Ucrania, una guerra mundializada

Si alguna duda quedaba del poder transformador del status quo internacional que tiene la guerra de Ucrania, la voluntad manifestada por el presidente y la primera ministra de Finlandia de acelerar el ingreso de su país en la OTAN, a la que más temprano que tarde seguirá una declaración similar de Suecia, certifica que el cambio de ciclo en los equilibrios geoestratégicos es un hecho. Porque a pesar de que era esperada la decisión de Helsinki y de Estocolmo de abandonar la neutralidad, un rasgo característico de la historia contemporánea de ambos países, las prisas por concretarla, seguramente en la conferencia de Madrid del mes próximo, no deja de incorporar un factor de desafío a Rusia mientras la suerte de la guerra pasa por una fase de estancamiento, cuando no de retroceso de la potencia invasora. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lo ha resumido en una frase: “La ampliación de sus fronteras [las de la OTAN] no hacen el mundo y nuestro continente más estable y más seguro”.

Esa mutación genética, que Rusia interpreta como una amenaza efectiva para su seguridad, no hace más que acentuar el argumento fundamental que llevó al presidente Vladimir Putin a dar la orden de ataque el 24 de febrero. Pero hay en la sociedad ucraniana quienes no creen que esta sea la razón fundamental de la invasión, sino más bien “afirmar la identidad rusa”, como explica en Le Monde el académico Mykola Riabchuk. Sin soslayar las razones de índole militar, de respuesta preventiva frente a la expansión del dispositivo de defensa occidental, cree Riabchuk que la desconfianza de Rusia frente a una Ucrania independiente, democrática e inclinada hacia Occidente obedece al convencimiento de Putin y de su entorno de que puede ser una amenaza futura para la supervivencia de su régimen, basado en un autoritarismo sin concesiones y en el enclaustramiento de la oposición en la cárcel o en el exilio.

El hecho mismo de que Putin presente Ucrania como un ingrediente inseparable de la historia rusa o no diferenciado de ella tiene algo más que un valor simbólico: forma parte de la tradición imperialista rusa por lo menos desde el siglo XVIII, alentada con frecuencia por Occidente hasta que en 1991 la descomposición de la URSS dio pie a la aparición de nuevos estados, entre ellos Ucrania, reconocidos por la comunidad internacional. Solo desde entonces Ucrania habita en el espíritu de Occidente, dice Riabchuk, y solo a partir de 1991 presta atención al choque de identidades, agravado con la determinación ucraniana de los últimos años de desgajarse del poder tutelar ejercido por Rusia, que interpreta tal cambio de orientación como un debilitamiento de su dispositivo de seguridad, primero con la pretensión de Kiev de sumarse a la OTAN, algo a lo que ya ha renunciado, después con la movilización de Estados Unidos y sus aliados para ayudar al régimen del presidente Volodimir Zelenski a contener el ataque ruso.

Una vez más la identidad rusa y el territorio que le corresponde, la discusión inacabable sobre la materia, vuelve a la casilla de salida o se blinda con un viejo argumento: los límites del universo ruso son aquellos más allá de los cuales deja de hablarse ruso. Tal argumento es, por cierto, una falacia porque dentro de la lógica imperial no se pone nunca límites a la capacidad expansiva del imperio. El nacimiento de la Unión Soviética, la rusificación a marchas forzadas emprendida por Stalin y las características de la superpotencia comunista cancelaron momentáneamente el debate sobre los límites, pero hoy regresa con Ucrania, con Moldavia, con Georgia y con Bielorrusia, un artificio político sostenido por una dictadura sometida a los designios del Kremlin.

Sucede, sin embargo, que ese discurso sobre el alcance del orbe ruso tributa en lo que Bertrand Badie, profesor emérito del Instituto de Ciencias Políticas de París, y otros analistas consideran un vocabulario anticuado, que incluye referencias constantes a un regreso a la guerra fría, lo que en la práctica no se compadece con la realidad, sino que es una ilusión, la búsqueda de una equivalencia en el pasado de concreción imposible porque los elementos del presente son radicalmente diferentes y no explican, desde luego, a qué se debe que una gran potencia no alcance sus objetivos después de más de dos meses y medio de guerra. Hay que preguntarse, sostiene Badie, por qué “la potencia se convierte en impotencia”.

