Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.

 

Cachemira, una crisis de 70 años

Cuando dos potencias nucleares, siquiera sea a escala regional, entran en conflicto, cunde la alarma y se activan los mecanismos para evitar la degradación de la crisis. Así ha sucedido en el enfrentamiento de India y Pakistán en Cachemira, uno más, desde que el 14 de febrero el grupo yihadista Jaish-e-Mohammed (El Ejército de Mahoma) causó 42 muertos en el ataque contra un convoy de policías indios, la aviación india respondió el martes pasado con un bombardeo sobre una supuesta base yihadista en territorio paquistaní  y el miércoles la defensa antiaérea de Pakistán derribó dos cazas indios. Los precedentes históricos movilizaron los circuitos diplomáticos para evitar una escalada en un contencioso con una antigüedad de más de 70 años y sin perspectivas de solución, sumergido el problema en una mezcla de nacionalismo exacerbado y conveniencias estratégicas.

El escenario de la crisis está viciado de origen a causa de la división de facto del territorio de Cachemira entre India, Pakistán y China desde que en 1948 el Reino Unido fue incapaz de descolonizar el Raj –el subcontinente indio y aledaños– sin dejar cabos sueltos. La división del territorio en dos estados por razones de competencia política y diferencias insalvables entre las comunidades musulmana e hindú, liquidó el sueño de Mahatma Gandhi de mantener a las dos sociedades unidas bajo una misma bandera y cimentó la primera guerra, que acabó con un compromiso en la ONU para celebrar en el futuro un plebiscito que estableciera las fronteras de las tres Cachemiras. Nunca se celebró tal consulta y la crisis se convirtió en un conflicto de baja intensidad.

En 1965 y 1971 volvieron a hablar las armas. La guerra de 1965 acabó con el acuerdo de Tashkent, con nulos efectos prácticos en la delimitación de fronteras, y la de 1971, asociada a la guerra de la independencia de Bangladesh (Pakistán Oriental hasta entonces), no mejoró la situación, sino que enardeció el nacionalismo paquistaní y procuró nuevas tribunas al islamismo suní deobandi, una facción fundamentalista surgida la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad que le da nombre, inspirado su programa o doctrina en la prédica del clérigo Shah Waliullah Dehlawi (siglo XVIII). En 1974 India se incorporó al club nuclear y en 1998 Pakistán se sumó al grupo de países con armamento atómico, momento a partir del cual los riesgos crecieron exponencialmente.

Entre ambos acontecimientos, Pakistán pasó por la experiencia de la dictadura del general Zia ul Haq (1977-1988), que favoreció la islamización del Estado, en especial del Ejército, la policía y los servicios secretos, de tal manera que el país se convirtió en un lugar relativamente acogedor para el yihadismo y, en términos generales, no lo ha dejado de ser desde entonces. Al mismo tiempo, la democracia india asistió al crecimiento del nacionalismo conservador, representado por el partido Bharatiya Janata, y al desarrollo de varias crisis en el Partido del Congreso, actor principal de la independencia y hogar ideológico de dos primeros ministros fundamentales en la construcción de la identidad política india: Jawaharlal Nehru (1947-1964) y su hija, Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984). Con el paso del tiempo, decrecieron los afectos al sentido de una sentencia de Lal Bahadur Shastri, jefe de Gobierno entre 1964 y 1966: “El énfasis en la religión como base para definir mayorías y minorías en un Estado secular es bastante erróneo y una contradicción en términos”.

Desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 1996, la derrota de su régimen en 2001 y la reactivación del movimiento desde sus bases en Pakistán, nunca han decrecido las sospechas acerca de la complicidad de una parte del generalato paquistaní en la libertad de movimientos de este grupo y de Al Qaeda en varias provincias. Osama bin Laden estableció su residencia en la clandestinidad en Abbotabad, en una casa situada a unos centenares de metros de una academia militar, donde fue abatido por fuerzas especiales de Estados Unidos (mayo de 2011), es más que segura la eventual colaboración paquistaní con la insurgencia talibán en las provincias occidentales del país, de cultura pashtún, y es harto conocida la desconfianza que despiertan los servicios de información radicados en Islamabad cuando se trata de controlar las idas y venidas de unidades muyahidines. Todo ello favorecido por la tendencia de los gobiernos indios a considerar que el único futuro posible para el área en disputa es que la extensión de la provincia de Jamnu y Cachemira se mantenga tal cual está o incluso crezca.

