Futuro incierto en Afganistán

El anuncio hecho por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos completará la retirada total de Afganistán el próximo 31 de agosto se produce en una atmósfera de creciente pesimismo acerca de la capacidad del Gobierno de Kabul de hacer frente en solitario al desafío de los talibanes, que controlan un tercio del territorio y mantienen sitiadas o en situación precaria varias capitales de provincia. Han fracasado todos los intentos para llegar a un acuerdo con los líderes talibanes para garantizar la pervivencia de la república alumbrada con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, han fracasado asimismo los esfuerzos encaminados a cercenar la capacidad operativa de las milicias talibanes y no ha sido mayor el éxito para implicar a Pakistán en el desmantelamiento o, por lo menos, el control sistemático de los santuarios talibanes en su territorio.

El general Austin Scott Miller, al mando del contingente que aún se encuentra en la base de Bagram, manifestó hace un mes su temor de que Afganistán se sumerja en una guerra civil cuando sea su Ejército la única fuerza de choque que se enfrente a los talibanes, según recogió el periódico The Washingron Post. El mismo medio se hizo eco de los temores del senador republicano Lindsey O. Graham, que cree posible un renacimiento poco menos que inmediato de Al Qaeda y el ISIS en el corazón de Asia, algo que parece improbable a los analistas militares –los líderes talibanes no tienen mayor interés en reeditar viejas alianzas–, y que, en cambio, si admiten que es posible un rápido avance de los fundamentalistas islámicos en dirección a Kabul de aquí a final de año.

Después de una guerra de dos meses (octubre-diciembre de 2001), veinte años de presencia permanente en Afganistán y dos billones de dólares del contribuyente gastados en un conflicto imposible de coronar con la victoria nada es sustancialmente diferente en orden a hacer del régimen afgano un muro de contención fiable. Han fracasado todos los intentos para comprometer a los talibanes en un acuerdo de coexistencia pacífica con el Gobierno de Kabul. Hillary Clinton no encontró interlocutores fiables cuando los buscó desde la Secretaría de Estado; no corrió mejor suerte la pirotecnia diplomática de Donald Trump, que optó por fijar la retirada definitiva para el 11 de septiembre de 2021; no ha hecho otra cosa Biden que rendirse a la evidencia.

Visto retrospectivamente, nunca tuvo demasiado sentido la búsqueda en las filas de la resistencia talibán de una facción dispuesta a comprometerse con el statu quo. Habida cuenta su naturaleza de organización antisistema, retardataria y antioccidental, era poco menos que imposible dar con un ala pactista que, por lo demás, nunca había dado señales de vida. Fue más una forma de justificar que, agotados todos los trámites para una evacuación sin riesgos futuros para Afganistán, no quedaba otra que confiar en que su Ejército –300.000 soldados razonablemente pertrechados e instruidos– sea capaz de contener al adversario. El recuerdo del desastre iraquí, cuando el ISIS avanzó hasta muy cerca de Bagdad después de tomar Mosul (junio de 2014), no deja de ser un precedente inquietante.

Al mismo tiempo, ha dejado de tener sentido para la opinión pública estadounidense seguir en el pedregal afgano y aplazar lo inevitable. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta hoy, el apoyo de las operaciones en Afganistán ha pasado del 90% a aproximadamente el 40%. Los vaticinios agoreros que remiten a una pronta escalada del terror y la restauración del régimen talibán en Kabul tienen menos fuerza que la sensación generalizada de que nada se logró de sustancial tan lejos de casa en términos de influencia y, en cambio, se perdió la posibilidad de presionar y en su caso desactivar a los talibanes. El presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haas, lo resumió así la pasada primavera: “Estados Unidos debilitó su influencia con los talibanes por su obvio deseo de poner fin a su presencia militar”. Con el daño añadido de que se ha reforzado la alianza de facto –siempre azarosa– entre la mayoría de líderes talibanes y jefes tribales o territoriales, muchos de ellos vinculados al cultivo y tráfico de la amapola de opio.

Es más que probable que la retirada ordenada por Biden se consume en contra del consejo de los generales, porque es evidente que poco han cambiado los datos esenciales de la situación en Afganistán: el Gobierno solo controla en la práctica la capital, algunas capitales de provincia especialmente importantes y una parte sustancial, pero ni mucho menos total de las vías de comunicación; la frontera con Pakistán sigue siendo extremadamente porosa y de cuanto se cuece al otro lado de la divisoria tiene Kabul noticias imprecisas y fragmentadas. Por decirlo con las mismas palabras empleadas hace unos años por un funcionario de la OTAN: el primer deber de los soldados afganos y de sus aliados es garantizar su seguridad; no es posible plantear objetivos más ambiciosos y resolutivos.

Ante esta realidad inobjetable, han prevalecido en la decisión de la Casa Blanca, además de las razones enumeradas por el presidente –“¿cuántos miles de hijas e hijos más han de seguir corriendo riesgos?”, dijo el jueves–,las relacionadas con la pugna por la hegemonía que mantienen Estados Unidos y China. El mapa y los intereses de Afganistán quedan muy lejos de la cuenta del Pacífico, de la complicidad con los aliados en Extremo Oriente y de la economía global. Si en algún momento, después de dar la orden de ataque, pasó por la cabeza del presidente George W. Bush la posibilidad de construir una nación, Biden deshizo el equívoco al anunciar la retirada: “No fuimos a Afganistán a construir un país. El pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí solo su futuro y cómo quiere gobernar su país”.

Puede que los neocon que rodeaban a Bush vieran la oportunidad, recién caído el régimen talibán, de acabar con la tradicional fragmentación de la sociedad afgana, que ni las potencias coloniales en el pasado ni las superpotencias de nuestro tiempo comprendieron nunca en toda su complejidad, pero la experiencia de veinte años in situ ha disipado cualquier duda. Quedará Afganistán a expensas de sus propias fuerzas antes de que acabe el verano, quizá para ser en muy poco tiempo un foco de inestabilidad. Pero Estados Unidos ha decidido una serie de retiradas estratégicas para concentrarse en la rivalidad con China y la regeneración de la política en Estados Unidos, tan degradada. Todo lo demás le parece al establishment un compendio de problemas accesorios.