La respuesta a tal pregunta la dio él mismo en un seminario organizado esta semana en Barcelona: se trata del fracaso de los instrumentos militares clásicos por la resistencia social. Con un elemento genuinamente nuevo en la guerra moderna: el propósito de los aliados del Estado agredido de excluir al agresor de todo –de dejarlo al margen del resto del mundo, puede decirse– si continúa la guerra, una circunstancia que se da por primera vez mediante la imposición de sanciones económicas destinadas a bloquear las finanzas rusas en el seno de la economía global. En ese contexto poco importa dilucidar cuál es el limes ruso legítimo porque no tiene cabida la discusión identitaria de orden emocional, sino que pasa al campo del cálculo de riesgos –un agravamiento de la escala– y a la capacidad de resistir a la marginación de una potencia venida a menos, empeñada en recuperar el rango y la influencia de la Unión Soviética.

El canciller alemán Olaf Scholz considera la guerra de Ucrania un suceso que cambia una época (Zeitenwende). Lo dijo por primera vez el 27 de febrero en el Bundestag y ciertamente el poder transformador del conflicto es más evidente conforme se prolonga la guerra. Se asiste a una mundialización de la guerra que modifica el papel de los estados –el final de la neutralidad de Finlandia y Suecia–, decenios de cultura pacifista –Alemania se ha implicado en el conflicto con el envío a Ucrania de ayuda militar– y los esquemas de seguridad en entornos muy alejados del campo de batalla –el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, estima que el ataque ruso “sacude el orden mundial, incluida Asia”–, de tal manera que ningún actor político puede sustraerse a factores condicionantes, consecuencia de la guerra, que operan en todas direcciones.

¿La mundialización de la guerra aleja el riesgo de que el conflicto degenere en una guerra mundial? La conclusión a la que ha llegado el filósofo Jürgen Habermas no es especialmente tranquilizadora porque entiende que depende del criterio de Vladimir Putin decidir en qué momento la ayuda a Ucrania deja de ser tal cosa y se convierte en participación en la guerra. Es decir, depende de las necesidades estratégicas del presidente ruso determinar en qué momento la OTAN es un actor directamente implicado en la guerra, una situación fácilmente equiparable a una escalada del conflicto. Una incertidumbre que suma inestabilidad a un sistema de por sí inestable, imprevisible y de alto riesgo en una guerra convencional que según las estimaciones a priori del Estado Mayor ruso debió terminar a los pocos días del primer disparo.

 

Lo peor está por llegar

Cualquier previsión de daños y consecuencias a escala internacional hecha antes del inicio de la invasión de Ucrania, ha quedado superada por las dimensiones de la guerra. Es bastante dudoso que el presidente Vladimir Putin previera que el desarrollo de los combates sería el que está siendo, aunque él sostenga en público, para consumo interno, que todo progresa según lo esperado. Es asimismo improbable que antes de que sonara el primer disparo alguien en su sano juicio creyera que el Kremlin agitaría el espantajo del arma nuclear. No hay duda tampoco de que ni los europeístas más entregados podían estimar posible el reflejo unitario de la Unión Europea a la hora de responder a Putin; la determinación de la OTAN de activar planes específicos dentro de su territorio. Lo único seguro y cierto antes de la guerra era que los daños económicos iban a ser cuantiosos y seguramente de larga duración cuando parecía que la recuperación económica enfilaba el sendero de los buenas noticias.

El periodista ucraniano Dmitri Gordon declaró a la emisora Eco de Moscú, clausurada el martes por el Gobierno ruso, que Putin “nunca ha entendido nada”, que creía segura una rápida claudicación de su país frente a la aplastante superioridad del Ejército ruso. Una apreciación que lleva a Laure Mandeville, una analista del diario francés Le Figaro a concluir que, por de pronto, el presidente ruso “se encuentra sumergido en un desastre estratégico, político y personal que él mismo ha orquestado”. Se encuentra en un cul-de-sac, según la misma autora, y se ve obligado a prolongar la guerra, a salirse de su zona de confort  y aceptar la conversión de Rusia en un Estado paria que ni siquiera logró en la Asamblea General de la ONU que China y Venezuela votarán en contra de la resolución aprobada.

Sea o no cierto este cul-de-sac, le quedan a Putin recursos para acelerar la progresión de sus soldados, pero es indudable que se ha visto sorprendido por la marcha de la guerra, los efectos inmediatos de las sanciones y la posibilidad de que sea cierta una encuesta realizada en condiciones por lo menos azarosas, según la cual solo el 34% de los rusos apoyan el ataque. En realidad, poco importan esos datos a una estructura de poder con objetivos genuinamente imperiales, de acuerdo con la herencia recibida de la tradición zarista, que diseñó un plan que excluyó desde el principio la posibilidad de un desenlace negociado de la crisis. Importan, esos sí, los riesgos inherentes a una escalada que entraña más peligros a cada día que pasa.

