Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Trayectoria de colisión en EEUU

La tormenta desatada por Donald Trump antes de cumplir dos semanas en la Casa Blanca tendría la apariencia de un sainete o una comedia de enredo si no fuese porque es motivo de alarma generalizada dentro y fuera de Estados Unidos. En la memoria colectiva de la comunidad internacional no hay ninguna referencia remotamente parecida a la sensación de que el sistema está siendo agredido desde dentro por un presidente que, en un editorial de esta semana en The New York Times, se tacha de incompetente. Ni siquiera la desafortunada y aguerrida presidencia de George W. Bush transmitió tantos riesgos ciertos como la de Trump, apenas iniciada, pero que amenaza con minar todas las convenciones imaginables, con debilitar las relaciones con Europa y con envalentonar a la extrema derecha en todas partes, que dispone ahora de un símbolo con poder para ajustar sus mensajes y estrategias.

La reacción reprobatoria del expresidente Barack Obama, a tan pocos días de dejar el Despacho Oval, es un gesto comprensible frente a la zozobra de unas instituciones que parecen condenadas a convertirse en herramientas de un sectarismo grosero, frente a unas relaciones sociales obligadas a soportar una atmósfera irrespirable y frente a la pretensión del equipo de Trump de someter el Estado a un programa que Paul Krugman estima que es fruto de la ignorancia. Esto es: al mismo tiempo que el presidente enardece a la ultraderecha populista, xenófoba y aislacionista-nacionalista hasta ser su fuente de inspiración, Obama lleva camino de asumir el papel de referencia para los defensores de las sociedades abiertas, quizá, lisa y llanamente, de las sociedades sostenibles, ya que no armoniosas.

Dentro de la tradición democrática estadounidense es explicable la decisión del profesor Peter Singer, de la Universidad de Princeton, de no bajar a la calle a protestar hasta que Trump empezara a gobernar, pero transcurrida una semana desde el 20 de enero se movilizó ante los disparates acumulados por un rosario de órdenes ejecutivas radicales, alterado en sus más profundas convicciones por la capacidad destructora de la nueva Administración. En idéntico sentido, la pronta reaparición de Obama en la escena política no tiene precedente en la biografía de los presidente que dejaron de serlo, un dato que subraya la gravedad del momento, la preocupación por la suerte que puede correr un sistema que funciona mediante un complejo engranaje de contrapesos y controles que el equipo de Trump se manifiesta dispuesto a alterar. Dicho de otra forma: si no cambia Trump o se ve obligado a echar el freno, lo que realmente cambiará será la lógica de un modelo con bastante más de dos siglos de vida.

En la mar arbolada por la que navega Trump, las contradicciones resaltan la insensatez del programa puesto en marcha. Así resulta que ninguno de los siete países de mayoría musulmana recogidos en una lista negra ha tenido nunca arte ni parte en los zarpazos del terrorismo yihadista en territorio estadounidense, pero no figuran en la relación ni Arabia Saudí ni Egipto, de donde eran los muyahidines que desataron la tragedia del 11-S: 15 eran saudís y cuatro, egipcios. Así sucede también que el presidente ha abierto las puertas del Consejo de Seguridad Nacional al intemperante Steve Bannon –ultraderechista de manual–, pero ha restringido su participación en él al jefe del Estado Mayor, el general Joseph Dunford Jr., y al director de la Inteligencia Nacional, Dan Coats, que por definición son parte comprometida en las políticas de seguridad. Y así se puede seguir con las muy difundidas acometidas dialécticas de Trump con relación a Europa –nombrar para la embajada ante la UE a un antieuropeísta reconocido como Ted Malloch es un gesto desafiante –, con el famoso muro en la frontera con México, con esa habilidad especial para arremeter contra los aliados históricos de Estados Unidos y excitar los ánimos entre sus adversarios, asimismo históricos, salvo Rusia.

“Como demostró su primera semana en el cargo, Trump no tiene conocimientos básicos de la toma de decisiones de seguridad nacional, no tiene sofisticación alguna para la gobernanza y aparentemente poca comprensión de lo que se necesita para liderar a una nación grande y diversa”, afirma el editorialista de The New York Times en el mismo texto en el que tacha al presidente de incompetente. Pero acaso no sea esta opinión lo más llamativo, sino la posibilidad de que se concrete algo así como una presidencia paralela o en la sombra, compartida por dos asesores o colaboradores de Trump tan inexpertos y poco dados a las sutilezas como Bannon y Jared Kushner, yerno del presidente. En todo caso, rompe con una constante en las presidencias, por lo menos desde John F. Kennedy: salvaguardar el Consejo de Seguridad Nacional de la pugna política en caliente mediante la colonización del organismo por agitadores de la confianza del presidente, situados en el mismo plano que el consejero de Seguridad Nacional –en el presente, Michael Flynn– y el secretario de Defensa –hoy, James Mattis–, a quienes se supone expertos en la materia.

Portada de esta semana de 'The Economist'.

Portada de esta semana de ‘The Economist’.

