Ucrania bien vale un acuerdo

Ucrania bien vale un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, puede decirse parafraseando al rey Enrique IV de Francia, pero hasta que ambas partes lleguen a esta conclusión se expone Europa a una crisis malcarada. Porque la diplomacia de las amenazas y de las exigencias desaforadas se ha adueñado del escenario y ni una parte ni la otra quieren dar la impresión de que abandonan la disputa y se pliegan a los requerimientos de su rival. Sumergidos en la lógica de una guerra fría con reglas nuevas que hace falta explicitar y entregados Vladimir Putin y Joe Biden a ejercitarse en el lenguaje del desafío, el futuro se llena de incógnitas y la Unión Europea se antoja una vez un actor débil a escala internacional incluso cuando el disenso la afecta directamente.

La operación emprendida por Putin para recuperar el orgullo nacional mediante una reconstrucción sui géneris del espacio de poder que fue la Unión Soviética y, de paso, afianzarse en el papel de líder de una autocracia, no tiene marcha atrás. La euforia desmedida de Occidente durante los acontecimientos que se desarrollaron entre la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la extinción de la URSS (25 de diciembre de 1991) están en el origen del agravio ruso, que se concretó durante la presidencia de Boris Yeltsin, viva imagen de la implosión de una gran potencia. Mientras tal cosa sucedió se afianzó la imagen de hiperpotencia de Estados Unidos, único actor a escala planetaria teóricamente capaz de organizar la posguerra fría sin competidores con medios para discutirle su papel. China era una mera hipótesis de futuro, un universo que necesitaba transformar su economía para disponer de una voz propia determinante.

El tránsito de Boris Yeltsin a Vladimir Putin significó una reordenación de la capacidad del Estado para recuperar la identidad perdida y culminar el cambio de la economía hacia un capitalismo sin rostro humano salvo el de los oligarcas, piedras sillares en el afianzamiento del presidente. Pero cuando Rusia estuvo en condiciones de llamar de nuevo la atención a la OTAN, se habían consumado tres realidades nuevas: la ampliación de la UE en dirección al este, el ingreso en la OTAN de los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia y aun de territorios tan tenidos como propios por Rusia como las repúblicas bálticas y la conversión de China en gran potencia económica en condiciones de disputar la hegemonía a Estados Unidos –por lo menos, igualarla– y aspirante a liderar la revolución tecnológica.

Todo esto significó para Rusia verse abocada a disputar una competición por encima de su peso, como ha dicho el profesor Fernando Vallespín. No puede hoy Rusia jugar la misma liga que Estados Unidos y China, pero sigue siendo una gran potencia militar con intereses específicos y la sensación de que, de Bielorrusia a Kazajistán, es posible recuperar el espacio perdido, o por lo menos una parte de él, aunque sea con otras reglas. A nadie puede extrañar, entonces, que Rusia reclame garantías a la OTAN de que no se aproximará a sus fronteras más de lo que ya lo está, de que ni Ucrania ni Georgia ingresarán en ella y de que el Estado-continente que es Rusia será un actor principal y reconocido en los acontecimientos que se desarrollan en su periferia.

Las exigencias son desmesuradas, pero no están desvinculadas de la realidad: la OTAN aprobó en 2008 la posible entrada de Ucrania y Georgia, pero desde aquel año no ha dado un solo paso en esa dirección. Es más, cuando el presidente georgiano Mijail Saakashvili, el mismo 2008, creyó que tendría de su parte a la OTAN en su enfrentamiento con Moscú, cometió un error de cálculo histórico: la Alianza no hizo ningún gesto significativo en su favor y Georgia acabó perdiendo Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por Rusia como estados independientes (en realidad, territorios sometidos a vasallaje). Como dice Javier Solana, la adhesión de Ucrania a la OTAN no es algo que, hasta la fecha, figure en la agenda de Occidente, una situación que no cambió ni con la anexión rusa de la península de Crimea ni con la crisis del Donbass, aún hoy una guerra de baja intensidad.

Todo lo cual lleva a la conclusión de que el calentamiento de la crisis en Ucrania presagia un juego de suma cero en el que cualquier modificación del statu quo entraña muchos riesgos y pocos o ningún beneficio. La determinación de Estados Unidos de dopar al Ejército de Ucrania con una ayuda de 600 millones de dólares, unido a las amenazas de Joe Biden y a la reconocida incontinencia verbal de Vladimir Putin, apoyada en el despliegue militar en la frontera oriental de Ucrania, no es la mejor preparación para dar con la tecla que desactive los peligros latentes. La ausencia de la Unión Europea abunda en esa percepción de que un actor adscrito al soft power, que podría serenar la discusión, persevera una vez más en el viejo esquema de apoyo a Estados Unidos cuando probablemente la Casa Blanca es parte del problema y lo que se precisa en estos cosas es una voz que se manifieste desde una posición menos comprometida.

