Información frente a populismo

“Soy lo bastante viejo para recordar cuando lo mejor acerca del populismo fue que no fue popular”, recuerda Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford, en un artículo difundido esta semana por diferentes medios. Hay en las primeras líneas del texto, titulado Populismo contra los medios, una sombra de añoranza muy parecida a la que se proyecta sobre una gran variedad de cabeceras, emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales y toda clase de canales informativos que, de repente, sienten haber asumido el papel de última frontera frente a las estrategias de intoxicación informativa puestas en marcha por los conglomerados populistas que encabezan el asalto a las sociedades abiertas, a los valores de la democracia y al derecho a discrepar.

Mientras el diplomático español Emilio Menéndez del Valle se pregunta, sin asomo de retórica o provocación, si “está el régimen que Donald Trump comienza a establecer en EE.UU. a medio camino entre el tinglado de Putin y el de Xi”, el diario The Washington Post, una de las Biblias liberales de Estados Unidos, crea un equipo para desvelar las mentiras construidas por el equipo presidencial. Mientras Marine Le Pen, líder ultra francesa, fuerza una situación imposible en Beirut al visitar una mezquita, varias televisiones salen al paso de la provocación y se ocupan de recordar que mujeres con responsabilidades de gobierno o representación, han accedido a cubrirse la cabeza, entendiendo que el huevo muchas veces es más importante que el fuero. Mientras el corresponsal de Die Welt en Turquía, Deniz Yücel, es detenido bajo una extravagante acusación de terrorismo después de informar sobre la existencia de correos electrónicos comprometedores para un ministro, familiar del presidente Recep Tayyip Erdogan, varios periódicos europeos se movilizan para conjurar la arbitrariedad. Por no hablar de las autoridades de Polonia y Hungría, “ejemplos preocupantes de políticos que utilizan la retórica nacionalista y populista para alcanzar objetivos que apestan a autoritarismo incipiente”, dice Patten.

La diferencia entre Trump y Le Pen, por un lado, y Erdogan o los gobernantes húngaros y polacos, por otro, es que mientras estos últimos pertenecen a democracias degradadas (Turquía) o recién llegadas, las tradiciones democráticas en Estados Unidos y Francia cubren un muy largo recorrido. Puede decirse que el presidente de Estados Unidos y la líder del Frente Nacional han crecido en dos de las culturas democráticas más antiguas e influyentes, piedras sillares de las sociedades abiertas, de los regímenes deliberativos y de la libertad de opinión. Y en ambos casos, sin embargo, ven en el papel desempeñado por los medios, en el control de la prensa sobre el funcionamiento del sistema, el “partido de la oposición” en palabras de Steve Bannon, un demagogo de ultraderecha instalado por Trump en el Casa Blanca y en el Consejo de Seguridad Nacional.

Así es cómo la misión de la prensa en sociedades con un reparto pautado del poder ha cobrado de pronto una relevancia desconocida, más próxima a los periodos de excepción –la guerra de Vietnam, el caso Watergate, la transición española, entre otros momentos– que aquellos otros que transcurren sin grandes sobresaltos. Donald Trump ha activado los resortes de la contestación en los términos descritos por Antonio Franco el último viernes en EL PERIÓDICO: “Lo único que vertebra a quienes le plantan cara son las verdades que explican algunos medios de comunicación. Por eso el nuevo presidente los insulta y ha abierto un debate nacional sobre su legitimidad con dos eslóganes: Deben mantener la boca cerrada y Son los enemigos internos del país”.

En la agresividad ejercida desde el Despacho Oval advierte Patten una guerra contra los medios, y en la obsesión de considerar noticias falsas todas las que se apartan del halago, percibe el germen de una situación muchas veces repetida: “En los sistemas autoritarios o casi autoritarios, los medios se ven siempre como una amenaza, cuando no como objetivos para la represión”. Al mismo tiempo, los grandes medios razonablemente independientes adoptan una doble posición defensiva (de protección) y de escrutinio permanente de cuanto procede del poder. Una actitud muy próxima a la “moral del inconformista”, en expresión de Michel Foucault; una forma de contrarrestar la realidad virtual en construcción mediante hechos alternativos, un eufemismo desvergonzado que encubre lo que no son más que falsedades.

“Pensar es duro. La verdad es complicada. El enfoque es frágil. No hay duda: los tuits son excelentes para robar nuestra atención”, escribe el profesor Marty Kaplan. Pero aclara enseguida que la última frase no es un halago; es más bien una certificación, cabría añadir: la profusión de mensajes de 140 caracteres, una cadena interminable de parainformaciones, no da respiro a los seguidores, es una forma como cualquier otra de desviar la atención, de enturbiar la realidad sustentada en datos y de bloquear los mecanismos de análisis de los acontecimientos. Frente a esta fenomenología de lo que no da tiempo a comprobar, los medios cumplen una función crucial de esclarecimiento, sin que en ningún caso puedan pretender que son depositarios de una verdad absoluta e indiscutible, una característica de los tuiteros compulsivos que operan desde los despachos del poder o en su nombre.

