La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.

About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.
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