Merkel o la fuerza tranquila

Alemania cierra este domingo una historia de 16 años al no concurrir a las elecciones Angela Merkel, varias veces presentada por los medios de comunicación como la mujer con más poder de la comunidad internacional. Sea quien sea el ganador de las elecciones legislativas y se prolonguen lo que se prolonguen las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, la cancillera dejará de llevar el timón y el universo democristiano (CDU-CSU) deberá habituarse a no contar con el valor seguro de la líder que se retira. O, si se confirman algunos pronósticos, se verá obligado incluso a actualizar y quizá a refrescar un establishment acomodaticio que en las encuestas da señales de fatiga, quizá de desconexión con una parte del electorado, votante de Merkel más que de los conservadores.

De ser así, como tantas veces ha sucedido en la historia de los partidos, una figura ganadora con una larga trayectoria habrá dificultado la consolidación de figuras solventes que en el futuro la puedan suceder. Los democristianos no escapan a esta impresión, a las tensiones internas que afloraron cuando se abrió el proceso para elegir un candidato a la cancillería y que solo se atenuaron cuando unas primarias dieron la victoria a Armin Laschet, presidente del land de Renania del Norte-Westfalia. Pero esa atenuación puede que sea solo provisional o momentánea si, como presagian los sondeos, cosecha un mal resultado y, como aventuró el semanario Der Spiegel después del primer debate televisado, los conservadores deben afrontar “una debacle histórica en las urnas”.

Son numerosos los analistas que resaltan la incapacidad de Laschet de seguir la estela de Merkel, de emular su estilo de hacer política sin sobresaltos, algo que genera confianza. Y Der Spiegel va más lejos: “Armin Laschet lo ha sido todo menos inspirador y sus tropiezos pueden tener profundas consecuencias para la estabilidad de la política alemana”. Se refiere el analista de la publicación a la consistencia de las grandes coaliciones armadas por la cancillera y a las incógnitas que se abren si la próxima fórmula de Gobierno descansa en un tripartito multicolor con socialdemócratas, verdes y liberales o con los dos primeros más Die Linke (izquierda poscomunista y disidentes de la socialdemocracia).

El caso de Olaf Scholz es justamente el contrario. El aspirante a canciller del SPD ha dado con la tecla para adoptar las maneras de Angela Merkel, ha sabido sacar partido al prestigio ganado al frente del Ministerio de Finanzas durante la pandemia y ha renunciado a una revisión in extenso del hilo argumental de la gran coalición. No es Scholz un candidato especialmente carismático, pero transmite fiabilidad, y las encuestas le dan la razón: el SPD comparecerá en las urnas con una ventaja estimada de entre tres y cinco puntos sobre la CDU-CSU. Si alcanza el 25% de los votos, Scholz no podrá decir que ha logrado un gran resultado, pero sí podrá presumir de haber desatascado al partido, que en mayo llegó a caer al tercer lugar, por detrás de conservadores y verdes, con unas expectativas de voto que en el menos malo de los casos se quedaban en el 17%.

Los frutos cosechados con esa imitación o acercamiento al estilo de Merkel han salido reforzados por el descenso de la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, salpicada por algunas irregularidades que han dañado su imagen de líder ajena a las debilidades éticas de los dos grandes partidos. Baerbock mantiene su léxico lo más alejado posible de la terminología manejada durante años por la gran coalición, que le permitió ser durante unos meses la candidata con más posibilidades de victoria, pero a nadie se le oculta que los ecologistas hace tiempo que forman parte del sistema en igualdad de condiciones o poco menos que la CDU y el SPD. “Las soluciones deben estar basadas en compromisos”, dijo Joschka Fischer, líder histórico de Alianza 90-Los Verdes, cuando ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller en el Gobierno de Gerhard Schröder (socialdemócrta).

Como ha escrito Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “Olaf Scholz ha conseguido ser reconocido como el candidato más merkeliano de todos” y ha quedado a salvo de errores o precipitaciones, ha salido vencedor de los tres debates electorales y ha asociado su figura a la idea de continuidad, aunque se presente por un partido diferente al de la cancillera. En Armin Laschet se ha cumplido el viejo aserto de Willy Brandt: “Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada”. Quizá se trata de una desesperación precipitada la que posee a los democristianos, pero solo ese estado de ánimo explica la implicación militante de Angela Merkel en la recta final de la campaña.

