Guerra sin cuartel entre ‘tories’

Después de cuarenta años de guerra civil en el seno del Partido Conservador del Reino Unido, la batalla del brexit lleva camino de convertirse en el episodio que debe dilucidar si el partido puede seguir unido o si la unidad es imposible. La victoria de Theresa May en la votación de confianza a la que hubo de someterse el miércoles ha debilitado extraordinariamente a la primera ministra ante sus correligionarios y ha robustecido el frente brexiter. Los 117 votos obtenidos por los adversarios de May frente a los 200 de apoyo a la premier han permitido conocer a cuánto equivale el descontento en las filas conservadoras: más de un tercio del grupo parlamentario es contrario a que May siga al frente de las operaciones.

Por lo demás, la victoria no tiene efectos sobre el asunto principal: aprobar el pacto con Bruselas para el periodo transitorio comprendido entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Los diputados díscolos no se sienten obligados a apoyar lo que en primera instancia rechazaron, sino que se mantienen en sus trece, secundados por los unionistas norirlandeses y quién se sabe si, llegado el momento, fortalecidos –algo más que posible– por el voto laborista contra el texto que May llevará en enero a la Cámara de los Comunes. Tampoco tiene mayor trascendencia en plena tempestad que la primera ministra haya renunciado a presentarse en unas próximas elecciones: el ala brexiter coincide con todos los analistas en que se trata de un lame duck (pato cojo) sin futuro político. En Estados Unidos, de donde procede el apelativo, referido al presidente durante sus dos últimos años de mandato, la cojera ha sido en ocasiones un resorte liberador que ha dado pie a decisiones inesperadas o atrevidas –Barack Obama, el último precedente–, pero en el Reino Unido no es más que sinónimo de pura y simple debilidad.

Por encima del asunto concreto que de forma divisiva alarma a los partidarios de la salida de la UE sin contemplaciones –la frontera blanda entre las dos Irlandas, un apartado con enormes implicaciones políticas–, lo que realmente importa a la facción disidente es hacerse con las riendas del poder. Si el propósito de acabar con la guerra civil tory indujo a David Cameron a convocar el referéndum de junio de 2016, el resultado de la consulta no hizo más que avivar el fuego del desacuerdo entre los europeístas y los deseosos de cortar el vínculo con Bruselas, herederos de quienes no dejaron de denostar la adhesión a las instituciones comunitarias desde el ingreso en 1973. La incomodidad de una franja muy importante del conservadurismo para insertarse en el entramado europeo nunca se moderó, coincidiendo demasiado a menudo con similar incomodidad en el Partido Laborista, tan desaparecido o poco resolutivo en la crisis en curso.

La analista Gaby Hinsliff sostiene en el progresista The Guardian que el dinamismo de “los tigres de papel de Jacob Rees-Mogg aún pueden dividir la fiesta tory” de forma poco menos que irreconciliable. Rees-Mogg es con Boris Johnson, Sajid Javid, Jeremy Hunt, Amber Rudd, Dominic Raab, David Davis y algún otro profeta del brexit menos activo la voz que clama en los Comunes contra el acuerdo con Bruselas. Sus intervenciones, escritos y proclamas apelan a una supuesta recuperación de la soberanía plena, liberado el Reino Unido de la intromisión bruselense, y soslaya o silencia el parecer de los expertos, que vaticinan un desaguisado económico. Y su beligerancia tiene una capacidad manifiesta de fracturar el partido de forma irremediable al final de más de cuarenta años de peleas cainitas que el referéndum de 1975 –67% de votos a favor de la integración en Europa– apenas sirvió para mucho más que para oficializarlas y el de 2016 ha llevado al paroxismo.

¿Qué opciones le quedan a May en medio de la escalada? Solo tres: convocar elecciones, algo que seguramente llevaría a los conservadores a la oposición y a los laboristas al Gobierno (se desconoce cuál es su propuesta para sacar al país del atolladero); dejar las cosas como están y exponerse a una derrota sonora en Westminster cuando someta a votación el compromiso negociado con la UE o amenazar a la congregación brexiter con convocar un nuevo referéndum y paralizar el proceso de salida hasta conocer el resultado. Nadie puede decir ahora, en medio de la confusión, si tal camino es o no transitable, pero el analista Thomas Wright lo presenta en Politico.com como aquel que más puede alterar el pulso a los brexiters y en cierta medida puede convertir a los remainers en aliados ocasionales de la premier. May “puede hacer el siguiente cálculo –escribe Wright–: aunque detestan el acuerdo, los rebeldes lo respaldarán para evitar el riesgo de una reversión (que ganaran los partidarios de quedarse en la UE)” si una segunda consulta se celebrara y se cumplieran los vaticinios de los sondeos.

Incertidumbre sobre incertidumbre, la City se agita ante la imposibilidad de adivinar siquiera remotamente qué deparará el futuro. Los think tanks, el Banco de Inglaterra, los gabinetes de análisis de riesgo de las multinacionales y el mundo académico solo se atreven a aventurar que el brexit equivaldrá en su caso a una contracción de la economía que, si se consuma a las buenas, recortará el PIB el 4% y si se hace a las bravas, caerá no menos del 8%. Por no hablar de los aspectos más directamente relacionados con el futuro que aguarda a los jóvenes británicos en sus expectativas profesionales si su país no tiene con la UE un vínculo sólido y estable. Porque las garantías para los ciudadanos del Reino Unido que viven al otro lado del canal y para los europeos en territorio británico se limitarán al censo actual de residentes, pero nada aseguran en el futuro.