Por eso es tan importante la reactivada unión de los europeos frente a un futuro imprevisible y seguramente muy costoso en términos humanos y materiales. Lleva razón Caroline de Gruyter cuando en un artículo publicado en The Guardian afirma: “Esta guerra refuerza, con un sobresalto, la propia razón de ser de la UE como proyecto de paz. Después del 24 de febrero, nadie podrá volver a decir que el credo fundacional de la UE, Nunca más, está obsoleto y que la UE necesita una nueva narrativa para ayudar a las generaciones más jóvenes, que no recuerdan la guerra, a relacionarse con la integración europea”. Ese Nunca más que alumbró el Tratado de Roma (1958) hacía y hace referencia a la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, que dejó Europa en ruinas. Por eso no es posible hacer a Putin más concesiones de las que aconsejan las leyes del equilibrio del terror: la destrucción mutua asegurada sigue ahí, a ambos lados de la divisoria, como una amenaza para toda la humanidad.

Si mucho de lo que puede suceder en las próximas semanas y meses “dependerá del precio que Occidente esté dispuesto a pagar para contener a Rusia”, como afirma el profesor del IESE Xavier Vives, la unidad europea será un factor fundamental, quizá con algunos costes inducidos por los países más reacios a ceñirse al marco de referencia de los socios anteriores a la gran ampliación hacia el este, que ahora desempeñan un papel fundamental en la acogida de refugiados y acaso mañana reclamen a los demás socios de la UE que sean menos exigentes con ellos. El clima político en Europa ha cambiado para un largo periodo de incertidumbres y reajustes que, sean cuales sean los términos en los que acabe la guerra, condenan a los adversarios a una nueva guerra fría, con reglas nuevas y una acusada tendencia a la inestabilidad.

Es imposible suturar la herida son las reglas anteriores al 24 de febrero, recoser la tela rasgada como si tal cosa. Ni siquiera la desaprobación de parte de las élites rusas a desencadenar un ataque puede suavizar el perfil básico de la nomenklatura asentada en el Kremlin, con el respaldo momentáneo de los oligarcas, una camarilla de multimillonarios que han amasado enormes fortunas en un espacio de tiempo insólitamente corto. Lo que se vislumbra en el horizonte son relaciones basadas en la desconfianza, incluso si es cierta la hipótesis que baraja Nigel Gould-Davies, del Instituto Internacional de Estadios Estratégicos, en el diario digital Moscow Times: “La invasión se perfila como un gran error estratégico. A medida que se acentúa la resistencia de Ucrania, el aislamiento internacional de Rusia y el aislamiento de Putin dentro de Rusia, el Kremlin de repente se encuentra mucho más débil en todos los frentes políticos”. Pero tal aislamiento, de existir, está lejos, de momento, de afectar a la capacidad del presidente para imponer su criterio a todas las instancias de poder.

En la división clásica entre guerras de necesidad y guerras de elección, la de Ucrania debe encasillarse en esta última categoría. Vladimir Putin nunca consideró la posibilidad de ajustar Ucrania a sus designios por una vía no cruenta y ahora no le queda más opción que apuntarse una victoria total. No le importa el precio a pagar, solo le importa alcanzar el objetivo que se ha fijado: ocupar Ucrania y ponerla al servicio de su estrategia de seguridad. Que tal estrategia tenga futuro depende en igual medida de la reacción unitaria de Occidente y del daño que infrinja a los intereses de los oligarcas y a la vida cotidiana de los ciudadanos rusos, sumergidos en un baño permanente de desinformación. De momento, como ha dicho Emmanuel Macron, lo peor está por llegar.

 

Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

Merkel o la fuerza tranquila

Alemania cierra este domingo una historia de 16 años al no concurrir a las elecciones Angela Merkel, varias veces presentada por los medios de comunicación como la mujer con más poder de la comunidad internacional. Sea quien sea el ganador de las elecciones legislativas y se prolonguen lo que se prolonguen las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, la cancillera dejará de llevar el timón y el universo democristiano (CDU-CSU) deberá habituarse a no contar con el valor seguro de la líder que se retira. O, si se confirman algunos pronósticos, se verá obligado incluso a actualizar y quizá a refrescar un establishment acomodaticio que en las encuestas da señales de fatiga, quizá de desconexión con una parte del electorado, votante de Merkel más que de los conservadores.

De ser así, como tantas veces ha sucedido en la historia de los partidos, una figura ganadora con una larga trayectoria habrá dificultado la consolidación de figuras solventes que en el futuro la puedan suceder. Los democristianos no escapan a esta impresión, a las tensiones internas que afloraron cuando se abrió el proceso para elegir un candidato a la cancillería y que solo se atenuaron cuando unas primarias dieron la victoria a Armin Laschet, presidente del land de Renania del Norte-Westfalia. Pero esa atenuación puede que sea solo provisional o momentánea si, como presagian los sondeos, cosecha un mal resultado y, como aventuró el semanario Der Spiegel después del primer debate televisado, los conservadores deben afrontar “una debacle histórica en las urnas”.

