Contaminación partidista del Constitucional

“No digas ni hagas nunca nada de lo que te debas tener que desdecir algún día ni que choque con las conveniencias, incluso si te sale con naturalidad y sin pensar en nada malo, porque los otros pensarán mal”.

(‘Breviario de los políticos’, cardenal Giulio Raimondo Mazzarino, 1602-1661)

Toda clase de dudas se ciernen sobre la solvencia e independencia del Tribunal Constitucional desde el momento en que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido que fue militante de base del PP hasta el 2011 inclusive, dos años después de ser nombrado magistrado del alto tribunal. Los juegos de manos a que ha recurrido el Constitucional para asegurar que no hay causa de incompatibilidad no logran desvanecer la sensación de que el interesado ha querido ocultar un dato capital. En cambio, abonan la tesis de cuantos piensan que Pérez de los Cobos hurtó información al Senado al no dar cuenta de su militancia, y desde aquel momento seguramente ha contaminado su trabajo por más protestas de imparcialidad que haga ahora. A nadie se le pasa por la cabeza que algún día pueda estar prohibido militar en el PP, faltaría más, como ha insinuado Esteban González Pons con retranca digna de mejor causa; lo que resulta indefendible es que alguien que debe hacer pública su militancia no la haga y el pastel quede al descubierto porque el periódico El País da la noticia.

Si ni siquiera cabe fiarse del Tribunal Constitucional, con un papel principalísimo en los litigios que interesan la estructura del Estado y la impugnación por los partidos de la oposición de algunos de los proyectos estrella del PP, ¿en qué queda la solvencia institucional del Estado, zarandeada por los escándalos en curso en los cuatro puntos cardinales? El secuestro del lenguaje perpetrado por la nota del Tribunal Constitucional no sutura la herida ni restablece su honorabilidad, sino que da pie a que cunda la sospecha de que el PP, mientras conserve la mayoría absoluta, aspira a ejercer una especie de monopolio ideológico de las instituciones, directamente o mediante propios encubiertos.

Aunque resulta ocioso decirlo, no está de más recordar que los partidos, aquí y en todas partes, aspiran a gobernar y a aplicar un programa que se deriva de una concepción ideológica de la sociedad. Tienden a ocupar la totalidad de la sociedad en la que se mueven, de forma similar a como un gas tiende a ocupar la totalidad del continente que lo guarda, pero el pluralismo, las elecciones y el control parlamentario suelen evitarlo, incluso cuando se dan mayorías absolutas. Si no se cumplen los requisitos de renovación de los mandatos y control a cargo de la oposición, no hay democracia, sino un sistema totalitario o que apunta al totalitarismo (véase el caso de Rusia y la persecución sistemática los de los adversarios de Vladimir Putin). Si se respetan los mecanismos de control, pero se priva de información a los controladores, entonces se adultera gravemente el funcionamiento del sistema. Ese es el caso de Pérez de los Cobos.

En Francia, con una tradición democrática de sobra conocida, el control casi absoluto del Partido Socialista de todas las instituciones, desde la Presidencia de la República a los cantones y municipios, es motivo frecuente de controversia. Ni se pone en duda el juego de las mayorías –el sistema favorece su formación para garantizar la gobernabilidad– ni se discute la legitimidad de nadie; se alerta, eso sí, acerca de la conveniencia de que la concentración del poder en unas pocas siglas resulta a la larga perjudicial para el sistema democrático. Una circunstancia agravada en tiempos de crisis por el recelo de los ciudadanos ante el reparto de los costes para sacar al país del agujero.

