Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Una prosperidad vulnerable y frágil

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo económico que ha saltado por los aires en cuanto se ha expandido el contagio más allá de todo cálculo o previsión. Muchas certidumbres sobre la robustez y capacidad de resistencia del sistema se han venido abajo a igual ritmo que ha aumentado en Occidente la propagación de la enfermedad, China ha dejado de ser el gran proveedor y ha cundido el pánico en los mercados, poseídos por un episodio de histeria colectiva, mientras los especialistas en operaciones a corto esperaban llenarse los bolsillos. Y estos no eran los únicos síntomas de una vulnerabilidad acrecentada, sino que los sistemas sanitarios públicos aparecían como los únicos capaces de hacer frente a la crisis y, al mismo tiempo, se asomaban al abismo al afrontar una prueba de estrés funcional con profesionales contagiados o confinados, apartados del servicio, mientras las redes de sanidad privada daban pruebas de una capacidad de respuesta limitadísima.

¡La vulnerabilidad, la vulnerabilidad! o ¡la fragilidad, la fragilidad!, cabe exclamar hoy parafraseando las últimas palaras de Kurtz, el personaje de En el corazón de las tinieblas: “¡El horror, el horror!”. El escritor Martín Caparrós escribe en The New York Times: “Es sorprendente comprobar la fragilidad de todo eso que creíamos rocosamente sólido, cemento armado. En unos días los grandes y poderosos del mundo perdieron fortunas, la confianza de sus súbditos, el control de muchas situaciones. Los gobiernos, la gran banca, los petroleros altivos, los fabricantes de referencia, los financieros recontraglobales, los que rigen y manejan el mundo, los que nos habían convencido de que nunca nada los desarmaría, deben estar asustados preguntándose si aprenderemos la lección y decidiremos desafiar, cual virus chino, sus poderes que ya no se ven tan poderosos”.

Jacky Isabello habla en las páginas de Le Monde de “atención ciega”, que consiste en “concentrar de tal manera la atención en un fenómeno en concreto que se obvia alguna cosa que, sin embargo, debería saltarnos a la vista”, de acuerdo con el concepto de cisne negro desarrollado por el especialista en estadística Nassim Nicholas Taleb. ¿Era o es un cisne negro la excesiva dependencia de China como país proveedor? ¿Fue un cisne negro desviar la mirada de los previsibles efectos que tendrían los recortes en sanidad –en Catalunya, días de Artur Mas y Boi Ruiz– en una situación de emergencia? ¿Es un cisne negro la capacidad demostrada por la globalización de desencadenar un efecto dominó a escala mundial?

Con o sin cisne negro, la fragilidad de nuestra forma de vida ha quedado en evidencia. Hay resortes para la prosperidad extremadamente débiles –el turismo, uno de ellos– para afrontar una situación adversa; hay operadores económicos de dudosa moral dispuestos a hacer juegos de manos con el hundimiento de las bolsas; hay demasiados aspirantes a gobernantes –Pablo Casado figura en la lista– empeñados en exacerbar las críticas dirigidas a quienes intentan acotar el parte de daños, controlarlo o minimizarlo si ello es posible. Y hay, por último, el miedo, un estado de ánimo colectivo causado por la inseguridad, por el perfil psicológico de una sociedad que excluye el riesgo o la imposibilidad de prever el futuro.

Cuando la profesora Lucrezia Reichlin, de la London Business School, presenta la crisis del coronavirus como una gran ocasión para la mejora de la cooperación europea, hace un vaticinio optimista sobre el efecto de la pandemia: “Representa una oportunidad para que la UE cree un mecanismo de gestión de crisis poderoso, que aúne los recursos de los estados miembro y los canalice hacia una política fiscal coordinada. La idea de un fondo de seguro de este tipo no es nueva: varios economistas defendieron la idea después de la última crisis, cuando la discusión de una reforma de la gobernanza estaba en pleno apogeo”. Pero aquella discusión, que incluyó el atrevimiento de Nicholas Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, de afirmar que era el momento de refundar el capitalismo, derivó justo en lo contrario: un programa de austeridad que condicionó la salida de la crisis e hipotecó el futuro de los estados rescatados en condiciones leoninas.