Al mismo tiempo, los medios se asignan en muchas ocasiones la misión contraria al acercamiento a la realidad empírica: desafían algunos de los valores que desde hace mucho tiempo apuntalan “la salud y la vitalidad de la democracia”, subraya Chris Patten. Se refiere el articulista a algunos periódicos e informativos británicos a propósito del Brexit, pero no resulta especialmente difícil hacer extensivo el panorama a otros lugares, así se trate de Fox News, de la prensa que pilota Rupert Murdoch o de las televisiones rusas, controladas desde el despacho de Vladimir Putin sin ningún disimulo. No se trata de deslegitimar el pensamiento conservador frente al progresista, de ver en todas partes el fantasma del populismo o de poner bajo sospecha todo lo que queda fuera de la tradición liberal, sino de proteger la herencia liberal frente a quienes quieren destruirla utilizando, por cierto, instrumentos que solo existen en las sociedades democráticas de tradición liberal. Algo que ha descubierto demasiado tarde el republicanismo clásico en Estados Unidos, que transigió con la colonización del partido por la ultraderecha nacionalista en nombre de su eficacia electoral y que hoy no se reconoce en las bravuconadas amenazantes de Trump a todas horas.

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

Rusia regresa a las esencias

Las maniobras de la OTAN en Polonia han dado renovados bríos al léxico de la guerra fría, tantas veces enterrada. Frente a la idea más común de que la atmósfera de recelos y confrontación entre el Este y el Oeste se desvaneció en el momento en que la URSS dejó de existir y el modelo occidental ganó el envite, se alza la realidad: la reaparición de formas bastante abruptas en las relaciones de dos mundos poco o nada reconciliados. Frente a la estrategia de la OTAN de llevar sus fronteras hasta el límite occidental de Rusia se alza el renacimiento de un nacionalismo ruso que otorga a Vladimir Putin los atributos de guía predestinado que en el pasado, por diferentes razones, fueron patrimonio de los grandes líderes de la consolidación de Rusia, primero, y de la URSS, después.

¿O no hubo tal consolidación y el universo ruso no dejó de emitir señales de debilidad incluso en sus periodos más resplandecientes? Esa es la tesis que sostiene Stephen Kotkin, profesor de las universidades de Princeton y Stanford, en el último número de Foreign Affairs, idea reforzada a partir de diciembre de 1991 por una menor influencia a causa del desmoronamiento soviético, la pérdida de territorios, la adhesión a la OTAN de los antiguos aliados y de las pequeñas repúblicas bálticas (antes parte de la URSS), la frecuente marginación en las crisis internacionales y, en última instancia, por las dificultades económicas derivadas de las sanciones impuestas por Occidente y por el hundimiento de los precios del petróleo. Pero también por la sensación de vulnerabilidad o de acoso provocada por el despliegue del escudo antimisiles, por su relativa incomparecencia en las crisis encadenadas en Oriente Próximo hasta que decidió intervenir en Siria y por su ausencia de Asia central, salvo unas pocas bases militares.

Si es una constante histórica de Rusia por los menos desde Pedro el Grande (siglos XVII y XVIII), sino antes, que se pregunte a sí misma cuáles deben ser sus límites, hoy es cada vez más frecuente plantear una segunda incógnita: ¿a partir de qué momento la seguridad del país está en juego? Que en ambos casos el nacionalismo sea el punto de partida ideológico no quita importancia a esa especie de duda existencial permanente que Putin ha puesto al día y que su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha resumido en una sola frase: “No ocultamos nuestra actitud negativa al movimiento de infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras y a la inclusión de nuevos estados [Suecia, Finlandia y Ucrania] en la actividad militar del bloque”.

No es menor la importancia de la OTAN en la configuración de ese escenario de referencia. Desde la anexión de Crimea por Rusia y la guerra en Ucrania, ahora en fase letárgica, el cálculo de riesgos elaborado por Estados Unidos y sus aliados se concentra en las tres repúblicas bálticas y en el flanco sur. Ese es el análisis de los generales que, al mismo tiempo, niegan que el escudo antimisiles debilite la capacidad de disuasión del arsenal estratégico ruso (armas nucleares), una opinión diametralmente diferente a la manifestada por los analistas del Kremlin.

El multilateralismo practicado por la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama tampoco es ajeno al éxito de Putin como defensor de las esencias, de una determinada concepción de la Rusia eterna o de la santa Rusia, citada a menudo por el clero ortodoxo y bendecida por él. Con razón o sin ella, los dirigentes rusos se han sentido marginados en la revisión del sistema de relaciones internacionales, han recordado la debilidad enfermiza del país en tiempos de Boris Yeltsin y su repliegue de todas partes y a toda prisa y han optado por prometer a la opinión pública que la Rusia inexpugnable está de vuelta. Favorecido todo por un fenómeno de despolitización de la calle, que acepta sin asomo de duda un proyecto de renacimiento nacional que, por lo demás, debiera ser compatible con una economía aquejada de anemia y minada por la corrupción. “Ahora las autoridades creen que no tienen necesidad de cambiar sus políticas a no ser que la popularidad de Putin caiga dramáticamente. Pero es precisamente su profunda aversión a cambiar lo que mantiene altos estos índices”, ha escrito Gleb Pavlovsky en The Moscow Times.

Al mismo tiempo que no son pocos los análisis relativos a la viabilidad futura de la política de Putin, una sociedad conservadora y que en el pasado se sintió humillada cree llegado el momento de recuperar el tiempo perdido, y esa nueva guerra fría o diplomacia fría con Occidente le parece la mejor señal de que el presidente hace lo debido. Los éxitos alcanzados por la aviación rusa en apoyo del régimen de Bashar al Asad, el derribo de un caza que violó el espacio aéreo turco, las medidas anunciadas por Lavrov, aunque no detalladas, para contrarrestar las maniobras en Polonia son episodios que dan pie a una permanente política de las emociones y evitan hacer frente a datos tan definitivos y determinantes como que el PIB nominal ruso equivale a la trigésima parte de los 36 billones de dólares que suman Estados Unidos y la Unión Europea.

