Europa aguarda a Macron

Los primeros pasos de Emmanuel Macron han hecho de él la nueva esperanza blanca de la Unión Europea, necesitada de iniciativa, unidad de acción y capacidad para competir con los grandes actores internacionales. Entre la espada del auge eurofóbico y la pared del brexit, la activación del eje franco-alemán, motor histórico de la construcción europea, vuelve a aparecer en todos los análisis como el núcleo realmente duro que puede rescatar a la UE de la atonía depresiva que con tanta frecuencia se adueña de la discusión. Pero esa presumible activación es poco más que un objetivo genérico lleno de incógnitas por despejar, especialmente en cuanto al alcance real que pueda tener: ¿reducirá sus efectos a los dos lados del Rin?, ¿será capaz de movilizar a los 27 en un programa común?, ¿alcanzará solo a unos pocos países y consagrará la Europa de dos velocidades?

Sobre la mesa están el papel futuro del Banco Central Europeo, el desarrollo de una estructura europea de defensa, las políticas de convergencia, el efecto del brexit sobre el presupuesto y una lista interminable de problemas propios de la complejidad del proyecto y también de las tensiones entre estados. Y por encima de todo está el debate sobre el papel de Alemania, su iniciativa política, especialmente reforzada a partir de la crisis económica y de la ineficacia de Nicolas Sarkozy y de François Hollande para equilibrar el renombrado eje, cada día más germánico y menos francés.

Poco se sabe del programa de Macron, de su concreción y de la respuesta social que pueden desencadenar actuaciones como la reforma del mercado de trabajo, tan contestado en la calle en la recta final del mandato de Hollande y uno de los resortes que movilizó a los insumisos de Jean-Luc Mélenchon. Menos se sabe aún del papel que puede desempeñar Francia como contrapeso de las políticas de estabilidad recetadas por Alemania, de su capacidad de corregir los excesos de la austeridad dictados por diferentes gobiernos de Angela Merkel desde 2010, con un coste social de sobra conocido. Como afirma Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “la irrupción de Emmanuel Macron ha resucitado el euroentusiasmo, aunque no sabemos si por verdadero amor o como rechazo a las ideas de Marine Le Pen”.

Es preciso remitirse al resultado de las elecciones legislativas (18 de junio) y a las características de la mayoría absoluta obtenida por La República en Marcha, el partido de Macron, para sacar alguna conclusión acerca de si el euroentusiasmo es fruto de una cosa o de la otra o, quizá, de ambas al mismo tiempo. La mayoría aplastante lograda por el presidente en la Asamblea Nacional no debe distorsionar la realidad: se sustenta en el 16% del censo electoral, en una abstención que superó largamente el 50% y en el hundimiento del sistema tradicional de partidos de la Quinta República, especialmente en el campo de la izquierda (el adiós de la patria socialista, ha escrito Jean Daniel), aunque no solo en él, porque el tutti frutti ideológico macroniano ha dividido al conservadurismo francés clásico (la herencia del gaullismo).

“Mayoría absoluta, victoria relativa”, tituló Le Monde, progresista, para resumir el resultado de las legislativas. “Jamás un poder presidencial tan fuerte había descansado sobre una base tan exigua”, subrayó Le Figaro, conservador. “La nueva mayoría solo representa una pequeña parte de Francia”, dijo un analista en televisión la noche del escrutinio. Se trata de tres aproximaciones complementarias a un mismo fenómeno: la representatividad social de los diputados de Macron es débil y el triunfo de la abstención el 18 de junio presagia una posible reacción de la calle en cuanto el presidente pase de la palabra y las promesas a los hechos.

De tal manera de que quizá la consagración de Emmanuel Macron como líder europeo depende de la respuesta social que eventualmente desencadene la aplicación en Francia de grandes reformas estructurales. Significa que la activación del eje franco-alemán no podrá ser eficaz o útil si el presidente debe afrontar la impugnación de su programa en la vía pública o si las elecciones legislativas en Alemania (24 de septiembre) recortan la iniciativa de Angela Merkel, algo que hoy nadie prevé. La idea de que Macron puede ser un líder europeo, aunque no lo sea en su país, es poco realista y se contradice con la inmensa mayoría de precedentes en la historia del eje, esa estructura de facto que condiciona las políticas europeas desde la firma del Tratado de Roma.

Escribe Héctor Sánchez Margalef: “Desear que la UE funcione de otra manera no te convierte automáticamente en un fervoroso seguidor de Marine Le Pen. De la misma manera que el euroentusiasmo de Emmanuel Macron no garantiza por sí solo el regreso de la confianza en el proyecto europeo”. Porque la hiperactividad europeísta del presidente de Francia no se ha traducido por el momento en ninguna medida concreta; se ha limitado a ser una mezcla de declaraciones que aconseja practicar el viejo principio de esperar y ver a falta de elementos de juicio concretos.

Jean d’Ormesson, miembro de la Academia Francesa, hizo pública una carta de apoyo a Macron entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, no sin recordar al entonces candidato que disentía de él en muchos apartados y que su apoyo no era –no es– un cheque en blanco. Lo que el veterano conservador subrayaba era la necesidad de contener al Frente Nacional, pero, alcanzado este objetivo, prevalece la idea de que el voto de aluvión que ha llevado a Macron al Eliseo y la mayoría parlamentaria en que se apoya no es garantía de nada, sino un formidable desafío para un país a menudo ensimismado, asustado o desorientado, donde el escepticismo suma adeptos cada día. Y el dosier europeo no es inmune a la atmósfera de desconfianza en el futuro que aconseja esperar y ver.