Para una opinión pública en la que son mayoría los partidarios de Hillary Clinton –sacó casi tres millones de votos más que Trump–, pero quedó en minoría en el Colegio Electoral, es poco menos que una afrenta el nombramiento de Bannon y su influencia en cuanto ha hecho la Casa Blanca desde el 20 de enero. Ni reúne títulos para fijar el rumbo ni habilidad para evitar que cada decisión desate una tormenta, para que no dibuje una trayectoria de colisión que haga saltar por los aires algunas de las constantes vitales de la política estadounidense. “¿Cuál es el rumbo?”, se pregunta un comentarista en The Guardian. El de Un insurgente en la Casa Blanca, responde The Economist en su titular de portada de esta semana con una ilustración de Trump a punto de lanzar un cóctel molotov contra cualquiera de los numerosos objetivos señalados por él.

Las apelaciones a la prudencia de prestigiosos analistas, como David Ignatius en The Washington Post, concuerdan con el anhelo de que el insurgente atenúe su fogosidad y entienda que, si no se modera, con amenazas dirigidas a Irán o con ataques en Yemen fruto de una improvisación que persigue el impacto emocional inmediato, alimentará con gasolina situaciones de por sí incendiarias. La preocupación del republicanismo clásico por el salto en el vacío, por la convicción de muchos colaboradores de Trump de que el país debe administrarse como una empresa, por el comportamiento irreflexivo del nuevo Gobierno en áreas muy sensibles para la seguridad y la cohesión social, traduce la intranquilidad de una nación enfrentada a sus peores presagios dentro y fuera del pensamiento conservador. Porque al contrario de la lógica política, que sostiene que una gran potencia debe ser previsible salvo en momentos excepcionales, la Administración de Trump se ha convertido en un ente imprevisible a fuerza de llevar a la práctica promesas electorales que pocos creyeron que osara cumplir si lograba la victoria el 8 de noviembre. Se dijo que el triunfo obligaría a Trump a contenerse, pero no ha sido así: para sorpresa de la mayoría, pocas veces habló a humo de pajas, aunque su oratoria fuese –sea– abrupta y desordenada.

Trump ha cogido las riendas con el desparpajo inconsciente de quien cree que puede modelar la realidad a su antojo. Quizá porque en la teoría y la práctica de la difusión de realidades alternativas –la posverdad y demás técnicas de intoxicación informativa–, los hechos importan poco, no conviene atenerse a ellos y es preferible actuar como si fuesen otros diferentes a los percibidos por la mayoría como reales o cercanos a la realidad. Que eso pueda llevar a la larga a una crisis de Estado parece importar poco a quienes han alcanzado la cima del poder después de trasgredir muchas reglas que hasta la fecha siempre fueron respetadas. He aquí el punto de inflexión del 2017 vaticinado para la historia de Estados Unidos y para la del mundo por el nobel Joseph Stiglitz. Cuando lo dijo por primera vez, pareció una exageración, pero es evidente que no lo fue.

 

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

Francia mira a la derecha

“La política de la angustia ha colocado a los electores del Reino Unido y de Estados Unidos entre las manos de los populistas”, afirma Alexander Friedman, presidente de la compañía de inversiones GAM, en un artículo publicado por el periódico progresista francés Le Monde. Cuatro puntos del texto resultan especialmente ilustrativos de la situación que atraviesan las economías avanzadas y las sociedades que las cobijan: la crisis de 2008 ha acabado con los juegos de manos de la ingeniería financiera, el envejecimiento de las poblaciones lastra las cuentas de los sistemas de protección social, crecen las desigualdades y, lo que resulta acaso más preocupante, el efecto beneficioso de la nueva economía es posible que requiera una década o más para que sea algo tangible para la mayoría. Conclusión: “La desaceleración actual del crecimiento y la reacción política nos remiten a los años 30”, y la esperanza de Friedman es que el correlato de todo ello no sea el aislacionismo y el proteccionismo que precedió a la hecatombe de la segunda guerra mundial.

La dosis de esperanza que cierra el artículo responde más a un deseo que a una realidad, incluso para alguien como Friedman, un financiero experimentado. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, proclamó la necesidad de refundar el capitalismo cuando la crisis se adueñó de todos los escenarios, pero hoy no hay nada más parecido al nacionalismo proteccionista, excluyente y muy poco europeísta de Marine Le Pen, candidata ultra (Frente Nacional) a la presidencia de Francia, que el discurso endurecido de Sarkozy, de esa creencia suya, no confesada o admitida, pero practicada, en que la única forma de contener a la extrema derecha es adoptar su programa. La transformación sarkoziana no es, por lo demás, un gesto original, sino un modelo que atrae voluntades y puede convertirse en una cultura política hegemónica a poco que el conservadurismo clásico se deje llevar por necesidades electorales apremiantes.

El gesto de Emmanuel Macron, hasta fecha reciente estrella rutilante del Gobierno de Manuel Valls, socialdemócrata bastante desteñido este último, marcha en sentido parecido: un corrimiento del pensamiento progresista –si es que Macron militó en él alguna vez– hacia posiciones liberales, neoliberales o posliberales, en cualquier caso partidarias de abundar en un realismo económico de efectos nocivos a tenor de lo vivido hasta ahora en otros países. Macron no solo cree que puede llegar al Eliseo con un programa que para la tradición política del socialismo francés resulta inaceptable, sino que el presidente François Hollande, el fracaso de este, es el argumento central para justificar su propuesta reformadora de perfil conservador. Y así, Macron pretende ocupar el espacio dejado al descubierto por los conservadores, a pesar de que allí se ha instalado el exprimer ministro Alain Juppé, el candidato mejor situado para batir desde la derecha a Marine Le Pen, según todas las encuestas, y también a la izquierda, caída en el desprestigio, la desorientación ideológica y la división.

