Más que una huelga general

Cuando el FMI advierte de que la austeridad recetada por Alemania nos lleva directamente al desastre es que la situación es peor de lo intuido. Algo muy grave se debe cocer entre cajas para que la señora Christine Lagarde y tutti quanti lancen la advertencia en plena campaña de relaciones públicas de la cancillera Angela Merkel para llegar a las elecciones de su país con la popularidad por las nubes, aunque Europa esté literalmente en un grito, sometida al fundamentalismo económico que amenaza con hacer saltar por los aires el pacto social trabajosamente ahormado en la posguerra para pacificar el continente. Si la vara de medir de lo que se avecina es el cabreo manifestado la tarde del 14 en la vía pública por españoles, portugueses, italianos, bastantes franceses e incluso… un notable número de alemanes, entonces la alarma de Lagarde y compañía está más que justificada. Lo cual hace aún más grotesco el empeño de la derecha polvorienta española de medir el descontento social mediante la determinación de la caída del consumo de electricidad durante la jornada de huelga general.

14-N“Los últimos acontecimientos ofrecen una nueva oportunidad para dar el vuelco a esta situación. Excepto cierta prensa de Madrid que vive anclada en sus guerras decimonónicas, cualquier observador atento ha visto que el paro del 14-N ha sido también una revuelta de la clase media, que esta vez se ha unido a los trabajadores y a los jóvenes en el clamor contra las consecuencias de las políticas contra la crisis”, escribió el jueves Albert Sáez en su blog de EL PERIÓDICO. En este análisis cuenta poco –por no decir nada– el consumo eléctrico, y en cambio cuenta bastante más la impresión transmitida por las dos grandes manifestaciones de Madrid y Barcelona. ¿Cuál es esa impresión? Que la quiebra social se halla a la vuelta de la esquina y, con ella, la quiebra política que, de producirse, desbaratará el statu quo sobre el que se ha edificado la democracia representativa de las llamadas sociedades avanzadas.

Identificar estos riesgos no es alarmismo ni ganas de molestar. Es la simple certificación de que si el sistema se disloca por completo, puede que se salven las finanzas y la nueva economía, la tecnoeconomía o como se la quiera llamar, pero perecerá todo lo demás. Parece harto trabajoso para algunos comprender que en esas estamos y que cualquier desdramatización del momento tiende a falsear la realidad. Mientras una multitud asustada por el futuro al que debe enfrentarse se manifestaba por los paseos de Gràcia y el de Recoletos, el comisario Olli Rehn echaba un cable al Gobierno al reconocerle los esfuerzos realizados –exigidos, entre otros, por el propio Rehn, claro– para sanear las cuentas, pero el capotazo no hacía más que confirmar todos los miedos y atestiguar que, salvo cambios imprevisibles, la ruta hacia la pobreza es la única que figura en el mapa de la UE.

14-NIncluso la más que previsible oposición del Banco Central Europeo a que España negocie una línea preventiva de crédito con el FMI por si van muy mal dadas, una posibilidad desmentida por el Gobierno, pone de manifiesto que los poderes no electos ejercen una presión inconmensurable sobre los electos. La analista Masa Serdarevic identifica en su blog del Financial Times hasta tres razones para prever que, en última instancia, el Gobierno español optará por olvidarse del asunto:

  1. A los socios de la eurozona no les hará ninguna gracia que uno de los suyos vaya tan lejos en busca de ayuda.
  2. El BCE probablemente no autorizaría la medida, porque la austeridad es el camino fijado, y se desentendería de comprar bonos en el mercado secundario.
  3. Es muy posible que el FMI no quiera verse envuelto en una operación que no incluya a la UE.

A la vista de este tríptico, no resulta exagerado añadir que la única alternativa a las horcas caudinas de la austeridad es la inanición. Algo que no debe sorprender porque el economista ultraliberal alemán Jürgen Donges dijo en su día a Jordi Évole que la única alternativa a la precariedad laboral es el paro, con lo cual se arrogó el papel de repentino regulador de nuestro mercado de trabajo sin mayor representatividad ni títulos democráticos para hacerlo. Y, a pesar de todo, hay quien piensa que el mayor problema es que los sindicatos se atienen a un Modelo caduco, título del artículo colgado por el economista José Miguel Amuedo en la edición digital de Expansión. “Los sindicatos son estructuras caducas, que se siguen moviendo de forma caduca, y utilizan un lenguaje sin duda caduco –opina Amuedo–. Un ejemplo es que siguen organizando las huelgas como hace un siglo. Y la sociedad, sin duda, ha cambiado”. En efecto, ha cambiado tanto que muchos trabajadores no se sienten representados por los sindicatos, tal como sostiene Amuedo en un pasaje de su texto, pero tampoco se sienten atendidos por los cargos electos, a quienes muchos de ellos votaron, y por el Gobierno que administra el país; demasiado a menudo se sienten tripulantes de una nave pilotada a distancia.

14-N“Los ciudadanos europeos perciben cada vez con mayor impotencia que los gobernantes que eligen en sus países tienen menos poder sobre los asuntos que afectan a su bienestar. En el sur de Europa este problema es particularmente agudo. Nos hemos acostumbrado a que decisiones providenciales sobre nuestro futuro las tomen líderes a los que no hemos elegido y sobre los que no tenemos control alguno”, escriben en su blog Carlos Carnicero Urabayen y Antonio Roldán. ¿Es posible imaginar un mecanismo que erosione la democracia más demoledor que ese? Lleva razón Fernando Vallespín cuando sostiene: “Es posible que la huelga sea mala para hacer cuadrar los números. Pero es estupenda para vigorizar la democracia”. Y lo es porque neutraliza aunque solo sea por un día la sensación de indefensión que se ha adueñado de las víctimas de la crisis, afectadas por decisiones tomadas en instancias de poder sin ninguna representatividad, ajenas al dictamen de las urnas, al viejo y saludable juego de las mayorías y las minorías. Hablar de déficit democrático, vistas las consecuencias de lo sucedido hasta la fecha, resulta excesivamente contenido.

