Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.

Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.

Pandemia y democracia

“De repente, mi cabeza se ha llenado de recuerdos de la guerra civil. Yo era un niño, pero me vienen imágenes muy vivas. La misma inseguridad. Los hábitos del miedo: no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Sin embargo, aquel era un miedo concreto, sabíamos quién era el enemigo. Este es un miedo abstracto, difuso, extraño”,  declaró a finales de marzo en El País el filósofo Emilio Lledó. Este miedo inconcreto, causado por un agente invisible, llevó a la siguiente conclusión al eminente pensador: “El desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario: la razón contra el caos”. Y sin embargo, es necesario pensar bien para avizorar los riesgos que se ciernen sobre el futuro como resultado del combate contra la pandemia, y uno de ellos –por cierto, no el menor– es la posible degradación de los sistemas democráticos.

No es este un peligro ni nuevo ni desconocido. La historia de lo que llevamos de siglo XXI guarda pruebas fehacientes de que todo ha ido a peor en cuanto atañe a la calidad de la democracia. El combate contra el terrorismo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la resolución o gestión de la crisis financiera mundial desencadenada en 2008 han tenido un alto coste. En el primer caso, siguiendo la estela de Estados Unidos y las disposiciones del Gobierno de George W. Bush, con la aplicación de protocolos de seguridad que con demasiada frecuencia tratan a los ciudadanos como sospechosos habituales más que como sujetos con derecho a disfrutar de estándares razonables de seguridad. En el segundo caso, mediante una contracción alarmante del compromiso social de los estados, la mutilación del Estado del bienestar y el aumento de las desigualdades y la consiguiente fractura social.

Se ha pasado así a una democracia en la que la seguridad individual y colectiva ha tomado el camino de la contracción sistemática de derechos consagrados hasta fecha reciente. Sin que ningún Gobierno lo haya manifestado con rotundidad, pero con pruebas elocuentes del fenómeno, la seguridad ha pasado a ser algo así como un privilegio cuyo precio es limitar la libertad y la autonomía de los ciudadanos, asociado a la posibilidad de legar a las generaciones futuras modelos políticos en los que los derechos fundamentales serán sistemáticamente mediatizados por razones de seguridad y de viabilidad de la economía (salvo que la emergencia climática tenga tal capacidad destructiva que obligue a una revisión acelerada del modelo).

Tiene fundamento la opinión de que tales riesgos intuidos responden a análisis superados por las características específicas de la sociedad, pero no los cancelan, sino que acaso los agravan. Así se expresa el profesor Daniel Innerarity: “Me parece que, siendo una cuestión importante, ese es un debate de otro tiempo, keynesiano, cuando el asunto acuciante hoy es de qué modo gestionamos inseguridades e incertidumbres que se generan en un mundo acelerado, volátil e interdependiente”. Cabría añadir que se trata de un mundo deslumbrado con demasiada frecuencia por la eficacia, real o presunta, de regímenes como el chino, cuyo compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y la autonomía de los individuos es inversamente proporcional a su esfuerzo de propaganda a escala internacional a raíz de la resolución del contagio del coronavirus.

Los analistas Andrew Sheng y Xiao Geng han firmado un largo artículo para subrayar que la diferencia a la respuesta a la pandemia en Estados Unidos y China no debe atribuirse solo a la diferencia de sus sistemas políticos, sino a su modelo de crecimiento, al impacto de la enfermedad en su sistema financiero. Para el Gobierno chino, la imposición de una determinada forma de resolver la crisis sanitaria es perfectamente consistente con el ADN del régimen; tal aplicación forzosa de medidas chirría en un sistema deliberativo de estructura federal y se hace imposible si, además, quien está legitimado para promoverlas –el presidente Donald Trump– las desacredita y apoya en público a quienes se oponen a ellas en nombre de una idea iliberal de la libertad. En Europa, la distancia entre el modelo chino y el cultivado en la UE no es menos reseñable.

