La gran coalición divide al SPD

Alemania tiene un Gobierno en funciones desde las elecciones legislativas del 24 de septiembre del año pasado, cuando el desgaste de los dos grandes partidos, el SPD (socialdemócrata) y la CDU (democristiano), y el ascenso de la extrema derecha –Alternativa para Alemenia (AfD) – dieron como resultado una enrevesada aritmética parlamentaria. La decisión inicial de los socialdemócratas, muy castigados en las urnas, de abandonar la gran coalición y pasar a la oposición, y la de Angela Merkel de armar una coalición de Gobierno con liberales y ecologistas pareció dar una salida relativamente rápida a la complejidad del momento y cubrir dos objetivos: condenar a la AfD a ser el segundo partido de la oposición, por detrás de la socialdemocracia, y atender a la mayor brevedad las urgencias europeas y los requerimientos del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Nada de esto vio la luz. La retirada de los liberales de las negociaciones sentenció la posibilidad de un tripartito –la coalición Jamaica– y la negativa de la dirección del SPD de resucitar la gran coalición condenó el Gobierno a la provisionalidad, a ser solo un Ejecutivo de gestión y a prolongar la crisis salvo que Martin Schulz accediese a cambiar el paso y a comprometer a los socialdemócratas con un nuevo Gobierno encabezado por Merkel. No había más piezas sobre el tablero y en la tradición política alemana no tiene sitió la idea de formar un Gobierno en minoría; no había otra forma de salir del laberinto que resucitar la Grosse Koalition o convocar nuevas elecciones, algo totalmente ajeno a los usos políticos alemanes, tan arraigado en los salones del poder y en la calle el convencimiento de que la estabilidad lo es todo. Puede decirse incluso que para muchos electores la obligación primera de los diputados electos es garantizar la estabilidad.

La decisión de Schulz de aceptar finalmente la coalición salvadora de la estabilidad responde a esa tradición, a la evitación a toda costa de un Gobierno obligado a pactar todos los días con sus adversarios políticos –la geometría variable no gusta en el Bundestag–, incluso cuando se tratara de asuntos relacionados con el liderazgo europeo, hasta llegar a algún cruce de caminos, cualquier día por cualquier asunto más o menos importante, y tener que adelantar las elecciones. Pero la búsqueda de la estabilidad ha hecho que se alzaran voces discrepantes en el campo socialdemócrata con la consiguiente crisis de dirección, la crítica lógica a un pragmatismo acaso excesivo y el temor a que, de nuevo, el SPD sea el partido más perjudicado en las urnas venideras por la operación en marcha. De hecho, alguna encuesta ya refleja la decepción de una parte del electorado socialdemócrata, tan menguado desde septiembre.

Este domingo un congreso extraordinario del SPD decidirá en Bonn si se inician las negociaciones con Merkel o se entierra el proyecto de la gran coalición. Será un episodio fratricida en la historia del partido porque los primeros aliados con los que contó Schulz cuando decidió disputar la carrera por la cancillería son hoy sus más acerados críticos: las juventudes socialdemócratas, 70.000 militantes –los Jusos–, encabezadas por el estudiante Kevin Kühnert, un orador electrizante. En realidad, la militancia joven no es la única alarmada por el paso dado por Schulz, pero sí la más activa en oponerse al proyecto, en parte porque se siente traicionada y en parte porque siempre se sintió incómoda al lado de los democracia cristiana, cuyo apéndice bávaro –la CSU– es extremadamente conservador. Como escribió hace años un editorialista del semanario Der Spiegel, tiempos de Franz Josef Strauss, “la CDU no puede dejar de cumplir todos los días un gran servicio: moderar a la CSU”.

