Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

La extrema derecha asalta el lenguaje

El sabio George Steiner recogió en 1959, en el ensayo El milagro hueco, una cita de Thomas Mann que empieza así: “Grande es el misterio del lenguaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sentido estético. La responsabilidad es, en esencia, responsabilidad humana”. Se refería Mann, y lo secundaba Steiner, a la adulteración de los significados, a la degradación de las palabras, a la pretensión de superar la barrera de lo inefable o lo indefinible mediante la apropiación del idioma por los propagandistas nazis a partir de 1933. Nada es hoy equiparable a la atmósfera podrida de la Alemania hitleriana, pero hay en Europa una masa crítica de ciudadanos dispuesta a dejarse convencer por los nuevos manipuladores del lenguaje, de los expertos en construir una realidad alternativa o paralela –otra versión de la realidad, dijo una colaboradora de Donald Trump a poco de la toma de posesión– que va mucho más allá de las ocasionales fake news o de la tarea de los agitprop, muy requeridos en las instancias de poder públicas y privadas.

Hay en ese clima propicio a la mutación de significados ejemplos numerosos y aplastantes. El más reciente, la acusación de promarroquíes hecha a todos los partidos representados en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta por Carlos Verdejo, de Vox, un orador bociferante sin mayor mérito que disparar contra cuanto se mueve. Otro muy reseñable es el caso de Ignacio Camuñas, que niega que los sucesos del 18 de julio de 1936 fuesen un golpe de Estado –Pablo Casado guardó silencio al oír tal disparate–, con lo que se cargó –con fortuna o no está por ver– todas las teorías asentadas sobre qué es y qué no es un golpe de Estado. Y otro episodio muy llamativo es la pretensión conservadora de cambiar el concepto reparador de Ley de Memoria Democrática por el de Ley de Concordia, una mistificación flagrante de los significados que pretende liquidar o por lo menos neutralizar el legado ominoso aún presente de la guerra civil.

¿Por qué suceden tales cosas? Porque la constante histórica del combate por la hegemonía cultural ha adquirido la virulencia desasosegante que caracteriza a la extrema derecha desde tiempo inmemorial o no tan inmemorial como pueda parecer. A la sucesión de crisis de orden moral y material que caracterizan los dos primeros decenios del siglo XXI, con la emergencia y concreción de nuevos actores políticos –el feminismo, las nuevas izquierdas, el ecologismo, las oenegés y otros–, ha seguido la respuesta de aquellos sectores que impugnan el Estado del bienestar, se apropian de conceptos clásicos de la cultura democrática para adulterarlos o subvertirlos, niegan la gravedad de los grandes desafíos –la emergencia climática, el aumento de las desigualdades– y plantean otros –los ataques a la división de poderes, el nacionalismo y el populismo como expresión de la identidad colectiva, las cortapisas a la ciudadanía europea– con el objetivo de consagrar nuevas formas de sometimiento e intoxicación de la opinión pública.

El nobel Paul Krugman se pregunta esta semana en The New York Times si debe ser solo “la gente pequeña” la que pague impuestos. El interrogante abierto por Krugman es meramente retórico, pero hay una corriente de opinión animada por Trump y sus émulos que es partidaria de que, en efecto, la contribución al erario de las clases opulentas, incluidas las grandes empresas, sea simbólica o muy limitada. Mientras tanto, la multiplicación de la pobreza o de los pobres con empleo es una realidad que la cultura hegemónica en Estados Unidos soslaya o encubre con datos macroeconómicos sin ninguna conexión con los padecimientos de quienes asisten a una degradación imparable de sus condiciones de vida. Sigue pendiente la operación de rescate de la clase media vapuleada.

Lo que Krugman plantea de forma implícita es si el discurso cotidiano de los políticos de la extrema derecha –confesos o encubiertos– obliga a disponer de un descodificador para descubrir con él el nuevo significado de las palabras. Cuando Iván Espinosa de los Monteros se refiere a los progres, al pensamiento pogre y a otros conceptos parecidos no hay una delimitación específica de a quiénes alude, sino más bien una referencia genérica a cuanto queda fuera del universo de Vox, incluida el ala menos afecta al discurso dominante en el PP. Dicho de otra forma: Espinosa de los Monteros participa de una técnica de adulteración del lenguaje que violenta la “responsabilidad humana”, según la entendió Thomas Mann.

