La crisis social incendia Colombia

Al concretarse en la calle la profunda crisis social de Colombia todo ha zozobrado: la prepotencia del Gobierno, el conformismo frente a precariedades históricas, el statu quo forjado por un sistema de partidos adaptado a un léxico y unos programas que demasiado a menudo tienen poco que ver con las necesidades perentorias de los ciudadanos. Lo acontecido desde los últimos días de abril tiene tanto que ver con las urgencias inmediatas de una comunidad exhausta que resulta preocupante que el presidente Iván Duque no fuera consciente de que su proyecto de reforma fiscal iba a enardecer los ánimos en plena pandemia, con demasiados millones de ciudadanos condenados a una economía de mera subsistencia o a una pobreza recalcitrante, y con todos los indicadores en el despeñadero.

El paro nacional, que el presidente quiere resolver mediante una negociación o pacto con los líderes de la protesta, no es un terremoto pasajero. Lo sucedido en Cali compendia una realidad angustiosa; el goteo de muertos y desaparecidos y la impunidad agresiva de las fueras de seguridad es la prueba efectiva de que las pasiones desatadas a ambos lados de la divisoria son difícilmente conciliables o reconducibles.

Un articulista del diario bogotano El tiempo lo ha resumido con escueta precisión: “Esta especie de catalizadores solo sirvieron para que salieran a relucir los eternos problemas de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, desajuste institucional, una democracia formal y puramente electoral, informalidad en el empleo, altísima tasa de desempleo de mujeres y jóvenes, y falta de oportunidades para acceder a la educación pública de calidad; impunidad política judicial y social frente a la gran delincuencia de cuello blanco, fallas estructurales en la organización del Estado, abandono de las regiones, desconexión entre las élites políticas y las angustias de la gente, entre otros temas”.

Es asimismo bastante sencillo entender el origen de la miopía presidencial y su entorno a través de la reacción de alguien tan significadamente partidario del gran garrote como el expresidente Álvaro Uribe, defensor público de los desmanes de los uniformados en un twit aborrecible. Al leerle en plena refriega pareció que el reloj de la historia retrocedía a los días de Julio César Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad, un nombre inapropiado habida cuenta la inseguridad que sembró a finales de los setenta y principios de los ochenta. Aquel régimen penal, promulgado so pretexto de combatir la insurgencia guerrillera, sirvió para regular –debiera decirse entorpecer– cuando no prohibir la protesta social, y esos días de declaraciones altisonantes procedentes de una derecha alarmada han hecho pensar –temer– que Colombia andaba de vuelta a aquella forma entre encubierta y explícita de represión indiscriminada.

Desde luego, no es casual la aplicación de la teoría de la revolución molecular disipada, una etiqueta indescifrable difundida por el ideólogo chileno de extrema derecha Alexis López para caracterizar su particular teoría conspiranoica –una concertación de esfuerzos de la izquierda para acabar con los gobiernos democráticos–, porque en la búsqueda de una justificación aceptable de la reacción extemporánea del poder todo encuentra acomodo. Aunque la realidad sea muy otra y tenga que ver sobre todo con la apreciación de la corresponsal de The New York Times: “Para mí es crucial no perder de vista a los manifestantes más discretos, la gente que está arriesgando la vida para ir a la calle con una pancarta tras decidir que ya no aguanta. La enfermera que cuida pacientes de covid y gana 13 dólares por turno. La adolescente que trabaja 12 horas, seis días a la semana, en un centro de reciclaje para mantener a su familia”.

Hay en la protesta colombiana una variedad sustancial de actores políticos, de la Minga Indígena a las organizaciones vecinales, del mundo académico a quienes sobreviven en una precariedad sin límites. En el seno de la protesta coexisten liderazgos que no dependen de los voceros políticos habituales con otros más reconocibles o antiguos. En todo ello cabe encontrar ingredientes identificativos de una nueva política, de una dinámica social que rebasa los límites de las convenciones más arraigadas. Se trata quizá de una forma sobrevenida de autonomía social que se atiene a unas exigencias y un léxico nuevos.

Detrás del desastre en curso es fácil descubrir esa realidad no prevista o esperada, pero tangible, corpórea, muy alejada de la solemnidad literaria del realismo mágico. La realidad colombiana es la de una pandemia de efectos sociales devastadores, una economía contra las cuerdas y un hartazgo infinito de la población por la inoperancia del poder. La defensa de la institucionalidad, tan apropiada en el plano teórica y tan habitualmente manipulada por los corifeos de Iván Duque, resulta apenas aplicable en la práctica. Cuando el Defensor del Pueblo de Colombia se ve en la obligación de subrayar que “habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley” por parte de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, la sensación que cunde es que la solvencia y probidad de las instituciones –al menos, de algunas de ellas– saltó por los aires y debe restablecerse.