Lo dice el analista Kevin Allison: “Dado que el virus se está extendiendo a una franja cada vez mayor de Europa y Estados Unidos, pronto descubriremos mucho más sobre si las democracias occidentales enfrentan este desafío de forma correcta”. En otras palabras, veremos hasta qué punto son capaces de reducir la vulnerabilidad, aumentar la fiabilidad del sistema y responder a las incertidumbres a corto y medio plazo, no solo económicas, sino políticas y sociales. Pronosticar, como hace el Banco Asiático de Desarrollo, que la crisis del coronavirus puede acortar el PIB global el 0,4% es preocupante y desalentador, pero lo es más no saber en qué se traducirá tal contracción de la economía, cómo influirá en nuestra forma de vida cuando la tormenta haya pasado.

En el fondo, prevalece en la opinión pública una desconfianza muy arraigada en los poderes públicos –ante tanta alarma, no será que algo nos ocultan–, aunque al mismo tiempo casi nadie duda de que solo los estados fuertes, socialmente comprometidos y democráticamente gestionados son capaces de afrontar la prueba. Es esta una contradicción irresoluble, un estado de ánimo con el que deben pechar los gobernantes que, como en el caso de la pandemia, aparecen todos los días en los medios dando explicaciones, tomando medidas e intentando neutralizar a los desaprensivos que en las redes sociales practican el amarillismo y la irresponsable difusión de disparates. Una forma bastarda de contribuir a que crezca la sensación de vulnerabilidad, más allá de la que es posible confirmar de forma empírica; una manera de estimular comportamientos injustificables, acientíficos e incluso perjudiciales.

La vulnerabilidad habita entre nosotros, pero no es el anuncio de ningún cataclismo apocalíptico. Baste un dato: la malaria causa todos los días en los países pobres veinte veces más muertes que la pandemia en curso. No se trata de quitar importancia al parte de víctimas causadas por el coronavirus, sino de calibrar la dimensión real de los riesgos que enfrentan estos días comunidades que acaban de descubrir su fragilidad.

Nueva crisis de refugiados en Europa

La última entrega del desastre relacionado con la guerra en Siria tiene pocas trazas de ser una herramienta útil para bajar el tensión: el acuerdo de alto el fuego en el frente de Idleb, alcanzado el jueves en Moscú por los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, tiene más de componenda de cara a la galería que de otra cosa. La alianza oportunista cerrada no hace demasiados años por los dos mandatarios ha dejado al descubierto la contradictio in terminis inherente a ella y su cercanía a la imposible cuadratura del círculo. El resumen de tal contradicción es que Rusia es el gran aliado del régimen de Bashar al Asad y Turquía es, ahora mismo, el mayor adversario sobre el terreno del régimen sirio, dos caminos que divergen en el seno de una misma guerra.

El resumen de la situación que hace el think tank Eurasian Group es a la vez breve y preciso: “La lucha ha llevado a la provincia siria de Idleb al punto de ruptura. Las fuerzas sirias están respaldadas por Rusia, los rebeldes sirios atrapados dentro de la ciudad y los militares de Turquía están directamente involucrados, y los riesgos en este conflicto han aumentado dramáticamente en los últimos días a medida que el conflicto amenaza con generar una grave crisis humanitaria que envía ondas de choque a través de Turquía hacia Europa”. Y si la Unión Europea se halla dentro del laberinto es a causa de la resolución en falso de la crisis de los refugiados de 2015 y su pretensión de liberarse del problema mediante el recurso a terceros (Turquía), desoyendo las advertencias de oenegés y analistas independientes que alertaron en su momento de la falta de fiabilidad política y jurídica del régimen turco para los europeos y para los refugiados.

Al echar la vista atrás, sobresalen dos decisiones encadenadas por los socios de la UE: la cicatería a la hora de allegar recursos para afrontar la acogida de centenares de miles de personas que huían –siguen huyendo de la guerra, del hambre y de otras miserias– y el acuerdo con Turquía, que a cambio de percibir 6.000 millones de euros aceptó convertirse en 2016 en un contenedor de refugiados (hoy, 3,7 millones). Un Consejo Europeo limitó a 170.000 los recién llegados que acogería en su suelo, repartidos en cuotas prefijadas para cada país, fue incapaz de doblegar la insolidaridad de los socios que se negaron a hacerse cargo del número de refugiados que en principio les correspondía y demasiados gobiernos presentaron el cierre de fronteras como un gran logro nacional que, por cierto, animó a la extrema derecha a porfiar en sus mensajes demagógicos y a ganar cuotas de mercado elección tras elección.