De forma que la referencia china para justificar según qué medidas o según qué proyectos de futuro es del todo indefendible. Esta es una guerra por la salud colectiva, pero no debiera ser la ocasión para una adulteración de la democracia, sino para un reforzamiento de las convicciones democráticas, para la protección de los modelos democráticos y su compromiso futuro con políticas sociales que protejan la dignidad individual y colectiva de los ciudadanos. La situación hoy no es la de 1940, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó que Estados Unidos debía ser “el gran arsenal de la democracia”, porque hoy no hay ninguna arremetida específica contra la democracia como lo fue el régimen nazi, sino que toda posible degradación futura del respeto a las libertades individuales y colectivas será fruto de decisiones tomadas de forma consciente por instituciones y gobernantes originariamente legitimados por sistemas democráticos (véase el caso de Hungría).

La advertencia de Patrick Gaspard, presidente de la Open Society Foundation, acerca de los peligros que entraña el recurso al autoritarismo y a la imposición de soluciones sin fijar plazos es del todo vigente: la historia demuestra que tales medios tienden a perpetuarse como instrumentos de gobierno y control. Dicho de otra forma: de la misma manera que la pandemia justifica las medidas adoptadas por la mayoría de países en nombre del combate contra la enfermedad y la seguridad colectiva, es preciso que los poderes públicos precisen en qué consistirá la “nueva normalidad” en los procesos de desescalada, qué requisitos deberá reunir el futuro para que se restablezca sin restricciones la normalidad conocida hasta que se generalizó el contagio –¿después de una vacunación masiva de la población cuando tal cosa sea posible?– y qué garantías hay de que, superada la pandemia, se restaure la autonomía y libertad de movimientos de los ciudadanos, sin controles adicionales procurados por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es eso algo que no depende ni dependerá de los científicos, sino de los políticos, de los gobernantes, de quienes tienen el deber de garantizar la salud de la democracia.

Como ha escrito Yuval Noah Harari en el libro Sapiens, la cultura occidental ha consagrado la idea de que “todo humano es un individuo y su valor no depende de lo que los otros piensen de él”. El combate contra la pandemia no debe convertirse en la ocasión para menoscabar la autonomía futura de los ciudadanos.

El coronavirus marca la pauta

Todo depende del coronavirus y nada escapa a su influjo. Varios gobernantes quedan en evidencia a causa de su gestión de la enfermedad antes de que la realidad del alcance del contagio los descabalgara de su suficiencia injustificada; otros, como Jair Bolsonaro, siguen en sus trece mientras no deja de crecer el censo de enfermos y muertos. Israel y Hamas parecen más cerca que nunca de un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Las cotas de popularidad de Donald Trump y Boris Johnson, convaleciente del mal, repuntan a pesar de su desconcertante reacción inicial, casi despreciativa con quienes, mucho antes que ellos, tomaron la decisión de restringir al máximo la movilidad y de hibernar la economía. La Unión Europea se debate entre la cohesión interna, la cicatería de los más ricos y las exigencias de los que no lo son tanto, al tiempo que decaen o se replantean en todas direcciones los fundamentos de la globalización. Y así hasta el infinito, la atmósfera de final de ciclo compite con la idea de una restauración a la mayor brevedad posible del modelo conocido hasta ahora con leves retoques.

Los términos en que el senador Bernie Sanders se ha retirado de las primarias del Partido Demócrata y ha manifestado su apoyo a Joe Biden para vencer en noviembre a Donald Trump discurren en una posición intermedia entre el final de ciclo y la restauración con retoques. Antes de la gran crisis, Sanders movilizó a una parte de la juventud de Estados Unidos para dar un vuelco a las políticas sociales, tuvo un éxito inicial y, con una profundidad difícil de precisar, modificó el perfil ideológico del partido a pesar de la inquietud del establishment, hasta el punto de arrastrar a Biden hacia una posición menos centrista. ¿Es sostenible un new deal para llegar a la Casa Blanca? Si el daño económico causado por el coronavirus es el que se vaticina, puede que sí; si reverdecen las cifras en otoño, el paro queda por debajo de las previsiones –ahora se teme que alcance cifras peores que las de la gran depresión– y se serena Wall Street, puede que no. Las prisas de Trump para activar la economía se atienen a esa lógica.