Más de setenta años después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán sigue siendo vigente para muchos de los movilizados una de las ideas formuladas con su verbo inflamado: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Esa búsqueda de referencias en el pasado está lejos de ser un recurso nostálgico y añorante. El escritor Juan Gabriel Vásquez se remitió a los antecedentes y a las causas históricas recientes de la crisis en las páginas de El País del último domingo, pero en el trasfondo de sus reflexiones es fácil comprender que todo empezó a emponzoñarse mucho antes. Pronosticó Vásquez en julio del año pasado, a propósito de la gestión colombiana de la pandemia, que lo peor estaba por llegar, y así describió la situación cumplido el vaticinio: “Pues bien, ahora lo peor ha llegado, y lo ha hecho escoltado por la incompetencia de un presidente a la deriva, sin autoridad política ni gravedad moral, por la indolencia de un partido de gobierno más dedicado a sabotear los acuerdos de paz que a prevenir el surgimiento de nuevas guerras, y por una conspiración de violencias diversas que salen de lo más profundo de nuestras fallas como sociedad”.

Cuando un país figura entre los más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, la fractura moral en los salones del poder adquiere una envergadura desmesurada. Es tristemente el caso de Colombia según consta en informes de la ONU, Amnistía Internacional y otros foros independientes. Y es difícil que en ese laberinto de injusticias, muertes y arbitrariedad sea suficiente para serenar los espíritus cancelar la reforma fiscal y abrir un diálogo nacional; es difícil que la movilización de tantos días acepte un pacto cosmético, superficial, sin calendario y compromisos concretos. El presente es demasiado duro para que tal cosa sea posible en un abrir y cerrar de ojos y sin agravar el descontento.

Autogol de Colombia

La congelación o suspensión del acuerdo de paz en Colombia después del inesperado triunfo del no en el referéndum celebrado el último domingo deja el futuro a merced de la voluntad negociadora –renegociadora, dicho sea de forma más apropiada– de dos enemigos acérrimos, el expresidente Álvaro Uribe y las FARC, de la complicidad del presidente Juan Manuel Santos con un proceso envenenado por la desconfianza y los agravios históricos, y de la habilidad de los intermediarios para preservar la tregua, prorrogada por el momento hasta el 31 de octubre. “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”, se preguntó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sumido en las incógnitas de un porvenir incierto si antes de vencer octubre no se ha dado con la salida de este laberinto. En verdad, nadie sabe hoy a ciencia cierta cómo evitar que la suntuosa firma de los acuerdos en Cartagena de Indias, el 26 de septiembre, quede como “el mayor hecho histórico que nunca sucedió”, en palabras del escritor argentino Martín Caparrós, más allá de la prueba fotográfica de que la comunidad internacional aceptó enfundarse en guayaberas resplandecientes para saludar la paz impugnada luego por los votantes.

En aras de la precisión, hay que decir que fue poco más del 19% del censo el que tumbó el acuerdo de paz, mientras que muy poco menos del 19% lo apoyó. Por no muchos más de 50.000 votos de diferencia el andamiaje se vino abajo y el país quedó dividido en tres bandos: el del , el del no y el de la abstención (62% de los votantes potenciales), aquel que se mantuvo al margen de la decisión, que quizá ve la política como una superestructura poco fiable o de la que no siente formar parte, y que, en última instancia, fue determinante para bloquear el proceso. Muchos colombianos cayeron en la cuenta de esta realidad trifronte cuando el recuento desmintió las encuestas y a ojos suyos se concretó un país inesperado. “Hay momentos en que muchos ciudadanos chocan contra algo que no sabían qué era y resultó ser su país. Ese descubrimiento, el horror de ese descubrimiento. Esa es la sensación que tenían, domingo por la noche, tantos colombianos”, escribió Martín Caparrós en The New York Times.

En este país tridimensional dejado al descubierto por el peso de la abstención resulta revelador que de los 81 municipios más golpeados por el conflicto Estado-guerrilla, en 64 ganase el , según un estudio realizado por la Fundación Pares. En cambio, en distritos urbanos alejados de medio siglo de calamidades y muerte, venció el no. En ambos casos, cabe atribuir el resultado a la política de las emociones más que al análisis político: del lado del , porque la paz permitía cubrir muchos años de tragedias con el manto del perdón, de la amnesia o de la coexistencia pacífica; del lado del no, porque el recuerdo del pasado y la reclamación de que los terroristas comparezca ante los tribunales se impuso al realismo político, a la posibilidad de cerrar el conflicto sin un periodo de expiación. Estas emociones a flor de piel fueron el resorte que sumó votos en un sentido u otro, unido todo a viejas rencillas, a la pugna por el poder entre Uribe y Santos y al riesgo de que el populismo, no solo el que puedan activar los dirigentes de la guerrilla, se apodere del discurso político, según el parecer del analista colombiano Álvaro Forero en las páginas del bogotano El Espectador.