Si a este despropósito se añade el acercamiento del Gobierno turco hacia Rusia y su pretensión de que, al mismo tiempo, la UE y la OTAN apoyen su posición en la guerra siria, la situación aparece, como poco, más que inmanejable por un mínimo de cinco razones:

Primero, el destino principal de los refugiados que, estimulados por la apertura de fronteras, intentan entrar en Europa es Grecia,  y el secundario, Bulgaria. Ambos países son socios de la UE y de la OTAN.

Segundo, Turquía forma parte de la OTAN desde 1952, fue una pieza fundamental durante la guerra fría, pero ha girado la vista hacia Rusia, una anormalidad absoluta.

Tercero, la decisión del Gobierno turco de reforzar el control policial de la frontera con Grecia para impedir que los refugiados rechazados por Grecia puedan regresar a Turquía afecta a uno de los socios europeos con recursos más limitados, dañada su economía por mucho tiempo a causa de la erosión que sufrió durante el largo y traumático proceso de rescate –perdió más del 25% del PIB–, y obliga a la UE a movilizar recursos en apoyo del Gobierno de Atenas.

Cuarto, la propuesta de Josep Borrell de establecer una zona de exclusión aérea en el noroeste de Siria será una tarea que, en su caso, corresponderá a la OTAN y deberá contar con alguna forma de aceptación más o menos explícita de Rusia.

Quinto, el comportamiento de Turquía al abrir la frontera a los refugiados es un incumplimiento flagrante del acuerdo con la UE y una utilización política inhumana de los refugiados, cuyos derechos mínimos de inviolabilidad y seguridad nadie defiende.

Es una simplificación dar por sentado que el origen de todo está en la muerte de 33 soldados turcos el 27 de febrero durante un bombardeo sirio contra posiciones rebeldes. Es más exacto remontarse a la larga intromisión o implicación de Turquía en la guerra desde el momento en que la comunidad kurda consolidó su posición en el noreste de Siria mediante la eficaz movilización de los combatientes peshmergas, quiso presionarlos y dividirlos en dos frentes y, al mismo tiempo, asegurar una posición segura en la vecindad de Idleb y lograr todo eso con la complicidad de Rusia. O lo que es lo es lo mismo: el presidente Erdogan privilegió un acuerdo bilateral con Rusia, no contó con sus aliados históricos de Occidente y vio en la guerra de Siria una gran oportunidad para participar en la disputa por la hegemonía regional.

También es una simplificación creer que los europeos no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto en curso. Desde el instante en que optaron por solucionar la crisis migratoria con el acuerdo con Turquía se convirtieron en rehenes de un régimen progresivamente imprevisible, que ha optado por estimular el nacionalismo, recurrir al recuerdo del otomanismo para justificar la islamización de los aparatos del Estado y relativizar la profundidad de sus vínculos con Occidente. A la postre, la solución turca adoptada por la UE fue muy reveladora de la debilidad estructural de la organización, incapaz de imponer a todos los socios una solución interna diferente a la que en última instancia adoptó y de sobreponerse a cuantas voces se alzaron en 2015 para rechazar soluciones más costosas, menos simples, pero más respetuosas con los derechos humanos. De aquel ejercicio político de bajos vuelos se deriva el problema que desafía ahora a los socios de la UE en la frontera sudeste de los Veintisiete.

En Reflexiones sobre el exilio, Edward W. Said escribió: “La cultura occidental moderna es en gran medida obra de exiliados, emigrados, refugiados”. George Steiner habló alguna vez del tiempo de los refugiados, de quienes se ven obligados a buscar el futuro lejos de su tierra, su mundo, su cultura. Pero los gestores políticos de ese tiempo de desplazados han olvidado la guía ética de estos y otros autores, como si entre aceptar que todo el mundo entre en Europa sin más y desentenderse de la suerte de cuantos intentan hacerlo no hubiesen alternativas intermedias para evitar que los desplazados no fueran doblemente víctimas: por su condición de tales y por su sometimiento a condiciones de vida degradantes. La solución turca para contener el flujo de refugiados con destino a Europa lo es todo menos una alternativa defendible.

