Los demócratas empiezan la carrera

Al Partido Demócrata de Estados Unidos le urge aligerar cuanto antes la lista de aspirantes a participar en la carrera por la nominación para disputar la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump en noviembre del próximo año. Mucho antes de que se inicie la ronda de elecciones primarias en Iowa (febrero de 2020) precisa reducir en mucho el elenco de posibles contendientes y desbrozar el camino para que los debates no tengan el carácter extremadamente fragmentado de los dos celebrados esta semana y para que, al mismo tiempo, se consoliden dos o tres perfiles que lleguen a mediados de la próxima primavera con posibilidades ciertas de ganar la Casa Blanca.

Con 23 nombres en liza como sucede ahora, muy conocidos algunos, bastante desconocidos otros a escala federal, Trump contrarresta fácilmente las arremetidas de los precandidatos demócratas y estos, a su vez, se enzarzan en ataques cruzados de consecuencias inciertas. En especial, como es el caso, cuando hay una gran coincidencia en partes esenciales de los diferentes programas: acciones contra el cambio climático, protección sanitaria, humanización del control de los flujos migratorios, lucha contra la pobreza, saneamiento de las relaciones con los aliados y corrección de algunos de los descalabros promovidos por el populismo nacionalista de Trump y sus halcones. Es imposible llegar a las matizaciones a partir de estas ideas genéricas y compartidas cuando los rivales son poco menos que multitud.

Aun así, una analista del diario The Washington Post ha identificado una primera víctima del primer asalto, sin que tal cosa sea un factor decisivo y concluyente para excluirlo de la carrera: Joe Biden. El vicepresidente de Barack Obama estuvo siempre a la defensiva el jueves frente a la determinación y las acusaciones que le dirigió la senadora Kamala Harris. “¿Fue esto fatal para las posibilidades de Biden? –se pregunta Jennifer Rubin– No, pero sugirió que es un favorito muy, muy vulnerable. Al mismo tiempo, [Harris] tuvo suerte: [Bernie] Sanders también tuvo una mala noche”. La diferencia es que Biden representa al establishment demócrata, que engloba a las grandes familias del partido desde la victoria de Bill Clinton en 1992, y Sanders es una rara avis que vuela a la izquierda de Harris, atrae y moviliza el voto joven, pero es la extrema izquierda “al borde de la alarma” para el liberalismo clásico estadounidense que se cobija en The New York Times. Es decir, Biden sale tocado del primer asalto, pero puede ganar el combate, mientras Sanders empieza en el mismo lugar en el que acabó en 2016: arropado por el electorado que se sitúa en la nueva izquierda demócrata y que comparte con Kamala Harris muchos admiradores.

Salvo cambios de gran calado en la configuración de la precampaña, el triángulo Biden-Sanders-Harris más la senadora Elizabeth Warren y Pete Buttigieg, el alcalde de una pequeña ciudad de Indiana, veterano de guerra y gay, reúnen el grueso de las simpatías al empezar la competición. La pregunta que deberán responder las primarias es si pesa más en la configuración del electorado demócrata la herencia de Obama –léase Biden–, la socialdemocracia con acento estadounidense –Sanders y compañía– o el conservadurismo con rostro humano –entiéndase Buttigieg–, poco menos que expulsado del Partido Republicano por la extrema derecha de Trump. A juzgar por la relevancia ganada por figuras muy jóvenes como Alexandria Ocasio-Cortez, enaltecidas por un segmento de votantes muy dinámico, se diría que el reformismo parte en mejor situación que hace cuatro años; a tenor del universo electoral que en 2016 dio la victoria en votos a Hillary Clinton, cabe considerar el centrismo de Biden como la corriente mejor preparada para luchar con posibilidades por el Despacho Oval.

Para completar el acercamiento a los prolegómenos de la batalla debe añadirse la observación del semanario Time y otros medios: la victoria de las mujeres en los dos debates. Lo que es tanto como concluir que, más que nunca, el voto femenino será determinante en la decantación de las primarias. Más que nunca y sin que sea evidente hasta qué punto el voto de las mujeres demócratas se identifica mayoritariamente con el mainstream del partido o con opciones relativamente heterodoxas. El precedente de hace cuatro años es poco útil porque Hillary Clinton tuvo dificultades para sumar complicidades en el bando femenino y feminista, tan encuadrada y percibida como representante de un continuismo poco atento a los daños sufridos por la clase media a raíz de la crisis económica. “Ella es Wall Street”, gritaron en un mitin los jóvenes voluntarios que seguían a Bernie Sanders.

Las primarias se han convertido en un gran espectáculo político, con muchos ingredientes y ritos propios y una movilización desbocada de recursos económicos. Pero son, al mismo tiempo, un mecanismo de filtraje de las luchas en el seno de los partidos y de adecuación de los programas a una sociedad muy dividida, sometida hoy a los requerimientos de una Administración imprevisible. Y son, en última instancia, un acercamiento a la realidad que, en el caso del Partido Demócrata, debe subsanar su incapacidad manifiesta de hace cuatro años para ganar en alguno de los llamados swing states –estados oscilantes–, aquellos en los que ninguno de los dos grandes partidos tiene asegurada la victoria y todo depende de un puñado de papeletas para lograr el triunfo (hacerse con los votos electorales). De nada le valió a Hillary Clinton obtener grandes mayorías en las dos costas: en los swing states siempre ganó Donald Trump. Fue aquella una gran lección, una confirmación de la creencia muy extendida entre los estrategas electorales de que los candidatos a presidente deben disponer de un mínimo de tres discursos: para los estados con la victoria segura, para los estados con la derrota muy probable y para los estados con la victoria posible o en disputa.

¿Cuál puede ser el candidato de síntesis entre los cinco que parten más destacados? ¿Está preparado el partido para afrontar una campaña con un outsider frente a Trump? ¿La victoria demócrata requiere que el establishment controle el proceso? Desde Herbert Hoover (1929-1933), solo tres presidentes no han logrado la reelección: Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y George H. W. Bush (1989-1993). Quizá esta sea la primera variable que deba tener en cuenta el nominado demócrata que gane la carrera de fondo de las primarias con más de 20 corredores en la línea de salida.