 

El PCCh cumple cien años

Nadie hace un siglo se hubiese atrevido a vaticinar que el despertar de China tendría las dimensiones y el impacto que hoy todos conocemos. Los fastos para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) no han sido solo la ocasión para que el régimen hiciera ostentación de su buena salud y creciente poder en todas direcciones, sino para confirmar aquello por lo demás largamente intuido: los herederos del Imperio del Medio están en condiciones de disputar a Estados Unidos la doble hegemonía política y económica. La pregunta que figura en la portada del último número de la revista Foreign Affairs es poco más que retórica: ¿Puede China seguir ascendiendo?

“La ambición y la ejecución no son lo mismo”, escribe en el citado bimensual el sinólogo Jude Blanchette. La pretensión de ejercer un control o dominio sobre los asuntos mundiales no forma parte de la cultura política china, afirma Daniel Rosen, que se demora en subrayar los esfuerzos sin éxito para reformar el sistema y actualizar su relación con el resto del mundo. Ambos analistas comparten la impresión de que el presidente Xi Jinping, titular de un poder omnímodo y desconocido desde que el reformista Deng Xiaoping ocupó el puente de mando, ha colocado al país en una trayectoria arriesgada, si no de colisión, sí de confrontación con Estados Unidos, que pone en peligro los logros consolidados por sus predecesores a partir de la carnicería de Tiananmen (junio de 1989), que cercenó sin miramientos el proceso de apertura política que siguió a la mejora de la economía.

De la lectura del ensayo de John J. Mearsheimer The tragedy of great power politics el periodista Mateo Madridejos deduce en El siglo de Asia que el ascenso de China “no será pacífico”, y de la existencia de un cinturón de adversarios de China –Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam, India, puede incluso que Filipinas– diferentes think tanks se atreven a pronosticar la concreción por mucho tiempo de una amplia región, del Pacífico Occidental al centro del Índico, sometida a la estrategia de la tensión. Mearsheimer advierte, además, de la tendencia revisionista de todas las superpotencias para impugnar el statu quo en beneficio propio, lo que hace inevitable el disenso entre China y Estados Unidos y sus aliados. Ya advirtió Henry Kissinger en 2012 que los estrategas de Washington y de Beijing se habían abstenido de acordar “una idea conjunta del orden mundial”.

Hoy se antoja demasiado tarde para que tal conjunción se produzca. El régimen chino ha impedido la colonización tecnológica del país por Estados Unidos y ha logrado ser el gran competidor en cuatro ámbitos fundamentales: el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial, el manejo del big data y la carrera espacial. El partido ha aprovechado con habilidad la percepción generalizada en la sociedad china de que la democracia pluripartidista es un modelo político ajeno a la tradición nacional. Y ha sofocado con un coste mínimo para la cohesión interna del Estado las crisis de Hong Kong, Xinjiang y el Tibet; ninguno de los tres conflictos ha contaminado, ni siquiera episódicamente, una sociedad en cuya memoria colectiva prevalece el recuerdo de las penalidades vividas y las compara con los logros materiales de los últimos decenios, y que, al mismo tiempo, reverencia a Mao Zedong como al más ilustre de sus hijos, a quien exalta como el liberador de China de la injerencia extranjera y fundador de la patria rehabilitada.

Es obvio que el PCCh ha vaciado el maoísmo de contenido porque el partido se ha convertido en una organización que cultiva un nacionalismo exacerbado, un centralismo sin concesiones y un control absoluto de las dinámicas sociales, sin sitio para la disidencia o la crítica. Pero el recuerdo de Mao es útil para sostener una estructura que tiene poco que ver con el revisionismo de Deng –un poder colegiado– y mucho con el modelo de presidencia vitalicia de facto promovida por Xi mediante una reforma constitucional. No es exagerado concluir que el partido ha vuelto la mirada al legado confuciano para garantizar la estabilidad, un cambio paradójico de estrategia porque el maoísmo fue decididamente anticonfuciano y denostó la idea de armonía social desarrollada por Confucio y sus discípulos. Es pronto para preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la intersección de maoísmo y confucianismo; solo es posible constatar que ha servido al PCCh para contrarrestar la influencia de Occidente, según sostiene Xulio Ríos entre otros autores.

A la luz de la sucesión de desencuentros durante la presidencia de Donald Trump y de la voluntad de Joe Biden de traducir en hechos el eslogan America is back, parecen muy lejanos los buenos augurios que hace solo siete años incluyó el exsecretario del Tesoro Henry M. Paulson en Deadling with China. Creía Paulson que era posible encauzar la competencia entre las superpotencias mediante un compromiso político y económico, a través de una forma ad hoc de soft power que serenara los espíritus y estableciera un código de conducta respetado a ambas orillas del Pacífico. Sigue habiendo, sobre todo en Europa, quienes estiman que desenterrar el modelo de la guerra fría y de la contención del adversario, de acuerdo con el análisis de George F. Kennan aplicado a la competencia con la URSS, es un error estratégico que envenenará la coexistencia entre contrincantes, y la opinión pública europea, en general, se muestra despreocupada con el ascenso chino. Pero son cada vez más las voces en la Unión Europea que manifiestan su desconfianza hacia el poder del gigante asiático, de su nueva ruta de la seda sin contrapartidas, sin garantías de seguridad específicas y otros requisitos que eviten la colonización china en el sector de las nuevas tecnologías.

De haber tenido noticia de ello, nadie se habría atrevido a otorgarle larga vida a la organización fundada en 1921 en Shangái por un grupo de doce jóvenes. Sin embargo, el PCCh ha sido el artífice absoluto de la transformación de una sociedad agraria en extremo atrasada en otra que opera a escala global. El secreto del éxito del maoísmo sin Mao es que el papel del Gran Timonel ha quedado reducido al de ser el padre de la nación renacida; el resto de cuanto procede del partido es resultado de la adaptación al medio, de hacer de la necesidad virtud y de utilizar una férrea disciplina social en una máquina sin parangón de producir e innovar, sometida al control estricto de una autoridad suprema que apenas nadie impugna. La esperanza de vida de tal modelo es desconocida.

