Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Todo el poder para Xi Jinping

La equiparación de Xi Jinping a Mao Zedong y a Deng Xiaoping como referente ideológico absoluto del régimen chino ha puesto en manos del presidente una acumulación de poder del que carecieron sus antecesores, ha cercenado las aspiraciones de quienes podían ansiar sucederle en el 2022 y da pie a toda clase de especulaciones acerca de su propósito de seguir en el poder más allá de este año. Contra lo que se ha convertido en un hábito en la China del capitalismo tutelado por el partido, la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente es ahora una incógnita, la edad de los cinco nuevos miembros del comité permanente de siete del Partido Comunista Chino (PCCh) –tienen todos más de 60 años, los inhabilita para la sucesión– no incluye ningún tapado y es imposible saber si entre los jóvenes del politburó lo hay. Como ha titulado un artículo Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong, Xi es en muchos sentidos el nuevo emperador chino.

¿Cómo es posible tal entronización, acompañada del inevitable culto a la personalidad? Un largo análisis publicado por Foreign Policy subraya la preocupación de Xi por combatir a sus adversarios antes de 2012, cuando alcanzó la presidencia. Urgido por el descontento social a causa de la corrupción, el contagio momentáneo de las primaveras árabes y algunas señales de agotamiento del modelo de crecimiento, el futuro presidente se desembarazó de sus competidores o de quienes podían limitar su poder en el seno del PCCh, algo que no estuvieron en situación de hacerlo sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. La purga de Bo Xilai, cabeza de una tupida red de corrupción fue, en este sentido, un episodio determinante para que Xi llegara a la cima sin grandes contrincantes que pudieran discutirle su autoridad.

Claro que tal acumulación de poder es “una espada de doble filo” (Patten), aunque las imágenes del 19 congreso del PCCh, rendidos los delegados ante las proclamas de Xi, pueden inducir a pensar justo lo contrario. Y lo es porque la concentración de competencias entraña una contrapartida no escrita: sus adversarios actuales o futuros descargarán sobre el presidente toda la responsabilidad política si se tuercen las cosas. Una posibilidad que en absoluto debe descartarse habida cuenta de los desafíos que deberá afrontar durante los próximos cinco años en tres frentes: el asentamiento de China como potencia global en todos los ámbitos, no solo en el económico, la atenuación de las desigualdades sociales, siempre en aumento, y la corrección que los efectos del desarrollo a toda máquina ha tenido en el medio ambiente (contaminación de las aguas y del aire en las grandes ciudades, destrucción de cultivos, crecimiento desordenado de las periferias urbanas, etcétera).

Se dice que su gran aliado para vender ante el mundo la consistencia del modelo de “socialismo con características chinas” es Donald Trump, ensimismado por una política errática, empeñado en liquidar cuanto hizo su antecesor en el plano internacional y en promover un modelo de crecimiento económico del todo permisivo con las agresiones al medio natural. Pero esa hipótesis de trabajo –la involuntaria complicidad de Trump en la consagración de Xi como líder mundial con inquietudes sociales– no es mucho más que una posibilidad basada en datos aislados, imprecisos las más de las veces. Hay otros muchos, desde la crisis desencadena por Corea del Norte con su programa nuclear hasta las reivindicaciones chinas en el Pacífico occidental que pueden otorgar a Trump en algún momento el inesperado perfil de renovado protector de los intereses de terceros desde Corea del Sur a Filipinas.

Pesa sobre China y su éxito económico del último cuarto de siglo la desconfianza de sus vecinos, persuadidos de que su papel hegemónico en Asia tiene el perfil de la amenaza o la presión a largo plazo, algo que favorece a Trump y perjudica a Xi. La concentración de poder, que desentierra el modelo de dictadura leninista como característica esencial del régimen chino, y el presupuesto de Defensa alarman a países esenciales en el dispositivo de seguridad de Estados Unidos, caso de Japón. Nadie es capaz de vaticinar, por lo demás, cuál es el verdadero significado de la etiqueta “socialismo con características chinas” mientras crecen las desigualdades y los inversores extranjeros se pregunta cada vez con más frecuencias qué riesgos correrá el modelo a poco que el ciclo económico le sea adverso.

Un dato no desmentido es que con un aumento del PIB por debajo del 7% anual –una barbaridad–, la maquinaria económica china es incapaz de absorber los 15 millones de habitantes del campo que cada año se trasladan a las grandes ciudades (cifras de 2011). La decisión del partido de legitimar el enriquecimiento, mantenerse nominalmente como comunista, pero comportarse como un conglomerado nacionalista, y aceptar el papel de gran fábrica del mundo ha permitido hasta la fecha que la nueva China mantenga un crecimiento sostenido sin tensiones inflacionistas, pero la pretensión de que aumente el consumo interno y de que se acorte algo la distancia entre los muy ricos y los rematadamente pobres –una multitud inconmensurable– puede desajustar el engranaje. De hecho, son varios los economistas que afirman que el modelo solo es viable en sus características actuales con una mano de obra extremadamente barata y sin amortiguadores asistenciales (las prestaciones sociales habituales en el Estado del bienestar).