 

Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Tiro por la culata de Theresa May

Si cabe asociar victoria a amargura, en pocos casos es tan palpable como en el resultado obtenido por el Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unido, en la trampa para elefantes en la que ha caído Theresa May. En idéntico sentido, puede calificarse de dulce derrota el resultado cosechado por el Partido Laborista y la consolidación de Jeremy Corbyn, un líder denostado dentro y fuera de su partido de forma particularmente sañuda que, sin embargo, ha sabido sacar el mayor beneficio imaginable a la errática campaña conservadora, a la atonía de May, al impacto emocional de los atentados de Manchester y Londres y a la confusión alimentada por la negociación del Brexit, que debe empezar el día 19. Aspiraba la primera ministra a obtener una mayoría reforzada y lo que ha logrado es una “pérdida humillante de la mayoría” (The Times).

El desastre en escaños no es mayor para los conservadores porque el sistema británico –distritos unipersonales y elección a una vuelta– facilita que con un resultado del 42% para los tories y del 40% para el laborismo, la diferencia sea de 318 a 261 diputados. Pero más allá de este dato, lo realmente relevante es que Corbyn ha quedado a menos de un punto del porcentaje logrado por Tony Blair en 2001 (413 escaños). Nadie puede llamar exagerado a Owen Jones, del diario progresista The Guardian, cuando tira de ironía y llama a May “el peor primer ministro desde David Cameron”, su antecesor en Downing Street, que metió al Reino Unido en el galimatías del Brexit el año pasado mediante un referéndum que pudo haberse ahorrado a poco que hubiese sabido domeñar a los eurófobos del Partido Conservador. Como suele suceder a quienes se personan en las urnas para disponer de una mayoría excepcional –Artur Mas, un antecedente de aquí en 2012–, acaban con una minoría comprometedora que obliga a pactos forzados, cuando no indeseados, para cortar la hemorragia del tiro en el pie.

El recurso a los unionistas de Irlanda del Norte (10 escaños) para alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento –hung parliament, Parlamento colgado, de momento– debe entenderse como un juego de manos forzado por las circunstancias y discutido desde ahora mismo por personalidades conservadores como el excanciller del Exchequer, George Osborne, que entiende que la alianza crea “una situación insostenible”. Inestable, debe añadirse, porque la alianza debilita la de por sí debilitada figura de May, deja en el alero el enfoque del Brexit y aplaza la revisión de las políticas de seguridad, cuya ineficacia ha puesto en evidencia el último atentado de Londres. Dice Osborne que los conservadores retienen los despachos, pero no el poder, y no son pocas las personalidades del partido que, como él, temen que las decisiones que corresponden a Londres se tomen ahora en Belfast con demasiada frecuencia.

Se trate o no de una exageración interesada, lo cierto es que esta posible mayoría está lejos de poder garantizar “un buen Brexit”, como decía la primera ministra durante la campaña y que debía entenderse como un hard –duro– Brexit , al estilo del barruntado por el UKIP, el partido eurófobo por antonomasia, que se ha quedado sin representación en los Comunes. Pero tampoco da oportunidades a los posibilistas del Brexit: ya que inevitable, que sea al menos blando, que permita mantener los lazos del Reino Unido con el mercado único y con la unión aduanera. Puede, incluso, que tengan una oportunidad quienes ven en este Parlamento sin mayoría la ocasión de detener el proceso y regresar a la casilla de salida para conjurar el despropósito –¿otras elecciones, otro referéndum?–, como lamentaba Nigel Farage, ideólogo de la eurofobia, la madrugada del viernes.

¿Cambiaría mucho las cosas que Theresa May hubiese presentado la dimisión habida cuenta del fracaso personal cosechado? Probablemente, no demasiado, salvo que su sucesor formara un Gobierno de gestión, aletargara el Brexit y convocara otras elecciones para, esta vez sí, aclarar qué desean realmente los votantes. Una salida a la española considerada entre otros por John Carlin, cuyo diagnóstico de lo que aguarda a los británicos con la salida de la UE es rotundo y sin medias tintas: “El futuro del Reino Unido fuera de Europa es pobre, irrelevante y oscuro”. Pero ¿cambiaría algo los datos del problema si quien sustituyera a May fuese alguien como Boris Johnson, una mezcla extravagante de erudición y patanería?

En ningún caso sería verosímil la formación del Gobierno fuerte y estable que publicitaba el eslogan de campaña de los conservadores porque todos los análisis coinciden en que el tiro por la culata de la primera ministra ha dividido más al partido, alientan en él más que nunca dos puntos de partida históricamente incompatibles desde que Edward Heath sumo el Reino Unido a la UE: el de quienes estiman prioritario el vínculo europeo y el de aquellos que creen todavía que los atributos de soberanía son innegociables y a los británicos siempre les ha ido mejor inmiscuirse en los asuntos continentales desde la distancia. Y este clima de división queda muy lejos del periodo de estabilidad reclamado por May como condición primera para abordar ordenadamente el futuro. Tan lejos queda, quizá, que la deseada estabilidad no deja de ser una quimera (The Independent).

En esta atmósfera de inesperada densidad el peso de los atentados en el comportamiento de los electores tiene menos importancia que descifrar si el Brexit sigue siendo un deseo mayoritario. Porque incluso en el caso probable de que una parte de los votantes haya optado por castigar a May a raíz del doble zarpazo yihadista de los últimos días, las sutilezas y efectividad de la lucha antiterrorista escapan a la opinión pública mucho más que las incógnitas sin despejar de la desconexión de la UE. En última instancia, está muy extendida la convicción de que la seguridad absoluta no existe y siempre es posible que los iluminados de la bomba hallen un resquicio para consumar sus fechorías y, al mismo tiempo, está también muy extendida la idea de que quedarse o no en la UE depende en exclusiva de decisiones políticas perfectamente controlables. Como ha escrito Andrew Grice en The Independent, acaso los partidarios de quedarse en la Unión Europea y los jóvenes que no se molestaron en ir a votar en el referéndum del año pasado tendrán ahora la ocasión de tomarse la revancha, siquiera sea porque el jueves el hard Brexit pasó a mejor vida… Salvo sorpresas nada desdeñables en esa ceremonia de la confusión.