La cultura democrática se degrada

Dice el filósofo Emilio Lledó que la corrupción que más le preocupa es la de la mente. Lo dice con la convicción de quien asiste a un proceso de degradación de la cultura democrática, acosada por la propaganda destemplada de movimientos políticos, partidos y organizaciones, difusores instalados en una grosera simplificación de los problemas, en nacionalismos de campanario y en una neutralización vociferante del pensamiento crítico. Pareciera que a grandes rasgos se cumple el vaticinio del historiador Pierre Rosanvallon: el populismo se ha subestimado o despreciado durante demasiado tiempo.

También se cumple el pronóstico compartido por muchos según el cual quedaron en la cuneta promesas de cambio social o simplemente de asistencia social en entornos caracterizados por enormes desequilibrios y, simultáneamente, se ha agravado la desigualdad en sociedades con una clase media consolidada a causa de la salida neoliberal de la crisis financiera desencadenada en 2008. La ortodoxia macroeconómica ha operado como un factor de erosión –préstese atención a autores como Paul Krugman, Thomas Piketty y Joseph Stiglitz entre otros muchos– y a continuación han hecho fortuna los hombres-pueblo –como encarnación de la comunidad, se presentan– sin mayores escrúpulos y propósitos que impugnar el acervo cultural y político de la democracia en nombre de una variada panoplia de argumentos, de eslóganes pergeñados por los spin doctor y por los profesionales que operan en las redes sociales.

No hace falta remontarse en la historia más allá de la última semana para dar con comportamientos inquietantes: la derecha española en bloque le da una vuelta judializadora al procés al recurrir los indultos, un recurso político para serenar los espíritus sin desacreditar a los jueces; Daniel Ortega transmuta los prolegómenos de una campaña electoral en una persecución sistemática de sus adversarios; Viktor Orbán alarma a la Unión Europea con su pretensión de silenciar a los homosexuales o, aún peor, de cerrar las escuelas al conocimiento de la diversidad afectiva; la UEFA impide que un estadio de Múnich se ilumine con la bandera arcoíris –la selección de Hungría, en el césped– por estrafalarios motivos en defensa de la neutralidad política, como si tal cosa fuera posible en un espectáculo político multitudinario. Seguir con más ejemplos resultaría fatigoso y es innecesario.

La cultura democrática es un logro de la modernidad que incluye la autonomía de los individuos, el libre pensamiento y la libertad de expresión, la separación de la religión y el Estado, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos y otros derechos y deberes sobradamente conocidos y pautados. Como explicó en su día Raymond Aron en Democracia y totalitarismo, “los regímenes aparecen como soluciones opuestas a problemas”, con un ingrediente añadido en el caso de las democracias deliberativas: la oposición de diferentes fórmulas para abordar un mismo problema. Se trata de una norma tan simple y conocida como difícil de digerir por corrientes de opinión para las que, más allá de su parecer, nada es admisible.

Los recursos que el PP y Vox presentarán contra la ley que regula la eutanasia van en esa dirección: la convicción de una inefable superioridad moral, encubierta en argumentos de naturaleza constitucional, mueve a los dos partidos a soslayar el dato incontrovertible de que la opinión pública es partidaria de permitir y regular la muerte asistida. La ley de la eutanasia no es de aplicación obligada, sobra recordarlo, pero para los recurrentes no cabe poner límites a la defensa de la vida ni siquiera cuando la vida se convierte en una experiencia invivible (sus motivos son estrictamente personales, de inspiración religiosa; antes sucedió con las leyes del aborto).

Volvamos a Aron, que no fue, por cierto, un revolucionario radical ni cosa parecida: “La elección en política no es entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable”. Hoy hay demasiadas cosas detestables, fruto más del oportunismo que del goyesco sueño de la razón. Cuando Keiko Fujimori y sus corifeos accidentales arremeten contra el escrutinio que coloca a Pedro Castillo en la presidencia del Perú se provoca una situación realmente detestable: se pretende deslegitimar el triunfo del maestro rural para neutralizar una posible y futura decantación del ganador hacia una imitación del modelo venezolano, suficientemente desacreditado como para aparezcan émulos que en él se inspiren. La obligación de respetar los derechos del triunfador –todos los candidatos se comprometieron a hacerlo en su día– resulta suplantada por una acción preventiva en la que los antecedentes escasamente democráticos y transparentes de la candidata Fujimori se dejan a beneficio de inventario o se dan por amortizados.

En el caso peruano y en muchos otros, a un lado y otro de la divisoria ideológica, es reseñable que la desnaturalización del significado de las palabras ha encubierto y enturbiado el debate político. Cuando se califica a alguien de fascista –una referencia correspondiente a un momento histórico muy concreto– o alguien se define como liberal –un concepto polisémico o poliédrico– no hay forma de saber si efectivamente tales elementos descriptivos se corresponden con la realidad o son fruto de una apresurada asignación de etiquetas. Con todo ello, sale perdiendo la cultura democrática, la convivencia entre puntos de vista diferentes; al desgastarse la cultura democrática, ocupan la tribuna de oradores cuantos se ven capaces de sacar partido a la ceremonia de la confusión, tanto más productiva para sus fines cuanto más confusa.

En junio de 1979 acudieron al palacio del Eliseo los pensadores André Glucksmann, Raymond Aron y Jean-Paul Sartre, nada coincidentes sus respectivas visiones del mundo y del hombre, para reunirse con el presidente Valéry Giscard d’Estaing, un liberal, quien, a instancias suyas, decidió acoger a 100.000 refugiados vietnamitas. ¿Es en el presente posible una escena de naturaleza similar? Probablemente, no; cualquier ocasión es buena –Ceuta, hace unas semanas– para alentar el enconamiento.

