Raúl Castro se va, pero se queda

El cambio generacional que supone el relevo en la presidencia de Cuba no puede equipararse a un cambio en la orientación política del Estado. En primer lugar, porque el presidente saliente, Raúl Castro, conserva hasta 2021 la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), columna vertebral de la Administración, y la jefatura de las Fuerzas Armadas, tan implicadas en la gestión económica del país y en el dispositivo de seguridad. En segundo lugar, porque la figura del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, no puede desvincularse de la peripecia histórica del PCC, de su orientación ideológica y de los recelos que las reformas suscitan en la vieja guardia. Para la gerontocracia que vivió la epopeya de la guerrilla al lado de los Castro, del Che, de Camilo Cienfuegos y de otros nombres insignes del panteón cubano sigue vigente la máxima de Fidel: “Con la revolución todo, sin la revolución nada”.

Recurriendo al léxico clásico, cabe aplicar a Díaz-Canel la consideración de apparátchik: toda su carrera profesional y política se ha desarrollado al servicio del partido, condición sine qua non para escalar en las instituciones. En consecuencia, su implicación y apoyo a la propuesta reformista se atiene a la necesidad imperiosa de modernizar la economía y rescatar a millones de ciudadanos de la mera subsistencia, pero resulta exagerada toda comparación con otros líderes del universo comunista que en su día llegaron a la conclusión de que no cabía otra que ponerse al día o sucumbir. En cambio, es muy posible que comparta con la mayoría de veteranos de la revolución algo resumido en una sola frase por el periodista francés Renaud Lambert: “Cuba quiere el mercado… sin el capitalismo”.

La decisión de ir más allá y actuar como acelerador de la historia es algo que se antoja bastante alejado de los planes de Díaz-Canel. Su propósito confeso de dar continuidad a lo hecho hasta ahora lo pone de manifiesto por más que una sociedad exhaustas y progresivamente más escéptica requiere un esfuerzo suplementario de realismo y de acercamiento a las necesidades más acuciantes. Seguir como hasta ahora equivale a dar marcha atrás, con el agravante para el sucesor de Raúl Castro de que, aun habiendo llegado a vicepresidente con él, carece del carisma y el “pasado heroico” de la generación del Granma, como dice Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas. Y esa aureola heroica que amortigua por lo general los brotes de descontento en los momentos de mayor dificultad, crea complicidades entre la élite dirigente y la comunidad, pero no se transmite a los sucesores de los padres fundadores, a quienes han progresado en el seno de las instituciones.

Cuantos quieren ver en Díaz-Canel a una figura reformista al estilo de Deng Xiaoping se anticipan imprudentemente a los acontecimientos. Pues si algunas veces se ha dicho que el ejemplo mejor para Cuba para salir del marasmo es la vía china –un capitalismo tutelado por el partido–, en la práctica se han multiplicado los obstáculos internos y externos para imitarla. Acaso porque remitirse a China y su demografía desorbitada no tiene sentido en una pequeña comunidad que no llega a los 12 millones de habitantes en un solar de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. O acaso también porque los ingredientes constitutivos de la sociedad cubana tienen muy poco que ver con los de la china. ¿Es imaginable un programa reformista en Cuba que, como ha sucedido en China, liquide sin contemplaciones la dimensión social del Estado?

“Incluso si Díaz-Canel tiene deseos secretos de aplicar reformas, tendrá poco margen de maniobra para cambiar la revolución”, sostiene Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia en las páginas de The New York Times, una idea que comparte el periodista Fernando Ravsberg, profundo conocedor del universo cubano, que detecta en la resistencia a las reformas del núcleo duro del partido el temor a que conduzcan del “modelo socialista a la soviética” al capitalista. Ravsberg cita en Le Monde Diplomatique al diplomático cubano Carlos Alzugaray, uno de los convencidos de que el paso dado por Raúl Castro llevará a otros veteranos a imitarle, algo posible, pero no determinante porque la fuente de poder está en la capacidad determinante del PCC de imponer el programa en cada momento. Se trata de un esquema clásico transmitido por el modelo leninista: el partido único controla todas las instituciones, fija el rumbo a seguir y las medidas a aplicar.