Solo los promotores entusiastas del divorcio han salido enaltecidos de este enésimo asalto del disparate. Mientras, el fuego amigo a discreción y el paso de los días acucian a May para encontrar una vía de escape, pacto o compromiso con la UE que no lleve directamente el proceso a una separación dura; confía May en sacar un conejo de la chistera en el tiempo de descuento y se arrepiente todos los días de haber dicho que es preferible una salida sin acuerdo que un mal acuerdo. Pero este coup de magie que la primera ministra busca a todas horas pretende comprometer a los Veintisiete, unidos como nunca en la gestión del brexit con una sola voz como quedó patente el jueves. Jean-Claude Juncker y Donald Tusk han advertido que queda fuera de sus cálculos toquetear lo aprobado: caben aclaraciones sobre aquello que se antoje más oscuro o impreciso a ambas partes, pero no se revisará una coma de un documento reputado el único posible. Esto es, cualquier modificación solo puede empeorarlo sin que con ello se apacigüe la belicosidad de cuantos defienden la ruptura.

 

 

Vox marca el paso en Andalucía

La eclosión del huevo de la serpiente en las elecciones andaluzas –el resultado de Vox– ha colocado a la derecha constitucionalista ante el dilema de seguir siéndolo o buscar atajos para legitimar a los ultras y buscar formas de colaboración que descabalguen del poder a Susana Díaz. La presidenta en funciones simplifica el significado de los resultados del último domingo y se da por vencedora –una amarga victoria, se diría– a pesar del descalabro sufrido, se siente con títulos suficientes para aspirar a gobernar o para encabezar la oposición en el peor de los casos, presumiblemente el que cuenta con más números para concretarse en las próximas semanas. En medio, una sociedad cada vez más distanciada del quehacer de los políticos se siente más inclinada a abstenerse, aunque haya sido la abstención la herramienta más útil de Vox para conseguir 12 escaños con 400.000 votos.

La charcutería política poselectoral ha hecho un regate en corto al realismo necesario para inducir tres conclusiones. La primera certifica que un pacto del PP y C’s con Vox lleva inexorablemente a un estado de complicidad permanente entre la derecha convencional y la extrema derecha que, dicho sea de paso, no pierde ocasión para arremeter contra la Constitución, con el Estado de las autonomías como obsesión permanente. La segunda es que la única medida proporcional al retroceso experimentado por los socialistas solo deja una puerta de salida a quien encabezó el cartel electoral: presentar la dimisión. La tercera es que la disminución de votantes está íntimamente relacionada con la desnaturalización de la campaña, con demasiados asuntos ajenos a la sociedad andaluza o que solo la afectan tangencialmente: la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en Catalunya –con una gran comunidad de ascendencia andaluza–, los presupuestos empantanados en Madrid y otros horizontes lejanos.

La cuarta conclusión, aquella que más debería preocupar, es la europeización del resultado de las elecciones por el peor camino posible: la comparecencia de Vox, un partido que compendia el regreso al centralismo, la homofobia, la eurofobia, la islamofobia, un racismo encubierto, diferentes formas de machismo disimulado y otros ingredientes compartidos por partidos ultras de toda Europa que se han hecho un hueco en los parlamentos para arremeter contra la democracia liberal, la UE, una gestión decente de los flujos migratorios y otros ingredientes de la tradición política europea. La alegría mostrada por la ultraderechista francesa Marine Le Pen al conocer los resultados de Andalucía acredita cuál es el enfoque de Vox, hacia qué dianas apunta; la disposición de Pablo Casado y Albert Rivera a hablar con Santiago Abascal para ocupar el palacio de San Telmo revela que ambos estiman más importante hacerse con el poder que entrar a analizar enojosos detalles del programa ultra.

Nada es nuevo bajo el sol y la consolidación del desafío neofascista, posfascista o ultranacionalista en Europa avanza sin obstáculos relevantes. Como si del recuerdo de los años 30 no cupiese sacar conclusiones para el presente, las alianzas entre conservadores demócratas y ultras llevan camino de convertirse en un modelo a seguir, mientras son pocos los partidarios de la técnica del cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. En el caso de Andalucía, en minoría manifiesta el PSOE y sin posibilidad de lograr la mayoría a través de la marca andaluza de Podemos, todo vale para llevar a la derecha al poder (ya nadie en el PP recurre al mantra de que la lista más votada es la que debe encabezar el Gobierno). Importa poco que Vox llegue a las elecciones de mayo robustecido, que el saludo romano asome de vez en cuanto en la vía pública sobre un fondo de banderas o que el infortunio de los inmigrantes que huyen de la miseria y de la guerra se haya convertido en un resorte eficacísimo para sumar votos en electorados fácilmente manipulables.

Escribió Manuel Vázquez Montalbán en La aznaridad (2003): “Para mí que ese rictus constantemente tenso de Aznar es porque está conteniendo el Aznar que lleva dentro”. Hoy se multiplican las opiniones que dan a José María Aznar como ganador sobrevenido de las elecciones andaluces, aquel Aznar que criticó sin freno en las páginas de La Nueva Rioja (23 de febrero de 1979) la Constitución aprobada en referéndum menos de tres meses antes, y que cuenta por fin con uno de sus herederos ideológicos al frente del PP para relajar el rictus y soñar, quién sabe, con una operación de altos vuelos a imagen y semejanza de la CEDA, tiempos de la República. ¿Es este Aznar el que Aznar lleva dentro?

Hay en marcha una operación destinada a someter a revisión por la vía de los hechos la estructura territorial, el engarce con Europa y el régimen de libertades. Mientras unos hablan de que la Constitución precisa ser reformada para ponerla al día, otros quieren sacralizarla como si se tratara de un texto intocable y, al mismo tiempo, persiguen darle la interpretación más restrictiva y retardataria posible para afrontar los desafíos que plantea el presente. No es de extrañar que con tal deriva o proyecto se alarme el republicano Manuel Valls –la tradición de las Luces– cuando los líderes de C’s, sus presuntos compañeros de andadura en las municipales de Barcelona, se prestan a escuchar a Vox sin mayores incomodidad y desasosiego.