Que esto preocupara poco a los inversores y consumidores occidentales hasta hace unos pocos años no quiere decir que hoy pueda soslayarlo Xi como un molesto dato marginal. Si hasta hace unos pocos años nadie aplicaba a China la convicción de John Mearsheimer de que las superpotencias buscan constantemente “demostrar su fuerza ante sus rivales más allá de sus esferas de influencia”, hoy precisa Xi hacerlo para acallar a cuantos más o menos quedamente, en nombre de la naturaleza nacionalista del partido, exigen una política de mantequilla y cañones. Y en ambos frentes debe actuar Xi para que los destellos del poder absoluto no se conviertan en una cortante espada de doble filo, tan monolíticamente compleja y opaca la estructura del poder en China como un jeroglífico demasiadas veces indescifrable.

 

Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

Cartas marcadas en Corea

Alguien ha dicho que Kim Jong-un y Donald Trump son dos pirómanos a quienes corresponde apagar un fuego. El escritor Paul Auster ve en Trump el perfil de un neurótico y dice rezar para que no repita mandato. Vladimir Puntin vislumbra una “catástrofe global” a causa de la escalada de la crisis con Corea del Norte, pero se opone a nuevas sanciones. China ha dejado de ver en Kim al aliado necesario, pero sigue viéndolo como el peón indispensable. En el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras tanto, suenan las alarmas y Japón y Corea del Sur sienten el calor de las llamas, de esa hoguera encendida por los generales norcoreanos para hacer de su pequeño país un territorio invulnerable gracias a su arsenal nuclear de bolsillo, pero de Pekín y Moscú llega la orden de no sumar más sanciones a las ya aprobadas.
Donald Trump declaró, recién elegido, que no tenía inconveniente en entrevistarse con Kim. Pasados los meses, las pruebas con misiles intercontinentales, la detonación de bombas atómicas y la amenaza de un ataque contra la isla de Guam llevaron al presidente de Estados Unidos a amenazar asimismo a Corea del Norte con una lluvia de “furia y fuego”. Cundió el desasosiego en el Pentágono y el secretario de Defensa, James Mattis, apeló a la diplomacia para superar la crisis, pero no se desvaneció la intranquilidad porque es el presidente quien gestiona su cuenta de Twitter y, como tantos usuarios, sus mensajes parecen responder a impulso primarios, poco reflexivos, carentes de un plan surgido del análisis de la situación. Se puede decir que Trump está empeñado en dar la razón a los que ven en él a alguien poco o nada preparado para ocupar el lugar que ocupa.
Así están las cosas, envueltas en la improvisación permanente y la imposibilidad de acogerse a precedentes más o menos útiles para afrontar la crisis con imaginación, prudencia y realismo (tampoco desde la trinchera norcoreana, sobra decirlo). No valen aquí los hábitos de la guerra fría, tantas veces citados con poco fundamento, a pesar de la lejana inspiración de los esquemas mentales de la dictadura de Kim en los mecanismos de acción-reacción que prevalecieron hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS. Tampoco vale fiarlo todo a la creencia de que, si China se lo propone, el desafío de Pyongyang tiene una salida relativamente fácil y rápida. En ningún caso, en fin, se pueden minimizar los riesgos con la simple creencia de que Estados Unidos y Corea del Norte son conscientes de que una guerra es imposible.
Como ha escrito Katharine H. S. Moon en Foreign Affairs, atrapada en medio de la escalada se halla Corea del Sur, con una capacidad muy limitada para gestionarla, con su capital, Seúl, a 50 kilómetros de la divisoria vigente desde 1953 –la zona desmilitarizada que tiene como referencia el paralelo 38– y al alcance de la artillería de largo alcance del norte, y con el primer socio comercial, China, al lado de su adversario. A lo que quizá debe añadirse el desconocimiento absoluto de los auténticos planes de la Casa Blanca para contener la peor de las inercias: la que margina la negociación y opta por la acción directa. Un disparate absoluto según todas las teorías de la escalada militar tal y como se deduce fácilmente de conflictos archiestudiados –Vietnam, Afganistán, Irak, etcétera– en los que la voluntad negociadora fue a menudo poco más que una simulación para justificar lo injustificable ante la opinión pública.
A primera vista resulta desconcertante que el presidente Trump haga coincidir la última prueba nuclear norcoreana –la detonación de una bomba de hidrógeno– con reproches a Corea del Sur a causa de la disposición al diálogo y al apaciguamiento del Gobierno liberal de Seúl. Pero detrás de la crítica presidencial se adivina el propósito de vincular la crisis de seguridad a los objetivos económicos de la Casa Blanca, según ha puesto de relieve The New York Times; esto es, hacer frente a la competencia asiática siempre creciente en el comercio global, en cuyo núcleo se encuentran China y Corea del Sur. Cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anuncia un plan para cortar los lazos económicos con “cualquiera que haga negocios con Corea del Norte” se dirige indirectamente tanto al Gobierno de Pekín como al de Seúl, al menos teóricamente, y refuerza la hipótesis de una posible respuesta dura a la exhibición nuclear norcoreana (las maniobras con fuego real en Corea del Sur, un ejemplo).
Hay en todo ello una mezcla del populismo servido por los estrategas de la campaña de Trump en 2016 más la dificultad manifiesta de la Casa Blanca para aceptar las convenciones más elementales y el código de señales en vigor en la península de Corea desde el armisticio de 1953, que creó una zona desmilitarizada de cuatro kilómetros de anchura que separa los dos países. Desde entonces, todo es excepcional y complejo, y ha dado pie al desarrollo de dos regímenes antagónicos, representantes de dos comunidades con designios opuestos: al norte, una dinastía heredera del stalinismo más hermético y propulsora de un nacionalismo extremo; al sur, una república decidida a seguir los pasos de Japón, una suma de tradición, tecnología de última generación y disciplina sin excepciones. Pero esa dualidad evidente no ha roto la unidad cultural a pesar de la propaganda a ambos lados de la frontera, del esfuerzo estéril por separar a ambas comunidades, utilizadas hasta la saciedad por las grandes potencias para sus propios fines a cambio de una prosperidad deslumbrante.
Que los últimos presidentes de Estados Unidos no hayan logrado destensar la situación mediante la negociación y proyectos de cooperación económica no significa que la brocha gorda entrañe mayores posibilidades de éxito. De hecho, la nuclearización de la crisis ha confirmado cuanto se ha dicho del poder de disuasión de los arsenales atómicos: que quienes los poseen ponen a salvo su existencia a causa de su capacidad para desencadenar una respuesta devastadora. La gran diferencia entre el equilibrio del terror de hoy y el de la guerra fría es que este obedecía a un sistema que desde 1962 (crisis de los misiles de Cuba) quedó resguardado de sobresaltos inesperados y el de ahora se da en ausencia de un sistema o acuerdo tácito que regule, paute, module las desavenencias entre adversarios en situaciones límite.
“No ha habido ninguna generación anterior de hombres de Estado que haya tenido que dirigir los asuntos públicos en un ambiente tan desconocido y al borde del Armagedón”, dijo en cierta ocasión Henry Kissinger, convencido de que la coexistencia pacífica era la única forma posible de riesgo calculado entre contrincantes con arsenales nucleares. Hoy el aserto sigue teniendo todo su sentido, aunque en el entorno de Trump haya quien cree en una posible victoria militar o destrucción del régimen norcoreano sin que, por lo demás, Rusia y China pidan explicaciones. Esta crisis es tan antigua y está tan manoseada que todas las cartas están marcadas y ningún tahúr logró nunca ganar la partida.