Willis Sparks, integrante del Eurasia Group, se pregunta por qué la cancillera ha renunciado a presentarse por quinta vez y a renovar su mandato si atesora un índice de aceptación del 80% (el de su Gobierno es muchísimo menor). La única razón que se le ocurre es que Merkel ha puesto su firma a “un período de expansión económica y prosperidad en Alemania que pocos líderes mundiales pueden igualar”, pero teme o intuye que el mundo pospandémico planteara dificultades que acaso podrían emborronar su legado. Es casi una explicación de índole doméstica, sin vínculos con las grandes estrategias políticas y la dinámica de los partidos, pero no deja de ser una explicación verosímil. Y añade Sparks que la continuidad ha permitido a Merkel hacer realidad la máxima según la cual “no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptable al cambio”. Una flexibilidad o adaptabilidad que sin duda obliga a un fatigoso esfuerzo todos los días.

Sean estas u otras las razones, el legado de Merkel a escala alemana y europea no deja de ser un lastre para quien la suceda, para quienes busquen en el próximo inquilino de la Cancillería el índice de eficacia de su predecesora. Un lastre que tendrá asimismo efectos sobre el comportamiento y percepción de los electores, acostumbrados a una especie de fuerza tranquila que sin duda buscarán en quien ocupe el puente de mando. Un joven dijo hace unas semanas en un programa de televisión: “Frau Merkel ha cometido muchos errores, como todo el mundo, pero ha conseguido que parezcan menos graves que los de los demás”. Se trata, sin duda, de una simplificación, pero algo de eso puede haber en ese éxito universal de la cancillera y en el empeño de Scholz en adoptar su manual de estilo con la esperanza de, con él, alcanzar la victoria.

El 11-S, una línea de fractura histórica

Transcurridos veinte años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los hechos ratifican que fue aquel momento trágico en Nueva York y Washington una línea de fractura histórica y política en los albores del nuevo siglo. No porque la temperatura de las disfunciones en el seno de la comunidad internacional no hubiese enviado señales elocuentes antes de los atentados, sino porque estas se tradujeron en una sacudida inabarcable en el corazón de la supuesta hiperpotencia –la etiqueta se la colgó Hubert Védrine–, consagrada por el desmembramiento de la URSS solo diez años antes. Todo cambió después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono porque la sensación de vulnerabilidad que invadió a los ciudadanos de Estados Unidos se propagó en todas direcciones y los gobiernos se sintieron legitimados para adoptar con pequeños matices formales las doctrinas de seguridad impulsadas por la Casa Blanca.

En un artículo incluido en una recopilación de opiniones publicada por el Council on Foreign Relations a las pocas semanas de los atentados, el analista Michael Mandelbaum escribió: “Pocas de las grandes enfermedades letales de la historia se han erradicado por completo, pero muchas se han puesto bajo control y solo se cobran unas pocas víctimas cada año. Eso es lo que ocurrirá si la guerra contra el terrorismo triunfa. Y no se abandonarán las medidas puestas en práctica para impedir el terrorismo. Igual que no se suspenden las vacunaciones y otras medidas sanitarias incluso después de que una enfermedad mortal haya sido controlada”, El doble vaticinio de Mandelbaum se ha cumplido en todos sus extremos: los zarpazos terroristas se asemejan a los brotes repentinos típicos de un mal endémico –algunos pronósticos sobre el desenlace de la pandemia van por ahí– y nada de cuanto modificó el 11-S en la relación entre gobernantes y gobernados ha caducado, incluso ha aumentado con los sistemas de control que incorporan las nuevas tecnologías.