El cambio en la relación con Cuba decidido por Donald Trump no hace más que alimentar los recelos de la nomenklatura y estimular a la comunidad cubana instalada en Estados Unidos, de corte conservador. Mientras los guardianes de las esencias del PCC temen una vuelta a los peores días, los profetas del apocalipsis castrista instalados en Miami desde hace décadas rescatan el espíritu de la operación de Bahía de Cochinos o Playa Girón (abril de 1961). Esto es, al mismo tiempo que la ortodoxia revolucionaria en el interior se alinea en formación de combate para resistirse al cambio, los alentadores del espíritu de revancha hacen lo propio para impugnar por completo la reanudación de relaciones diplomáticas alentada por Barack Obama en las postrimerías de su presidencia.

No hay duda de que ese esquema de confrontación va camino de afectar la apertura económica de la isla, que siempre será incompleta si Estados Unidos no la secunda o, peor aún, si la dificulta. Después de que Venezuela haya reducido a la mitad el flujo petrolero con destino a Cuba, la estructura productiva, el funcionamiento de servicios esenciales y la economía privada han acusado el golpe, y la única compensación que le queda a la isla es atraer inversores, mejorar las estadísticas de turismo y poner en marcha un cambio global. Las adhesiones políticas en la calle a cambio de un futuro prometedor, pero indeterminado, han pasado a mejor vida y la comparación con otras realidades latinoamericanas, viva imagen de la postración y el atraso, han dejado de tener el efecto taumatúrgico que tuvieron en otro tiempo.

 

Otra huida hacia adelante de Maduro

La decisión de la oposición venezolana de ausentarse de la elección presidencial fijada para el próximo 22 de abril es motivo de controversia dentro del bloque enfrentado al régimen chavista y en las filas de su electorado potencial. Si no cambian las cosas de aquí al próximo jueves, fecha límite para la presentación de candidatos, Nicolás Maduro prolongará su mandato sin mayores esfuerzos y competencia, reelegido por los suyos sin adversario con el que medirse, mientras los ciudadanos sin candidato se quedarán en sus casas con la frustración de no haber podido siquiera forzar al chavismo a echar toda la carne en el asador y sin necesidad alguna de manipular el recuento.

Frente a la idea de que es mejor presentarse, perder y, en última instancia, provocar el fraude, ha prevalecido la suposición de que el amaño está asegurado de antemano y no merece la pena desgastar a nadie en una batalla de costes políticos impredecibles. Con el candidato presidencial de las últimas convocatorias, Henrique Capriles, inhabilitado, la Asamblea Constituyente neutralizando al Parlamento elegido en 2015 y todo el sistema orbitando alrededor del núcleo duro del PSUV, la decisión tomada por los líderes de la oposición –los encarcelados, los vigilados y los exiliados– resulta comprensible, pero políticamente es más estéril que presentarse y perder, porque desaparece la posibilidad de medir la capacidad de movilización de los rivales de Maduro. Y condena a la frustración a una parte importante del electorado, desorientada y sin espacio político en el que encontrar cobijo.

La degradación del experimento venezolano ha convertido la apuesta populista en una pesadilla: ha destruido la economía, ha ahondado en la fractura social y ha adulterado la planta institucional mediante una exuberante proliferación de organismos paralelos a los oficiales o convencionales cuyo único fin es neutralizarlos. Cuando el cambio oficial del dólar ronda los 240.000 bolívares, nada es posible: la crisis de subsistencias se agrava todos los días, el petróleo ha dejado de ser el bálsamo de Fierabrás que cura todos los males y el régimen se escuda en su propaganda, en las proclamas grotescas de su presidente y en las referencias constante al padre fundador. Por eso resulta especialmente chocante la decisión de la oposición de dejar el campo libre a Maduro para consagrarse en el poder, incluso admitiendo que han sido muchas las ocasiones en las que el Gobierno se ha saltado todas las reglas y demasiadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral han actuado como simples correas de transmisión de las necesidades del chavismo.