 

Mosul, una victoria sin gloria

La ocupación de Mosul por el Ejército de Irak, la más que probable muerte de Abú Bakr al Bagdadi, fundador del Estado Islámico y transmutado en el califa Ibrahim, y el atisbo de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en Siria, tregua mediante, han desatado la incontinencia de los propagandistas frente a la prudencia de los analistas. Dicen los primeros que si la ocupación de Mosul en 2014 sin apenas combates alarmó a la comunidad internacional, la recuperación de la ciudad por los iraquís, apoyados por Estados Unidos, debe ser tenida igualmente como un hecho relevante que cambia por completo la presión de los yihadistas en el laberinto de Oriente Próximo. Matizan los segundos que el episodio de Mosul conlleva una redistribución del poder en Irak y también en el islamismo radical, capacitado para llevar su desafío a otros lugares menos controlables –el Sahel, por ejemplo– o con una mayor capacidad de intimidación en la aldea global: las grandes áreas urbanas de Europa occidental.

Varias veces se ha puesto de manifiesto la falta de justificación del entusiasmo desencadenado por un éxito en concreto en el campo de batalla o en la neutralización de un líder político –así el apresamiento de Sadam Husein el 13 de diciembre de 2003–, porque las organizaciones muy centralizadas y con una sólida estructura militar suelen contar con mecanismos de sustitución inmediatos. El Estado Islámico o ISIS o Daesch no es una excepción y, aun debilitado, conserva una respetable fuerza de choque dentro y fuera del territorio que controla. En el plano interior, gracias a la logística aplicada por su Gobierno en las sombras o no tanto; en el ámbito internacional, gracias al dinamismo de sus afectos, cuyas filas seguramente engrosarán en el futuro cuantos logren huir de la derrota de Mosul y de otras previsibles en un futuro no muy lejano. El destino de estos últimos será, como se ha repetido hasta la saciedad, su lugar de origen –el Gobierno de Marruecos cree que los retornados del campo de batalla que salieron del país no bajarán de 1.800–, muchos de ellos con pasaporte europeo y larga experiencia en combate, cuyo cálculo es extremadamente difícil (puede que algunos miles).