Fractura electoral en Perú

El desenlace de la elección presidencial en Perú se ha sumergido en la lógica seguida en noviembre del año pasado por Donald Trump para poner en duda la legitimidad del triunfo de Joe Biden. Al mismo tiempo que los observadores internacionales sobre el terreno coinciden en que en el desarrollo de las elecciones del 6 de junio no hay la menor sombra de fraude y que la victoria de Pedro Castillo está libre de sospecha, Keiko Fujmori insiste en denunciar un fraude masivo e impugna la validez de miles de votos sin pruebas consistentes que respalden tal proceder. La diferencia mínima de 60.000 papeletas entre el maestro rural y la hija de Alberto Fujimori, incursa en varias causas judiciales, es el reflejo exacto de una sociedad profundamente dividida, de dos populismos irreconciliables y de un sistema político minado por la corrupción hasta cotas inimaginables.

El “deseo ardiente” de que la victoria fuese para Keiko Fujimori, expresado por Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en El País el mismo día de las elecciones describía lo que estaba en juego como un combate sin vuelta atrás entre democracia liberal y dictadura comunista. “Ceder a lo más inmediato, como las enormes distancias que separan a los ricos de los pobres en el país y que esta pandemia ha hecho más visibles y dramáticas, es precipitarse en un suicidio político que cerrará para siempre –o por muy largo tiempo– la posibilidad del país de recuperar su vieja historia, cuando fue, en el pasado prehispánico, cabeza de un imperio que daba de comer a todo el mundo, o en los trescientos años coloniales cuando el virreinato peruano era el más próspero de América”, escribió el nobel, con una larga historia de desencuentros y enemistad política con Keiko Fujimori, que él mismo reconoce en el artículo.

Vargas Llosa es una referencia nacional en Perú, pero su decantación política queda lejos de la transversalidad. Expresa, por el contrario, una opinión muy reconocible entre las élites limeñas que apoyan a la candidata conservadora, que están de acuerdo con él en que no hay que ceder “a lo más inmediato”, como si la fractura social peruana fuese cosa reciente y no un fenómeno histórico de largo recorrido que ha dejado al margen del progreso material a generaciones enteras. Dicho de otra manera: nadie ha salido nunca al rescate de los más vulnerables, salvo alguna honrosa y breve excepción, y siempre que ha sido preciso se ha invocado el recuerdo de José Carlos Mariátegui, pensador marxista peruano y fundador de Partido Socialista –luego comunista– para aventar toda clase de riesgos y fantasmas.

Lo cierto es que Perú Libre, el conglomerado que apoya a Pedro Castillo, se remite con frecuencia al marxismo-leninismo-mariateguismo –lo recuerda Vargas Llosa en su artículo–, pero los compromisos públicos del candidato, más cercanos a la socialdemocracia sin sobresaltos que a otros ámbitos ideológicos, suavizan enormemente las remisiones históricas. En todo caso, no son ni más ni menos creíbles que la conversión a la democracia de Keiko Fujimori, para quien un fiscal pide ahora que ingrese de nuevo en la cárcel por haber incumplido los requisitos que se le impusieron al levantarle la prisión provisional. Hay en ambos candidatos algo de transformismo apresurado, obligados los dos por una realidad social extremadamente dual en la que se ha consolidado el reparto de los votos en dos mitades casi iguales: Lima y el establishment, por un lado; el resto del país, especialmente las pequeñas ciudades, las zonas rurales y el mundo indígena, por el otro.

Han desaparecido los términos medios, favorecido el exterminio por una crisis irrefrenable. Como ha puesto de manifiesto en un editorial el diario limeño El Comercio, la foto fija de un electorado cansado y decepcionado con el desarrollo de los acontecimientos es la fragmentación del Parlamento elegido en abril, donde será de obligado cumplimiento buscar zonas de relativo confort para fuerzas antagónicas, más versadas en el choque de trenes que en la búsqueda de consensos. “La inmovilidad derivada de la fragmentación es por lo tanto un peligro que se cierne sobre la nueva conformación parlamentaria”, alerta el editorialista, como si de antemano quepa temer que el camino de los grandes consensos será una ruta sembrada de minas.

La actitud de Keiko Fujimori alimenta tales temores en igual o mayor medida que la radicalidad de algunos discursos de campaña. La pregunta formulada por Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral, “¿en qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”, sigue sin provocar respuestas convincentes, sino repentinos espasmos movilizadores, atisbos de progreso y remedio de males de corta vida que acaban abruptamente (con demasiada frecuencia, con políticos relevantes juzgados y condenados).

La efervescencia de la calle a finales de 2020 a partir de “la vacancia presidencial por incapacidad moral” de Martín Vizcarra, con una participación muy significativa de los jóvenes, fue un adelanto de las tensiones provocadas por el escrutinio. El magisterio de Donald Trump ha hecho el resto y el ejemplo puede extenderse a otros escenarios con una articulación social caracterizada por desigualdades lacerantes. Pareciera que las opciones conservadores han llegado a la conclusión de que solo aceptarán los resultados de escrutinios que les den la victoria y arremeterán contra los que la den a fuerzas progresistas. La gran prueba será el año próximo en Brasil, cuando Luiz Inácio Lula da Silva disputará la reelección a Jair Bolsonaro, en tantas cosas un clon político e ideológico de Trump.

No hay en el disenso peruano demasiados ingredientes para esperar que Keiko Fujimori acate finalmente el resultado electoral. Quizá porque ponerlo en duda, combatirlo con sospechas de fraude, es la única herramienta que tiene a mano para que Pedro Castillo se radicalice o quede prisionero de irregularidades no demostradas en el escrutinio, pero muy difundidas, y de un Parlamento dividido en facciones enfrentadas y poco propicias al pacto. Una forma de erosionar al adversario, según el manual del mal perdedor, que bastantes veces ha rendido beneficios a los instigadores de tales maniobras, aunque eso signifique, en el caso de Perú, joderlo un poco más.

A Netanyahu le mueven la silla

La posibilidad de que mediante diferentes argucias parlamentarias el voto de confianza para la ratificación del nuevo Gobierno de Israel se demore hasta el 14 de junio confiere al primer ministro en funciones, Binyamin Netanyahu, un margen de maniobra suficiente para frustrar el intento de ocho partidos de descabalgarlo del poder. La composición heteróclita de la coalición de Gobierno ahormada en torno a las figuras de Naftali Bennett (Yamina, extrema derecha) y Yair Lapid (Yesh Atid, centro), con la novedad absoluta de incluir a la Lista Árabe Unida (palestinos de nacionalidad israelí), es lógicamente muy volátil, debe convivir con contradicciones internas irresolubles y es muy vulnerable a los cantos de sirena que se emiten a todas horas para quebrar voluntades y hacer imposible la configuración en el Knéset de una mayoría.