El modo imperativo al que recurre el economista Emilio Ontiveros en El País es el adecuado para reclamar un cambio de rumbo lo más rápido posible: “Europa debe escuchar. Sus instituciones, pero de forma destacada el Gobierno alemán, deben asimilar la evidencia de que el ajuste presupuestario indiscriminado y excesivamente concentrado en el tiempo, con bastante independencia del origen de los desequilibrios financieros, no aporta los resultados pretendidos. Destruye posibilidades de recuperación y, también, erosiona la solvencia pública y privada. También, y no menos importante, acerca a millones de ciudadanos a una situación de frustración creciente. A un cuestionamiento de la propia idea de Europa”.

Por desgracia, la cita va en una dirección radicalmente contraria a la expresada el martes en Lisboa por la cancillera alemana, que llenó de parabienes al primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, obligado a pauperizar el país mientras la calle enardecida grita “Merkel no manda aquí”. El mensaje de Ontiveros también es incompatible con el sonsonete que repiten el Gobierno de Mariano Rajoy y sus agitprop de papel cuando justifican los tijeretazos, llamados reformas, con las felicitaciones de Rehn por lo bien que se están haciendo las cosas. Nada justifica la confianza gubernamental en el camino emprendido, pero parece que la proletarización de la clase media, base de sustentación de los sistemas democráticos, importa menos que cumplir con un ajuste fiscal que, primero, se antojó duro y hoy merece el calificativo de extravagante, porque resulta “política y socialmente insostenible” en opinión de un foro tan identificado con el establishment financiero como el FMI.

14-NEs de lamentar que el enfoque dado a la crisis por el equipo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haya contaminado tan poco los análisis europeos, porque en la estrategia de la Casa Blanca ha prevalecido la necesidad de hacer compatible el saneamiento de las finanzas y la salud del dólar con el rescate de la clase media, como se han ocupado en señalar los analistas liberales y ratificaron las urnas el día 6. Cuando Thomas L. Friedman escribió en The New York Times que los electores prefirieron dar una segunda oportunidad Obama, a pesar de que la tasa de paro bordea el 8%, a otorgar su confianza a Mitt Romney, añadió una frase significativa, reflejo del hipotético pensamiento de la mayoría que hizo posible la reelección del presidente: “Pensamos que lo estás intentado. A partir de ahora será aún más difícil. Aprende de tus errores”. Nadie en Europa da señales de estar dispuesto a aprender de sus errores, y los riesgos que se corren son enormes.

Uno de los mayores, si no el mayor, es el rápido alejamiento de la población de las instituciones y los partidos, de los ámbitos en los que se adoptan las decisiones políticas. “Sería un error interpretar el seguimiento de la huelga de ayer como un escrutinio del grado de irritación de una sociedad. La desafección, la frustración, afecta a un contingente mucho mayor”, opina Emilio Ontiveros en el artículo antes mencionado. “Es un mensaje enviado a los jefes de Estado europeos. Todos están incluidos, se trate del de Francia, del de Alemania, del de Italia. Y hoy son ellos quienes toman decisiones, a escala europea, que nos colocan en una situación imposible”, declaró al semanario francés de izquierdas Le Nouvel Observateur el secretario general del sindicato CFDT, François Chérèque, al final de la jornada del miércoles. Chérèque no es un radical ni cosa parecida, sino más bien alguien apegado al realismo.

Otro riesgo es que llegue al ánimo de los ciudadanos que solo la movilización social rinde frutos. La negociación emprendida por el Gobierno y el PSOE para contener la injusticia lacerante de los desahucios, después de vivirse episodios de un dramatismo apabullante, no puede decirse que sea precisamente una muestra de reflejos; parece sobre todo un tratamiento de choque, de efectos más que modestos, arrancado con fórceps por el descontento social, la protesta ante las sucursales bancarias y las concentraciones frente a los domicilios de los condenados a perder su casa. Es improbable que sirvan el decreto del Gobierno y lo que le siga, si lo hay, para restaurar la confianza en las instituciones y en el compromiso de los gobernantes con los vaqueteados por la crisis, porque ¿puede alguien asegurar que sin las movilizaciones se habría puesto freno a los desahucios? Mal asunto para la salud de la democracia reglada que la gestión directa y en caliente de los problemas sea más eficaz y ejecutiva que la mecánica institucional.

Aun así, toda situación de desconfianza o debilidad democrática es susceptible de empeorar. Por ejemplo, si se confirma que, a ojos de Bruselas, el Gobierno se ha pasado en sus atribuciones al ocuparse de los desahucios sin consultar ni pedir permiso para modificar normas que pueden afectar a la cuenta de resultados de los bancos, los sanos y los enfermos. En este caso, visto que la vocación depredadora de los mercados es incompatible con el Estado del bienestar, y visto también que puede ser incompatible con algo políticamente menos comprometido como la simple caridad, habrá que preguntarse: ¿con qué son compatibles los mercados?

 

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