Esos principios elementales son de sobra conocidos por la dirección del PP, donde abundan los profesionales del derecho en sus diferentes modalidades, y por esa razón resulta especialmente injustificable que mediante perífrasis más propias de una discusión académica que de un debate político, rehúya el núcleo de la discusión: ¿con qué fuerza moral puede Pérez de los Cobos entender de aquellos asuntos que lleguen al tribunal y afecten a leyes, decisiones y asuntos con relación a los cuales su expartido tiene una opinión formada? En puridad, habría que preguntarse por qué clase de asuntos de los que llegan al Constitucional no ha manifestado el PP su punto de vista. Consecuencia inmediata: las recusaciones pueden multiplicarse.

En la nota informativa del último jueves distribuida por el tribunal, después de las consideraciones de rigor, se dice textualmente: “La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por consiguiente, no establecen para los magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales”. Pero el quid del asunto no es este, sino que el presidente no informó en su día de la condición de militante y, tan importante como ese detalle, desde tiempos ancestrales rige la norma según la cual los servidores públicos no han de ser solo personas honorables, sino parecerlo a fin de que sus conciudadanos depositen su confianza en ellos y acepten sus decisiones.

El 25 de mayo del año pasado, Ignacio Escolar publicó en EL PERIÓDICO un artículo con varias observaciones sensatas sobre los viajes de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, dos de las cuales son de aplicación ahora. La primera: “El archivo de la denuncia contra Dívar es lo que habría que lamentar”. La segunda: “Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús”. Llevado al caso de Pérez de los Cobos, lo que es más de lamentar es que del Tribunal Constitucional lo vea todo tan claro y transparente, de forma que resuelve el asunto con una larga cambiada en forma de nota de prensa, y que nadie sepa cuáles son los compromisos presentes del presidente con la orientación política y la acción de Gobierno de su antiguo partido. Si se habla con frecuencia y con razón de la politización del tribunal a propósito de la fórmula para la elección de los magistrados, ¿qué decir ahora?

En Francia, con una tradición democrática de sobra conocida, el control casi absoluto del Partido Socialista de todas las instituciones, desde la Presidencia de la República a los cantones y municipios, es motivo frecuente de controversia. Ni se pone en duda el juego de las mayorías –el sistema favorece su formación para garantizar la gobernabilidad– ni se discute la legitimidad de nadie, se alerta, eso sí, sobre la conveniencia de que la concentración del poder en unas pocas siglas resulta a la larga perjudicial para el sistema democrático. Una circunstancia agravada en tiempos de crisis por el recelo de los ciudadanos ante el reparto de los costes para sacar al país del agujero. De eso también tiene noticia el PP, que experimenta todos los días el desgaste de la brega en solitario, sin puentes de diálogo estables con la oposición o al menos con una parte de ella.

De hecho, en el debate inacabable referido a los riegos que arrostra el poder se hace muy a menudo una distinción entre la legitimidad política, electoral, jurídica si se quiere, y la legitimidad moral. La primera se establece con facilidad de acuerdo con el cumplimiento de las previsiones que figuran en la Constitución y demás leyes de los estados democráticos; la segunda requiere hilar muy fino antes de otorgarle validez. Solo los fundamentalistas del derecho, habituados al criptolenguaje forense y la aplicación literal y estricta del texto escrito, pueden pensar que en un sistema democrático institucionalizado no tiene sentido considerar la existencia de cualquier legitimidad distinta a la estipulada por las leyes.

Es cierto: la legitimidad moral se levanta sobre tangibles e intangibles muy sutiles, sobre la rectitud y el principio de ejemplaridad en situaciones excepcionales, sobre atributos que no están sistematizados en texto alguno, pero tiene un enorme poder de persuasión y convocatoria. Es, pues, una legitimidad que obliga a obrar con tiento y a no abusar de ella. Pero es una legitimidad realmente existente, indispensable en la tarea de aquellos que gestionan una parcela de poder del Estado sin someterse directamente a la decisión de los electores. Ese es el caso del Tribunal Constitucional, cuya legitimidad moral está ahora en entredicho, como lo estuvo antes la del Consejo General del Poder Judicial y la del Tribunal Supremo hasta que Dívar dimitió.

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
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