Como explica con precisión el profesor Ignacio Álvarez-Ossorio en Siria. Revolución sectarismo y yihad, el doble frente del Estado Islámico contra el enemigo interior y contra el exterior es la esencia de su combate en todas direcciones, y tal planeamiento no decae por más que la pérdida de Mosul haya sido un duro golpe. Es más, tal como advierten los analistas, un hipotético final del Estado Islámico no significaría forzosamente la neutralización efectiva del yihadismo, sino que posiblemente sería el inicio de otra cosa, de otra planta organizativa con otro equipo dirigente, pero la idea de los dos frentes seguiría vigente.

Sigue en pie toda la fraseología de Abú Umar al Bagdadi, predecesor del fundador del califato sedicente, recogida por Álvarez-Ossorio. Nadie pone en duda en el conglomerado yihadista el siguiente enunciado: “Los gobernantes de los territorios islámicos son traidores, infieles, pecadores, mentirosos y criminales (…) La lucha contra ellos es más importante que la lucha contra los ocupantes cruzados”. Nadie disiente en el campo yihadista cuando se dice que los occidentales son “infieles a los que se debe atacar en su propio territorio”. Se trata en ambos casos de poco menos que dogmas de obligada observancia cuyo poder de convicción va más allá de la supervivencia del califato. Y esa fundamentación ideológica de la yihad, con estos términos u otros, la comparten Al Qaeda, sus numerosas franquicias y otras organizaciones terroristas surgidas en el orbe musulmán.

De hecho, al contemplar el paisaje desolado de Mosul después de la gran batalla –del 17 de octubre del año pasado al 9 de julio en curso–, es legítimo preguntarse: ¿es esta la imagen de la victoria o la de una derrota encubierta? Porque Mosul, como antes Palmira, como la mayoría de ciudades sirias sometidas a una doble guerra, por lo menos –la de Bashar al Asad y sus aliados y la del Estado Islamico–, no es más que una montaña de escombros, un paisaje en ruinas del que han tenido que huir cientos de miles de personas. Porque la capacidad de resistencia de los muyahidines ha puesto en duda el reparto del poder en Irak, de aquel poder surgido de la ensangrentada posguerra que nunca ha sido capaz de llevar su autoridad a todos los rincones del país.

Maria Fantappie, del International Crisis Group, distingue hasta tres cambios sustanciales en la estructura de poder iraquí, impuesta y tutelada por Estados Unidos. Primero, la difícil coexistencia entre los políticos que llegaron al poder a la caída de Sadam Husein y los que han encabezado la ofensiva de Mosul, que incluye a los combatientes kurdos. Segundo, el arraigo de redes de poder informal –dicho de otra forma, no institucional– que en muchos casos sustituyen al Estado. Tercero, una nueva relación entre el Estado central y el territorio que obliga a descifrar quién ejercerá en el futuro el poder real. No cuesta demasiado asociar estos tres puntos al perfil de un Estado fallido o camino de serlo, o quizá obligado a una transformación institucional que impone un nuevo esquema del poder por la fuerza de los hechos.

Sostiene Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, que el presidente George W. Bush eligió en 2003 ir a la guerra porque le persuadieron de que “podían lograrse grandes cosas con un pequeño coste”. Si fue así, y ese es el punto de partida de su tesis en el libro que sobre las dos guerras de Irak publicó en 2009, tan error fue optar por las armas como carecer de un plan para gestionar la posguerra que evitara que esta se convirtiera, como sucedió, en una violenta continuación de la guerra misma. “Una pobre elección pobremente llevada a la práctica”, dice Haass. La aparición de Al Qaeda en suelo iraquí, donde nunca antes estuvo, y el nacimiento del ISIS son consecuencia directa de tales falta de previsión y pobreza de medios, porque todo Oriente Próximo sucumbió a la desestabilización, arraigó un sentimiento generalizado de agravio en el mundo árabe y acaso una parte del fracaso de las primaveras deba atribuirse también a aquella democracia controlada que Estados Unidos quiso imponer a cañonazos.

Si ya nadie niega que la captura de Mosul por el ISIS en junio de 2014 y la huida en desbandada del Ejército iraquí fueron la prueba fehaciente de que los yihadistas eran capaces de desafiar a un Estado sin atributos, ¿quién puede dudar de que es discutible que consiga hacerse con ellos sobre un océano de ruinas? Más parece que esta victoria sin gloria lo es todo menos un capítulo definitivo en la construcción del Irak vislumbrado por los neocon y en la neutralización de la yihad global, incluso si el Estado Islámico deja algún día de existir o se dice que dejó de existir.

 

Trump, en la hora de la ‘finezza’

Para alguien tan poco dado a las sutilezas de la política exterior como Donald Trump, el desafío norcoreano del 4 de julio resulta doblemente complejo porque se trata de una amenaza real a la seguridad de Estados Unidos y porque no puede afrontarse con una exuberante exhibición de fuerza. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong 14 ha cambiado por completo los términos de la ecuación coreana hasta el punto de que el presidente ha reconocido por primera vez que no afecta solo a la seguridad del noreste de Asia y a la de sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, sino directamente a Estados Unidos: las islas Aleutianas y el territorio continental de Alaska. Y ha dado especial valor a la puntualización hecha por Philip Bump en The Washington Post: “Olvidamos a veces que la retórica del presidente Trump no se forjó durante años de análisis políticos o en discusiones con expertos en política exterior y asuntos internos, sino en la entrevista telefónica semanal con Fox and Friends (un talk show)”.