 

Rusia y Ucrania, a cara de perro

La crisis del estrecho de Kerch ha pillado entre dos fuegos a los principales actores en la cumbre del G-20 en Buenos Aires: el de Rusia, al capturar tres pequeñas embarcaciones ucranianas artilladas, y el de Ucrania, al reclamar a la comunidad internacional y en especial a los socios de la OTAN gestos explícitos de apoyo a su causa. Ni pueden los países occidentales excederse en sus mensajes de desaprobación ni puede aspirar Rusia a que nada suceda después de arrestar a 24 tripulantes e iniciar el procedimiento para que sean juzgados. Superado el quinto año de enconamiento entre ambas partes, transformada la guerra en una enfermedad crónica, pero no en una dolencia terminal, solo la diplomacia puede atemperar los ánimos, que no resolver el conflicto de fondo: la sublevación prorrusa del Donbás, apoyada por los generales de Vladimir Putin, la anexión por Rusia de la península de Crimea, la radicalización de los espíritus en Ucrania y el bloqueo de facto del estrecho de Kerch, responsabilidad del Kremlin.

Lo cierto es que las partes implicadas viven días de zozobra o desencanto. Ambas economías emiten señales de debilidad creciente, sin otro resorte para mantener el pulso que los mercados de la energía, tan apegados a la incertidumbre. El clima social en Ucrania y en Rusia tiende a degradarse, condenadas las clases medias a una política de empobrecimiento manifiesto. De forma que al mismo tiempo que parecen invulnerables los oligarcas enriquecidos durante los procesos de privatización de las economías planificadas rusa y ucraniana, se descoyunta la cohesión social y se multiplican los segmentos de población vulnerables o que corren el riesgo de serlo a corto plazo.

Tampoco permite abordar el meollo de la crisis la política de las emociones, estimulada por ambos gobiernos. La opinión pública a los dos lados de la divisoria se moviliza más a lomos de un sentimiento de pertenencia que para reclamar que baje el souflé y busquen las partes una salida para que el ambiente no se emponzoñe más de lo que ya lo está. Ser ucraniano de raíces ucranianas o serlo de raíces rusas se ha convertido en la razón mayor de una sociedad exasperada por los bandazos o el oportunismo de sus líderes desde que el presidente Víktor Yanukóvich dio marcha atrás en el propósito de vincular el país a la UE (2013), Rusia apoyó la rebelión del Donbás y se anexionó la península de Crimea (2014), el presidente Petró Poroshenko, sucesor del depuesto y huido Yanukóvich, puso en marcha la maquinaria para agrandar un nacionalismo exacerbado, y por último, mediante una política de hechos consumados, Rusia unió con un puente la península con la orilla rusa del estrecho de Kerch (mayo de este año).

Poco tienen que decir el derecho internacional en lo que atañe al caso de Crimea o al control de las aguas jurisdiccionales en los estrechos cuando una de las partes, Rusia, niega la mayor, y la otra no admite otra solución que restablecer el orden político anterior al Euromaidán, las protestas que sucedieron al cambio de opinión de Yanukóvich, durante las cuales Rusia se implicó en el conflicto y envió al este de Ucrania unidades propias (ni los vehículos ni los soldados llevaban distintivos que permitieran identificarlos). Debería ser la política la que encauzara el problema y lo dilucidara, pero las necesidades acuciantes de Putin y Poroshenko para mejorar sus índices de aceptación no permiten suponer que ello es posible. Y la maraña del Rusiagate impide a Donald Trump desempeñar el papel arbitral que se ha atribuido tradicionalmente a los presidentes de Estados Unidos en tanto que líderes indiscutidos de la OTAN; ni siquiera lo hace posible el temor a una rusificación sin respuesta del pequeño mar de Azov, con orillas en Rusia y Ucrania.

Nada conspira a favor de un desenlace próximo y solvente de la crisis, sino más bien a favor de un enquistamiento, con Ucrania exigiendo la aplicación del derecho internacional para neutralizar la estrategia rusa de hechos consumados y Rusia agitando el avance de Occidente, a través de la OTAN, hasta las puertas del país como el gran argumento –una constante histórica– para recelar de cualquier movimiento al otro lado de la frontera. Aunque el analista Dmitri Trenin afirma en las páginas de The Moscow Times, un altavoz del Kremlin dirigido a Occidente, que la respuesta rusa a las acciones ucranianas “necesita ser firme en espíritu, pero inteligente en la ejecución”, enseguida saca a relucir razones de seguridad para el apresamiento de los tres barcos ante “posibles ataques contra el puente recientemente construido sobre el estrecho de Kerch”. Algo así como una acción preventivo a pequeña escala.

La pretensión rusa de que, a falta de Trump, sea Angela Merkel quien ejerza la función de mediadora para evitar una escalada choca con las pocas ganas de la cancillera de meterse en el avispero sin disponer de toda la información. O lo que es lo mismo, sin conocer la letra pequeña de un asunto tan importante como el vínculo personal entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia, los intereses privados que condicionan el comportamiento de la Casa Blanca y que la prensa liberal no deja de airear. “Las [últimas] revelaciones sugieren que Trump engañó a los votantes sobre sus aspiraciones comerciales en Rusia, incluso cuando solicitó su voto durante las primarias de 2016. Eso no es una transgresión menor”, afirmó un editorial de The Washington Post el mismo día que el presidente decidió no aprovechar la reunión del G-20 para entrevistarse con Putin, uno más de los asuntos importantes que quedarán fuera de la cita de Buenos Aires salvo que alguien esté dispuesto a pagar el precio político de salirse del guion.

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Ceremonia del caos en el ‘brexit’

La tramitación del brexit ha dejado de ser solo un desafío insólito para la UE y para el futuro del Reino Unido para convertirse además en un escenario caótico en el que se desarrolla una doble función: el cumplimiento de la opción ganadora en el referéndum de 2016 y la guerra entre familias políticas en el seno del Partido Conservador, una batalla despiadada para descabalgar del poder a Theresa May. Un espectáculo lamentable cuyo primer acto se representó el martes, cuando la premier afirmó con satisfacción desmedida que se había llegado a un acuerdo de principio en la negociación para una salida ordenada de la UE, siguió el miércoles con el anuncio del presunto apoyo del Gobierno británico a lo pactado y escaló el jueves hasta altas cotas de desconcierto cuando el goteo de dimisiones ministeriales se hizo incontenible y los brexiters se presentaron en formación de combate para impedir que una mayoría parlamentaria secunde lo dispuesto en Bruselas para que el divorcio sea amistoso.

