanista. “El movimiento nacionalista en Catalunya se concentra desde hace tiempo en la preservación de una herencia cultural”, según Charles King, profesor de la Universidad de Georgetown, en Washington, mientras que los independentistas escoceses “rechazan expresamente las definiciones más culturales de su identidad”, habida cuenta de que solo el 1% de la población habla gaélico.

Estos datos son esenciales en el élan vital de los proyectos soberanistas y explican en parte el perfil muy diferente de cada caso. Es menos creíble el planteamiento recogido por France Presse de José Vicente Rodríguez, uno de los fundadores de Ciutadans, que imparte clases de Economía en la Universidad de Edimburgo: el nacionalismo-independentismo catalán parte de un sentimiento de superioridad, mientras que el escocés nace de un sentimiento de inferioridad. Es muy osado aventurar que la próspera sociedad escocesa alberga algún complejo –“podemos ser uno de los estados más ricos del mundo”, sostiene Alex Salmond, líder del SNP–, y no lo es menos suponer que ha sido este complejo el que ha robustecido el nacionalismo.

Solo la política sin apriorismos puede gestionar la situación con decoro y evitar que la demagogia se adueñe de la situación. “Cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean”, escribió El Roto en su viñeta-editorial de El País al día siguiente de la V. El mismo día, en su columna de EL PERIÓDICO, Antón Losada advirtió del peligro que encaran Rajoy y Mas, o viceversa, si no pasan de los eslóganes para la clientela a la negociación del futuro sin prejuicios: “Saben cuánto necesitan un acuerdo y hasta lo habrán hablado. Pero ambos han ido tan lejos en su discurso y su táctica que ahora el drama es cómo contárselo a los suyos sin resultar acusados de alta traición”.

Puesto que existe el peligro apuntado por Losada, el papel de los portavoces debe darse por superado. La única palabra que vale es la de los responsables últimos que han de dar con la salida, si es que la hay. Cada vez que se acercan al micrófono ilustres nombres de los aparatos de gobierno y de partido en Madrid y en Barcelona, hinchan el pecho los adeptos, pero se difumina más y más la salida del laberinto. Como reclamaba Alfredo Di Stéfano cuando la pelota andaba demasiado por los aires, alguien debe bajar el balón y jugar al pie para evitar que al final sean los hinchas radicales los que marquen la pauta. Cuando en el corto periodo de tres diades se pasa del pal de paller y el peix al coba a reclamar en la calle, con gran éxito de público, que la independencia se someta a consulta, es indispensable alejarse de los agitprop y perseverar en la idea de que nada es completamente blanco o totalmente negro.

Después de la V se echan en falta voces capaces de relativizar las cosas y, si se quiere, de acotar el problema sin dramatizarlo. Es indispensable desacralizar aquello que, por lo demás, nunca fue sagrado, incluidos el derecho a decidir diga lo que diga la ley de un Estado democrático y la Constitución de ese mismo Estado. También es indispensable desacralizar la Transición, el consenso de aquellos días y otros tópicos políticos que conducen directamente a la parálisis, el ensimismamiento y la falta de alternativas. La Transición, el consenso como norma, la Constitución y un sinfín de herramientas políticas de aquel entonces son hijas de su tiempo, resultaron ser instrumentos útiles, pero han dejado de serlo según todos los indicios. Y no solo para los independentistas, sino también para los que no lo son y contemplan incrédulos los acontecimientos en curso.

¿Puede dejarse a beneficio de las emociones la dimensión de la movilización soberanista o acaso las fotografías –las cifras oficiales poco importan– no son suficientemente expresivas? Y, si lo son, ¿pueden mantenerse los gobernantes en sus respectivos puntos de partida y promover diferentes formas de frentismo con un ojo puesto en las urnas y otro en la ocupación de la vía pública? Porque la gestión de la marcha catalana hacia el 9-N, en la Generalitat y en La Moncloa, parece guiada cada vez más por el efecto electoral que puede tener en Catalunya y en España, como si el motivo de fondo para no encarar una negociación política realista fuese precisamente la posibilidad de sacar el máximo partido a la polarización del voto: independentistas frente a autonomistas o federalistas; nacionalistas españoles frente a nacionalistas catalanes; y así sucesivamente. ¿Puede alguien sostener que solo a un bando, el que sea, asiste la razón y el otro, el que sea, no merece ser escuchado y, a poder ser, respetado y comprendido?