El recordatorio resulta pertinente porque es una forma simple y rápida de prever el acercamiento a la crisis que puede realizar el presidente más allá de los factores que objetivamente la delimitan:

-Corea del Norte ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en real, gestionada además por un dirigente imprevisible, Kim Jong-un, necesitado de gestos contundentes para mantenerse al frente del régimen fundado por su abuelo.

-China y Rusia preservan el régimen de Corea del Norte y lo utilizan por razones diferentes, pero igualmente eficaces, en su competición a escala planetaria con Estados Unidos y más específicamente en el este de Asia.

-Cualquier recurso a la fuerza de Estados Unidos afectaría directamente a Corea del Sur y a Japón.

-La artillería pesada de Corea del Norte, situada a un tiro de piedra de la línea de armisticio, tiene a Seúl a su alcance, según le consta al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En fecha tan relativamente lejana como el 22 de junio del 2006, Ashton B. Carter, futuro secretario de Defensa de Barack Obama, y William J. Perry, uno de los secretarios de Defensa de Bill Clinton, firmaron un artículo en The Washington Post, recordado ahora por The New York Times, que contenía la siguiente afirmación: “Si Corea del Norte persiste en sus preparativos para el lanzamiento [de misiles], Estados Unidos debe dejar clara inmediatamente su intención de bombardear y destruir” las instalaciones en tierra. Eran los tiempos de George W. Bush, tan aguerridos, pero en el caso coreano prevaleció la creencia de que carecía el país de capacidad para dotarse de un pequeño arsenal nuclear que lo convirtiera en un territorio inatacable ante el riesgo de una respuesta con armas atómicas.

Hoy puede decirse que Estados Unidos renunció a limitar la capacidad de su adversario mediante la adaptación al caso de la doctrina de contención del enemigo, desarrollada por George F. Kennan en los albores de la guerra fría con la Unión Soviética, y en cambio ahora parece la única salida apropiada para un conflicto que ha crecido exponencialmente, aunque “esto no soluciona el problema; es solo una forma de vivir con él”, según el análisis de David E. Sanger en The New York Times. Pero esta contención del enemigo debe excluir un análisis meramente militar o especialmente militar de la situación por las antedichas implicaciones; debe, por el contrario, buscar la negociación y la complicidad internacional para evitar riesgos mayores, tal como ha transmitido a Trump el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un camino complejo, pero más seguro que el recurso a los generales, y al alcance de la mano de los tres tenores (en la reunión en Hamburgo del G20, el presidente de Estados Unidos tiene cita con Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia).

En este enfoque con predominio de la diplomacia, respaldada por la potencia de fuego, la finezza es esencial. ¿La tiene Trump, exigido por los halcones del Partido Republicano, pero aconsejado por el general Herbert R. McMaster, un analista bastante respetado en Washington? Las dudas ensombrecen el cielo de la Casa Blanca. Philip Bump ha recordado esta semana, en un análisis que se remite a la cuenta de Twitter del presidente, algunos de sus mensajes más rotundos, como este del 8 de abril del 2013: “Pienso que China tiene un control total de la situación (…) [Corea del Norte] no podría existir ni un mes sin China. Y pienso francamente que (…) China no es nuestro amigo”. Ni absolutamente falso ni absolutamente cierto, sino más bien una simplificación de una realidad llena de matices no siempre evidentes, desaparecidos definitivamente en el fragor de la campaña –marzo del 2016–, cuando tachó al líder norcoreano de maníaco y reprochó a Obama no despachar una fuerza de choque al teatro de operaciones (él dijo haberlo hecho en abril del año en curso, pero en realidad nunca hubo barcos en ruta).

No es la primera vez que una Administración siente a su espalda el aliento de la amenaza nuclear. El presidente John F. Kennedy tuvo que afrontar en octubre de 1962 la crisis provocada por la instalación en Cuba de silos de misiles soviéticos de alcance medio, y en aquella ocasión, a pesar de las presiones de una parte del generalato, esa finezza de la que ahora se duda hizo posible una salida que conjuró el Armagedón y, de paso, sistematizó para siempre la guerra fría, la alejó de situaciones altamente peligrosas o ingobernables. Hoy no hay sistema o el sistema está poco asentado, depara sorpresas todos los días y, por esta razón, requiere más que nunca la intervención de gestores que rehúyan los planteamientos binarios, que no comulguen con la creencia de que es posible aplicar soluciones fáciles a problemas enrevesadamente complejos.