En estos últimos veinte años, la evolución del léxico ha contribuido a asentar estas nuevas formas limitativas de la autonomía individual y de la privacidad, acaso de las reglas propias de sistemas democráticos. La reiteración de golpes de mano del terrorismo global de inspiración islamista ha llevado a los gobiernos a utilizar en diferentes momentos la palabra guerra para referirse a la lucha antiterrorista, y tal fractura semántica ha hecho posible normalizar una especie de excepcionalidad permanente: si la guerra da pie a un estado moral excepcional, toda excepción en nombre de la seguridad –real o presunta– también lo está. Al mismo tiempo, las referencias a la guerra provocan una forma de inseguridad sobrevenida que hace menos traumática la aceptación de diferentes medidas restrictivas como un inevitable mal menor.

El caso es que tal aceptación no ha evitado que empeore en términos generales la confianza en los gobiernos. En Estados Unidos, el índice se mantiene en torno al 30% desde 2007 –otra cosa es la confianza en el presidente de turno–, y hay un desapego siempre en aumento por cuanto dicen y hacen los políticos. “Haríamos bien en reflexionar este sábado no solo sobre las vidas perdidas ese brillante día de finales de verano hace 20 años, sino también sobre los excesos, errores y flagrante falta de franqueza que siguieron. Sin una seria introspección por parte de los políticos, los encargados de la política exterior y la prensa, nos resultará difícil recuperar la confianza en nuestra democracia necesaria para el autogobierno”, escribe Jennifer Rubin en The Washington Post. La reflexión es aplicable a otras muchas sociedades, sometidas a un falseamiento permanente de la realidad.

Si alguna vez tuvo sentido la opinión de Michael Scott Doran según la cual Estados Unidos se vio enzarzado “en la guerra civil de otras personas” –el desafío yihadista en el seno de la comunidad musulmana–, hoy apenas se sostiene. Es más adecuado fijarse en los resortes emocionales activados por el islamismo radical para modificar sin pausa el paisaje social y ganar en el seno del islam adeptos a su causa o, al menos, dispuestos a justificar el recurso a la acción directa. “Los excesos, errores y flagrante falta de franqueza” que cita Rubin han hecho posible que junto a la contención de Al Qaeda y la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak haya arraigado en sectores no precisamente pequeños de la umma –comunidad de los creyentes– un anhelo permanente de reparación. No solo frente a Occidente, sino también frente a gobiernos musulmanes venales que los islamistas tildan de apóstatas.

Dos décadas después del 11-S, alarmada Europa por los atentados en Madrid, Londres, París, Berlín, Bruselas, Barcelona y tantos otros lugares; fracasadas las primaveras árabes, donde se enterraron muchas esperanzas; regresados los talibanes al poder del que fueron desplazados hace también 20 años; sometido Oriente Próximo a los designios concertados de Israel y la Liga Árabe; convertido Irak en un enfermo crónico, todo induce a pensar que la inestabilidad es la enfermedad endémica de nuestro tiempo. El principio de incertidumbre, desarrollado por la mecánica cuántica, desbarata las previsiones de los gobernantes y de las organizaciones internacionales. Daniel Kurtzer, exembajador de Estados Unidos en Israel, sostiene que su país “está dividido más profunda y abiertamente en cuanto a su identidad fundamental, es decir, en cuanto a quiénes somos y a qué aspiramos”; en Francia, el politólogo Julien Fragnon asegura en Le Monde que la unión nacional es cada vez más precaria. Algo sumamente perturbador e inquietante ha contaminado las sociedades democráticas en los veinte años que van del 11-S a hoy; el mundo occidental ve con desconfianza, cuando no con temor, cuanto viene del orbe musulmán.

El 11-S sigue siendo un legado desasosegante para cuantos se sintieron golpeados, afectados o concernidos por la tragedia, dentro y fuera de Estados Unidos. Alain Gresh aventura que en los últimos veinte años Occidente  “perdió la batalla de la legitimidad y del derecho”, y añade: “La guerra contra el terrorismo ha sido la ilusión final de un Occidente que no admite el nuevo estado del mundo y quiere torcer el curso de la historia. Se trata de una tarea quimérica, por supuesto, pero intentar llevarla a cabo solo agrava el desorden mundial, alimenta el choque de civilizaciones y desestabiliza a muchas sociedades, incluso las occidentales, al dividirlas en función de criterios religiosos”. ¿Un diagnóstico radical? Diríase que la confusión es extrema porque desde el 11-S todo es más endiabladamente confuso e insondable, también en el orbe musulmán.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

What do you want to do ?

