Category Archives: Unión Europea

La derecha agreste se enfrenta a la UE

  Por Albert Garrido | 12/02/2021 - 13:49 | Alemania, España, Extrema derecha, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Nacionalismo, Polonia, Unión Europea
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El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Una crisis muy italiana

  Por Albert Garrido | 29/01/2021 - 13:43 | Extrema derecha, Italia, Unión Europea
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Cada día es más difícil dilucidar si el comportamiento de los partidos en Italia obedece a la herencia histórica de las sutileza florentinas o a la lógica de una partida de póker en la que no hay forma de prever los movimientos de los jugadores, competidores herméticos que no cambian el gesto vayan de farol o tengan una escalera de color. La crisis desencadenada por Matteo Renzi cabe inscribirla en la peor tradición de la política italiana desde los lejanos días de las coaliciones cambiantes, unida a la frustración en un líder condenado a desempeñar un papel marginal en una mayoría parlamentaria variopinta. Se siente Matteo Renzi forzado a ser un secundario en una representación en la que él cree, probablemente sin fundamento, que atesora méritos para ocupar con su Italia Viva (IA) un lugar relevante, acaso determinante.

La realidad es que el exprimer ministro cometió un error político clamoroso al embarcarse en una reforma constitucional que sometió a referéndum en 2016 y que fue rechazada por sus conciudadanos. Con independencia de la bondad de los cambios propuestos, la derrota llevó a Matteo Renzi, líder entonces del Partido Democrático (PD, centro izquierda), a presentar la dimisión al frente del Gobierno y abrió un periodo de incertidumbre que desembocó en las elecciones legislativas de 2018 que hicieron posible la formación de un Ejecutivo sostenido por los diputados de La Liga (LL, extrema derecha) y el Movimiento 5 Estrellas (M5E, populista arcoíris). El PD pasó a la oposición y el país se sumergió en un experimento sumamente inconsistente y volátil: el ultra Matteo Salvini del brazo de Luigi Di Maio; el radicalismo xenófobo y aurófobo y un conglomerado presuntamente antisistema aparecieron alineados en el mismo equipo.

La duración de aquel extraño ensamblaje se presumió desde el principio de vida breve y lo fue. Afloraron las contradicciones y la voluntad de Salvini de forzar situaciones extremas –el bloqueo en el sur de Italia a la acogida de embarcaciones con migrantes rescatados de la muerte por barcos de onegés, uno de los casos– llevó a una situación imposible con el M5E, aprisionado entre el pacto con LL y el cordón sanitario alrededor del PD. La quiebra del Gobierno fue inevitable, interesado Salvini en provocarla para seguir creciendo desde la oposición, al tiempo que se agrandó la figura de Giuseppe Conte, un profesor de Derecho de la Universidad de Florencia que hasta la fecha había ejercido como un jefe de Gobierno meramente instrumental. Y fue Conte quien se mostró capaz de articular una nueva alianza, esta vez con los estrellados y el PD más algunas aportaciones menores como la de IA, fundado por Renzi después de pasar por tres fases: la silenciosa, tras dimitir y anunciar que dejaba la política; la fundacional, que le llevó a crear IA, y la dinámica, encaminada a recuperar la relevancia perdida.

Entre tanto, el nuevo líder del PD, Nicola Zingaretti, emprendió un proceso de regeneración del partido, aún en curso, para consolidar las diferentes corrientes de izquierda que confluyeron en él a partir de la desaparición del Partido Comunista y la creación de formaciones que adoptaron un programa de perfil socialdemócrata, pero acusaron con demasiada frecuencia y de forma ostentosa falta de cohesión interna. Zingaretti puso en marcha un proceso de saneamiento del partido, a un tiempo realista y respetuoso con la herencia ideológica del socialismo y del comunismo democráticos para poner remedio al retroceso de la izquierda en orden disperso. Fruto del realismo fue la disposición a pactar con el M5E, a olvidar los agravios del pasado.