La situación no es enteramente nueva, porque en 2002 la presidencia se dilucidó entre Jacques Chirac, votado por la izquierda con una pinza en la nariz, y Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional. La diferencia es que entonces ni siquiera se vislumbraba la crisis económica, tampoco los efectos de la crisis migratoria habían abierto una crisis de identidad en las sociedades europeas y solo una minoría nacionalista discutía las reglas del juego de la Unión Europea (el euro era un juguete recién estrenado con fallos estructurales de origen que parecían superables). Además, por aquel entonces, la socialdemocracia era la alternativa conocida de la derecha y hoy lo son diferentes formas de populismo alimentadas por la angustia citada por Friedman en su artículo.

Esa angustia que enajena los análisis mantiene todos los días en el recuerdo la sacudida emocional experimentada por el país desde la matanza en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo (7 de enero de 2015) a los muertos de Niza (14 de julio de este año), con ese punto de no retorno de la noche del 13 de noviembre de 2015 en París (130 muertos), que llevó a Hollande a declarar que Francia está en guerra. Hay en esa secuencia luctuosa de ataques todos los ingredientes para que una parte de una comunidad sin grandes referencias ideológicas en el presente se repliegue sobre sí misma de la mano de la extrema derecha. Ya no son solo las incógnitas de la economía las que desasosiegan a muchos ciudadanos, sino la creencia de que un poderoso adversario se ha metido en el cuarto de estar y debe combatírsele sin contemplaciones.

Francia se encamina así hacia una extraña contienda para elegir presidente la primavera próxima en la que la derecha –al menos una parte de ella– quiere asemejarse a la extrema derecha nacionalista y xenófoba, y la socialdemocracia o quienes de ella proceden creen que la victoria está en adoptar el programa de la derecha con unas gotas de mala conciencia, no muchas, y pequeñas dosis de críticas muy contenidas a la austeridad. Que eso contribuya al desprestigio de la política, es más que probable; que todo ello redunde en la articulación de un confuso reparto de papeles entre partidos y candidatos, donde nadie será lo que parece, es también más que probable. Frente a una sociedad que reclama con razón saber qué le deparará el futuro puede que se alce un telón traslúcido que solo dejará entrever sombras difusas, perfiles confusos (una versión posmoderna y zafia del mito de la caverna).

¿Cómo afecta a la democracia ese corrimiento de tierras hacia la derecha? ¿La adulteración de los programas o su constante incumplimiento deslegitima un sistema democrático? ¿Acaso las exigencias de la revolución tecnológica y la nueva economía requieren un recorte de las culturas democráticas? ¿La globalización amenaza la democracia porque alimenta el descontento en amplias capas sociales, condenadas a empobrecerse? Las preguntas no son solo aplicables a Francia, pero allí tienen todo el sentido y plantean una doble incógnita sobre los efectos del desapego al sistema de capas de población cada vez más nutridas y sobre la aparición de movimientos alternativos de estructura asamblearia –Nuit Debout en especial–, depositarios de reivindicaciones radicales y programas inconcretos, con una incidencia electoral que es también una incógnita si alumbran una candidatura o partido al estilo de Podemos.

Pourquoi désobéir en démocratie?, libro publicado en 2011, escrito por el sociólogo Albert Ogien y la filósofa Sandra Laugier, aborda la desobediencia civil y las nuevas formas de ocupación pacífica de la vía pública como mecanismos legítimos de acción política contra la injusticia, la desigualdad y la dominación. Los autores entienden que ante situaciones extremas “el ciudadano no puede responder más que con la desobediencia, ya que la acción política debe meditarse”. El caso es que las encuestas hechas durante este año registran justo lo contrario: la aceptación por segmentos sociales muy variados –transversales se diría– de formas de poder autoritarias y excluyentes, muy lejos de congregar mayorías las iniciativas estudiadas por Ogien y Laugier. Y esta Francia en la confusión extrema, sacudida por la crisis del Estado de bienestar y el miedo a perder el confort conocido en el pasado, es solo una referencia junto a otras muchas, de Alemania a Holanda, de Polonia a Hungría, de aquí y de allá, en una Europa donde la extrema derecha exhibe un vigor sin parangón durante los últimos setenta años. ¿Puede la UE seguir imponiendo recetas que arrecian el descontento y movilizan a sus adversarios, muñidores de sociedades instaladas en el miedo? Muy pocos parecen dispuestos a rectificar.

 

Nada se cerrará en Mosul

La batalla de Mosul no será la madre de todas las batallas en la desventurada historia de Irak desde la intervención de Estados Unidos en marzo del 2003 (la anterior tampoco fue muy venturosa). Puede que sea una amarga derrota para el Estado Islámico, incluso la de su definitivo debilitamiento, pero no es de prever en ningún caso que sea aquella que liquide la convulsión permanente en la que vive el mundo musulmán y que, desde él, alcanza a Europa, a Estados Unidos y a buena parte de África. La operación desencadenada por el Ejército iraquí con la inestimable ayuda de los peshmergas kurdos y la aún mayor o más determinante de la aviación estadounidense, más algunas milicias locales movilizadas para el caso, pretende desposeer al califato de la mayor de sus conquistas, de la que dio pie a su proclamación y a la transmutación de Abú Bakr al Bagdadi en el califa Ibrahim, pero incluso si el ataque cubre este objetivo, pervivirá y se mantendrá como un poderoso banderín de enganche en el orbe musulmán la doctrina del martirio, del supremo sacrificio en defensa del islam y contra el mundo occidental y sus aliados.