La variedad de argumentos a favor y en contra de la paz recogidos por el periódico liberal londinense The Guardian refleja esa mezcla de emociones incontenibles y de argumentos políticos simplificados. “Estoy decepcionado”, “no se alcanzará un nuevo acuerdo”, “una vergüenza nacional”, “necesitamos perdonar”, “necesitamos unirnos”, “[el referéndum] revela una debilidad importante”, son algunas de las frases de los partidarios del . “Más compromiso y menos arrogancia”, “soy extremadamente optimista”, “las libertades no deben concederse a los terroristas”, “demuestra que somos un pueblo responsable”, “[el ] es como apoyar los crímenes de Pablo Escobar”, proclaman los adscritos al no. Entre unos y otros, en el seno de esta versión binaria de una realidad muy compleja, quedan sin dueño los tonos grises propios de un acuerdo político para un conflicto a todas luces político con más culpables que inocentes o con menos inocentes de los que cada parte cree atesorar.

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, ve detrás de la pugna de Santos y Uribe “la guerra que se ha venido dirimiendo no solo contra las FARC, sino una despiadada lucha por el poder en las élites de Colombia”. Pero este conflicto en el seno del establishment, tan presente en los medios, tuvo una incidencia definitivamente menor en la decantación de los votantes, confundió a los encuestadores, que vislumbraron comportamientos políticos inducidos por los estados mayores de los partidos, pero poco visibles en la calle, y recluyó en su domicilio a la mayoría del censo, como si el conflicto no fuese con él y no afectara a su futuro, como si un escepticismo radical y profuso alejara a la mayoría de las urnas.

¿Y ahora qué? Cuando buscar una salida depende en gran medida de la negociación entre Álvaro Uribe y las FARC, “dos enemigos jurados”, en palabras de Álvaro Forero en Le Monde, ninguna muestra de optimismo está justificada. Porque en el alma del partido del no alienta el deseo de que, fruto de la revisión de lo acordado en La Habana, la guerrilla acepte alguna forma de castigo que borre a ojos suyos –de Uribe y su entorno (el Centro Democrático)– la sensación de impunidad que se desprende de lo pactado, firmado y rechazado en referéndum. “¿Cómo los van a convencer de recibirlo [un castigo]?”, se pregunta Martín Caparrós, si una de las premisas de los comandantes de las FARC es que su acomodación a la política institucional descanse sobre una especie de perdón implícito o sobrevenido por la renuncia a las armas, la incorporación a la vida civil de los combatientes y la conversión de la organización en partido con presencia asegurada en el Parlamento durante dos legislaturas. ¿Quién puede convencer a la guerrilla de que debe desandar este camino y acepar que sean los jueces los que determinen quiénes deben ser exculpados y quiénes no?

“El centro no declarado del debate no ha sido la paz de los colombianos, ha sido la utilización de la votación por el plebiscito como un instrumento político. Pero no de alta política. Ha sido de la baja: del asalto al poder, de la puja por saber quién es más fuerte, de la imposición ideológica”, afirma el intelectual Carlos Castilla Cardona en el diario El Tiempo, de Bogotá. Esta puja por medir quién es más fuerte llevó a Santos a someter a consulta el acuerdo, cuando nada le obligaba a ello, y a Uribe a instalarse en el no sin un plan alternativo para cuando, llegado el caso, hubiese que reescribir lo acordado en La Habana. En ambos casos, el error de apreciación fue enorme: el presidente sufrió una derrota en el referéndum que le debilita en grado sumo y el expresidente se ve obligado a acudir a la mesa de negociación sin más propuesta que judicializar la paz. Nadie salió ganando, ni siquiera los partidarios del no, y, en cambio, todos pusieron al servicio de su futuro político la concreción de una paz histórica que despejaba el futuro de Colombia, llenó a un tiempo de incertidumbres y oportunidades. Como ha escrito Héctor Abad Faciolince en las redes sociales, “no hay nada que disimular”: el referéndum del 2 de octubre fue una derrota en todas direcciones, un autogol. Ni siquiera el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Santos parece suficiente para aligerar una atmósfera tan cargada.

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.