Algunos análisis desapasionados han llegado a la conclusión de que el primer paso que debe dar Estados Unidos para disputar con posibilidades la carrera con China es debilitar el matrimonio de conveniencia establecido por Vladimir Putin con Xi Jinping. En caso contrario, esa alianza será un elemento de presión permanente como lo es la tutela china de Corea del Norte frente a la otra Corea y a Japón. Por decirlo con palabras escritas por un editorialista de Global China, “la cooperación con Rusia es algo deseable y necesario”, una frase con un significado preciso y elocuente. No hay en la crisis ucraniana nada que pueda debilitar su significado salvo que una tercera voz sea capaz de realzar las contradicciones inherentes a la asimetría entre una gran potencia en ascenso (China) y otra en aparatosa reconstrucción (Rusia). Si esta voz fuese la europea –con el gas ruso y la nueva Ruta de la Seda sobre la mesa–, todo quizá sería más fácil, pero hay un encanallamiento de la crisis que bloquea de momento cualquier salida razonable.

En cierta ocasión, un periodista preguntó a Jacques Delors, a la sazón presidente de la Comisión, qué papel debían desempeñar los socios europeos en el ordenamiento de Europa Oriental después de la desaparición de la URSS. La respuesta de Delors es tan válida ahora como lo fue entonces: “Si no sabemos defender nuestros intereses, nadie los defenderá”. Esa es la cuestión mientras Anthony Blinken y Sergei Lavrov intercambian frases amenazantes por orden de sus jefes.

Boris Johnson, contra las cuerdas

Quizá sea Boris Johnson el político británico que más partido supo sacar al Brexit, pero quizá sea también el que peor ha administrado la salida de la Unión Europea en términos de resultados tangibles y de capacidad para hacerse con la complicidad de la mayoría de cuantos le otorgaron la victoria en las últimas elecciones y lo instalaron en el 10 de Downing Street. Las encuestas coinciden en que Johnson ha malbaratado el capital de popularidad acumulado con el divorcio y hoy no cuenta con el apoyo de más del 30% de los votantes, los laboristas le sacarían diez puntos de ventaja según los sondeos si hoy se convocara a las urnas y la sensación de desbarajuste gana la calle entre escándalos grandes y pequeños. Por si fuera poco, la prensa conservadora ha tirado la toalla en su estrategia justificativa del proceder de Johnson, al que ve como seguro caballo perdedor.

Es posible que Johnson sea más convencional de lo que parece y que aún esté bien considerada en ciertos ambientes la calculado excentricidad atribuida de antiguo a un determinado arquetipo británico, pero en tiempos de penalidades a causa de la pandemia rinde pocos intereses salirse de lo esperado, previsible y necesario. El resultado de la elección en el distrito de North Shropshire, donde ha ganado la candidata liberal demócrata con el 34% de los votos, ha sido descrita por el copresidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, como una patada propinada por los votantes, hartos a su entender de un proceder injustificable. Pudiera pensarse que perder un escaño con una participación que no alcanzó el 50% no da para muchos análisis, pero ese no es el caso: en los últimos 189, solo dos veces los conservadores han salido derrotados de North Shropshire.

Peter Walker, analista político del periódico progresista The Guardian, llega a una conclusión que, con otras palabras, comparten incluso algunos editorialistas de medios conservadores: “Si es una especie de cliché que los conservadores pueden ser brutales por la forma que tratan a los líderes que ya no sienten como activos electorales –escribe Walker–, podría decirse que esto es aún más así en el caso de Boris Johnson, cuya principal virtud para muchos de sus parlamentarios fue su atractivo para los votantes. Si eso se ha esfumado, debería estar preocupado”. El recurso al condicional es meramente retórico, porque la pregunta sin respuesta que subyace es la que se formulan muchos pesos pesados del conservadurismo: ¿qué significado hay que dar a la pérdida de un escaño seguro en mitad del fragor de la batalla política desencadenada por las fiestas en Downing Street en los días previos a la Navidad de 2020? Y ya puestos, ¿cuánto daño han causado a la imagen conservadora los gastos suntuarios en el Número 10, cargados por Johnson al presupuesto?