La decisión del presidente de congelar la contribución a la OMS también es tributaria de la pretensión presidencial de cargar los desastres de la crisis sanitaria a la incompetencia o falta de determinación de terceros para apercibir del avance de la pandemia en China. La evitación de responsabilidades es una manifestación del perfil narcisista que define a Trump, invocado en un artículo por la escritora Siri Hustvedt: “Durante más de tres años, el mundo ha visto a un presidente estadounidense atrapado en su propio presente espontáneo y volátil, con un narcisismo patológico y alimentado a diario por innumerables medios de comunicación, mientras millones de seguidores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, aprueban sus mensajes virales, xenófobos, racistas y misóginos, pero rotundos. Uno de los últimos: el virus es chino”.

Este narcisismo es un ingrediente esencial en la articulación de un mensaje nacionalista, excluyente, que impugna la multilateralidad y el statu quo. Se trata de un discurso reforzado por la vulnerabilidad puesta de manifiesto por la globalización, por la dependencia ciega de las grandes economías de la gran fábrica china, por el desconcierto que siguió a la interrupción de las líneas de suministro. Muy pocos se molestaron en diversificar el abastecimiento durante los mejores años del milagro chino, y ahora Trump explota la idea de que China es un proveedor poco fiable, un competidor imprevisible, sujeto a los designios de la élite política instalada en el partido. Lo dice con otras palabras, con la rudeza que lo caracteriza, pero este es su mensaje.

El programa en tres fases anunciado el jueves para hacer efectiva la reactivación económica, cuya viabilidad y aplicación final queda en manos de los gobernadores de los estados, supone un doble cambio radical en el proceder de Trump: el presidente se olvida de su “autoridad total” para gestionar la crisis, invocada con anterioridad, y antepone sin disimulo la salud de las finanzas a cualquier otro objetivo. “Un bloqueo prolongado, combinado con una depresión económica forzada, infligirá un coste inmenso y amplio en la salud pública”, sostiene Trump, como si la vulnerabilidad del sistema sanitario de Estados Unidos pudiese ser fruto del momento actual y no de la inexistencia de un sistema universal de salud, al que él se opone, sumado a la tardanza de su Administración en reaccionar.

Resulta retórico preguntarse por la influencia de los actores económicos en el gobierno de la crisis: es lógico concluir que sí influyen. Lo que realmente importa ahora es dilucidar qué capacidad de contagio tiene el propósito de Trump de poner en marcha la maquinaria a toda prisa. Y es importante la aclaración porque el riesgo de que empiecen a levantarse voces que pongan en duda la necesidad de la hibernación económica puede agravar la crisis social provocada por la pandemia, alimentar la desconfianza en las instituciones y multiplicar las demandas para suavizar cuanto antes las medidas de confinamiento y distancia social que los científicos estiman fundamentales para contener la propagación del virus.

A falta de grandes certidumbres acerca de cuánto tiempo se prolongará la presente situación de excepcionalidad, solo la confianza en los gestores puede apaciguar la intranquilidad, el cansancio y el desconcierto en sociedades habituadas a prever razonablemente el futuro inmediato. Siri Hustvedt observa que en el catálogo de percepciones de Donald Trump no existen el pasado y el futuro; solo importa el presente, puede decirse, la actuación inmediata, que vale para hoy, pero que quizá ayer se tuvo por inadecuada y acaso mañana no valga. Es esta una actitud que mina la seguridad de los ciudadanos encerrados en sus casas, y que deben evitar los estados europeos, demasiado a menudo enfrentados por el reparto de los costes para salir de la crisis. Nunca en los últimos 75 años fue la fragilidad una característica tan compartida, tan comprometedora de la aldea global.

 

La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Una prosperidad vulnerable y frágil

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo económico que ha saltado por los aires en cuanto se ha expandido el contagio más allá de todo cálculo o previsión. Muchas certidumbres sobre la robustez y capacidad de resistencia del sistema se han venido abajo a igual ritmo que ha aumentado en Occidente la propagación de la enfermedad, China ha dejado de ser el gran proveedor y ha cundido el pánico en los mercados, poseídos por un episodio de histeria colectiva, mientras los especialistas en operaciones a corto esperaban llenarse los bolsillos. Y estos no eran los únicos síntomas de una vulnerabilidad acrecentada, sino que los sistemas sanitarios públicos aparecían como los únicos capaces de hacer frente a la crisis y, al mismo tiempo, se asomaban al abismo al afrontar una prueba de estrés funcional con profesionales contagiados o confinados, apartados del servicio, mientras las redes de sanidad privada daban pruebas de una capacidad de respuesta limitadísima.

