Con Andrés llegó el escándalo

El día antes de que la reina Isabel II desposeyera al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronatos reales, David McClure daba en el diario The Guardian con la expresión precisa para resumir el sentido de la decisión tomada en el palacio de Buckingham: limitar los daños derivado del juicio que el hijo de la soberana deberá afrontar en Nueva York. La acusación de abuso sexual a menores es lo suficientemente grave y explícita en el seno del escándalo Epstein-Maxwell como para poner el parche antes que la herida y para que, al mismo tiempo, cunda en la opinión pública la sensación de que la impunidad forma parte del estatus social de un exclusivo grupo de personajes radicados en la vecindad de la corona.

En la reacción de la reina se detecta el rastro de a un aprendizaje a la fuerza. Desde la entrevista con Diana de Gales en la BBC, confesionario público que sirvió para desvelar su extraño matrimonio con el príncipe Carlos, la casa de Windsor se ha especializado en dar pábulo a toda clase de rumores, insinuaciones y rarezas, por lo general confirmadas y enseguida engrandecidas, exageradas por el griterío de los tabloides. Si a alguien le pudo parecer desmesurada –algo improbable– la foto fija de la familia real a la muerte de la princesa Diana en la película The Queen o la crónica del reinado de Isabel II en The Crown, las sospechas que arrostra Andrés, presunto compinche de Jeffrey Epstein, le habrá llevado a concluir que la realidad es la que es y no hay forma de esconderla permanentemente en el seno de la aldea global.

Si las monarquías lograron blindarse durante siglos del escrutinio pública, hoy tal cosa es del todo imposible. La ejemplaridad otorgada a las familias reinantes, la legitimación sin concurso de los ciudadanos, su condición de encarnación del Estado son atributos que hoy no dejan de ser un legado del pasado que las monarquías de países democráticos sobrellevan gracias al viejo principio resumido en la frase “el rey reina, pero no gobierno”. El problema surge -un verdadero choque en entornos conservadores- cuando el halo de misterio y opacidad de palacio se rompe con el estruendo de una tormenta persistente.

De la misma manera que muchos escritores sostienen que, de hecho, siempre escriben sobre el mismo tema –tienen “un único terreno”, sostuvo Joan Didion en una celebrada conferencia–, las monarquías europeas se asientan también en la legitimación a través de la ejemplaridad (su único terreno). Cuando aparecen fallas en el terreno, entra en discusión el carácter reservado, exclusivo, impenetrable de palacio y su entorno. Cuando, además, se expande la sensación de que dentro de la torre de marfil cabe la impunidad, se desmorona la ficción de la familia ejemplar, de la referencia moral, aunque la mayoría o muchos de sus miembros se atengan a la decencia y a la ley que rige para el resto de ciudadanos.

En el caso del príncipe Andrés concurren datos inasumibles en una sociedad especialmente sensible ante los delitos que tienen como víctimas a menores, al tráfico sexual, a la violencia extrema que entraña vulnerar las reglas más elementales de la moral pública y privada. Como escribe Sean O’Grady en Independent, los hábitos añejos no tienen acomodo en este asunto: “Palacio solía tener una costumbre desafortunada de ignorar las críticas y los problemas, esperando que desaparecieran. Realmente ya no puede hacerlo, al menos en este caso”. Quizá en ninguno; quizá “la victoria de las mujeres” –otra vez O’Grady– que significa el procesamiento del príncipe es un camino sin retorno posible, y acaso la única salida honorable que le queda al encausado es llegar a un acuerdo de conciliación –un reconocimiento implícito de culpabilidad al fin– si es que la demandante, Virginia Giuffre, se aviene al arreglo, algo cuando menos dudoso porque da la impresión es que está más interesada en que se reconozca el delito que en una compensación económica.

Precisamente ahí radica la parte más espinosa del asunto: que el procedimiento civil no acabe en conciliación. Incluso para una monarquía asentada e indiscutida como la británica, resulta perturbadora la posibilidad de ver al príncipe, al hijo de la reina, al duque de York, perejil durante años de todas las salsas, sentado en una sala de justicia y con el riesgo evidente de ser condenado. Pero ha pasado demasiada agua bajo los puentes de Londres desde que hubo noticia de las primeras sospechas como para creer que un atajo legal resultaría menos dañino para la imagen de la institución. Este es incluso el parecer de muchos constitucionalistas, que creen que la única forma de salvaguardar la corona es actuar en el sentido que lo ha hecho Isabel II.

Un editorialista ha escrito que “el principio de ocultación” puede ser tanto o más lesivo que el desenlace judicial. Ingrid Seward subraya en The New Statesman que el duque de York “ha llevado a la familia real a una pesadilla de relaciones públicas: sus abogados han usado tantas lagunas legales para escapar del tribunal que la percepción de que es culpable ha aumentado”. Y no hay manera de que, como por ensalmo, la atmósfera viciada se desvanezca; no hay táctica posible para contrarrestar en las redes sociales, en los grandes medios, en las conversaciones a pie de calle la percepción de que del príncipe abusó de su posición privilegiada para tener un comportamiento por completo inaceptable.

Puede que el coste institucional de todo ello debiera tener advertidos a otros entornos reales -el de España, entre ellos-, porque el índice de tolerancia de la opinión pública no es hoy el que fue en el pasado. La existencia de un papel representativo heredado, cerrado, garantizado de generación en generación no cosecha las unanimidades de ayer, siquiera sea porque la igualdad ante la ley es bastante más que una frase para un número creciente de ciudadanos. Dicho de otra forma: nada ni nadie está a salvo del desgaste causado por el paso del tiempo.

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
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