Acuciada por el calendario y prisionera de sus palabras –“es mejor una salida sin acuerdo a un mal acuerdo”–, May se ha quedado sin apoyos suficientes en su partido, en extremo dividido y con los brexiters marcando el tempo político, ha puesto en un grito a los unionistas del DUP al aceptar una frontera blanda entre las dos Irlandas y ha abonado la pasividad del laborismo, sumido en una crisis de identidad cuya imagen más elocuente la ofreció el último congreso del partido. Seguramente, y también paradójicamente, la única complicidad sólida con la que cuenta May es la de Bruselas, con el negociador Michel Barnier en primer lugar, y la disposición de los 27 de dar por bueno lo inicialmente acordado. Pero entre los ideólogos del brexit, si así se les puede llamar, prevalece la idea de que el pacto de May es poco menos que una rendición, un atentado a la soberanía y un cheque en blanco para la UE que, dicen, puede prolongar indefinidamente la inclusión del Reino Unido en la unión aduanera (Iain Martín en el conservador The Times).

Mientras tanto, la opinión pública se divide, crece el número de los que votaron a favor del brexit que ahora se opondrían a él y la City maniobra para que, de haberlo, sea lo menos lesivo posible para una economía que emite señales manifiestas de desconfianza en el futuro. Y con ser estos elementos capitales para calibrar hasta qué punto dejar la UE es un mal negocio, la peor de las señales es la fractura generacional, con el grueso de los jóvenes a favor de la permanencia y la mayoría de los más veteranos a favor de la salida, una situación más preocupante si cabe que la fractura emocional entre la cultura urbana –la conurbación de Londres, los grandes polos industriales–, el mundo académico y el de la cultura, de una parte, y de la otra, el universo de la tradición y las viejas convenciones sociales con cobijo en las pequeñas ciudades y en el campo.

El analista Rafael Behr se pregunta en el europeísta The Guardian si la primera ministra está en condiciones de cerrar un acuerdo y, de hacerlo, si puede presentarlo “como un éxito a su partido y al Parlamento” o, posibilidad aún peor, que no pueda lograrlo, en cuyo caso la pregunta que formula es “qué será de ella y del país”. Sin embargo, estas incógnitas nucleares han desaparecido de los debates, incluso se ha esfumado en buena medida la posibilidad de adaptar al caso británico la solución noruega –permanecer fuera de la UE, pero formar parte del Espacio Económico Europeo– porque los promotores del brexit duro se sienten con fuerzas para imponer su criterio y, de paso, lograr que alguien más afín a su pensamiento se instale cuanto antes en el 10 de Downing Street. Envuelto todo en la teoría del vasallaje impuesto por la UE al Reino Unido, desarrollada por el tan brillante como excéntrico e imprevisible Boris Johnson, el exministro de Asuntos Exteriores que considera inaceptable seguir en el marco económico europeo porque supone aceptar unas reglas del juego en cuya redacción el Gobierno británico no podrá participar una vez se consume la salida.

Una verdadera ceremonia del caos, la improvisación y la falta de liderazgo para defender una de estas tres opciones: un brexit ordenado, que siempre será menos pernicioso, dar el portazo y poner la economía y las relaciones entre europeos patas arriba o, tercera posibilidad, organizar una nueva consulta, con todos los datos sobre la mesa, para comprobar si efectivamente los remainers siguen siendo una minoría. Ni siquiera quienes han puesto a May contra las cuerdas disfrutan de un liderazgo efectivo: simplemente, disparan contra cuanto se mueve sin ofrecer un proyecto político acabado y viable, favorecidos en su estrategia por la ausencia en el Parlamento de un núcleo europeísta consolidado y multipartidista (el papelón del laborista Jeremy Corbyn pasará a la historia de la pasividad política, rehén de su euroescepticismo).

Siempre el establishment británico ha tenido dificultades para adaptarse al eurpeísmo, pero nunca pareció tan incapaz como ahora de encontrar la salida del laberinto. El brexit ha sentado a los políticos del Reino Unido frente a un espejo que devuelve imágenes de ineficacia, prejuicios atávicos y falta de realismo. Creer el mantra de que sin las ataduras de la UE todo funcionará mejor, el ejercicio pleno de la soberanía será una fábrica de progreso y de cohesión social, es tanto como suponer que el país sigue siendo lo que en realidad dejó de ser hace décadas y llevó al conservador Edward Heath a cruzar el canal de la Mancha en 1973 para vincular el futuro al de los demás estados europeos. Aquella operación sigue teniendo todo el sentido aunque los euroescépticos, los eurófobos y otras camadas crean que aquello fue poco menos que una capitulación.

 

 

Baviera marca el camino

El batacazo de la CSU en las elecciones celebradas en Baviera es una señal más de la transformación de los partidos y los electores de perfil conservador. La irrupción de la extrema derecha en la política alemana, con una confortable presencia en el Bundestag, ha llevado a la CSU a asumir parte de la gesticulación pública y los eslóganes de Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán), pero como suele suceder casi siempre en los casos de imitación oportunista del adversario, es este quien sale beneficiado y no el imitador. O lo que es lo mismo, entre el original y la copia, muchos votantes prefieren al primero.