Para ambas partes, cualquier solución que entrañe concesiones es una mala solución o una solución no asumible. Es una incógnita cuál sería el precio político que debería pagar el nacionalismo indio, que poco menos que ha santificado el territorio mediante un discurso hinduista a menudo destemplado y manifiestamente agresivo, dirigido a la minoría musulmana que vive en el país (150 millones de creyentes). Un editorial publicado en The Times of India apunta directamente a la complicidad paquistaní en los golpes de mano yihadistas: “India debe trabajar en estrecha colaboración con los EEUU, otras potencias occidentales y Rusia –significativa ausencia de China, cabe decir– para garantizar que Pakistán desista de ser refugio del terror”. El primer ministro Narendra Modi seguramente suscribe la frase.

No es menos compleja la situación para el primer ministro paquistaní, Imran Khan, una estrella del cricket, un personaje muy popular, pero sin conexiones personales e ideológicas con el Ejército. Ni su nacionalismo ni su islamismo templado le garantizan una relación fluida con los uniformados si rebrota la tensión después de devolver al piloto indio derribado el día 27. Dos ideas de Alí Jiná, padre de la patria, siguen siendo norma y guía para una opinión pública educada en la resistencia frente a la inmensidad de la India (más de 1.300 millones de habitantes): la primera es de naturaleza identitaria  –“Hindúes y musulmanes fundamentan su inspiración en diferentes fuentes de la historia”–; la segunda encierra un concepto sui géneris del poder –“No creo en tomar la decisión correcta, tomo una decisión y la hago correcta”–, acaso una idea muy particular de los gobernantes como sujetos predestinados.

Bernard Brodie, uno de los teóricos de la estrategia nuclear, definió así el papel reservado a los arsenales atómicos: “Las armas nucleares deben estar siempre listas, pero nunca se deben utilizar”. Todos los estudios dedicados al concepto de disuasión se basan en este principio, las pequeñas potencias nucleares –Israel, Corea del Norte– se han dotado de un equipamiento suficiente para ser poco menos que invulnerables salvo grave riesgo para la comunidad internacional y sin embargo, cuando el conflicto surge entre vecinos nuclearizados, surgen las dudas, aparecen los recelos sobre la eficacia real de los sistemas de alianzas respectivos para evitar que la contención del adversario degenere hacia la agresión al enemigo. Por eso la aldea global se ha llenado de llamamientos a la serenidad en búsqueda del mal menor: que el laberinto de Cachemira se mantenga como una dolencia crónica si eso evita una guerra caliente.

Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

Trump desconcierta a los aliados

Dos artículos publicados en días sucesivos –martes y miércoles– por The Washington Post reflejan con precisión la inseguridad y el desconcierto inducidos por la entrevista del lunes en Helsinki del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Rusia, Vladimir Putin. Titular del primero de los análisis: La diplomacia disruptiva de Trump inspira temores sobre la posición de Estados Unidos en el exterior. Titular del segundo análisis: Mientras los rusos describen los “acuerdos verbales” en la cumbre, los funcionarios de EEUU luchan para aclararlos. Puede decirse que detrás de ambas piezas alienta una gran duda, desdoblada en dos preguntas: ¿hacia dónde nos lleva Trump? y ¿qué objetivos persigue?