Son numerosos los analistas que resaltan la incapacidad de Laschet de seguir la estela de Merkel, de emular su estilo de hacer política sin sobresaltos, algo que genera confianza. Y Der Spiegel va más lejos: “Armin Laschet lo ha sido todo menos inspirador y sus tropiezos pueden tener profundas consecuencias para la estabilidad de la política alemana”. Se refiere el analista de la publicación a la consistencia de las grandes coaliciones armadas por la cancillera y a las incógnitas que se abren si la próxima fórmula de Gobierno descansa en un tripartito multicolor con socialdemócratas, verdes y liberales o con los dos primeros más Die Linke (izquierda poscomunista y disidentes de la socialdemocracia).

El caso de Olaf Scholz es justamente el contrario. El aspirante a canciller del SPD ha dado con la tecla para adoptar las maneras de Angela Merkel, ha sabido sacar partido al prestigio ganado al frente del Ministerio de Finanzas durante la pandemia y ha renunciado a una revisión in extenso del hilo argumental de la gran coalición. No es Scholz un candidato especialmente carismático, pero transmite fiabilidad, y las encuestas le dan la razón: el SPD comparecerá en las urnas con una ventaja estimada de entre tres y cinco puntos sobre la CDU-CSU. Si alcanza el 25% de los votos, Scholz no podrá decir que ha logrado un gran resultado, pero sí podrá presumir de haber desatascado al partido, que en mayo llegó a caer al tercer lugar, por detrás de conservadores y verdes, con unas expectativas de voto que en el menos malo de los casos se quedaban en el 17%.

Los frutos cosechados con esa imitación o acercamiento al estilo de Merkel han salido reforzados por el descenso de la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, salpicada por algunas irregularidades que han dañado su imagen de líder ajena a las debilidades éticas de los dos grandes partidos. Baerbock mantiene su léxico lo más alejado posible de la terminología manejada durante años por la gran coalición, que le permitió ser durante unos meses la candidata con más posibilidades de victoria, pero a nadie se le oculta que los ecologistas hace tiempo que forman parte del sistema en igualdad de condiciones o poco menos que la CDU y el SPD. “Las soluciones deben estar basadas en compromisos”, dijo Joschka Fischer, líder histórico de Alianza 90-Los Verdes, cuando ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller en el Gobierno de Gerhard Schröder (socialdemócrta).

Como ha escrito Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “Olaf Scholz ha conseguido ser reconocido como el candidato más merkeliano de todos” y ha quedado a salvo de errores o precipitaciones, ha salido vencedor de los tres debates electorales y ha asociado su figura a la idea de continuidad, aunque se presente por un partido diferente al de la cancillera. En Armin Laschet se ha cumplido el viejo aserto de Willy Brandt: “Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada”. Quizá se trata de una desesperación precipitada la que posee a los democristianos, pero solo ese estado de ánimo explica la implicación militante de Angela Merkel en la recta final de la campaña.

Willis Sparks, integrante del Eurasia Group, se pregunta por qué la cancillera ha renunciado a presentarse por quinta vez y a renovar su mandato si atesora un índice de aceptación del 80% (el de su Gobierno es muchísimo menor). La única razón que se le ocurre es que Merkel ha puesto su firma a “un período de expansión económica y prosperidad en Alemania que pocos líderes mundiales pueden igualar”, pero teme o intuye que el mundo pospandémico planteara dificultades que acaso podrían emborronar su legado. Es casi una explicación de índole doméstica, sin vínculos con las grandes estrategias políticas y la dinámica de los partidos, pero no deja de ser una explicación verosímil. Y añade Sparks que la continuidad ha permitido a Merkel hacer realidad la máxima según la cual “no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptable al cambio”. Una flexibilidad o adaptabilidad que sin duda obliga a un fatigoso esfuerzo todos los días.

Sean estas u otras las razones, el legado de Merkel a escala alemana y europea no deja de ser un lastre para quien la suceda, para quienes busquen en el próximo inquilino de la Cancillería el índice de eficacia de su predecesora. Un lastre que tendrá asimismo efectos sobre el comportamiento y percepción de los electores, acostumbrados a una especie de fuerza tranquila que sin duda buscarán en quien ocupe el puente de mando. Un joven dijo hace unas semanas en un programa de televisión: “Frau Merkel ha cometido muchos errores, como todo el mundo, pero ha conseguido que parezcan menos graves que los de los demás”. Se trata, sin duda, de una simplificación, pero algo de eso puede haber en ese éxito universal de la cancillera y en el empeño de Scholz en adoptar su manual de estilo con la esperanza de, con él, alcanzar la victoria.