 

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Otra vez la sombra de Franco

La resolución del Tribunal Supremo que frena el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo es un abigarrado compendio o resumen de la incapacidad manifiesta del poder judicial para preservar la dignidad de las víctimas de la dictadura. “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, se dice en una declaración de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El párrafo es tan preciso y escueto que apenas deja margen para el disentimiento o la prestidigitación judicial y aporta, en cambio, suficientes argumentos morales como para mover a reflexión a los magistrados que por unanimidad han antepuesto los recursos presentados por la familia del dictador y varios particulares a cualquier otra consideración, y disfrutan del respaldo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados.

Por si esto no fuera suficiente, la consideración de jefe del Estado atribuida a un militar golpista a partir del 1 de octubre de 1936 es poco menos que un atentado al principio de legalidad, habida cuenta de que el único poder legitimado en aquella fecha era la República, presidida por Manuel Azaña. Es decir, el tribunal antepone –de nuevo el mismo verbo– la conducta de los sublevados a los efectos de la degollina por ellos desencadenada. Algo verdaderamente sorprendente viniendo como viene de personas relevantes del Poder Judicial de un Estado democrático; algo inquietante, cabe añadir, sabido que demasiadas cunetas, campas y fosas comunes de cementerios siguen siendo las tumbas improvisadas de miles de víctimas de la felonía de 1936 y siguientes.

Resulta desconcertante que 44 años después de la muerte de Franco sigan tratándose los asuntos que le afectan post mortem como los de cualquier honrado ciudadano, protegido por toda clase de cautelas más allá del último aliento. Es asimismo desconcertante que sea tan extraordinariamente complejo separar la tumba del verdugo de la de sus víctimas. Mientras la basílica del Valle de los Caídos no deje de albergar los restos de Franco seguirá siendo un monumento descomunal al totalitarismo vesánico, no solo porque su construcción fue iniciativa del general, sino porque mediante él se enaltece su figura y se falsea la historia. Y si por fin los jueces entienden que el Gobierno está del todo legitimado para exhumar los restos del dictador, harán falta dosis enormes de imaginación, espíritu de concordia y saneamiento del lugar para que se desvanezca su impronta franquista y adquiera un carácter civil y democrático.

Primo Levi dejó dicho: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios preparados para creer y actuar sin hacerse preguntas”. No hacerse preguntas es extremadamente arriesgado y conformista, y en el caso de la instalación de Cuelgamuros, después de un silencio prolongado, es ineludible plantear un rosario de interrogantes dentro y fuera de las salas de justicia. Y de entre todos ellos, sobresale uno: ¿puede un Estado democrático mantener sin cambios un ámbito destinado a exaltar la figura de alguien que se levantó contra quienes había jurado lealtad –las autoridades de la República–, contó con la asistencia de la Alemania nazi –Adolf Hitler– y la Italia fascista –Benito Mussolini–, devastó el entero país y persiguió con saña a sus adversarios?

Responder a la pregunta con una remisión al procedimiento contencioso-administrativo en curso es, por lo menos, la burda simplificación de un asunto que atañe a la memoria colectiva del país, a la dignidad de los aniquilados por la dictadura, a los forzados a huir para salvar la vida y que murieron en el exilio, a la peripecia de tantos que aguardan un reconocimiento por lo menos moral por los padecimientos que debieron soportar. Al mismo tiempo, esa memoria colectiva incluye los enterados sin asomo de duda que enviaban a la otra España al paradón, la represión sin freno, los tribunales de excepción, las ejecuciones extrajudiciales y la institucionalización de la violencia como arma política contra los oponentes.

Al recordar los cuantiosos atropellos cometidos por el general Franco y sus secuaces y leer luego la resolución del Supremo es inevitable sentir que, en cierto sentido, los recurrentes juegan como locales y acaso disfrutan de cierta ventaja. Quizá sea solo eso, una sensación desaforada –ojalá sea únicamente eso–, pero que los tribunales dificulten en tan grande medida la aplicación de lo acordado por el Gobierno para la sepultura de un personaje de trayectoria reprobable no deja de contener una paradoja: quien hizo saltar por los aires un régimen democrático, la República, legitimado por las urnas, encuentra tantos años después, en el sistema judicial de otro régimen, asimismo democrático, una cobertura extrema de sus presuntos derechos mediante la acción en los tribunales de quienes quieren poner a salvo su memoria o recuerdo mediante su permanencia en el mausoleo que lo acoge.

En la introducción de la biografía de Franco publicada por Paul Preston se mencionan algunos rasgos característicos de la personalidad y el comportamiento del dictador: se veía a sí mismo “a través del prisma exagerado de su propia propaganda”; “las ansias de adulación, la fría crueldad y esa timidez que trababa su lengua eran manifestaciones de un agudo sentimiento de inadaptación”; la novela Raza, que firmó como Jaime de Andrade, fue “la manifestación más radical y autocomplaciente de los incansables esfuerzos de Franco por crear un pasado perfecto”. Tal pasado no existió como es harto sabido, sino que vulneró todos los límites que impone el respeto al género humano. Sin embargo, la necesidad imperiosa de salvaguardar tal certidumbre histórica se ha ido en parte por el sumidero de una resolución judicial tan exageradamente garantista que solo atiende a los derechos post mortem del dictador y su descendencia y transmite la impresión  de vulnerar o soslayar los de cuantos, vivos o muertos, siguen esperando una reparación.