La desorientación no se reduce a los medios de comunicación, incluida la más que conservadora Fox News. En el seno del Partido Republicano se alzan voces representativas de diversas facciones que no aciertan a comprender cómo Trump se atreve a denostar a la comunidad de inteligencia de su país y, al mismo tiempo, acepta la versión de Putin de que Rusia no interfirió en la campaña de 2016 aunque reconoce que prefería la victoria del candidato republicano a la de Hillary Clinton. El Partido Demócrata alerta de la presunta venalidad de Trump en este galimatías, del conflicto de intereses entre los negocios del presidente y su responsabilidad como comandante en jefe y de la imagen que proyecta en todo el mundo: la de un líder sometido o que coordina su estrategia internacional con los designios del Kremlin mientras las agencias de seguridad detienen a espías rusos en territorio estadounidense.

“El presidente Trump ha dado la vuelta al orden global establecido”, aseguran dos relevantes seguidores de la política de la Casa Blanca en las páginas de The Washington Post, y una escogida lista de entendidos en la materia corroboran esta afirmación. “El diálogo es útil, pero la cuestión es con qué fin”, declara Thomas Graham, un experto en Rusia que trabajó en la Administración de George W. Bush. Trump “ha basado su política exterior en su afinidad con el nacionalismo, reduciendo las relaciones globales a una transaccional suma cero de competencia entre naciones”, afirma Daniel Fried, diplomático especializado en Rusia y los países de Europa del este. “Trump está haciendo un daño enorme a un orden internacional que ya se deshacía”, subraya Ian Bremmer, del Eurasia Group.”Es increíblemente hostil para nuestros intereses y valores”, se lamenta Suzanne Maloney, de la Brookings Institution.

Si una organización tan conservadora como el American Enterprise Institute se preocupa hasta el punto de que Dan Blumenthal ve riesgos de todas clases en los tratos con Corea del Norte y entiende que el presidente está dispuesto “a hacer grandes apuestas y a agitar las cosas”, es que las incertidumbres son mayores de las previstas cuando empezó el mandato de Trump. Algo que corrobora la política impuesta por Mike Pompeo en el Departamento de Estado, que ha desorientado a los veteranos de la casa, a los diplomáticos que, con diferentes gobiernos y diferentes programas, supieron siempre que algunas reglas nunca variarían. En palabras de Thomas Graham, resulta especialmente desconcertante que se articule un espacio de diálogo con China, Corea del Norte y Rusia al mismo tiempo que “se socaba el diálogo históricamente muy productivo entre Estados Unidos y sus aliados europeos y de Extremo Oriente”.

Ninguna de las aclaraciones posteriores de Trump acerca de su acercamiento a Putin desvanece el recuerdo de su sorprendente comportamiento en Helsinki. Pesa más su opinión, difundida a través de Twitter, de que fue “una tontería y una estupidez” recelar siempre de Rusia –algo, por cierto, falso– que su ejercicio de hermeneuta de sus propias palabras. Ni siquiera la posibilidad deslizada por los departamentos de Estado y Defensa de nuevos acuerdos en materia de desarme ha serenado el ambiente, entre otras cosas porque ha trascendido que Rusia ha iniciado el desarrollo de un misil indetectable por el escudo antimisiles (un programa compensatorio de eventuales acuerdos para la reducción de arsenales).

El desmantelamiento del statu quo surgido del final de la segunda guerra mundial, corregido con el desmembramiento de la URSS y la quiebra de los regímenes socialistas, y definitivamente modificado por la economía global y las tecnofinanzas, lleva la nave del orden internacional a una terra ignota llena de peligros. Si toda la estrategia que sigue Trump obedece a su deseo de cambiar por completo las reglas que han regido hasta ahora sin contar con la complicidad de los aliados de siempre de Estados Unidos, hay que preguntarse quién o quiénes serán sus nuevos aliados instrumentales y con qué propósitos. Si el gran objetivo es neutralizar la competencia de la Unión Europea, limitar la expansión de China y contar con Rusia para alcanzar ambas metas, entonces es ineludible preguntarse hasta qué punto el presidente está dispuesto a ceñirse a las exigencias de Putin, un viejo zorro del KGB con una idea clásica de cuál debe ser el papel de su país en el trato con los occidentales y con China.

