La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.

 

 

 

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
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