Europa, divida por la desconfianza

Mientras la renegociación de la deuda griega se adentra en un laberinto cuyo trazado, como el del Minotauro, nadie conoce, la UE se atasca o se divide a causa de la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tecnicismo barroco aplicado al futuro acuerdo de libre intercambio comercial y de inversiones que negocia con Estados Unidos. Una mezcla de recelos fundados, antiamericanismo y desconfianza ante posibles realidades o consecuencias encubiertas por el discurso oficial han llevado la discusión al terreno de las amenazas que se ciernen sobre la Europa social, el control de las multinacionales y, sobre todo, las garantías jurídicas en el caso de que surjan litigios entre estados y empresas o gestores financieros. La Europa socialmente comprometida, escamada por la gestión de la crisis y los consiguientes costes, teme entrar sin ovillo en el laberinto del Minotauro, ser derrotada cuando dé con él y no tener siquiera la posibilidad de dar marcha atrás y salir del embrollo siguiendo el rastro –el hilo– que fue dejando según avanzaba.

El gran razonamiento de quienes han puesto manos a la obra y dirigen las operaciones –la comisaria Cecilia Malmström y su equipo– es que se trata de sacar el máximo partido a un mercado de 800 millones de consumidores y unos intercambios que en el 2014 alcanzaron los 980.000 millones de euros. Aquello que lleva a la Europa progresista, a la izquierda clásica y a la organizada en movimientos sociales emergentes –Podemos en España– es el coste humano, de calidad de vida y de conservación del medio ambiente que puede tener el TTIP. “El temor es sobre todo conceder demasiado poder a las multinacionales y abrir nuestros supermercados a productos que no garanticen los mismos estándares de seguridad conquistados por los consumidores europeos”, publicó hace poco el diario progresista italiano La Repubblica. Puede decirse que el problema no son los aranceles, sino el pollo clorado, la carne hormonada, los derechos de autor, los transgénicos y la legislación social, capítulos en los que Europa saca varios cuerpos a Estados Unidos.

La crisis de la última semana, que ha impedido la discusión en el Parlamento de una parte de las negociaciones en curso, ha puesto de manifiesto que la desconfianza no ha anidado solo en la izquierda radical o alternativa, sino también en el Partido Socialista Europeo. No hay en la corriente central de la socialdemocracia un pensamiento dominante que, como sucede en las filas conservadoras y liberales, solo vea ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario: incuba toda clase de temores frente a la propensión de la Comisión a ver en el TTIP una lista inacabable de beneficiosas oportunidades. Quizá debiera decirse que lo sucedido entre martes y miércoles ha sido la prueba del nueve de que los trabajos han llegado a un punto en el que los rasgos diferenciadores de la UE han parecido sometidos a amenazas futuras –reales o no es solo relativamente importante–, y se ha producido un movimiento de repliegue ante la respuesta a una doble pregunta: ¿de dónde venimos y adónde vamos? Porque los recelos se refieren tanto a lo que digan los textos como a la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Al mismo tiempo que liberales y conservadores se remiten a los 30 millones de europeos que trabajan en el sector exportador –1,6 millones en España–, los temerosos de dejar maltrecha la Europa social se refieren a las más de 200 enmiendas presentadas a lo que, enigmáticamente, se denomina Investor-State Dispute Settlement (ISDS), esto es el mecanismo para solucionar los conflictos que eventualmente puedan surgir entre estados y empresas (multinacionales las más de las veces). Así, tres eurodiputados verdes han publicado en el diario británico The Guardian una carta en la que presentan las enmiendas a la resolución de litigios mediante tribunales privados como el indicador fehaciente de la “pasión que esta alianza ha despertado, la división política que ha abierto y el grado de oposición del público”. Lo que, siendo cierto, no es lo más relevante. Lo más sobresaliente es que, por fin, la ruta hacia el TTIP ha salido del secretismo o la opacidad –la Comisión de Jean-Claude Juncker ha querido iluminarla por medio de un apartado específico en su web–, y ha dado pie a una discusión fundamental para alcanzar a ver de dónde venimos y, ¡ay!, acaso a descubrir hacia dónde nos empujan a ir o pretenden que vayamos.