New mail

China, ante una crisis de credibilidad

La orientación dada por el régimen chino a la gestión del coronavirus obliga una vez más a sopesar la naturaleza del sistema, su eficacia o debilidad, incluso su papel en la comunidad internacional cuando con harta frecuencia prevalecen la opacidad y el secretismo. Por mucho que la maquinaria de propaganda resucite viejos eslóganes, aliente el nacionalismo y pretenda desviar la atención hacia cuadros de segundo nivel del Partido Comunista y de la Administración –una misma cosa, en realidad–, lo cierto es que la cicatería y el retraso de Pekín a la hora de facilitar los datos esenciales de la epidemia han dificultado enormemente poner en marcha medidas preventivas y, de paso, han dado alas a una psicosis colectiva en todas partes, especialmente en Occidente. Un estado de ánimo, esto último, que obedece tanto a prejuicios arraigados durante generaciones como al comportamiento de las autoridades chinas, más afectas que nunca a la ancestral afición de la Ciudad Prohibida a ocultar o desvincularse de la realidad.

El desafortunado titular de The Wall Street JournalChina es el auténtico enfermo de Asia– que encabezaba un artículo firmado por el profesor Walter Russell Mead no invalida la consistencia de alguno de los argumentos desarrollados en él. En especial el que se refiere a la posibilidad de que el ADN del régimen chino desencadene algún día una catástrofe a gran escala: “Los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales, sin mencionar a los líderes empresariales e inversores, deben tener en cuenta que el poder de China, por impresionante que sea, sigue siendo frágil. Un virus mortal o un contagio del mercado financiero podría transformar la perspectiva económica y política de China en cualquier momento”.

Los riesgos de paralización de sectores importantes de las economías desarrolladas, faltos de suministros y sin proveedores alternativos, justifican este temor incipiente. Lo justifican también las estadísticas crecientes de enfermos y fallecidos, las cuarentenas, la evacuación de personal destinado a China por inversores extranjeros y la imposibilidad de esclarecer a ciencia cierta cuándo tuvieron noticia en Pekín de los primeros casos de coronavirus, cuántas semanas tardaron en poner en antecedentes al resto del planeta y hasta qué punto el presidente Xi Jinping y su entorno optó por el encubrimiento, por esperar y ver en vez de informar y actuar a plena luz del día.

Aunque el China Daily, el periódico en inglés editado en Pekín, se prodiga en comentarios que aluden a prejuicios colonialistas en la reacción de Occidente –algo no descartable–, lo cierto es que el debate abierto se adentra en las peculiaridades del régimen comunista surgido en los primeros noventa como resultado del reformismo impulsado por Deng Xiaoping, que rescató a China del atraso y el ensimismamiento. Un debate al que se ha incorporado de forma más o menos explícita una parte de la opinión pública china, confinada en sus casas, con las escuelas cerradas, las calles vacías y una sensación generalizada de parálisis del tejido productivo. Un debate en el que, se quiera o no, se formula una vez más la gran pregunta: ¿cuáles son los límites o el futuro de un sistema pilotado por el Partido Comunista y entregado a un desarrollo acelerado de la economía capitalista? Planteado todo en los términos de un editorial del Financial Times: ¿puede una superpotencia económica y militar consagrarse como tal e impedir al mismo tiempo, de forma sistemática, la libertad de información y crítica?

El China Daily se centra en el ideario de algunos medios occidentales –“fue [el lenguaje] utilizado comúnmente por las fuerzas extranjeras que conquistaron China para justificar su trato inhumano con los chinos”– y se remite a las prácticas colonialistas de las potencias europeas en África: “Este idioma colonial también era común en África cuando los amos colonizadores consideraban que su religión, cultura y estilos de vida en general eran superiores a los de las personas ingenuas a las que percibían como enfermas e inmundas”. Y sin descartar que pueda haber una parte de verdad en el legado dejado por la cultura colonial en Occidente, asoma al mismo tiempo el análisis adelantado por el Fondo Monetario Internacional: la crisis abierta por el coronavirus puede dañar la de por sí débil recuperación económica.