El 11-S, una línea de fractura histórica

Transcurridos veinte años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los hechos ratifican que fue aquel momento trágico en Nueva York y Washington una línea de fractura histórica y política en los albores del nuevo siglo. No porque la temperatura de las disfunciones en el seno de la comunidad internacional no hubiese enviado señales elocuentes antes de los atentados, sino porque estas se tradujeron en una sacudida inabarcable en el corazón de la supuesta hiperpotencia –la etiqueta se la colgó Hubert Védrine–, consagrada por el desmembramiento de la URSS solo diez años antes. Todo cambió después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono porque la sensación de vulnerabilidad que invadió a los ciudadanos de Estados Unidos se propagó en todas direcciones y los gobiernos se sintieron legitimados para adoptar con pequeños matices formales las doctrinas de seguridad impulsadas por la Casa Blanca.

En un artículo incluido en una recopilación de opiniones publicada por el Council on Foreign Relations a las pocas semanas de los atentados, el analista Michael Mandelbaum escribió: “Pocas de las grandes enfermedades letales de la historia se han erradicado por completo, pero muchas se han puesto bajo control y solo se cobran unas pocas víctimas cada año. Eso es lo que ocurrirá si la guerra contra el terrorismo triunfa. Y no se abandonarán las medidas puestas en práctica para impedir el terrorismo. Igual que no se suspenden las vacunaciones y otras medidas sanitarias incluso después de que una enfermedad mortal haya sido controlada”, El doble vaticinio de Mandelbaum se ha cumplido en todos sus extremos: los zarpazos terroristas se asemejan a los brotes repentinos típicos de un mal endémico –algunos pronósticos sobre el desenlace de la pandemia van por ahí– y nada de cuanto modificó el 11-S en la relación entre gobernantes y gobernados ha caducado, incluso ha aumentado con los sistemas de control que incorporan las nuevas tecnologías.

En estos últimos veinte años, la evolución del léxico ha contribuido a asentar estas nuevas formas limitativas de la autonomía individual y de la privacidad, acaso de las reglas propias de sistemas democráticos. La reiteración de golpes de mano del terrorismo global de inspiración islamista ha llevado a los gobiernos a utilizar en diferentes momentos la palabra guerra para referirse a la lucha antiterrorista, y tal fractura semántica ha hecho posible normalizar una especie de excepcionalidad permanente: si la guerra da pie a un estado moral excepcional, toda excepción en nombre de la seguridad –real o presunta– también lo está. Al mismo tiempo, las referencias a la guerra provocan una forma de inseguridad sobrevenida que hace menos traumática la aceptación de diferentes medidas restrictivas como un inevitable mal menor.

El caso es que tal aceptación no ha evitado que empeore en términos generales la confianza en los gobiernos. En Estados Unidos, el índice se mantiene en torno al 30% desde 2007 –otra cosa es la confianza en el presidente de turno–, y hay un desapego siempre en aumento por cuanto dicen y hacen los políticos. “Haríamos bien en reflexionar este sábado no solo sobre las vidas perdidas ese brillante día de finales de verano hace 20 años, sino también sobre los excesos, errores y flagrante falta de franqueza que siguieron. Sin una seria introspección por parte de los políticos, los encargados de la política exterior y la prensa, nos resultará difícil recuperar la confianza en nuestra democracia necesaria para el autogobierno”, escribe Jennifer Rubin en The Washington Post. La reflexión es aplicable a otras muchas sociedades, sometidas a un falseamiento permanente de la realidad.

Si alguna vez tuvo sentido la opinión de Michael Scott Doran según la cual Estados Unidos se vio enzarzado “en la guerra civil de otras personas” –el desafío yihadista en el seno de la comunidad musulmana–, hoy apenas se sostiene. Es más adecuado fijarse en los resortes emocionales activados por el islamismo radical para modificar sin pausa el paisaje social y ganar en el seno del islam adeptos a su causa o, al menos, dispuestos a justificar el recurso a la acción directa. “Los excesos, errores y flagrante falta de franqueza” que cita Rubin han hecho posible que junto a la contención de Al Qaeda y la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak haya arraigado en sectores no precisamente pequeños de la umma –comunidad de los creyentes– un anhelo permanente de reparación. No solo frente a Occidente, sino también frente a gobiernos musulmanes venales que los islamistas tildan de apóstatas.