Este juego de las palabras violentadas lo practican personajes ideológicamente tan próximos como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y tantos otros, entregados a la empresa de construir una realidad paralela, compatible con un conservadurismo radical y retardatario que pretende restaurar espacios de privilegio –una fiscalidad a la medida–, de exclusión –la Europa fortaleza cerrada a los flujos migratorios– y de neutralización de las dinámicas sociales, según la ocasión, el momento y los vaticinios de las encuestas. La extrema derecha vulnera el significado de las palabras para dotar a su mensaje de una aparente coherencia y compromiso con la realidad.

La economista estadounidense Deirdre N. McCloskey sostuvo el 9 de mayo en El País que “el negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”. ¿Acaso al violentar los significados se alimenta el miedo? Seguramente sí, seguramente se compone un mosaico lleno de amenazas que configura un futuro caótico o inviable, desposeído de las referencias aportadas por la cultura dominante, hegemónica, la que algunos autores llaman cultura espontánea, entendida tal espontaneidad como efecto sobrevenido de la hegemonía. Pero, como afirma el filósofo Edgar Morin, “la política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre generalizada”, de lo que se colige que debiera carecer de efectividad la siembra del miedo mediante la desfiguración de las palabras porque el futuro es una puerta permanentemente abierta a la incertidumbre; ninguna mutación puede corregir la naturaleza incierta del porvenir.

 

El PCCh cumple cien años

Nadie hace un siglo se hubiese atrevido a vaticinar que el despertar de China tendría las dimensiones y el impacto que hoy todos conocemos. Los fastos para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) no han sido solo la ocasión para que el régimen hiciera ostentación de su buena salud y creciente poder en todas direcciones, sino para confirmar aquello por lo demás largamente intuido: los herederos del Imperio del Medio están en condiciones de disputar a Estados Unidos la doble hegemonía política y económica. La pregunta que figura en la portada del último número de la revista Foreign Affairs es poco más que retórica: ¿Puede China seguir ascendiendo?

“La ambición y la ejecución no son lo mismo”, escribe en el citado bimensual el sinólogo Jude Blanchette. La pretensión de ejercer un control o dominio sobre los asuntos mundiales no forma parte de la cultura política china, afirma Daniel Rosen, que se demora en subrayar los esfuerzos sin éxito para reformar el sistema y actualizar su relación con el resto del mundo. Ambos analistas comparten la impresión de que el presidente Xi Jinping, titular de un poder omnímodo y desconocido desde que el reformista Deng Xiaoping ocupó el puente de mando, ha colocado al país en una trayectoria arriesgada, si no de colisión, sí de confrontación con Estados Unidos, que pone en peligro los logros consolidados por sus predecesores a partir de la carnicería de Tiananmen (junio de 1989), que cercenó sin miramientos el proceso de apertura política que siguió a la mejora de la economía.

De la lectura del ensayo de John J. Mearsheimer The tragedy of great power politics el periodista Mateo Madridejos deduce en El siglo de Asia que el ascenso de China “no será pacífico”, y de la existencia de un cinturón de adversarios de China –Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam, India, puede incluso que Filipinas– diferentes think tanks se atreven a pronosticar la concreción por mucho tiempo de una amplia región, del Pacífico Occidental al centro del Índico, sometida a la estrategia de la tensión. Mearsheimer advierte, además, de la tendencia revisionista de todas las superpotencias para impugnar el statu quo en beneficio propio, lo que hace inevitable el disenso entre China y Estados Unidos y sus aliados. Ya advirtió Henry Kissinger en 2012 que los estrategas de Washington y de Beijing se habían abstenido de acordar “una idea conjunta del orden mundial”.

Hoy se antoja demasiado tarde para que tal conjunción se produzca. El régimen chino ha impedido la colonización tecnológica del país por Estados Unidos y ha logrado ser el gran competidor en cuatro ámbitos fundamentales: el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial, el manejo del big data y la carrera espacial. El partido ha aprovechado con habilidad la percepción generalizada en la sociedad china de que la democracia pluripartidista es un modelo político ajeno a la tradición nacional. Y ha sofocado con un coste mínimo para la cohesión interna del Estado las crisis de Hong Kong, Xinjiang y el Tibet; ninguno de los tres conflictos ha contaminado, ni siquiera episódicamente, una sociedad en cuya memoria colectiva prevalece el recuerdo de las penalidades vividas y las compara con los logros materiales de los últimos decenios, y que, al mismo tiempo, reverencia a Mao Zedong como al más ilustre de sus hijos, a quien exalta como el liberador de China de la injerencia extranjera y fundador de la patria rehabilitada.