Tan cierto es que la Casa Blanca ha puesto en marcha un gran aparato de propaganda dentro de su particular guerra comercial con China como que demasiados analistas de muy variada orientación ven en el desarrollo de los acontecimientos diversas amenazas ciertas. Y si el nobel Paul Krugman teme más a los antiliberales que el comportamiento de la autoridades chinas, a otros les preocupa más algo que el mismo Krugman describe con detalle: “Es un país que no es democrático en absoluto, cada vez es menos libre; es un capitalismo muy controlado que supone un reto para el modelo occidental. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay diferentes tipos de capitalismo y diferentes modelos políticos también. La historia no ha terminado, hay diferentes modelos ahí fuera y pueden adelantarnos”.

“La gobernanza de China se ha vuelto menos transparente en las dos décadas posteriores al estallido del SARS, con el periodismo de investigación y otros informes y evaluaciones independientes enfrentando mayores limitaciones”, escribe Aditya Bhattacharji, un prestigioso experto en sanidad global del think tank Eurasian Group. El diagnóstico no es tranquilizador y permite poner en duda la fiabilidad de las autoridades chinas como gestoras de asuntos que atañen a la comunidad internacional y no solo a sus conciudadanos. Lo que es tanto como poner en duda la consistencia del milagro chino, fundamentado en un comunismo que consagra y legitima el derecho a enriquecerse, y que, al mismo tiempo, prohíbe la crítica independiente y la disidencia.

Nunca antes una crisis sanitaria había tenido tantas implicaciones políticas. El coronavirus ha sentado ante el espejo el modelo chino y se han puesto de manifiesto sus debilidades, fiabilidad y limitaciones, acaso su viabilidad futura si la fábrica del mundo no acomoda su potencia económica a los mínimos de transparencia que, de forma más o menos explícita, reclama la comunidad internacional en casos como los de una epidemia cuya contención nadie puede afirmar que se ha conseguido. Al menos no hay noticia confirmada de ello y la inquietud está justificada, más allá de los prejuicios y el comportamiento extravagante de quienes se han dedicado en el último mes a señalar a las comunidades chinas en todo el mundo como potenciales transmisoras de la enfermedad, una forma de xenofobia apenas encubierta.

Trump margina Palestina

El plan de paz para acabar con el conflicto palestino-israelí presentado por Donald Trump tiene mucho de exigencia de claudicación de la comunidad palestina y poco o nada de instrumento pacificador. Era más que improbable que una propuesta cocinada por Jared Kushner, yerno de Trump y amigo personal de Benyamin Netanyahu, pudiese ser aceptada por la Autoridad Nacional Palestina, a la que la Casa Blanca no preguntó de antemano su parecer, pero, después de darse a conocer su contenido, la improbabilidad se ha convertido en imposibilidad absoluta. Ninguna facción palestina, ni siquiera la más moderada y posibilista, puede aceptar los términos de la propuesta elaborada en Estados Unidos atendiendo en exclusiva a las exigencias de la derecha israelí, acuciada por la perspectiva de que Netanyahu acabe ante el juez, sea condenado por corrupción y enfile el camino de la cárcel.

De la paz de los valientes invocada en su día por Shlomo ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel partidario de un divorcio pactado en igualdad de condiciones por los líderes palestinos e israelís, se ha pasado a una fórmula que condena a un futuro Estado palestino a la irrelevancia, a la impotencia, a alguna forma encubierta de apartheid y a la dependencia absoluta de la discrecionalidad de la potencia ocupante de Jerusalén oriental, Cisjordania y la franja de Gaza, dejada esta a su suerte y sin apenas conexión con el exterior. La paz vislumbrada por Ben Ami entrañaba concesiones por ambas partes; la servida por la Administración de Trump obliga a la rendición palestina con armas y bagajes habida cuenta de los requisitos que impone: consolidación de la soberanía israelí en los asentamientos de Cisjordania, consagración de Jerusalén como capital unitaria de Israel, prohibición del retorno de refugiados, limitación de los instrumentos de seguridad palestinos y tantos otros apartados restrictivos.