“Rusia lleva razón al pensar que la posguerra fría fue desequilibrada, incluso injusta. Pero no fue a causa de ninguna humillación intencionada o traición. Fue el resultado inevitable de la victoria decisiva de Occidente en la contienda con la Unión Soviética. En una rivalidad multidimensional global –política, económica, cultural, tecnológica y militar–, la Unión Soviética perdió en todos los ámbitos”, subraya Stephen Kotkin. Pero son justamente los desequilibrios que llevaron a la humillación, fuese o no intencionada, los que han permitido a Putin ser la última encarnación del nacionalismo y han animado a los nuevos teóricos del eurasianismo, doctrina o escuela que ni considera europea ni asiática la cultura rusa, sino una fusión de ambas. Lo que lleva directamente a considerar acuciante la necesidad de que la relación de Rusia con su entorno no se atenga a la lógica europea, sino que sea independiente de esta y le discuta la hegemonía. Con maniobras o sin ellas; vaya la economía mejor o peor.

Una tregua bombardeada

La degollina de Alepo certifica la debilidad de la gestión política de la guerra en Siria a partir de la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos frutos más visibles hasta la fecha han sido la tregua acordada a finales de febrero y las negociaciones iniciadas en Ginebra entre el Gobierno y la oposición. El único resultado tangible de las conversaciones es que han sobrevivido a toda clase de vacilaciones y zozobras; los bombardeos de la última semana amenazan con sepultar el alto el fuego aunque el pretexto para martirizar Alepo es acabar con los focos de resistencia terrorista que cobija y que alimentan la guerra. Al sumar la atmósfera de Ginebra a la matanza en curso, una más, se adueña de los análisis la idea expresada por diferentes integrantes del Alto Comité de Negociaciones, que engloba a la oposición y varios grupos armados apoyados por Occidente, Arabia Saudí, Catar y Turquía: el desarrollo de los acontecimientos en Ginebra depende de las acciones sobre el terreno en Siria. Dicho de otra forma: el riesgo de que sucumban las negociaciones es hoy mayor que nunca.

Como ha manifestado Basma Kodmani, uno de los delegados de la oposición desplazado a Ginebra, la continuidad del diálogo “depende de cuanto pasa sobre el terreno y del mando que controlan rusos y estadounidenses” a distancia, o según conviene a la barroca complejidad de las desavenencias entre la Casa Blanca y del Kremlin. Para Vladimir Putin, salvar el régimen de Bashar al Asad es el objetivo principal y el combate contra el Estado Islámico es secundario, al menos por el momento; para Barack Obama, lo que más importa es acabar con el califato e insertar a Siria en el dispositivo general de seguridad de Oriente Próximo. Para el presidente de Rusia, nada es más importante que asegurarse un papel relevante en la región; para el de Estados Unidos, en año electoral, toda muestra de debilidad se convierte en un arma que carga el diablo y pone en manos de los republicanos, singularmente del imprevisible Donald Trump, promotor exaltado de un incremento del presupuesto de defensa para disponer de una force de frappe amedrentadora en cualquier lugar y circunstancia.

De acuerdo con la descripción de Dmitri Trenin, del Carnegie Moscow Center, Rusia actúa en Siria para restaurar su papel de gran potencia en la región,  condición que perdió cuando el último presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, se retiró del escenario al comienzo de la primera guerra del Golfo. Además, sostiene Trenin, la política de Putin persigue otros objetivos menos llamativos, pero no menos importantes: contener y disminuir la presión del islamismo radical; apoyar a regímenes y fuerzas aliadas en la región; asentar el despliegue militar en y alrededor de la región; ampliar la presencia militar rusa en los mercados de armas, nuclear, de gas, de petróleo y de alimentos de Oriente Próximo; atraer a inversores de los países del Golfo y concertar con los grandes productores del Pérsico una política de precios sostenible en los mercados energéticos. En suma, el objetivo ruso es consolidarse como un interlocutor ineludible de igual manera a como Estados Unidos lo es, con la diferencia de que Obama intenta ahorrarse el coste económico y político de otra guerra.

La percepción del conflicto que tiene la opinión pública europea es sustancialmente diferente al que manejan rusos y estadounidenses. La capacidad de actuación del Estado Islámico en suelo europeo a través de una red muy dinámica de militantes dispuestos a inmolarse, la presencia de los refugiados en el Egeo, y de allí al corazón del continente, y el efecto que todo ello tiene en las políticas nacionales sitúa la neutralización de los yihadistas en el centro del debate. Pero tal operación es inseparable de una implicación decidida en la guerra –qué hay que hacer, en qué condiciones, en cuánto tiempo, etcétera–, y ahí las sociedades europeas se muestran reticentes. Y aunque cada día son más las voces que consideran ineficaz el combate contra el islamismo en armas si se afronta solo como un problema de seguridad, las iniciativas relacionadas con la presencia activa en Siria son tan modestas o más que aquellas necesarias para actuar en un entramado económico que es de facto un criadero de muyahidines, en Europa y en el orbe musulmán.

