EEUU duda de nuevo de los saudís

El asesinato de un piloto jordano, quemado vivo por el Estado Islámico (EI), y la venganza jordana de ahocar a dos terroristas condenados a muerte, pero con la pena capital suspendida en el país desde el 2008 , han llevado la degradación moral del caos en Oriente Próximo hasta límites insospechados, si es que ello era o es posible. El relato de los atropellos cometidos por las huestes del califato empalidece cualquier referencia anterior de la crueldad en directo como instrumento de propaganda para sembrar el terror o ganar adeptos, pero las ejecuciones decididas en Jordania, un Estado reconocido por la comunidad internacional y que cabe imaginarle comprometido con el principio de legalidad, resulta demoledor y permite albergar toda clase de dudas sobre las inquietudes de la monarquía hachemí en el plano moral. No hay en esa carrera alocada hacia la aniquilación nada que permita vislumbrar una salida decorosa; se adivina en cambio una influencia cada vez mayor de los partidarios de las soluciones radicales, de aquellos que reclaman una victoria militar por encima de cualquier otro objetivo.

No hay duda de que en el ánimo de Estados Unidos y sus aliados en las operaciones contra el Estado Islámico ha calado de forma mayoritaria el principio de que toda solución, salida, arreglo o mecanismo de control de los islamistas requiere alcanzar tal victoria. Es esta una idea genérica, poco desarrollada y que exige una dirección cohesionada de las operaciones en curso –algo que está lejos de darse ahora–, pero es el enunciado que más partidarios tiene, puesto que se descarta la viabilidad de un desenlace pactado: el EI, el ISIS, el Daech o como llamársele quiera no tiene otro objetivo que diluir Siria e Irak, poner en duda el mapa político de Oriente Próximo y someterlo a sus designios según es fácil deducir de la desaparición de facto de la frontera sirio-iraquí, establecida por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial antes del armisticio de 1918 (acuerdos Sykes-Picot de 1916).

Max Boot, un historiador militar de perfil conservador cuyas ideas tienen gran difusión en Estados Unidos, entiende que el presidente Barack Obama debe asumir que salir al paso del ISIS requiere tomar un mínimo de ocho decisiones, que detalla en un artículo publicado en la web del think tank Council of Foreign Relations. Boot escribe: “Una meta razonable para Estados Unidos no sería ni degradar el ISIS (vaga e insuficiente) ni destruirlo (demasiado ambicioso ahora), sino más bien derrotarlo o neutralizarlo, poniendo fin a su capacidad de controlar un territorio significativo y reduciéndolo, en el peor de los casos, a un pequeño grupo terrorista de alcance limitado”. Y enumera las ocho condiciones que la Casa Blanca debe cumplir:

  1. Intensificar los bombardeos.
  2. Levantar la prohibición de que los soldados de Estados Unidos combatan en tierra (boots on the ground).
  3. Aumentar el tamaño del cuerpo expedicionario.
  4. Enviar unidades de operaciones especiales.
  5. Atraer a Turquía a la guerra.
  6. Declarar el espacio aéreo sirio zona de exclusión.
  7. Movilizar a las tribus sunís de Irak y Siria.
  8. Preparar la reconstrucción Estado después de la guerra en Irak y Siria.

Lo que hace Boot en su artículo es decir en voz alta lo que en muchos despachos se dice a puerta cerrada. Es, al mismo tiempo, un ejercicio de realismo lleno de aristas porque interesa la relación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con Rusia, la pretensión de Turquía de no enredarse en un conflicto que excede su capacidad de influencia, el compromiso de los países árabes con la coalición internacional y el coste material de una estrategia más agresiva que la actual (desplazar 10.000 soldados al teatro de operaciones puede costar 10.000 millones de dólares al año). Y entraña también el riesgo de enfrentarse a una opinión pública atemorizada por la degradación de la seguridad en Occidente, pero reacia a afrontar nuevas aventuras militares en Oriente Próximo de suerte incierta que, además, pueden llevar la respuesta islamista a la puerta de su casa.

Aunque eso fuese todo, sería suficiente para comprender que los pasos a dar en la dirección que sea –la indicada por Boot o cualquier otra– son de una gran complejidad en un horizonte lleno de incertidumbres. Pero hay que añadir inexcusablemente las dudas que atenazan a una parte de la Administración de Estados Unidos, más incluso que a la opinión pública en cuanto a la solvencia y lealtad de algunos aliados, de manera especial Arabia Saudí, bajo sospecha permanente de participar en un doble juego: sumarse ahora a la causa contra el Estado Islámico después de haber promovido el fundamentalismo en el orbe musulmán; presentarse como el aliado comprensivo de Estados Unidos después del 11-S a pesar de haber financiado antes a Al Qaeda con desparpajo apenas disimulado por la corte de Riad.

