Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

La UE sale al paso del soberanismo

“Si quiere saber qué alimenta el fenómeno actual de los catalanes, que exigen su propio referendo sobre la independencia, remítase a la doctrina Clinton: ‘Es la economía, estúpido’”. Así ve el caso catalán y, por extensión, el escocés, el editorialista del diario digital The Scottish Times, defensor de la causa soberanista, al analizar la razón última de la movilización en curso. Claro que alude a la lengua como seña de identidad de primer orden, pero concentra el análisis en el agravio fiscal, el empobrecimiento de las clases medias y el paro juvenil desbocado para responder a los porqués del momento, a ese ovillo en el que se entrecruzan las simplificaciones partidistas con la crisis de los partidos, el oportunismo populista con el sectarismo ideológico y la radicalización de posiciones antagónicas, viscerales, que llenan el debate de ruido.

En el seminario Formació de nous estats al món del segle XXI?, organizado esta semana en Barcelona por el Centre d’Estudis Històrics Internacionals, se habló bastante de economía porque no hay forma de rehuir la materia, de no situarla en el centro del debate y de no atenerse a tres datos esenciales: la economía catalana funciona en relación permanente con la española y con la de la UE, la pertenencia a la UE es fundamental para el futuro económico de Catalunya y el euro es la divisa irrenunciable. En ese campo no hay sitio para el nacionalismo romántico, la remisión a una hipotética edad de oro situada en algún lugar de un pasado remoto y la construcción de un relato idealizado de las razones que asisten a los soberanistas. Caben, eso sí, datos, cifras, tratados, leyes y compromisos políticos. Y, para pasar de los ejercicios teóricos a la política de las cosas, se precisa llevar el balón al suelo y jugar al pie, que es tanto como renunciar a los malabarismos, dar por inevitables ciertas contradicciones, controlar los excesos verbales y garatizar la isegoría (igualdad en el derecho a hacer uso de la palabra), reclamada recientemente por el profesor Manuel Cruz en nombre de la higiene democrática.

La ira como parte de la tradición europea, según la discutida y discutible aproximación del alemán Peter Sloterdijk, marca una dirección estéril, prepolítica, y la simplificación de los problemas, también. Es mejor ser sistemático, como lo fueron en el seminario los profesores Joan Vintró y Carles Boix, que desarrollaron puntos de vista sujetos a controversia, pero con fundamentos técnicos, que caer en la lógica facilona de las analogías y las comparaciones. Entre estas, dos aparecen con frecuencia para explicar qué cabría hacer en la eventualidad de que no fuese posible un ingreso de Catalunya en la UE sin grandes preámbulos. La primera hace referencia a que sería posible imitar el camino emprendido por Kosovo, negociar una asociación, que permite soslayar el requisito de la aprobación por unanimidad de cualquier nueva adhesión (artículo 49 del Tratado de la Unión Europea). La segunda sirve para recordar que Montenegro dispone del euro sin formar parte del Eurogrupo (se omite siempre el dato importantísimo de que Montenegro está excluido del gobierno y de la gestión del euro).

El PIB de Catalunya es 62 veces mayor que el de Montenegro y 41 veces mayor que el de Kosovo.

El PIB de Catalunya es 62,4 veces mayor que el de Montenegro y 41,4 veces mayor que el de Kosovo.

En ambos casos se elude el dato más importante: las dimensiones de las economías kosovar y montenegrina permiten adoptar estas soluciones de excepción –y, por excepcionales, no aplicables a otras situaciones–, pero la envergadura de la economía catalana (véase el cuadro comparativo) obliga a excluir el cataplasma como tratamiento de emergencia. No es posible establecer analogías entre el problema catalán y los parches balcánicos, entre un tejido económico y social consolidado, con una compleja red de intereses, y otras realidades diminutas y en construcción, por describirlas de formar contenida. Hay, además, un factor político ineludible: una Catalunya independiente sería la parte desgajada de un socio de la UE; los estados balcánicos son creaciones ex novo surgidas de la descomposición de Yugoslavia.

A mayor abundamiento, la proliferación de portavoces de la UE con diferentes responsabilidades y coloraciones ideológicas no deja lugar a dudas: la independencia conlleva la salida de la UE, que no la expulsión, puesto que Catalunya no forma parte del club como entidad diferenciada de España y, por lo tanto, su ingreso formó parte del de España en 1986 y no obedeció a un tratado de adhesión específico. El último en despejar dudas ha sido Hannes Swoboda, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo: ha dicho que Catalunya no puede “crear nuevos conflictos y esperar que todo el mundo la acepte en la UE”. No es el “jamais, jamais, jamais”, dicho por un político socialista francés a principios de año en una foro restringido, ni el “never during my life”, pronunciado en la misma época y en parecidas condiciones por un funcionario alemán, asimismo socialista, pero es una buena vara de medir si se relaciona además con la posibilidad de que Martin Schulz, socialdemócrata alemán, se convierta en presidente de la Comisión Europea a la vuelta de unos meses.