Si hasta la fecha se ha dicho que la izquierda tradicional europea no sale de su desorientación y pena su incapacidad para disponer de un programa propio poscrisis, ahora cabe decir lo mismo del universo conservador, zarandeado por la extrema derecha. Los flujos migratorios, la convivencia con el islam en suelo europeo y el terrorismo global, más una eurofobia sin descanso, han alimentado los programas ultra, simplificando al máximo los problemas y las soluciones, como si la complejidad extrema del momento pudiera gestionarse con enunciados tan genéricos como cerrar las fronteras, salir del euro o poner en marcha un proceso masivo de repatriaciones. El líder de la CSU, Horst Seehofer, ministro del Interior –y de Patria, una aportación suya de inquietante significado–, da la impresión de haber olvidado la sentencia de Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.

El contagio del virus ultra se extiende entre las derechas convencionales a la velocidad propia de las grandes epidemias. El caso de Vox, con un Vistalegre lleno en el zurrón, no es ajeno a los giros hacia la derecha de la derecha del PP y de Ciudadanos, temerosos de que finalmente la segmentación del voto conservador les condene a la derrota electoral. El temor a aparecer demasiado blandos, demasiado contemporizadores, demasiado liberales y poco nacionalistas lleva a algunos de sus dirigentes a subrayar sus coincidencias con los propósitos que animan a Vox, retardatarios cuando no claramente contrarios a la Constitución (la supresión de las autonomías, por ejemplo).

Se frustra así el papel moderador de la democracia cristiana y afines en entornos tan distintos como Alemania, Italia, Austria y en España al final del franquismo al neutralizar los ímpetus de la extrema derecha en sus diferentes versiones. Una operación que condenó a los irreductibles a la irrelevancia durante décadas, convertidos poco menos que un pintoresco residuo del pasado. Carente de líderes asentados y de una base electoral suficiente, el universo ultra hubo de recorrer una larga travesía del desierto hasta que el coste social de la salida de la crisis económica, la decepción de una parte de los más vulnerables con los partidos tradicionales y la insensibilidad de los tecnócratas de la UE al hacer el recuento de bajas puso en bandeja el renacimiento de los partidos con una nueva generación de líderes: Marine Le Pen, Frauke Petry, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y otros menos renombrados.

La mayoría de ellos remaron contracorriente durante muy poco tiempo: si las elucubraciones del Tea Party fueron una primera fuente de inspiración, junto con el legado de la extrema derecha de entre guerras, la victoria de Donald Trump les procuró un líder universal, predicador de la nación agresiva frente al multilateralismo pactista, liquidador del statu quo y de la globalización. Puestos a minar la UE y las exigencias políticas de Bruselas, hallaron en Trump el pilar adecuado para debilitar la propuesta europeísta y sumarse a la labor de zapa de estrategas como Steve Bannon y otros ideólogos del nacionalismo de última generación, tan ajeno al cosmopolitismo que alienta en el proyecto europeo.

Basta sumar la inclusión de programas sociales en las arengas de la extrema derecha para comprender lo atractivo de la oferta en caladeros tradicionales de la izquierda golpeados por la crisis, sometidos a las políticas de austeridad y condenados a  sufrir un mercado laboral precario (pobres con trabajo). Los resultados en la periferia de París de la elección presidencial de mayo de 2017 –victoria de Emmanuel Macron– ilustran sobradamente este fenómeno de transferencia del voto de izquierdas al lado opuesto del espectro político y contribuyen en todas partes a ahondar la desorientación de la izquierda tradicional, a dar vida a proyectos políticos de influencia limitada –los insumisos en Francia– y a alentar diferentes formas de populismo progresista que impugnan el reparto de papeles en los regímenes democráticos.

La más genuina diferencia entre Alemania y casos como los de Francia y España, es que la configuración del Parlamento está lejos de compensar el afloramiento de la extrema derecha con una similar capacidad de movilización de nuevas formas de la izquierda –Die Linke es un partido estancado–, capaces de retener una parte del electorado que ha abandonado a la socialdemocracia (SPD). Los resultados de Baviera tienden a consolidar ese modelo y ahora la mayor de las incógnitas es saber hasta qué punto el traspiés bávaro de la democracia cristiana puede repetirse a escala federal. Porque si, como parece, Angela Merkel se ve obligada a adelantar las elecciones, someterá a su partido, la CDU, a una dura prueba de resistencia frente a las acometidas de AfD y a la prédica nacionalista y poco menos que xenófoba de la CSU, cada vez más presunta aliada y menos aliada sin más de la CDU.

Resulta innecesario subrayar que una Alemania enfrentada al desafío de AfD influiría en el curso de los acontecimientos en el resto de la UE y daría alas a la extrema derecha en todas partes. No es ni exagerado ni grandilocuente imaginar que los sucesivos ascensos en los resultados obtenidos por AfD mejoran las perspectivas del voto ultra, amenazan el proyecto político europeo y contribuyen a endurecer los programas de la derecha tradicional por esa tendencia suya a intentar la neutralización de sus adversarios ultraderechistas mediante la asimilación de parte de sus programas. Y sobre todo de su lenguaje, de un léxico agresivo y extemporáneo que lo mismo le vale a Pablo Casado para referirse a un supuesto efecto llamada en el Estrecho, que a Horst Seehofer para amenazar con el cierre de fronteras.

Quienes se adueñan del lenguaje, siquiera sea para amedrentar, tienen mucho camino recorrido, porque al final es el instrumento para prometer la Luna, desacreditar a los rivales y administrar las victorias. Si la apropiación se produce en entornos marcados por las desigualdades y la decepción de los ciudadanos, entonces se dan dos de las condiciones básicas para que los demagogos sin escrúpulos se suban a la tribuna y atraigan voluntades.

El programa de Macron, en duda

El debilitamiento de la presidencia de Emmanuel Macron después de menos de año y medio en el palacio del Eliseo pone de manifiesto las dificultades para configurar experimentos políticos que pretenden ser una versión poscrisis de las en otro tiempo llamadas terceras vías. La República En Marcha (LREM), el partido creado por Macron para convertirse en jefe del Estado, es un conglomerado heterogéneo en el que conviven exsocialistas, centristas, ecologistas templados, liberales y aspirantes a políticos sin adscripción ideológica precisa. Es también un recinto en el que junto a debutantes en el oficio figuran veteranos en la brega política diaria –Édouard Philippe, Gerard Colomb, ministro del Interior hasta que dimitió el miércoles–, con claro predominio de la familia europeísta liberal, dispuesta a hacer pasar a Francia por un proceso de reformas guiadas por la austeridad presupuestaria, un cambio radical del mercado de trabajo y una revisión no menos radical de los privilegios de que disfrutan los empleados de la función pública.