Analistas y think tanks de todo el mundo comparten esta opinión, que no es fruto del pesimismo, sino del poder multiplicador y de agitación que la yihad de nuestros días ha demostrado por encima de cualquier previsión que se pudiera haber hecho a priori. El poder de atracción de la yihad predicada por el Estado Islámico, también por Al Qaeda y sus franquicias, reside en el desafío a cuanto forma parte del establishment político internacional más que en las referencias doctrinales: el Corán, las enseñanza del profeta, las de los doctores en ley islámica. Hay una nebulosa ideológica de base religiosa que justifica la acción directa, pero su simplicidad queda muy lejos de la mejor tradición del pensamiento musulmán desde los días de Ibn Jaldún (siglo XIV). Prevalece, en cambio, la herencia del sectarismo rampante del wahabismo (siglo XVIII), inductor de un islam ensimismado y enemigo de toda influencia del exterior; enemigo de ir más allá de la tradición más remota y retrógrada.

Una derrota yihadista en el campo de batalla es insuficiente porque hay un componente cultural, de aversión a la mirada sobre el mundo difundida por Occidente desde el periodo colonial, que hoy atrae voluntades hacia las filas islamistas, pero que en un pasado no muy lejano fascinó a una minoría de jóvenes europeos dispuestos a justificar la praxis de la extrema izquierda en armas: las Brigadas Rojas, el grupo Baader-Meinhof  y algún otro movimiento de parecido registro. Se trataba de un alzamiento contra la cultura europea alimentado por europeos de ascendencia europea; se trata hoy de un alzamiento contra el legado político y cultural occidental dentro y fuera de Europa donde coinciden musulmanes de todo el mundo cautivados por la confusa idea de restaurar el esplendor del pasado, incluidos europeos de ascendencia cultural islámica –hijos o nietos de inmigrantes–, más conversos al islam, mayoritariamente europeos, en busca de una causa suprema para sobreponerse a una existencia insatisfactoria.

Que esto forme parte del desarrollo histórico de una determinada versión del islam o sea solo una forma posmoderna de nihilismo extremo es menos importante que su poder de atracción. También la prédica yihadista ha suplantado la distinción entre yihad mayor –el esfuerzo del creyente por ser cada día mejor musulmán– y menor –aquella que equivale al combate contra los enemigos del islam– por la idea más simple y radical de guerra santa como significado único de yihad, pero lo que en verdad importa es su éxito propagandístico. Lo que ahora aparece como un nuevo enigma es qué efecto puede tener la ocupación de Mosul después de una espera inevitablemente larga y sangrienta según todos los cálculos. ¿Puede la pérdida de Mosul sumar más efectivos a esta yihad universal frente a la que las grandes potencias dudan o se enfrentan a la menor ocasión –Estados Unidos y Rusia– y sunís y chiís aportan a la tragedia los ingredientes de un litigio político-religioso que se remonta al siglo VII?

Al mismo tiempo que crece el temor de que el desenlace de la batalla de Mosul condene a la población civil a sufrir una carnicería, aumentan las voces de quienes alertan que la eventual caída de Mosul puede propiciar la exportación en todas direcciones de muyahidines convencidos de que nada tienen que perder salvo la vida. O que, si el Estado Islámico pierde Mosul, logre expandirse con éxito en entornos muy vulnerables y asequibles como Libia, donde ya está presente (costa este), a un corto paseo de Europa, sin que ninguna fuerza organizada y estable esté en condiciones de hacerle frente por el momento (Libia es el último modelo de Estado fallido). Si al acertijo se suman la disparatada acometida de la extrema derecha en Europa y Estados Unidos –Donald Trump no es el único– contra todo lo musulmán o lo supuestamente musulmán, el riesgo de que nada mejore después de una victoria, sino al contrario, tiene cada día más adeptos.

Son demasiadas las veces que se han hecho diagnósticos apresurados después de algún suceso relevante: el apresamiento de Sadam Husein, la muerte de Osama bin Laden, los ultimátums de Barack Obama dirigidos a Sirua entre 2011 y 2012 y tantos otros. En todos los casos otra realidad se impuso al futuro vislumbrado por los estrategas, y es difícil pensar que, en el caso de Mosul, no sucederá lo mismo con el diseño del día siguiente al final de la batalla. El yihadismo ha cubierto un largo recorrido como para pensar que puede moderarse y mucho menos extinguirse a causa de la suerte final que corra el califato, porque la capacidad de adaptación a las circunstancias es una de las características del desafío fundamentalista con diferentes modalidades de organización y praxis. Subsisten además, inconmovibles, los ingredientes políticos, sociales, económicos y religiosos que a ojos de los combatientes legitiman su lucha, y no aparece en el horizonte ninguna rectificación en la simplificación occidental de abordar el problema como un asunto que requiere una gestión eminentemente militar y de seguridad.

