La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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Francia mira a la derecha

“La política de la angustia ha colocado a los electores del Reino Unido y de Estados Unidos entre las manos de los populistas”, afirma Alexander Friedman, presidente de la compañía de inversiones GAM, en un artículo publicado por el periódico progresista francés Le Monde. Cuatro puntos del texto resultan especialmente ilustrativos de la situación que atraviesan las economías avanzadas y las sociedades que las cobijan: la crisis de 2008 ha acabado con los juegos de manos de la ingeniería financiera, el envejecimiento de las poblaciones lastra las cuentas de los sistemas de protección social, crecen las desigualdades y, lo que resulta acaso más preocupante, el efecto beneficioso de la nueva economía es posible que requiera una década o más para que sea algo tangible para la mayoría. Conclusión: “La desaceleración actual del crecimiento y la reacción política nos remiten a los años 30”, y la esperanza de Friedman es que el correlato de todo ello no sea el aislacionismo y el proteccionismo que precedió a la hecatombe de la segunda guerra mundial.

La dosis de esperanza que cierra el artículo responde más a un deseo que a una realidad, incluso para alguien como Friedman, un financiero experimentado. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, proclamó la necesidad de refundar el capitalismo cuando la crisis se adueñó de todos los escenarios, pero hoy no hay nada más parecido al nacionalismo proteccionista, excluyente y muy poco europeísta de Marine Le Pen, candidata ultra (Frente Nacional) a la presidencia de Francia, que el discurso endurecido de Sarkozy, de esa creencia suya, no confesada o admitida, pero practicada, en que la única forma de contener a la extrema derecha es adoptar su programa. La transformación sarkoziana no es, por lo demás, un gesto original, sino un modelo que atrae voluntades y puede convertirse en una cultura política hegemónica a poco que el conservadurismo clásico se deje llevar por necesidades electorales apremiantes.

El gesto de Emmanuel Macron, hasta fecha reciente estrella rutilante del Gobierno de Manuel Valls, socialdemócrata bastante desteñido este último, marcha en sentido parecido: un corrimiento del pensamiento progresista –si es que Macron militó en él alguna vez– hacia posiciones liberales, neoliberales o posliberales, en cualquier caso partidarias de abundar en un realismo económico de efectos nocivos a tenor de lo vivido hasta ahora en otros países. Macron no solo cree que puede llegar al Eliseo con un programa que para la tradición política del socialismo francés resulta inaceptable, sino que el presidente François Hollande, el fracaso de este, es el argumento central para justificar su propuesta reformadora de perfil conservador. Y así, Macron pretende ocupar el espacio dejado al descubierto por los conservadores, a pesar de que allí se ha instalado el exprimer ministro Alain Juppé, el candidato mejor situado para batir desde la derecha a Marine Le Pen, según todas las encuestas, y también a la izquierda, caída en el desprestigio, la desorientación ideológica y la división.

La situación no es enteramente nueva, porque en 2002 la presidencia se dilucidó entre Jacques Chirac, votado por la izquierda con una pinza en la nariz, y Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional. La diferencia es que entonces ni siquiera se vislumbraba la crisis económica, tampoco los efectos de la crisis migratoria habían abierto una crisis de identidad en las sociedades europeas y solo una minoría nacionalista discutía las reglas del juego de la Unión Europea (el euro era un juguete recién estrenado con fallos estructurales de origen que parecían superables). Además, por aquel entonces, la socialdemocracia era la alternativa conocida de la derecha y hoy lo son diferentes formas de populismo alimentadas por la angustia citada por Friedman en su artículo.

Esa angustia que enajena los análisis mantiene todos los días en el recuerdo la sacudida emocional experimentada por el país desde la matanza en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo (7 de enero de 2015) a los muertos de Niza (14 de julio de este año), con ese punto de no retorno de la noche del 13 de noviembre de 2015 en París (130 muertos), que llevó a Hollande a declarar que Francia está en guerra. Hay en esa secuencia luctuosa de ataques todos los ingredientes para que una parte de una comunidad sin grandes referencias ideológicas en el presente se repliegue sobre sí misma de la mano de la extrema derecha. Ya no son solo las incógnitas de la economía las que desasosiegan a muchos ciudadanos, sino la creencia de que un poderoso adversario se ha metido en el cuarto de estar y debe combatírsele sin contemplaciones.

Francia se encamina así hacia una extraña contienda para elegir presidente la primavera próxima en la que la derecha –al menos una parte de ella– quiere asemejarse a la extrema derecha nacionalista y xenófoba, y la socialdemocracia o quienes de ella proceden creen que la victoria está en adoptar el programa de la derecha con unas gotas de mala conciencia, no muchas, y pequeñas dosis de críticas muy contenidas a la austeridad. Que eso contribuya al desprestigio de la política, es más que probable; que todo ello redunde en la articulación de un confuso reparto de papeles entre partidos y candidatos, donde nadie será lo que parece, es también más que probable. Frente a una sociedad que reclama con razón saber qué le deparará el futuro puede que se alce un telón traslúcido que solo dejará entrever sombras difusas, perfiles confusos (una versión posmoderna y zafia del mito de la caverna).

¿Cómo afecta a la democracia ese corrimiento de tierras hacia la derecha? ¿La adulteración de los programas o su constante incumplimiento deslegitima un sistema democrático? ¿Acaso las exigencias de la revolución tecnológica y la nueva economía requieren un recorte de las culturas democráticas? ¿La globalización amenaza la democracia porque alimenta el descontento en amplias capas sociales, condenadas a empobrecerse? Las preguntas no son solo aplicables a Francia, pero allí tienen todo el sentido y plantean una doble incógnita sobre los efectos del desapego al sistema de capas de población cada vez más nutridas y sobre la aparición de movimientos alternativos de estructura asamblearia –Nuit Debout en especial–, depositarios de reivindicaciones radicales y programas inconcretos, con una incidencia electoral que es también una incógnita si alumbran una candidatura o partido al estilo de Podemos.

Pourquoi désobéir en démocratie?, libro publicado en 2011, escrito por el sociólogo Albert Ogien y la filósofa Sandra Laugier, aborda la desobediencia civil y las nuevas formas de ocupación pacífica de la vía pública como mecanismos legítimos de acción política contra la injusticia, la desigualdad y la dominación. Los autores entienden que ante situaciones extremas “el ciudadano no puede responder más que con la desobediencia, ya que la acción política debe meditarse”. El caso es que las encuestas hechas durante este año registran justo lo contrario: la aceptación por segmentos sociales muy variados –transversales se diría– de formas de poder autoritarias y excluyentes, muy lejos de congregar mayorías las iniciativas estudiadas por Ogien y Laugier. Y esta Francia en la confusión extrema, sacudida por la crisis del Estado de bienestar y el miedo a perder el confort conocido en el pasado, es solo una referencia junto a otras muchas, de Alemania a Holanda, de Polonia a Hungría, de aquí y de allá, en una Europa donde la extrema derecha exhibe un vigor sin parangón durante los últimos setenta años. ¿Puede la UE seguir imponiendo recetas que arrecian el descontento y movilizan a sus adversarios, muñidores de sociedades instaladas en el miedo? Muy pocos parecen dispuestos a rectificar.