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Cruce de crisis en la UE

La derrota de tres candidatos a comisarios en los trámites de confirmación que preceden a la formación de la nueva Comisión Europea suma un nuevo problema a los muchos que tiene planteados la UE, especialmente el rompecabezas del brexit y los efectos del proteccionismo estadounidense en los flujos comerciales entre las dos orillas del Atlántico después de la última tanda de aranceles impuestos a productos europeos. Se mire por donde se mire, cuando concluya la constitución del colegio de comisarios que presidirá Ursula von der Leyen, este nacerá doblemente debilitado: por la escueta mayoría de nueve diputados que cosechó en el Parlamento Europeo quien lo presidirá y por el hecho de que los candidatos a comisarios presentados por Hungría, Rumanía y Francia no pasaron las pruebas de idoneidad. Una situación que conspira contra el deseo expresado por Josep Borrell en su audición de que los miembros de la UE compartan “una cultura estratégica común”.

De momento, es harto improbable que el Parlamento pueda cumplir con los plazos y pueda aprobar en bloque la nueva Comisión el día 23 para que tome posesión el 1 de noviembre, lo que en la práctica significa que ese día seguirá en funciones el equipo de Jean-Claude Juncker, que solo unas fechas antes habrá sabido si se consuma un brexit a las bravas, si hay una prórroga en las negociaciones con el Reino Unido hasta el 31 de enero o si Boris Johnson se ha sacado de la manga una nueva argucia. En cualquier caso, incluso admitiendo que la madeja británica ha cohesionado a los Veintisiete, no es la mejor situación para encarar el galimatías tener una Comisión en funciones a causa de la crisis que se ha abierto en la tramitación del nombramiento de hasta tres comisarios, entre ellos Sylvie Goulard, la candidata presentada por Francia. Un desaire hacia Emmanuel Macron que este no olvidará y que acaso enrarezca sus relaciones con Von der Leyen antes de que tome posesión y con quienes no han olvidado que el presidente forzó la situación para saltarse el proceso de designación del presidente de la Comisión entre los spitzenkandidaten que concurrieron a las elecciones europeas de mayo.

Dicho de otra forma: ni por el peso de Francia en el funcionamiento de Europa ni por las razones del rechazo de Goulart, íntimamente relacionados con la presunta utilización irregular de fondos comunitarios cuando era eurodiputada y una asesoría externa, cabe equiparar su caso al de los candidatos húngaro y rumano rechazados por la Comisión de Asuntos Jurídicos por conflicto de intereses. La única comparación posible es el efecto paralizador que tienen, de forma especial por la situación que se da en Rumanía, donde una moción de censura ha dejado el Gobierno en funciones y es improbable que pueda presentar otro candidato en pocos días.

Puede decirse que todo son complicaciones en torno a la gran complicación del brexit, acerca de cuyo posible desenlace nadie se atreve a emitir un pronóstico. Que Boris Johnson y Leo Varadkar, primeros ministros del Reino Unido y de Irlanda, salieran razonablemente relajados de su entrevista del jueves –¿dieron con una solución para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas?–, tiene un valor inconcreto, es un dato sujeto a toda suerte de interpretaciones que en nada garantiza que se desatasque el proceso. En concreto, nadie sabe si durante los próximos 18 días Johnson enviará una carta a Bruselas para pedir con desgana una prórroga en las negociaciones –para acto seguido disolver los Comunes y convocar elecciones–, si abrirá una crisis constitucional con el Parlamento y se mantendrá en la senda de la salida a toda costa, o si un cambio no previsto en la correlación de fuerzas entre brexiters y remainers modificará los datos esenciales del problema.

La UE se enfrenta así a un futuro incierto, provocado por el comportamiento de un líder imprevisible que sabe que se juega su futuro político a una sola y arriesgada carta, pero que tiene presente que la provisionalidad del entramado comunitario le da quizá alguna pequeña ventaja. Quizá, también, Johnson percibe que ha sido capaz de llevar la negociación con Bruselas al terreno deseado, ha desorientado a sus adversarios y tiene enfrente a una UE enzarzada en acabar cuanto antes con el traspaso de poderes a la Comisión de Von der Leyen. Otros, por el contrario, estiman que Johnson se niega a admitir que, salvo una salida ordenada, reglada y pausada de la UE, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos económicos, de cohesión social y de seguridad para los ciudadanos británicos que residen al otro lado del canal y para los europeos instalados en las islas. La opinión del conservador italiano Antonio Tajani de que “Europa no entiende lo que pasa en el mundo” es probablemente extensible al premier, aparentemente incapacitado para comprender las dimensiones del zarzal en el que se ha metido.