¡La vulnerabilidad, la vulnerabilidad! o ¡la fragilidad, la fragilidad!, cabe exclamar hoy parafraseando las últimas palaras de Kurtz, el personaje de En el corazón de las tinieblas: “¡El horror, el horror!”. El escritor Martín Caparrós escribe en The New York Times: “Es sorprendente comprobar la fragilidad de todo eso que creíamos rocosamente sólido, cemento armado. En unos días los grandes y poderosos del mundo perdieron fortunas, la confianza de sus súbditos, el control de muchas situaciones. Los gobiernos, la gran banca, los petroleros altivos, los fabricantes de referencia, los financieros recontraglobales, los que rigen y manejan el mundo, los que nos habían convencido de que nunca nada los desarmaría, deben estar asustados preguntándose si aprenderemos la lección y decidiremos desafiar, cual virus chino, sus poderes que ya no se ven tan poderosos”.

Jacky Isabello habla en las páginas de Le Monde de “atención ciega”, que consiste en “concentrar de tal manera la atención en un fenómeno en concreto que se obvia alguna cosa que, sin embargo, debería saltarnos a la vista”, de acuerdo con el concepto de cisne negro desarrollado por el especialista en estadística Nassim Nicholas Taleb. ¿Era o es un cisne negro la excesiva dependencia de China como país proveedor? ¿Fue un cisne negro desviar la mirada de los previsibles efectos que tendrían los recortes en sanidad –en Catalunya, días de Artur Mas y Boi Ruiz– en una situación de emergencia? ¿Es un cisne negro la capacidad demostrada por la globalización de desencadenar un efecto dominó a escala mundial?

Con o sin cisne negro, la fragilidad de nuestra forma de vida ha quedado en evidencia. Hay resortes para la prosperidad extremadamente débiles –el turismo, uno de ellos– para afrontar una situación adversa; hay operadores económicos de dudosa moral dispuestos a hacer juegos de manos con el hundimiento de las bolsas; hay demasiados aspirantes a gobernantes –Pablo Casado figura en la lista– empeñados en exacerbar las críticas dirigidas a quienes intentan acotar el parte de daños, controlarlo o minimizarlo si ello es posible. Y hay, por último, el miedo, un estado de ánimo colectivo causado por la inseguridad, por el perfil psicológico de una sociedad que excluye el riesgo o la imposibilidad de prever el futuro.

Cuando la profesora Lucrezia Reichlin, de la London Business School, presenta la crisis del coronavirus como una gran ocasión para la mejora de la cooperación europea, hace un vaticinio optimista sobre el efecto de la pandemia: “Representa una oportunidad para que la UE cree un mecanismo de gestión de crisis poderoso, que aúne los recursos de los estados miembro y los canalice hacia una política fiscal coordinada. La idea de un fondo de seguro de este tipo no es nueva: varios economistas defendieron la idea después de la última crisis, cuando la discusión de una reforma de la gobernanza estaba en pleno apogeo”. Pero aquella discusión, que incluyó el atrevimiento de Nicholas Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, de afirmar que era el momento de refundar el capitalismo, derivó justo en lo contrario: un programa de austeridad que condicionó la salida de la crisis e hipotecó el futuro de los estados rescatados en condiciones leoninas.

Lo dice el analista Kevin Allison: “Dado que el virus se está extendiendo a una franja cada vez mayor de Europa y Estados Unidos, pronto descubriremos mucho más sobre si las democracias occidentales enfrentan este desafío de forma correcta”. En otras palabras, veremos hasta qué punto son capaces de reducir la vulnerabilidad, aumentar la fiabilidad del sistema y responder a las incertidumbres a corto y medio plazo, no solo económicas, sino políticas y sociales. Pronosticar, como hace el Banco Asiático de Desarrollo, que la crisis del coronavirus puede acortar el PIB global el 0,4% es preocupante y desalentador, pero lo es más no saber en qué se traducirá tal contracción de la economía, cómo influirá en nuestra forma de vida cuando la tormenta haya pasado.