Dice el senador republicano John McCain, afectado de un cáncer incurable en el cerebro, que el comportamiento de Trump en Helsinki fue vergonzoso. Pero la altanería presidencial tuvo que ver con el propósito cada vez más notorio de desprestigiar, desbaratar o desacreditar las investigaciones en curso, que retratan a un personaje totalmente convencido de que el cargo justifica cualquier desmán si se alcanzan determinadas conquistas. Sería injusto atribuir a Trump la primacía en la consideración de que el fin justifica los medios, pero sería ingenuo no ponerle en el top ten de la lista siquiera sea por su reconocida habilidad para calentar la red con mensajes y juicios en los que las noticias falsas y los exabruptos son cosa de todos los días.

Cuando durante la presidencia de George W. Bush se multiplicaron los análisis dedicados a desentrañar su línea de conducta, se creyó que se habían rebasado para siempre todos los límites del conservadurismo sectario. Lo cierto es que, de acuerdo con la frase hecha, toda situación es susceptible de empeorar y el precipitado de la cumbre de Helsinki lo corrobora con pasmosa exactitud. El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, dijo en febrero que las elecciones del próximo noviembre para la Cámara de Representantes y el Senado son un objetivo de los hackers rusos –del Kremlin, debería quizá decirse–, pero Trump cree a Putin o simula creerle porque entiende que la intromisión rusa beneficiará a su círculo de extrema derecha para retener la mayoría en el Congreso. Los medios y los fines; el diseño de un orden nuevo e inquietante.

Lo peor del ‘brexit’ está por llegar

Las dimisiones de David Davis y Boris Johnson han dado carta de naturaleza a la impresión muy extendida desde hace tiempo de que la eurofobia fija la agenda de las negociaciones para la salida ordenada de la UE del Reino Unido. Colegir de la inmediata sustitución de ambos por Dominic Raab y Jeremy Hunt que la primera ministra, Theresa May, se mantiene en el puente de mando y controla la situación carece de fundamento: se desmorona el plan discutido el pasado fin de semana en Chequers para un brexit sin estridencias y el Gobierno británico aparece perdido en un laberinto de incongruencias y contradicciones. El artículo publicado el jueves en The Guardian por Henry Newman, director de Open Europe, en forma de carta dirigida a los embajadores y comisarios de la UE no hace más que subrayar algo por demás sabido: los europeos deben tomarse en serio el brexit blando defendido por May porque no hay alternativa mejor, menos hiriente.

Al recordar Newman que el interés británico por ingresar en la UE estuvo siempre relacionado con los intercambios económicos, y que esto es lo que pretende ponerse a salvo –“siempre hemos estado más interesados en las relaciones comerciales que en el proyecto político”–, no hace más que dar la razón a cuantos se alarman en la City con el brexit. ¿Por qué? Por el sencillo argumento de que incluso en el mejor de los desenlaces posibles, los británicos quedarán al margen de las decisiones que tomen los socios de la UE en el ámbito de la economía, pero deberán actuar en los términos aprobados en Bruselas, y aun estarán sujetos a lo que dictaminen o sentencien los tribunales europeos.

Es cierto, como afirma Newman en su carta-artículo, que si fracasa el brexit blando salido de Chequers, y por ahí van los tiros ahora, los perjuicios se percibirán a ambos lados del Canal en “el crecimiento económico y en la futura cooperación en materia de seguridad”, pero acaso la capacidad de reacción de las economías europeas sea mayor y más rápida, especialmente en la zona euro, y acaso también las políticas de seguridad se atengan a nuevos parámetros –una cooperación reforzada–, menos dependientes en todo caso de la estrategia de la OTAN. Y ahí también teme la City que la libra zozobre, el independentismo escocés se rearme, con efectos económicos inmediatos, y finalmente quede al descubierto la naturaleza fantasiosa de las ventajas de la salida proclamadas por los promotores del referéndum de 2016, aquel que nunca debió celebrase, según también opinan los gurús de la City.