De la misma manera que la campaña destemplada de Johnson para consumar el Brexit y suplir a Theresa May logró alcanzar los objetivos fijados, la destemplanza asociada al desgobierno que transmite el primer ministro reúne muchos de los ingredientes de una crisis política de la que es difícil salir ileso. Edward Heath publicó en 1975 un artículo en el que dejó explicado la que, a su entender, es la misión que compete a los conservadores: “Utilizar la influencia de sus habilidades políticas y diplomáticas para crear un nuevo equilibrio entre los diferentes elementos dentro del Estado en aquellos momentos en que, por una razón u otra, su desequilibrio amenaza con perturbar el desarrollo ordenado de la sociedad”. No es exagerado decir que, a la luz de los acontecimientos, Johnson contribuye a acentuar los desequilibrios.

A demasiados escaparon los antecedentes de Johnson en la alcaldía de Londres cuando se puso al frente de las operaciones para aprovechar la debilidad laborista, ganar las elecciones y culminar el Brexit. Los brexiters se movilizaron y vieron en él alguien parecido al defensor de la exclusividad británica que hace aconsejable no formar parte del club europeo. Sin embargo, el último año ha llevado a ver en el rumbo fijado por Johnson síntomas de inconsistencia en la gestión de los grandes asuntos, de falta de criterio, incluso de caótica improvisación, contrario todo ello a la vieja advertencia de lord Palmerston hace siglo y medio: “En el concierto de las naciones, la debilidad nunca será la base de la seguridad”. Una atmósfera de debilitamiento agravada en el presente por las incertidumbres de futuro, de las consecuencias del Brexit al desafío de la pandemia, de la emergencia climática al papel del Reino Unido en la economía global, que el premier no es capaz de afrontar de una forma razonablemente entendible.

Dos opiniones relevantes en el prestigioso semanario The New Statesman abordan el estado de la cuestión. Para una de sus analistas políticas, Annette Dittert, el problema no se circunscribe a la conducta del primer ministro, sino que el verdadero problema del Reino Unido “son los propios conservadores”, que en gran número se han desmarcado de una de las pocas decisiones sensatas que ha tomado Johnson: “Fijar nuevas medidas contra el covid para proteger a la población”. Que la decisión obedezca a la repercusión que ha tenido en la opinión pública el escándalo de las fiestas le parece a Dittert un pobre argumento para justificarla; más se le antoja que pone en riesgo los cimientos de la democracia al procurar argumentos a los grupos antivacunas y, en general, a los adversarios de la democracia liberal. En las mismas páginas, va más allá David Gauke, exsecretario de Estado de Justicia con Theresa May, que sostiene que lo que realmente importa “no es si el primer ministro está reaccionando de forma exagerada a la variante Ómicron, sino si está reaccionando de forma insuficiente”, una andanada contra los 96 diputados que no apoyaron las medidas llevadas por Johnson a la Cámara de los Comunes.

No hace demasiado, un editorial del diario conservador francés Le Figaro argumentó que al soslayar la realidad inexorable de cuál es la verdadera capacidad de influir del Reino Unido, la política británica había adquirido aires de tragedia shakespeariana. Lo cierto es que este final de año parece más cercano a una caricatura apresurada, huérfana tal política del pragmatismo que cada vez con más frecuencia echa en falta una opinión pública desorientada. Hay algo de permanentemente destemplado e inconsistente en el comportamiento de Johnson que acaso sea la causa primera y última de su desmoronamiento, de ese presagio que cada vez le acerca más a una situación imposible ante la rebelión de un ala de la mayoría conservadora en el Parlamento. Se diría que los enormes desafíos que debe enfrentar Boris Johnson han dado la medida de su incapacidad manifiesta para gobernar con solvencia.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

Bielorrusia chantajea a la UE

La situación provocada por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, en la frontera con Polonia no solo refleja la catadura moral del inductor de la crisis y de su protector, Vladimir Putin, sino que afecta a la cohesión interna de la Unión Europea, atrapada entre la necesidad de actuar en defensa de uno de sus socios, que, a su vez, mantiene vivo un disenso fundamental en la aplicación de los tratados al no reconocer la primacía de la legislación europea sobre la nacional. Hay en la acción emprendida por Lukashenko el propósito de responder a las bravas a las sanciones impuestas por Bruselas al régimen bielorruso y en el acompañamiento de Putin se manifiesta la decisión de presionar a los Veintisiete cuanto más, mejor. Y hay también la necesidad del Kremlin de mantener el estatus de gran potencia mediante su capacidad de dañar a quienes tiene por adversarios –aunque al mismo tiempo son sus clientes, consumen gas ruso–, una necesidad perentoria para encubrir una doble realidad: la desastrosa situación económica del país y la no menos desastrosa lucha contra la pandemia.