Al desencadenarse la pandemia, los dos políticos que consolidaron mejores índices de aceptación fueron Sergio Mattarella, presidente de la República, y Giuseppe Conte. Pareció así que Italia ponía los cimientos de un Gobierno de larga duración –las elecciones legislativas están previstas para el 2023– con el que afrontar los desastres de la enfermedad. Lo que ha sucedido en realidad es que mediante un pretexto sin recorrido –el desacuerdo con la gestión de la parte del fondo de reconstrucción de la UE que corresponde a Italia– Renzi ha provocado una crisis de Gobierno incomprensible (varios analistas han recurrido al adjetivo) sin que, por lo demás, parezca que el líder de IA mejora su imagen o influencia. Más parece que refuerza en sus convicciones y perspectivas a Mattarella y Conte para salir de la prueba reforzados y con un nuevo Gobierno que sea poco menos que un clon del caído, incluso con participación de ministros de IA a falta de otros mimbres que permitan reforzar la mayoría parlamentaria.

¿Frivolidad, oportunismo, insensibilidad de Renzi en medio de la tercera ola de la pandemia? Quizá un poco de todo eso más la fragmentación sin parar del arco parlamentario, algo que facilita ese juego de espejos deformantes que permite que los más pequeños, las facciones menos representativas, puedan disfrutar de un día de gloria. En la acometida de Renzi a la estabilidad del Gobierno italiano hay una dosis extrema de irresponsabilidad que degrada la política, descoloca a sus aliados potenciales y alarma a la UE porque sienta un precedente al convertir el programa de reconstrucción en una herramienta política útil para que salten por los aires gobiernos en apariencia sólidos.

“Creíamos haberlo visto todo en la política italiana, pero aún nos faltaba una crisis de Gobierno en plena emergencia sanitaria, sin un propósito, sin una estrategia creíble, sin un resultado que no sea peyorativo en comparación con el ya cuestionable status quo. Y lo bonito es que al final de esta crisis existe el riesgo de elecciones que todos, de palabra, están convencidos que hay que evitar”, escribe el analista Francesco Cancellato en fanpage.it. El riesgo que corre Renzi es enorme al oponerse obstinadamente –de momento– a que Conte sea de nuevo el primer ministro, porque si todos los dedos le señalan ahora como el responsable del desaguisado, un eventual adelanto electoral permitirá a todos sus adversarios sin excepción presentarlo como el malo de la película, como quien ha llevado al país a un callejón sin salida.

Es muy larga la nómina de políticos italianos a los que en algún momento se les ha presentado como escurridizos o peligrosos, pero en la mayoría de los casos han sobrevivido al estigma. Decía Giulio Andreotti, uno de los más sibilinos, que es cierto que el poder desgasta, “sobre todo cuando estás en la oposición”. Y aunque este no es el caso de Renzi, con ministros de su partido en el Gabinete, su posición no es muy diferente a la de personajes del pasado que entraban y salían del Gobierno con suma facilidad y sin mayor desdoro. Todo en medio de un baile de nombres y de azarosos pactos a oscuras. Sigue siendo vigente la opinión expresada por Giorgio Napolitano al asumir la presidencia (2006): “Debemos limpiar el subsuelo podrido y corrosivo de nuestra sociedad”. En caso contrario, cabe añadir, cualquier crisis es posible.

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La pandemia desgasta la democracia

  Por Albert Garrido | 21/01/2021 - 20:46 | Catalunya, China, España, Estados Unidos, Unión Europea
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Las cifras de la pandemia después de fiestas transmiten en Europa y en Estados Unidos una sensación de desbordamiento, de descontrol, de ineficacia e insuficiencia objetivas en la mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos para alcanzar dos metas: doblegar la curva de contagios y no dañar en exceso la economía. Lo cierto es que la marcha de los negocios sigue dejando damnificados todos los días y los datos de contagiados y muertos no menguan en medio de una atmósfera de cansancio y pesimismo que apenas palían las esperanzas depositadas en la vacunación masiva. Que el nuevo presidente de Estados Unidos haya hecho de la lucha contra el mal el primero de sus grandes objetivos no deja de ser significativo habida cuenta de los despropósitos heredados de su antecesor.