Es obvio que el PCCh ha vaciado el maoísmo de contenido porque el partido se ha convertido en una organización que cultiva un nacionalismo exacerbado, un centralismo sin concesiones y un control absoluto de las dinámicas sociales, sin sitio para la disidencia o la crítica. Pero el recuerdo de Mao es útil para sostener una estructura que tiene poco que ver con el revisionismo de Deng –un poder colegiado– y mucho con el modelo de presidencia vitalicia de facto promovida por Xi mediante una reforma constitucional. No es exagerado concluir que el partido ha vuelto la mirada al legado confuciano para garantizar la estabilidad, un cambio paradójico de estrategia porque el maoísmo fue decididamente anticonfuciano y denostó la idea de armonía social desarrollada por Confucio y sus discípulos. Es pronto para preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la intersección de maoísmo y confucianismo; solo es posible constatar que ha servido al PCCh para contrarrestar la influencia de Occidente, según sostiene Xulio Ríos entre otros autores.

A la luz de la sucesión de desencuentros durante la presidencia de Donald Trump y de la voluntad de Joe Biden de traducir en hechos el eslogan America is back, parecen muy lejanos los buenos augurios que hace solo siete años incluyó el exsecretario del Tesoro Henry M. Paulson en Deadling with China. Creía Paulson que era posible encauzar la competencia entre las superpotencias mediante un compromiso político y económico, a través de una forma ad hoc de soft power que serenara los espíritus y estableciera un código de conducta respetado a ambas orillas del Pacífico. Sigue habiendo, sobre todo en Europa, quienes estiman que desenterrar el modelo de la guerra fría y de la contención del adversario, de acuerdo con el análisis de George F. Kennan aplicado a la competencia con la URSS, es un error estratégico que envenenará la coexistencia entre contrincantes, y la opinión pública europea, en general, se muestra despreocupada con el ascenso chino. Pero son cada vez más las voces en la Unión Europea que manifiestan su desconfianza hacia el poder del gigante asiático, de su nueva ruta de la seda sin contrapartidas, sin garantías de seguridad específicas y otros requisitos que eviten la colonización china en el sector de las nuevas tecnologías.

De haber tenido noticia de ello, nadie se habría atrevido a otorgarle larga vida a la organización fundada en 1921 en Shangái por un grupo de doce jóvenes. Sin embargo, el PCCh ha sido el artífice absoluto de la transformación de una sociedad agraria en extremo atrasada en otra que opera a escala global. El secreto del éxito del maoísmo sin Mao es que el papel del Gran Timonel ha quedado reducido al de ser el padre de la nación renacida; el resto de cuanto procede del partido es resultado de la adaptación al medio, de hacer de la necesidad virtud y de utilizar una férrea disciplina social en una máquina sin parangón de producir e innovar, sometida al control estricto de una autoridad suprema que apenas nadie impugna. La esperanza de vida de tal modelo es desconocida.

La UE se persona en Ceuta

La europeización de la crisis diplomática desencadenada por Marruecos en la raya de Ceuta, playa del Tarajal, confiere rasgos definitivamente nuevos a la siempre compleja relación entre Madrid y Rabat. Nada de lo sucedido en Ceuta es demasiado nuevo, todo remite a la pretensión marroquí de dar por zanjado el caso del Sáhara Occidental, de alentar el irredentismo a propósito de las ciudades españolas en el norte de África, y al muy especial vínculo de Marruecos con Estados Unidos, en el que la Realpolitik prevalece desde hace decenios por encima de cualquier otra consideración. Lo único realmente novedoso, y acaso determinante, es la implicación de la Unión Europea en la defensa inviolable de su frontera sur, de la que Ceuta y Melilla forman parte; lo más reseñable es que los Veintisiete no se han andado con subterfugios a la hora de secundar la posición de España en una situación en extremo delicada y en defender, a la luz del derecho internacional, la integridad territorial y el principio de soberanía.

Es improbable que eso redunde en una atenuación de la tendencia marroquí a utilizar cualquier pretexto para avivar las brasas, siquiera sea para consumo interno y movilización de unos ciudadanos exhaustos a causa de la crisis económica, ahora, o para alcanzar en el futuro cualquier otro objetivo. Pero sí es posible que la reacción europea ante el desafío marroquí sea fruto de lo aprendido de los errores cometidos en la gestión de los flujos migratorios, en especial a partir de 2016, cuando la solución turca del problema no hizo más que someter a la UE a chantaje permanente, a la utilización por Recep Tayyip Erdogan de los más de tres millones de personas alojadas en campos de refugiados en Asia Menor. Y en cualquier caso, es más que posible que la salida al paso del atropello perpetrado por el Gobierno marroquí active la revisión del dispositivo Frontex y del sistema de control y acogida de migrantes en suelo europeo, tan insuficiente.