El fragor de la discusión en el seno de los partidos con varias almas obedece en gran medida a esa realidad cada día más concreta, a la certidumbre de que la independencia abre incógnitas que van mucho más allá de la política de las emociones, la Via Catalana y el género épico. Mientras los partidos sin nada que perder en el debate y mucho que ganar en las urnas se entregan a una alocada carrera de propuestas encaminadas a sacar pecho –Rosa Díez y su Unión Progreso y Democracia, por ejemplo–, los socialistas afrontan la realidad de las divergencias entre el alma catalanista (PSC) y la española (PSOE), agitados por la elocuencia hiriente de Alfonso Guerra, y en CiU el alma nacionalista moderada teme que el partido enfile el camino de secesión sin posibilidad de dar marcha atrás. “La radicalización de CiU puede inquietar a una parte –no mayoritaria, pero sí sustancial– de su electorado”, ha escrito Joan Tapia.

Hannes Swoboda (izquierda) y Martín Schulz, presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo y presidente de la Cámara, respectivamente.

Solo un replanteamiento de las relaciones Catalunya-España que excluya la independencia permite abordar el problema sin poner en duda la continuidad de Catalunya en la UE. Puede que para el sector mayoritario del soberanismo movilizado, que propende a un planteamiento binario del problema –independencia sí-independencia no–, el establecimiento de un nuevo marco de referencia dentro de España sea una alternativa inaceptable. Pero cualquier otra alternativa entraña empezar de cero con la UE, negociar el tratado de adhesión, algo que sería de una gran simplicidad técnica, pero también de una gran dificultad política, y, por último, ir en busca de la unanimidad de los estados, en principio impensable, incluso si, como algunos especialistas defienden, los procesos de separación de España y de negociación con la UE se desarrollaran de forma simultánea.

Lleva razón el profesor Alain G. Gagnon, de la Universidad de Quebec en Montreal, al considerar que “el café para todos ya no puede funcionar, es una injusticia”. La solución federal, dice Gagnon, “si no resuelve el problema, por lo menos sirve para aprender a vivir juntos”. “El problema es –añade– cómo vivir juntos sin desaparecer”. Se refiere a cómo preservar la identidad, pero el resultado federalizante, que no federal, de la Constitución española de 1978, necesitada de reforma, lleva a pensar que el riesgo de desaparición se contrarresta mediante la consagración –ahora insuficiente– de la diversidad y la disponibilidad de recursos suficientes. El federalismo ha sido un modelo cohesionador y diferenciador al mismo tiempo, puesto en práctica en lugares muy distintos y distantes, en estados monolingües y plurilingües, entendido aquí y allá como una fórmula que plantea con frecuencia conflictos funcionales, pero es eficaz y garantiza una praxis política con una gran exigencia democrática.

Entonces ¿a qué obedece la oposición a la reforma constitucional para convertir el modelo federalizante de 1978 en otro nítidamente federal? Quizá la respuesta está en el planteamiento nacionalista flamenco, resumido por Joan Vintró: “Los partidos flamencos se plantean un debilitamiento progresivo del Estado belga”, una alternativa cuya consecuencia final puede ser la independencia, pero que no incorpora un planteamiento independentista a priori. Frente al federalismo cohesionador surge así el fantasma del federalismo disgregador, y de ahí nacen muchos recelos: de la misma manera que la autonomía ha sido una estación intermedia, el federalismo también puede serlo, con este nombre o cualquier otro, piensan los adversarios de reformar la Constitución y alumbrar un nuevo pacto político.

El juego de presunciones de futuro y recelos del presente alimenta la creencia en una parte relevante de la opinión pública catalana de que cualquier planteamiento no independentista es inviable a causa de la cerrazón del Estado. En la lógica soberanista, el pacto fiscal tuvo su momento –muy breve–, pero ha quedado superado por la realidad de las multitudes en movimiento, y toda fórmula intermedia –tercera vía o como se llame– entre seguir como hasta ahora o certificar el divorcio no es más que una componenda que queda muy lejos del futuro deseado. Pero surge entonces la realidad de la UE, de las exigencias de la UE, de las declaraciones de muchos de sus responsables, se serenan los ánimos unos días y luego, vuelta a empezar, salpimentado todo con conflictos de protocolo, azuzados por ambas partes, propios de una comedia de enredo representada en un escenario batido por el viento solano de la crisis económica. Sin esa hecatombe abrasadora que ha entrado en su sexto año sin señales de mejora más allá de los datos macroeconómicos, puede que la tormenta de emociones tuviese efectos menos devastadores y hubiese más espacio para la política entendida como el arte de pactar. Y puede también que la obsesión por decidir y la aversión a debatir, invocadas por Manuel Cruz, sumaran menos adeptos de los que ahora agavillan.