El compromiso europeísta de los integrantes de LREM nadie lo discute, pero el corte merkeliano del programa de Macron para Francia, tampoco. Bruno Le Maire, un enarca clásico, es el ejecutor de este programa, apegado al rigor económico y poco dado a girar la vista atrás y adaptarse a algunas de las más arraigadas tradiciones políticas francesas: la fuerza de los sindicatos, el conservadurismo católico con inquietudes sociales, el legado comunista, las referencias de Charles de Gaulle y François Mitterrand para quienes conservan una “cierta idea de Francia” –la frase es del general en sus memorias–, el poder de facto de los funcionarios y otros factores esenciales en la configuración del perfil de la república. Muchos de estos ingredientes son lastres objetivos para la modernización del Estado, de la economía y de la viabilidad de los programas sociales, pero arramblar con todos es una empresa inmoderada, por no decir perniciosa para preservar la cohesión social y dejar a salvo el pacto republicano.

La pérdida de popularidad sin freno de Macron es consecuencia directa de esta idea de renovación del Estado desde la trinchera liberal –¿neoliberal quizá?–, que persigue la modernidad, pero alarma a los jóvenes sin trabajo o con empleos precarios, a las rentas más bajas de las sociedades urbanas, a una parte del mundo académico y las fuerzas en orden disperso que un día se sintieron representadas por las izquierdas clásicas y el nacionalismo socializante concretado en el gaullismo. Como escribía un editorialista a raíz de la dimisión del ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, Macron ha hecho demasiados enemigos en demasiado poco tiempo y ahora, cuando se impone una renovación del Gobierno –Colomb es el séptimo en dejar su cartera–, la pregunta de la portada del progresista Le Monde, “¿qué remodelación para salir de la crisis?”, es casi una forma encubierta de preguntar si el presidente y su Gobierno están en condiciones de salir de la crisis (de esta y de las futuras y previsibles).

El debilitamiento de Macron enardece a la extrema derecha, suministra argumentos a Marine Le Pen para calentar sus proclamas eurófobas y mantiene a Francia en la lista de países en los que el desafío del populismo ultra puede alterar el perfil del Parlamento Europeo que se elegirá en mayo. Esto es, la crisis francesas es, al mismo tiempo, una crisis europea en potencia, o acaso no tan en potencia habida cuenta de que coincide con las dificultades cada vez mayores que afronta Angela Merkel en Alemania, donde debe torear con las tensiones lógicas en toda coalición con las menos lógicas con los aliados históricos de la CDU, los democristianos bávaros de la CSU. Dicho de otra forma: sin estabilidad para que funcione la complicidad franco-alemana, con el brexit sin un desenlace tranquilizador y demasiados socios de la UE dispuestos a saltarse las reglas básicas del club, la debilidad de la pareja Macron-Merkel es, al mismo tiempo, la debilidad de Europa.

La energía y audacia que observa Jack Lang, exministro de Educación y Cultura de Mitterrand, en el comportamiento de Macron se antojan insuficientes para salvar el momento sin graves daños. Como el propio Lang reconoce en una entrevista con el periódico conservador Le Figaro, en un régimen parlamentario, después de la renuncia de Colomb, la crisis de Gobierno estaría servida y acaso zozobrara la cohesión de la mayoría con una composición tan variada como la de LREM. Una reflexión que no le impide alabar el “estilo de acción” del presidente, algo que apreció en Nicolas Sarkozy el establishment francés, del que Lang forma parte, y que echó en falta en François Hollande.

La pregunta que cabe formular en relación con la crisis francesa, entre otras muchas, es si una maquinaria electoral de perfil ecléctico, que pretende ser una herramienta política de renovación sin entrar en demasiados detalles ideológicos, puede ser también un instrumento de gestión política cohesionado, en cuyo seno sean más numerosas las certidumbres y los cambios viables que las contradicciones. La misma o parecida pregunta se planteó a las terceras vías, barridas por la victoria de George W. Bush en 2000, la complicidad británica en la estrategia de seguridad de Estados Unidos –la guerra de Irak– y el desastre aún no superado de la crisis iniciada en 2008, entre otros muchos sucesos que dejaron desnudos a los teóricos de aquella no tan lejana propuesta.

La modernidad de Macron presta muy poca atención al recuento de posibles víctimas provocadas por un pretendido cambio de paradigma que acaso tenga justificación contable, incluso puede ser necesario para salvar los muebles del Estado del bienestar, pero también puede dejar a muchos en la cuneta de la historia. Por lo demás, bastantes de los objetivos del presidente de Francia suenan a cosa sabida, bajo sospecha, apegados a las indicaciones de los think tank, pero alejados del pulso de la calle, instalada en la decepción y donde es tan importante el voto a favor de alguien como el voto contra alguien. Algo cada vez más frecuente cuya consecuencia inmediata es que apenas existe complicidad e identificación con el ganador –Macron en 2017– y al primer contratiempo se rompe el tenue hilo que une a los votantes con el candidato que votaron. Eso sucede en Francia y no hay pistas para creer que se corregirá la tendencia.

 

El ‘brexit’ ahonda las divisiones

Si el voto a favor del brexit en el referéndum de junio de 2016 fue un factor de división en la sociedad británica, la negociación de los términos de la salida lo es doblemente porque ha dañado la cohesión de los dos grandes partidos del Reino Unido y figuras políticas relevantes, una parte importante de la comunidad académica y en términos generales el mundo de la cultura han levantado un muro frente a la provocación de Theresa May: es preferible un brexit sin acuerdo que un mal acuerdo. Al llamado plan de Chequers, defendido por la primera ministra y rechazado por la Unión Europea, apenas le quedan partidarios, las encuestas delatan una disparidad radical de criterios entre jóvenes y mayores y el griterío populista sube el volumen –Boris Johnson, uno de los oradores más destemplados–, mientras el mundo financiero se tienta la ropa y teme que se consume el disparate desencadenado por David Cameron.