Mientras el brexit se mantiene como el mecanismo cohesionador de una UE que tiende a hacer de las crisis internas una seña de identidad política, se ha revelado también como un factor divisorio de la sociedad británica sin comparación posible en el pasado reciente del país. Al mismo tiempo que el europeísmo alaba la unidad de los Veintisiete en un momento tan complejo, los europeístas de las islas arremeten contra el nacionalismo populista que ha llevado al Reino Unido a una situación imposible. Medios de orientación tan diferente como The Guardian y Financial Times multiplican sus análisis para llevar al ánimo de sus lectores los perjuicios que se avecinan, los mundos académico y de la cultura se alarman y la City ve cada día más cerca la tormenta. La analista Polly Toynbee resume así la situación del primer ministro: “Se acaba de encerrar en un rincón donde su política es confusa, engañosa y de la que desconfían las dos facciones de su partido, dividido a causa del brexit”.

En otras circunstancias, los obstáculos para cumplir con los plazos para formar la Comisión tendrían una importancia menor. Pero de lo que se trata en estas próximas semanas es de delimitar el parte de daños, sea cual sea el desenlace final del brexit, y sean los que sean los efectos del choque comercial con Estados Unidos. Porque es indudable que daños los habrá, algunos de enorme calado, y más que nunca conviene que acometan su gestión las instituciones europeas en igual o mayor medida que los gobiernos, convocados por el presidente del Consejo Europeo, más expuestos a las rivalidades entre países que la Comisión, al menos en teoría.

 

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

La investidura se pierde en reproches

El viaje hacia ninguna parte emprendido por el PSOE y Podemos culminó en el sonrojante intercambio de reproches de la fracasada investidura de Pedro Sánchez. En medio del estriptís integral salió a relucir el viejísimo debate de las diferentes izquierdas españolas acerca de cuál de ellas da cobijo a la verdadera alma de la izquierda, quién es de izquierdas y quién solo aparenta serlo. El empeño de Podemos de ser el guardián autoproclamado de las izquierdas y el del PSOE de consagrar su hegemonía en este territorio han empañado el debate y convertido la negociación en una lucha descarnada por el reparto del poder, en la pretensión de ambos partidos en neutralizar al otro, algo propio de adversarios encarnizados más que de presuntos aliados que busca de un Gobierno de coalición que primero había de ser de cooperación y que finalmente no fue nada.

El disenso no es ni nuevo ni diferente al vivido en muchas ocasiones anteriores desde la noche de los tiempos de la izquierda española, enfrascada en una interminable discusión sobre los méritos contraídos por cada parte para acreditar su condición de guía moral de la izquierda. La discusión, a menudo estéril y paralizante, se ha concretado en un exaltado cruce de descalificaciones, que han sumido en la decepción al electorado progresista, para el que los bizantinismos no hacen más que alimentar un compartido sentimiento de frustración así en el campo podemita como en el socialdemócrata. La pretensión de la dirección de Podemos de transformar el partido en el único legitimador posible de un programa de izquierdas, quizá mediante la formación de un Gobierno bis dentro del Gobierno, resulta tan fuera de lugar como la del PSOE de comportarse poco menos que como si hubiese cosechado la mayoría absoluta el 28 de abril.

Que los juegos de manos que han desembocado en un gran fiasco tengan una gravedad y consecuencias menores a la que tendrían si no existiese el paraguas cobijador de la UE no mejora el diagnóstico sobre la capacidad de liderazgo y compromiso de los estados mayores de los cuatro grandes partidos, presos de un ensimismamiento ciego y que apenas presta atención a los mensajes que llegan de la calle y de las urnas. En el caso de las fuerzas de izquierda, más incluso que en los dos grandes partidos de la derecha, la ocasión perdida es improbable que no tenga un elevado coste político, más para Podemos que para los socialistas a tenor de lo adelantado por las encuestas realizadas en pleno fragor de la batalla. El diagnóstico de Rubén Amón en El País es verosímil: “Iglesias creó Podemos e Iglesias ha decidido destruirlo”.