“O enfrentamos el fraude con el apoyo de la comunidad internacional y evitamos que esa elección ilegal se realice, o participamos con un candidato de consenso que sea capaz de convertir el descontento de la mayoría en una verdadera rebelión de votos que saque a Maduro de Miraflores”, reclama el editorialista de Tal Cual, el periódico fundado por Teodoro Petkoff, prestigioso líder de la izquierda y fundador del Movimiento al Socialismo. Puesto que evitar la elección resulta harto improbable por no decir imposible, la única vía es participar mediante una acción concertada de toda la oposición, subraya el diario, sean más o menos buenas las relaciones en el variopinto conglomerado de siglas que reúne la Mesa de la Unidad Democrática.

En los artículos de Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resuena el punto de vista de la Administración de Trump, que es partidaria de utilizar la campaña como altavoz de los males presentes y resorte para una gran movilización popular, aunque al final, si las circunstancias lo exigen, no quede más remedio que retirarse de la contienda. Todos los think tank acreditados descartan la posibilidad, siquiera sea remota, de una intervención militar, según se molesta en subrayar Oppenheimer. No se trata de una renuncia ética, sino que es resultado de un análisis aplastantemente realista: una intervención encabezada por Estados Unidos silenciaría las voces latinoamericanas críticas con el régimen venezolano y reforzaría a sus últimos aliados, con Cuba en cabeza.

Se dice que la Casa Blanca espera que la presión de la calle, unida a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acabe por desestabilizar al régimen y provocar su implosión. Pero es este un esquema que contradicen experiencias anteriores en las que regímenes dictatoriales monolíticos, apoyados en la movilización de sus afectos, han dado pruebas de una resistencia casi ilimitada a pesar de las hambrunas, las enfermedades y otras lacras fruto del aislamiento. Cierto que el ambiente en Latinoamérica ha dejado de ser propicio a los herederos de Hugo Chávez, pero ellos confían en que una conjunción de fenómenos favorables les permita salir del pozo. Confían, por ejemplo, en un ascenso del precio del petróleo; confían también en una victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, que proporcionaría a la causa un aliado de peso; confían, en fin, en que se aligere la protesta en la calle mediante el incesante flujo migratorio de descontentos en todas direcciones.

Puede que tales esperanzas no sean más que un remedo del cuento de la lechera, pero son las que hace creer al grupo de Maduro que el tiempo corre a su favor. Más aún, en la vecindad de Maduro son varios los que piensan –Diosdado Cabello, el primero de ellos– que permanece viva en la memoria de los sectores sociales más vulnerables el recuerdo de la pobreza en los años de abundancia, cuando se turnaban en el palacio de Miraflores presidentes del Copei y de Acción Democrática. No cree Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en Madrid, que la rememoración del pasado consuele o justifique a nadie en el presente, tampoco lo cree el círculo de Leopoldo López, en arresto domiciliario, a pesar de que el aparato de propaganda del chavismo ha dado muestras de una eficacia y poder de convicción nada desdeñables a partir del momento en que la revolución bolivariana emitió las primeras señales de agotamiento.

Si fueron ciertas las estadísticas referidas a la situación social en Venezuela antes de 1999 (elección de Chávez), en aquel entonces el 65% de la población vivía en el umbral de la pobreza o en sus aledaños, y en este caso el tiempo transcurrido para olvidar el pasado es insuficiente y la base argumental de la arenga revolucionaria sigue plenamente vigente. Si es cierto que los ascensores sociales apenas funcionaban en Venezuela al producirse el caracazo (27 de febrero de 1989), entonces es más que factible que el chavismo disfrute todavía de un importante y dinámico apoyo popular. Y si es así, el empeño de la oposición en negar las debilidades del pasado como causa primera de los problemas del presente es del todo preocupante.

Nada justifica el viaje a ninguna parte o, aún peor, hacia el gran desastre, emprendido por el régimen, pero su permanente huida hacia adelante no sería posible sin que desigualdades lacerantes hicieran posible hace casi 20 años que los electores llevaran en volandas a Chávez hasta la presidencia a pesar de su pasado golpista. Por aquel entonces, con un sistema de partidos minado por la corrupción y una economía descoyuntada, movimientos políticos de todos los colores, los empresarios, la Iglesia y organizaciones civiles de todos los ámbitos creyeron que la única forma de salir del atolladero era ventilar los salones del poder. Y aunque la atmósfera hoy está tanto o más emponzoñada que entonces, el recuerdo de aquel oscuro pasado sigue siendo útil para la legitimación propagandística de las directrices chavistas, presentadas como el instrumento para la redención de los oprimidos.

Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

Obama acelera el paso en Cuba

El anuncio de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajará el 21 de marzo a Cuba para entrevistarse con Raúl Castro ha puesto en un grito al grueso del Partido Republicano, en especial a los candidatos Ted Cruz, rematadamente conservador, y Marco Rubio, menos apegado al catecismo del Tea Party, ambos de ascendencia cubana. Mientras Hillary Clinton y Bernie Sanders, rivales demócratas en las primarias, estiman razonablemente defendible en campaña el paso dado por la Casa Blanca, los aspirantes republicanos lo consideran inaceptable de forma bastante ruidosa, respaldados por la mayoría de su partido en las dos cámaras del Congreso, que puede bloquear la aplicación práctica de los acuerdos a los que lleguen Obama y Castro si no levantan el embargo comercial. Pero es un hecho que el gesto de Obama es una etapa más en la irreversibilidad de la normalización de relaciones entre los dos países, por más vueltas que dé al asunto el republicanismo, anclado en los conceptos que situaron la suerte de la isla en el centro de la guerra fría.

Como en su día dijo Obama, la política seguida por todos los presidentes desde el triunfo de la revolución cubana ha sido un sonoro fracaso: ni cayó el régimen fundado por Fidel Castro y los comandantes de Sierra Maestra ni el embargo comercial entrañó beneficio alguno para Estados Unidos. Las únicas víctimas reconocibles 25 años después de la disolución de la Unión Soviética, precedida del final de la guerra fría, han sido los ciudadanos cubanos, condenados a sobrevivir mediante una economía muy disminuida a causa de los errores de libro cometidos por los ideólogos de la revolución y por la gerontocracia gobernante, pero también consecuencia directa de tener cegadas las vías de relación comercial con Estados Unidos.

No hay asomo de timidez o de contención en el gesto de Obama porque los beneficios presumibles de una relación normalizada con Cuba superan con mucho las incomodidades debidas al carácter dictatorial del régimen. En una economía global en la que se soslaya con gran desenvoltura la naturaleza ominosa del régimen chino o de la teocracia represiva de Arabia Saudí, siempre en nombre de los negocios y de los equilibrios estratégicos, ha dejado de tener sentido la obsesión cubana, ese bloqueo mental del conservadurismo estadounidense que le impide admitir que las condenas y castigos impuestos a la isla, a un corto viaje en barco de las playas de Florida, constituyen un agravio comparativo sin justificación posible. El simple enunciado de los proyectos de muchas grandes compañías que quieren invertir en Cuba, como lo hacen en otros entornos tanto o más monolíticos, desacredita a cuantos se obstinan en mantener la excepcionalidad cubana, como si de ello dependiera el papel de Estados Unidos en el mundo.

En la petición de la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, de que Cuba ponga en marcha reformas para que su economía se abra a los inversores extranjeros hay la misma dosis de realismo que en la iniciativa viajera de Obama. Durante el 2015, la Administración tramitó 490 autorizaciones para comerciar con la isla y los intercambios comerciales alcanzaron los 4.300 millones de dólares, el 30% más que el año anterior, sin que, por lo demás, se hubiesen introducido cambios sustanciales en la legislación cubana. Que Marco Rubio mantenga, entre tanto, que el régimen cubano “no es solo una dictadura comunista, sino una dictadura comunista antiamericana” solo se entiende a la luz de la pugna abierta entre los candidatos republicanos para atraer el voto de los conservadores defraudados con todo el mundo, profundamente disgustados con las políticas de Obama y que no han notado los efectos de la recuperación económica, tan evidente como desigualmente repartida. Pero tanto Rubio como los que con él se lamentan del acercamiento a Cuba son conscientes –al menos, se supone que lo son– de que se trata de un acontecimiento sin vuelta atrás, sometido a la lógica del realismo político y a la certidumbre de que el cerco a la isla, según ha demostrado la historia, no es el instrumento adecuado para impulsar la democratización.