De darse de una manera continuada y sistemática ese cambio de actitud en Europa, cabe suponer que quizá Marruecos deje de ser el instigador de crisis encadenadas, fundamentadas en un nacionalismo cuya intensidad regulan palacio y el Gobierno de turno, que en la práctica son poco menos que lo mismo en el difuso reparto del poder asentado por la tradición en la cultura política marroquí. Tanto pesan en la movilización de recursos emocionales el Gobierno en la sombra conocido como majzén –el entorno del rey Mohamed VI , la corte si se quiere–, un conglomerado de intereses económicos y complicidades políticas, como el Gobierno visible, encabezado ahora por Saadeddine Othmani, del Partido Justicia y Desarrollo (islamista moderado), muy vinculado y bien acogido por el majzén.

Si hasta la fecha se ha cumplido el vaticinio del periodista Ignacio Cembrero sobre el empeoramiento de la situación en Ceuta, quizá ahora tengan una oportunidad la prudencia y la sensatez. Incluso sin que cambie el engarce especial de Estados Unidos con Marruecos, fruto de una decisión geoestratégica relacionada con el sistema de seguridad diseñado por el Pentágono para el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo sur. Ni desaparecerá la pretensión marroquí de que la comunidad internacional legitime su soberanía sobre el Sáhara Occidental ni renunciará a reclamar de vez en cuando Ceuta y Melilla, pero quizá desista el entramado político rabatí de dramatizar, como ha hecho estos días, dos asuntos en los que está lejos de ser depositario de la razón histórica.

Tal cambio es preciso para evitar que asuntos de tan poco peso como la hospitalización en Logroño del líder saharaui Brahim Ghali den pie a situaciones de enorme gravedad y alienten la demagogia de la extrema derecha española, movilizada para el caso poco menos que para reclamar la militarización de un conflicto desencadenado por el oportunismo irreflexivo de Marruecos y concretado en la llegada a la playa ceutí de unas 8.000 personas, muchas de ella menores de edad, procedentes de entornos de una vulnerabilidad y pobreza extremas. El espectáculo ofrecido por los voceros ultras, deudores de la peor tradición africanista española, con Santiago Abascal al mando de las operaciones, no es más que la explotación oportunista de la exaltación nacionalista marroquí; una vez más se echa mano de la política de las emociones para difundir una imagen distorsionada de la naturaleza y dimensiones de la crisis. El recurso a la palabra invasión para describir el desarrollo de los acontecimientos expresa el afán de atribuir a los hechos un carácter apocalíptico que nunca tuvieron.

Es igualmente precisa la maduración del sentido de Estado en los escaños del Congreso. Resulta por lo menos chocante que los gobiernos de los 27 países de la UE hablen con un solo timbre de voz para responder a Marruecos y que, al mismo tiempo, el Partido Popular toque a rebato en el Congreso y descalifique al Gobierno en este asunto. Qué duda cabe de que todo es mejorable, pero cuando el problema es de la naturaleza del ceutí, la única posición defendible es apoyar a quienes deben afrontarlo en primera estancia. Hacer lo contrario es acogerse a un indefendible oportunismo –de nuevo la misma palabra– como si no hubiera mañana para analizar y criticar lo hecho hoy; el cometido de la oposición no es arremeter contra todo, todos los días, como si la razón estuviera inequívocamente de su parte por el simple hecho de ser oposición.

Una vez se supere la crisis –queda un largo trecho por recorrer–, nada será como antes en la relación con Marruecos y, por tal razón, conviene que el sentido de Estado inspire en España los discursos y saque provecho de la complicidad europea. Ya que la miseria envolvente en Marruecos parece condenada a prolongarse por mucho tiempo, no puede descartarse su utilización futura en los mismos términos que ahora, y entonces, antes que hablar de invasión y de torpedear al Gobierno, sea cual sea este, habrá que distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Es lo mínimo exigible para evitar que el peso del apoyo europeo se malgaste en charcutería política de bajísima calidad.

Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

Erdogan impone sus normas a la UE

El espectáculo montado por Recep Tayyip Erdogan al entrevistarse en Ankara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, concreta en una imagen más que elocuente la deriva del presidente turco, la incapacidad de Michel para salvaguardar la dignidad del cargo que ostenta y el trato despectivo dispensado a la Unión Europea en la persona de Von der Leyen. Víctima esta última, además, de un indisimulado machismo que Michel secundó, cuando menos por omisión. Nada de cuanto transmiten las imágenes de Ankara tiene que ver con el trato entre vecinos bien avenidos, sino más bien con las condiciones impuestas por el presidente turco para mantener a su país en el papel de contenedor de refugiados sirios previo pago de Bruselas por los servicios prestados; nada de lo hecho, dicho y explicado por Michel le libera de la imagen de cooperador necesario para que Erdogan saliera triunfante del desafío.

Resultan ridículas las confusas explicaciones sobre la disposición de los asientos establecida por el protocolo turco –Erdogan y Michel, el uno junto al otro; Von der Leyen, en la esquina de un sofá, a unos metros de Erdogan– y sin precedente alguno: el llamado sofagate se atuvo a la lógica de un islamista radical; el trato deferente dispensado al presidente del Consejo Europeo subrayó la opción de Ankara por los estados mediante el alejamiento de la representante por excelencia de las instituciones europeas colegiadas. Porque Michel no pasa de ser un a modo de coordinador de la conferencia intergubernamental, mientras Von der Leyen encabeza la institución más transversal de los Veintisiete.

Hace tiempo que el ingreso a largo plazo en la Unión Europea dejó de ser un objetivo prioritario para el régimen turco. En la tensión histórica de Turquía entre la vertiente europea y asiática, que se remonta a los días de mayor esplendor del Imperio Otomano, Erdogan ha dejado de mirar preferentemente a Occidente y ha dirigido sus ojos al Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. El esfuerzo prometido hasta hace unos años para adecuar el funcionamiento de las instituciones a usos democráticos reconocibles ha sido suplantado por una islamización al galope del Estado mediante un alejamiento cada vez mayor de la herencia kemalista, especialmente después del oscuro golpe fallido del 15 de julio de 2016.

Si en el pasado inmediato parecían ineludibles las referencias de Ankara a la trama conspirativa animada desde Estados Unidos por Fethullah Gülen, el enemigo político al que de todo se culpaba, ahora lo que realmente importa es asentar la condición de Turquía como aspirante a cierta hegemonía regional, a una relación de privilegio con Rusia y a un control sin intermediarios del independentismo kurdo en Siria e Irak. Ganan los anatolios, pierden los estambulíes, dicen los europeístas turcos, defraudados por la falta de reacción de Michel e indirectamente de la UE como institución; renace la herencia otomana y se eclipsa el legado laico kemalista, lamenta una parte significativa del mundo cultural y académico.

La pasividad de Michel contribuyó a transmitir esa doble impresión. Ni siquiera se le ocurrió indicar –o se le ocurrió y no actuó en consecuencia–que la silla junto a Erdogan correspondía a Von der Layen, o que faltaba un asiento al lado del presidente turco. Quizá sea hora de revisar el comportamiento o la relación de la UE con Turquía porque, quizá también, la Realpolitik ha hecho caer de nuevo a la institución en una trampa para elefantes (la anterior ocasión fue el viaje de Josep Borrell a Moscú). Y acaso la marginación de Von der Leyen en la escena del sofá obligue a analizar los errores cometidos en su día por los dirigentes europeos, siempre recelosos de que un día Turquía se integrara en el club y en pocos años fuese el socio con más escaños en el Parlamento Europeo, con presencia relevante de musulmanes en la plantilla eurócrata.

Ese doble prejuicio apenas se encubrió con argumentos formales, jurídicos, de solvencia democrática, alentado por el europeísmo conservador, que se opone siempre con denuedo a la presencia normalizada del islam en Europa. A tal clase de reservas debe añadirse ahora lo que la eurodiputada liberal de los Países Bajos Sophie in ‘t Veld reprocha a Von der Leyen: haber degradado la Comisión a una especie de secretaría de los países integrantes de la UE. “Aparcó su propia institución en el sofá, por así decirlo”, escribe la parlamentaria en Politico.eu, una crítica acerada que, en cualquier caso, no es menor a la que dedica al papel desempeñado por Michel durante el sofagate.