Cuantos se oponen al acuerdo coinciden en un temor o vaticinio partidista: si se concreta la gran coalición, el SPD puede quedar reducido a una representación muy disminuida en las siguientes elecciones. Y se inquietan, además, ante un hecho incontrovertible: la extrema derecha xenófoba y vociferante pasará a ser la primera fuerza de la oposición; la extrema derecha, coloreada de azul en su actividad pública y vestida de “color pardo de puertas para adentro, como el uniforme nazi” (Heribert Prantl en el Süddeutsche Zeitung), será el primer partido en impugnar el trabajo del Gobierno. Sin ningún coste político, la AfD podrá utilizar la tribuna del Bundestag para difundir su mensaje, obligado el SPD a moderar siempre el tono de sus discrepancias en el seno de la gran coalición, a acatar el programa de Merkel con retoques a pesar de lo prometido a sus militantes y votantes al día siguiente de las elecciones.

Si la noche del 24 de septiembre se aventuró que quizá el resultado de aquel día era el final de la carrera política de Schulz en el partido, ahora es razonable afirmar que se juega su futuro al someter a votación en un congreso el restablecimiento de la gran coalición y, de lograr que se apruebe, seguirá jugándoselo a causa de su vecindad con Merkel y del desgaste político que esto entrañará. El líder socialdemócrata dejó la presidencia del Parlamento Europeo con fama de ser un político inteligente, brillante, eficaz, buen analistas y paciente negociador. Salvo que el porvenir le sea muy propicio, siempre una incógnita, los pasos dados desde que cambió de opinión pueden haber adelantado el final de su recorrido.

¿Podía hacer otra cosa Schulz, podía haberse mantenido en su propósito inicial de pasar a la oposición? El frente pragmático socialdemócrata cree que no, que la obligación de Merkel de formar un Gobierno minoritario o de disolver el Bundestag –una hecatombe, según la prensa conservadora– hubiese tenido un coste electoral inasumible porque la opinión pública, sostiene el entorno de Schulz, no hubiese considerado razonable una salida a la española, dicho sea para simplificar la situación. Kühnert es tajante: “La renovación del SPD solo es posible fuera de la gran coalición”; la consolidación de un perfil ideológico y programático propio solo tiene cabida sin compromisos con la derecha, con la política económica y social activada por Merkel a raíz de la crisis económica.

En el fondo de esta controversia asoma la crisis de identidad no resuelta por la socialdemocracia europea, que creyó ver en Schulz hasta no hace demasiado al líder dispuesto a promover el cambio o la actualización del mensaje. La austeridad recetada por el Bundesbank e impuesta por la cancillera dentro y fuera de Alemania ha erosionado la confianza en el centroizquierda de una parte importante de su electorado en toda Europa, que ha visto cómo o bien contribuía a aplicar la austeridad desde el Gobierno o la aceptaba como irremediable aun en la oposición. Algo que ha dado pie al nacimiento y desarrollo de partidos de perfil inconcluso –Podemos, en España–, diseñados para ocupar una parte significativa del espacio socialdemócrata tradicional, o a la aparición de populismos ultraderechistas, pensados para atraer a sociedades alarmadas, envejecidas, escenario de varias crisis sociales al mismo tiempo (la migratoria, entre ellas). Este es el caso de Alemania y de esa AfD que observa encantada como muy pronto puede ser la gran voz discrepante, el gran adversario del establishment político castigado en las urnas hace cerca de cuatro meses.

Lucha por el poder en Irán

La lucha por el poder en Irán entre el ala dura del régimen y los reformistas ha entrado en una nueva fase a raíz de las manifestaciones registradas en una cuarentena de ciudades, las contramanifestaciones promovidas por los clérigos conservadores y la represión desencadenada por los guardianes de la revolución y adláteres, que ha dejado más de veinte muertos. Si las elecciones presidenciales de mayo último hicieron aflorar las diferencias sustanciales entre Hasán Rohani, el presidente saliente y finalmente reelegido, y el líder supremo, Alí Jamenei, la reacción de ambos ante la movilización de la calle ha concretado las divergencias entre las dos referencias primeras de la República Islámica. Mientras el entorno de Jamenei ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, Rohani ha reconocido públicamente el derecho a ser oídos de quienes protestan.