A medio año de distancia del fatídico 29 de marzo, día en el que, si nada lo remedia, se consumará el brexit, laboristas y conservadores andan buscando la cuadratura del círculo, y al mismo tiempo, personajes como los alcaldes de Londres y Manchester reclaman la celebración de otro referéndum que permita saber si de verdad divorciarse de la UE es la opción que prefieren más británicos o, por el contrario, son muchos los arrepentidos, los deseos de rectificar su voto y ahuyentar el fantasma de la ruptura. Lo que parecía imposible en junio de 2016 se ha producido: la tozuda realidad se ha impuesto y los temores a un fiasco económico aumentan a cada día que pasa.

Jeremy Corbyn, líder laborista instalado en la duda hamletiana desde su euroescepticismo poco menos que confeso, reconoce ahora que salir de la UE sin un acuerdo “corre el riesgo de ser un desastre nacional”. Y lo dice después de deshojar la margarita antes, durante y después del congreso de su partido en Liverpool, del que salió debilitado por no decir desairado por los remainers (los que quieren seguir en la UE), encabezados por Keir Starmer, responsable de seguir las negociaciones del brexit en el Gobierno en la sombra. Quizá podía haberse referido al “desastre nacional” antes del referéndum, cuando su tibieza facilitó la labor de los promotores de la salida, pero lo dice ahora porque no le queda más remedio, porque en el congreso fue manifiesta la mayoría partidaria de celebrar una nueva consulta, no sobre el acuerdo final que alcance May, sino sobre la cuestión de fondo: nos quedamos o nos marchamos.

Lo que le gustaría a Corbyn sería un adelanto electoral si los Comunes votan en contra del acuerdo que arranque la premier a Bruselas, cada día más improbable. Pero, como se dice ahora, esta pantalla quedó atrás hace tiempo, la discusión ya no es sobre la bondad o el daño que causará el brexit –más, esto último–, sino cómo evitarlo o cómo perseverar en él, aunque sea a un altísimo precio. Además, la perspectiva de un adelanto electoral es un futurible que atemoriza a los conservadores, enzarzados en una batalla por el poder más cruenta si cabe que la de los laboristas habida cuenta de la energía desplegada por los euroescépticos para presentarse ante la opinión pública como los defensores de un brexit duro, sin concesiones o pactos con la UE (eso dicen al menos).

Cuando esta próxima semana sea Theresa May la que se someta al dictamen del congreso conservador contarán sus competidores con el apoyo entusiasta del trumpismo, de los adscritos a la operación dirigida por Steve Bannon para unir a las diferentes extremas derechas europeas para minar la UE y del conglomerado de adversarios de todo pelaje y condición cosechados por la Europa unida. El programa de Chequers quedará tan lejos a pesar de su corta vida, que la discusión sobre el mantenimiento del Reino Unido dentro de la unión aduanera y el problema de la frontera entre las dos Irlandas, tan debatidos ambos asuntos, acaso se desvanezca y lo que domine las discusiones sea simplemente la punga entre aspirantes a ocupar la silla de May. Cuando la secretaria de Interior, Amber Rudd, se refiere a los enemigos surgidos en el Parlamento para un posible arreglo parecido al tratado de libre comercio Canadá-UE, parece hacer referencia a esta guerra de trincheras desatada y su imprevisible desenlace.

La presencia de Jeremy Corbyn en Bruselas para entrevistarse con Michel Barnier, el negociador de la UE, y con Martin Selmayr, secretario general de la Comisión Europea, no está exenta de la ambigüedad practicada por el líder laborista. ¿Va Corbyn a prometer el apoyo a un brexit decoroso, sin sobresaltos irremediables? ¿Acude a Bruselas con algún programa propio bajo el brazo, parecido quizá al programa de Chequers, pero con mejores anclajes y compromisos con la UE? ¿O se trata simplemente de un gesto para que no se diga que es insensible a las inquietudes del congreso del partido y que prefiere esperar y ver? Conocer las respuestas a estas preguntas es esencial para saber qué papel desempeñara el laborismo a partir de ahora en este laberinto sin salida, en este viaje hacia lo desconocido.

El Financial Times, portavoz de una City alarmada, ha publicado un estudio sobre las posibilidades de celebrar un nuevo referéndum a partir de la situación creada por Theresa May, al ver rechazado el plan de Chequers, y por la militancia laborista, al dar su apoyo entusiasta a los remainers. Aunque en el análisis del periódico hay una dosis evidente de preferencia por una nueva consulta, ciertamente nunca se dieron tantos factores para que sea posible preguntar de nuevo: ¿quieren abandonar la UE? Pero a nadie escapa que una nueva convocatoria entraña un elevado coste político, puede dar pie a una crisis constitucional de gran alcance y no suturará las heridas abiertas por el resultado de 2016: el voto diferente en Inglaterra y Escocia, la división tajante entre las grandes ciudades y el resto del país y la sensación de que, si no hay brexit, subsistirá una incomodidad manifiesta en segmentos importantes de la sociedad británica que seguirán reclamándolo, que siguen pensando que el canal de la Mancha es el mejor regalo que la naturaleza hizo a las islas para mantenerlas separadas del continente.