Entiéndase bien: la discusión del ISDS no es un asunto meramente técnico que no afecta al europeo medio. Es, por el contrario, algo que puede interesar el control de los estados sobre el comportamiento de las multinacionales o, por decirlo de otra forma, puede entrañar la pérdida de control sobre los grandes conglomerados empresariales y financieros. Porque si las disputas quedan en manos de tribunales privados –aquellos formados por acuerdo previo de las partes enfrentadas, mediante la designación de un juez por cada una ellas, más un tercero pactado por ellos dos–, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores, se pone en riesgo –al menos, lo parece– la seguridad jurídica, piedra angular de la lógica garantistas característica de Europa. Por el contrario, si las disputas deben dilucidarlas tribunales públicos, con mecanismos de recurso garantizados, quizá se pierda agilidad –en España, por descontado–, pero la seguridad jurídica saldrá ganando, siquiera sea porque las consideraciones economicistas, de eficacia o de rentabilidad quedarán supeditadas al interés público, al principio de legalidad y a la utilidad social. Al menos esta es la pretensión de quienes se oponen a que los arbitrajes sean cosa de instancias privadas.

En el fárrago de la discusión resulta muy difícil separar el grano de la paja, pero no tanto cuando se piensa en que, en el punto de partida de la negociación, se dan factores tan preocupantes como la no aceptación por Estados Unidos de la legislación internacional para fundamentar una demanda contra el país. O que en materia de garantías laborables y desarrollo sostenible, Europa se encuentra a años luz de Estados Unidos. Esos son algunos de los pilares de los “temores europeos” a los que se ha referido el Financial Times, vocero de la City de Londres, partidario de la desregulación en todo aquello que limite los flujos financieros.

No se trata de que algunos gobiernos se comprometan más en explicar las bondades del TTIP, como declaró la comisaria Malmström al periódico conservador francés Le Figaro, sino de acotar el tratado, garantizar el control de los estados y de las instituciones europeas y asegurar que ningún tribunal de arbitraje podrá cambiar de facto las legislaciones nacionales o la comunitaria. Alcanzar esos objetivos no conduce directamente a la unanimidad política, antes al contrario, la hace imposible, porque ni siquiera la mejor de las explicaciones puede pasar por encima de las ideologías, de las diferentes versiones del libre mercado y de la economía social que coinciden en el Parlamento de Estrasburgo, pero al menos la opinión pública podrá acercarse al TTIP con un conocimiento de causa ahora inexistente porque reina la desconfianza. Con razón o sin ella, a causa de la oscuridad de las propuestas que se debaten o del temor a sus consecuencias, debido a la confusión sembrada por los tecnócratas o a la sumisión de la política a las finanzas, la desconfianza lo empapa todo.

Baste un dato: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP ha recogido dos millones de firmas contra el ISDS. Aunque la cifra puede parecer insignificante sobre un censo de casi 500 millones, es la más alta alcanzada por una ICE desde que entró en vigor esta modalidad en el 2012. Y tan significativo como este dato lo es este otro: el grado de aceptación del TTIP en el seno de las sociedades de la UE crece de oeste a este y de sur a norte, algo que lleva implícita la semilla de la división o la diferenciación cada vez mayor entre la Europa que percibe la globalización como un mecanismo, pero no un ecosistema, y la que entiende la globalización como un ámbito en el que el debate ideológico debe plegarse a la realidad de los resultados macroeconómicos.

La UE ha vivido otras situaciones de naturaleza parecida en las que la división llevó al fracaso y al distanciamiento entre socios y familias ideológicas a causa de una innovación. Ese fue el caso de la larga controversia que se adueñó del debate a propósito de la elaboración de la Constitución europea, origen de una enorme frustración entre los europeístas. Cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum el texto propuesto, la componenda para salvar el expediente ocupó el espacio reservado hasta entonces a la política con mayúsculas. La charcutería suplantó a la academia y el Tratado de Lisboa del 2007 permitió solo encubrir un fracaso con un texto insuficiente para considerarlo una aproximación razonable a lo que pretendió la convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing cuando inició sus trabajos. ¿Está de vuelta la lógica de entonces, el enfrentamiento entre defensores acérrimos y adversarios infatigables del tratado, o el pragmatismo de los partidarios se impondrá a la digresión ideológica de quienes lo combaten sin ser antieuropeístas?

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Deja un comentario