En la compleja estructura ideada por el ayatolá Ruholá Jomeini para situar a los clérigos por encima y al margen de la planta institucional del régimen que él fundó, no cabe imaginar a una sola autoridad política o religiosa como representante de la disidencia o la oposición, al menos dando a este término el significado que tiene en los sistemas pluralistas. El reparto del poder hasta el último alvéolo del sistema está en manos de hijos del sistema, formados y adscritos a su lógica. Dicho de otra manera: Jamenei y Rohani proceden del mismo crisol, aunque discrepen en los métodos y aun en la orientación de sus programas. El hecho mismo de que los candidatos a las elecciones deban contar con la previa aprobación del líder supremo (vilayat e faqih) subraya el carácter extremadamente restrictivo de los mecanismos de participación; no hay carrera política posible sin el nihil obstat del establishment.

En la elección de mayo, la candidatura de Ibrahim Raisi, un clérigo adscrito al ala dura del régimen, fue promovida por Jamenei, que ve en Raisi el sucesor ideal en la plaza de líder supremo de la revolución previo paso por la presidencia del país, un camino que él mismo siguió hasta convertirse en sucesor de Jomeini. Raisi obtuvo el 38,3% de los votos, un resultado decoroso para seguir en la brega en las presidenciales de 2021 y para agavillar a todas las facciones conservadoras, incluida la que durante ocho años encabezó Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani. Un plan de actuación destinado a desbaratar la pretensión de los reformistas de perpetuarse en la presidencia –ya lo intentaron en tiempos de Mohamed Jatamí– y apoyado por la élite política de Teherán.

Más allá de Teherán y de la marcha de los negocios en el bazar, esa trastienda política escapa al interés del país y de los menores de 30 años –el 50% de la población–, que sufren un paro estimado del 40% para los mayores de 16 años. A diferencia de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, que movilizaron a la clase media urbana, en esta ocasión la iniciaron jóvenes afincados en zonas rurales, en ciudades medianas y pequeñas donde la crisis económica tiene efectos especialmente graves, donde la filtración por primera vez de partidas secretas del presupuesto destinadas al Ejército, a instituciones religiosas y a la Guardia Revolucionaria han soliviantado a poblaciones muy castigadas por la subida de algunos productos de primera necesidad (gasolina, huevos) y por la reducción de ayudas sociales destinadas a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se desvíen a intervenciones en el exterior –Siria, Irak, Líbano– mientras el estancamiento económico se torna insuperable?, se pregunta la calle en ascuas.

“Es la base social del régimen la que se manifiesta”, sostiene el analista Stéphane Dudoignon, atendiendo al hecho de que el triunfo de la revolución jomeinista se fundamentó en la adhesión de los jóvenes de 1979 y de una parte de las élites ilustradas, opuestas a la monarquía. Pero los jóvenes que hoy protestan carecen del vínculo de complicidad con los clérigos que si se dio hace cuarenta años. Ni vivieron la revolución ni secundaron la exaltación patriótica de la guerra con Irak (1980-1988) ni forman parte de su recorrido histórico los años más enconados de la pugna con Estados Unidos. Se esfumó la complicidad que un día hubo entre el grueso de los iranís y sus gobernantes más allá de Teherán; hoy la capital permanece básicamente en calma y el resto de la república islámica, con el ánimo exaltado.

Debe añadirse al vacío entre la base social y los líderes, los diferentes enemigos que se ha labrado Rohani dentro y fuera de Irán a partir del acuerdo alcanzado con el presidente Barack Obama –final de las sanciones a cambio de la cancelación del programa militar nuclear–, bendecido por Jamenei, pero denostado sotto voce por el ala dura sin demasiado disimulo. Un clima enrarecido más si cabe por las invectivas de Donald Trump, tan contrario al acuerdo con Irán como partidario de Arabia Saudí en su larga disputa con los ayatolás por la hegemonía regional.

En cualquier otro escenario que no fuera el iraní cabría decir que acaso lo que se dilucida es una crisis del régimen. Pero la solidez de los principales resortes del poder –el líder supremo con su red clientelar por todo el país, incluidas las universidades y todos los centros de culto–, los guardianes de la revolución, el Ejército y los basij (paramilitares) aconsejan descartar una conclusión tan rotunda. Por lo demás, los episodios de descontento popular, con mayor o menor repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, se producen desde hace tres años, con la crisis económica y el recorte de las subvenciones como causa inmediata.

