Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

Una abdicación llena de urgencias

El botafumeiro accionado por el cosmos monárquico en cuanto se anunció la abdicación del Rey tiene poco que ver con la gravedad del momento y las razones que presumiblemente han llevado a Juan Carlos I a dar el paso. Puesto que el proceso abierto obedece a una necesidad acuciante, inaplazable, de renovación para ventilar un andamiaje institucional que emite desde hace años señales de debilidad, cuando no de agotamiento, los solos de violín están de más y, en cambio, se echa de menos la contención afectiva como norma de conducta. Es poco saludable encubrir los sentimientos, incluidos los políticos, pero aún es peor multiplicar los gestos de cercanía y apoyo cuando, como en el caso de la Corona, lo adecuado es que prevalezcan el sentido de Estado y la oportunidad política.

Basta salirse del relato de los telediarios y de los articulistas con blasón para comprobar que dentro y fuera de España se percibe la abdicación como un momento crítico desde la restauración de la monarquía en noviembre de 1975. Es imposible concretar en unos pocos enlaces con textos de autores de muy variada orientación la atmósfera de urgencia cierta que acompañará, mediado el mes, la llegada de Felipe VI. Cuando alguien tan poco sospechoso de radicalidades políticas como Paul Preston, biógrafo del Rey, expresa su deseo de que la renuncia del monarca no sea “demasiado tardía”, es que cabe la posibilidad de que sí lo sea o de que, aun no siéndolo, entrañe unos costes políticos e institucionales impensables cuando bastaba con que Juan Carlos I fuera un personaje simpático –campechano, se decía– para alimentar el juancarlismo, que no el monarquismo.

El Rey y el Príncipe de Asturias, el día 3, en un acto militar en El Escorial, la primera ocasión en la que aparecieron juntos después de que Juan Carlos I anunciara que abdicaba.

Hoy no basta con la simpatía personal, con la empatía y con otras armas propias de los relaciones públicas y los capitanes de empresa. Hoy el anacronismo monárquico solo se sostiene mediante una compleja mezcla de sentimientos y complicidades colectivas de origen remoto –el Reino Unido– o a través del principio de ejemplaridad. En el primero caso, los datos objetivos, cuantificables –a la reina Isabel le han regalado una carroza que vale tres millones de euros–, poco importan por más duro que sea el presente; en el segundo, la institución debe ceñirse a las reglas del momento: si la austeridad acogota a los ciudadanos, el Rey debe ser el primero de los austeros; si la corrupción degrada la política, el Rey y su entorno deben ser la viva imagen de la probidad más estricta; si la opinión pública da muestras de cansancio y desapego, debe la Corona sacar a relucir habilidad y artes nuevas para reconstruir los puentes. A juzgar por los índices de popularidad en circulación, nada de eso se ha producido.

Al mismo tiempo, los cambios en la estructura social de España desde los albores de la transición hasta el presente han dejado en los huesos el pacto que alumbró la Constitución de 1978 y el sistema de partidos sobre el que se asentó el puzzle institucional, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no se da por enterado de esa realidad constatable a pie de calle. Puesto que entonces no fue ni posible ni conveniente alargar en exceso el debate sobre la forma de Estado, este se cerró en falso, aunque proporcionó estabilidad y continuidad a la monarquía parlamentaria. Pero, 39 años después, la abdicación ha devuelto la discusión a primer plano, y aunque los fervores republicanos de estos días no están exentos de oportunismo político, responden a una corriente de fondo y a una memoria histórica ahogada por la transición que se remite a aquello que España pudo ser y nunca fue a causa de la guerra civil. El realismo de la transición fue suficiente para que la izquierda parlamentaria aceptara la monarquía sin mayores aspavientos, con Santiago Carrillo en primer lugar, y el Rey legitimó su compromiso con la democracia el 23-F, pero ahora el terreno de juego no es el mismo.

La carroza de tres millones de euros regalada por Australia a Isabel II con la que la soberana del Reino Unido se dirigió el jueves al Parlamento.

Se puede sostener, y con bastante razón, que no puede plantearse la discusión sobre la forma de Estado a cada ocasión en que, por la razón que sea, el sistema da señales de fatiga. Pero tan cierto como esto es que ese es un asunto pendiente que siempre se ha abordado de forma apresurada, como si fuese necesario no ahondar en él para no abrir la caja de los truenos. Dicho todo lo cual, no deja de resultar sorprendente que se quiera promover el debate mediante un atajo –la celebración de un referendo– y no a través de una reforma constitucional que, una vez aprobada, se sometería a consulta. Y si mueve a sorpresa, es porque tanto los partidarios como los detractores del sistema se han atenido hasta la fecha a lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan, y practicar en democracia el relativismo jurídico no es el mejor de todos los caminos posibles.

