Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.