En ese clima de sospecha, no pasa de ser un problema menor la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de mantener sus aviones en tierra hasta que Estados Unidos se comprometa a acudir al rescate de sus pilotos si son derribados por el EI, una consecuencia directa de la muerte del piloto capturado por los combatientes del califato. Lo que realmente importa son las informaciones difundidas estos días por The New York Times, que implican directamente a la familia real saudí, incluido el rey Salmán, que sucedió a su hermanastro Abdulá hace dos semanas. Aquello que realmente preocupa es el contenido de las 28 páginas clasificadas que contienen información recogida por los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde aparecen los nombres de saudís que prestaron “apoyo crucial a los secuestradores” y están implicados en la financiación del terrorismo. Aquello que de verdad inquieta es si las acusaciones de Zacarias Moussaoui acerca de los planes discutidos en la palacio real de Riad a finales de los años 90 –presidencia de Bill Clinton– para derribar con un misil Stinger el Air Force One son el delirio sin fundamento de un condenado o, quién sabe, las revelaciones de quien no tiene nada que perder y ha decidido poner el depósito de detritus delante del ventilador para salpicar a cuantos más, mejor.

Eso es lo que importa. Mientras sean imprecisas las respuestas a una serie de preguntas que se formulan con lógica insistencia los analistas de los Departamentos de Defensa y Estado, el plan de Boot cojea irremediablemente porque a un problema árabe-musulmán es impensable darle una solución consistente si es fruto de una actuación unilateral de Occidente en la que los gobiernos y las opiniones públicas de la región sean poco más que figurantes. El precedente de Irak está ahí para recordar a todo el mundo cuáles fueron los errores cometidos y en qué desembocaron. Cuando el dedo acusador señala una vez más al príncipe Bandar bin Sultán, embajador saudí en Estados Unidos desde 1983 a 2005 y amigo de la familia Bush, como uno de los financiadores de Al Qaeda, quedan pocas dudas acerca de la debilidad de la coalición que se enfrente al Estado Islámico. Pues si cabe la posibilidad de que la familia real saudí o parte de ella actuara con frecuencia como el banquero encubierto de Al Qaeda, ¿quién puede asegurar que la historia no se repite ahora con el califato? ¿Quién puede garantizar que el califa Ibrahim ha dejado de ser la niña de los ojos de alguno de los clérigos más influyentes de las petromonarquías?

La resolución redactada por el representante demócrata por Massachusetts Stephen F. Lynch, apoyada también por los republicanos, que anima al presidente Obama a desclasificar las famosas 28 páginas de los comités de Inteligencia es un arma cargada de riesgos. Si establece de forma meridianamente clara que los saudís jugaron con dos barajas antes y después del 11-S, agravará la crisis de confianza que mina las relaciones de la Casa Blanca con el palacio real de Riad desde hace más de una década; si el memorial no aclara nada y todo queda en una insinuación, es probable que la comunidad de inteligencia exija realizar nuevas investigaciones, comprometedoras quizá para algunos jeques árabes, para garantizar la seguridad de sus efectivos en Oriente Próximo, como se ha apuntado varias veces en los últimos años. En cualquier caso, la publicación de las 28 páginas será un ejercicio de transparencia, probablemente necesario y al que los contribuyentes tienen derecho, pero que despejará bastante poco las dudas sobre la utilidad o eficacia de la alianza militar que se opone al EI desde el aire.

¿Cuáles son los riesgos si las cosas siguen como hasta ahora?, se preguntan los estrategas del Pentágono y los diplomáticos del Departamento de Estado. La respuesta es tan simple como lógica: la prédica del Estado Islámico puede contaminar la política de Jordania y Arabia Saudí, relativamente convencional hasta ahora en ambos casos, y la de Líbano, desquiciada por la guerra civil siria, la arrogancia militar de Hizbulá y la debilidad de un reparto del poder entre comunidades que impide la cohesión del Estado. Si los efectos de esa contaminación en Siria e Irak son perfectamente medibles, ¿qué consecuencias tendría si se extendiera por toda la región como mancha de aceite? Ningún análisis resulta tranquilizador.

 

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
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