El realismo es atribuible asimismo a la Administración cubana, que ha archivado el memorial de agravios para agarrarse al asidero de la apertura económica, el incremento del turismo y la incorporación a la economía global. Nada es para toda la vida y no deja de ser significativo que, al dar cuenta de la visita de Obama el mes que viene, el diario 14 y medio.com, el primer medio digital independiente –de la oposición: Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar– editado en Cuba, titule con una frase de Obama “Viajaré a Cuba para avanzar en la mejora de vida de los cubanos”. Una de sus articulistas escribe en defensa del cambio en las relaciones, aunque el régimen siga siendo una dictadura, y subraya la inconsistencia de la reacción airada de los republicanos: “¿Es que el acercamiento crítico de Barack Obama a la dictadura de Castro es moralmente más punible que los coqueteos de la Moncloa con el Palacio de la Revolución, o que los agasajos recibidos por el general-presidente, Castro II, durante su reciente estancia en Francia, cuna de la democracia moderna?”

Tales dosis de realismo desnudan la obstinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que en una situación de emergencia económica y social extremas se envuelve en la bandera, invoca el legado del líder muerto y se remite a la América vislumbrada por Simón Bolívar. Ni la inflación galopante, ni la crisis de subsistencias, ni la aplastante mayoría de la oposición en el Parlamento son suficientes para que rectifique, para que entienda que el modelo se ha revelado ineficaz y la redención de las víctimas de las historia requiere, entre otras cosas, una economía viable. En caso contrario, aquellos a quienes se quiso redimir se convierten fácilmente en las víctimas inmediatas de las medidas pensadas para rescatarlos de la postración; aparecen como los más vulnerables y son los primeros sacrificados en el altar del dogmatismo.

En la última tanda de medidas de excepción anunciadas por Maduro no hay ni la más mínima sombra de apego a la realidad, a la aceptación de que el modelo dio de sí lo que podía dar, de que las llamadas misiones han sumido al país en un caos burocrático y de que la bancarrota es un hecho. A una revolución social financiada con las rentas de un petróleo inaceptablemente caro la ha sucedido una crisis ingobernable a causa de un petróleo ahora escandalosamente barato; esto es, resulta imposible seguir con el mismo o parecido programa cuando el negocio petrolero se ha contraído más allá de toda previsión. Solo queda rectificar para evitar una hecatombe, aunque tal rectificación lleve implícita la pérdida del poder o la obligación de compartirlo, de aceptar que la razón es casi siempre un valor con muchos depositarios. Por el contrario, encastillarse en las propias creencias sin atender a otros registros, como parece ser la opción de Maduro, equivale a negar la realidad y sus efectos sobre una población a la que se prometió la prosperidad y puede acabar en la mera subsistencia. Los cubanos saben bastante de ello.

 

 

Ceremonia de tránsito en Venezuela

La determinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de seguir con el programa bolivariano sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas alarma a la oposición y pone en guardia a los adversarios del régimen fundado por Hugo Chávez, pero no deja de ser un síntoma inequívoco del agotamiento del modelo. Al parapetarse detrás de la memoria del gran ausente, en un gesto característico de los populismos en circulación, el establishment poschavista da la razón o eso parece a cuantos dentro y fuera del país piensan que el experimento no da más de sí, que solo le queda recurrir a la épica de la resistencia, de enrocarse en sus propias convicciones sin atender a la reacción de la calle, a los riesgos cada vez mayores de fractura social, a la quiebra económica y al veredicto de las urnas.

La efervescencia en los medios y la controversia sobre el rumbo que debe tomar la revolución si el escrutinio da el triunfo a la oposición encuadrada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –pronóstico de las encuestas– alienta el debate sobre el compromiso del bando bolivariano con los usos democráticos. Al mismo tiempo, el debate ensombrece o empequeñece la debilidad poselectoral que se atribuye a la MUD a causa de su diversidad y de la pugna no extinta entre personalidades a menudo incompatibles. De tal manera que el entorno de Maduro no solo no ha sabido explotar en su beneficio tal circunstancia, sino que ha permitido a los interesados –democristianos, socialdemócratas, liberales, diferentes izquierdas decepcionadas– soslayarla y exacerbar la crítica al madurismo, si así puede llamarse, en especial a partir de la condena impuesta a Leopoldo López al final de un proceso preñado de sospechas.