Al mismo tiempo, la opinión pública asiste aquí y allá a la utilización política y la pelea de gallos entre adversarios desencadenada por la pandemia –España, uno de los ejemplos más resonantes–, mientras los llamamientos a la unidad caen en saco roto, los países tienden a combatir la covid-19 en orden disperso y la opinión pública se siente a menudo defraudada por la falta de coordinación de esfuerzos. Nadie sabe a ciencia cierta  dónde se ha acertado con las medidas adoptadas, cuándo darán un resultado tangible y qué hace falta para que cesen la política de balcón, las declaraciones destempladas y la estela de oportunismo que dejan a su paso tantos gobernantes, agravado de vez en cuando por quienes se benefician de una situación de privilegio (cuantos se vacunan sin que les corresponda por el simple hecho de manejar los resortes administrativos que les permiten cometer tal tropelía).

Han pasado demasiados meses desde que se tuvo noticia de la aparición del virus como para que, con harta frecuencia, se improvise, se tomen decisiones sobre la marcha, infructuosas las más de las veces, mientras sus promotores las presentan como el resultado acabado y preciso de un plan meditado. De tal manera que la disposición de los ciudadanos en muchos lugares a sentirse requeridos en el combate contra la enfermedad deja paso al escepticismo; de tal forma que la unidad europea reclamada por los expertos nunca llega a concretarse y la española resulta del todo imposible. Y sin embargo, el grado de disciplina, paciencia y disposición al sacrificio de la mayoría no decae a pesar de personajes divisivos y aguijoneadores como Isabel Díaz Ayuso, una émula castiza del trumpismo con mascarilla, o la Administración catalana, atrapada en la tela de araña de un decreto para el aplazamiento o suspensión de las elecciones –la confusión es grande– que no ha pasado de momento la prueba del nueve del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Con esa propensión en todas partes a no salir del atasco, sino de agravarlo, los gobiernos occidentales dañan el aprecio por algunas de las conquistas de la democracia y alientan el discurso admirativo de la fructífera gestión china de la pandemia, como si las diferencias culturales no contasen y fuese preferible la disciplinada militarización de los espíritus, como si el éxito chino no tuviese nada que ver con el perfil de un régimen de partido único con un poder omnímodo y no sometido a control. “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, dejó dicho Charles Bukowski, y tal circunstancia conlleva un cierto número de debilidades y vulnerabilidades reconocibles, pero quienes gestionan la crisis bajo el paraguas de la democracia, deberían reducirlas al mínimo para evitar daños mayores a los de la pandemia. Lograr una eficacia razonable a cuanto se hace es una necesidad acuciante porque las democracias ineficaces vulneran la idea misma de democracia.

Hay esparcidos por Europa, y no digamos en Estados Unidos, demasiados profetas del Apocalipsis como para creer que el universo democrático podrá salir sin mácula de la prueba. Mientras los medios se sigan viendo obligados a suministrar el parte diario de muertos envuelto en el número creciente de contagios, la discusión entre adversarios políticos sobre las medidas a adoptar y las proclamas de demagogos de diferentes estirpes, la desconfianza irá en aumento. Si tal desconfianza no se ha impuesto por completo, es a causa de lo que Jean-Philippe Vincent llama en Le Figaro “la lógica del miedo”, el sentimiento muy extendido de que la muerte ronda por la calle oculta en un enemigo invisible, pero aniquilador.

Esa lógica del miedo no es especialmente deseable en las sociedades democráticas. Es preferible el imperio de la razón, afrontar la enfermedad con datos precisos y medidas realistas, admitiendo que hay un margen de error, que no hay certidumbres absolutas en ese desigual combate para domeñar un adversario sigiloso y adaptativo. La lógica del miedo da pie, en cambio, a una paulatina renuncia de la razón en los comportamientos colectivos. Como dijo Franklin D. Roosevelt, solo hay que tener miedo al miedo; el resto debe fiarse al análisis de los hechos y las conclusiones correspondientes. Sin dar por supuesto que, de tal ejercicio, surgirán decisiones y medidas infalibles.