 

Italia, en manos de Salvini

Vuelve Italia a las andadas mediante la propensión de sus dirigentes de poner el sistema de partidos al borde del abismo como si la acumulación de experiencias negativas no pudiera tener mejor destino que caer en el olvido. El resultado cosechado por los socios de Gobierno en las elecciones europeas del último domingo ha engrandecido la figura y las ambiciones de Matteo Salvini, el líder de La Liga, que es tanto como decir de la extrema derecha, y ha sumido en la depresión al Movimiento 5 Estrellas (M5E), a Luigi Di Maio, su jefe de filas, y en general a la corriente populista y antisistema que engordó merced a la cadena de errores cometidos por el Partido Democrático (PD), que coronó el cupo de desaciertos con el malhadado referéndum de 2016, convocado por Matteo Renzi para reformar la Constitución.

Es harto difícil que la extraña pareja de estrellados y ultras pueda llevar mucho más allá en el tiempo su complicidad para arremeter contra el sistema desde posiciones teóricamente antagónicas. Frente al confuso euroescepticismo del M5E se alza la eurofobia de La Liga, que entronca con la tradición política de la extrema derecha italiana desde los años 20; frente a la pretensión de construir una nueva versión, seguramente inviable, del Estado del bienestar que alienta hasta la fecha en la brega de los seguidores de Di Maio surge el nacionalismo rampante de los ligueros, apoyados por un electorado procedente en gran parte de caladeros de la izquierda, decepcionados con la ineficacia del Estado, el empobrecimiento de la clase media y el aumento de las desigualdades.

Basta repasar la pérdida de votos de las últimas décadas desde el Partido Comunista al Partido Democrático de la Izquierda, y de éste al Partido Democrático, para comprobar que el auge de dos formas contrapuestas de plataformas antisistema han sido las grandes beneficiadas de la crisis de la izquierda tradicional. Y en idéntico sentido, de acuerdo con el resultado del domingo, resulta evidente que el deshinchamiento del M5E obedece tanto a la recuperación del PD como al corrimiento de papeletas hacia la opción ultra, que ha hecho bandera del bloqueo de los flujos migratorios y de la oposición a la exigencia de rigor económico reclamado por la Unión Europea. Quizá deba decirse que el M5E ha sido derrotado en el campo de los símbolos, muy trabajado por la extrema derecha, y en el de la herencia ideológica de la izquierda clásica, que asume la dirección del PD, encabezada por Nicola Zingaretti.

El apoyo a Di Maio expresado por la militancia estrellada y la voluntad de este de seguir en el Gobierno apenas desvanece la sensación de que su entendimiento con la otra mitad del Gabinete es más que complicada. El 34% de la extrema derecha en las europeas y el vaticinio de los sondeos operan contra la posibilidad de recoser el Ejecutivo: en los cálculos de Salvini pesa tanto la euforia del momento como la posibilidad de reagrupar a los herederos políticos de Silvio Berlusconi para ahormar una nueva alianza, prescindir del M5E y resaltar más si cabe el nacionalismo exacerbado y reaccionario de su partido.

Como ha escrito un analista de La Repubblica, el gran periódico del centroizquierda italiano, Salvini aparenta haber optado por la moderación y el sentido común, “pero la mano tendida a Di Maio exige un precio”. ¿Cuál puede ser este? Obligar al M5E a aceptar que el líder ultra es de facto el primer ministro, convertido Giuseppe Conte en mero gestor del programa salviniano, figura necesaria si se quiere para atenuar los temores de Bruselas referidos a Italia, al riesgo permanente de que una de las grandes economías europeas y del euro sucumba en el altar de la heterodoxia –la prima de riesgo roza los 300 puntos, muy cerca de la griega–, el déficit imparable y las alegrías presupuestarias.

Detrás de estos temores se ocultan otros no menos preocupantes como los efectos de una fractura social que divide al país en dos, con Roma en la divisoria, y que, al mismo tiempo, siembra de desigualdad en las grandes conurbaciones. Al mismo tiempo, la propaganda demagógica de La Liga para cerrar las fronteras a los flujos migratorios y castigar, perseguir o boicotear a quienes acuden en su auxilio –onegés y autoridades locales– dibuja un futuro para Italia cada vez más alejado de la gestión ordenada de los grandes problemas que debe afrontar Europa como comunidad y cada uno de los estados por separado.

Así las cosas, tiene todo el sentido la pretensión de Matteo Salvini de hacerse con el liderazgo de la extrema derecha europea en compañía de Marine Le Pen, que a diferencia del viceprimer ministro de Italia no ha logrado traducir su peso en votos en poder político real. Claro que para completar la operación le urge que caiga el Gobierno y se convoquen elecciones, que el M5E se debilite aún más y que el PD no tenga tiempo de completar su recuperación, supuesto que el resultado que obtuvo el domingo marcó una tendencia y no fue flor de un día. La mano tendida de Salvini es en realidad una trampa para elefantes.

Con este previsible marco de referencia, cobra todo su sentido esta frase de Eugenio Scalfari: “A menudo, los medios efectivos son tan profundamente inmorales que deterioran sus objetivos. En ese caso no se pueden utilizar y este es el límite que la moral impone a la autonomía de la política”. ¿Qué respuesta corresponde a la pregunta fundamental: cuánta inmoralidad y desprecio de los derechos humanos se cobija en el programa de La Liga? Tan inquietante resultará que la opinión pública eluda o soslaye la respuesta como que llegue a la conclusión de que estarán justificados los daños colaterales si el país sale del laberinto, una nueva versión del fin justifica los medios y de una Realpolitik sin fisuras, moralmente indefendible.

 

 

Europa se mira en el espejo

La madrugada del lunes sabrá Europa si su futuro está razonablemente encauzado en la dirección vislumbrada por los padres fundadores o si, por el contrario, debe enfrentar el enorme desafío de domeñar a sus adversarios para no desnaturalizar la construcción política de la Unión Europea. La arrogancia de la extrema derecha en sus diferentes versiones, que pretende someter el proyecto europeo a la prevalencia de los nacionalismos, de los euroescépticos de variada condición y origen y de cuantos piensan que ya basta de cesiones de soberanía ha asomado en la campaña, y nada es seguro salvo que una participación suficientemente importante mantenga la representación ultra por debajo del 25% y contenga a los estimulados por la crisis desafiante del brexit.