La obsesión por la recuperación de cotas de soberanía exhibida por los brexiters más radicales apenas importa en una economía globalizada en la que el desarrollo de las potencias emergentes, un crecimiento raquítico de la demografía europea y el desafío tecnológico obligan a perseverar en los mecanismos de cooperación y en reducir el concepto clásico de soberanía a los asuntos con una repercusión estrictamente estatal o local, si es que tal cosa es posible (hay dudas sobre ello). La UE está minada por los achaques, las rivalidades entre gobernantes y el griterío nacionalista, pero es la única salida que tienen los viejos estados europeos para no caer en la irrelevancia o el servilismo.

Si el Gobierno británico sucumbe a la presión de los eurófobos, será aún más débil de lo que lo es ahora, quizá encadenará varias crisis y por último caerá. En este caso o con esta posibilidad en el horizonte inmediato, cabe preguntarse cuál es la alternativa verosímil. ¿Arreglarían algo unas elecciones anticipadas que dividirían a los conservadores más de lo que ya lo están? ¿Puede el Partido Laborista salir al rescate? ¿Es posible un nuevo referéndum? Ninguna de estas preguntas puede responderse con una afirmación: nada bueno presagian para el Gobierno unas elecciones anticipadas; nada se sabe de una alternativa laborista para destensar la negociación con la UE –Jeremy Corbyn, tan silencioso o contemplativo–; más impensable es aún abrir el melón de un nuevo referéndum después de asegurarse ad nauseam que no lo habrá.

Entonces, qué. Entonces está Donald Trump y su empeño de debilitar a Europa cuanto antes, de dividirla si es posible, de liquidar el statu quo y encabezar un nuevo sistema de alianzas que minimicen el papel de la UE. En esto cuenta con la cooperación inestimable de Vladimir Putin, con los propagadores de falsas estadísticas –las cifras manejadas por el presidente en la cumbre de la OTAN de esta semana eran completamente falsas– y con los teóricos del vínculo especial que debe unir al Reino Unido con Estados Unidos. Que esto suponga recuperar algunas migajas de soberanía es harina de otro costal, incluso es posible simular que tal cosa sucede con tal de reforzar la prédica eurófoba. Pero tal posibilidad sigue siendo un factor de preocupación de la City –el proteccionismo de Trump no tiene vuelta de hoja–, del mundo académico, de cuantos creen que el canal de la Mancha es un accidente geográfico, pero no la línea divisoria, el muro, la frontera culturalmente infranqueable entre ellos y nosotros.

“Un gobierno realmente sensato habría elaborado un plan sobre cómo abandonar la Unión Europea antes de convocar un referéndum”, se dice en el último número de The Economist. Incluso para este semanario, comprensivo con el brexit, el último plan discutido en Chequers “profundiza el caos”, y aunque reclama de los europeos, en igual medida que a los negociadores de May, sensatez para evitar la anarquía, admite que exigirán más de lo que la primera ministra ofrece para seguir en el mercado único. Y no le sorprende habida cuenta del enfoque dado a la negociación por Michel Barnier desde que Jean-Claude Juncker afirmó tajante: “Brexit is brexit”.

Diríase que lo peor del brexit está por llegar. Cuando un articulista del Financial Times compara la posible relación futura del Reino Unido con la UE con la que ahora tiene Ucrania, no hace más que emitir un diagnóstico realista y perturbador para las finanzas británicas, para el comercio exterior, para los consumidores y para cuantos piensan que la economía británica es suficientemente grande como para poner condiciones y suficientemente dependiente como para necesitar de sus socios europeos para no gripar el motor. Lo peor está por llegar, pero los profetas de la salida no cejarán en su empeño de acosar al sector más templado del Gobierno, porque para ellos, como ha dicho Boris Johnson en su carta de dimisión, “el sueño se está muriendo”, aunque para otros muchos tal sueño se asemeje enormemente a una pesadilla.