La afirmación de Antón Losada en eldiario.es es un recordatorio oportuno: “Cuando la izquierda no se entiende, la derecha gana. Es una ley inexorable de la política española. No admite excepciones y nunca deja de funcionar”. La demora en la formación de los gobiernos autonómicos de Murcia y de Madrid no ha pasado de ser una simulación provocada por Ciudadanos para que no parezca lo que realmente es el pacto de gobierno: un acuerdo a tres en el que Vox contamina cuanto toca. Sin mayor esfuerzo que los errores encadenados de la izquierda, los tres partidos de la derecha han transmitido una imagen –falsa, pero resultona– de capacidad de entendimiento que el PSOE y Podemos están lejos de poder exhibir frente a un electorado atónito que votó para que hubiese acuerdo, es decir, presupuesto, programas sociales, compromiso ecológico, feminismo, europeísmo sin reservas, gestión sosegada del caso catalán y otros ingredientes indispensables para no defraudar a una sociedad moderna que apenas sale de la crisis económica, pero necesita garantizar la pervivencia del Estado del bienestar.

En vez de discutir el programa largo y tendido, sin filtraciones ni codazos, sucedió lo que Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, resume en muy pocas palabras: “No fue hasta cerca de 24 horas más tarde [de que PP y Ciudadanos reiteraran que no se abstendrían], en la víspera de la primera sesión de investidura, que las negociaciones entre el PSOE y Podemos empezaron seriamente. Apenas duraron una veintena de horas. Demasiado poco para dar con un acuerdo”. Reducir este fracaso en un suspenso en julio que cabe levantar en septiembre como intentan los malos estudiantes es una simplificación impropia: los resentimientos y las cuentas pendientes, la desconfianza mutua y la lucha por la hegemonía han aflorado con toda su crudeza.

“La posición de un hombre político se determina de esta manera: una tradición corregida por la razón”, declaró Manuel Azaña en las Cortes el 27 de mayo de 1932. Entre el 22 y el 25 de julio ha prevalecido la tradición –la capacidad infinita de la izquierda para no ponerse de acuerdo– y ha perecido la razón. La tradición indica que la pugna entre la herencia socialista y la herencia comunista han sido siempre dos realidades refractarias; la tradición reciente demuestra que en muchas ocasiones ha sido posible la alianza a escala local y autonómica, pero siempre se ha mantenido más o menos viva la disputa sobre a quién corresponde la guía espiritual de la izquierda; la tradición permitió, en fin, que sumara adeptos la prédica de Julio Anguita dedicada a la teoría de las dos orillas. Con gran éxito de crítica y público entre la derecha dirigida entonces por José María Aznar, cabe recordar.

Dicho todo lo cual es obligado subrayar que el espectáculo continúa y el único desenlace aceptable es que de aquí a finales de septiembre el único candidato posible para obtener la confianza del Congreso logre desatascar la situación. Otear el horizonte y fijar la mirada en otro objetivo –legislativas en noviembre– sería tanto como demostrar una incapacidad absoluta, poco menos que enfermiza, para asumir las reglas del juego propias de una coalición, según las cuales nadie pierde del todo y nadie sale vencedor absoluto: a lo máximo que puede aspirarse en estos casos es a un win-win limitado. Convocar elecciones podría tener consecuencias inesperadas en un ambiente de pesimismo o escepticismo generalizado, propenso a la abstención, a un resultado imprevisible. Demasiadas veces han sido requeridos los ciudadanos desde 2015 para que indiquen cómo y por quiénes quieren ser gobernados como para hacerlo de nuevo; el recurso a las urnas, de producirse, sería la confirmación de un fracaso clamoroso de los partidos, en general, y de la izquierda, en particular.

Grecia se entrega a la derecha

El revolcón electoral sufrido por el partido Syriza en las elecciones legislativas celebradas en Grecia el domingo último es el resultado de varios factores concatenados que llevaron a una parte importante de los votantes a confiar el futuro a quienes son en gran medida responsables de los quebrantos del presente. La victoria con mayoría absoluta de Nueva Democracia, el resorte político de las élites conservadoras, no es indicativo de un cambio sociológico, sino más bien consecuencia de la decepción sembrada por la izquierda radical, que en 2015 precisó solo medio año para pasar de prometer auxilio a los afligidos a aplicar el programa de austeridad más duro impuesto por la UE a uno de sus socios. Alexis Tsipras, a la sazón primer ministro, hizo un rápido viaje al realismo desde las promesas inalcanzables, presionado por Bruselas, por los acreedores, por el encarecimiento inasumible de los intereses de la deuda y por el riesgo de tener que sacar al país del euro y devastar su economía mucho más de lo que fue devastada en los años siguientes.

