Legitimidad en discusión

La portada del jueves de EL PERIÓDICO era suficientemente expresiva de la distancia entre el programa electoral del PP y la praxis política del Gobierno para considerarla un elemento más de discusión incorporado al debate que se ha abierto en Europa sobre la legitimidad moral de los gobernantes para tomar según qué medidas en según qué circunstancias. Solo aquellos que se den por satisfechos con la tesis de Max Weber sobre la legitimidad, según la cual esta se fundamenta en el ejercicio del poder conforme a las leyes, pueden sostener que no caben dudas ni discusiones. En cambio, cuantos dan por bueno el punto de vista del filósofo italiano Norberto Bobbio sobre la materia sienten que ha llegado el momento de poner en duda algunos supuestos. De acuerdo con Bobbio, “cuando el poder está en crisis, porque su estructura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la sociedad, entra también en crisis el principio de legitimidad que lo justifica”.

Norberto Bobbio

Norberto Bobbio (Turín, 1909-2004): "El Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes". ('Diccionario de política')

¿En esas estamos? Juan Alberto Belloch (PSOE), alcalde de Zaragoza, sostiene que “la mayoría absoluta del PP descansa sobre un vacío de legitimidad”, toda vez que “ni uno solo de los programas del PP se está realizando”. Incluso si se admite que la opinión de Belloch obedece a una decantación política evidente, debe aceptarse que manifiesta una opinión ampliamente extendida y que constituye el meollo del asunto: ¿acaso una victoria electoral, con mayoría absoluta o sin ella, otorga un cheque en blanco para actuar en dirección absolutamente contraria a lo prometido? Y, si no es así o, aun peor, si los redactores del programa eran conscientes de que no se podía aplicar y armaron un artificio político con un objetivo meramente electoral, ¿se produce una quiebra de la legitimidad democrática, aunque, como en el caso español, la elección fuera escrupulosamente limpia y los procedimientos seguidos para aprobar los recortes se atengan rigurosamente a la ley?

La discusión trasciende con mucho el hachazo dictado por la tecnocracia germano-bruselense y los mercados, y aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, porque la misma pregunta se formula en muchos lugares, salvo en los foros poseídos por el fundamentalismo contable neoliberal o por aquellos que creen a pies juntillas que no hay posible alternativa viable al recetario de la cancillera Angela Merkel, salvo el precipicio de la quiebra financiera del Estado. Se lo pregunta la comunidad académica en Italia, a pesar de que Mario Monti ha obtenido un apoyo bastante multicolor en el Parlamento; se lo preguntan en Grecia, donde la gran coalición se ha puesto manos a la obra a pesar de que el país se precipita por el pozo de la miseria. Se lo preguntan, en suma, cuantos creen que Europa ha tomado el peor de todos los caminos posibles y arriesga degradar la preservación de la democracia representativa como sistema político.

El pensador alemán Jürgen Habermas expresó claramente sus temores en los mejores días del dúo Merkozy: “Si no me equivoco, intentan consolidar el federalismo ejecutivo implícito en el Tratado de Lisboa en un control intergubernamental del Consejo Europeo contrario al tratado. Con un régimen así sería posible transferir los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales sin ninguna legitimación democrática”. Algo de eso sospechamos en España, aunque Nicolas Sarkozy haya perdido la presidencia de Francia. Hay tal asimetría en el impacto social de las medidas aprobadas por el Gobierno, que en la práctica institucionalizan la pobreza entre millones de personas y, por esta razón, hacen dudar legítimamente –esta vez sí– de que cuentan con un apoyo social razonable, ya que carecen de la coartada del anuncio previo en la campaña electoral, durante la cual los propagandistas de la derecha se dedicaron a prometer todo lo que después no han podido cumplir.

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929): "Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han llegado a un acuerdo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés, que tiene un contenido totalmente distinto".

Habermas se refiere a una “Europa posdemocrática” o “vía posdemocrática” en cuyo seno la traducción de la democracia en medidas concretas depende de factores externos a los programas de los partidos y al propósito de los gobiernos. En esa realidad posdemocrática, las instituciones reducen su función a la configuración de una mayoría dispuesta a poner en práctica las medidas estipuladas por terceros, carentes de representación democrática y subordinados a intereses externos al Estado, a sus necesidades y a las de los ciudadanos, pero dotados de un mecanismo de presión inapelable: un sistema financiero globalizado, opaco y fuera de control.

“Un Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes”, dejó escrito Bobbio en el Diccionario de política. ¿Se da este “consenso manifestado libremente” en la aplicación del hachazo o es fruto de un cambio de rumbo sobre la marcha, algo así como cambiar las reglas del juego una vez empezada la partida? ¿Se ha fijado el Gobierno español algún imperativo categórico moral o el imperativo presupuestario es el único que cuenta? Si es así, ¿se da por satisfecho el Gobierno con constituirse en una entidad meramente caritativa mientras el Estado social y democrático de derecho, que figura definido en la Constitución, se desdibuja y los impuestos se convierten en un mecanismo de redistribución de la pobreza?