 

Lo peor del ‘brexit’ está por llegar

Las dimisiones de David Davis y Boris Johnson han dado carta de naturaleza a la impresión muy extendida desde hace tiempo de que la eurofobia fija la agenda de las negociaciones para la salida ordenada de la UE del Reino Unido. Colegir de la inmediata sustitución de ambos por Dominic Raab y Jeremy Hunt que la primera ministra, Theresa May, se mantiene en el puente de mando y controla la situación carece de fundamento: se desmorona el plan discutido el pasado fin de semana en Chequers para un brexit sin estridencias y el Gobierno británico aparece perdido en un laberinto de incongruencias y contradicciones. El artículo publicado el jueves en The Guardian por Henry Newman, director de Open Europe, en forma de carta dirigida a los embajadores y comisarios de la UE no hace más que subrayar algo por demás sabido: los europeos deben tomarse en serio el brexit blando defendido por May porque no hay alternativa mejor, menos hiriente.

Al recordar Newman que el interés británico por ingresar en la UE estuvo siempre relacionado con los intercambios económicos, y que esto es lo que pretende ponerse a salvo –“siempre hemos estado más interesados en las relaciones comerciales que en el proyecto político”–, no hace más que dar la razón a cuantos se alarman en la City con el brexit. ¿Por qué? Por el sencillo argumento de que incluso en el mejor de los desenlaces posibles, los británicos quedarán al margen de las decisiones que tomen los socios de la UE en el ámbito de la economía, pero deberán actuar en los términos aprobados en Bruselas, y aun estarán sujetos a lo que dictaminen o sentencien los tribunales europeos.

Es cierto, como afirma Newman en su carta-artículo, que si fracasa el brexit blando salido de Chequers, y por ahí van los tiros ahora, los perjuicios se percibirán a ambos lados del Canal en “el crecimiento económico y en la futura cooperación en materia de seguridad”, pero acaso la capacidad de reacción de las economías europeas sea mayor y más rápida, especialmente en la zona euro, y acaso también las políticas de seguridad se atengan a nuevos parámetros –una cooperación reforzada–, menos dependientes en todo caso de la estrategia de la OTAN. Y ahí también teme la City que la libra zozobre, el independentismo escocés se rearme, con efectos económicos inmediatos, y finalmente quede al descubierto la naturaleza fantasiosa de las ventajas de la salida proclamadas por los promotores del referéndum de 2016, aquel que nunca debió celebrase, según también opinan los gurús de la City.

La obsesión por la recuperación de cotas de soberanía exhibida por los brexiters más radicales apenas importa en una economía globalizada en la que el desarrollo de las potencias emergentes, un crecimiento raquítico de la demografía europea y el desafío tecnológico obligan a perseverar en los mecanismos de cooperación y en reducir el concepto clásico de soberanía a los asuntos con una repercusión estrictamente estatal o local, si es que tal cosa es posible (hay dudas sobre ello). La UE está minada por los achaques, las rivalidades entre gobernantes y el griterío nacionalista, pero es la única salida que tienen los viejos estados europeos para no caer en la irrelevancia o el servilismo.

Si el Gobierno británico sucumbe a la presión de los eurófobos, será aún más débil de lo que lo es ahora, quizá encadenará varias crisis y por último caerá. En este caso o con esta posibilidad en el horizonte inmediato, cabe preguntarse cuál es la alternativa verosímil. ¿Arreglarían algo unas elecciones anticipadas que dividirían a los conservadores más de lo que ya lo están? ¿Puede el Partido Laborista salir al rescate? ¿Es posible un nuevo referéndum? Ninguna de estas preguntas puede responderse con una afirmación: nada bueno presagian para el Gobierno unas elecciones anticipadas; nada se sabe de una alternativa laborista para destensar la negociación con la UE –Jeremy Corbyn, tan silencioso o contemplativo–; más impensable es aún abrir el melón de un nuevo referéndum después de asegurarse ad nauseam que no lo habrá.

Entonces, qué. Entonces está Donald Trump y su empeño de debilitar a Europa cuanto antes, de dividirla si es posible, de liquidar el statu quo y encabezar un nuevo sistema de alianzas que minimicen el papel de la UE. En esto cuenta con la cooperación inestimable de Vladimir Putin, con los propagadores de falsas estadísticas –las cifras manejadas por el presidente en la cumbre de la OTAN de esta semana eran completamente falsas– y con los teóricos del vínculo especial que debe unir al Reino Unido con Estados Unidos. Que esto suponga recuperar algunas migajas de soberanía es harina de otro costal, incluso es posible simular que tal cosa sucede con tal de reforzar la prédica eurófoba. Pero tal posibilidad sigue siendo un factor de preocupación de la City –el proteccionismo de Trump no tiene vuelta de hoja–, del mundo académico, de cuantos creen que el canal de la Mancha es un accidente geográfico, pero no la línea divisoria, el muro, la frontera culturalmente infranqueable entre ellos y nosotros.

“Un gobierno realmente sensato habría elaborado un plan sobre cómo abandonar la Unión Europea antes de convocar un referéndum”, se dice en el último número de The Economist. Incluso para este semanario, comprensivo con el brexit, el último plan discutido en Chequers “profundiza el caos”, y aunque reclama de los europeos, en igual medida que a los negociadores de May, sensatez para evitar la anarquía, admite que exigirán más de lo que la primera ministra ofrece para seguir en el mercado único. Y no le sorprende habida cuenta del enfoque dado a la negociación por Michel Barnier desde que Jean-Claude Juncker afirmó tajante: “Brexit is brexit”.

Diríase que lo peor del brexit está por llegar. Cuando un articulista del Financial Times compara la posible relación futura del Reino Unido con la UE con la que ahora tiene Ucrania, no hace más que emitir un diagnóstico realista y perturbador para las finanzas británicas, para el comercio exterior, para los consumidores y para cuantos piensan que la economía británica es suficientemente grande como para poner condiciones y suficientemente dependiente como para necesitar de sus socios europeos para no gripar el motor. Lo peor está por llegar, pero los profetas de la salida no cejarán en su empeño de acosar al sector más templado del Gobierno, porque para ellos, como ha dicho Boris Johnson en su carta de dimisión, “el sueño se está muriendo”, aunque para otros muchos tal sueño se asemeje enormemente a una pesadilla.

 

La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.