En la crisis humanitaria provocada por el tándem Lukashenko-Putin o viceversa, las consideraciones morales no tienen cabida. Las condiciones en las que sobreviven al borde de la frontera con Polonia varios miles de personas en el gélido noviembre de la región no forman parte de las preocupaciones de quienes han decidido manipular en beneficio propio a comunidades extremadamente vulnerables. El recurso al tráfico de seres humanos, un saneado negocio para mafias de todo el mundo, resulta doblemente abyecto cuando detrás de él se hallan gobernantes dispuestos a cualquier cosa.

Tales consideraciones no deben ocultar el hecho de que la Unión Europea ha sido poco diligente en la previsión de la crisis en curso. El politólogo polaco Slawomir Sierakowski advirtió el pasado agosto que a raíz de la caótica evacuación de Afganistán por Estados Unidos y sus aliados, Lukashenko había encontrado una forma de presionar a la UE con la exportación de refugiados a la frontera con Polonia. “Desde principios de año, más de 4.000 refugiados han llegado a Lituania, 50 veces más que en 2020, afectando a las comunidades locales y molestando a la opinión pública nacional –escribió Sierakowski el 31 de agosto–. Ante tal afluencia, Lituania y Letonia han declarado el estado de emergencia. Ahora Polonia, donde ya ha habido varios cientos de intentos de obligar a los refugiados a cruzar la frontera, se une a ellos. Los refugiados, confundidos, perdidos y hambrientos, están siendo capturados en ciudades fronterizas y devueltos por la fuerza al lado bielorruso. Aunque estas devoluciones van en contra de la Convención de Ginebra, los países de la UE se han acogido cada vez más a esa práctica”.

La paradoja es que la impericia europea para afrontar el problema a las primeras de cambio puede, a la larga, rescatar al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, de un laberinto sin salida a causa de su disenso con las autoridades de la UE. Puesto que el problema ftonterizo urge más que la resolución que finalmente redacte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la prevalencia del derecho comunitario, el Gobierno de Varsovia puede pensar, no sin fundamento, que el desenlace del conflicto jurisdiccional quedará en agua de borrajas, aunque en un principio la opinión más difundida en la UE fuese que Bruselas no podía ceder y, llegado el caso, debía bloquear los fondos destinados a Polonia. De momento, los socios europeos se ven en la obligación ineludible de salir en defensa de uno de ellos ante el desafío bielorruso, que puede hacerse extensivo a las fronteras de Lituania y de Letonia.

Al mismo tiempo, los grandes medios ponen el parche antes que la herida y avisan del error que supondría, a raíz de la crisis fronteriza, dar por amortizada la rebelión polaca en materia judicial. En teoría, es lógico pensar que tanto daña la cohesión comunitaria la posición polaca cuando no acata las resoluciones del TJUE como la dañaría la inacción ante el propósito bielorruso de enviar contingentes de refugiados al otro lado de la frontera. En la práctica, todo es más complejo porque hay demasiados socios, empezando por Hungría, que apoyan la rebelión jurídica de Polonia, siquiera sea con la boca pequeña, y en cambio no se ha alzado una sola voz en busca de una alternativa a las devoluciones en caliente.

Sucede así que la crisis fronteriza en Polonia sienta de nuevo a la UE ante el espejo de sus dudas y debilidades, con Lukashenko y Putin como grandes instigadores. Quizá sea demasiado aventurado colegir de todo ello que Morawiecki saldrá reforzado del envite, pero resulta menos arriesgado pensar que en todo caso no saldrá debilitado. Es asimismo exagerado pensar que los europeos han caído en una trampa para elefantes, pero no parece desmesurado advertir en la situación lo más parecido a una calle sin salida honorable. Entre otras razones porque de las tres medidas sugeridas por el periódico Le Monde para parar los pies al dictador bielorruso, solo la imposición de nuevas sanciones depende en exclusiva de la voluntad de los Veintisiete, Las otras dos, llevar la crisis a la ONU y visitar a los gobernantes de los países de origen para que dejen de ser cómplices de ese tráfico humano, son poco menos que inviables: jamás consentirá Rusia en el Consejo de Seguridad una resolución condenatoria de Bielorrusia y resulta inimaginable que se presten a algo semejante a un diálogo con fines de estricta decencia humanitaria las autoridades sirias o afganas, por citar solo dos de las concernidas.