“Para un presidente casado con su propia versión de las fake news –pudiera decirse posverdad–, la manera más fácil de afrontar una verdad inconveniente puede ser redefinir o simplemente soslayar la línea roja original”, aquel presupuesto a partir del cual solo es posible una respuesta o reacción contundente, sostiene el analista John Nilsson-Wright, del think tank Chatham House. Pero, en el caso norcoreano, es poco menos que imposible no darse por enterado de que el lanzamiento del misil intercontinental ha ido más allá de cualquier previsible amenaza o línea roja, es imposible consagrar la improvisación para gestionar el problema sin tomar decisiones que blinden la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados sin agravar la situación, grave de por sí.

David Talbot recuerda en su libro La conspiración que el presidente Kennedy creía que la guerra en la era nuclear “constituía un asunto demasiado importante” como para que quedara en manos de los generales. Eran los tiempos de Curtis LeMay y otros uniformados de gatillo fácil, dispuestos a desencadenar una hecatombe planetaria con tal de barrer a la Unión Soviética de la faz de la Tierra. ¿En qué papel se siente más a gusto Trump: en el de Kennedy o en el de LeMay; en el de posibilista paciente o en el de comandante en jefe desbocado? A saber.

 

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Manchester, la tragedia de siempre

La atrocidad de este lunes en el Manchester Arena constituye un capítulo más del inconmensurable fracaso colectivo que lleva por nombre multiculturalidad, cada vez más desprestigiada. Cuando de nuevo un joven, Salman Abadi, nacido y criado en el seno de un determinado modelo sociocultural, arremete contra él con inusitada violencia, lo menos que puede decirse es que algo fundamental no funciona en los mecanismos de cohesión social. Cuando personas huidas de regímenes aborrecibles –el del coronel Gadafi para el caso– e instaladas en una sociedad de acogida desencadenan el horror parapetadas detrás de la religión, solo cabe concluir que vivimos inmersos en una doble crisis, de civilización y de identidad, promovida por una minoría suficientemente dinámica como para extender una angustiosa psicosis de inseguridad colectiva.

Nada hay en el episodio de Manchester especialmente diferente de lo ocurrido antes en tantos lugares de Europa y nada será demasiado diferente en los envites del terrorismo global que nos deparará el futuro porque se ha consolidado en el universo yihadista una mezcla de resentimiento, nihilismo, fanatismo ideológico y certidumbres esotéricas (el martirio) que demuestra tener un poder de captación y convicción de una eficacia enorme. Y esas constantes vitales no corren peligro en tanto Occidente no admita errores flagrantes y siga prevaleciendo en la opinión pública del mundo musulmán la  sensación de afrenta permanente. “Hemos cometido agresión armada contra pueblos soberanos que no nos han atacado a nosotros con el propósito de mantener el terror fuera de las calles de Gran Bretaña”, ha escrito Simon Jenkins en el periódico progresista The Guardian. Y esa actitud preventiva es la que lleva a Jenkins a relacionar con la tragedia última la política exterior de Tony Blair, David Brown y James Cameron, tan sometida a la de Estados Unidos. No se trata de una justificación de la canallada cometida por un fanático, sino de una explicación que intenta establecer una relación lógica entre causas y efectos.

De la misma manera que H. A. Hellyer, un analista del think tank Atlantic Council, abunda en el error occidental de exigir a los musulmanes que hagan más “para luchar contra el extremismo, soslayando que los musulmanes británicos también fueron atacados”. Observa Hellyer una asimetría evidente entre esa exigencia y otros sucesos dolorosos, provocados por occidentales de educación cristiana, que no llevaron a nadie a reclamar a Occidente mayor compromiso contra los apocalípticos. Así el caso de Anders Breivik, citado en el artículo, el supremacista blanco e islamófobo que el 2011 asesinó a 77 jóvenes noruegos, cuya acción no desencadenó ninguna forma de reproche o de exigencia de responsabilidades, como por lo demás es del todo lógico, a la comunidad blanca bautizada en iglesias protestantes a la que pertenecía Breivik.

La suma de dos lógicas perversas, la de los daños colaterales causados por armas presuntamente inteligentes y la del choque de civilizaciones, que lleva directamente al enfrentamiento entre Occidente y el islam, explica en gran parte la crispación de un presente inquietante. Los daños colaterales han causado tantas víctimas inocentes en comunidades musulmanas que se han convertido en uno de los combustibles más eficaces para mantener en funcionamiento la máquina del odio; la consideración del choque de civilizaciones como algo irremediable mantiene en pie de guerra a lo peor de cada parte y justifica toda clase de barbaridades, sectarismos y opiniones atropelladas. Basten como prueba de todo ello las explicaciones delirantes del Estado Islámico después de la matanza de Manchester o la reclamación de una “solución final” hecha a través de Twitter por Katie Hopkins, de la emisora británica LBC, que remite sin estaciones intermedias a la limpieza étnica, al genocidio planificado y, en definitiva, al Holocausto perpetrado por la Alemania nazi.