Hesamodin Ashna, asesor de Rohani, reconoce que se da “una distribución desequilibrada del presupuesto”, según recoge The New York Times, y Abbas Milani, director de Estudios Iranís de la Universidad de Stanford, insiste en la pretensión de Jamenei de interferir en el segundo mandato de Rohani, como si se tratara de alguien que da muestras de haberse escapado a su control. La suma de ambas opiniones, más la obstinación de Trump en desandar el camino seguido por Obama, lleva directamente a formular la pregunta principal: ¿quiénes mueven de verdad los hilos de la protesta? Seguida de esta otra: ¿a quiénes beneficia más la calle enardecida? Las apariencias suelen engañar y el control sobre las redes sociales, la actividad incesante de los servicios de información, con un tupido sistema de agentes en todas partes, y la dimensión misma de la protesta lleva a excluir que se trata sin más de un estallido espontáneo que pilló al régimen por sorpresa, algo improbable.

 

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.

 

Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Arabia Saudí calienta Oriente Próximo

Desde que un ministro saudí dijo el día 6 que el Ejecutivo libanés sería tratado como “un Gobierno que declara la guerra” la escalada verbal y los gestos hostiles han ido en aumento, empezando por la retención o secuestro de Saad Hariri un día después de anunciar desde Riad que renunciaba al puesto de primer ministro. La rivalidad estratégica por la hegemonía en la región entre Arabia Saudí e Irán alienta detrás de este nuevo foco de tensión en el que coinciden la presencia del movimiento chií Hizbulá en el Gobierno libanés, la preocupación de siempre de Israel por lo que sucede más allá de su frontera norte; la suerte de la guerra del Yemen, donde los saudís están muy lejos de poder cantar victoria; el aislamiento catarí promovido por la diplomacia saudí en el seno de la Liga Árabe, sometida a los intereses de la dinastía Saúd; y la decisión del rey Salman de nombrar sucesor a su hijo Mohamed, con su correlato de purgas en las estancias de palacio.

Todo esto concurre en la peligrosa iniciativa saudí de tensar la cuerda en Líbano, con el beneplácito de Estados Unidos y el consentimiento implícito de Israel. “Cuanto hace Arabia Saudí más allá de sus fronteras tiene que ver con Irán”, dice Tamara Wittes, de la Brookings Institution, y esta vez no es una excepción. Los caminos y los intereses de ambos países chocan en el golfo Pérsico, colisionan en Siria a causa del apoyo permanente de los ayatolás a Hizbulá, aliado de Bashar al Asad, se enfrentan en Yemen por la asistencia iraní a los hutís (chiís) y se entrecruzan desde tiempo inmemorial en la rivalidad histórica entre la mayoría suní del mundo musulmán y la minoría chií, cuya referencia primera es la República Islámica fundada por Jomeini. Nada es nuevo en esta última entrega del conflicto salvo la doble aquiescencia estadounidense, que apoya a un tiempo a sus dos grandes socios en el teatro de operaciones, Israel y Arabia Saudí, concretando una triple alianza perfectamente operativa.

Puede decirse que nada es contra natura en esta entente cordiale con israelís y saudís en el mismo bando. Para los primeros, el mayor riesgo en su frontera norte es Hizbulá –20.000 milicianos con un entrenamiento equiparable al de cualquier Ejército convencional, 25.000 reservistas y un arsenal generosamente provisionado por Irán–; para los segundos, Hizbulá es uno de los factores clave de la capacidad de resistencia de Bashar al Asad y un instrumento en manos de los iranís para ampliar su área de influencia. Para ambos, el régimen iraní es el gran adversario a neutralizar para asentar el control sobre el mundo árabe y para mantener la tutela permanente de Estados Unidos sobre el desarrollo de los acontecimientos en Irak (el 60% de la población es chií).