“Esto no es la fiesta del Chivo [Leónidas Trujillo, dictador dominicano] ni la de Blas [canción popular en los 60], pero todos pretenden colearse [adelantarse a alguien quitándole el puesto en una fila]. El 7 de diciembre, víspera de aquel 8 de luna llena [primera victoria de Chávez], el pueblo celebrará, mientras los entrometidos de todo el mundo sufrirán la decimonovena resaca que les provoca la soberana patria de Bolívar y Chávez”, escribe Earle Herrera en Últimas Noticias. Pero esa ensoñación, esa victoria presentida o deseada está lejos del vaticinio de los sondeos y, en consecuencia, presagia un pospartido lleno de tensiones en el tránsito de las ilusiones a la realidad.

Si hasta ahora las limitaciones del sistema –desabastecimiento, inseguridad, inflación, entre otros– han tenido una repercusión limitada en los comportamientos políticos de la calle, todo puede cambiar a poco que se resquebraje el mito del chavismo invencible, sostenido por los desheredados. Maduro carece del poder de convicción, de movilización y de resistencia que demostró tener Chávez, y que varias veces atenuó el descontento de una clase media urbana exhausta. El trono de Chávez sigue vacío más allá de los formalismos del poder, y han bastado menos de tres años para dejar en evidencia las limitaciones de su sucesor, transmutado con demasiada frecuencia en caricatura extemporánea del fundador del régimen bolivariano.

Ese tránsito de las ilusiones a la realidad puede realzar el perfil depresivo del momento, la esperanza poco fundamentada puesta por los ideólogos del poschavismo en una pronta subida, poco menos que milagrosa, del precio del petróleo en la franja de los 70-80 dólares el barril (ahora se mueve alrededor de los 45 dólares; Chávez soñó en el 2008 que llegaría a los 200 dólares). Las proyecciones son muy otras, aunque en Caracas se esgrima como un acto de justicia histórica el ascenso de la cotización del oro negro. El clima en la OPEP es más propicio a mantener las vigentes cuotas de producción que a reducirlas el 5%, como quiere Venezuela, y el petroislam sigue en la porfía de retrasar la autonomía energética de Estados Unidos mediante un abaratamiento del barril que, dicho en corto, hace imposible que sean rentables los yacimientos que requieren el costoso recurso a la tecnología del fraking.

“Hoy Maduro, proclamado como su hijo [de Fidel y de Raúl Castro], conduce el país al peor barranco de su historia”, sostiene Nelson Baracanda en El Universal, el diario caraqueño de oposición más leído. Más allá del gesto militante del articulista, deseoso de que la victoria sea para la MUD, lo cierto es que la falta de realismo en una situación económicamente insostenible deja el campo libre a los críticos acérrimos, a cuantos arremetieron contra el chavismo antes de que vieran la luz las primeras reformas sociales. Y esa negación de la realidad incluye no admitir la vulnerabilidad de un modelo que fió gran parte del éxito en el monocultivo petrolero, asociado, para mayor contradicción, a la exportación masiva a Estados Unidos, un negocio en el ocaso y a punto de pasar a la historia. Venezuela carece hoy de alternativas, de lo que los expertos llaman explotación de nuevos nichos de negocio.

La experiencia chavista se ha sumido en un ensimismamiento autocomplaciente, ha renunciado a la crítica desde dentro y ha echado mano todos los días a la redención de los pobres para encubrir sus fracasos, sus contradicciones y su tendencia a enrocarse en su prontuario ideológico. Si esto sirvió hasta la fecha para sumar adeptos y desarrollar una política clientelar no siempre saludable y mucho menos sostenible, ahora tiene todas las hechuras de una pesada carga que da alas a la oposición sin que, por lo demás, esta haya concretado cuáles son los grandes objetivos materiales que persigue.