Los llamamientos de última hora de Jean-Claude Juncker, presidente saliente de la Comisión Europea,  para que “sindicalistas, socialdemócratas, democristianos y muchos otros” se mantengan unidos frente a la extrema derecha son sintomáticos de las incertidumbres que plantea el escrutinio de este domingo. Mientras Josep Borrell, cabeza de lista del PSOE, pide que se avance hacia un modelo plenamente federal para superar “el freno que supone la regla de la unanimidad”, son bastantes los convencidos de que se ha ido demasiado lejos y que deben devolverse a los estados-nación atribuciones a las que nunca debieron renunciar. Al mismo tiempo que la nueva izquierda subraya la desafección causada por la austeridad a toda costa para salir de la crisis, aumenta el coro de voces que reclama una contracción del Estado asistencial para dejar el campo libre al mercado (Vox, el ejemplo más cercano).

Si se cumplen los pronósticos y la suma de los escaños democristianos y socialistas queda por debajo del 50% del Parlamento Europeo, será ineludible ampliar a otras familias –liberales y quizá verdes, las más citadas– la tradicional concertación entre los dos grandes grupos de la Cámara. Y al hilo de tal extensión de la alianza de Gobierno, acaso el alemán Manfred Weber, democristiano, no consiga ser el sucesor de Juncker, aunque en el debate del día 15 entre jefes de fila actuó como el seguro ganador de la presidencia, y otros nombres se pongan sobre la mesa: Margrethe Vestager, líder de los liberales y comisaria saliente de la Competencia, y Michel Barbier, paciente negociador del brexit con los diferentes emisarios enviados por Londres a Bruselas, no siempre preparados para afrontar con rigor un envite tan exigente.

Pero el gran reto no es tanto consumar esta mayoría parlamentaria o cualquier otra de signo netamente europeísta, como darle continuidad y dejarla a salvo de las inevitables desavenencias que surgirán durante el próximo quinquenio. No es una empresa fácil porque la tentación es preservar y enaltecer el perfil político propio, aunque esto dañe la cohesión de la mayoría, y no lo es tampoco porque hay demasiadas versiones de qué debe ser la Unión Europea y cuáles deben ser sus límites competenciales. El debate no es nuevo, pero en él radica la construcción del futuro europeo y la evitación de un gran fracaso colectivo.

Ninguna estadística es favorable a la UE mediado el siglo; todas las proyecciones en el horizonte de 2050 coinciden en su retroceso demográfico –ahora acoge al 7% de la población mundial–, en su situación intermedia entre Estados Unidos y China o viceversa y en su debilidad estratégica –el poder blando, en franco retroceso– salvo que desarrolle un brazo militar y de seguridad a la altura de los retos que deberá afrontar. Pero, al mismo tiempo, es un modelo de diversidad y compromiso colectivo genuinamente nuevo, con un entramado institucional complejo y perfectible, pero con una hoja de servicios reconocible, y es, sobre todo, un mecanismo eficaz para preservar la paz y solventar las diferencias entre estados en la mesa de negociación. No es el paraíso, pero no hay noticia de una opción mejor.

No es fácil transmitir esto a opiniones públicas sometidas a una degradación evidente de sus condiciones de vida, obligadas a soportar las consecuencias de un austericidio injustificable y atraídas por la simplificación de los problemas encargada por las fuerzas de extrema derecha a sus ideólogos de cabecera. La Unión Europea ha cometido demasiados errores de comunicación, se ha entregado demasiadas veces a los análisis de los tecnócratas y ha soslayado con excesiva frecuencia los intereses de su base social –la clase media– como para pensar que es posible restablecer poco menos que por ensalmo la complicidad entre las instituciones y los ciudadanos. Con reiteración incansable, los gobiernos se han ejercitado en el deporte de apuntarse como propios los éxitos y culpar a la UE de los fracasos, de forma que se ha consolidado una ideología espontánea, inducida por el aparato de propaganda de cada estado, nefasta para la imagen de la organización.

La difusión de mensajes más o menos condicionados por el tira y afloja de las políticas nacionales no ha menguado durante la campaña. En el caso de España, la resaca de las elecciones legislativas y la contienda de las autonómicas y de las municipales ha desfigurado el debate europeo, ha dado pábulo a la charcutería política y apenas ha permitido debatir los problemas primordiales que deberán sustanciar los Veintiocho –está por ver en qué acaba el brexit– o los Veintisiete durante los próximos cinco años. El debate entre nueve candidatos organizado el miércoles pasado por TVE fue penosamente sintomático de la preocupación por lo accesorio, la reiteración de lugares comunes, el temor del PP a salir de la contienda con el peor resultado de su historia, la distancia entre soberanistas, federalistas y nacionalistas, como si habitaran tres universos paralelos y radicalmente diferentes, y la ausencia de una discusión solvente sobre asuntos capitales (inmigración, auge de los neototalitarismos, rescate de la clase media vapuleada por la crisis, calendario de extinción de los paraísos fiscales, cooperación para competir en el mercado de las nuevas tecnologías, etcétera).

El déficit argumental de los debates es transferible a otros escenarios, zarandeados todos ellos por la siembra de xenofobia, islamofobia, nacionalismo agresivo y populismo que demasiado a menudo recuerdan el discurso inflamado de la extrema derecha de los años 20 y 30 del siglo pasado en las cuatro esquinas de Europa. De ahí la sensación de que la consigna europeísta Admiraos los unos a los otros, del poeta Émile Verhaeren (1855-1916), vuelve a impugnarse como si corrieran algún riesgo las viejas identidades de los estados a pesar de ser estos, gran paradoja, los actores políticas primeros de la aventura europea. La concentración ultra de Milán del día 18 dejó esta inquietante impresión y solo las urnas pueden corregirla.