Si hasta la fecha la contención se ha impuesto en el Gobierno israelí a pesar de las presiones de la extrema derecha es a causa de los malísimos antecedentes de las dos anteriores guerras del Líbano, en las que la presión de la comunidad internacional en la primera (1982) y de la opinión pública en la segunda (2006) se entendieron como dos derrotas apenas encubiertas por la propaganda. Pero analistas como el diplomático Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel, ven en la situación actual los riesgos de un conflicto militar inducido por terceros. “Puede suceder –estima Shapiro– que los saudís intenten crear las condiciones para una forma diferente de impugnar a Irán en el Líbano: una guerra de Israel contra Hizbulá”. Y en este hipotético caso, el temor es que una operación a gran escala contra los milicianos incendiara la región; conllevara costes inasumibles para el Gobierno israelí.

¿Cuáles serían estos costes? Los mismos que en el 2006: un elevado número de bajas, la humillación del empate en el campo de batalla frente a un ejército de milicianos y el rechazo de una opinión pública traumatizada por la llegada de los ataúdes a las bases militares. Los generales entienden que solo una operación relámpago de entre 48 y 60 horas garantizaría una intervención corta y victoriosa, aunque extremadamente cruenta entre la población civil y con un altísimo precio para la imagen internacional del país. “Si se desencadena una guerra (…) necesitamos actuar con todas nuestras fuerzas desde el principio”, declaró en junio el mayor general Amir Eshel, a la sazón comandante de la fuerza área. Con el probable añadido de considerar al Ejército regular libanés, de recursos modestos, “un enemigo al lado de Hizbulá”, según la fórmula usada por el apocalíptico Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

Sostiene Amos Arel, un analista del periódico progresista israelí Haaretz, que la volatilidad del momento entraña un riesgo añadido: que un incidente local provoque una escalada militar. Este es el peor escenario imaginable para Israel y quizá el más apetecible para Hizbulá y su dirección política, donde Hasán Nasrala ha impuesto la doctrina de los resultados por encima de la preocupación por el parte de bajas. Así sucedió en 2006, así sucede hoy en las operaciones llevadas a cabo en apoyo de Bashar al Asad y así probablemente sucederá en el futuro, completamente ajena la organización a cómo puede reaccionar la opinión pública mundial, tal como ha demostrado con su prolongada participación en la matanza siria. Hizbulá cuenta con la generosa ayuda iraní y con la complicidad rusa en el frente, y esto le basta para justificarse ante sus seguidores.

Cuanto más se prolongue la estancia de Saad Hariri en Riad más delicada se tornará la situación porque mayor peso específico tendrá el frente radical en el Gobierno libanés. El pasa dado por el rey Salman es un recurso insólito y un dato a tener en cuenta en el futuro inmediato al analizar la pretensión saudí de tratar como disidentes a cuantos discutan o perturben sus designios para Oriente Próximo. De hecho, el programa que aplica la corte de Riad no está exento de riesgos mayores que la teocracia saudí trata de encubrir con gestos modernizadores y una pretendida guerra abierta contra la corrupción, pero el delicado equilibrio en la región más caliente del planeta, en una atmósfera de crisis crónicas, puede saltar por los aires a poco que alguien cometa un error de cálculo. No es tan difícil que esto suceda en el complejo entramado donde porfían actores políticos, con armas o sin ellas, que se oponen a la lógica saudí, con Rusia en primer lugar.

Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.

 

Todo el poder para Xi Jinping

La equiparación de Xi Jinping a Mao Zedong y a Deng Xiaoping como referente ideológico absoluto del régimen chino ha puesto en manos del presidente una acumulación de poder del que carecieron sus antecesores, ha cercenado las aspiraciones de quienes podían ansiar sucederle en el 2022 y da pie a toda clase de especulaciones acerca de su propósito de seguir en el poder más allá de este año. Contra lo que se ha convertido en un hábito en la China del capitalismo tutelado por el partido, la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente es ahora una incógnita, la edad de los cinco nuevos miembros del comité permanente de siete del Partido Comunista Chino (PCCh) –tienen todos más de 60 años, los inhabilita para la sucesión– no incluye ningún tapado y es imposible saber si entre los jóvenes del politburó lo hay. Como ha titulado un artículo Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong, Xi es en muchos sentidos el nuevo emperador chino.