Como ha escrito el analista Amos Harel en el diario progresista israelí Haaretz, “el sueño de la derecha israelí hecho realidad podría terminar en una pesadilla brutal”, toda vez que puede ser el resorte que movilice a las facciones palestinas más radicales y a los sectores más exaltados de la sociedad israelí. De cumplirse tan lóbrego como verosímil presagio se eternizaría la casa de la guerra a la que se refirió Miguel Ángel Bastenier para describir el binomio Israel-Palestina, y el agravio palestino seguiría siendo una de las piedras angulares del descontento de la calle árabe, apenas atenuado por la propensión contemporizadora del establisment, sometido al pragmatismo irreductible de Arabia Saudí.

Hay en el plan presentado por Trump todos los ingredientes para que se acreciente la naturaleza desestabilizadora del conflicto, la frustración sume nuevos adeptos a las respuestas destempladas y hayan más oídos dispuestos a escuchar las arengas más incendiarias. Nathan Throll, un analista de The New York Times, ha escrito que la propuesta de la Casa Blanca “no es una ruptura con el statu quo”, sino “la culminación natural de décadas de política estadounidense”, sujeta a las exigencias israelís y hecha a espaldas de las reivindicaciones palestinas. Le da la razón la alegría con la que los adversarios de la solución de los dos estados han acogido la oferta de Trump, algo que Throll destaca. Nada representa una ruptura fundamental con el pasado salvo, acaso, con parte de las propuestas de hace 20 años discutidas en Camp David por Yasir Arafat y Ehud Barak, reunidos para la ocasión por el presidente Bill Clinton.

El convencimiento del presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresado en el Parlamento de Alemania de que la crisis palestino-israelí puede resolverse después de ser durante largo tiempo una tragedia responde a un deseo más que a la realidad: la oposición frontal de los portavoces de la sociedad palestina a un arreglo tan asimétrico. Y la idea de Rivlin de que la paz requerirá grandes concesiones no pasa de ser una frase, porque lo cierto es que las únicas grandes concesiones conocidas son las que se imponen a los palestinos, contrarias por cierto a cuanto establecen el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay concesiones fundamentales reconocibles en lo que cabe considerar la doctrina tradicional de los gobernantes israelís desde la guerra de los seis días de junio de 1967: todas las resoluciones aprobadas en la ONU han sido sistemáticamente incumplidas por la Administración israelí con independencia de su color político.

Es del todo inimaginable que en el futuro cambien mucho las cosas, siga o no a partir de noviembre el mismo inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos otorgó a Israel un papel central hace décadas en el dispositivo de seguridad diseñado para Oriente Próximo, completado por Arabia Saudí y Egipto. Es igualmente inimaginable que la Liga Árabe, pilotada por la monarquía saudí, cambie de registro y pase de las declaraciones solemnes, pero contenidas, a acciones menos solemnes, pero más determinantes. Y es al mismo tiempo inimaginable que el empeño de la Unión Europea en apoyo de la causa palestina pase de la política blanda a una conducta traducida en medidas reseñables que garanticen la existencia de Israel y de Palestina al mismo tiempo.

“Estamos desesperando a los palestinos y pagaremos por ello”, declaró el escritor Amos Oz en el diario Abc, en marzo del 2018, pocos meses antes de fallecer. Acababa de publicar Queridos fanáticos, y expresó un deseo: “No me gustaría morir sin ver incluso una embajada de Israel en Jerusalén oriental y otra de Palestina en la parte occidental, ambas legaciones a una distancia caminable”. Nada hay en el plan de Trump que permita imaginar un futuro de este tenor y sí justifica, en cambio, muchos temores; nada hay en la propuesta presidencial para liquidar el conflicto palestino-israelí que permita intuir que la paz es posible en la casa de la guerra.

 

 

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.