La aplicación de una cirugía de hierro al caso griego a pesar de no representar más que el 2% del PIB de la UE operó como un aviso para navegantes –especialmente meridionales– y desactivó uno de los frentes más dinámicos de la nueva izquierda europea. Al mismo tiempo, fijó un modelo de salida de la crisis –la UE, el BCE y el FMI, todas las siglas a una– que tuvo mucho de austericidio y puso al frente de las operaciones a gestores guiados por la ortodoxia económica germánica, mientras Paul Krugman publicaba un libro titulado ¡Acabad ya con esta crisis!, casi un grito desesperado Una especie de teoría de la redención soslayó el coste social que iba a tener el tratamiento prescrito a Grecia o, lo que es peor, hubo especial empeño en negar la toxicidad de la cura.

Que el presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, diga ahora “no fuimos solidarios con Grecia, la insultamos”, de poco vale. En los peores momentos de la crisis, Tsipras y el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, a menudo un provocador, fueron presentados ante la opinión pública europea como depositarios de todos los malos imaginables, como políticos que se negaban a aceptar la realidad: el país había quebrado. Tan cierto era que la situación de la economía griega era un caso clínico de libro como que los dos gobiernos que precedieron al de Syriza –de Nueva Democracia y del Pasok– eran los grandes responsables de la situación heredada por la nueva izquierda. Pero se impuso la idea del castigo ejemplar –la “austeridad irreflexiva”, dice Juncker– para evitar quizá que otras heterodoxias aquí y allí, en especial en el sur, siguieran los pasos de Syriza.

La gran paradoja hoy es que uno de los responsables del desastre, Nueva Democracia, que se dedicó a falsear el déficit y engañó a Bruselas mientras estuvo en el Gobierno, está de vuelta, dirigido por Kyriakos Mitsotakis, un apellido habitual en el conservadurismo griego. Al mismo tiempo, no deja ser lógico el retorno de la derecha habida cuenta de la decepción de los electores con la izquierda, el escepticismo creciente –la abstención superó el 40%– y la necesidad imperiosa de salir del agujero, sea cual sea la complejidad del problema y sea quien sea el ejecutante. Si los predicadores de la utopía se vieron forzados a aceptar el empobrecimiento sin límites, quizá los divulgadores del realismo, los líderes de la derecha, sean capaces de atenuar los efectos de una miseria invasiva que ha dejado al país en los huesos, piensan quienes con su voto hicieron posible el bandazo.

Cosa distinta es si es factible rescatar a Grecia de los rescates –un triste juego de palabras– con un programa que pone por delante la bajada de impuestos y de los tipos de interés, la paulatina recuperación de las pensiones y la dinamización de una economía que en 2018 creció el 1,8%, puede que un buen dato para un país encauzado, pero modestísimo en un entorno de pobreza extrema. El hecho de que las condiciones para los tres rescates que ha precisado Grecia se hayan traducido en una caída del PIB del 40%, un programa de privatizaciones a marchas forzadas y una caída permanente de la renta disponible inducen a pensar que aquello que ofrece Nueva Democracia a una población exhausta no se traducirá en la práctica en mucho más de lo ofertado los últimos cuatro años por un partido como Syriza, convertido en administrador ortodoxo de la crisis.

“Las ideologías llevan inevitablemente a la decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real hace imposible”, sostenía Enrique Tierno Galván. De tal manera que el mismo defensor de la utopía como una meta irrenunciable, entendía que la realidad, los datos de la realidad, son ineludibles. La gran lección griega es que, como temía el más heterodoxo de los alcaldes que ha tenido Madrid, si todo se fía en la utopía, lo más probable es que el despertar a la realidad, a la correlación de fuerzas, dé paso a una decepción desmovilizadora que alimente el pesimismo social, tan característico del pensamiento conservador y tan ajeno a la base electoral de la izquierda.

Un analista del diario conservador ateniense Kathimerini estima que la victoria de Nueva Democracia “confirma el regreso a la normalidad después de una larga década de crisis que dividió al país penosamente”. Lo que no detalla el articulista es qué entiende por normalidad, en qué se traducirá y a quién beneficiará. Acaso no puede hacerlo ni aventurar cifras porque, como en el hundimiento del Titanic, en la salida de la crisis griega, si la hay, coincidirán más náufragos que salvavidas y, en consecuencia, a muchas de las víctimas no les aguarda más futuro que el de ser víctimas crónicas. Alguien debía haber dicho esto durante la campaña y aportar cifras para un mayor esclarecimiento de la realidad; otra vez la realidad que no se puede eludir.