Nada es fruto de la casualidad en esta larga crisis de identidad en el seno del islam, y que el islam ha transferido a las sociedades occidentales; hay factores endógenos y exógenos que explican esta violencia exacerbada que Olivier Roy trata de comprender en Le djihad et la mort “en paralelo con otras formas de violencia y de radicalidad que le son muy próximas (revuelta generacional, autodestrucción, ruptura radical con la sociedad, estética de la violencia, inclusión del individuo que ha roto con el entorno en un gran relato globalizado, sectas apocalípticas)”.  Y hay también, por encima de razonamientos ideológicos, la convicción del muyahidín de la inevitabilidad de la victoria, tarde esta lo que tarde, tenga el coste que tenga, una convicción que reduce la importancia de las derrotas y acrecienta el valor mitológico de las victorias porque se interpretan en el campo yihadista como la confirmación de que el camino elegido por el combatiente es el correcto. Nada, por lo demás, especialmente original, sino bastante común a todas las guerras, las de religión y las otras.

Siria o la estrategia del horror

Si alguien pensó alguna vez que el grado de embrutecimiento en la guerra de Siria había alcanzado cotas nauseabundas, el bombardeo de un convoy con ayuda para los sitiados de Alepo ha demostrado que ninguna villanía es insuperable sin que, por lo demás, la comunidad internacional disponga de un instrumento eficaz para contener el horror. La ineficacia de las Naciones Unidas es tan clamorosamente palpable como la indolencia de Rusia y Estados Unidos, enzarzados sus diplomáticos en un intercambio de acusaciones y reproches que descansan sobre las espaldas de una población martirizada, la siria, convertida en carne de cañón. Cualquier excusa tiene cabida para encubrir la verdad: el Pentágono dice que fue un error el bombardeo de soldados sirios, el Gobierno de Siria niega haber bombardeado con bidones que contenían gas de cloro, Rusia se desentiende del ataque a los camiones de la Media Luna Roja. Se diría que las víctimas, repentinamente poseídas por institutos suicidas, han sido a su vez victimarios, se han bombardeado a sí mismas y han optado por aniquilarse por iniciativa propia.

Sostiene Laurent Bigorgne, director del Instituto Montaigne, de orientación liberal, que la sociedad francesa ha enfermado a causa de su relación disfuncional con la realidad. Quizá no se trata solo de un fenómeno francés, sino de una epidemia que se extiende en todas direcciones y que oculta una realidad, la profundidad de la crisis siria, crisol en el que cristalizaron el Estado Islámico y la crisis de los refugiados, que se encadena a su vez con la crisis de identidad europea, y esta, también a su vez, con el desafío –otra crisis– de los populismos vociferantes de extrema derecha, del renacer de la nación como fin primero y último de identidades colectivas que se remontan a la noche de los tiempos, a edades de oro que nunca existieron, pero dotadas de un poder hipnótico extraordinario.

En la tragedia siria se ha producido un empate histórico entre adversarios que contamina el presente, mantiene al mundo árabe-musulmán uncido a sus peores demonios familiares, justifica o facilita la extensión de la yihad a cualquier lugar y siembre la semilla de la división en las sociedades occidentales. Pero en la Asamblea General de la ONU esta semana, y siempre en el Consejo de Seguridad, se impone la lógica de la parálisis provocada por una estructura de poder en la que nada es posible sin la complicidad de las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial o la inhibición de alguna de ellas. Nada puede detener el trasiego de ataúdes, el flujo incesante de refugiados, la influencia de predicadores iluminados que llaman a la guerra santa y todo cuanto procede de Siria –Irak también– y aledaños si no se dan por lo menos estas  condiciones:

-Un acuerdo sin reservas de Estados Unidos y Rusia, aceptado por Irán y China, para detener los combates contras las diferentes oposiciones sirias legitimadas por la comunidad internacional.

-Neutralizar al Estado Islámico y a Al Nusra mediante una alianza internacional con un mando razonablemente unificado.

-Desarmar a las milicias en cuanto cesen las hostilidades.

-Acordar un mecanismo de liquidación del régimen de Bashar al Asad y su sustitución por otro transitorio en el que tengan cabida todas las ideologías, incluido el islamismo político.

-Crear un fondo para la reconstrucción del país que permita el retorno de quienes lo dejaron acosados por la guerra.

-Poner sobre la mesa el espinoso asunto de los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, tierra irredenta con un valor propagandístico nada desdeñable en el universo yihadista.

Pero este programa de mínimos o de máximos, según se mire, barajado por think tanks de prestigio, es inalcanzable: responde al escenario internacional de nuestros días, pero en la ONU se aborda con un reparto de papeles heredado del pasado –la victoria aliada frente Alemania, el poder ilimitado de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para bloquear toda decisión que entiendan contraria a sus intereses, el poso dejado por la guerra fría–, cuando los riesgos de una confrontación nuclear hicieron posible la consolidación de un sistema con reglas precisas. Hoy no hay sistema o funciona a precario, el vector de la inestabilidad y la inseguridad –dos caras de la misma moneda– todo lo condiciona y el multilateralismo promovido por la Administración de Barack Obama es más una adaptación a las circunstancias que una herramienta para la resolución de conflictos acuciantes, asimétricos, que desafían a las naciones, a los actores políticos reconocidos por la comunidad internacional.