Hace un siglo, durante la llamada gripe española, llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social fueron las medidas dispuestas por los especialistas para evitar el contagio. Aquella pandemia dejó 50 millones de muertos en un mundo que salía muy herido de la primera guerra mundial. Para los agoreros recalcitrantes, hoy estamos donde estuvieron entonces las sociedades atacadas por la enfermedad y apenas hemos avanzado; para las mentes despiertas, un siglo de ciencia ha hecho posible que dispongamos de vacunas a la vuelta de menos de un año de que se declarara en España el estado de alarma. Pero para que esa realidad incontrovertible prevalezca sobre cualquier otra y el mal deje de dañar la calidad de la democracia es preciso que la sanidad de emergencia quede fuera de la pugna política cotidiana, porque la plaga ha descoyuntado la cotidianidad y todo lo condicionará hasta que acabe la pesadilla.

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Bloqueo ultra al presupuesto europeo

  Por Albert Garrido | 04/12/2020 - 13:29 | Economía, Extrema derecha, Hungría, Polonia, Reino Unido, Unión Europea
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La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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Migraciones o la tensión que no cesa

  Por Albert Garrido | 27/11/2020 - 13:07 | España, Extrema derecha, Francia, Inmigración, Italia, Malta, Reino Unido, Unión Europea
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Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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La yihad se enquista en Francia

  Por Albert Garrido | 30/10/2020 - 13:48 | Arabia Saudí, Francia, Islamismo, Laicismo, Turquía, Unión Europea
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Francia vive en estado de choque a raíz de los últimos atentados yihadistas. Una vez más, surgen las preguntas inevitables sobre si es posible la convivencia o la mera coexistencia entre el islam, minoritario, pero muy visible en todas partes, y una sociedad secularizada, con una larga tradición laica y una aún más larga herencia cristiana. Al mismo tiempo, la reacción en algunos países de mayoría musulmana, singularmente Turquía, han activado los resortes de un nacionalismo de perfil confesional, mientras otros han acudido enseguida al rescate de un islam compatible con los rasgos esenciales de la democracia y han condenado los últimos atentados. En medio, una opinión pública sometida a las servidumbres impuestas por la pandemia se pregunta cuál es la razón de que, de nuevo, su país sea el objetivo de los islamistas.

En los ataques perpetrados por estos lobos solitarios –una caracterización posible, pero no segura– coinciden procesos de radicalización alentados desde las redes sociales, la prédica de imanes que, como señalan cada vez más autores, dan vida y contenido doctrinal a una nueva religión, surgida de la aplicación literal del Corán, de la manipulación de la cultura islámica y de la complicidad de regímenes en plena disputa o asentamiento de su hegemonía en el orbe musulmán, especialmente la teocracia saudí y el autoritarismo rampante que encana la figura de Recep Tayyip Erdogan. Esa nueva religión persigue consagrar la idea de que es imposible la convivencia entre la comunidad islámica y el mundo occidental –no cabe la interculturalidad– y descalifica a cuantos musulmanes reformistas niegan la mayor. Si siempre fue difícil la vida de la disidencia en el seno de las religiones del libro, lo es aún hoy de forma muy reseñable en el universo musulmán, que la tacha casi siempre de herética, como señala Brian Whitaker en Arabs whitout God (Árabes sin Dios).

Las consecuencias de la arremetida islamista tienen una resonancia especial porque con el asesinato del profesor Samuel Paty se ha atacado la escuela, crisol de ciudadanos, y uno de los grandes legados de la tradición republicana, y con las muertes en la basílica de Notre-Dame, en Niza, se ha puesto a prueba la libertad religiosa, la igualdad de trato y manifestación de todas las religiones y la obligación del Estado de garantizar la libertad de culto de todas ellas mediante la neutralidad de las instituciones. Puede ser que los ataques de estos días sean iniciativas sin conexión, acciones decididas por lobos solitarios con o sin el concurso de algunos secuaces, pero han coincidido en su pretensión de herir la cultura política francesa, los fundamentos cívicos de la república, la herencia de las Luces.