 

Trump caliente Oriente Próximo

La decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y de restablecer la política de sanciones ha crispado el ambiente en Oriente Próximo con la intensidad y profundidad temidas de antemano, ha alarmado a los aliados de Estados Unidos y ha proyectado sobre las cuentas del petróleo la sombra de un encarecimiento de los precios inducido por la incertidumbre, la desconfianza y el riesgo de una escalada bélica en diferentes frentes. Mediante el gesto de Trump, desastroso para preservar los equilibrios regionales en la medida de lo posible, la Casa Blanca persevera en el unilateralismo, impugna el statu quo y acentúa su perfil nacionalista –aislacionista–, alentado por el electorado ultraconservador, los ideólogos continuadores de la prédica del Tea Party y la necesidad de llegar a noviembre con una hoja de servicios suficiente para conservar la mayoría republicana en el Congreso.

Al mismo tiempo que los allegados a Trump, la cadena Fox News y los adictos al programa presidencial jalean la decisión, los analistas desapasionados coinciden en por lo menos tres conclusiones: Estados Unidos pierde influencia como actor internacional y degrada su solvencia como aliado, la pretensión de forzar un cambio político en Irán es un objetivo insensato y la Administración carece de una alternativa para afrontar los riesgos en materia de seguridad asociados a la denuncia del tratado. Cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declara que “Estados Unidos le está dando la espalda a las relaciones multilaterales con una ferocidad que solo puede sorprendernos”, y añade que “le corresponde a la UE asumir el control”, no hace mucho más que manifestar en público lo que opinan la mayoría de think tank a ambos lados del Atlántico; se hace eco de la opinión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de la cancillera de Alemania, Angela Merkel, y del secretario del Foreign Office, Boris Johnson.

Así se manifiesta también Suzanne Maloney, del Centro para la Política en Oriente Próximo (Brookings Institution), convencida de que la abdicación de Estados Unidos del liderazgo internacional “no tiene parangón en la historia reciente”. Así se expresan la mayoría de columnistas de la prensa liberal de Estados Unidos, que observan con preocupación cómo la decisión adoptada por Trump “no mejora los parámetros de seguridad” del país, un concepto acuñado por la comunidad de inteligencia para referirse a eventuales amenazas exteriores (terrorismo global).

¿Puede la Unión Europa, enzarzada con harta frecuencia en bizantinismos indescifrables, ocupar el espacio vacío presuntamente dejado por Estados Unidos? ¿Puede el dispositivo de seguridad europeo operar como una herramienta de equilibrio en Oriente Próximo? ¿Puede una europeización de la crisis minimizar el parte de daños que presumiblemente causará la estrategia de confrontación elegida por el equipo de Trump? La respuesta a tales preguntas no puede soslayar el hecho de que, como afirma Sanam Vakil, de la Universidad Johns Hopkins, la Casa Blanca ha hecho un regalo al ala dura del régimen iraní, la misma que puso en marcha el programa nuclear, que sostuvo la altivez irreflexiva del presidente Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Hasán Rohani, y que observó con recelo el acuerdo de este con Barack Obama en 2015. La misma, en fin, que entiende que la única garantía de futuro para la República Islámica es disponer de un arsenal nuclear suficiente para disuadir a sus adversarios de cabecera, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, de llevar a la práctica un programa encaminado a acosarla a todas horas en todas partes.

Queda poco margen para la esperanza al unir todos estos ingredientes. El simple hecho de que Israel atacó con misiles posiciones iranís en Siria poco después de que desde ellas se hubiesen bombardeado los altos del Golán, ocupados por el Ejército israelí desde junio de 1967, pone de relieve la volatilidad de la situación. Si se admite como un dato incontestable que Irán es un actor político determinante en Oriente Próximo, que la seguridad de Israel antecede a cualquier otra consideración en los análisis estadounidenses y que Arabia Saudí, con el apoyo de Estados Unidos, disputa la hegemonía regional a los ayatolás, es muy aventurado suponer que Europa puede serenar los ánimos sin la complicidad transatlántica. “Oriente Próximo es un polvorín de tensiones a medida que los conflictos arrecian en Siria, Yemen, Irak y Líbano, e Irán es el motor de gran parte de esa toxicidad”, recuerda Sanam Vakil.