En el emponzoñamiento del caso, como en tantos otros del pasado, se cumple la máxima según la cual un contrincante no es débil hasta que consigues debilitarlo. Pero Aleksandr Lukashenko no está solo y, además, dispone de un arma política de última generación con el invierno a las puertas: la espita del gas que llega de Rusia. La amenaza de cortar el suministro ya ha sido cursada, Vladimir Putin ha remitido a Angela Merkel a su aliado para que trate con él el asunto, y la poco convencional gestión de la poco convencional economía rusa autoriza a temer comportamientos abruptos. A esa llamada guerra híbrida le cuadra más el calificativo de chantaje a la luz del día.

La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.

Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.

Polonia desafía a la UE

La resolución del Tribunal Constitucional de Polonia que niega la primacía de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho polaco abre una crisis institucional de grandes dimensiones. Al declarar inconstitucionales varios artículos del Tratado de la Unión impugna también la validez de varios apartados del tratado de adhesión firmado en su día por Polonia al ingresar en la organización. Llegados a este punto se abre la puerta a la aplicación de varios factores de corrección a instancias de Bruselas, algo del todo improbable, o a que el país se dé de baja del club, lo que ya se conoce como Polexit, una opción asimismo improbable a pesar del nacionalismo rampante y la deriva ultra del partido Ley y Justicia (PiS, sus siglas originales), que sostiene al Gobierno.

El recurso presentado ante el Constitucional por el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ya prefiguraba de por sí un choque institucional habida cuenta la naturaleza del disenso entre Varsovia y Bruselas en tres materias sensibles sobre las que se pronunció en contra el TJUE: la reforma de la justicia por violar el principio de independencia judicial, la erosión de la libertad de expresión y la limitación de los derechos de la comunidad LGTBI. En los tres casos, las leyes que el PiS sacó adelante supusieron, en última instancia, que el Ejecutivo polaco sufriese un revolcón judicial. Y de paso, quedó bloqueado el plan de recuperación polaco que asciende a 36.000 millones de euros.

¿Cómo salvar la situación sin un dramático parte de daños? De entrada, ni la Unión Europea puede revisar o matizar lo dictaminado por los magistrados del TJUE ni el Gobierno polaco está dispuesto a retocar las leyes que motivan la crisis, sino que pretende que se revisen los tratados. Cuando Didier Reynders, comisario de Justicia, compromete la palabra de la UE para poner al servicio de la causa cuanto sea preciso para que se respeten los tratados fundacionales, cierra el paso a una componenda más o menos presentable –o impresentable–, pero cuando el presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, excluye dos posibilidades, el Polexit y la rectificación de las leyes aprobadas por el Parlamento de su país, no hace más que llevar el debate a un callejón sin salida.

Al mismo tiempo, la decisión de los jueces polacos ha entusiasmado a la extrema derecha europea, que se debate entre el euroescepticismo y el empequeñecimiento de las instituciones de la UE hasta reducir la organización a un área de libre comercio gestionada por la conferencia intergubernamental. Basta un somero repaso en las hemerotecas para encontrar declaraciones de una variada colección de líderes adscritos al populismo ultra que predican la recuperación para los estados de la mayoría de los atributos de soberanía cedidos a las instituciones europeas –ya no, quizá, el regreso a las divisas nacionales y la cancelación del euro–, opuestos siempre a someter las leyes propias a la doctrina del TJUE. Una forma de exigir manos libres para violentar, si es preciso, la división de poderes y limitar las libertades consagradas por las constituciones democráticas.

Es decir que el desafío polaco va más allá del conflicto entre un Estado socio de la UE y la organización; tiene un poder de contagio no menor para que los demagogos de la nación por encima de todo dispongan de un altavoz bastante ruidoso. Si nos remitimos a la historia reciente, la difusión de este nacionalismo altisonante empezó en la Hungría de Viktor Orbán, de quien Jaroslaw Kaczynski se ha declarado rendido imitador. Pero según Adam Michnik, fundador y director del diario de Varsovia Gazeta Wiborcza, la fuente de inspiración de ambos, más lejana en el tiempo, pero no menos eficaz en los resultados, es Mátyás Rákosi, el político comunista húngaro que al final de la Segunda Guerra Mundial se empleó en una metódica labor de vaciado de las instituciones libres “rebanada a rebanada, hasta que no quedó más que la cáscara”.