El eurodiputado socialdemócrata Raphaël Gluksmann sostiene en un artículo publicado en el diario Le Monde: “La dolorosa verdad es que hemos fallado. Individualmente y colectivamente. Lo mismo a nuestros principios que a nuestros deberes. La verdad es que el integrismo islamista se ha beneficiado de una miríada de cegueras voluntarias y de silencios vergonzosos”. Y al preguntarse por el porqué del fallo responde: “Por mala conciencia social e histórica. Por temor a no ser más que burgueses hablando a burgueses. Por impotencia frente a las relegaciones y a las discriminaciones. Por el recuerdo de los crímenes coloniales. También por comodidad. Y por cobardía, sin duda”.

En el parecer de Glucksmann coinciden los errores cometidos durante más de medio siglo para incorporar el legado musulmán al espacio cívico y la sensación de que lo políticamente correcto se impuso a la realidad de la calle, a la lenta pero inexorable construcción de una sociedad que hoy incluye más de seis millones de musulmanes, muchos de ellos nacidos en Francia. Lo que es tanto como decir que no se ha dotado de los instrumentos políticos y sociales necesarios para lograr que la tradición laica y el pacto republicano no resulten extraños a una comunidad tradicionalmente educada en el principio de la confesionalidad del poder, en el convencimiento de que la religión debe ser el principio primero que inspire la vida pública y privada.

“El enemigo no nos perdona ser lo que somos”, opina el académico Alain Finkielkraut en Le Figaro, que añade: “Francia es el objetivo en su dimensión judía, en su dimensión laica y en su dimensión cristiana”. Incluso admitiendo que una entrevista no es un ensayo, y por lo tanto es lógico comprimir las ideas, la presentación del problema en estos términos soslaya el hecho de que mientras subsistan las razones del auge islamista en segmentos importantes del orbe musulmán, mientras los gobiernos no actúen para evitar la consolidación de sociedades divididas en las que alientan todos los prejuicios raciales o culturales y diferentes formas de segregación encubierta, la violencia yihadista encontrará tierra en la que arraigar. Con la consiguiente proliferación de un comunitarismo divisivo, adversario de la cohesión social y de la convivencia.

Ni la desaparición del Estado Islámico ni la disminución de la capacidad operativa de Al Qaeda han desactivado el conglomerado yihadista. De la marginación social a la crisis migratoria, de la actividad sin control de un número indeterminado de mezquitas al memorial de agravios en la periferia de muchas ciudades francesas, son demasiados los ambientes propicios a la acción directa y a la exaltación del martirio de los muyahidines. En 2016, el estudioso del islam Olivier Roy advertía: “El nihilismo no forma parte del proyecto inicial, desde luego, pero frente al fracaso de su tentativa de yihad mundial, [los islamistas] se repliegan cada vez más hacia una visión apocalíptica y desesperada, que es nihilista. Y es esta la que atrae a los jóvenes sin vínculo con los conflictos locales, sino que están fascinados por el destino del mártir que de repente se les ofrece”. Así son las cosas hoy.

Las muestras de ira desatadas por las manifestaciones antifrancesas en varios países musulmanes son también, o al menos en gran medida, movilizaciones contra las sociedades que acogen al grueso de la comunidad de creyentes (umma) en Europa. No se trata de un reproche a voces o de una protesta esporádica, sino que es el fruto de un largo proceso de incubación, estimulado por las guerras de Afganistán y de Irak, la neutralización de las primaveras árabes, el olvido por los gobiernos árabes de las demandas palestinas en nombre de la realpolitik y el dogmatismo wahabí expandido por Arabia Saudí. En realidad, la enumeración de causas podría seguir y seguir y no haría más que subrayar un dato ineludible: casi todo está por hacer para que el yihadismo se quede en Europa sin auditorios propicios.