 

Guaidó y López suman errores

Todos los cálculos hechos por la oposición venezolana han fallado desde el mismo momento en que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado con la misión específica de liquidar el régimen chavista mediante la celebración de unas elecciones. Ni la aparición en escena de Guaidó, ni la movilización en la calle, no siempre multitudinaria, ni la irrupción en la crisis de Leopoldo López, alojado en la Embajada de España en Caracas, ni la cadena de errores que siguieron a este episodio, incluida la aparición de algunos uniformados al lado de los líderes opositores, han debilitado a Nicolás Maduro, menos en la zozobra de lo que se presumía, y menos aún a Diosdado Cabello, líder del ala más dura –inspiración castrista– del régimen venezolano. Antes al contrario, a pesar de las penalidades que soporta la población y de la sensación de ocaso del experimento bolivariano, Maduro sigue contando con un contingente de adeptos suficiente para mantener unido el Ejército, controlar el Tribunal Supremo y utilizar la Asamblea Constituyente, una Cámara de fieles, para perseguir a los políticos más allegados a Guaidó (Edgar Zambrano, el primero de ellos).

Contra la presunción manejada por la Administración del presidente Donald Trump, los cuartos de banderas están lejos de ser el nido de conspiradores desafectos que se suponía, y aunque el papel del gran mudo se escribe todos los días sobre un folio en blanco –son numerosos los antecedentes en América Latina–, el grueso del generalato se mantiene al lado de Maduro. En aras del realismo, cabe considerar una excepción la liberación de Leopoldo López por oficiales del Ejército; es menos excepcional, en cambio, que los actos militares se conviertan en manifestaciones de complicidad de las Fuerzas Armadas con el frente de resistencia articulado por Nicolás Maduro.

Puede decirse que ha chocado con la realidad el propósito de Leopoldo López y de Juan Guaidó de precipitar los acontecimientos y acelerar la historia, y tal propósito de quemar etapas ha adquirido el perfil del fracaso en el peor de los casos o del empate entre enemigos en la mejor de las hipótesis. Así deben entenderse las consecuencias del paso en falso dado por López al convocar una conferencia de prensa en la Embajada de España –una iniciativa incompatible con su condición de acogido– para comprometer en su estrategia al Gobierno de Pedro Sánchez, y así debe aquilatarse el paso no menos en falso de Guaidó, que llamó a la oposición a movilizarse a las puertas de las bases militares, una iniciativa que cosechó resultados modestísimos. Es difícil dar con medidas menos apropiadas para desatascar la situación.

Cuenta el analista Andrés Oppenheimer en El Nuevo Herald, caja de resonancia del anticastrismo en Miami, que diplomáticos del Grupo de Lima, el más resuelto orfeón de voces contrarias al chavismo, han admitido oficiosamente que se equivocaron al sopesar la capacidad de resistencia del madurismo. “Puede que sea el momento de empezar a buscar otras formas de lograr el mismo objetivo”, piensan los limeños, una frase enigmática que vale tanto para poner en duda la pericia de Guaidó y López, jefe del primero en el partido Voluntad Popular, como para recordar sin hacerlo explícitamente que la Casa Blanca mantiene abiertas todas las opciones, incluida la intervención militar. Una posibilidad que parece rescatada del olvido, de la tradición intervencionista de Estados Unidos en América Latina; una alternativa que devolvería el reloj de la historia del continente al oprobioso pasado del matonismo en la resolución de conflictos.

Nada hay en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela que induzca al optimismo o siquiera a la esperanza de un acortamiento de los quebrantos que sufre la población, pero la injerencia exterior permite pronosticar una tragedia, una prolongación de la excepcionalidad que se ha adueñado del país solo que con otros protagonistas, sometidos todos ellos al diktat de la Casa Blanca. En la preocupación y las declaraciones de los portavoces de la Administración de Donald Trump las alusiones a la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos son una mera coartada. Aquello que realmente importa al presidente es liquidar un modelo fracasado, pero aun así incómodo y desafiante, y, de paso, neutralizar el oportunismo ruso y chino, que ha visto en las necesidades acuciantes del madurismo y en sus limitaciones una ocasión magnífica para desempeñar algún papel en el escenario latinoamericano.

La encuesta de Datanálisis, una empresa venezolana de sondeos, que otorgó en febrero una expectativa de voto del 61% a Juan Guaidó y de solo el 14% a Nicolás Maduro vale poco para sopesar cuál sería el coste social de un desenlace no negociado de la crisis. En primer lugar, porque las cifras se compaginan mal con la realidad en la calle –la igualdad permanente entre movilizados por el régimen y por la oposición–, donde ambos bandos han decidido medir la fuerza real de sus efectivos. En segundo lugar, porque los tres meses transcurridos han consolidado una situación de bloqueo de la es difícil escapar salvo que algún inesperado suceso otorgue una dinámica nueva al tira y afloja en curso.

Está justificado todo lo que se pueda decir y describir del desastre del experimento chavista, admitiendo incluso que el entorno dejó de serle favorable a partir de la caída del precio del petróleo, del retroceso de la izquierda en América Latina y de la victoria de Trump. Pero la impugnación a las bravas del régimen solo traerá nuevos padecimientos, injusticias y sectarismos, como es fácil deducir de declaraciones y proclamas. Que no fuese este el resultado constituiría una auténtica sorpresa porque los desastres históricos que acumula el continente a causa de desmanes propios y ajenos no permiten vislumbrar nada bueno si el espadón se impone a la negociación. Como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la técnica del cowboy no presagia nada positivo para una comunidad sumida en la peor de las crisis, condenada a malvivir sin fecha de caducidad.

Europa toma nota de los errores del PP

A tres semanas de que se inicien las elecciones al Parlamento Europeo adquiere especial importancia el alcance del desembarco de Vox en el Congreso, no por haber obtenido 24 diputados, sino por haber quedado muy lejos de los 60 que esperaba lograr. Frente al fatalismo que parece haberse adueñado del centroderecha convencional, aseado y democrático, el resultado de las legislativas en España demuestra que cabe contener el desafío si la participación es suficiente para conseguirlo, aunque quienes en primer lugar debieran neutralizar el auge ultra cometan los errores sin límite que llevaron al PP a tontear más allá de toda medida con el neofranquismo rampante. Es decir, no es misión específica  de la izquierda frenar a la ultraderecha en las urnas, pero fue la movilización electoral de la izquierda la que evitó que Vox sumara más escaños con 2,6 millones de votos.