En el fondo, prevalece en la opinión pública una desconfianza muy arraigada en los poderes públicos –ante tanta alarma, no será que algo nos ocultan–, aunque al mismo tiempo casi nadie duda de que solo los estados fuertes, socialmente comprometidos y democráticamente gestionados son capaces de afrontar la prueba. Es esta una contradicción irresoluble, un estado de ánimo con el que deben pechar los gobernantes que, como en el caso de la pandemia, aparecen todos los días en los medios dando explicaciones, tomando medidas e intentando neutralizar a los desaprensivos que en las redes sociales practican el amarillismo y la irresponsable difusión de disparates. Una forma bastarda de contribuir a que crezca la sensación de vulnerabilidad, más allá de la que es posible confirmar de forma empírica; una manera de estimular comportamientos injustificables, acientíficos e incluso perjudiciales.

La vulnerabilidad habita entre nosotros, pero no es el anuncio de ningún cataclismo apocalíptico. Baste un dato: la malaria causa todos los días en los países pobres veinte veces más muertes que la pandemia en curso. No se trata de quitar importancia al parte de víctimas causadas por el coronavirus, sino de calibrar la dimensión real de los riesgos que enfrentan estos días comunidades que acaban de descubrir su fragilidad.

Nueva crisis de refugiados en Europa

La última entrega del desastre relacionado con la guerra en Siria tiene pocas trazas de ser una herramienta útil para bajar el tensión: el acuerdo de alto el fuego en el frente de Idleb, alcanzado el jueves en Moscú por los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, tiene más de componenda de cara a la galería que de otra cosa. La alianza oportunista cerrada no hace demasiados años por los dos mandatarios ha dejado al descubierto la contradictio in terminis inherente a ella y su cercanía a la imposible cuadratura del círculo. El resumen de tal contradicción es que Rusia es el gran aliado del régimen de Bashar al Asad y Turquía es, ahora mismo, el mayor adversario sobre el terreno del régimen sirio, dos caminos que divergen en el seno de una misma guerra.

El resumen de la situación que hace el think tank Eurasian Group es a la vez breve y preciso: “La lucha ha llevado a la provincia siria de Idleb al punto de ruptura. Las fuerzas sirias están respaldadas por Rusia, los rebeldes sirios atrapados dentro de la ciudad y los militares de Turquía están directamente involucrados, y los riesgos en este conflicto han aumentado dramáticamente en los últimos días a medida que el conflicto amenaza con generar una grave crisis humanitaria que envía ondas de choque a través de Turquía hacia Europa”. Y si la Unión Europea se halla dentro del laberinto es a causa de la resolución en falso de la crisis de los refugiados de 2015 y su pretensión de liberarse del problema mediante el recurso a terceros (Turquía), desoyendo las advertencias de oenegés y analistas independientes que alertaron en su momento de la falta de fiabilidad política y jurídica del régimen turco para los europeos y para los refugiados.

Al echar la vista atrás, sobresalen dos decisiones encadenadas por los socios de la UE: la cicatería a la hora de allegar recursos para afrontar la acogida de centenares de miles de personas que huían –siguen huyendo de la guerra, del hambre y de otras miserias– y el acuerdo con Turquía, que a cambio de percibir 6.000 millones de euros aceptó convertirse en 2016 en un contenedor de refugiados (hoy, 3,7 millones). Un Consejo Europeo limitó a 170.000 los recién llegados que acogería en su suelo, repartidos en cuotas prefijadas para cada país, fue incapaz de doblegar la insolidaridad de los socios que se negaron a hacerse cargo del número de refugiados que en principio les correspondía y demasiados gobiernos presentaron el cierre de fronteras como un gran logro nacional que, por cierto, animó a la extrema derecha a porfiar en sus mensajes demagógicos y a ganar cuotas de mercado elección tras elección.