La restauración del orgullo nacional ruso emprendida por Vladimir Putin, que incluye su defensa del régimen sirio frente a cualquier oposición, incluida la no yihadista, es viable en gran medida por la ausencia de sistema, por la falta de equilibrio entre actores políticos enfrentados, cuyo precedente más antiguo cabe situar en la paz de Westfalia (1648), de acuerdo con el argumento desarrollado con rigor por Henry Kissinger en Orden mundial, su último libro. Puede que sea esta una conclusión excesivamente eurocéntrica o un enfoque solo occidental, pero el bloqueo de la situación en Siria induce a pensar que la segunda guerra fría en ciernes tiende a ser un remedo incompleto y bastante más inestable de la primera, cuando la delimitación de bloques y de alianzas militares permitió desarrollar una lógica negociadora, con frecuencia brutal y desabrida, es cierto, pero con códigos precisos.

La primera conclusión a la que llega Natalie Nougayrède en un artículo publicado en el diario liberal británico The Guardian no hace más que reforzar la idea de que la Casa Blanca acepta con resignación que Putin sea quien fije la agenda. Entiende la analista que Obama aceptó hace tiempo que la seguridad de Estados Unidos y de Occidente en general no está en juego en la guerra civil siria y que, en consecuencia, es preferible adoptar una política de contención antes que solucionar el conflicto mediante una implicación más decidida en las operaciones militares. Esto es, Estados Unidos acepta como mal menor que prevalezca la estrategia rusa si de esta forma evita enfangarse en una nueva guerra en Oriente Próximo. El altísimo precio de tal planteamiento es sacrificar a la comunidad siria en el altar del posibilismo, otorgar a la guerra la categoría de crisis crónica y dejar a los refugiados en tierra de nadie entre la división europea, el oportunismo turco y la brega de las onegés para evitar que la tragedia sea aún mayor.

Hay varios aspectos discutibles en el análisis de riesgos al que se acoge el equipo de Obama. El más relevante tiene que ver con la exportación de muyahidines desde Siria al resto del mundo (expansión del terrorismo global), que siembran el pánico en Europa y Estados Unidos sobre todo, alimentan la islamofobia, justifican la aplicación de estrategias de seguridad invasivas de la vida cotidiana de los ciudadanos e incitan la fractura social. Todo lo cual, con ser extremadamente grave, lo es acaso menos que la actitud vesánica de Asad y de Putin, que “no son solo indiferentes a los crímenes contra la humanidad, sino que creen que sirven a sus propósitos”, como escribe Nougayrède. El horror de Kurtz, el personaje de El corazón de las tinieblas, hecho realidad.

 

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

Niza, punto y seguido

Todo puede servir como arma en esta guerra en todas partes desencadenada por el Estado Islámico a través de lobos solitarios o células durmientes, el nombre es lo de menos. Vale lo mismo un teléfono móvil para detonar explosivos que un camión para arremeter contra una multitud pacífica que disfruta de unos fuegos artificiales, porque en esta guerra asimétrica lo que importa es sembrar el terror y descoyuntar una sociedad como la francesa, donde la comunidad musulmana constituye una minoría relevante. Frente a esta lógica del yihadista solitario, del suicida que acarrea explosivos en un chaleco, del camionero que utiliza su vehículo como una apisonadora de seres humanos, todos los dispositivos de seguridad son insuficientes o ineficaces: pueden evitar muchos atentados, pero no pueden evitar todos los atentados; pueden tener bajo vigilancia a unos cuantos, pero no pueden controlar ni tan siquiera conocer a cuantos están dispuestos a desencadenar una matanza.

Los instrumentos de seguridad de los que disponen los estados modernos operan de acuerdo con la existencia de amenazas identificables y localizables en el espacio y en el tiempo, funcionan con criterios de prevención, disuasión y represión en caso extremo. En esta yihad que atemoriza a los europeos y persigue adueñarse de las conciencias en el orbe musulmán, la amenaza tiene una dimensión inabarcable y los militantes de la causa pueden estar en cualquier lugar, movilizarse en cualquier momento y sembrar la desolación en unos minutos sin que hasta entonces nadie haya sospechado de ellos. Dicho de otro modo: los instrumentos de prevención no pueden aspirar más que a éxitos parciales; al final de una serie de actos terroristas neutralizados se abren siempre las puertas del infierno y la muerte se adueña del espacio público.

La carnicería de Niza tiene además un valor simbólico indiscutible: el 14 de julio es el día en que Francia celebra la libertad política y los derechos del hombre, “es decir, todo cuanto da miedo a los titulares del último de los totalitarismos en curso”, como afirmaba Le Monde en su editorial del viernes. Resulta bastante sorprendente que el exprimer ministro Alain Juppé sostenga que “si se hubiesen tomado todas las medidas, el drama de Niza no se habría producido”; resulta bastante sorprendente incluso en el caso hipotético de que se detecten fallos en el despliegue de seguridad dispuesto en el paseo de los Ingleses de Niza, porque matar es extremadamente fácil para quien no tiene ningún interés en salir con vida de su fechoría. Y lo es aún más cuando el victimario está convencido de servir a una causa trascendente, que escapa a toda lógica; cuando el muyahidín observa el mundo a través del prisma de un nihilismo extremo.