Hay en todo ello una impugnación del proyecto europeo que quizá debió preverse cuando es acordó una ampliación en masa en dirección este de la UE mientras se discutía una Constitución europea que nunca vio la luz, cuya discusión y fracaso dejó al descubierto debilidades e incoherencias. De forma que mientras varios nuevos socios se adaptaban a las exigencias de la pertenencia  a la UE, otros se sintieron progresivamente incómodos por el desarrollo político e institucional; sintieron que por otros caminos se consagraban principios que formaban parte del proyecto constitucional.

Ahora, claro, no hay marcha atrás porque el coste de salirse de la UE es inasumible por economías en construcción y por Bruselas, que apenas empieza a metabolizar el Brexit y ha entendido que alguna otra defección sería desastrosa para el futuro europeo, casi tanto como consentir a los socios o a algunos de ellos una especie de adhesión generalizada a la carta, con cláusulas de desenganche y otras fórmulas para que cada Estado ajustara a su gusto el vínculo de pertenencia a la UE. Sería esa una Europa inviable, condenada al fracaso o en extremo inestable, tan alejada del espíritu fundacional y de la consolidación de una ciudadanía europea que apenas sería capaz de reconocerse como tal.

Plantea el caso polaco demasiadas incógnitas de futuro como para que el desenlace no sea claro y preciso. Porque sigue siendo primordial el objetivo fijado por Jacques Delors a comienzos de los años 90: definir la Europa política que se quiere. De no hacerlo se asentará en el fondo de todos los debates un factor de vulnerabilidad aprovechable por los adversarios reconocidos o no del proyecto europeo, aquellos que, como Rusia, están dispuestos a sacar partido de lo que los Veintisiete no son capaces de resolver de forma concertada y expeditiva. Recuérdese que una de las reglas de oro menos discutida en el seno de la comunidad internacional es que cuanto menor es tu cohesión interna menor es tu influencia externa. Este es el juego.

Merkel o la fuerza tranquila

Alemania cierra este domingo una historia de 16 años al no concurrir a las elecciones Angela Merkel, varias veces presentada por los medios de comunicación como la mujer con más poder de la comunidad internacional. Sea quien sea el ganador de las elecciones legislativas y se prolonguen lo que se prolonguen las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, la cancillera dejará de llevar el timón y el universo democristiano (CDU-CSU) deberá habituarse a no contar con el valor seguro de la líder que se retira. O, si se confirman algunos pronósticos, se verá obligado incluso a actualizar y quizá a refrescar un establishment acomodaticio que en las encuestas da señales de fatiga, quizá de desconexión con una parte del electorado, votante de Merkel más que de los conservadores.

De ser así, como tantas veces ha sucedido en la historia de los partidos, una figura ganadora con una larga trayectoria habrá dificultado la consolidación de figuras solventes que en el futuro la puedan suceder. Los democristianos no escapan a esta impresión, a las tensiones internas que afloraron cuando se abrió el proceso para elegir un candidato a la cancillería y que solo se atenuaron cuando unas primarias dieron la victoria a Armin Laschet, presidente del land de Renania del Norte-Westfalia. Pero esa atenuación puede que sea solo provisional o momentánea si, como presagian los sondeos, cosecha un mal resultado y, como aventuró el semanario Der Spiegel después del primer debate televisado, los conservadores deben afrontar “una debacle histórica en las urnas”.

Son numerosos los analistas que resaltan la incapacidad de Laschet de seguir la estela de Merkel, de emular su estilo de hacer política sin sobresaltos, algo que genera confianza. Y Der Spiegel va más lejos: “Armin Laschet lo ha sido todo menos inspirador y sus tropiezos pueden tener profundas consecuencias para la estabilidad de la política alemana”. Se refiere el analista de la publicación a la consistencia de las grandes coaliciones armadas por la cancillera y a las incógnitas que se abren si la próxima fórmula de Gobierno descansa en un tripartito multicolor con socialdemócratas, verdes y liberales o con los dos primeros más Die Linke (izquierda poscomunista y disidentes de la socialdemocracia).

El caso de Olaf Scholz es justamente el contrario. El aspirante a canciller del SPD ha dado con la tecla para adoptar las maneras de Angela Merkel, ha sabido sacar partido al prestigio ganado al frente del Ministerio de Finanzas durante la pandemia y ha renunciado a una revisión in extenso del hilo argumental de la gran coalición. No es Scholz un candidato especialmente carismático, pero transmite fiabilidad, y las encuestas le dan la razón: el SPD comparecerá en las urnas con una ventaja estimada de entre tres y cinco puntos sobre la CDU-CSU. Si alcanza el 25% de los votos, Scholz no podrá decir que ha logrado un gran resultado, pero sí podrá presumir de haber desatascado al partido, que en mayo llegó a caer al tercer lugar, por detrás de conservadores y verdes, con unas expectativas de voto que en el menos malo de los casos se quedaban en el 17%.