¿Cómo es posible tal entronización, acompañada del inevitable culto a la personalidad? Un largo análisis publicado por Foreign Policy subraya la preocupación de Xi por combatir a sus adversarios antes de 2012, cuando alcanzó la presidencia. Urgido por el descontento social a causa de la corrupción, el contagio momentáneo de las primaveras árabes y algunas señales de agotamiento del modelo de crecimiento, el futuro presidente se desembarazó de sus competidores o de quienes podían limitar su poder en el seno del PCCh, algo que no estuvieron en situación de hacerlo sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. La purga de Bo Xilai, cabeza de una tupida red de corrupción fue, en este sentido, un episodio determinante para que Xi llegara a la cima sin grandes contrincantes que pudieran discutirle su autoridad.

Claro que tal acumulación de poder es “una espada de doble filo” (Patten), aunque las imágenes del 19 congreso del PCCh, rendidos los delegados ante las proclamas de Xi, pueden inducir a pensar justo lo contrario. Y lo es porque la concentración de competencias entraña una contrapartida no escrita: sus adversarios actuales o futuros descargarán sobre el presidente toda la responsabilidad política si se tuercen las cosas. Una posibilidad que en absoluto debe descartarse habida cuenta de los desafíos que deberá afrontar durante los próximos cinco años en tres frentes: el asentamiento de China como potencia global en todos los ámbitos, no solo en el económico, la atenuación de las desigualdades sociales, siempre en aumento, y la corrección que los efectos del desarrollo a toda máquina ha tenido en el medio ambiente (contaminación de las aguas y del aire en las grandes ciudades, destrucción de cultivos, crecimiento desordenado de las periferias urbanas, etcétera).

Se dice que su gran aliado para vender ante el mundo la consistencia del modelo de “socialismo con características chinas” es Donald Trump, ensimismado por una política errática, empeñado en liquidar cuanto hizo su antecesor en el plano internacional y en promover un modelo de crecimiento económico del todo permisivo con las agresiones al medio natural. Pero esa hipótesis de trabajo –la involuntaria complicidad de Trump en la consagración de Xi como líder mundial con inquietudes sociales– no es mucho más que una posibilidad basada en datos aislados, imprecisos las más de las veces. Hay otros muchos, desde la crisis desencadena por Corea del Norte con su programa nuclear hasta las reivindicaciones chinas en el Pacífico occidental que pueden otorgar a Trump en algún momento el inesperado perfil de renovado protector de los intereses de terceros desde Corea del Sur a Filipinas.

Pesa sobre China y su éxito económico del último cuarto de siglo la desconfianza de sus vecinos, persuadidos de que su papel hegemónico en Asia tiene el perfil de la amenaza o la presión a largo plazo, algo que favorece a Trump y perjudica a Xi. La concentración de poder, que desentierra el modelo de dictadura leninista como característica esencial del régimen chino, y el presupuesto de Defensa alarman a países esenciales en el dispositivo de seguridad de Estados Unidos, caso de Japón. Nadie es capaz de vaticinar, por lo demás, cuál es el verdadero significado de la etiqueta “socialismo con características chinas” mientras crecen las desigualdades y los inversores extranjeros se pregunta cada vez con más frecuencias qué riesgos correrá el modelo a poco que el ciclo económico le sea adverso.

Un dato no desmentido es que con un aumento del PIB por debajo del 7% anual –una barbaridad–, la maquinaria económica china es incapaz de absorber los 15 millones de habitantes del campo que cada año se trasladan a las grandes ciudades (cifras de 2011). La decisión del partido de legitimar el enriquecimiento, mantenerse nominalmente como comunista, pero comportarse como un conglomerado nacionalista, y aceptar el papel de gran fábrica del mundo ha permitido hasta la fecha que la nueva China mantenga un crecimiento sostenido sin tensiones inflacionistas, pero la pretensión de que aumente el consumo interno y de que se acorte algo la distancia entre los muy ricos y los rematadamente pobres –una multitud inconmensurable– puede desajustar el engranaje. De hecho, son varios los economistas que afirman que el modelo solo es viable en sus características actuales con una mano de obra extremadamente barata y sin amortiguadores asistenciales (las prestaciones sociales habituales en el Estado del bienestar).