Salvo en la coordinación cada vez más estrecha de la comunidad de inteligencia europea y en el almacenamiento de refugiados en Turquía, sigue en pie la pregunta de Henry Kissinger: ¿qué número hay que marcar para conocer la posición de Europa? En la laberíntica guerra siria, en la que coinciden en el campo de batalla los generales de un régimen vesánico, diferentes islamismo políticos, musulmanes deseosos de construir un Estado laico, profetas del Apocalipsis, los socios de Al Qaeda (Al Nusra) y los combatientes del califato, las actitudes contemplativas son clamorosamente estériles, y las reacciones viscerales o emocionales –la de François Hollande después del 13 de noviembre, por ejemplo– apenas sirven para modificar el curso general de los acontecimientos; puede que ni siquiera sean útiles para tranquilizar a sociedades asustadas. El poder blando europeo es un valor en sí mismo, pero solo es eficaz cuando se fundamenta en la unidad de acción, algo que está lejos de haber logrado la Unión Europea después de más de cinco años de guerra en Siria.

La carnicería en un hospital de Médicos sin Fronteras y en una clínica deslegitima a quienes ordenaron el bombardeo, invalida toda justificación y pone en evidencia una vez más la textura moral del régimen sirio, pero es improbable que las imágenes de la tragedia y el testimonio de las víctimas modifiquen el comportamiento de las partes implicadas en la crisis y sus asociados. Por el momento, no hay una alternativa a la guerra y al sectarismo que contente a los aliados respectivos del Gobierno sirio y de las oposiciones, representantes de un variopinto espectro ideológico. El propósito alentado en febrero por Staffan de Mistura, mediador de las Naciones Unidas, para celebrar en 18 meses unas elecciones sometidas a control o tutela internacional estuvo tan cargado de buenas intenciones como falto de realismo. Como dijo en su momento Kofi Annan, ninguna de las partes está dispuesta a salir con heridas visibles de un proceso en el que, además de la presencia inevitable de Bashar al Asad o de sus herederos, apoyados por Rusia, tendrían algo que decir y defender Irán, China, Turquía, la Unión Europea y, desde luego, Estados Unidos, directamente o a través de sus respectivos socios en las trincheras. Aquella idea angelical de las elecciones que todo debían curarlo se antoja una utopía; es ilusorio creer que bandos irreconciliables pueden aceptar el dictamen de las urnas, puestas en medio de los cascotes humeantes de la guerra civil.

El escritor sirio Basel al Awadat ha descrito la falta de resultados en el foro de Ginebra con una frialdad muy precisa: “Rusia siguió apoyando la posición del régimen [sirio] y comenzó a decantarse por otras oposiciones. Además, hizo propuestas para sustituir a la principal delegación negociadora de la oposición por otra que incluya a otros opositores menos extremistas y más próximos a la visión del régimen. Mientras tanto, este seguía violando la tregua y bombardeando las ciudades que apoyan a la oposición. Estados Unidos, por su parte, se limitó a contemplar lo que sucedía sin reaccionar en señal de apoyo a la oposición, e incluso el enviado de la ONU para Siria y encargado de la supervisión de las negociaciones, Staffan de Mistura, se tomó a la ligera la decisión de la oposición de abandonar las negociaciones, que lo calificó de ‘show diplomático’, y confirmó que las negociaciones seguirían su curso con quienes estuvieran presentes”. Diríase que se impusieron las actitudes políticamente correctas, aquellas del todo previsibles, sin que fuesen alteradas ni por un momento por la hecatombe de Alepo. Hay demasiado en juego, según parece, para que alguien ose romper las perversas reglas de un juego que puede llegar a considerar la guerra un mal menor.

 

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

EEUU duda de nuevo de los saudís

El asesinato de un piloto jordano, quemado vivo por el Estado Islámico (EI), y la venganza jordana de ahocar a dos terroristas condenados a muerte, pero con la pena capital suspendida en el país desde el 2008 , han llevado la degradación moral del caos en Oriente Próximo hasta límites insospechados, si es que ello era o es posible. El relato de los atropellos cometidos por las huestes del califato empalidece cualquier referencia anterior de la crueldad en directo como instrumento de propaganda para sembrar el terror o ganar adeptos, pero las ejecuciones decididas en Jordania, un Estado reconocido por la comunidad internacional y que cabe imaginarle comprometido con el principio de legalidad, resulta demoledor y permite albergar toda clase de dudas sobre las inquietudes de la monarquía hachemí en el plano moral. No hay en esa carrera alocada hacia la aniquilación nada que permita vislumbrar una salida decorosa; se adivina en cambio una influencia cada vez mayor de los partidarios de las soluciones radicales, de aquellos que reclaman una victoria militar por encima de cualquier otro objetivo.

No hay duda de que en el ánimo de Estados Unidos y sus aliados en las operaciones contra el Estado Islámico ha calado de forma mayoritaria el principio de que toda solución, salida, arreglo o mecanismo de control de los islamistas requiere alcanzar tal victoria. Es esta una idea genérica, poco desarrollada y que exige una dirección cohesionada de las operaciones en curso –algo que está lejos de darse ahora–, pero es el enunciado que más partidarios tiene, puesto que se descarta la viabilidad de un desenlace pactado: el EI, el ISIS, el Daech o como llamársele quiera no tiene otro objetivo que diluir Siria e Irak, poner en duda el mapa político de Oriente Próximo y someterlo a sus designios según es fácil deducir de la desaparición de facto de la frontera sirio-iraquí, establecida por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial antes del armisticio de 1918 (acuerdos Sykes-Picot de 1916).