Para calibrar en su justa medida el alcance del resultado obtenido por Vox basta prestar atención al cambio de eslóganes: durante la campaña fue la idea de la reconquista de España, desde Andalucía hacia todas partes; después del escrutinio, los redactores de mensajes del partido se refieren al inicio de la resistencia, una fórmula lo suficientemente ambigua como para no comprometer a nada ni fijar un objetivo concluyente. El cambio de mensajes es radical, aunque el volumen de los oradores siga siendo el mismo; la reconquista queda aplazada –nunca olvidada– y se impone concretar metas acordes con el resultado obtenido, muy bueno –24 diputados de golpe–, pero insuficiente para activar los resortes retardatarios enumerados por los líderes de Vox desde el resultado de las elecciones andaluzas.

Tal situación no mengua la inconsistencia de la disparatada campaña de Pablo Casado, inspirada en las orientaciones de la FAES de José María Aznar, que malbarató el papel tradicional del PP como hogar moderado de los ultras añorantes del pasado y puso en el disparadero a un segmento de electores que siempre se ha sentido incómodo en democracia, en la España de las autonomías y en la Unión Europea. La simplicidad política de Santiago Abascal y adláteres ganó audiencia mediante la explotación de la crisis catalana, los flujos migratorios, el empobrecimiento de las clases medias y otros factores de índole diversa, pero también merced al error infantil del PP de imitar las arengas ultras en la creencia de que ello retendría en el seno del partido a los herederos del franquismo sociológico. Como suele suceder, entre el original y la copia, a la hora de votar, los electores más ultraconservadores se decantaron por el primero y desdeñaron el segundo.

Puede decirse que esta oscilación del voto, unida a la huida de electores centristas en dirección a Ciudadanos, poco menos que en tropel, ha debilitado en tan gran medida a los populares que su apresurado viaje de vuelta al centro después del descalabro, repentino y sin mayores explicaciones, apenas emite señales de eficacia y, por el contrario, alimenta la velocidad de crucero de Vox con la vista puesta en el 26 de mayo: a escala interior, porque esperan los ultras asomar con holgura en ayuntamientos y comunidades autónomas; a escala europea, porque prevén sumar efectivos a la internacional eurófoba.

Si Pedro Sánchez se ha convertido en referencia ineludible de la socialdemocracia en Europa a raíz de su victoria del 26 de abril, cabe añadir también que el electorado español ha adquirido una relevancia especial porque ha limitado el parte de daños de la aparición de la extrema derecha en el Congreso, y ha acotado los temores de cuantos avizoran que el recuento de las votaciones previstas entre el 23 y el 26 de este mes otorgará a la extrema derecha una influencia desconocida en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Es seguro que el próximo Parlamento Europea tendrá un grupo ultraconservador muy numeroso que englobará diferentes versiones de una misma oferta ideológica, pero no lo es menos que el experimento de aprendiz de brujo realizado por Casado con resultados catastróficos debe servir de advertencia a otras centroderechas tentadas de cometer el mismo error: diseñar una campaña de contención de la extrema derecha consistente en incorporar partes esenciales de su programa.

La investigadora Julia Ebner, del Institute for Strategic Dialogue de Londres, ha recordado en las páginas del diario El País cuál es el principal objetivo de un conglomerado de partidos que acude a las instituciones europeas para minarlas: “Nuestros análisis muestran que la ultraderecha no se centra tanto en sacar adelante políticas propias, sino en bloquear o boicotear las políticas de otros”. Las declaraciones del británico Nigel Farage y del holandés Geert Wilders no disimulan en absoluto su voluntad de obstaculizar los trabajos del Parlamento Europeo; las de Marine Le Pen, Matteo Salvini y Viktor Orbán, sin ser tan explícitas, persiguen el mismo fin; las de Santiago Abascal son del mismo o parecido tenor.

Solo la movilización y participación de la izquierda, la concentración del voto centrista y la defensa de la identidad política de los partidos europeístas puede evitar un desaguisado –la consolidación de una minoría obstruccionista y vociferante hasta la afonía–, puede limitar la difusión de un nacionalismo populista y desabrido destinado a debilitar la UE. Las políticas de identidad son cada día más influyentes, como escribe Francis Fukuyama en su último libro, y la Kulturkampf, como explica Agnes Heller referido al programa de Viktor Orbán en Hungría, constituye un rasgo característico del repliegue desde una sociedad cosmopolita hacia otra en la que el marco de referencia principal es el Estado-nación. Las apelaciones de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith a la caza, los toros, Don Pelayo y otras señas de identidad más o menos tópicas, pero fácilmente localizables en la memoria colectiva del conservadurismo español, confirman los diagnósticos de Fukuyama y Heller.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En parte a causa de la decisión de las grandes familias políticas –la democristiana-liberal y la socialdemócrata– de promover una salida de la crisis que ha sembrado la alarma entre las clases medias, ha dañado el Estado del bienestar y se ha sometido a las exigencias del entramado financiero y de la economía global. En parte, asimismo, por la capacidad del pensamiento más conservador de divulgar un fundamentalismo nacionalista y de sacralizar la historia mitológica del Estado-nación; de resucitar la exaltación del individuo como depositario de unas señas de identidad colectivas en peligro de extinción mediante la mundialización. Frente al magisterio de Raymond Aron y tantos otros –“Es vano preguntarse si la historia tiene un fin, puesto que ya no se cree en una Providencia”–, se remiten al pasado los ideólogos o inspiradores de la extrema derecha renacida después de decenios de travesía del desierto; todos ellos creen en la nación inmutable y eterna.