 

 

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Manchester, la tragedia de siempre

La atrocidad de este lunes en el Manchester Arena constituye un capítulo más del inconmensurable fracaso colectivo que lleva por nombre multiculturalidad, cada vez más desprestigiada. Cuando de nuevo un joven, Salman Abadi, nacido y criado en el seno de un determinado modelo sociocultural, arremete contra él con inusitada violencia, lo menos que puede decirse es que algo fundamental no funciona en los mecanismos de cohesión social. Cuando personas huidas de regímenes aborrecibles –el del coronel Gadafi para el caso– e instaladas en una sociedad de acogida desencadenan el horror parapetadas detrás de la religión, solo cabe concluir que vivimos inmersos en una doble crisis, de civilización y de identidad, promovida por una minoría suficientemente dinámica como para extender una angustiosa psicosis de inseguridad colectiva.

Nada hay en el episodio de Manchester especialmente diferente de lo ocurrido antes en tantos lugares de Europa y nada será demasiado diferente en los envites del terrorismo global que nos deparará el futuro porque se ha consolidado en el universo yihadista una mezcla de resentimiento, nihilismo, fanatismo ideológico y certidumbres esotéricas (el martirio) que demuestra tener un poder de captación y convicción de una eficacia enorme. Y esas constantes vitales no corren peligro en tanto Occidente no admita errores flagrantes y siga prevaleciendo en la opinión pública del mundo musulmán la  sensación de afrenta permanente. “Hemos cometido agresión armada contra pueblos soberanos que no nos han atacado a nosotros con el propósito de mantener el terror fuera de las calles de Gran Bretaña”, ha escrito Simon Jenkins en el periódico progresista The Guardian. Y esa actitud preventiva es la que lleva a Jenkins a relacionar con la tragedia última la política exterior de Tony Blair, David Brown y James Cameron, tan sometida a la de Estados Unidos. No se trata de una justificación de la canallada cometida por un fanático, sino de una explicación que intenta establecer una relación lógica entre causas y efectos.

De la misma manera que H. A. Hellyer, un analista del think tank Atlantic Council, abunda en el error occidental de exigir a los musulmanes que hagan más “para luchar contra el extremismo, soslayando que los musulmanes británicos también fueron atacados”. Observa Hellyer una asimetría evidente entre esa exigencia y otros sucesos dolorosos, provocados por occidentales de educación cristiana, que no llevaron a nadie a reclamar a Occidente mayor compromiso contra los apocalípticos. Así el caso de Anders Breivik, citado en el artículo, el supremacista blanco e islamófobo que el 2011 asesinó a 77 jóvenes noruegos, cuya acción no desencadenó ninguna forma de reproche o de exigencia de responsabilidades, como por lo demás es del todo lógico, a la comunidad blanca bautizada en iglesias protestantes a la que pertenecía Breivik.

La suma de dos lógicas perversas, la de los daños colaterales causados por armas presuntamente inteligentes y la del choque de civilizaciones, que lleva directamente al enfrentamiento entre Occidente y el islam, explica en gran parte la crispación de un presente inquietante. Los daños colaterales han causado tantas víctimas inocentes en comunidades musulmanas que se han convertido en uno de los combustibles más eficaces para mantener en funcionamiento la máquina del odio; la consideración del choque de civilizaciones como algo irremediable mantiene en pie de guerra a lo peor de cada parte y justifica toda clase de barbaridades, sectarismos y opiniones atropelladas. Basten como prueba de todo ello las explicaciones delirantes del Estado Islámico después de la matanza de Manchester o la reclamación de una “solución final” hecha a través de Twitter por Katie Hopkins, de la emisora británica LBC, que remite sin estaciones intermedias a la limpieza étnica, al genocidio planificado y, en definitiva, al Holocausto perpetrado por la Alemania nazi.

Son enormes las dificultades de inserción de la tradición musulmana en aquella heredera de las Luces, pero hay demasiados ejemplos de que no solo es posible, sino deseable y fructífera, como para seguir dando pábulo a los profetas del enfrentamiento inevitable. Y siguen sin respuesta desde hace demasiado tiempo varias de las siete preguntas formuladas en el 2012 por Tariq Ramadan, un intelectual musulmán difícil de clasificar y bastante discutido desde diferentes frentes ideológicos laicos europeos. Las preguntas son estas:

-¿Quién es musulmán y cuáles son los derechos de alguien que sea reconocido como tal?

-¿Está justificado el uso de la violencia?

-¿La sharia es un cuerpo legal cerrado o un cuerpo abierto de principios potencialmente compatibles con fuentes extranjeras como la democracia?

-¿Se debe crear un partido político islamista o es preferible mantener el estatus de organización religiosa y social?

-¿Cuál debe ser la función de las mujeres en la organización y en las sociedades mayoritariamente musulmanas?

-¿Cuáles deben ser las relaciones con personas de otras creencias –o sin creencia alguna– dentro de la sociedad?

-¿Hay otras opciones, además de la oposición en la relación con Occidente?

En cierta medida, se trata de interrogantes elementales, que debían haber obtenido respuesta hace decenios, mucho antes de que los formulara Ramadan, pero la dinámica histórica del colonialismo y del poscolonialismo quizá lo hizo imposible. Este quizá es ineludible porque algunos musulmanes respondieron a estas preguntas hace tiempo, convencidos de que la mejor defensa de los derechos del creyente es situar la práctica religiosa en el apartado de la vida privada de cada individuo, en el ámbito de su autonomía intransferible. Otros, por el contrario, se arrogan el derecho a hacer ostentación de sus convicciones religiosas, a parapetarse en el legado de sus ancestros para difundir una ideología congelada de inspiración religiosa, a entender cualquier otro credo como un adversario en el campo de batalla. Pero la islamofobia vociferante que prolifera en Europa no anda muy lejos de esa actitud aguerrida que lleva sin remedio a la confrontación. Y la gestión de todo ello solo como un problema de seguridad no hace más que aplazar la consideración de otros aspectos del desafío planteado por los muyahidines de la guerra santa.