Son enormes las dificultades de inserción de la tradición musulmana en aquella heredera de las Luces, pero hay demasiados ejemplos de que no solo es posible, sino deseable y fructífera, como para seguir dando pábulo a los profetas del enfrentamiento inevitable. Y siguen sin respuesta desde hace demasiado tiempo varias de las siete preguntas formuladas en el 2012 por Tariq Ramadan, un intelectual musulmán difícil de clasificar y bastante discutido desde diferentes frentes ideológicos laicos europeos. Las preguntas son estas:

-¿Quién es musulmán y cuáles son los derechos de alguien que sea reconocido como tal?

-¿Está justificado el uso de la violencia?

-¿La sharia es un cuerpo legal cerrado o un cuerpo abierto de principios potencialmente compatibles con fuentes extranjeras como la democracia?

-¿Se debe crear un partido político islamista o es preferible mantener el estatus de organización religiosa y social?

-¿Cuál debe ser la función de las mujeres en la organización y en las sociedades mayoritariamente musulmanas?

-¿Cuáles deben ser las relaciones con personas de otras creencias –o sin creencia alguna– dentro de la sociedad?

-¿Hay otras opciones, además de la oposición en la relación con Occidente?

En cierta medida, se trata de interrogantes elementales, que debían haber obtenido respuesta hace decenios, mucho antes de que los formulara Ramadan, pero la dinámica histórica del colonialismo y del poscolonialismo quizá lo hizo imposible. Este quizá es ineludible porque algunos musulmanes respondieron a estas preguntas hace tiempo, convencidos de que la mejor defensa de los derechos del creyente es situar la práctica religiosa en el apartado de la vida privada de cada individuo, en el ámbito de su autonomía intransferible. Otros, por el contrario, se arrogan el derecho a hacer ostentación de sus convicciones religiosas, a parapetarse en el legado de sus ancestros para difundir una ideología congelada de inspiración religiosa, a entender cualquier otro credo como un adversario en el campo de batalla. Pero la islamofobia vociferante que prolifera en Europa no anda muy lejos de esa actitud aguerrida que lleva sin remedio a la confrontación. Y la gestión de todo ello solo como un problema de seguridad no hace más que aplazar la consideración de otros aspectos del desafío planteado por los muyahidines de la guerra santa.

El primero de todos ellos es la existencia de sociedades desarticuladas, cuando no excluyentes, que fomentan indirectamente la cultura del gueto. El segundo es la disfunción permanente del mercado de trabajo, que opera como un filtro y corta el paso al desarrollo de muchos jóvenes. El tercero es la aceptación de que los estados laicos no escapan a las contradicciones inherentes a sociedades mayoritariamente secularizadas, pero que cobijan importantes minorías cuya vida se articula a través de la religión (de diferentes religiones). No se trata de impugnar el Estado aconfesional; se trata de aplicar soluciones diferentes a sociedades diferentes que hace tiempo dejaron de ser homogéneas; se trata de actuar de forma inteligente y sin los prejuicios que exhiben todos los días los partidarios de la exclusión social.

La propensión de los gobiernos a creerse en posesión de la verdad lleva directamente al desastre. No hay otro responsable inmediato de la tragedia de Manchester que el suicida que se inmoló a la salida de un concierto, pero no pueden soslayarse los mecanismos que llevaron a un ciudadano británico a abrazar la versión más violenta y alejada del islam del siglo XXI. De hecho, se está cumpliendo algo que adelantó Jean-Pierre Filiu, el nacimiento de una nueva religión desgajada del mejor legado musulmán, un proceso degenerativo cuyo ecosistema ideal se encuentra en la periferia de muchas grandes ciudades de Europa. No está en discusión que el primer deber de los gobiernos es garantizar razonablemente la seguridad de los ciudadanos; sí lo está la incapacidad de los gobernantes para generar complicidades en el seno de comunidades vulnerables, desencantadas.

La yihad alimenta a la serpiente

Mientras brotan las emociones a flor de piel a raíz del ataque terrorista en Londres, dejan oír su voz cuantos están dispuestos a sacar partido de la tragedia para sus propios fines. Mientras la prudencia y los llamamientos a la unidad impregnan los discursos en la Cámara de los Comunes y en la calle, Paul Nuttal, líder del UKIP (ultranacionalismo islamófobo), y su antecesor, Nigel Farage, llenan los medios con improperios y rescatan de su programa la división entre ciudadanos británicos musulmanes, siempre bajo sospecha, y no musulmanes, siempre bajo amenaza de los primeros. Mientras los gobiernos buscan el origen de todo en Oriente Próximo, resulta que el atacante se llamó Adrian Russell hasta convertirse en Khadir Masood y transformar un coche y un cuchillo de cocina en armas de guerra.