Max Boot, un historiador militar de perfil conservador cuyas ideas tienen gran difusión en Estados Unidos, entiende que el presidente Barack Obama debe asumir que salir al paso del ISIS requiere tomar un mínimo de ocho decisiones, que detalla en un artículo publicado en la web del think tank Council of Foreign Relations. Boot escribe: “Una meta razonable para Estados Unidos no sería ni degradar el ISIS (vaga e insuficiente) ni destruirlo (demasiado ambicioso ahora), sino más bien derrotarlo o neutralizarlo, poniendo fin a su capacidad de controlar un territorio significativo y reduciéndolo, en el peor de los casos, a un pequeño grupo terrorista de alcance limitado”. Y enumera las ocho condiciones que la Casa Blanca debe cumplir:

  1. Intensificar los bombardeos.
  2. Levantar la prohibición de que los soldados de Estados Unidos combatan en tierra (boots on the ground).
  3. Aumentar el tamaño del cuerpo expedicionario.
  4. Enviar unidades de operaciones especiales.
  5. Atraer a Turquía a la guerra.
  6. Declarar el espacio aéreo sirio zona de exclusión.
  7. Movilizar a las tribus sunís de Irak y Siria.
  8. Preparar la reconstrucción Estado después de la guerra en Irak y Siria.

Lo que hace Boot en su artículo es decir en voz alta lo que en muchos despachos se dice a puerta cerrada. Es, al mismo tiempo, un ejercicio de realismo lleno de aristas porque interesa la relación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con Rusia, la pretensión de Turquía de no enredarse en un conflicto que excede su capacidad de influencia, el compromiso de los países árabes con la coalición internacional y el coste material de una estrategia más agresiva que la actual (desplazar 10.000 soldados al teatro de operaciones puede costar 10.000 millones de dólares al año). Y entraña también el riesgo de enfrentarse a una opinión pública atemorizada por la degradación de la seguridad en Occidente, pero reacia a afrontar nuevas aventuras militares en Oriente Próximo de suerte incierta que, además, pueden llevar la respuesta islamista a la puerta de su casa.

Aunque eso fuese todo, sería suficiente para comprender que los pasos a dar en la dirección que sea –la indicada por Boot o cualquier otra– son de una gran complejidad en un horizonte lleno de incertidumbres. Pero hay que añadir inexcusablemente las dudas que atenazan a una parte de la Administración de Estados Unidos, más incluso que a la opinión pública en cuanto a la solvencia y lealtad de algunos aliados, de manera especial Arabia Saudí, bajo sospecha permanente de participar en un doble juego: sumarse ahora a la causa contra el Estado Islámico después de haber promovido el fundamentalismo en el orbe musulmán; presentarse como el aliado comprensivo de Estados Unidos después del 11-S a pesar de haber financiado antes a Al Qaeda con desparpajo apenas disimulado por la corte de Riad.

En ese clima de sospecha, no pasa de ser un problema menor la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de mantener sus aviones en tierra hasta que Estados Unidos se comprometa a acudir al rescate de sus pilotos si son derribados por el EI, una consecuencia directa de la muerte del piloto capturado por los combatientes del califato. Lo que realmente importa son las informaciones difundidas estos días por The New York Times, que implican directamente a la familia real saudí, incluido el rey Salmán, que sucedió a su hermanastro Abdulá hace dos semanas. Aquello que realmente preocupa es el contenido de las 28 páginas clasificadas que contienen información recogida por los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde aparecen los nombres de saudís que prestaron “apoyo crucial a los secuestradores” y están implicados en la financiación del terrorismo. Aquello que de verdad inquieta es si las acusaciones de Zacarias Moussaoui acerca de los planes discutidos en la palacio real de Riad a finales de los años 90 –presidencia de Bill Clinton– para derribar con un misil Stinger el Air Force One son el delirio sin fundamento de un condenado o, quién sabe, las revelaciones de quien no tiene nada que perder y ha decidido poner el depósito de detritus delante del ventilador para salpicar a cuantos más, mejor.

Eso es lo que importa. Mientras sean imprecisas las respuestas a una serie de preguntas que se formulan con lógica insistencia los analistas de los Departamentos de Defensa y Estado, el plan de Boot cojea irremediablemente porque a un problema árabe-musulmán es impensable darle una solución consistente si es fruto de una actuación unilateral de Occidente en la que los gobiernos y las opiniones públicas de la región sean poco más que figurantes. El precedente de Irak está ahí para recordar a todo el mundo cuáles fueron los errores cometidos y en qué desembocaron. Cuando el dedo acusador señala una vez más al príncipe Bandar bin Sultán, embajador saudí en Estados Unidos desde 1983 a 2005 y amigo de la familia Bush, como uno de los financiadores de Al Qaeda, quedan pocas dudas acerca de la debilidad de la coalición que se enfrente al Estado Islámico. Pues si cabe la posibilidad de que la familia real saudí o parte de ella actuara con frecuencia como el banquero encubierto de Al Qaeda, ¿quién puede asegurar que la historia no se repite ahora con el califato? ¿Quién puede garantizar que el califa Ibrahim ha dejado de ser la niña de los ojos de alguno de los clérigos más influyentes de las petromonarquías?