El primero de todos ellos es la existencia de sociedades desarticuladas, cuando no excluyentes, que fomentan indirectamente la cultura del gueto. El segundo es la disfunción permanente del mercado de trabajo, que opera como un filtro y corta el paso al desarrollo de muchos jóvenes. El tercero es la aceptación de que los estados laicos no escapan a las contradicciones inherentes a sociedades mayoritariamente secularizadas, pero que cobijan importantes minorías cuya vida se articula a través de la religión (de diferentes religiones). No se trata de impugnar el Estado aconfesional; se trata de aplicar soluciones diferentes a sociedades diferentes que hace tiempo dejaron de ser homogéneas; se trata de actuar de forma inteligente y sin los prejuicios que exhiben todos los días los partidarios de la exclusión social.

La propensión de los gobiernos a creerse en posesión de la verdad lleva directamente al desastre. No hay otro responsable inmediato de la tragedia de Manchester que el suicida que se inmoló a la salida de un concierto, pero no pueden soslayarse los mecanismos que llevaron a un ciudadano británico a abrazar la versión más violenta y alejada del islam del siglo XXI. De hecho, se está cumpliendo algo que adelantó Jean-Pierre Filiu, el nacimiento de una nueva religión desgajada del mejor legado musulmán, un proceso degenerativo cuyo ecosistema ideal se encuentra en la periferia de muchas grandes ciudades de Europa. No está en discusión que el primer deber de los gobiernos es garantizar razonablemente la seguridad de los ciudadanos; sí lo está la incapacidad de los gobernantes para generar complicidades en el seno de comunidades vulnerables, desencantadas.

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.

Elección moral en Francia

El titulado como gran debate de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia fue, en realidad, el miércoles pasado, el ruidoso debate o el atropellado debate. Al sentar en el estudio de France 2 a la última representante de la peor tradición política de Francia, la confrontación de programas dejó de serlo y la pantalla devolvió a los espectadores la imagen de un país dividido entre el oportunismo sin escrúpulos de la ultraderecha recalcitrante y el posibilismo europeísta del establishment. Al arreciar la discusión salió a la superficie la versión más abrupta de dos Francias, de dos Europas, de dos futuros posibles que se enfrentan elección tras elección en sociedades descoyuntadas por el astronómico coste social de la crisis económica, el terrorismo global, la crisis migratoria y las proclamas milagreras de diferentes formas de populismo.

Sentados frente a frente, Emmanuel Macron y Marine Le Pen representaron una pugna planteada en términos parecidos y con propósitos similares a las habidas antes en Austria y en Holanda, y es de prever que habrá en septiembre en Alemania. Envuelto todo en esta sensación inevitable de que Macron está en condiciones de utilizar pulcramente la pala de pescado mientras Le Pen maneja el cubierto como un instrumento adecuado para arremeter contra un comensal en caso de necesidad. Aun sin ver en Macron la gran esperanza blanca para rescatar a Francia del estancamiento, es fácil descubrir en su contrincante el torvo rostro de un pasado indecente, de la más deshonrosa hora de Europa y de Francia, de las algaradas callejeras de Action Françaises en los prolegómenos de la gran hecatombe, de aquel antisemitismo encubierto más tarde con la negación del Holocausto. Después de escuchar la otra noche a la candidata del Frente Nacional no hace falta recurrir a grandes digresiones para concluir una vez más que el huevo de la serpiente ha vuelto a ser fecundado y puede eclosionar en cualquier lugar, en cualquier momento.

Nada queda de la tradición de los grandes debates con argumentos elaborados. En una discusión en la que Marine Le Pen acusa a su adversario, sin asomo de prueba, de ocultar dinero en un paraíso fiscal –una forma de posverdad– y Emmanuel Macron tacha de indigna a su contrincante no queda espacio para la justa versallesca. Nada se tiene en pie sobre el tapiz político de la habilidad dialéctica y la frase justa tantas veces admirada en los debates televisados franceses: hoy la discusión se desarrolla en un ring en el que una de las partes se siente a gusto y la otra debe reconocer que si no acepta las reglas del juego, puede caer en la lona, vencida por la simplificación dual típica de los populismos tabernarios: el pueblo frente a la casta, la nación frente a los inmigrantes, el legado cristiano frente a la invasión musulmana, la nación frente a Europa, la gente frente al sistema (todas las ideologías metidas en el mismo saco). El griterío ensordecedor de la camada ultra ha logrado imponer un código de conducta, una agenda, si se quiere, que ha contaminado la política francesa y a un sector importante –el 40%, puede que más– de los electores que este domingo acuden a votar.

A la vista de la ausencia de Jean-Luc Mélenchon, estandarte de la nueva izquierda –los insumisos–, en los esfuerzos para movilizar al electorado contra Le Pen más que en favor de Macron, nadie diría que la confrontación tiene un componente moral evidente, en defensa de la dignidad de la política, en contra de la demagogia y de los eslóganes hirientes. Toda elección tiene un ingrediente moral, pero en este caso se trata de un factor capital en la discusión en curso para evitar que la autoridad quede en manos de la cultura política del odio. El hecho de que hasta el griego Yanis Varoufakis, un radical sin reservas, alerte acerca de los riesgos de la abstención y del voto en blanco descalifica de por sí a Mélenchon, afecto a un oportunismo electoral –la vista puesta en las legislativas de junio– demasiado cercano a la muy difundida creencia en según qué ambientes de que cuanto peor, mejor.