Que esto preocupara poco a los inversores y consumidores occidentales hasta hace unos pocos años no quiere decir que hoy pueda soslayarlo Xi como un molesto dato marginal. Si hasta hace unos pocos años nadie aplicaba a China la convicción de John Mearsheimer de que las superpotencias buscan constantemente “demostrar su fuerza ante sus rivales más allá de sus esferas de influencia”, hoy precisa Xi hacerlo para acallar a cuantos más o menos quedamente, en nombre de la naturaleza nacionalista del partido, exigen una política de mantequilla y cañones. Y en ambos frentes debe actuar Xi para que los destellos del poder absoluto no se conviertan en una cortante espada de doble filo, tan monolíticamente compleja y opaca la estructura del poder en China como un jeroglífico demasiadas veces indescifrable.

 

Un puzle para Macron y Merkel

La activación del eje franco-alemán por enésima vez para ordenar la Unión Europea y rescatarla de diferentes crisis de identidad y cohesión choca con los desafíos inmediatos que deben afrontar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la cancillera en funciones de Alemania, Angela Merkel. Macron ve cómo se agita la calle a causa de la reforma del Código de Trabajo, Merkel debe lograr una variopinta mayoría en la que convivan bajo un mismo techo democristianos, liberales y ecologistas (la coalición Jamaica). En ambos casos, se ha abierto un paréntesis que oscurece el futuro, pendiente todo de que la estabilidad social en Francia y la política en Alemania queden a salvo o de que la inestabilidad sea lo menos dañina posible.

Ambos problemas son ineludibles e interesan directamente el futuro de la UE. La reforma de Macron pone a prueba la capacidad de la economía francesa de adaptarse a los requisitos de la globalización, la cintura de un modelo envejecido y a menudo ineficaz, pero característico de la Quinta República e inseparable de ella. “No es la revolución copernicana prometida por Emmanuel Macron, pero es una renovación profunda, sin precedentes, del derecho del trabajo”, se dijo en Les Échos, el diario económico de París, cuando se dio a conocer el proyecto. “Al adoptar el modelo californiano [empresarios de nuevo cuño vinculados a sectores emergentes: las nuevas tecnologías, las tecnofinanzas, las redes sociales, etcétera], el presidente de la República quiere una Francia de empresarios”, publicó el mismo medio en defensa de la propuesta promovida por el Eliseo cuando los sindicatos ya le habían puesto la proa y los insumisos de Jean-Luc Mélenchon protestaban en la calle a voz en grito.

El encaje de bolillos alemán requiere tiempo, paciencia y, quizá, la aceptación de periódicas inestabilidades. “Más allá de la gran coalición nada es demasiado duradero”, sostiene uno de los analistas del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pero la gran coalición ha fallecido para siempre o al menos para una legislatura, es inimaginable alguna forma de acuerdo o transacción con los ultras de Alternativa para Alemania, eurófobos y xenófobos, y solo cabe un acuerdo multicolor, con contradicciones aparentemente insalvables, para mirar luego a Europa. ¿Cómo se conjuga la disposición de la cancillera a suavizar las aristas más cortantes de la austeridad con las exigencias de los liberales en sentido contrario? ¿Cómo comprometer a los Verdes, que reclaman una actualización a fondo de la Europa social, en un Gobierno de mayoría conservadora?

La gran coalición fue una fórmula electoralmente desastrosa para los socialdemócratas, pero muy útil para salvaguardar la centralidad de Alemania en la UE. Lo que salga de las negociaciones tripartitas en curso, seguramente largas, habrá que ver hasta qué punto es asimismo útil y eficaz. Las apariencias dan a entender que Macron lo tiene más fácil –dispone de una holgadísima mayoría en la Asamblea Nacional–, pero el dinamismo de la calle, con gran tradición en Francia, contrarresta en parte la aritmética parlamentaria. “La balanza está demasiado desequilibrada en favor de la flexibilidad para equilibrarse mediante un compromiso entra la patronal y los sindicatos”, ha escrito un editorialista de Le Monde, una realidad fácilmente detectable: los empresarios alaban la reforma de Macron, los sindicatos temen que sirva para puentearlos en las empresas de menos de 50 trabajadores y aun para dejarlos fuera de juego para siempre en los tratos que las empresas hagan directamente con asalariados encubiertos (lo que en España se conoce como autónomos dependientes). El diagnóstico de Libération, altavoz de las izquierdas, es tajante: la reforma del mercado de trabajo se atiene a las reivindicaciones más antiguas de la patronal, “más trasnochadas”, precisa.