Dos décadas después del 11-S, alarmada Europa por los atentados en Madrid, Londres, París, Berlín, Bruselas, Barcelona y tantos otros lugares; fracasadas las primaveras árabes, donde se enterraron muchas esperanzas; regresados los talibanes al poder del que fueron desplazados hace también 20 años; sometido Oriente Próximo a los designios concertados de Israel y la Liga Árabe; convertido Irak en un enfermo crónico, todo induce a pensar que la inestabilidad es la enfermedad endémica de nuestro tiempo. El principio de incertidumbre, desarrollado por la mecánica cuántica, desbarata las previsiones de los gobernantes y de las organizaciones internacionales. Daniel Kurtzer, exembajador de Estados Unidos en Israel, sostiene que su país “está dividido más profunda y abiertamente en cuanto a su identidad fundamental, es decir, en cuanto a quiénes somos y a qué aspiramos”; en Francia, el politólogo Julien Fragnon asegura en Le Monde que la unión nacional es cada vez más precaria. Algo sumamente perturbador e inquietante ha contaminado las sociedades democráticas en los veinte años que van del 11-S a hoy; el mundo occidental ve con desconfianza, cuando no con temor, cuanto viene del orbe musulmán.

El 11-S sigue siendo un legado desasosegante para cuantos se sintieron golpeados, afectados o concernidos por la tragedia, dentro y fuera de Estados Unidos. Alain Gresh aventura que en los últimos veinte años Occidente  “perdió la batalla de la legitimidad y del derecho”, y añade: “La guerra contra el terrorismo ha sido la ilusión final de un Occidente que no admite el nuevo estado del mundo y quiere torcer el curso de la historia. Se trata de una tarea quimérica, por supuesto, pero intentar llevarla a cabo solo agrava el desorden mundial, alimenta el choque de civilizaciones y desestabiliza a muchas sociedades, incluso las occidentales, al dividirlas en función de criterios religiosos”. ¿Un diagnóstico radical? Diríase que la confusión es extrema porque desde el 11-S todo es más endiabladamente confuso e insondable, también en el orbe musulmán.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

What do you want to do ?

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China, ante una crisis de credibilidad

La orientación dada por el régimen chino a la gestión del coronavirus obliga una vez más a sopesar la naturaleza del sistema, su eficacia o debilidad, incluso su papel en la comunidad internacional cuando con harta frecuencia prevalecen la opacidad y el secretismo. Por mucho que la maquinaria de propaganda resucite viejos eslóganes, aliente el nacionalismo y pretenda desviar la atención hacia cuadros de segundo nivel del Partido Comunista y de la Administración –una misma cosa, en realidad–, lo cierto es que la cicatería y el retraso de Pekín a la hora de facilitar los datos esenciales de la epidemia han dificultado enormemente poner en marcha medidas preventivas y, de paso, han dado alas a una psicosis colectiva en todas partes, especialmente en Occidente. Un estado de ánimo, esto último, que obedece tanto a prejuicios arraigados durante generaciones como al comportamiento de las autoridades chinas, más afectas que nunca a la ancestral afición de la Ciudad Prohibida a ocultar o desvincularse de la realidad.

El desafortunado titular de The Wall Street JournalChina es el auténtico enfermo de Asia– que encabezaba un artículo firmado por el profesor Walter Russell Mead no invalida la consistencia de alguno de los argumentos desarrollados en él. En especial el que se refiere a la posibilidad de que el ADN del régimen chino desencadene algún día una catástrofe a gran escala: “Los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales, sin mencionar a los líderes empresariales e inversores, deben tener en cuenta que el poder de China, por impresionante que sea, sigue siendo frágil. Un virus mortal o un contagio del mercado financiero podría transformar la perspectiva económica y política de China en cualquier momento”.

Los riesgos de paralización de sectores importantes de las economías desarrolladas, faltos de suministros y sin proveedores alternativos, justifican este temor incipiente. Lo justifican también las estadísticas crecientes de enfermos y fallecidos, las cuarentenas, la evacuación de personal destinado a China por inversores extranjeros y la imposibilidad de esclarecer a ciencia cierta cuándo tuvieron noticia en Pekín de los primeros casos de coronavirus, cuántas semanas tardaron en poner en antecedentes al resto del planeta y hasta qué punto el presidente Xi Jinping y su entorno optó por el encubrimiento, por esperar y ver en vez de informar y actuar a plena luz del día.