Basta repasar la historia del Frente Nacional desde las elecciones de 1974, cuando la candidatura de Jean-Marie Le Pen no pasó de ser una curiosidad pintoresca a pie de página, para entender que ha mutado en amenaza auténtica para el pacto republicano, los usos democráticos y la implicación de Francia en un futuro proyecto político europeo más seductor que el actual. Pero basta también comparar la situación presente con la de la primavera del 2002, cuando la unidad republicana garantizó la reelección de Jacques Chirac frente a Le Pen, para medir hasta qué punto la descomposición del bloque a izquierda (seguidores de Mélenchon) y derecha (seguidores de François Fillon), siembra el escepticismo y alimenta toda clase de dudas. Y basta, en fin, recordar el pobrísimo resultado obtenido en la primera vuelta por Benoît Hamon, el candidato del PS dejado a su suerte por François Hollande y Manuel Valls, para calibrar hasta qué punto la descomposición de la izquierda clásica es un hecho irreversible, víctima la socialdemocracia de su apego a la Realpolitik sin matices en plena degradación del Estado del bienestar.

La victoria más que previsible de Macron no cambiará esencialmente los enunciados: los pilares de la Quinta República serán a partir de ahora otros, serán los de una intuida Sexta República sin mayorías concluyentes en el Parlamento, una extrema derecha robustecida, nuevas siglas en el centro –En Marche!– y en la izquierda alternativa, y la obligación inaplazable en el campo conservador y en el socialista de refundar aquello que hasta hace poco se antojaba inamovible. Como dice el politólogo Olivier Duhamel, las cosas seguirán cambiando, porque la llegada al Eliseo de un presidente con un partido recién fundado, la presumible mezcla de tecnócratas, independientes y algunas caras conocidas en el Gobierno que forme y la incógnita por despejar en las elecciones legislativas de junio configurarán un ecosistema político nuevo, seguramente menos estable, más deliberativo, menos articulado en torno a la figura del jefe del Estado.

Hace demasiado tiempo que funciona por inercia la Quinta República como para pensar que el próximo presidente podrá eludir los cambios que urgen para evitar males mayores a los presagiados durante una campaña tan encrespada. Ahí está en todas las esquinas de Francia la imagen de Marine Le Pen para recordar que el país afronta un final de ciclo plagado de riesgos extensivos a toda Europa.

Francia corre riesgos

La victoria de Emmanuel Macron, exministro liberal en un Gobierno socialista, solo dos puntos por encima de Marine Le Pen, extrema derecha xenófoba y antieuropeísta, no permite banalizar el éxito de esta última en la primera vuelta de la elección presidencial en Francia, sino subrayarlo con tinta roja. Solo 15 años después de que Jean-Marie Le Pen disputara a Jacques Chirac la presidencia de Francia, la hija del viejo caudillo ultra ha obtenido 2,8 millones de votos más que los que él logró en la primera vuelta del 2002 y, tanto o más importante que este dato, ha conseguido proletarizar el Frente Nacional (FN), hacerlo más transversal y agravar la división latente en una sociedad desorientada por dos presidencias sin logros –las de Nicolas Sarkozy y François Hollande–, por el descrédito de los grandes partidos, por el coste social de la crisis económica y por el desafío yihadista. Las bolsas europeas respiraron tranquilas el lunes, pero los vaticinios de una segunda vuelta en la que el voto ultra puede acercarse al 40% configuran una Francia nueva, con más de un tercio de los electores movilizados contra la tradición republicana y europeísta, conquistados por el nacionalismo primario “de un clan familiar cínico y sin escrúpulos” (Le Monde).

La presunta sutileza de los análisis que consideran un fracaso del FN no haber alcanzado el 30% en la primera vuelta, requisito mínimo para aspirar a la presidencia con fundamento en la segunda, no hace más que ocultar los riesgos que corre Francia, y por extensión Europa. Nada hay más alejado de las convenciones políticas, del pacto republicano y del equilibrio social que el populismo vociferante de Marine Le Pen envuelta en la bandera. Ese recurso a las emociones o a las esencias nacionales ha sido útil, por el momento, para dejar en ruinas el sistema de partidos característico de la Quinta República, puede serlo para hipotecar la gestión de futuros gobiernos si en las legislativas de junio alcanza el FN una representación significativa en la Asamblea de la República y puede serlo aún más si deja vía libre a los partidarios de agitar la calle, que los hay.

Marine Le Pen se refiere a la necesidad de una “unión nacional” para pedir el apoyo en las urnas el 7 de mayo, una apelación a la identidad antes que a los valores. Emmanuel Macron reclama la “unidad republicana” y, con ella, la del abanico político que va de los posgaullistas de François Fillon a la izquierda clásica, que se remite a los valores del pacto republicano más que a una nación en abstracto. No es esta una diferencia menor o secundaria, o al menos no debiera serlo cuando lo que está en juego no es solo la presidencia de Francia, sino la complicidad del país para rescatar a la Unión Europea de la lógica diabólica de la crisis permanente, de la herencia del Brexit y de diferentes modalidades de euroescepticismo, sazonado todo con las múltiples fobias estimuladas por la crisis de los refugiados, el terrorismo global y la lejanía de los tecnócratas de Bruselas.

De ahí que resulten sorprendentes las reservas de Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda emergente, para pedir el voto para Macron, como si fuese posible una alternativa, como si abstenerse o votar en blanco no fuese casi tanto como apoyar a Le Pen. Esa doctrina expresada en España por Podemos, según la cual la nueva izquierda no quiere de presidente ni a Macron ni a Le Pen, es una incongruencia, una contradicción en términos o una falta manifiesta de madurez política. Basta revisar las hemerotecas para comprobar que en el 2002, con bastantes menos riesgos a la vista, la izquierda votó sin fisuras a Chirac con una pinza en la nariz para cortar el paso a la demagogia intemperante de la ultraderecha. Fue un voto sin ilusión, pero fue un voto necesario o voto útil, que hoy vuelve a serlo a la luz del desafío a la decencia que plantea el FN en el seno de una sociedad crispada.