Al día siguiente de que el presidente François Hollande anunciara para el 26 de julio el final del estado de emergencia, decretado después de los atentados del 13 noviembre, decidió prolongarlo otros tres meses. Por primera vez desde 1958, el Ejército francés está en la calle de forma visible y permanente. La República piensa movilizar a los reservistas. En resumen, Francia vive en una situación de excepcionalidad angustiosa, algo que objetivamente otorga varios triunfos a los secuaces del Estado Islámico: fijar la agenda política, condicionar el comportamiento de los gobernantes y someter a la sociedad a una presión psicológica permanente (nada es seguro, salir a la calle es arriesgado, tratar con desconocidos también lo es).

Al día siguiente del atentado de Niza, el profesor Jean-François Bayart, del Graduate Institute de Ginebra, llamaba la atención en el diario Libération sobre la inutilidad de esa excepcionalidad permanente: “Frente a la amenaza terrorista, adoptamos malas respuestas al golpear militarmente en Oriente Próximo y al llevar a la práctica una política de seguridad total que se demuestra ineficaz. Los estados-nación occidentales se han convertido hoy en estados de seguridad nacional en los que la obsesión se extiende, más allá del ámbito terrorista, a la inmigración, a la extrema izquierda, a quienes lo denuncian”. Y recuerda cuál es la impresión de muchos especialistas, tan inquietante como probablemente cierta: “Occidente ha caído en la trampa que le tendieron Al Qaeda y después el Daesh, y sus políticas de seguridad alimentan la yihad en lugar de contenerla”.

Que la opinión pública exija a los gobernantes medidas efectivas para acabar con la pesadilla, y que estas medidas tengan una visibilidad y repercusión inmediatas, no significa que las que se han adoptado hasta la fecha cubran los objetivos que persiguen. Que no se diese ninguna situación de alarma durante la Eurocopa, al menos que se sepa, no implica que lo dispuesto ahuyentara a los terroristas –puede que así fuese–, sino que también pudiera deberse a que los yihadistas no tenían previsto golpear durante el campeonato. Que en Niza un camión irrumpiera en medio de una celebración multitudinaria permite suponer que Bayart y muchos otros están en lo cierto cuando les invade la duda. A menudo parece que cuanto se hace, aun teniendo una explicación técnica, responde sobre todo a la política de las emociones.

En cambio, va en aumento la sensación de que el Estado Islámico cada vez está más cerca de provocar la fractura en sociedades con una presencia importante de musulmanes. Desde los primeros ataques en suelo europeo, y especialmente en Francia, el objetivo es alimentar la islamofobia para quebrar la convivencia y desencadenar un choque de culturas en el corazón de Occidente, hacer imposible un entramado intercultural y laico en el que convivan diferentes herencias políticas y religiosas, con el propósito final de atraer a su causa a los musulmanes europeos.

Se olvida un hecho decisivo cuando se dice que los ataques del Estado Islámico en Francia son la respuesta a la implicación francesa en la lucha contra los yihadistas en Siria e Irak: el asalto a la redacción de Charlie Hebdo y a un supermercado kosher y la matanza del 13 de noviembre son anteriores a la orden dada por Hollande de bombardear posiciones del califato en Siria. No hay una relación causa-efecto entre la partida al Mediterráneo oriental del portaaviones Charles de Gaulle y la locura desencadena en Francia durante el último año y medio; sí puede haberla entre las últimas derrotas sufridas por los muyahidines en el campo de batalla y la multiplicación de golpes de mano en Europa; sí la hay con toda seguridad entre el recuento de víctimas y la islamofobia creciente, un vínculo perverso explotado ad nauseam por la extrema derecha ultranacionalista (Marine Le Pen) a diez meses de la elección presidencial.

Hay otro vínculo que no puede soslayarse, siquiera sea por respeto a los muertos siempre en aumento en esta guerra que enturbia el presente: se trata de los efectos que a medio y largo plazo ha tenido la guerra de Irak, aquel conflicto justificado con un conglomerado de embustes. Cuantos secundaron al presidente George W. Bush en el atropello –Tony Blair y José María Aznar, los primeros–, adeudan a la opinión pública internacional una satisfacción que sea algo más que una disculpa apresurada (la fórmula elegida por el expremier después de conocerse el informe Chilcot). Fiarlo todo al dictamen de la historia cuando la red se inunda con las imágenes de Niza y antes de Madrid, Londres, Bagdad, París, Bruselas, Estambul, Dacca y tantos otros lugares equivale a parapetarse en un silencioso innoble. Desde luego, no todo empezó en Irak, pero mucho de cuanto atenaza nuestra vida cotidiana tuvo allí su origen. Y porque existe tal vínculo, la opinión pública europea sabe que el de Niza no será el último golpe, sabe que habrá otros tan mortíferos o más que el de este sangriento e inolvidable 14 de julio.

 

 

 

 

Rusia regresa a las esencias

Las maniobras de la OTAN en Polonia han dado renovados bríos al léxico de la guerra fría, tantas veces enterrada. Frente a la idea más común de que la atmósfera de recelos y confrontación entre el Este y el Oeste se desvaneció en el momento en que la URSS dejó de existir y el modelo occidental ganó el envite, se alza la realidad: la reaparición de formas bastante abruptas en las relaciones de dos mundos poco o nada reconciliados. Frente a la estrategia de la OTAN de llevar sus fronteras hasta el límite occidental de Rusia se alza el renacimiento de un nacionalismo ruso que otorga a Vladimir Putin los atributos de guía predestinado que en el pasado, por diferentes razones, fueron patrimonio de los grandes líderes de la consolidación de Rusia, primero, y de la URSS, después.