Tan sorprendente resulta esta pauta política como la repetición ad nauseam de que el 90% del Congreso, punto arriba, punto abajo, aprobará la ley que sancionará la abdicación del Rey y la proclamación de Felipe VI. Si en vez de este porcentaje se diese otro menos determinante, entonces habría que concluir que, más que ante un sistema en crisis, estaríamos ante un sistema en descomposición. Tan tranquilizador resulta el pacto PP-PSOE para salir del atolladero sin graves quebrantos como preocupante se antoja la ceguera de quienes soslayan el hecho de que quienes se opondrán o se abstendrán en el Parlamento reflejan la doble fractura social y política que lastra el futuro del país. En la decisión de IU-ICV de votar no en nombre de su republicanismo militante, en la abstención de CiU en nombre del soberanismo sin descanso, en la agitación de Podemos en nombre de realidades emergentes y en las declaraciones de los líderes sindicales es posible dar con la foto fija del descontento, de ese voto de castigo permanente contra un entramado institucional que ha acabado decepcionando a los ciudadanos.

Concentración republicana en la Puerta del Sol de Madrid al atardecer del lunes.

Ninguno de los tres factores principales que han llevado a Juan Carlos I hasta la abdicación –la incesante pérdida de popularidad de la Corona, el caso Nóos y la brega soberanista en Catalunya– justificaría por sí solo el relevo en la Jefatura del Estado, pero la suma de los tres la ha hecho inevitable porque de esa suma emerge la decepción. Y de la decepción, si se sigue el hilo del análisis publicado en estas páginas por Javier Pérez Royo, se llega con presteza a la deslegitimación. “El sistema político español ha dejado de ser legítimo. La sociedad española no se reconoce en él. Se avergüenza de él y, como consecuencia de ello, se avergüenza de sí misma”, sostiene el profesor Pérez Royo al realizar un diagnóstico del momento y del ambiente en que llegará al trono Felipe VI.

En ese clima enrarecido, ¿es posible dar con un punto de encuentro para concertar una regeneración del sistema que no dependa solo de los estados mayores de los partidos que constituyen el establishment parlamentario? Es de temer que no, y razones objetivas no faltan a los gabinetes de asesores que contemplan con estupor el coste político que seguramente pagará el PSOE por apoyar sin reservas el relevo en el trono. Las voces fuera del control de la dirección que se han levantado en el campo socialista para que se someta a discusión la forma de Estado incuban la simiente de la división y proporcionan munición pesada a la izquierda que se opone a la operación sucesoria. Esa es la realidad: no hay forma de predecir el precio que pagará el partido a cuenta de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo han entendido que es tener sentido de Estado.

Por el contrario, en el sostenella y no enmendalla ha depositado la mayoría de partidos grandes esperanzas de que cunda en las urnas. Los partidos más manifiestamente enfrentados al sistema tal cual está suman mejores resultados a cada elección que se convoca, el PP sabe que un colchón muy importante de sus votos depende de que no ceje su oposición a cualquier modificación que se entienda como una concesión al soberanismo catalán, a CiU la atenaza la presión asfixiante de disputar todos los partidos en el campo de ERC… Y así se puede seguir hasta el último rincón del Grupo Mixto para entender que, a pesar de la crisis institucional, la desafección y todas sus secuelas, nada da más y mejor rendimiento que no rectificar. Eso también afecta a la solvencia de la monarquía, porque el sistema es uno y al final todos los ingredientes forman parte del mismo caldo.

El título de una brillante crónica publicada por The New York Times el 28 de septiembre del 2012 contiene, quizá, la palabra más acertada para referirse a la necesidad más acuciante de la política española en la Zarzuela, en la Moncloa, en el Parlamento, en las autonomías y en cuantos lugares de la res publica acuden a la mente: esa palabra es redención. En aquella información publicada por el gran periódico liberal se afirmaba que el Rey buscaba “la redención para España y su monarquía”, y aunque en esta frase solemne alienta cierto dramatismo shakespeariano, quizá sea esto lo que espera la opinión pública: que los gestores del sistema lo rediman mediante una renovación en la cumbre. Pero si esta no es suficiente, entonces, ¡ay!, se avecinarán tiempos aún más borrascosos que los actuales.