Quizá los cálculos para junio (elecciones legislativas), que serán el ser o no ser de conservadores y socialdemócratas, pero también la prueba del nueve de la fuerza electoral del FN y de la nueva izquierda, hayan llevado a Mélenchon y a los insumisos a abrazar la ambigüedad. Si es así, solo cabe concluir que son insensibles al “perfume nauseabundo” (Paul Quinio en L’Obs) que desprende el pulso de Le Pen al sistema, que lo es también a la viabilidad de la UE y a la gestión de los desequilibrios sociales. En la práctica, la actitud de Mélenchon se suma a la indefinición de muchos electores de Fillon, que acaso prefieran el 7 de mayo el nacionalismo sectario de Le Pen antes que el realismo europeísta de Macron. Esto es, en su afán por llegar a un puerto aceptable para llevar a la práctica un programa clásico de izquierdas, el progresismo de nuevo cuño acepta imprudentemente correr el riesgo de que la caverna desacredite el próximo domingo todas las encuestas con una victoria.

Es cierto que nada hace prever que esto suceda, pero tampoco creyó nunca el establishment que Donald Trump llegaría a la Casa Blanca y allí está, convertido en líder de la internacional populista, que impugna la vigencia de las sociedades abiertas, del mestizaje cultural y del auxilio a los más vulnerables. El desmantelamiento de facto de un sistema de partidos que ha dejado de ser reflejo de la estructura social de Francia hace posible cualquier cosa, incluida una fragmentación acelerada del bloque conservador y del bloque de centroizquierda, sumidos en una doble crisis, programática y de liderazgo, que solo en parte remedia el entusiasmo movilizador de En Marche!, el conglomerado que debe llevar a Macron al Eliseo. No es este un momento de reconstrucción del andamiaje partidista de la Quinta República, sino de protección de lo que de él queda, sin más complicidades entre viejos adversarios que proteger el sistema de quien lo desprecia.

Como aconsejó Paul Quinio la madrugada del escrutinio de la primera vuelta, Emmanuel Macron debe desconfiar de una victoria el 7 de mayo anunciada de antemano por los sondeos. “Es el primer síntoma de esta impalpable indiferencia que envuelve desde este momento el peligro Le Pen”, escribió el periodista, avisado de que el ambiente que se respira es el menos favorable de los imaginables para que prevalezca la tradición política heredada del diseño del Estado hecho por el general Charles de Gaulle. Vive sus últimos días aquel sistema basado en la alternancia entre socialistas y liberal-conservadores a partir de la victoria de François Mitterrand en 1981, y el Parlamento que saldrá de las elecciones de junio acaso esté insólitamente dividido con nuevos actores políticos ocupando una parte de los escaños. De ahí la importancia de que Francia cuente con un presidente que responda al nuevo espectro y, al mismo tiempo, defienda el anclaje del país en la UE para dar continuidad al eje franco-alemán, esencial en la marcha de los asuntos europeos desde los días de los padres fundadores. Un ejercicio de compromiso político ajeno a la demagogia de Le Pen.

 

Erdogan liquida a Atatürk

La reforma constitucional aprobada el domingo mediante referéndum consagra un giro autoritario en Turquía cuyo objetivo último es liquidar el legado secular de Mustafá Kemal Atatürk y asentar un nacionalislamismo que rescate del pasado la tradición otomana, la influencia que durante siglos tuvo el sultanato en el orbe musulmán. La autoridad omnipresente lograda por el presidente Recep Tayyip Erdogan persigue desarticular la neutralidad de las instituciones diseñada por la Ley de Organización Fundamental de 1921, que marcó el rumbo en el tránsito del poder dinástico a la modernidad, quiso liquidar el vínculo de Turquía con sus vecinos del este y fijó la occidentalización a toda máquina como el programa que debía rescatar al país del atraso, la sumisión y la dependencia exterior. Para curar los achaques de la Sublime Puerta, el enfermo de Europa derrotado en 1918, Atatürk optó por una cirugía de hierro que provocó una fractura social nunca superada y ahora agravada.

Las raíces del mal turco se remontan a la división de primera hora entre kemalistas y otomanistas, entre partidarios del Estado laico y del Estado confesional, entre deseosos de quemar etapas y disponer cuanto antes de un Estado liberal y aquellos otros que veían en la tradición la piedra sillar de la identidad nacional. Al analizar hoy la distribución del voto en el referéndum y subrayarse la división entre el mundo urbano –Estambul, Ankara, Izmir, Trabzon– más el Kurdistán, que votaron no, y la Anatolia rural, que se decantó por el , no se hace otra cosa que poner de manifiesto una constante histórica desde los años 20 del siglo pasado: el laicismo nunca arraigó en la Turquía interior, conservadora en extremo, aunque no siempre sumida en una religiosidad hermética.

El especialista Bernard Lewis afirma en The emergence of modern Turkey: “La occidentalización planteó graves problemas de identidad a un pueblo que, después de todo, procede de Asia, profesó el islam y perteneció por tradición durante muchos siglos al mundo islámico de Oriente Próximo, donde los otomanos fueron líderes inamovibles”. En este entorno, poner la mirada en el oeste fue interpretado casi siempre en Asia y en el islam como una traición, añade Lewis, y “los turcos fueron denunciados como lacayos de Occidente”. Basta con repasar las ideas expresadas en su día por los exprimeros ministros islamistas Necmettin Erbakan –“la República representa una negación cultural y el secularismo represivo”– y Ahmet Davutoglu –“tengo mis dudas acerca de la compatibilidad de la política occidental y sus instituciones sociales con una sociedad predominantemente musulmana”–  para colegir que el análisis de Lewis, muy discutible en otros apartados, en este se acerca bastante a la realidad.