Dicho de otra forma: al erosionar el programa de la facción posibilista del régimen iraní se pone a Irak y Líbano en la antesala de problemas mayores a los habituales, y a Siria y Yemen se los condena a soportar la carnicería por tiempo indefinido. Es este un panorama desolador, pero inmejorable para que proliferen los radicalismos de todo pelaje y condición, confesionales y laicos, indefectiblemente inclinados a solventar las crisis en el campo de batalla. Son demasiados los precedentes sombríos como para imaginar una evolución diferente de los acontecimientos, menos inquietante, más apegada a buscar el equilibrio estratégico entre adversarios en un espacio relativamente pequeño; un equilibrio en el que la controversia religiosa no sirva para encubrir la rivalidad militar y política, de las playas de Líbano a las del golfo Pérsico.

El alcance de esta crisis perseguida y manufacturada por Trump, deseada por Israel y aplaudida por Arabia Saudí no es regional, sino mundial. Lo es porque se produce en el área más inestable del mundo, enfrenta a Estados Unidos con los europeos, daña la trama de intereses económicos de estados y empresas que han normalizado su relación comercial con Irán y amenaza con envenenar el mercado del petróleo, salvo que surta efecto el propósito de China e India de seguir importando crudo iraní y mantenga Rusia su compromiso de comercializar una parte de la producción de la República Islámica, algo que da por seguro Frank A. Verrastro, especialista en la materia. Y es mundial en última instancia porque el rumbo fijado por Trump sitúa a Estados Unidos fuera del terreno de juego de las convenciones internacionales, del respeto por lo acordado y firmado, de cuanto se entiende que garantiza una seguridad razonable mediante la salvaguarda de los compromisos contraídos.

¿Cree el presidente Trump, como lo creyó George Kennan de la Unión Soviética, que Irán “es insensible a la lógica de la razón, pero es altamente sensible a la lógica de la fuerza”? Si este es el caso, cabe preguntarse por la naturaleza futura de las relaciones de Estados Unidos con China y Rusia, por qué lógica aplicará en ambos casos y por la capacidad de Trump de descoyuntar el sistema, convertido en un actor político cada vez más peligroso.

Facebook pone en evidencia la red

El escándalo en el que se ven envueltas la red social Facebook y la empresa británica Cambridge Analytica confirma la muy difundida sospecha de que las grandes compañías que operan en internet –al menos algunas de ellas– utilizan de forma indiscriminada y voraz los datos de los usuarios, sin estar sujetos a ningún control efectivo, una competencia de los estados, obligados a salvaguardar la vida privada de los ciudadanos. El manejo espurio de 50 millones de perfiles para contaminar la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos –Donald Trump, el presunto beneficiado–, la facilidad para asentar y difundir noticias falsas ante la pasividad de los gestores de las redes sociales y otras lacras relacionadas con la omnipresencia de tales herramientas para distorsionar el juego político dejan indefensa a la opinión pública de los países democráticos. Sometida a un bombardeo de informaciones fragmentadas, imprecisas, de azarosa paternidad o difícilmente comprobable, los ciudadanos carecen de mecanismos de neutralización eficaces y los poderes públicos dan la impresión de estar faltos de útiles a la altura del desafío.

Al mismo tiempo que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se remite con frecuencia a su propósito de crear no solo una empresa, sino de “construir algo que realmente genere un gran cambio en el mundo” –la naturaleza del cambio no se especifica o precisa–, una comitiva de censores se ocupa de velar por el cumplimiento de normas de un puritanismo ridículo y ágrafo –la censura durante un rato de los senos de la Libertad en el famoso cuadro de Delacroix, el último caso–, como si la herencia de las Luces resultara demasiado atrevida para las epidermis sensibles del siglo XXI. Mientras los afiliados a Facebook, un ejército desarmado de decenas de millones de personas, entran en el universo comunicativo diseñado por el joven Zuckenberg, este difunde sorprendentes ideas personales como esta: “La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino qué quieren saber las personas de ellas mismas”. Un eslogan simplista salvo que los usuarios de Facebook, al entrar en la aplicación, acometan sin saberlo la improbable empresa de sustituir el diván del doctor Freud por otra cosa no especificada o identificada.