La resolución redactada por el representante demócrata por Massachusetts Stephen F. Lynch, apoyada también por los republicanos, que anima al presidente Obama a desclasificar las famosas 28 páginas de los comités de Inteligencia es un arma cargada de riesgos. Si establece de forma meridianamente clara que los saudís jugaron con dos barajas antes y después del 11-S, agravará la crisis de confianza que mina las relaciones de la Casa Blanca con el palacio real de Riad desde hace más de una década; si el memorial no aclara nada y todo queda en una insinuación, es probable que la comunidad de inteligencia exija realizar nuevas investigaciones, comprometedoras quizá para algunos jeques árabes, para garantizar la seguridad de sus efectivos en Oriente Próximo, como se ha apuntado varias veces en los últimos años. En cualquier caso, la publicación de las 28 páginas será un ejercicio de transparencia, probablemente necesario y al que los contribuyentes tienen derecho, pero que despejará bastante poco las dudas sobre la utilidad o eficacia de la alianza militar que se opone al EI desde el aire.

¿Cuáles son los riesgos si las cosas siguen como hasta ahora?, se preguntan los estrategas del Pentágono y los diplomáticos del Departamento de Estado. La respuesta es tan simple como lógica: la prédica del Estado Islámico puede contaminar la política de Jordania y Arabia Saudí, relativamente convencional hasta ahora en ambos casos, y la de Líbano, desquiciada por la guerra civil siria, la arrogancia militar de Hizbulá y la debilidad de un reparto del poder entre comunidades que impide la cohesión del Estado. Si los efectos de esa contaminación en Siria e Irak son perfectamente medibles, ¿qué consecuencias tendría si se extendiera por toda la región como mancha de aceite? Ningún análisis resulta tranquilizador.

 

Siria, condenada a un empate sangriento

Ni siquiera el temor de la CIA a que Al Qaeda transforme una parte de Siria en una base operativa para organizar ataques contra Occidente parece motivo suficiente para que Estados Unidos y los países europeos busquen la forma de sofocar la guerra civil, que en marzo cumplió tres años. El desmantelamiento del arsenal químico del presidente Bashar el Asad contenta a quienes piensan que es mejor soportar una guerra de baja intensidad, a tenor de los informes redactados por los gabinetes de análisis, que comprometer el futuro con negociaciones inciertas que legitimen a una oposición colonizada por el yihadismo. Y eso a pesar de que la cifra de muertos –unos 160.000– crece sin cesar y la de desplazados –más de cuatro millones– galopa a lomos de la pasividad de la comunidad internacional y de las advertencias acerca de la capacidad de contaminación de la guerra a Líbano y a otros países del vecindario.

En febrero de hace dos años, al ver la luz el primer Bloglobal, cuando los muertos eran 20.000 y los desplazados eran quizá menos de un millón, Abdel Bari Atuan, editor del diario en árabe Al Quds al Arabi, que se imprime en Londres, advertía: “El conflicto sectario en Siria puede extenderse más allá de sus fronteras y al resto de la región; en el peor escenario, vemos posible un regreso a la guerra fría, alineando posiciones en la chia –la comunidad chií–, respaldada por Rusia y China, contra los países sunís, apoyados por Occidente”. Al llegar al Bloglobal número 100, aquellos presagios no solo se cumplen, sino que se agravan con la contribución de Al Qaeda y sus franquicias, dirigida a adueñarse de la estrategia de la oposición para disponer de una base de operaciones estable, según el director de CIA, John O. Brennan.

Aquello que empezó siendo una derivada de las primaveras árabes ofrece hoy el sombrío aspecto de una guerra sin fecha de vencimiento en la que los intereses en juego han dejado a su suerte a la población que la sufre en carne propia. El último informe de las Naciones Unidas, fechado en marzo, no deja lugar a dudas en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de ambos bandos, pero en el ánimo de los países en mejor posición para contener la matanza pesa por encima de todo el miedo a perder el control sobre Siria al día siguiente de la liquidación del régimen de Asad. Un miedo alimentado todos los días por la división interna de la oposición reconocida por Estados Unidos y sus aliados, pero incapaz de transmitir la menor sensación de cohesión y confianza.

La seguridad del presidente sirio en que su sillón está lejos de zozobrar procede justamente de la falta de consistencia política de la oposición. La guerra ha dispensado a Asad de las obligaciones propias de su función –el Estado ha dejado de ser el ente prestador de servicios que se supone que debe ser– y las torpezas de la oposición, más incluso que el apoyo de Rusia, Irán, Hizbulá, China en menor medida y otros aliados, le ha liberado de la presión inicial de sus adversarios en el exterior. Como tantas veces en tantos conflictos, la dirección a distancia del combate contra Asad ha hecho que la lógica de la guerra desbordara la capacidad de gestión de la oposición moderada en beneficio de los combatientes sobre el terreno, parasitados por los yihadistas procedentes de Irak, Pakistán y otros puntos cardinales del orbe islámico donde la acción directa fue o está de permanente actualidad. Al final, a ojos de la Administración de Barack Obama y de los gobiernos de la UE más directamente vigilantes de la crisis –el Reino Unido y Francia–, la dictadura de Bashar el Asad ha tomado la forma de mal necesario, preferible en cualquier caso a que el mundo de Al Qaeda se haga con Siria, territorio limítrofe con Israel y con la OTAN (Turquía).

Esa opción por el mal necesario o el mal menor es a menudo objeto de furibundos ataques desde la derecha neoconservadora más desinhibida, pero la comunidad de inteligencia estadounidense, de tradición eminentemente conservadora, tiende a considerar el conflicto sirio como una crisis fuera de control que aconseja esperar y ver.  Aun así, publicaciones como The Weekly Standard, fundada por el muy conservador William Kristol, se afanan en atacar la “diplomacia dubitativa” de Obama con artículos como el publicado por Elliott Abrams en enero, compendio de reproches que alcanzan al secretario de Estado, John Kerry, y a los negociadores que a finales de verano aceptaron el compromiso sirio de desprenderse del arsenal químico para renunciar a actuar sobre el terreno. La famosa amenaza de Obama de entrar en acción si Asad traspasaba las líneas rojas del recurso a las armas químicas, se volvió contra la Casa Blanca, y desde entonces la derecha no ha dejado de resaltar la presunta debilidad del presidente.