Nada de todo esto es ajeno a la historia política de Europa y a las oprobiosas tragedias de siglo XX. Todos los movimientos de extrema derecha que nacieron y crecieron en el periodo de entreguerras constituyen precedentes de los que hoy preparan el asalto al Parlamento Europeo. Vox no es una excepción: no hace falta citar nombres, basta repasar el ideario ultranacionalista de los años treinta, el léxico utilizado, el valor otorgado a los símbolos, para concluir que la pretensión de los herederos es recuperar todo aquello. La misma fórmula es aplicable a la movilización ultra en otros países, con inquietudes sociales más o menos explícitas, más o menos destinadas a desposeer al Estado de algunas de las responsabilidades asumidas hace más de medio siglo para atenuar las desigualdades.

 

La campaña adultera el lenguaje

El lenguaje es la primera víctima de la precampaña, de la campaña y de cuanto se dijo y difundió antes de ambas. En la refriega que precede a la cita del 28 de abril las palabras han adquirido significados sobrevenidos, la confusión se ha instalado en el diccionario ad hoc para el combate y no hay forma de saber si cuanto se dice es anfibológico, polisémico o un rosario de falsedades engarzado por los estrategas de los partidos. Más que nunca son útiles y necesarios los fact-checking (comprobación de hechos) para un mayor esclarecimiento de las discusiones en curso, para desactivar las políticas de balcón, para poner al descubierto el vuelo rasante de la charcutería política y la manipulación de las emociones. Hoy es más urgente que nunca dejar en evidencia a los profesionales del pim-pam-pum preelectoral.

Los ejemplos a mano son ilimitados. Sale Pablo Casado y acusa a los medios de difundir una fake news (noticia falsa) a propósito de su anuncio –Onda Cero, el medio emisor– de que bajará el salario mínimo a 850 euros –el Gobierno de Pedro Sánchez lo puso en 900–, algo que no solo lo entendieron así los radioyentes, como se decía antes, sino los televidentes y aun los lectores de periódicos, muchos menos que antes, pero no tan pocos como para no estar en condiciones de confirmar a coro que dijo Casado lo que dijo. Hay, claro, algo no conocido: qué entiende el líder del PP por fake news, qué le contaron o explicaron en el famoso posgrado de Aravaca –cuatro días– acerca de qué cabe considerar una falsa noticia; cuál es, en fin, su apego a la realidad alternativa, tan puesta en boga por la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es, Casado dijo lo que dijo, aunque quizá no quiso decirlo o pensaba decirlo en otro momento, o sus asistentes estimaban oportuno mantener oculto el dato para no alarmar a posibles votantes, pero el caso es que lo dijo. Un lío que ha puesto en un grito con sordina al PP centrista, descabalgado por el discípulo de José María Aznar.

Va luego o quizá antes Santiago Abascal y anuncia que mediado el siglo la mitad de los franceses serán musulmanes. Aparecen enseguida demógrafos y sociólogos prestigiosos que manejan estadísticas fiables y modelos matemáticos solventes, y aseguran que a lo sumo será el 18% de la población francesa la adscrita al islam. Un cálculo fruto del análisis, pero también un futurible para cuya confirmación hay que esperar treinta años y sujeto, como todo futurible, a variables imprevisibles e impredecibles que a la vuelta de tres décadas pueden haber convertido a los habitantes de Francia en descreídos contumaces o en feligreses de una religión de diseño o a la carta. En todo caso, el vaticinio de Abascal es un disparate sin fundamento cuya meta es fomentar una islamofobia zafia y cada día más difundida en Europa.

Está luego el conglomerado independentista catalán con sus presos políticos aplicado a los políticos presos y sus exiliados para referirse al huidizo Carles Puigdemont y demás instalados en Waterloo, periferia de Bruselas. Se trata de una apropiación del lenguaje muy anterior a la campaña, una acentuación o subrayado del drama político mediante la utilización de conceptos que adquirieron un valor muy preciso desde el final de la guerra civil y hasta la transición; un intento de equiparar el perfil vesánico de la dictadura con el presente. Es, en fin, un ejercicio permanente de historia comparada, como si los derrotados de 1939 y los enjuiciados de 2019 fuesen víctimas de lo mismo; como si el 1-O y fechas subsiguientes no hubiese sucedido nada o lo sucedido fuese perfectamente legítimo, ajustado a derecho y respetuoso con quienes transitan fuera del independentismo, y quien no lo vea así, insisten, no es demócrata.

La izquierda participa con parecido entusiasmo en la adulteración del lenguaje, necesitado Podemos de contener la sangría de votos que vaticinan las encuestas, urgido el PSOE por la captura de votantes de Podemos defraudados con Pablo Iglesias, con el galimatías morado que ha desgajado a una parte del partido, y aplicados en cuerpo y alma los socialistas en la tarea de dividir el voto de la derecha, en presentar a Vox como el contaminante del conservadurismo español. El experimento andaluz, con el tripartito de facto PP-Cs-Vox, el neofranquismo al acecho y las encuestas esperanzadoras justifican tal deriva en la campaña de la izquierda, pero la insistencia en anunciar que viene el lobo no hace otra cosa que agrandar la campaña de la extrema derecha. Según se ve, la izquierda no ha sacado ninguna enseñanza práctica del precedente de Estados Unidos, donde la insistencia en las acometidas contra Trump en 2016 fue un factor multiplicador de la campaña del acometido. Tampoco aquí se salva el lenguaje del falseamiento, la adulteración de los significados y el encubrimiento de la realidad mediante reiteradas exageraciones.

La maduración de una sociedad acostumbrada a votar, el hartazgo de muchos ciudadanos por el cruce de acusaciones indescifrables o deformantes, no cuenta, según se ve, para los seleccionadores de palabras encubridoras de la realidad. Cuando alguien se atreve a ocultar bajo la etiqueta de “policía patriótica” lo que no es más que una policía política o sectaria, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, queda abierta la veda para todo clase de despropósitos o desquiciamientos en la comunicación política. Nada hay más antidemocrático y antipatriótico que una policía que husmea fuera de lo establecido por las leyes –la policía es un cuerpo civil de funcionarios armados que deben ocuparse de la seguridad colectiva y debe ser exquisitamente neutral–, pero el poder de la palabra es enorme.