A todo ello hay que añadir que los europeos han tendido a tratar el caso turco a partir de la convicción de que el republicanismo impuesto por Mustafá Kemal Atatürk hunde sus raíces en la tradición y el pensamiento republicanos en Occidente. De la lectura del libro The formation of Turkish republicanism, de la profesora Banu Turnaoğlu, se desprende que se trata de un punto de partida erróneo o, por lo menos, incompleto porque excluye el largo debate entre el nacionalismo otomano y el republicanismo liberal, que se remonta al siglo XIX. Pero la descripción del kemalismo como un precipitado del republicanismo europeo ha sido útil a Erdogan para combatirlo, para presentarlo como una forma de colonización ideológica.

Con ese y otros ingredientes, el progresivo autoritarismo de Erdogan ha impregnado por completo su política con la voluntad de convertirse en un interlocutor privilegiado e ineludible en Oriente Próximo. Como siempre, hay factores que pueden obligarle a la larga a rectificar, entre ellos la debilidad y los zarandeos de la lira turca, pero de momento la piedra en el zapato europeo ahí está, agravado el parte de daños por la desmadejada imagen que dejó el sofagate, lastrada la UE por su incapacidad para gestionar los flujos migratorios sin depender de terceros tan reactivos como el presidente de Turquía.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

Venezuela, una sociedad afligida

La situación en Venezuela se ha instalado en la lógica según la cual cada día es peor que el anterior. Cuando a través de la senda de la decadencia se llegó a un territorio en el que la moneda dejó de tener valor, cinco millones de personas se ausentaron en busca de mejor vida fuera del país y los aliados tradicionales dieron la espalda, no es posible otro dictamen que el del desastre final, sin paliativos ni salvación posible. La última decisión del presidente Nicolás Maduro de tensar la cuerda con la Unión Europea, mediante la expulsión de la  embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, declarada persona non grata, y con España a raíz de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la región de Colombia fronteriza con Venezuela, es una forma como cualquier otra de minar puentes y agravar el momento.

Se ajusta solo parcialmente a la realidad la opinión bastante extendida de que el endurecimiento del chavismo se aceleró a partir de las elecciones de 2010, cuando perdió poder local y empezó a sentirse vulnerable, y de la muerte de Hugo Chávez (2013), que llevó al puente de mando a Maduro, sucesor designado por el fallecido, carente del gancho del líder absoluto del experimento venezolano. Hay factores de igual o mayor peso en el desastre en curso, empezando por el descenso del precio del petróleo, continuando por la incapacidad del régimen de aportar valor añadido a la economía de las misiones –programas sociales de viabilidad a menudo discutida– y acabando por la referencia permanente del modelo cubano, al que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se sienten muy apegados. A todo ello debe añadirse el progresivo distanciamiento de  una parte cada vez mayor de la población, incluidos segmentos sociales favorecidos en primera instancia por las misiones, para quienes no se posible vislumbrar más futuro que una existencia precaria.

Algunos datos justifican el pesimismo. Por ejemplo, el PIB venezolano del año 2020 equivalió a menos del 25% del que se registró en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional; no menos del 15% de la población del país ha emigrado en condiciones con frecuencia extremas; el bolívar ha dejado de tener valor y del petro, divisa virtual, solo se tiene noticia cierta del nombre; la inflación ha escalado el último año hasta el 6.000%, récord absoluto en la historia de América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición, demasiadas veces dividida y enfrentada, ha carecido de la influencia determinante necesaria para negociar una salida con el Gobierno. Metida en el rompecabezas de ambiciones personales, ha malbaratado el momento dulce que para ella siguió a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado en tanto que presidente del Parlamento elegido en 2015, en el que la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios. El reconocimiento en 2019 de Guaidó por unos sesenta países, incluidos Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, no tuvo mayor efecto práctico y decayó al elegirse en diciembre pasado una nueva asamblea mediante una convocatoria electoral en la que no participaron candidatos de la oposición y cuyo resultado no fue reconocido por los aliados históricos de Venezuela.

Es una simplificación atribuir el extravío del país solo o principalmente a lo que bastantes economistas llaman la maldición del oro negro, esa tendencia al monocultivo de los grandes productores que obtienen con facilidad enormes beneficios, se instalan en la ilusión de la prosperidad ilimitada y se despeñan por la realidad cuando caen los precios y comprueban que no fueron capaces de diversificar sus ingresos en los tiempos de bonanza. El chavismo triunfó, promovido por un militar condenado por dirigir un golpe de Estado que no prosperó, porque se daba en el país una situación de desigualdad social extrema, una tasa de corrupción insufrible y la ausencia de mecanismos de corrección de históricos déficits estructurales. En algún momento, este marco de referencia decantó la balanza del lado de Hugo Chávez, de una oferta populista socializante en la que una parte muy importante de la opinión pública vio la ocasión de hacer efectiva la frase escrita por Rómulo Gallegos en la novela Doña Bárbara: “El mal es temporal; la verdad y la justicia imperan siempre”.