Al mismo tiempo, la comunidad académica contempla el proyecto de Erdogan como una amenaza para la democracia que, con sobresaltos y limitaciones, crisis y golpes de Estado, ha resistido todos los desafíos. La escritora francoturca Kenicé Mourad, bisnieta del último sultán, ve en el autoritarismo constitucional promovido por el presidente una mutación de signo totalitario: “Ya hace años dije que Turquía se estaba convirtiendo en la Alemania de los años 30”. El nobel Orhan Pamuk vio el último febrero cómo una entrevista que debía publicar el periódico Hurriyet, propiedad del conglomerado financiero Dogan Holding, nunca apareció porque en ella el escritor se pronunciaba contra la reforma constitucional en un ambiente dominado por la purga de las redacciones, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de cabeceras críticas. Adiós a la atmósfera deliberativa propia del pluralismo político.

Desde el intento de golpe de Estado del pasado verano, el enaltecimiento de la figura de Erdogan ha sumado adeptos. El presidente ha logrado concretar dónde se encuentra el nido de la serpiente, el núcleo de conspiradores encabezado por el eximán Fethullah Gülen, ha puesto en marcha un mecanismo de depuración de los empleados públicos –Ejército, policía, funcionarios, profesores de universidad– y ha logrado que arraigue en la opinión pública la idea de que el país cuenta ahora más que antes, ha establecido un nuevo vínculo con quienes emigraron a Europa y condiciona la política de la Unión Europea. “Erdogan es un autoritario como tantos otros hay en el mundo –afirma Steven A. Cook, del Council on Foreign Relations, en las páginas de Foreign Policy–, pero al mismo tiempo se inspira en la historia otomana”, en un pasado glorioso, a menudo mitificado, que se desmoronó minado por la decadencia.

En esta historia idealizada caben las opiniones de votantes que el domingo justificaron su en la necesidad de que Turquía disponga de un gobernante fuerte que restaure el orgullo de la nación, un argumento no muy diferente del perfil forjado por Atatürk para justificar su occidentalización sin contemplaciones. Algo que, en cualquier caso, se atiene a la idea de liderazgo en el seno del islam que comparten muchos votantes, recuerdo impreciso del papel desempeñado por el sultanato durante siglos. “El lugar natural de Turquía no está en el cuartel general de la OTAN en Bruselas –creen muchos conciudadanos de Erdogan, según lo ve Cook–, sino en la dirección del mundo musulmán, cuyos aliados deben ser Pakistán, Malasia, Egipto, Irán e Indonesia”.

De ser esto cierto a grandes rasgos, cobra sentido que el interés por ingresar en la Unión Europea haya decaído y otros proyectos políticos asociados a la europeización hayan pasado a mejor vida. Así el proyecto de convertir el Partido de la Justicia y el Desarrollo, dirigido por Erdogan, en una versión islamista moderada de la democracia cristiana de posguerra; así la adecuación de muchas leyes al acervo comunitario para hacer posible la adhesión; así incluso la revisión de la causa kurda como la de una comunidad irredenta después de considerar durante decenios la crisis kurda un problema de seguridad. La aspiración europea ha dejado de ser la estación de llegada principal a pesar de que el vínculo con los europeos tiene más contenido que nunca: el acuerdo para almacenar refugiados a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.

La tensión con Holanda y Alemania durante la campaña electoral alcanzó el objetivo perseguido: atraer a la causa erdoganista a una parte importante de la comunidad turca en Europa. Los ministros que fueron a participar en actos para pedir el en el referéndum no lograron subirse a la tribuna, pero consiguieron movilizar a quienes volvieron a sentirse más turcos en el exilio económico que nuevos europeos en proceso de adaptación. Que las instituciones democráticas, la división de poderes y las libertades individuales estén en juego pesó menos que la restitución del sentimiento nacional, un intangible que activó la política de las emociones y atrajo el voto de los emigrantes. Nadie dijo palabra sobre la solicitud de ingreso en la Unión Europea, presentada en el 2005, y aún menos sobre la votación en la Eurocámara, que el 24 de noviembre adoptó la decisión no vinculante de suspender las negociaciones para la adhesión de Turquía. La partida se juega en otra mesa con otras reglas.

Por el contrario, la posibilidad de disputar al mundo árabe la hegemonía regional en el Mediterráneo oriental es algo más que una atractiva posibilidad a cada día que pasa. La entente cordiale con Rusia, tan a contrapelo, la acogida de refugiados sirios que huyen de la hecatombe y su implicación cada vez mayor en la guerra han alimentado la ensoñación otomanista. Mientras la oposición impugna la limpieza del escrutinio y la OSCE duda de la transparencia de las votaciones, mientras la oposición laica entiende que Erdogan ha puesto en marcha una operación para desviar la atención de sus miserias familiares –el tráfico de petróleo comprado por un hijo del presidente al Estado Islámico– y para perpetuarse en el poder, el interesado ha logrado reunir la masa crítica suficiente para salir adelante a pesar de las contradicciones de su proyecto. Este más que presunto punto final puesto al ataturquismo configura un país desgarrado por dos proyectos irreconciliables, promueve la islamización de las instituciones, elimina los contrapesos entre poderes y otorga a Erdogan la capacidad de hacer y deshacer según sus personales designios. Mueve a reflexión, cuando no a preocupación, el solo hecho de que el presidente Donald Trump fuese el único que se apresuró a felicitarle en cuanto terminó el recuento.

 

 

Trump, el guerrero sin antifaz

El ataque con misiles de una base del Ejército sirio en la provincia de Homs ha permitido a Donald Trump encarnar por primera vez la figura del guerrero sin antifaz. Como George W. Bush en febrero del 2001 al ordenar un bombardeo en Irak menos de un mes después de haber tomado posesión, Trump emerge como el administrador de una presunta justicia armada universal, impugna el orden internacional tutelado por las Naciones Unidas y despierta del sueño de una noche de invierno –primeras semanas de su mandato–, cuando vislumbró una posible entente o conllevancia con Rusia para acabar con la guerra en Siria sin expulsar del poder a Bashar al Asad y para someter a presión a la Unión Europea por el este y por el oeste. O ocaso el sueño nunca fue tal, sino más bien una maniobra de distracción, un amago para corregir el legado de Barack Obama: reducir al máximo la implicación directa de Estados Unidos en la gestión de las diferentes crisis que zarandean al mundo árabe y rehabilitar a Irán, aliado de Siria, ante la comunidad internacional.