Todo resulta ser francamente preocupante. Las invocaciones del gran hermano pueden parecer desenfocadas, fruto de espíritus alarmados y propensos a la exageración, pero quizá no lo sean tanto. Un análisis transversal del funcionamiento de las redes sociales –un negocio, al fin– presenta tantas sombras que es una urgencia manifiesta someterlas a las reglas de los estados democráticos para preservar la autonomía de los individuos y fijar pautas precisas que garanticen la confidencialidad de la información personal en poder de Facebook y de otras marcas. Reconocer los errores cometidos, como ha hecho Zuckerberg –¡qué remedio!– no mengua en nada los efectos de la más que probable manipulación de la opinión pública durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016; sus disculpas para nada sirven más de un año después de cerrarse las urnas y entregar la Casa Blanca a Trump.

El castigo de los inversores a Facebook, con una pérdida del valor en la bolsa por encima del 10%, es un acto reflejo del mundo financiero que no suaviza en absoluto la necesidad perentoria de que los estados pongan manos a la obra para cambiar la situación. No es suficiente que los gobiernos se doten de instrumentos para evitar en lo posible los ciberataques e identificar a sus promotores, es preciso también que las grandes marcas en el universo de las nuevas tecnologías se atengan a un código ético y a unas obligaciones sin los que la libertad en las redes sociales, en las plataformas de compra on line y en otros ámbitos de la revolución digital es solo una fachada utilizada por unos pocos para acumular mayores cuotas de poder a través de la información. Que Paul Grewal, asesor general adjunto de Facebook, declare que la compañía se ha comprometido a reforzar sus políticas “para proteger la información de la gente” apenas es un consuelo si los mecanismos de protección son solo internos y no los guía una norma externa dictada por las instituciones políticas que ostentan la representación de los ciudadanos. En este caso, la autorregulación de las empresas no es una cualidad, sino una muestra de debilidad de los estados.

La mutación cultural producida por internet y el enaltecimiento constante de sus insignes promotores ha cambiado de tal manera las relaciones de poder y la capacidad de influir en la opinión pública que es imposible toda comparación con el pasado. Frente a la creencia clásica de que los periódicos, primero, y más tarde la radio y la televisión eran resortes de poder –del cuarto poder se hablaba y aún se habla con suspiros de nostalgia–, asoma una nueva realidad: la red es fuente de poder, de un poder de facto alentado, servido y alimentado por los foros sociales mediante el intercambio incesante de informaciones personales y datos genéricos, mediante el cruce de perfiles a todas horas, las técnicas del big data y otras especialidades recién nacidas.

“La transformación de la comunicación ha ampliado las posibilidades de acción autónoma de los movimientos sociales, los sujetos de la transformación social”, afirma Manuel Castells en un largo artículo escrito en 2011. Ciertamente, las experiencias de aquel momento en los países árabes (las primaveras), Grecia, España, Italia, Estados Unidos y otros lugares permitían llegar a esta conclusión optimista. Hoy hay espacio para la duda, al menos para admitir la posibilidad de que es tan factible fortalecer los movimientos sociales mediante un uso inteligente y libérrimo de la red, como neutralizarlos o condicionarlos a través del mismo instrumento. De ahí que el diario liberal estadounidense The Washington Post resuma el desafío planteado con un enunciado tan simple como preciso: “Necesitamos abordar los conflictos entre el interés público y de qué forma las compañías de medios sociales obtienen sus ganancias”.

Es impensable que en sistemas políticos como el chino y el ruso, en las antípodas de la tradición liberal, el manejo de la red por las instituciones obedezca a parámetros liberales. Pero tal obviedad no debe ocultar esa otra: en los países occidentales, la acumulación de perfiles –millones, cientos de millones– constituye un capital político y de poder de primer orden en manos privadas que nada tiene que ver con la libre ejecutoria de cada uno de nosotros cada vez que se conecta a la red. Si en vez de tratarse del estatus del que disfrutan los grandes operadores se tratara de un edificio con problemas estructurales, se diría que hace falta sanearlo para mejorar la seguridad de quienes lo habitan. Y ese es también el caso de la red global.