Dijo Mahatma Gandhi: “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Añadió Umberto Eco muchísimos años más tarde: “El populismo mediático significa apelar a las personas directamente a través de los medios. Un político que puede dominar los medios puede moldear los asuntos políticos fuera del Parlamento e incluso eliminar la mediación del Parlamento”. Así se adentra la campaña en el territorio de la desmesura y del exabrupto, sin que a los electores les quede más opción que el escepticismo o la incredulidad, estados de ánimo ambos que no hacen más que alejar a los ciudadanos del compromiso político y de las instituciones democráticas.

Lucha por el poder en Argelia

La dimisión del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acosado por la calle y por la lucha por el poder en la cima del Estado, ha abierto una etapa de transición plagada de incógnitas. Si se cumple el primer diagnóstico de la situación realizado por el diario francés Le Monde, la decisión del Ejército de precipitar la renuncia del presidente permite vaticinar una pelea encubierta entre los generales y el entorno de la familia Buteflika, encarnada en el previsible enfrentamiento entre el ministro de Defensa, el general Ahmed Gaid Salah, y Said y Nacer Buteflika, hermanos del mandatario depuesto y sometidos a residencia vigilada (no pueden abandonar su domicilio). Según la descripción del momento publicada por Le Monde, “la brutal aceleración de los acontecimientos ha revelado la existencia de un violento conflicto” por controlar el mecanismo sucesorio interino, ahora, y definitivo cuando se convoquen elecciones.

El papel del generalato argelino recuerda el comportamiento del Ejército egipcio durante el ocaso de Hosni Mubarak. Mientras el presidente tuvo posibilidades de salir airoso del desafío de la calle, los cuarteles se mantuvieron a su lado, cuando se puso de manifiesto que la oposición marcaba el tempo, el alto mando dejó caer a Mubarak como fruta madura y prefirió afrontar una transición tempestuosa, con los Hermanos Musulmanes al frente de las operaciones, a unir su suerte a la del comandante en jefe. La razón no fue otra que el riesgo cierto de que los acontecimientos de 2011 –las primaveras árabes– se llevaran por delante la trama de intereses económicos gestionados por los militares –un mínimo del 20% del PIB– y desposeyeran a los uniformados de su condición de columna vertebral del Estado.

La reacción de la red de intereses tejida por Buteflika tiene mucho que ver con el papel preminente desempeñado por el Frente de Liberación Nacional (FLN) desde la independencia como la otra columna vertebral del Estado, que alimenta de cuadros la Administración civil, la judicatura, la policía y los servicios secretos, y en general todos los ámbitos de poder que no son responsabilidad del Ejército. El prestigio del FLN ha decaído al mismo ritmo que el crecimiento de la corrupción, de las redes clientelares y de las estructuras de poder de facto, ajenas a la planta institucional del Estado, pero tiene en sus manos muchos de los resortes efectivos para controlar los asuntos públicos y proyectar una imagen respetable. Y no debe olvidarse la concordancia de intereses entre el Ejército y el partido, que ahora parece que se fracturó, mientras ambas instancias contaron con la cobertura presidencial a partir del mandato de Huari Bumedian, un histórico de la lucha por la independencia.

Frente a esa doble estructura de poder, consolidada durante decenios y especialmente eficaz para combatir a la oposición y aniquilar el desafío islamista durante la guerra civil de los años 90, la protesta en la calle da la impresión de que responde a una unidad de acción momentánea, pero en realidad carece de un liderazgo sólido para mantenerse cohesionada en la hora crucial de las elecciones. La variedad de personajes que se mueven entre bambalinas, empezando por dos exprimeros ministros –Ahmed Benbitur y Alí Benfis–, Rachid Nekaz, Sifian Yilali y los herederos del Frente Islámico de Salvación, ausentes de momento de la cabecera de las protestas, no hace más que anticipar futuras divisiones. Una tendencia a la fragmentación que ni siquiera parecen capaces de neutralizar los efectos de la crisis económica en la clase media urbana y el paro endémico entre los menores de 30 años, ingredientes esenciales de las manifestaciones.

Analistas como Georges Fahmi, de la institución Chatham House, identifican en cuanto sucede en Argelia los mismos componentes de hartazgo social que dieron lugar a las primaveras árabes, pero acaso en la crisis argelina sea menor la vulnerabilidad del establishment de lo que lo fue en Túnez y Egipto, al menos en un primer momento, y quizá también el retraimiento internacional de ahora prive a la calle de apoyos significativos en el exterior. El antecedente de Libia, convertida en un Estado fallido, la matanza siria, con Rusia instalada en Oriente Próximo, y problemas derivados del desenlace de las primaveras mantienen a Occidente más expectante que nunca y a los vecinos de Argelia, decididos a no inmiscuirse en el avispero bajo ningún concepto. Anádase al conjunto la dependencia del gas argelino del sur de Europa y se cerrará un marco de referencia en el que lo más importante para todo el mundo es garantizar la estabilidad y evitar que la crisis degenere en una revuelta incontrolable.

¿Significa esto que una reforma meramente cosmética del Estado puede encauzar la crisis? El diagnóstico del profesor Nadji Khaoua en el periódico argelino El Watan hace impensable que una componenda meramente superficial puede acallar el descontento. “La corrupción no es solo una excrecencia del poder de decisión, sino que es una consecuencia de la estructura misma del poder”, sostiene el analista, que ve inviable aniquilar la economía opaca a medio plazo y, en cambio, adelanta que quienes la controlan harán cuanto esté en su mano para mantenerla como una forma de poder paralela a las instituciones. En este punto la cercanía entre la situación en Argelia y la que precedió a las primaveras es muy parecida, pero el momentum en 2011 era bastante diferente al actual para vislumbrar como viable una reforma radical del Estado, aunque sea precisamente esto lo que reclama la calle.