Al final del relato que Gabriel García Márquez dedicó a los últimos días de Simón Bolívar, el escritor puso en boca del general agonizante esta famosa exclamación: “¡Cómo voy a salir de este laberinto!” Es improbable que los gestores a ambos lados de la divisoria que separa a Gobierno y oposición en Venezuela se pregunten a sí mismos cómo saldrán del atolladero para reconstruir un país destruido. Más parece que dominan una mezcla de improvisación, encastillamiento y tendencia a soslayar la realidad. El Gobierno no tiene otra estrategia que resistir a toda costa, encomendarse a patrocinios como el chino y el ruso, y recurrir a las frases rotundas, con frecuencia amenazantes, de Maduro; la oposición se empecina en una competencia de egos a cuál más injustificable y, al mismo tiempo, se agranda la brecha entre el exilio y el interior.

En agosto de 2019, el diario El Espectador, de Bogotá, publicó un editorial que empezaba así: “La crítica situación en Venezuela continúa bajo la lógica según la cual pasa de todo, pero no termina de pasar nada concreto que logre solventarla”. Es una descripción sucinta, pero muy apegada al momento. La presidencia de Maduro es una suma de fracasos encadenados, pero la brega de la oposición no presenta mayores éxitos o logros si por tales se entiende lograr que las diferentes facciones remen en una misma dirección. En medio, una sociedad exhausta contempla cómo se degradan sin parar las condiciones de vida.

Los profesores de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, y José Ramón Morales-Arilla sostienen que el régimen “le dio la espalda a la democracia electoral cuando perdió la capacidad de ganar elecciones”, y defienden que la única salida es “afligir a los cómodos y reconfortar a los afligidos”, algo que, dejan entrever, incluye abundar en las sanciones. Y ahí surge la gran duda para dar con la salida del laberinto porque, hasta la fecha, las sanciones no han hecho otra cosa que afligir más a los muy afligidos.

La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Una crisis muy italiana

Cada día es más difícil dilucidar si el comportamiento de los partidos en Italia obedece a la herencia histórica de las sutileza florentinas o a la lógica de una partida de póker en la que no hay forma de prever los movimientos de los jugadores, competidores herméticos que no cambian el gesto vayan de farol o tengan una escalera de color. La crisis desencadenada por Matteo Renzi cabe inscribirla en la peor tradición de la política italiana desde los lejanos días de las coaliciones cambiantes, unida a la frustración en un líder condenado a desempeñar un papel marginal en una mayoría parlamentaria variopinta. Se siente Matteo Renzi forzado a ser un secundario en una representación en la que él cree, probablemente sin fundamento, que atesora méritos para ocupar con su Italia Viva (IA) un lugar relevante, acaso determinante.

La realidad es que el exprimer ministro cometió un error político clamoroso al embarcarse en una reforma constitucional que sometió a referéndum en 2016 y que fue rechazada por sus conciudadanos. Con independencia de la bondad de los cambios propuestos, la derrota llevó a Matteo Renzi, líder entonces del Partido Democrático (PD, centro izquierda), a presentar la dimisión al frente del Gobierno y abrió un periodo de incertidumbre que desembocó en las elecciones legislativas de 2018 que hicieron posible la formación de un Ejecutivo sostenido por los diputados de La Liga (LL, extrema derecha) y el Movimiento 5 Estrellas (M5E, populista arcoíris). El PD pasó a la oposición y el país se sumergió en un experimento sumamente inconsistente y volátil: el ultra Matteo Salvini del brazo de Luigi Di Maio; el radicalismo xenófobo y aurófobo y un conglomerado presuntamente antisistema aparecieron alineados en el mismo equipo.

La duración de aquel extraño ensamblaje se presumió desde el principio de vida breve y lo fue. Afloraron las contradicciones y la voluntad de Salvini de forzar situaciones extremas –el bloqueo en el sur de Italia a la acogida de embarcaciones con migrantes rescatados de la muerte por barcos de onegés, uno de los casos– llevó a una situación imposible con el M5E, aprisionado entre el pacto con LL y el cordón sanitario alrededor del PD. La quiebra del Gobierno fue inevitable, interesado Salvini en provocarla para seguir creciendo desde la oposición, al tiempo que se agrandó la figura de Giuseppe Conte, un profesor de Derecho de la Universidad de Florencia que hasta la fecha había ejercido como un jefe de Gobierno meramente instrumental. Y fue Conte quien se mostró capaz de articular una nueva alianza, esta vez con los estrellados y el PD más algunas aportaciones menores como la de IA, fundado por Renzi después de pasar por tres fases: la silenciosa, tras dimitir y anunciar que dejaba la política; la fundacional, que le llevó a crear IA, y la dinámica, encaminada a recuperar la relevancia perdida.