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El Congreso aísla a Vox

  Por Albert Garrido | 23/10/2020 - 12:33 | España, Estados Unidos, Extrema derecha, Monarquía, Moral, Tea Party, Unión Europea
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La derecha española llegó el jueves a la conclusión, siquiera fuera por un día, de que la única forma de contener a la extrema derecha es “enfrentarse directamente, frontalmente, a su discurso”, como sostuvo en Barcelona hace dos años el politólogo francés Sami Naïr. No hay atajos o veredas que permitan otra neutralización de la enfermedad política que se expande por Europa con inusitada rapidez y que amenaza con necrosar el tejido democrático del continente en muchos lugares, no solo en Polonia y Hungría, donde la crisis de las libertades remite a un fallo multiorgánico. Después de escuchar la venenosa ración de sectarismo, xenofobia, antieuropeísmo y trumpismo administrada por Santiago Abascal a la opinión pública mediante la defensa de una moción de censura, lo único que cabe esperar del Partido Popular es que, de acuerdo con el discurso pronunciado por Pablo Casado, deje de blanquear la oferta de Vox, que es tanto como decir que deje de rescatar del vertedero de la historia la herencia del franquismo.

Es posible que Abascal hiciese el ridículo a partir del momento en que Pedro Sánchez le respondió con el que quizá ha sido su mejor discurso desde que es presidente del Gobierno, pero es asimismo posible que el menú de disparates de Abascal fuese muy esclarecedor de la verdadera carnadura moral de Vox. Hasta ahora, el populismo neofranquista del partido se había manifestado por entregas, como un manual por fascículos de la extrema derecha; en la tribuna del Congreso lo resumió Abascal con el léxico agresivo y excluyente propio de los totalitarismos, con apelaciones explícitas e implícitas que entroncan directamente con la versión corregida y aumentada de las proclamas ultra que Blas Piñar llevó por primera vez al Congreso en los albores de la restauración democrática.

Finalmente ganó Europa, la tradición política y ética de Europa, inquieta por el populismo que arrecia en el Este. “Casado se aleja del trumpismo y Sánchez se aleja de la línea Óder-Neisse [al aparcar la reforma para la elección del CGPJ]”, ha escrito Enric Juliana en La Vanguardia, una percepción que puede completarse con esta otra: son demasiados los precedentes devastadores para la derecha clásica debidos a la complacencia o tolerancia con la extrema derecha desafiante. Singularmente, en la colonización del Partido Republicano de Estados Unidos a partir de la aparición del Tea Party, hace una década, de la marginación de voces críticas y de la aceptación por su establishment de una situación nueva, que en gran medida no controlaba, pero que era y hasta ahora es electoralmente eficaz. Una situación que llevó a la mutación genética alentada por la elección de Donald Trump en 2016.

El resultado de la votación en el Congreso, sin abstención alguna, es un primer muro de contención; estos 52 síes y 298 noes, una diferencia insólita en las mociones de censura que hasta la fecha se han presentado, es un gesto de salud democrática. Pero habrá que ver en los días que se avecinan qué continuidad tiene en aquellos entornos en los que Vox es determinante para que los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos sigan adelante. Los cordones sanitarios en torno a los partidos ultra dispuestos en Alemania y Suecia, entre otros países, están lejos de formar parte de la estrategia diseñada por los estados mayores de los dos partidos de la derecha española después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ambas fuerzas defienden las coaliciones en minoría con apoyo externo de Vox como parte de la lógica política, cuando en la práctica adulteran la cultura democrática, que entiende que no cabe concertar compromisos con fuerzas no democráticas, colectivos que persiguen liquidar la democracia, pero que se sirven de sus palancas institucionales para acabar con ella.

Ese sería en principio el hilo argumental de Cayetana Álvarez de Toledo y de cuantos jalean sus discursos si no fuera por su “no al no” que promovió antes de que empezara el debate de la moción. Hubo en el parti pris de la diputada la confirmación de que siguen teniendo cobijo en el PP quienes añoran ingredientes esenciales de un pasado no por lejano, olvidado, sino más bien añorado, sobre todo en cuanto atañe al monolitismo cultural, el centralismo, la pretensión o encantamiento de un país uniforme, por lo demás inexistente, pero deseado por algunos. Se trata de una facción o ala o tendencia que abjura del diseño constitucional y reprocha al Gobierno una interpretación laxa de la Carta Magna y de las reglas siempre complejas consustanciales a un Estado descentralizado.