Nada es muy nuevo ni muy diferente a la probada habilidad histórica de Netanyahu para dividir a sus adversarios y mantenerse en el puente de mando. Sí es una novedad que la coalición arcoíris hecha pública pretende ensamblar propósitos tan dispares como irreconciliables, empezando por los que figuran en los programas de los dos líderes de la operación. Mientras Bennett es partidario de la anexión de Cisjordania, Lapid lo es de la solución de los dos estados; mientras la Lista Árabe Unida dice haber obtenido garantías de que cesarán el derribo de casas palestinas, Bennett niega la mayor y se remite a las decisiones de los tribunales; mientras Lapid… Y así sucesivamente: incluso los analistas más favorables a la fórmula para jubilar a Netanyahu ponen en duda la durabilidad de la coalición que es tanto como decir que no se podrá cumplir la previsión de que durante los dos primeros años encabece el Ejecutivo Bennett y los dos siguientes, Lapid.

Hay que contar, además, con la necesidad imperiosa de Netanyahu de seguir en el cargo para bloquear la progresión de varias acusaciones por corrupción que se siguen en los tribunales. Como ha escrito un editorialista, el primer ministro de Israel con más años en el cargo está habituado a manipular o condicionar a su gusto el funcionamiento ordinario de las instituciones y, cabe añadir, ha tenido la habilidad de asegurar para su causa la fidelidad de los colonos, para quienes Netanyahu es una garantía. El analista Amos Arel ha llegado a escribir en el periódico progresista israelí Haaretz que “cuando hay tanto en juego” para el primer ministro, “no se puede descartar un estallido de violencia”, sea por razones internas o externas.

El enrarecimiento de la atmósfera política en Israel es un hecho, estimulado durante los últimos días por la sensación de que la operación contra Gaza daba a Netanyahu la posibilidad de restaurar viejas alianzas y dejar sin efecto el conglomerado de partidos gestado por sus adversarios. Se diría que el alto el fuego en la Franja, forzado por Estados Unidos, no dio tiempo al primer ministro en funciones de consumar su labor de zapa en las filas de Bennett-Lapid y, en cambio, permitió reconducir complicidades en la coalición armada para desplazarle. Un juego de equilibrios y desequilibrios en cuyo seno no tienen acomodo los proyectos a largo plazo.

La única argamasa que mantiene unidas las piezas para formar una nueva mayoría es la voluntad de los ocho partidos de echar a Bibi –diminutivo de Binyamin–, de acabar con la inercia frustrante derivada de la celebración de cuatro elecciones legislativas en dos años, de pasar página y salir de la inoperancia. Thomas L. Friedman compara en The New York Times los acontecimientos que se desarrollan en Israel con la movilización que logró desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. “Para comprender el drama político que se representa en Israel y la tentativa de formar una coalición de unidad nacional para derrocar al primer ministro Benyamin Netanyahu, no es preciso hablar hebreo –escribe Friedman–. Es suficiente comprender una cosa: Netanyahu enfurece a sus enemigos más que Donald Trump a los suyos”. Y establece a siguiente comparación: Bibi es a Trump lo que la coalición en ciernes es a Joe Biden.

Pueden añadirse aquí otras similitudes tan arriesgadas como las anteriores: el Likud es al ala ultraderechista que controla el Partido Republicano lo que el reformismo laico de Lapid es al Partido Demócrata. Pero acaso la mayor y mejor de todas las comparaciones es que hace el propio Friedman: “Al igual que Trump, la principal estrategia política de Netanyahu para ganar las elecciones ha sido fomentar un intenso culto a la personalidad y tratar de ganar y mantener el poder con escasa mayoría, dividiendo a Israel en tantas líneas como le ha sido posible. En su caso, principalmente judíos contra árabes, izquierda contra derecha, religiosos versus seculares y patriotas versus traidores”.

Sin líneas rojas, con todas las opciones posibles abiertas para cambiar de caballo a mitad de cualquier carrera, Netanyahu domina el arte del regate característico de los políticos sin grandes y reseñables compromisos ideológicos; para Netanyahu, cada día se empieza de cero y los aliados de hoy son los adversarios de mañana y viceversa si tal cosa sirve para seguir en el poder. Durante la presidencia de Trump se encontró con un socio excepcional; con Biden todo resulta más engorroso, menos confortable, incluso con el margen de tolerancia otorgado por la Casa Blanca a la escabechina de Gaza.

“En un país normal, entenderíamos que tiene que haber un cambio, y que formar un Gobierno que incluya un partido árabe podría representar un verdadero esfuerzo conjunto para resolver el problema con los árabes israelís y para ellos”, escribió en El País Etgar Keret en mitad de la crisis gazatí. Pero la anormalidad israelí no se ajusta a ninguna de las convenciones políticas o, por lo menos, a bastante de ellas; en el universo político israelí prevalece una idea de la normalidad que Karen Armstrong aplica en su monumental Historia de Jerusalén a la conquista del este de la ciudad en 1967: “Como dirían los cabalistas, en este momento en que Israel estaba de nuevo en Sión, todo en el mundo y en el cosmos entero había vuelto a su lugar apropiado”.

¿Es apropiado para una sociedad radicalmente dividida y culturalmente militarizada confiar el poder a una coalición de profundos discrepantes entre sí? Esa es la gran baza de Netanyahu: la explotación de las discrepancias para desarmar la mayoría antes de la votación de confianza en el Knéset. La mayor arma en manos de la oposición es el hartazgo de una opinión pública convocada cuatro veces a las urnas sin mayores consecuencias efectivas, con el covid-19 casi controlado y la necesidad inaplazable de sacar al país de una crisis económica galopante. La única esperanza para la comunidad palestina de los territorios ocupados es que el apoyo a la solución de los dos estados, expresada por Joe Biden, se traduzca en hechos, tenga eco en el seno de la coalición y no caiga en el olvido por enésima vez sin mayores efectos. Casi nada nuevo luce bajo el sol.

Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.

La UE se persona en Ceuta

La europeización de la crisis diplomática desencadenada por Marruecos en la raya de Ceuta, playa del Tarajal, confiere rasgos definitivamente nuevos a la siempre compleja relación entre Madrid y Rabat. Nada de lo sucedido en Ceuta es demasiado nuevo, todo remite a la pretensión marroquí de dar por zanjado el caso del Sáhara Occidental, de alentar el irredentismo a propósito de las ciudades españolas en el norte de África, y al muy especial vínculo de Marruecos con Estados Unidos, en el que la Realpolitik prevalece desde hace decenios por encima de cualquier otra consideración. Lo único realmente novedoso, y acaso determinante, es la implicación de la Unión Europea en la defensa inviolable de su frontera sur, de la que Ceuta y Melilla forman parte; lo más reseñable es que los Veintisiete no se han andado con subterfugios a la hora de secundar la posición de España en una situación en extremo delicada y en defender, a la luz del derecho internacional, la integridad territorial y el principio de soberanía.

Es improbable que eso redunde en una atenuación de la tendencia marroquí a utilizar cualquier pretexto para avivar las brasas, siquiera sea para consumo interno y movilización de unos ciudadanos exhaustos a causa de la crisis económica, ahora, o para alcanzar en el futuro cualquier otro objetivo. Pero sí es posible que la reacción europea ante el desafío marroquí sea fruto de lo aprendido de los errores cometidos en la gestión de los flujos migratorios, en especial a partir de 2016, cuando la solución turca del problema no hizo más que someter a la UE a chantaje permanente, a la utilización por Recep Tayyip Erdogan de los más de tres millones de personas alojadas en campos de refugiados en Asia Menor. Y en cualquier caso, es más que posible que la salida al paso del atropello perpetrado por el Gobierno marroquí active la revisión del dispositivo Frontex y del sistema de control y acogida de migrantes en suelo europeo, tan insuficiente.

De darse de una manera continuada y sistemática ese cambio de actitud en Europa, cabe suponer que quizá Marruecos deje de ser el instigador de crisis encadenadas, fundamentadas en un nacionalismo cuya intensidad regulan palacio y el Gobierno de turno, que en la práctica son poco menos que lo mismo en el difuso reparto del poder asentado por la tradición en la cultura política marroquí. Tanto pesan en la movilización de recursos emocionales el Gobierno en la sombra conocido como majzén –el entorno del rey Mohamed VI , la corte si se quiere–, un conglomerado de intereses económicos y complicidades políticas, como el Gobierno visible, encabezado ahora por Saadeddine Othmani, del Partido Justicia y Desarrollo (islamista moderado), muy vinculado y bien acogido por el majzén.

Si hasta la fecha se ha cumplido el vaticinio del periodista Ignacio Cembrero sobre el empeoramiento de la situación en Ceuta, quizá ahora tengan una oportunidad la prudencia y la sensatez. Incluso sin que cambie el engarce especial de Estados Unidos con Marruecos, fruto de una decisión geoestratégica relacionada con el sistema de seguridad diseñado por el Pentágono para el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo sur. Ni desaparecerá la pretensión marroquí de que la comunidad internacional legitime su soberanía sobre el Sáhara Occidental ni renunciará a reclamar de vez en cuando Ceuta y Melilla, pero quizá desista el entramado político rabatí de dramatizar, como ha hecho estos días, dos asuntos en los que está lejos de ser depositario de la razón histórica.

Tal cambio es preciso para evitar que asuntos de tan poco peso como la hospitalización en Logroño del líder saharaui Brahim Ghali den pie a situaciones de enorme gravedad y alienten la demagogia de la extrema derecha española, movilizada para el caso poco menos que para reclamar la militarización de un conflicto desencadenado por el oportunismo irreflexivo de Marruecos y concretado en la llegada a la playa ceutí de unas 8.000 personas, muchas de ella menores de edad, procedentes de entornos de una vulnerabilidad y pobreza extremas. El espectáculo ofrecido por los voceros ultras, deudores de la peor tradición africanista española, con Santiago Abascal al mando de las operaciones, no es más que la explotación oportunista de la exaltación nacionalista marroquí; una vez más se echa mano de la política de las emociones para difundir una imagen distorsionada de la naturaleza y dimensiones de la crisis. El recurso a la palabra invasión para describir el desarrollo de los acontecimientos expresa el afán de atribuir a los hechos un carácter apocalíptico que nunca tuvieron.

Es igualmente precisa la maduración del sentido de Estado en los escaños del Congreso. Resulta por lo menos chocante que los gobiernos de los 27 países de la UE hablen con un solo timbre de voz para responder a Marruecos y que, al mismo tiempo, el Partido Popular toque a rebato en el Congreso y descalifique al Gobierno en este asunto. Qué duda cabe de que todo es mejorable, pero cuando el problema es de la naturaleza del ceutí, la única posición defendible es apoyar a quienes deben afrontarlo en primera estancia. Hacer lo contrario es acogerse a un indefendible oportunismo –de nuevo la misma palabra– como si no hubiera mañana para analizar y criticar lo hecho hoy; el cometido de la oposición no es arremeter contra todo, todos los días, como si la razón estuviera inequívocamente de su parte por el simple hecho de ser oposición.

Una vez se supere la crisis –queda un largo trecho por recorrer–, nada será como antes en la relación con Marruecos y, por tal razón, conviene que el sentido de Estado inspire en España los discursos y saque provecho de la complicidad europea. Ya que la miseria envolvente en Marruecos parece condenada a prolongarse por mucho tiempo, no puede descartarse su utilización futura en los mismos términos que ahora, y entonces, antes que hablar de invasión y de torpedear al Gobierno, sea cual sea este, habrá que distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Es lo mínimo exigible para evitar que el peso del apoyo europeo se malgaste en charcutería política de bajísima calidad.