Los frutos cosechados con esa imitación o acercamiento al estilo de Merkel han salido reforzados por el descenso de la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, salpicada por algunas irregularidades que han dañado su imagen de líder ajena a las debilidades éticas de los dos grandes partidos. Baerbock mantiene su léxico lo más alejado posible de la terminología manejada durante años por la gran coalición, que le permitió ser durante unos meses la candidata con más posibilidades de victoria, pero a nadie se le oculta que los ecologistas hace tiempo que forman parte del sistema en igualdad de condiciones o poco menos que la CDU y el SPD. “Las soluciones deben estar basadas en compromisos”, dijo Joschka Fischer, líder histórico de Alianza 90-Los Verdes, cuando ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller en el Gobierno de Gerhard Schröder (socialdemócrta).

Como ha escrito Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “Olaf Scholz ha conseguido ser reconocido como el candidato más merkeliano de todos” y ha quedado a salvo de errores o precipitaciones, ha salido vencedor de los tres debates electorales y ha asociado su figura a la idea de continuidad, aunque se presente por un partido diferente al de la cancillera. En Armin Laschet se ha cumplido el viejo aserto de Willy Brandt: “Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada”. Quizá se trata de una desesperación precipitada la que posee a los democristianos, pero solo ese estado de ánimo explica la implicación militante de Angela Merkel en la recta final de la campaña.

Willis Sparks, integrante del Eurasia Group, se pregunta por qué la cancillera ha renunciado a presentarse por quinta vez y a renovar su mandato si atesora un índice de aceptación del 80% (el de su Gobierno es muchísimo menor). La única razón que se le ocurre es que Merkel ha puesto su firma a “un período de expansión económica y prosperidad en Alemania que pocos líderes mundiales pueden igualar”, pero teme o intuye que el mundo pospandémico planteara dificultades que acaso podrían emborronar su legado. Es casi una explicación de índole doméstica, sin vínculos con las grandes estrategias políticas y la dinámica de los partidos, pero no deja de ser una explicación verosímil. Y añade Sparks que la continuidad ha permitido a Merkel hacer realidad la máxima según la cual “no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptable al cambio”. Una flexibilidad o adaptabilidad que sin duda obliga a un fatigoso esfuerzo todos los días.

Sean estas u otras las razones, el legado de Merkel a escala alemana y europea no deja de ser un lastre para quien la suceda, para quienes busquen en el próximo inquilino de la Cancillería el índice de eficacia de su predecesora. Un lastre que tendrá asimismo efectos sobre el comportamiento y percepción de los electores, acostumbrados a una especie de fuerza tranquila que sin duda buscarán en quien ocupe el puente de mando. Un joven dijo hace unas semanas en un programa de televisión: “Frau Merkel ha cometido muchos errores, como todo el mundo, pero ha conseguido que parezcan menos graves que los de los demás”. Se trata, sin duda, de una simplificación, pero algo de eso puede haber en ese éxito universal de la cancillera y en el empeño de Scholz en adoptar su manual de estilo con la esperanza de, con él, alcanzar la victoria.

Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

La extrema derecha asalta el lenguaje

El sabio George Steiner recogió en 1959, en el ensayo El milagro hueco, una cita de Thomas Mann que empieza así: “Grande es el misterio del lenguaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sentido estético. La responsabilidad es, en esencia, responsabilidad humana”. Se refería Mann, y lo secundaba Steiner, a la adulteración de los significados, a la degradación de las palabras, a la pretensión de superar la barrera de lo inefable o lo indefinible mediante la apropiación del idioma por los propagandistas nazis a partir de 1933. Nada es hoy equiparable a la atmósfera podrida de la Alemania hitleriana, pero hay en Europa una masa crítica de ciudadanos dispuesta a dejarse convencer por los nuevos manipuladores del lenguaje, de los expertos en construir una realidad alternativa o paralela –otra versión de la realidad, dijo una colaboradora de Donald Trump a poco de la toma de posesión– que va mucho más allá de las ocasionales fake news o de la tarea de los agitprop, muy requeridos en las instancias de poder públicas y privadas.