Si en su día el gran acierto de Manuel Fraga fue meter dentro del PP a la derecha más conservadora y refractaria, la historia demuestra que aún es numerosa y activa la minoría que manifiesta gran incomodidad ante la impugnación del legado franquista, de un régimen vesánico y liberticida. La simple desaparición del callejero de Madrid de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero sirve de prueba del nueve de esa movilización permanente de una minoría para reivindicar el ominoso pasado a la que con demasiada facilidad y frecuencia se someten el PP (con más intensidad) y Ciudadanos (con menos entusiasmo).

No hay ninguna señal de injusticia o abuso en el aislamiento en el Congreso de Abascal y los suyos, sino un reproche generalizado por cuanto proponen. Contra el parecer de quienes dentro del PP lamentan, con la boca pequeña o sin tapujos –de nuevo Álvarez de Toledo–, el trato dispensado al líder del Vox, el hecho es que la democracia parlamentaria solo puede defenderse desacreditando a quien es su enemigo objetivo. Y en un país en el que se ha abierto el melón de la solvencia o consistencia de la forma de Estado es especialmente oportuno encauzar el debate, si se da, en términos que impidan a los portavoces ultras con sus insensateces presentarse como los grandes defensores de la Corona, de la monarquía parlamentaria y del llamado régimen del 78 por parte de la izquierda y por diferentes nacionalismos con inquietudes secesionistas. Acabar con la crispación alocada de todos los días es una necesidad cívica.

 

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La pandemia atenaza Europa

  Por Albert Garrido | 16/10/2020 - 12:15 | Alemania, Crisis, Economía, España, Extrema derecha, Unión Europea
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La segunda ola de la pandemia ha sumido a los europeos en una mezcla tóxica de desorientación y escepticismo por lo que puede deparar el futuro, ha dejado al desnudo la debilidad o la improvisación de muchos liderazgos y ha alentado la reacción disparatada de algunos políticos que creen haber encontrado en la extensión de la enfermedad el arma ideal para desbancar a sus adversarios (el caso español, uno de los más relevantes). Mientras se dispara la curva de contagio y la comunidad científica reclama que se limite la dinámica social a lo estrictamente necesario, hay quien se parapeta en la toga de los jueces para arremeter contra quienes, por lo menos, anteponen la salud de sus conciudadanos a otras consideraciones. Mientras todo esto sucede, opiniones públicas saturadas por informaciones cruzadas, a menudo contradictorias, y por redes sociales que difunden toda clase de teorías extravagantes, se preguntan ¿y ahora qué?

La oportunidad regenerativa que el filósofo Emilio Lledó vio en mayo en la lucha contra el virus se ha desvanecido en gran medida porque una realidad acuciante se ha adueñado del centro del escenario. Una forma insensata de desunión a la hora de afrontar la enfermedad ha sentado a los europeos ante sus propias limitaciones; ha hecho aflorar en España todas las carencias de un modelo descentralizado, pero sin instrumentos de coordinación efectiva de las autonomías; ha puesto en evidencia la estupidez economicista cometida en muchos países, no solo en España, al recortar los recursos de la sanidad pública; ha dejado al descubierto como una falacia la pretendida solidez de estructuras sociales que se desmoronan.

Cuando el profesor italiano Massimo Cacciari afirma que la pandemia “es un formidable acelerador de tendencias culturales y sociales que existían desde hace décadas” evita presentar la crisis desencadenada por la enfermedad como una puerta abierta a la regeneración. Más parece que lo que ahora se concreta de forma acelerada –“la organización general del trabajo, la hegemonía de los sectores económicos y financieros conectados a las nuevas tecnologías, la crisis de las formas tradicionales de democracia representativa”– no es más que un cambio inexorable que causa la quiebra del pacto social porque se da sobre la marcha y va por delante de las iniciativas políticas que pretenden gestionarlo.

