La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.

 

 

 

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
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