“Nunca antes una votación electoral tuvo la importancia de medir verdaderamente cuánto han calado en el ánimo del ciudadano las presiones, el miedo y la incapacidad para gobernar y echar para adelante al país más prometedor del nuevo mundo”, concluye Álvaro G. Requena en un artículo publicado en el periódico de oposición El Nacional. Con independencia de la adscripción ideológica del firmante, esta es otra realidad ineludible. Nunca antes fue tan grande la sensación de que Venezuela celebra este domingo una ceremonia de tránsito, uno de esos ritos políticos que, como la victoria de Chávez en 1998, abren o cierran un ciclo político, según se mire; abren o cierran un cambio de régimen, de pacto social o de encaje social, como se prefiera, y sitúan a la comunidad ante un desafío nuevo e inaplazable. Las elecciones tienen ese poder taumatúrgico, de modificación de la hegemonía política al final de un proceso de maduración de cambios sociales que casi siempre pasan desapercibidos a ojos del poder, pero ahí están y dislocan un ecosistema político que hasta aquel momento parecía inalterable. Eso parece ocurrir en Venezuela.

Una losa insoportable

Algo profundamente extravagante y demagógico une en el despropósito y en la tendencia a descubrir una conspiración detrás de cada esquina a los gobiernos, por no decir regímenes, de Argentina y Venezuela. En ellos alienta una afición desmedida a recurrir al victimismo mientras la economía se hunde y la crisis social avanza, a pesar de tratarse de dos países capaces de poner en los mercados recursos más que notables para llevar una vida desahogada. La “embestida mediática y judicial” a la que se refiere Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino, y este “eje Madrid-Bogotá-Miami” –eje del mal, pudiera decirse– vislumbrado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comparten la afición o el recurso por el origen espurio, ajeno a su gestión, de la tragedia nacional. Pero el caso es que no hay forma de esclarecer en qué circunstancias se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman en su apartamento de Buenos Aires ni en qué presuntos manejos anda metido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas y destacada personalidad de la oposición, detenido el jueves en su despacho por el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Hay, en cambio, algunas certidumbres en ambos casos que llevan a pensar que los dos presidentes afectados, Nicolás Maduro y Cristina Fernández, han recurrido a la vieja táctica de huir hacia adelante para no tener que enfrentarse lo que quieren dejar atrás: un caos económicos con mal pronóstico y una degradación permanente, interna y externa, de sus gobiernos, de aquellas apuestas de futuro que el presente ha dejado desnudas. En ambos casos, también, se asiste a un proceso de ensimismamiento que convierte a los gestores de los proyectos impugnados por los resultados –el chavismo y el kirchnerismo– en caricaturas de quienes los concibieron originalmente, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. De tal manera, que no solo parecen haber perdido el ímpetu y la vigencia de los primeros días, sino que presentan el perfil clásico de una herramienta de poder manejada por un grupo, tendencia o ideología política con el único o muy principal objetivo de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

Las contradicciones en las que ha incurrido la presidenta de Argentina desde que se tuvo noticias de la muerte de Nisman, que la acusaba de haber encubierto la responsabilidad de Irán en el atentado contra la mutua judía AMIA –86 muertos el 18 de julio de 1994–, han resultado tan confusas como poco exculpatorias. Han sido más bien el catalizador de la protesta popular que llenó las calles de Buenos Aires y otras ciudades con una multitud silenciosa que exige diligencia a los tribunales y transparencia a los gobernantes. Ese requisito esencial para que en Argentina, como en tantos lugares, se ponga remedio a la propensión cada vez mayor a entender los salones del poder como aquellos lugares en los que todo es posible y casi nunca honorable, ese cambio en las costumbres que puede restablecer en la política los valores cívicos que a menudo acaban hechos girones.

En el caso de Maduro, más que de contradicciones, cabe hablar de extrañas fabulaciones o suposiciones que, si no lo son, obligan a quien las difunde a aportar pruebas para que la opinión pública esté debidamente informada. Lo único del todo cierto es que el líder opositor Leopoldo López lleva un año en la cárcel y ahora se une a él Ledezma. Y es igualmente cierto que el desabastecimiento, la inflación galopante y la crisis de divisas llevan directamente a Venezuela a un callejón sin salida, que antes perjudicará a los más vulnerables, en cuyo nombre dice actuar Maduro, que a quienes disponen de un margen mayor de resistencia ante la adversidad. Para resumirlo en pocas palabras: Chávez soñó con un petróleo a 200 dólares el barril para financiar la revolución bolivariana, pero anda hoy por los 50-60 dólares, dependiendo de las calidades, y es poco probable que vuelva a cotizarse a los precios estratosféricos de hace seis o siete años.