La crisis social incendia Colombia

Al concretarse en la calle la profunda crisis social de Colombia todo ha zozobrado: la prepotencia del Gobierno, el conformismo frente a precariedades históricas, el statu quo forjado por un sistema de partidos adaptado a un léxico y unos programas que demasiado a menudo tienen poco que ver con las necesidades perentorias de los ciudadanos. Lo acontecido desde los últimos días de abril tiene tanto que ver con las urgencias inmediatas de una comunidad exhausta que resulta preocupante que el presidente Iván Duque no fuera consciente de que su proyecto de reforma fiscal iba a enardecer los ánimos en plena pandemia, con demasiados millones de ciudadanos condenados a una economía de mera subsistencia o a una pobreza recalcitrante, y con todos los indicadores en el despeñadero.

El paro nacional, que el presidente quiere resolver mediante una negociación o pacto con los líderes de la protesta, no es un terremoto pasajero. Lo sucedido en Cali compendia una realidad angustiosa; el goteo de muertos y desaparecidos y la impunidad agresiva de las fueras de seguridad es la prueba efectiva de que las pasiones desatadas a ambos lados de la divisoria son difícilmente conciliables o reconducibles.

Un articulista del diario bogotano El tiempo lo ha resumido con escueta precisión: “Esta especie de catalizadores solo sirvieron para que salieran a relucir los eternos problemas de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, desajuste institucional, una democracia formal y puramente electoral, informalidad en el empleo, altísima tasa de desempleo de mujeres y jóvenes, y falta de oportunidades para acceder a la educación pública de calidad; impunidad política judicial y social frente a la gran delincuencia de cuello blanco, fallas estructurales en la organización del Estado, abandono de las regiones, desconexión entre las élites políticas y las angustias de la gente, entre otros temas”.

Es asimismo bastante sencillo entender el origen de la miopía presidencial y su entorno a través de la reacción de alguien tan significadamente partidario del gran garrote como el expresidente Álvaro Uribe, defensor público de los desmanes de los uniformados en un twit aborrecible. Al leerle en plena refriega pareció que el reloj de la historia retrocedía a los días de Julio César Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad, un nombre inapropiado habida cuenta la inseguridad que sembró a finales de los setenta y principios de los ochenta. Aquel régimen penal, promulgado so pretexto de combatir la insurgencia guerrillera, sirvió para regular –debiera decirse entorpecer– cuando no prohibir la protesta social, y esos días de declaraciones altisonantes procedentes de una derecha alarmada han hecho pensar –temer– que Colombia andaba de vuelta a aquella forma entre encubierta y explícita de represión indiscriminada.

Desde luego, no es casual la aplicación de la teoría de la revolución molecular disipada, una etiqueta indescifrable difundida por el ideólogo chileno de extrema derecha Alexis López para caracterizar su particular teoría conspiranoica –una concertación de esfuerzos de la izquierda para acabar con los gobiernos democráticos–, porque en la búsqueda de una justificación aceptable de la reacción extemporánea del poder todo encuentra acomodo. Aunque la realidad sea muy otra y tenga que ver sobre todo con la apreciación de la corresponsal de The New York Times: “Para mí es crucial no perder de vista a los manifestantes más discretos, la gente que está arriesgando la vida para ir a la calle con una pancarta tras decidir que ya no aguanta. La enfermera que cuida pacientes de covid y gana 13 dólares por turno. La adolescente que trabaja 12 horas, seis días a la semana, en un centro de reciclaje para mantener a su familia”.

Hay en la protesta colombiana una variedad sustancial de actores políticos, de la Minga Indígena a las organizaciones vecinales, del mundo académico a quienes sobreviven en una precariedad sin límites. En el seno de la protesta coexisten liderazgos que no dependen de los voceros políticos habituales con otros más reconocibles o antiguos. En todo ello cabe encontrar ingredientes identificativos de una nueva política, de una dinámica social que rebasa los límites de las convenciones más arraigadas. Se trata quizá de una forma sobrevenida de autonomía social que se atiene a unas exigencias y un léxico nuevos.

Detrás del desastre en curso es fácil descubrir esa realidad no prevista o esperada, pero tangible, corpórea, muy alejada de la solemnidad literaria del realismo mágico. La realidad colombiana es la de una pandemia de efectos sociales devastadores, una economía contra las cuerdas y un hartazgo infinito de la población por la inoperancia del poder. La defensa de la institucionalidad, tan apropiada en el plano teórica y tan habitualmente manipulada por los corifeos de Iván Duque, resulta apenas aplicable en la práctica. Cuando el Defensor del Pueblo de Colombia se ve en la obligación de subrayar que “habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley” por parte de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, la sensación que cunde es que la solvencia y probidad de las instituciones –al menos, de algunas de ellas– saltó por los aires y debe restablecerse.

Más de setenta años después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán sigue siendo vigente para muchos de los movilizados una de las ideas formuladas con su verbo inflamado: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Esa búsqueda de referencias en el pasado está lejos de ser un recurso nostálgico y añorante. El escritor Juan Gabriel Vásquez se remitió a los antecedentes y a las causas históricas recientes de la crisis en las páginas de El País del último domingo, pero en el trasfondo de sus reflexiones es fácil comprender que todo empezó a emponzoñarse mucho antes. Pronosticó Vásquez en julio del año pasado, a propósito de la gestión colombiana de la pandemia, que lo peor estaba por llegar, y así describió la situación cumplido el vaticinio: “Pues bien, ahora lo peor ha llegado, y lo ha hecho escoltado por la incompetencia de un presidente a la deriva, sin autoridad política ni gravedad moral, por la indolencia de un partido de gobierno más dedicado a sabotear los acuerdos de paz que a prevenir el surgimiento de nuevas guerras, y por una conspiración de violencias diversas que salen de lo más profundo de nuestras fallas como sociedad”.

Cuando un país figura entre los más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, la fractura moral en los salones del poder adquiere una envergadura desmesurada. Es tristemente el caso de Colombia según consta en informes de la ONU, Amnistía Internacional y otros foros independientes. Y es difícil que en ese laberinto de injusticias, muertes y arbitrariedad sea suficiente para serenar los espíritus cancelar la reforma fiscal y abrir un diálogo nacional; es difícil que la movilización de tantos días acepte un pacto cosmético, superficial, sin calendario y compromisos concretos. El presente es demasiado duro para que tal cosa sea posible en un abrir y cerrar de ojos y sin agravar el descontento.

Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

Campaña tóxica en Madrid

La enrarecida campaña electoral de Madrid ha puesto por enésima vez sobre la mesa la conveniencia, oportunidad o necesidad de levantar un cordón sanitario en torno a la extrema derecha para preservar la democracia de sus arremetidas. Se trata de un debate abierto en muchos países, España entre ellos, y cerrado en muchos otros, Alemania entre ellos, donde han llegado a la conclusión de que el aislamiento de los ultras es un requisito ineludible para poner a salvo el sistema de injerencias tóxicas. El punto de partida es en todas partes el mismo; la pregunta es siempre la misma: ¿cabe aplicar el mismo trato a quienes se sirven de la democracia para degradarla o combatirla que al resto?

En general, la izquierda entiende que es improcedente por arriesgado buscar una forma de entendimiento o conllevancia con la extrema derecha que, por lo demás, la rechaza de plano (las proclamas de los líderes de Vox son una prueba). Los partidos que cubren el espectro político desde la derecha conservadora al liberalismo de centro oscilan entre la voluntad de pactar con los ultras, si ello les permite desalojar del poder a la izquierda, y la estrategia no exenta de peligros de neutralizarla mediante un proceso de asimilación de parte del programa de quienes acampan a su diestra (véase la campaña de Isabel Díaz Ayuso). Y aun hay partidos (la democracia cristiana alemana, una prueba) que solo estiman prudente y razonable renunciar a tales pactos.

A los que sin militar en ningún bando sostienen que la democracia no puede excluir a nadie, ni siquiera a sus acérrimos adversarios, se les acusa con frecuencia de pecar de ingenuos, de desconocer o soslayar los antecedentes históricos; se les reprocha cultivar un idealismo plagado de riesgos. A cuantos en nombre del realismo reclaman el aislamiento concertado de la extrema derecha se les reprocha una tendencia a la intolerancia. A los primeros, se les aplica poco menos que la sentencia de Friedrich von Schiller sobre la permanencia siempre joven de la fantasía, porque “lo que no ha sucedido jamás no envejece nunca”; a los segundos se les identifica con frecuencia como previsores depositarios de las reacciones preventivas: vence a tu enemigo antes de que se manifieste como tal.

Lo que sucede en Madrid desde hace semanas se asemeja a una oscura ceremonia de la confusión en la que la candidata del PP, precisada de unir a Vox a la causa para completar la mayoría absoluta en la Asamblea, da por hecho que el pacto es seguro, aunque insiste en que aspira alcanzar la mayoría absoluta en solitario (ninguna encuesta lo vaticina). Dentro de esa confusión está también la sorprendente petición al PSOE de la presidenta para que vote su investidura y la libere de la dependencia de Vox –¿para gobernar en minoría durante dos años?–, mientras Ciudadanos, a un paso de la extinción, se presenta como la bisagra –cabe decir que improbable– capaz de evitar que Vox sea en Madrid partido de gobierno.

El caso es que hay demasiadas pistas que inducen a concluir que las intemperancias de Vox han envenado la densidad de la campaña con su algarabía, con esa mueca mitad sonrisa mitad desafío de Rocío Monasterio, y que los sobres con balas de Cetme han completado la obra y han permitido a los líderes de los diferentes conservadurismos en liza ausentarse del debate programático. De tal manera que mientras las diferentes izquierdas han limado sus discrepancias por imperiosa necesidad y han orientado la campaña hacia una defensa sustancial de la democracia, sus adversarios han pasado del dilema comunismo o libertad –tan desmesurado y demagógico– a una equiparación de la libertad con el horario de cierre de la hostelería en plena emergencia sanitaria y cuando las estadísticas epidemiológicas no remiten.

Así se ha degradado la campaña más allá de cualquier precedente y así se ha convertido en el campo de minas donde todos los partidos han entendido que la elección del martes es solo nominalmente autonómica, pero de facto tendrá repercusión a escala nacional. Porque no está en juego solo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años, sino saber hasta qué punto una victoria de Díaz Ayuso debilitará a la facción centrista del PP y obligará a las izquierdas a encarar una renovación de los liderazgos madrileños, y asimismo hasta qué punto una derrota del PP erosionará el futuro de Pablo Casado. Siempre con el papel de Vox en discusión, complete la mayoría de la derecha o se instale en la oposición.

Hay en el insoportable tono de la campaña de Madrid los peores presagios de futuro. La ponzoña ha contaminado la política a una velocidad inusitada hasta dar la razón a Claudio Vercelli: “La historia no se repite, pero algunos de sus elementos se proponen de nuevo con el paso del tiempo. La crisis de la democracia es la incubadora de tal proceso”. En esa crisis del sistema democrático en la que coincide un progresivo alejamiento del debate político de lo que en mayor medida importa a los ciudadanos con una crisis de resultados, de eficacia, de vulnerabilidades desatendidas, resuena el juicio de Maurice Merleau-Ponty: “El mal no se crea a través de nosotros o de los otros, sino que nace en la tela que hemos tejido y que nos ahoga”.

La sustitución del bipartidismo imperfecto de antaño por la configuración de la política de bloques del presente complica de tal manera la concreción de mayorías que es determinante en ese encrespamiento del léxico, en esa tendencia acrecentada a descalificar al adversario, a llegar al insulto si es preciso para desgastar al rival. Ha renunciado la derecha a admitir la legitimidad democrática de la alianza para gobernar de Unidas Podemos y del PSOE, y se han adueñado de la tribuna los productores de eslóganes hirientes, alumnos o imitadores de los agitprop de los que se rodeó Donald Trump. Ha caído la izquierda en la trampa para osos de las frases altisonantes y fuera de lugar –Ángel Gabilondo, Mónica García y Yolanda Díaz, tres excepciones– que llevan sistemática y estérilmente la política al terreno de las emociones. Y en esa laguna enfangada ha nadado Vox como pez en el agua hasta dar la impresión de que la partida se ha jugado según las reglas que más le convenían.