Aunque el China Daily, el periódico en inglés editado en Pekín, se prodiga en comentarios que aluden a prejuicios colonialistas en la reacción de Occidente –algo no descartable–, lo cierto es que el debate abierto se adentra en las peculiaridades del régimen comunista surgido en los primeros noventa como resultado del reformismo impulsado por Deng Xiaoping, que rescató a China del atraso y el ensimismamiento. Un debate al que se ha incorporado de forma más o menos explícita una parte de la opinión pública china, confinada en sus casas, con las escuelas cerradas, las calles vacías y una sensación generalizada de parálisis del tejido productivo. Un debate en el que, se quiera o no, se formula una vez más la gran pregunta: ¿cuáles son los límites o el futuro de un sistema pilotado por el Partido Comunista y entregado a un desarrollo acelerado de la economía capitalista? Planteado todo en los términos de un editorial del Financial Times: ¿puede una superpotencia económica y militar consagrarse como tal e impedir al mismo tiempo, de forma sistemática, la libertad de información y crítica?

El China Daily se centra en el ideario de algunos medios occidentales –“fue [el lenguaje] utilizado comúnmente por las fuerzas extranjeras que conquistaron China para justificar su trato inhumano con los chinos”– y se remite a las prácticas colonialistas de las potencias europeas en África: “Este idioma colonial también era común en África cuando los amos colonizadores consideraban que su religión, cultura y estilos de vida en general eran superiores a los de las personas ingenuas a las que percibían como enfermas e inmundas”. Y sin descartar que pueda haber una parte de verdad en el legado dejado por la cultura colonial en Occidente, asoma al mismo tiempo el análisis adelantado por el Fondo Monetario Internacional: la crisis abierta por el coronavirus puede dañar la de por sí débil recuperación económica.

Tan cierto es que la Casa Blanca ha puesto en marcha un gran aparato de propaganda dentro de su particular guerra comercial con China como que demasiados analistas de muy variada orientación ven en el desarrollo de los acontecimientos diversas amenazas ciertas. Y si el nobel Paul Krugman teme más a los antiliberales que el comportamiento de la autoridades chinas, a otros les preocupa más algo que el mismo Krugman describe con detalle: “Es un país que no es democrático en absoluto, cada vez es menos libre; es un capitalismo muy controlado que supone un reto para el modelo occidental. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay diferentes tipos de capitalismo y diferentes modelos políticos también. La historia no ha terminado, hay diferentes modelos ahí fuera y pueden adelantarnos”.

“La gobernanza de China se ha vuelto menos transparente en las dos décadas posteriores al estallido del SARS, con el periodismo de investigación y otros informes y evaluaciones independientes enfrentando mayores limitaciones”, escribe Aditya Bhattacharji, un prestigioso experto en sanidad global del think tank Eurasian Group. El diagnóstico no es tranquilizador y permite poner en duda la fiabilidad de las autoridades chinas como gestoras de asuntos que atañen a la comunidad internacional y no solo a sus conciudadanos. Lo que es tanto como poner en duda la consistencia del milagro chino, fundamentado en un comunismo que consagra y legitima el derecho a enriquecerse, y que, al mismo tiempo, prohíbe la crítica independiente y la disidencia.

Nunca antes una crisis sanitaria había tenido tantas implicaciones políticas. El coronavirus ha sentado ante el espejo el modelo chino y se han puesto de manifiesto sus debilidades, fiabilidad y limitaciones, acaso su viabilidad futura si la fábrica del mundo no acomoda su potencia económica a los mínimos de transparencia que, de forma más o menos explícita, reclama la comunidad internacional en casos como los de una epidemia cuya contención nadie puede afirmar que se ha conseguido. Al menos no hay noticia confirmada de ello y la inquietud está justificada, más allá de los prejuicios y el comportamiento extravagante de quienes se han dedicado en el último mes a señalar a las comunidades chinas en todo el mundo como potenciales transmisoras de la enfermedad, una forma de xenofobia apenas encubierta.

Trump margina Palestina

El plan de paz para acabar con el conflicto palestino-israelí presentado por Donald Trump tiene mucho de exigencia de claudicación de la comunidad palestina y poco o nada de instrumento pacificador. Era más que improbable que una propuesta cocinada por Jared Kushner, yerno de Trump y amigo personal de Benyamin Netanyahu, pudiese ser aceptada por la Autoridad Nacional Palestina, a la que la Casa Blanca no preguntó de antemano su parecer, pero, después de darse a conocer su contenido, la improbabilidad se ha convertido en imposibilidad absoluta. Ninguna facción palestina, ni siquiera la más moderada y posibilista, puede aceptar los términos de la propuesta elaborada en Estados Unidos atendiendo en exclusiva a las exigencias de la derecha israelí, acuciada por la perspectiva de que Netanyahu acabe ante el juez, sea condenado por corrupción y enfile el camino de la cárcel.