Así están las cosas: una serie de obviedades y contradicciones dejan de lado dos datos muy reales: el final del Estado Islámico, de producirse, estará lejos de ser, al mismo tiempo, el final de la pesadilla, y la prédica apocalíptica del yihadismo ha hecho del Daesch el banderín de enganche de diferentes formas de radicalización y nihilismo en las sociedades europeas. Puede el califato incipiente sufrir una derrota rotunda en los campos de batalla de Siria e Irak, pero es improbable que tal suceso mengüe la determinación de quienes han hecho del combate contra Occidente su causa mayor, su razón de ser. Puede la sociedad clamar por el fin de la violencia con la determinación que se ha hecho en los últimos años, pero mientras subsistan agravios comparativos, desigualdades lacerantes y comunidades condenadas al gueto, los profetas de la acción directa encontrarán un auditorio minoritario, pero suficiente, de lobos solitarios, células durmientes y otras modalidades de terror no necesitado de un comando o dirección central: le basta con esperar la ocasión, golpear y huir si es posible.

Como le hace decir William Shakespeare a Bruto en Julio César, “entre la ejecución de un acto terrible y su primer impulso, todo el intervalo es como una visión o como un horrible sueño”. Pero luego todo tiene su lógica y la siembra de la muerte se justifica mediante la invocación ensimismada de un objetivo irrenunciable. El desconocimiento pasmoso del islam detectado entre los conversos adscritos a la guerra santa carece de importancia; lo que realmente los mueve es infligir el mayor daño posible con la mayor repercusión posible en los medios. Como dice Jean-Pierre Filiu en Las 9 vidas de Al Qaeda, esta organización “supo sacar el mayor provecho de la mundialización de los intercambios humanos, con el fin de amalgamar en su matriz militantes de horizontes muy diversos”, y el Estado Islámico ha sabido llevar esta estrategia hasta sus últimas consecuencias.

La petición de Simon Jenkins, un analista del periódico liberal The Guardian, de que no se llenen “páginas de los periódicos y horas de televisión y radio con palabras como miedo, amenaza, terror, maníaco o monstruo” o de que no se presente a Londres “como escenario de una película de miedo”, todo ello con el fin de disipar la atmósfera de histeria, es un requerimiento razonable, pero de imposible cumplimiento. No hay  posibilidad de objetivar la matanza de igual forma a como un científico objetiva un fenómeno físico, porque el factor humano es determinante y la reacción emotiva, inevitable. De no producirse, los motivos de alarma deberían ser por lo menos tan grandes como los que suscitan el discurso desabrido de cuantos quieren manipular la emotividad en beneficio propio (los populismos que desafían la realidad con remedios simples para atender a males complejos).

Al cumplirse 60 años de la firma del Tratado de Roma, los europeos contemplan estupefactos que la serpiente ha anidado en sociedades prósperas, democráticas y que confiaron en su día en el pacto social de la posguerra para atemperar las desigualdades. Quizá sea más exacto decir que la serpiente ha anidado de nuevo en una comunidad muy diferente a aquella de los años 30 que se abismó en la catástrofe, pero no menos necesitada de respuestas y certidumbres, no solo a causa del Brexit y de la crisis de los refugiados, dos acontecimientos perturbadores, sino de la confusión reinante acerca de cuál debe ser el rumbo futuro, cómo ensamblar en una sola comunidad cohesionada perfiles tan diferentes como los que cabe encontrar en cualquier calle de cualquier gran ciudad europea.

En el análisis clásico de los grandes conflictos, se tiende a considerar tres factores en el origen de toda confrontación: el choque de identidades, la rivalidad entre religiones y la desigualdad económica. En este conflicto que siembra la muerte por Europa se dan los tres frentes. La multiculturalidad ha resultado ser un intento fallido de constituir una sociedad basada en un pluralismo integrador, y la interculturalidad, necesitada de alguna forma de mestizaje, apenas se ha hecho realidad en reductos minoritarios. Londres es un buen ejemplo de todo ello: la organización de diferentes comunidades homogéneas en un mismo espacio urbano, que rara vez han ido más allá de la coexistencia, ha hecho posible una sociedad culturalmente fragmentada, donde los discursos incendiarios han encontrado un público predispuesto, minoritario, pero extremadamente activo. Y en cada conurbación europea, con intensidad y características diferentes, se ha repetido el mismo modelo de fracaso.

Dice el periodista Patrick Cockburn que el Estado Islámico es hijo de los errores cometidos por Occidente en Oriente Próximo. Quizá la idea sea extensiva a la floración de muyahidines en Europa, sin que ello sea ni por asomo una justificación de sus desmanes. El riesgo está en que los gobiernos abunden en el error y solo gestionen la situación como una crisis de seguridad, olvidando los factores sociales y la necesidad de poner en marcha programas dinámicos de integración. Si esto sucede, se mantendrán inamovibles los ingredientes estrictamente europeos que han propiciado la crisis y, en última instancia, volverá a planearse el consabido y falso dilema entre libertad y seguridad. Sucedió después de los atentados de París (13 de noviembre de 2015), Bruselas (22 de marzo de 2016) y Berlín (19 de diciembre de 2016), y el estado de ánimo de algunos gobernantes europeos que deben rendir cuentas a una opinión pública asustada es peor al de hace unos meses. Porque detrás del telón se agitan los populismos que ven en el atentado de Londres otro presagio de que quizá pronto alcanzarán el poder (ahora ya lo condicionan).