El profesor Javier Sádaba afirmó el 16 de julio en Onda Cero: “La legitimidad democrática es inseparable de la moral”. Y fue aún más allá: “Cuando alguien ha prometido en un programa algo, ha hecho un pacto con los electores y, si no lo cumple, eso desde luego es inmoral y está perdiendo legitimidad (…) No vale decir no me gusta, pero lo hago”. Incluso es posible admitir que no todo lo prometido se puede cumplir; en cambio es bastante menos admisible hacer justo lo contrario de lo que se prometió. Visto así existe desde luego alguna forma de imperativo categórico, que en el caso que nos ocupa ha saltado por los aires; visto así no es posible aplicar sistemáticamente una moral de situación ajena a todo compromiso cuyas consecuencias recaen en el segmento más indefenso y dañado de la población. Visto de esta forma no estrictamente instrumental o formalista, la legalidad de los procedimientos se antoja claramente insuficiente para legitimar las decisiones que se adoptan de igual forma a como la aplicación irreprochable y textual del derecho se aleja muchas veces de la justicia (valga para comprobarlo la epidemia de desahucios).

Los gobiernos europeos, en general, se han mantenido al margen de este tipo de digresiones, y el español no es una excepción. Salvo la actitud del presidente de Francia, François Hollande, cuya estación de llegada no se vislumbra, los demás gobernantes han optado por la funcionalidad –puede que eficacia– de las decisiones que adoptan, y han obviado una cuestión capital, planteada por pensadores y politólogos a raíz de la crisis y del desmantelamiento del Estado del bienestar, siempre negado y tozudamente evidente: ¿cómo es posible lograr el equilibrio entre democracia, legitimidad y funcionalidad? El profesor Daniel Innerarity, de la Universidad del País Vasco, plantea el problema de una forma por demás transparente: “La globalización está despolitizada, discurre sin dirección o con una dirección no democrática, impulsada por procesos ingobernables o con autoridades no justificadas. Numerosas materias de decisión se están desacoplando del espacio de la responsabilidad estatal y democrática, lo que plantea dificultades de legitimidad y aceptación”.

Daniel Innerarity

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959): "¿Cómo se justifican demcráticamente las presiones de los mercados especulativos, las prohibiciones para que ciertos países desarrollen determinados armamentos o las exigencias europeas de austeridad presupuestaria?"

La despolitización a la que alude Innerarity es la más preocupante de todas porque es extremadamente política. La paradoja obedece al hecho de que el funcionamiento de la economía globalizada, de las tecnofinanzas y de la especulación financiera escapa al control y reglamentación de la política institucionalizada, pero constituye una superestructura con una ideología concreta que persigue reducir el Estado a su más mínima expresión y desviar a la iniciativa privada el grueso de la gestión de los servicios distintivos del Estado del bienestar. Todo ello aliñado con la correspondiente prédica referida a la ineficacia del Estado como prestatario de servicios, aunque la realidad desmienta por completo tal aseveración, caso de la sanidad pública en España, por poner solo un ejemplo.

La pregunta que se formula Innerarity es tan sutil como perturbadora: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?” Las referencias parlamentarias de la última semana parecen haber encorsetado el mensaje del Gobierno español entre la pura realidad contable y el recurso a la soberbia absolutista de Luis XIV: “Después de mí, el diluvio”. Algo bastante diferente a la contención en las formas y el léxico de Mario Monti, mucho más a salvo de las críticas gracias a una rara mezcla de conocimientos técnicos y tradición humanista que se echa muy en falta en esta esquina de la UE. Cuando suena en el Congreso la voz de la vulgaridad más abyecta –“que se jodan”–, es casi un sarcasmo contentarse con afirmar que manca finezza (la del profesor Monti). Vuelva pues la inquietante pregunta: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?”

Es de desear que la haya y que, a pesar de todos los pesares, alguien piense en algún momento que no se puede echar por la borda la inquietud social que ha impregnado la política española desde la restauración democrática. Esa inquietud es un ingrediente más, y no menor, de la legitimación del poder, pero también es el único agarradero al alcance de los más vulnerables, porque su vida cotidiana depende de preservar el cumplimiento de las leyes que los protegen –el Estado del bienestar– y de la compasión de los poderosos y de quienes gobiernan, que no siempre coinciden en las mismas personas. Si alguien duda de que es este un imperativo categórico legitimador, que se remita al artículo publicado el último domingo por el profesor Reyes Mate y anote en un cuaderno: “Eso que unos autosuficientes ministros presentan como ‘valientes medidas que hay que tomar y que este Gobierno tomará’ (la vicepresidenta Soraya dixit) significa de hecho humillación para padres sin trabajo ante sus hijos, miseria en la familia, enfermedad para muchos, hambre en algunos casos, angustia, renuncia a proyectos de vida…”. ¿Alguien es capaz de ponerlo en duda sin recurrir al cinismo?

 

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