De la paz de los valientes invocada en su día por Shlomo ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel partidario de un divorcio pactado en igualdad de condiciones por los líderes palestinos e israelís, se ha pasado a una fórmula que condena a un futuro Estado palestino a la irrelevancia, a la impotencia, a alguna forma encubierta de apartheid y a la dependencia absoluta de la discrecionalidad de la potencia ocupante de Jerusalén oriental, Cisjordania y la franja de Gaza, dejada esta a su suerte y sin apenas conexión con el exterior. La paz vislumbrada por Ben Ami entrañaba concesiones por ambas partes; la servida por la Administración de Trump obliga a la rendición palestina con armas y bagajes habida cuenta de los requisitos que impone: consolidación de la soberanía israelí en los asentamientos de Cisjordania, consagración de Jerusalén como capital unitaria de Israel, prohibición del retorno de refugiados, limitación de los instrumentos de seguridad palestinos y tantos otros apartados restrictivos.

Como ha escrito el analista Amos Harel en el diario progresista israelí Haaretz, “el sueño de la derecha israelí hecho realidad podría terminar en una pesadilla brutal”, toda vez que puede ser el resorte que movilice a las facciones palestinas más radicales y a los sectores más exaltados de la sociedad israelí. De cumplirse tan lóbrego como verosímil presagio se eternizaría la casa de la guerra a la que se refirió Miguel Ángel Bastenier para describir el binomio Israel-Palestina, y el agravio palestino seguiría siendo una de las piedras angulares del descontento de la calle árabe, apenas atenuado por la propensión contemporizadora del establisment, sometido al pragmatismo irreductible de Arabia Saudí.

Hay en el plan presentado por Trump todos los ingredientes para que se acreciente la naturaleza desestabilizadora del conflicto, la frustración sume nuevos adeptos a las respuestas destempladas y hayan más oídos dispuestos a escuchar las arengas más incendiarias. Nathan Throll, un analista de The New York Times, ha escrito que la propuesta de la Casa Blanca “no es una ruptura con el statu quo”, sino “la culminación natural de décadas de política estadounidense”, sujeta a las exigencias israelís y hecha a espaldas de las reivindicaciones palestinas. Le da la razón la alegría con la que los adversarios de la solución de los dos estados han acogido la oferta de Trump, algo que Throll destaca. Nada representa una ruptura fundamental con el pasado salvo, acaso, con parte de las propuestas de hace 20 años discutidas en Camp David por Yasir Arafat y Ehud Barak, reunidos para la ocasión por el presidente Bill Clinton.

El convencimiento del presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresado en el Parlamento de Alemania de que la crisis palestino-israelí puede resolverse después de ser durante largo tiempo una tragedia responde a un deseo más que a la realidad: la oposición frontal de los portavoces de la sociedad palestina a un arreglo tan asimétrico. Y la idea de Rivlin de que la paz requerirá grandes concesiones no pasa de ser una frase, porque lo cierto es que las únicas grandes concesiones conocidas son las que se imponen a los palestinos, contrarias por cierto a cuanto establecen el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay concesiones fundamentales reconocibles en lo que cabe considerar la doctrina tradicional de los gobernantes israelís desde la guerra de los seis días de junio de 1967: todas las resoluciones aprobadas en la ONU han sido sistemáticamente incumplidas por la Administración israelí con independencia de su color político.

Es del todo inimaginable que en el futuro cambien mucho las cosas, siga o no a partir de noviembre el mismo inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos otorgó a Israel un papel central hace décadas en el dispositivo de seguridad diseñado para Oriente Próximo, completado por Arabia Saudí y Egipto. Es igualmente inimaginable que la Liga Árabe, pilotada por la monarquía saudí, cambie de registro y pase de las declaraciones solemnes, pero contenidas, a acciones menos solemnes, pero más determinantes. Y es al mismo tiempo inimaginable que el empeño de la Unión Europea en apoyo de la causa palestina pase de la política blanda a una conducta traducida en medidas reseñables que garanticen la existencia de Israel y de Palestina al mismo tiempo.

“Estamos desesperando a los palestinos y pagaremos por ello”, declaró el escritor Amos Oz en el diario Abc, en marzo del 2018, pocos meses antes de fallecer. Acababa de publicar Queridos fanáticos, y expresó un deseo: “No me gustaría morir sin ver incluso una embajada de Israel en Jerusalén oriental y otra de Palestina en la parte occidental, ambas legaciones a una distancia caminable”. Nada hay en el plan de Trump que permita imaginar un futuro de este tenor y sí justifica, en cambio, muchos temores; nada hay en la propuesta presidencial para liquidar el conflicto palestino-israelí que permita intuir que la paz es posible en la casa de la guerra.

 

 

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.