Abrams, como el resto de conservadores, considera que Turquía y los árabes, sin el concurso de Estados Unidos, son incapaces de poner en pie un “programa coherente” para acabar con la guerra sin desviar la vista hacia alguno de los grupos vinculados a Al Qaeda. Una suposición precipitada, por no decir cargada de prejuicios, porque del rumbo fijado por los países árabes, con primavera o sin ella, se desprende que todo es posible, menos que se entreguen a un coqueteo imprudente con los herederos de Osama bin Laden. Es más, después de los acontecimientos de los últimos meses en Egipto, núcleo fundamental de la política árabe, ningún vaticinio sensato pasa por un gesto de comprensión del Ejército hacia el fundamentalismo islámico en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Mientras la tragedia siria cumple su función de arma política para desgastar la figura de Obama y su Gobierno, se pasan por alto dos datos relevantes: la transformación de Siria en un Estado fallido y la aparición en el relato de la guerra de intereses económicos, vinculados a los contrincantes, que han tejido una red de complicidades insostenible fuera de la guerra, de acuerdo con el análisis del especialista Jihad Yazigi. Esta tupida trama, a la que la familia Asad no es ajena, es un obstáculo más para contener la guerra, y no habrá negociación futura que pueda soslayar su existencia porque, de hacerlo, será imposible articular una solución política duradera. Es más, la aniquilación de la economía convencional y el surgimiento de otra fragmentada, gestora de intereses asimismo fragmentados, contribuye a diluir lo poco que queda del Estado y lo suplanta de facto.

La coreografía diplomática representada el pasado 22 de enero en las conversaciones conocidas como Ginebra 2 –“espectáculo televisado de hipocresía” en feliz descripción del periodista Mateo Madridejos– se zanjó como un resumen elocuente de la disolución del Estado, de la capacidad de Asad de resistir, parapetado en sus aliados y protectores, y del debilitamiento de la oposición reconocida por Occidente que se cobija en la Coalición Nacional Siria. La realpolitik condena hoy a la sociedad siria a vivir en un impasse ensangrentado, en un callejón sin salida del que se ha adueñado la guerra, constituida esta en un sistema con su propia lógica interna, que se alimenta a sí mismo mediante la protección de los intereses de cada bando, al tiempo que las víctimas se ven obligadas a soportar las consecuencias de un empate histórico sin desenlace a la vista.

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.    

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

Hartazgo por el autoritarismo de Erdogan

La concentración de la plaza Taksim de Estambul pone a prueba la ductilidad del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y, por extensión, del islamismo moderado, que lleva más de una década en el poder. La propagación de la protesta a las grandes ciudades de Turquía, la escenografía, semejante a la de los días del gran cambio en las primaveras árabes, y el choque entre una sociedad descontenta y un poder omnipresente inducen a sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de un movimiento acéfalo y genuinamente diferente al que se alzó contra los autócratas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y otros paisajes de la geografía árabe. Entre las diferencias, no es un dato menor que Erdogan cuenta sus comparecencias en las urnas por victorias y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas turcas) se ha convertido en referencia ineludible del islam político, dispuesto a acatar las reglas básicas de la democracia.

Mustafá Kemal

Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938), padre de la Turquía moderna.

Desde la liquidación de la monarquía, la sociedad turca se debate entre la tradición y la república laica, entre la ideología espontánea heredada del sultanato y la secularización promovida por Mustafá Kemal Ataturk y custodiada hasta anteayer por el Ejército, entre la división de poderes y la intromisión de la religión en la política. A horcajadas entre Europa y Asia, la sociedad urbana se ha adaptado al cambio, pero el mundo rural ha mantenido los preceptos islámicos como el factor determinante de la vida cotidiana. Así se ha mantenido la controversia entre el Estado secular y la unidad entre política y religión, consustancial al orbe musulmán. Con el añadido de que Erdogan encabeza un experimento en el que han de tener cabida forzosamente los partidarios del Estado laico, salvo riesgo manifiesto de que se consume una fractura social.

A partir de ahí, de esa dualidad llena de complejidades, poco importa cuál es el pretexto para la protesta y cuáles son las razones esgrimidas por el poder para recurrir a los gases lacrimógenos. Como ha escrito el periodista Mahir Zeymalov en Today’s Zaman, diario turco editado en inglés, “Erdogan comprende que unos cuantos árboles no pueden ser el motivo que hay detrás de la escalada de protestas”, pero, al mismo tiempo, se resiste a aceptar que su forma de entender el poder sea la causa primera de cuanto sucede. El atropello de talar unos cuantos árboles en el parque de Gezi para construir un centro comercial da para desencadenar una repulsa ciudadana con objetivos limitados, pero no para encender un país y movilizar a medios de comunicación de todo el mundo. En cambio, el hartazgo por el autoritarismo de Erdogan sí da sentido a la ocupación de la plaza Taksim.