El programa de reconstrucción impulsado por la Unión Europea pone el acento en la energía verde, la contención de la emergencia climática y la digitalización en todas direcciones. Al mismo tiempo, el aumento del paro derivado de la hibernación de la economía y la marcha atrás en muchos ámbitos a causa de los rebrotes, obliga necesariamente a retrasar los efectos beneficiosos que puede tener el plan promovido por Bruselas. Y aun en el caso de que tales efectos se pongan de manifiesto a medio plazo, no hay garantías de que sean suficientes para rescatar de la marginalidad a un número indeterminado, pero muy alto de familias europeas, cuyo modo de vida se ha llevado por delante el covid-19 y ha agudizado las desigualdades. La pregunta contenida en un editorial de The New York Times es perfectamente aplicable a Europa: “¿Cuánta gente se verá condenada a una prolongada marginalidad a causa de la crisis económica?”

El punto de interrogación es pertinente porque del precedente dejado por la salida de la crisis de 2007-2008 cabe sacar bastantes enseñanzas. Acaso la principal sea que doce años después de que se tambaleara la economía, aún son muchos los que han visto su estándar de vida disminuido y es un hecho que segmentos muy importantes de la clase media perdieron un poder adquisitivo que no han recuperado. Quizá la segunda lección relevante es el ascenso de la extrema derecha, de un populismo oportunista de inspiración neoliberal o iliberal que gana espacios de poder elección tras elección o bien obliga a los grandes partidos que construyeron la Europa de la posguerra a pergeñar apresuradas alianzas para afrontar el desafío (Alemania, el ejemplo más ilustrativo).

El empresario alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, advierte: “Las reglas de comercio, tributación y competencia que reflejan décadas de influencia neoliberal ahora tendrán que ser revisadas. De lo contrario, el péndulo ideológico –ya en movimiento- podría oscilar de vuelta hacia el proteccionismo a gran escala y hacia otras estrategias económicas perjudiciales para todos”. Tal revisión es ineludible porque el proteccionismo se ha convertido en una de las señas de identidad de los eurófobos, los euroescépticos y otros especímenes ideológicos que no pretenden corregir los excesos de la globalización, sino herirla de muerte. Pero, de nuevo, los cantos de sirena proteccionistas en el seno de sociedades que están lejos de haber controlado la enfermedad cuentan con auditorios predispuestos a escucharlos.

La defensa de la salud opuesta a la preservación de la economía parte de un falso dilema porque sin proteger la salud no es posible proteger la economía. Cuanto más tiempo sean necesarias medidas excepcionales que limitan actividades económicas o simplemente las impiden, mayor será el impacto en la economía, que es tanto como decir en el mercado de trabajo, en la viabilidad de las empresas y en el sostenimiento de los amortiguadores sociales que atenúan la onda expansiva de la crisis. Es esta una opinión compartida por la mayoría de analistas, pero que el populismo negacionista se resiste aceptar, aunque las cadenas de contagio se disparan sistemáticamente allí donde prevalece una presunta protección de la economía. Si a ello se suma la brega para erosionar a los contrincantes  políticos –véase Madrid–, se provoca una situación moralmente reprobable y materialmente ruinosa.

“No habrá recuperación sostenible de la economía y del empleo mientras no logremos cicatrizar las heridas mentales y sociales que deja la pandemia”, ha escrito en EL PERIÓDICO el profesor Antón Costas. A los ciudadanos europeos, en general a los ciudadanos de Occidente, nos queda mucho camino por recorrer: de momento, nos hemos instalado en la fase depresiva, que no es incompatible con cierto hartazgo y una sensación colectiva de fracaso. Transitar a través de esa densa neblina requiere el concurso de dirigentes políticos dispuestos de antemano a no manipular las emociones, a olvidarse de los eslóganes y a no dar falsas esperanzas. El recuento de víctimas es demasiado alto como para que salgan indemnes quienes se entreguen a tales prácticas reprobables.

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La pandemia siembra la división

  Por Albert Garrido | 25/09/2020 - 12:17 | España, Estados Unidos, Italia, Unión Europea
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Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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Punto de inflexión en la UE

  Por Albert Garrido | 24/07/2020 - 12:24 | Alemania, Austria, Crisis, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eurozona, Francia, Holanda, Italia, Unión Europea
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El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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