Para todo esto puede valerle a Trump la salvajada cometida en Jan Sheijun, provincia de Idleb, que ha causado conmoción en todas partes y ha resignado a los aliados a aceptar los hechos consumados de una mayor presencia sobre el terreno de Estados Unidos después de que Rusia haya impedido que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución de condena de lo sucedido. Ninguna de las alegaciones presentadas por los embajadores ruso y sirio ha convencido al auditorio, y sí, en cambio, las informaciones suministradas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres. Nadie ha creído que la oposición islamista sea la responsable de todo al guardar un arsenal químico en un almacén bombardeado por la aviación de Al Asad. Está muy presente en la memoria colectiva lo sucedido en el 2013 –más de 1.400 muertos en un ataque con gas sarín– y la decisión posterior de los generales sirios de deshacerse de su armamento químico, un gesto inducido por Rusia que desactivó la amenaza de Obama de intervenir in situ en el conflicto si el Gobierno de Damasco cruzaba de nuevo la línea roja de un ataque con armas de destrucción masiva.

La posibilidad de un conflicto crónico, con el Estado Islámico como gran adversario y razón suficiente para una alianza táctica con Rusia, da paso a una nueva realidad: la indigencia moral del régimen sirio obliga a Estados Unidos a matizar la disposición a entenderse con Vladimir Putin. Mientras Devin Nunes, presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusado de plegarse a los deseos del Gobierno, deja de participar en la investigación abierta por presunta connivencia de los estrategas de campaña de Trump con los intoxicadores de campaña de Putin, asoma por una esquina la Realpolitik, la tozuda evidencia de la incompatibilidad entre la estrategia rusa de recuperación del tiempo perdido a la disolución de la URSS y las políticas globales de seguridad diseñadas por Estados Unidos. Prueba todo ello de la bisoñez o impericia de una Administración sumida en la desorganización y el oportunismo, y falta de referencias para justificar la utilidad de la russian connection en cuanto el gas sarín ha segado la vida de cerca de 90 personas (una veintena, niños).

Superados los seis años de guerra en Siria, la hipótesis del conflicto crónico como mal menor ha dejado de tener sentido. Think tanks conservadores como Rand Corporation admiten en un informe elaborado por varios expertos que se precisarán años para que mejore la situación en el frente de batalla y cese la matanza, y subrayan al mismo tiempo que es preciso prestar apoyo a fuerzas aliadas para que tengan efecto a ras de suelo los bombardeos desde el aire y el despliegue de alguna unidad de tierra (la última entrega, 400 soldados). Un panorama poco compatible con el diseño de las operaciones rusas en apoyo de Al Asad, dirigidas más a combatir a la oposición englobada en la Coalición Nacional Siria que al Estado Islámico.

Ni siquiera el atentado presumiblemente islamista en el metro de San Petersburgo –14 muertos– altera la naturaleza de la alianza ruso-siria, pues es la que garantiza la influencia decisiva del Kremlin en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo. Desde la liquidación de la resistencia en Alepo no hay duda de que el futuro pasa por el despacho de Putin y es el presidente ruso quien garantiza la continuidad del sirio. Al Asad se siente vencedor a pesar de las repetidas condenas de su régimen en toda clase de foros, de tal manera que en su última entrevista con una emisora de televisión extranjera, un canal de Croacia, ni siquiera se refiere al bombardeo de Idleb. Rusia recurre a la argucia de hablar de la oposición sin matices, mete en el mismo saco al brazo de Al Qaeda en la guerra y a los adversarios de Al Asad que apoya Occidente, y arbitra en el conflicto con la permanente pugna de fondo del chiísmo (Irán) y el sunismo (Arabia Saudí), que se disputan la hegemonía regional en el golfo Pérsico.

Todas estas sutilezas habían escapado hasta la fecha a la diplomacia de brocha gorda exhibida por Trump, al menos en público. Después de echar mano de los Tomahawk, el relato ha cambiado sustancialmente con una agresividad no tan inesperada como pudiera pensarse a la vista del diagnóstico de algunos expertos. Dennis Ross, un veterano embajador con un conocimiento detallado del escenario, ha escrito un artículo para el Washington Institute en el que exhorta al Gobierno a aceptar que la estrategia en Siria no puede reducirse a acabar con el ISIS, porque el desafío del terrorismo global excede con mucho al Estado Islámico. A mayor abundamiento, Ross entiende que la desaparición del califato no figura entre las prioridades rusas (y sirias, cabe añadir). En consecuencia, la colaboración con Rusia, pasados los ardores poselectorales del primer momento, carece de fundamento salvo que se establezcan claramente los objetivos y los límites de tal colaboración.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal a finales del 2015 advertía Henry Kissinger que “la estructura diplomática de las últimas cuatro décadas está en ruinas”, y subrayaba que cuatro estados árabes habían dejado de funcionar como tales: Libia, Yemen, Siria e Irak. De ahí a aplicar la teoría kissingeriana del dominó media un paso: el poder de contagio de una guerra en fase aguda –Siria hoy– desencadena crisis en su periferia, y así un conflicto local se convierte a toda prisa en regional. Frente a esta teoría, fruto de la experiencia de la guerra de Vietnam y sus secuelas, parece una simplificación de 140 caracteres la del conflicto limitado a un solo país del atormentado mundo árabe, manejada hasta ahora por el círculo de Trump, y con Rusia de socio preferente.