Turquía. EconomíaMientras una parte importante del AKP y el propio presidente del país, Abdullah Gül, parecen entender que el reformismo islamista descansa sobre un pacto entre sectores sociales que hoy debe renovarse, Erdogan da la impresión de haberse despegado de la realidad y no acepta que las contradicciones propias de una comunidad joven y dinámica incorporan indefectiblemente tensiones sociales. En el caso turco, se traducen en la distancia entre el colchón de votantes que mantienen a Erdogan en el poder, procedentes en gran medida del campo, de las ciudades medianas y pequeñas y del interior de Anatolia, y los actores del milagro económico turco, instalados en las grandes ciudades y deseosos de adoptar los comportamientos de un capitalismo desarrollado. Esa dualidad tiene una significativa traducción en cifras: el 45% de la población activa trabaja en el sector primario, pero produce el 30% de la riqueza del país; el 55% restante está empleada en la industria y los servicios y produce el 70% de la renta nacional, garantiza el grueso de los ingresos en divisas y es el imán que atrae la inversión exterior.

Cuando Zeymalov titula su artículo El final de la ‘primavera’ turca, transmite a la opinión pública un doble mensaje: que ha dejado de ser posible el reformismo islamista sin tensiones y que Erdogan ha revelado su verdadera naturaleza política. Ambas posibilidades parecen verosímiles y algunas voces autorizadas entienden que, salvo rectificación del Gobierno, el riesgo es que se enquiste el descontento social. Al menos, eso se desprende de la preocupación expresada por personajes como Fethullah Gülen, un intelectual y erudito musulmán que la revista estadounidense Foreign Policy incluye en la lista de los cien pensadores más influyentes a escala mundial. “Compartimos la culpa” por los disturbios, ha declarado Gülen, que ve más peligro en subestimar la protesta que en escuchar a los concentrados.

“Esa actitud insensible refleja claramente la inclinación del Gobierno hacia el autoritarismo”, manifiesta el novel de literatura Orhan Pamuk, defensor del Estado neutral y el Gobierno laico, en un artículo publicado en el diario turco Milliyet, de centroizquierda, y en la revista estadounidense The New Yorker, de orientación liberal. Justamente, para tranquilizar a cuantos comparten la opinión de Pamuk, el viceprimer ministro Huseyn Celik ha querido construir aprisa y corriendo una imagen de comprensión hacia los manifestantes, pero en las capas profundas de la protesta prevalece la idea de que no es posible regresar a casa sin que el Gobierno se comprometa a parar la máquina de la islamización. La tendencia del AKP a ocupar todo el espacio político admite pocas dudas, el Gobierno encaja cada día peor las críticas –hay 70 periodistas en la cárcel, ominoso récord mundial– y la ocupación por la religión del espacio público es un hecho. En resumen, la sociedad laica cree que todas las alarmas están justificadas.

Taksim

Ceyda Sungur (de rojo), que recibe una descarga de gas lacrimógeno en la plaza Taksim, se ha convertido en símbolo de la protesta.

¿Cómo se ha fraguado esa situación? La causa más transversal es la presión de Erdogan sobre la herencia laica, pero hay otros dos factores que han llevado al primer ministro a radicalizarse: la convicción de que el ingreso en la UE ha dejado de ser un objetivo prioritario y la voluntad de asentar a Turquía como potencia regional, aprovechando que Egipto transita por la inestabilidad política y la crisis económica subsiguientes a su primavera. Para Occidente, los riesgos son menores porque Turquía es socio de la OTAN y el Gobierno de Erdogan no pone en duda el significado y los compromisos que entraña pertenecer a la organización, todo lo cual permite a Erdogan mostrar su verdadero código genético, mientras que hasta hace muy poco estaba obligado a proyectar una imagen menos rígida para no alarmar a Europa y hacer negocios con Israel.

Acaso la mayor ventaja con la que cuenta Erdogan es que los partidos que le disputan la supremacía electoral “sufren una crisis de identidad tan profunda como la que padecen partidos similares en la toda la cuenca del Mediterráneo”, escribe el profesor Francisco Veiga en la web de Eurasian Hub. Eso explica en parte la ausencia de una dirección coordinada de la protesta, la función movilizadora de las redes sociales sin líderes visibles –como sucedió en Túnez y Egipto en el 2011– y la desorientación de los partidos y sindicatos tradicionales, pero no justifica en ningún caso la soberbia del primer ministro. Sí se entiende, por el contrario, a la luz de la convicción de los asesores de Erdogan de que la intensidad de la protesta no supone un cambio sustancial en la intención de voto, tal como destaca Veiga.

Esa masa de votantes inasequible al debate social, apegada a la tradición y al mensaje de las mezquitas es un capital político formidable porque contrarresta el dinamismo de una sociedad multiforme, adscrita a diferentes corrientes ideológicas y con frecuencia refractaria a las urnas. En una parte importante de la clase media urbana se conserva el recuerdo de la ineficacia y la pelea de gallos que muchas veces caracterizó la pugna entre los partidos laicos, y la articulación de un gran partido o coalición de partidos que se oponga al AKP es una empresa llena de dificultades y recelos. Por eso la protesta estambulí plantea tantas incógnitas como el comportamiento del Gobierno en el doble plano interior y exterior. Y, de paso, abre un gran interrogante en cuanto atañe a la consideración del AKP como la referencia ineludible en la que pueden inspirarse los partidos islamistas que, con desigual fortuna, gobiernan en Marruecos, Túnez y Egipto. Mientras, otra gran pregunta sobrevuela el mundo musulmán: ¿hasta qué punto los partidos islamistas moderados están dispuestos a aceptar que el pacto político entre adversarios es un requisito de la democracia?