Hay en ese clima propicio a la mutación de significados ejemplos numerosos y aplastantes. El más reciente, la acusación de promarroquíes hecha a todos los partidos representados en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta por Carlos Verdejo, de Vox, un orador bociferante sin mayor mérito que disparar contra cuanto se mueve. Otro muy reseñable es el caso de Ignacio Camuñas, que niega que los sucesos del 18 de julio de 1936 fuesen un golpe de Estado –Pablo Casado guardó silencio al oír tal disparate–, con lo que se cargó –con fortuna o no está por ver– todas las teorías asentadas sobre qué es y qué no es un golpe de Estado. Y otro episodio muy llamativo es la pretensión conservadora de cambiar el concepto reparador de Ley de Memoria Democrática por el de Ley de Concordia, una mistificación flagrante de los significados que pretende liquidar o por lo menos neutralizar el legado ominoso aún presente de la guerra civil.

¿Por qué suceden tales cosas? Porque la constante histórica del combate por la hegemonía cultural ha adquirido la virulencia desasosegante que caracteriza a la extrema derecha desde tiempo inmemorial o no tan inmemorial como pueda parecer. A la sucesión de crisis de orden moral y material que caracterizan los dos primeros decenios del siglo XXI, con la emergencia y concreción de nuevos actores políticos –el feminismo, las nuevas izquierdas, el ecologismo, las oenegés y otros–, ha seguido la respuesta de aquellos sectores que impugnan el Estado del bienestar, se apropian de conceptos clásicos de la cultura democrática para adulterarlos o subvertirlos, niegan la gravedad de los grandes desafíos –la emergencia climática, el aumento de las desigualdades– y plantean otros –los ataques a la división de poderes, el nacionalismo y el populismo como expresión de la identidad colectiva, las cortapisas a la ciudadanía europea– con el objetivo de consagrar nuevas formas de sometimiento e intoxicación de la opinión pública.

El nobel Paul Krugman se pregunta esta semana en The New York Times si debe ser solo “la gente pequeña” la que pague impuestos. El interrogante abierto por Krugman es meramente retórico, pero hay una corriente de opinión animada por Trump y sus émulos que es partidaria de que, en efecto, la contribución al erario de las clases opulentas, incluidas las grandes empresas, sea simbólica o muy limitada. Mientras tanto, la multiplicación de la pobreza o de los pobres con empleo es una realidad que la cultura hegemónica en Estados Unidos soslaya o encubre con datos macroeconómicos sin ninguna conexión con los padecimientos de quienes asisten a una degradación imparable de sus condiciones de vida. Sigue pendiente la operación de rescate de la clase media vapuleada.

Lo que Krugman plantea de forma implícita es si el discurso cotidiano de los políticos de la extrema derecha –confesos o encubiertos– obliga a disponer de un descodificador para descubrir con él el nuevo significado de las palabras. Cuando Iván Espinosa de los Monteros se refiere a los progres, al pensamiento pogre y a otros conceptos parecidos no hay una delimitación específica de a quiénes alude, sino más bien una referencia genérica a cuanto queda fuera del universo de Vox, incluida el ala menos afecta al discurso dominante en el PP. Dicho de otra forma: Espinosa de los Monteros participa de una técnica de adulteración del lenguaje que violenta la “responsabilidad humana”, según la entendió Thomas Mann.

Este juego de las palabras violentadas lo practican personajes ideológicamente tan próximos como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y tantos otros, entregados a la empresa de construir una realidad paralela, compatible con un conservadurismo radical y retardatario que pretende restaurar espacios de privilegio –una fiscalidad a la medida–, de exclusión –la Europa fortaleza cerrada a los flujos migratorios– y de neutralización de las dinámicas sociales, según la ocasión, el momento y los vaticinios de las encuestas. La extrema derecha vulnera el significado de las palabras para dotar a su mensaje de una aparente coherencia y compromiso con la realidad.

La economista estadounidense Deirdre N. McCloskey sostuvo el 9 de mayo en El País que “el negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”. ¿Acaso al violentar los significados se alimenta el miedo? Seguramente sí, seguramente se compone un mosaico lleno de amenazas que configura un futuro caótico o inviable, desposeído de las referencias aportadas por la cultura dominante, hegemónica, la que algunos autores llaman cultura espontánea, entendida tal espontaneidad como efecto sobrevenido de la hegemonía. Pero, como afirma el filósofo Edgar Morin, “la política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre generalizada”, de lo que se colige que debiera carecer de efectividad la siembra del miedo mediante la desfiguración de las palabras porque el futuro es una puerta permanentemente abierta a la incertidumbre; ninguna mutación puede corregir la naturaleza incierta del porvenir.