Entre tanto, el nuevo líder del PD, Nicola Zingaretti, emprendió un proceso de regeneración del partido, aún en curso, para consolidar las diferentes corrientes de izquierda que confluyeron en él a partir de la desaparición del Partido Comunista y la creación de formaciones que adoptaron un programa de perfil socialdemócrata, pero acusaron con demasiada frecuencia y de forma ostentosa falta de cohesión interna. Zingaretti puso en marcha un proceso de saneamiento del partido, a un tiempo realista y respetuoso con la herencia ideológica del socialismo y del comunismo democráticos para poner remedio al retroceso de la izquierda en orden disperso. Fruto del realismo fue la disposición a pactar con el M5E, a olvidar los agravios del pasado.

Al desencadenarse la pandemia, los dos políticos que consolidaron mejores índices de aceptación fueron Sergio Mattarella, presidente de la República, y Giuseppe Conte. Pareció así que Italia ponía los cimientos de un Gobierno de larga duración –las elecciones legislativas están previstas para el 2023– con el que afrontar los desastres de la enfermedad. Lo que ha sucedido en realidad es que mediante un pretexto sin recorrido –el desacuerdo con la gestión de la parte del fondo de reconstrucción de la UE que corresponde a Italia– Renzi ha provocado una crisis de Gobierno incomprensible (varios analistas han recurrido al adjetivo) sin que, por lo demás, parezca que el líder de IA mejora su imagen o influencia. Más parece que refuerza en sus convicciones y perspectivas a Mattarella y Conte para salir de la prueba reforzados y con un nuevo Gobierno que sea poco menos que un clon del caído, incluso con participación de ministros de IA a falta de otros mimbres que permitan reforzar la mayoría parlamentaria.

¿Frivolidad, oportunismo, insensibilidad de Renzi en medio de la tercera ola de la pandemia? Quizá un poco de todo eso más la fragmentación sin parar del arco parlamentario, algo que facilita ese juego de espejos deformantes que permite que los más pequeños, las facciones menos representativas, puedan disfrutar de un día de gloria. En la acometida de Renzi a la estabilidad del Gobierno italiano hay una dosis extrema de irresponsabilidad que degrada la política, descoloca a sus aliados potenciales y alarma a la UE porque sienta un precedente al convertir el programa de reconstrucción en una herramienta política útil para que salten por los aires gobiernos en apariencia sólidos.

“Creíamos haberlo visto todo en la política italiana, pero aún nos faltaba una crisis de Gobierno en plena emergencia sanitaria, sin un propósito, sin una estrategia creíble, sin un resultado que no sea peyorativo en comparación con el ya cuestionable status quo. Y lo bonito es que al final de esta crisis existe el riesgo de elecciones que todos, de palabra, están convencidos que hay que evitar”, escribe el analista Francesco Cancellato en fanpage.it. El riesgo que corre Renzi es enorme al oponerse obstinadamente –de momento– a que Conte sea de nuevo el primer ministro, porque si todos los dedos le señalan ahora como el responsable del desaguisado, un eventual adelanto electoral permitirá a todos sus adversarios sin excepción presentarlo como el malo de la película, como quien ha llevado al país a un callejón sin salida.

Es muy larga la nómina de políticos italianos a los que en algún momento se les ha presentado como escurridizos o peligrosos, pero en la mayoría de los casos han sobrevivido al estigma. Decía Giulio Andreotti, uno de los más sibilinos, que es cierto que el poder desgasta, “sobre todo cuando estás en la oposición”. Y aunque este no es el caso de Renzi, con ministros de su partido en el Gabinete, su posición no es muy diferente a la de personajes del pasado que entraban y salían del Gobierno con suma facilidad y sin mayor desdoro. Todo en medio de un baile de nombres y de azarosos pactos a oscuras. Sigue siendo vigente la opinión expresada por Giorgio Napolitano al asumir la presidencia (2006): “Debemos limpiar el subsuelo podrido y corrosivo de nuestra sociedad”. En caso contrario, cabe añadir, cualquier crisis es posible.

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