Si a este despropósito se añade el acercamiento del Gobierno turco hacia Rusia y su pretensión de que, al mismo tiempo, la UE y la OTAN apoyen su posición en la guerra siria, la situación aparece, como poco, más que inmanejable por un mínimo de cinco razones:

Primero, el destino principal de los refugiados que, estimulados por la apertura de fronteras, intentan entrar en Europa es Grecia,  y el secundario, Bulgaria. Ambos países son socios de la UE y de la OTAN.

Segundo, Turquía forma parte de la OTAN desde 1952, fue una pieza fundamental durante la guerra fría, pero ha girado la vista hacia Rusia, una anormalidad absoluta.

Tercero, la decisión del Gobierno turco de reforzar el control policial de la frontera con Grecia para impedir que los refugiados rechazados por Grecia puedan regresar a Turquía afecta a uno de los socios europeos con recursos más limitados, dañada su economía por mucho tiempo a causa de la erosión que sufrió durante el largo y traumático proceso de rescate –perdió más del 25% del PIB–, y obliga a la UE a movilizar recursos en apoyo del Gobierno de Atenas.

Cuarto, la propuesta de Josep Borrell de establecer una zona de exclusión aérea en el noroeste de Siria será una tarea que, en su caso, corresponderá a la OTAN y deberá contar con alguna forma de aceptación más o menos explícita de Rusia.

Quinto, el comportamiento de Turquía al abrir la frontera a los refugiados es un incumplimiento flagrante del acuerdo con la UE y una utilización política inhumana de los refugiados, cuyos derechos mínimos de inviolabilidad y seguridad nadie defiende.

Es una simplificación dar por sentado que el origen de todo está en la muerte de 33 soldados turcos el 27 de febrero durante un bombardeo sirio contra posiciones rebeldes. Es más exacto remontarse a la larga intromisión o implicación de Turquía en la guerra desde el momento en que la comunidad kurda consolidó su posición en el noreste de Siria mediante la eficaz movilización de los combatientes peshmergas, quiso presionarlos y dividirlos en dos frentes y, al mismo tiempo, asegurar una posición segura en la vecindad de Idleb y lograr todo eso con la complicidad de Rusia. O lo que es lo es lo mismo: el presidente Erdogan privilegió un acuerdo bilateral con Rusia, no contó con sus aliados históricos de Occidente y vio en la guerra de Siria una gran oportunidad para participar en la disputa por la hegemonía regional.

También es una simplificación creer que los europeos no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto en curso. Desde el instante en que optaron por solucionar la crisis migratoria con el acuerdo con Turquía se convirtieron en rehenes de un régimen progresivamente imprevisible, que ha optado por estimular el nacionalismo, recurrir al recuerdo del otomanismo para justificar la islamización de los aparatos del Estado y relativizar la profundidad de sus vínculos con Occidente. A la postre, la solución turca adoptada por la UE fue muy reveladora de la debilidad estructural de la organización, incapaz de imponer a todos los socios una solución interna diferente a la que en última instancia adoptó y de sobreponerse a cuantas voces se alzaron en 2015 para rechazar soluciones más costosas, menos simples, pero más respetuosas con los derechos humanos. De aquel ejercicio político de bajos vuelos se deriva el problema que desafía ahora a los socios de la UE en la frontera sudeste de los Veintisiete.

En Reflexiones sobre el exilio, Edward W. Said escribió: “La cultura occidental moderna es en gran medida obra de exiliados, emigrados, refugiados”. George Steiner habló alguna vez del tiempo de los refugiados, de quienes se ven obligados a buscar el futuro lejos de su tierra, su mundo, su cultura. Pero los gestores políticos de ese tiempo de desplazados han olvidado la guía ética de estos y otros autores, como si entre aceptar que todo el mundo entre en Europa sin más y desentenderse de la suerte de cuantos intentan hacerlo no hubiesen alternativas intermedias para evitar que los desplazados no fueran doblemente víctimas: por su condición de tales y por su sometimiento a condiciones de vida degradantes. La solución turca para contener el flujo de refugiados con destino a Europa lo es todo menos una alternativa defendible.