“Nisman ha pasado a ser el símbolo, para importantes franjas ciudadanas, incluso para aquellas que desconocían la personalidad del fiscal desaparecido, de que el país necesita un cambio copernicano de políticas y de estilos”, escribió el editorialista del diario La Nación, de Buenos Aires. “Un Gobierno que se precia ante los miembros de Unasur de ser demócrata no puede seguir utilizando los tribunales y la fiscalía para perseguir a quienes se le oponen”, se dice en las páginas de Opinión de Tal Cual, uno de los poquísimos exponentes de prensa de oposición que queda en Venezuela. Algo así como que también en Venezuela hace falta un cambio copernicano, una rectificación que legitime esa oferta de nacionalismo socializante que puede acabar el año con una inflación de tres dígitos, insoportable para las economías de los más débiles y ruinosa para el Estado.

Sería ingenuo negar que el Gobierno de Venezuela tiene que hacer frente a poderosos adversarios, pero no es menos ingenuo llegar a la conclusión de que cuanto sucede hoy bajo el paraguas poschavista es fruto de un complot interior con apoyo exterior. Esa fue seguramente la estructura del golpe de Estado que en el 2002 estuvo a punto de triunfar, pero desde aquellas fechas hasta ahora han pasado tantas cosas que es absurdo seguir anclado en las teorías conspiratorias de la historia. Dicho de otra forma, el chavismo se ha revelado como un proyecto ineficaz, insostenible e inclinado al clientelismo político, inspirado a menudo en un modelo –el cubano– asimismo ineficaz y en el ocaso de su ciclo histórico; un modelo que no ha evitado, además, las consabidas luchas por el poder en el seno del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), convertido en una formidable máquina de poder político y agitación popular que propende a estimular el culto a la personalidad: antes con Chávez; hoy con Maduro.

¿Qué decir del caso argentino? Desde el final de la dictadura, los peronistas han entendido las etapas en las que no gobernaron como periodos de excepción, así se tratase de Raúl Alfonsín, un hombre honrado, que de Fernando de la Rúa, un político incompetente. El corralito de 2001 abrió las puertas al regreso triunfal del peronismo e hizo olvidar los errores de Carlos Saúl Menem, y, al mismo tiempo, permitió que cundiera la especie de que con Néstor Kirchner llegaba al puente de mando una tercera vía en la que se mezclaban, nacionalismo, prosperidad y solidaridad continental. Así nació el kirchnerismo, revisión para el siglo XXI del peronismo cuya vigencia entró en crisis en cuanto se pasó del original a la fotocopia (la presidencia de Cristina Fernández), de la posmodernidad a los atrevimientos contables de los cachorros del justicialismo, cuya máxima expresión es Axel Kicillof. Se mantuvo el culto a la personalidad y el recuerdo permanente del magisterio de los difuntos, pero los casos de corrupción lo emponzoñaron todo y ahora más parece que la culpa debe recaer en los comentarios del editor de Clarín, Ricardo Roa, paradigma de la oposición a la presidenta, que en el quehacer lleno de sospechas de quienes gobiernan.

Roa afirma en uno de sus comentarios: “El kirchnerismo se enrosca cada vez más sobre sí mismo. Se sintió dueño del poder para largo y así también se supuso impune en los tribunales. Pero cuando un ciclo se acaba, se acaba para todo”. También el chavismo, el PSUV, los herederos del líder fallecido albergaron este sentimiento de continuidad, de permanencia, de poder largo, pero puede que se hallen a las puertas de su final de ciclo, de ese momento inevitable en el que parece que todo conspira para que nada funcione, para que crezcan los adversarios y no quede más remedio que resistir sin esperanza o desistir. Hay en el discurso último de Maduro todas las señales de agotamiento del modelo, de negación de la lógica para construir un relato de cuanto sucede despegado de la realidad. Y también lo hay en la respuesta de Cristina Fernández y su entorno a las reclamaciones de la calle que protesta, como si aceptar la realidad equivaliese a ser aplastado por una losa insoportable.