¿O no hubo tal consolidación y el universo ruso no dejó de emitir señales de debilidad incluso en sus periodos más resplandecientes? Esa es la tesis que sostiene Stephen Kotkin, profesor de las universidades de Princeton y Stanford, en el último número de Foreign Affairs, idea reforzada a partir de diciembre de 1991 por una menor influencia a causa del desmoronamiento soviético, la pérdida de territorios, la adhesión a la OTAN de los antiguos aliados y de las pequeñas repúblicas bálticas (antes parte de la URSS), la frecuente marginación en las crisis internacionales y, en última instancia, por las dificultades económicas derivadas de las sanciones impuestas por Occidente y por el hundimiento de los precios del petróleo. Pero también por la sensación de vulnerabilidad o de acoso provocada por el despliegue del escudo antimisiles, por su relativa incomparecencia en las crisis encadenadas en Oriente Próximo hasta que decidió intervenir en Siria y por su ausencia de Asia central, salvo unas pocas bases militares.

Si es una constante histórica de Rusia por los menos desde Pedro el Grande (siglos XVII y XVIII), sino antes, que se pregunte a sí misma cuáles deben ser sus límites, hoy es cada vez más frecuente plantear una segunda incógnita: ¿a partir de qué momento la seguridad del país está en juego? Que en ambos casos el nacionalismo sea el punto de partida ideológico no quita importancia a esa especie de duda existencial permanente que Putin ha puesto al día y que su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha resumido en una sola frase: “No ocultamos nuestra actitud negativa al movimiento de infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras y a la inclusión de nuevos estados [Suecia, Finlandia y Ucrania] en la actividad militar del bloque”.

No es menor la importancia de la OTAN en la configuración de ese escenario de referencia. Desde la anexión de Crimea por Rusia y la guerra en Ucrania, ahora en fase letárgica, el cálculo de riesgos elaborado por Estados Unidos y sus aliados se concentra en las tres repúblicas bálticas y en el flanco sur. Ese es el análisis de los generales que, al mismo tiempo, niegan que el escudo antimisiles debilite la capacidad de disuasión del arsenal estratégico ruso (armas nucleares), una opinión diametralmente diferente a la manifestada por los analistas del Kremlin.

El multilateralismo practicado por la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama tampoco es ajeno al éxito de Putin como defensor de las esencias, de una determinada concepción de la Rusia eterna o de la santa Rusia, citada a menudo por el clero ortodoxo y bendecida por él. Con razón o sin ella, los dirigentes rusos se han sentido marginados en la revisión del sistema de relaciones internacionales, han recordado la debilidad enfermiza del país en tiempos de Boris Yeltsin y su repliegue de todas partes y a toda prisa y han optado por prometer a la opinión pública que la Rusia inexpugnable está de vuelta. Favorecido todo por un fenómeno de despolitización de la calle, que acepta sin asomo de duda un proyecto de renacimiento nacional que, por lo demás, debiera ser compatible con una economía aquejada de anemia y minada por la corrupción. “Ahora las autoridades creen que no tienen necesidad de cambiar sus políticas a no ser que la popularidad de Putin caiga dramáticamente. Pero es precisamente su profunda aversión a cambiar lo que mantiene altos estos índices”, ha escrito Gleb Pavlovsky en The Moscow Times.

Al mismo tiempo que no son pocos los análisis relativos a la viabilidad futura de la política de Putin, una sociedad conservadora y que en el pasado se sintió humillada cree llegado el momento de recuperar el tiempo perdido, y esa nueva guerra fría o diplomacia fría con Occidente le parece la mejor señal de que el presidente hace lo debido. Los éxitos alcanzados por la aviación rusa en apoyo del régimen de Bashar al Asad, el derribo de un caza que violó el espacio aéreo turco, las medidas anunciadas por Lavrov, aunque no detalladas, para contrarrestar las maniobras en Polonia son episodios que dan pie a una permanente política de las emociones y evitan hacer frente a datos tan definitivos y determinantes como que el PIB nominal ruso equivale a la trigésima parte de los 36 billones de dólares que suman Estados Unidos y la Unión Europea.

“Rusia lleva razón al pensar que la posguerra fría fue desequilibrada, incluso injusta. Pero no fue a causa de ninguna humillación intencionada o traición. Fue el resultado inevitable de la victoria decisiva de Occidente en la contienda con la Unión Soviética. En una rivalidad multidimensional global –política, económica, cultural, tecnológica y militar–, la Unión Soviética perdió en todos los ámbitos”, subraya Stephen Kotkin. Pero son justamente los desequilibrios que llevaron a la humillación, fuese o no intencionada, los que han permitido a Putin ser la última encarnación del nacionalismo y han animado a los nuevos teóricos del eurasianismo, doctrina o escuela que ni considera europea ni asiática la cultura rusa, sino una fusión de ambas. Lo que lleva directamente a considerar acuciante la necesidad de que la relación de Rusia con su entorno no se atenga a la lógica europea, sino que sea independiente de esta y le discuta la hegemonía. Con maniobras o sin ellas; vaya la economía mejor o peor.