Sumados y restados todos los factores aparecen por lo menos cuatro diseños diferentes para Europa: el de Macron, bastante alejado del legado gaullista que siempre alienta en la Quinta República; el de Merkel, muy conocido, pero necesariamente precisado de correcciones para ser compatible con el proyecto macroniano –de ahí el envío a la presidencia del Bundestag del fundamentalista de la austeridad Wolfgang Schäuble–; el de los liberales alemanes, partidarios de seguir apretando las tuercas a los meridionales, y el de los Verdes, que parte de la convicción de que hay que revisar de arriba abajo el modelo económico europeo. No es una gran novedad, porque siempre convivieron premisas diferentes en la construcción europea, pero frente a las forzosas revisiones que exige el futuro frente al brexit, al euro discutido, a los desafíos a la seguridad, a los gobernantes en rebeldía –los de Polonia y Hungría, por lo menos–, al auge de los populismos, al euroescepticismo y a la figura imprevisible de Donald Trump, la cohesión del eje franco-alemán es el primer y principal requisito (en realidad, lo ha sido siempre desde los días fundacionales).

En el horizonte macroniano aparece el propósito de refundar la UE para luchar contra la tentación nacionalista de los estados. Para ello precisa a Alemania, en la que confía como asociada en la gran travesía: “Como cada vez que su país se enfrenta a un desafío histórico, [Merkel] sabrá mantener la audacia y el sentido de la historia. Y esto es lo que yo le ofrezco”, afirmó el 26 de septiembre el presidente de Francia durante un discurso en la Sorbona. Sucede, sin embargo, que la proclama no seduce a todos los socios, alarma abiertamente a algunos y aun contiene un enigma: ¿la refundación tendrá en cuenta los intereses de todos, los problemas de todos los estados, o solo los de los dos integrantes del eje?

Desde los días del Tratado de Roma (1957) y más aún desde los del Tratado del Eliseo (1963) –Konrad Adenauer y Charles de Gaulle, los firmantes–, el grueso de las políticas europeas gira en torno a la complicidad de dos viejos adversarios, y con frecuencia enemigos, convertidos en aliados. A partir de 2001, el proceso de Blaesheim estableció el rito de las reuniones periódicas de representantes de París y Berlín, pero el paso que pretende dar Macron, y que secunda Merkel, como culminación de la salida de la crisis económica desencadenada en 2008 y de las tensiones sociales que la siguieron, debe superar un sinfín de inseguridades y desconfianzas, que pueden resumirse en tres enunciados: es mejor consolidar lo logrado y no ser más ambicioso, es preciso poner el freno a la institucionalización política de la UE o, en sentido contrario, hace falta que la integración económica se refuerce y las cesiones de soberanía política también mediante el desarrollo de un modelo federalizante.

La imagen se asemeja más a la de un puzle que a la de un tablero de ajedrez geométricamente ordenado. Es, de hecho, la imagen de una diversidad compleja, de intereses muchas veces divergentes y de gobernantes con un ojo en Bruselas y otro en las urnas, también en Alemania y en Francia. Esa imagen o realidad compleja es la que permite prever que entre el proyecto refundador y su concreción se levantan obstáculos, incoherencias y rivalidades que a nadie pueden escapar, ni siquiera a los promotores, aunque es posible que esta vez, a diferencia de otras, parecen capaces de hacer de la necesidad virtud. Aunque no está de más recordar que Nicolas Sarkozy anunció la necesidad de refundar el capitalismo en pleno vendaval financiero y finalmente fueron las finanzas globales las que impusieron las nuevas reglas del juego, tan reciente todo en la memoria de las víctimas.