AMLO saca a México de la rutina

La elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México certifica el agotamiento de un modelo político dinamitado por la corrupción sin tregua, el narcotráfico y las lacras inherentes a una sociedad extremadamente dual que sufre índices de pobreza insostenibles. Después de los mandatos fallidos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, del todo estériles, que confirmaron hasta la última coma los temores manifestados por el escritor Carlos Fuentes poco antes de morir en mayo de 2012, asoma en el horizonte el reformismo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un conglomerado heteróclito donde coinciden los defraudados por el izquierdismo sin triunfos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los conservadores muy conservadores movilizados por la Iglesia Evangélica, los añorantes del programa primigenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una parte muy significativa de la clase media urbana, harta de la venalidad de los gobernantes.

Los electores parecen haberse dicho a sí mismos: son preferibles las incertidumbres que plantea la llegada al poder de AMLO que cualquiera de las alternativas ligadas al pasado más reciente, sean estas presuntamente reformistas (las del PRI) o de corte conservador (las del PAN). Los votantes han preferido rescatar de la historia del país viejas promesas de cambio e innovación social a seguir apresados en una madeja de ineficacia y lenidad. López Obrador ha querido enhebrar su nombre con el de algunos ilustres antecesores, representantes de familias políticas movidas por el deseo de innovar y de rescatar a México de la postración: de Francisco Madero a Plutarco Elías Calles, de José Vasconcelos a Lázaro Cárdenas, todos ellos muy diferentes, pero con atributos que los hacen dignos de recuerdo. Es harina de otro costal que las remisiones al panteón nacional sirvan para desarticular la trama de complicidades que ha hecho de la gestión del Estado un inmenso negocio que ha empobrecido al Estado mismo.

“El mensaje de la jornada es de repudio a una clase gobernante –la cofradía mexiquense– que resultó excepcionalmente voraz e inepta”, afirma un articulista del diario conservador El Universal, que se edita en la capital de México. Es un resumen escueto y preciso de lo sucedido, que tiene un valor singular porque se publica en un medio muy alejado de la propuesta de López Obrador, pero entronca con la atmósfera de final de ciclo que se respira desde el 1 de julio (en realidad, desde que las encuestas vaticinaron el descalabro de los partidos tradicionales). Cosa distinta es que las contradicciones internas del Morena interfieran en la disposición del nuevo presidente a poner al día el Estado, atender las necesidades sociales más apremiantes y encarar dos grandes desafíos: el del narcotráfico y el de las redes de corrupción, asociadas con frecuencia a los circuitos de la droga. Sin tener éxito en ambos frentes es imposible la regeneración y el combate contra la pobreza.

Según entrevió Carlos Fuentes en 2012 y piensan muchos analistas, sin un gran pacto nacional, una solución rooseveltiana de los problemas mediante un new deal, no es posible salir con bien de ambos envites. El disparate cometido por Felipe Calderón de militarizar la neutralización de los narcos no ha hecho más que estimular en muchos estados un clima de guerra civil con un número incalculable de muertos sin que, por lo demás, haya decrecido el tráfico, cuyo principal destino es Estados Unidos. En una sociedad con unos ocho millones de ninis, con gravísimos problemas de subsistencia en el medio rural y déficits educativos escandalosos, los cárteles de la droga se han convertido en nichos de empleo para algunos de los muchos fatalmente condenados a una economía de mera supervivencia. Lo mismo puede aplicarse a cuantos se mueven en los peldaños inferiores de la corrupción, dentro y fuera de las instituciones del Estado.

La “repetición de cacatúa” –otra vez Carlos Fuentes– de fórmulas o soluciones enunciadas por Peña Nieto que le llevaron a la presidencia demostraron no ser más que eslóganes sin contenido. En la campaña de Claudia Sheinbaum, ganadora del Gobierno de Ciudad de México con una coalición que incorpora al Morena, el gran resorte para atraer a los electores fue subrayar la vacuidad de las promesas presidenciales y el hecho indiscutible de que quienes fijan la agenda política de forma más o menos encubierta son los señores de la droga, las familias en la sombra que controlan el gran negocio. Un sistema de poder clandestino que es como un enorme bloque de hormigón que se interpone entre los supuestos buenos propósitos de los ganadores del 1 de julio y la Realpolitik practicada durante décadas.

Esta situación se da, además, en un momento de manifiesto retroceso del reformismo en el espacio latinoamericano y de revitalización de la oferta conservadora, favorecida por la elección de Donald Trump. El perfil ideológico del presidente de Estados Unidos, su propósito de levantar un muro para contener los flujos migratorios, es un gran problema para AMLO, una amenaza para su presidencia, un quebranto que puede dañar muy pronto su imagen pública de gobernante transformador. A la vista del desprecio de Trump por las tradiciones políticas y por el respeto debido a los aliados, es improbable que esté dispuesto a tratar mejor a un presidente con vitola progresista que a su antecesor, tan apegado a la rutina y al cambalache.

Si las cosas son como parece que son, ¿está AMLO condenado a pilotar un proceso de reformas lampedusianas? La gran pregunta no permite una gran respuesta. El optimismo con que se ha acogido la victoria de López Obrador no sirve como vara de medir porque se registra cuando el interesado aún no ha pasado la prueba de fuego del desgaste político asociado a las primeras decisiones si estas, en aras de la realidad, se alejan demasiado de lo prometido. Tampoco sirve como calibrador de lo venidero la moderación con que la victoria del Morena se ha encajado en los medios más acostumbrados a convivir y sacar provecho de todos los vicios nacionales. Ni siquiera la heterogeneidad de su movimiento justifica hacer pronósticos apocalípticos sobre el margen de maniobra de AMLO cuando se haga cargo del timón porque quizá el hartazgo de la sociedad mexicana sea su mejor punto de apoyo, el más fiable.

Otra huida hacia adelante de Maduro

La decisión de la oposición venezolana de ausentarse de la elección presidencial fijada para el próximo 22 de abril es motivo de controversia dentro del bloque enfrentado al régimen chavista y en las filas de su electorado potencial. Si no cambian las cosas de aquí al próximo jueves, fecha límite para la presentación de candidatos, Nicolás Maduro prolongará su mandato sin mayores esfuerzos y competencia, reelegido por los suyos sin adversario con el que medirse, mientras los ciudadanos sin candidato se quedarán en sus casas con la frustración de no haber podido siquiera forzar al chavismo a echar toda la carne en el asador y sin necesidad alguna de manipular el recuento.

Frente a la idea de que es mejor presentarse, perder y, en última instancia, provocar el fraude, ha prevalecido la suposición de que el amaño está asegurado de antemano y no merece la pena desgastar a nadie en una batalla de costes políticos impredecibles. Con el candidato presidencial de las últimas convocatorias, Henrique Capriles, inhabilitado, la Asamblea Constituyente neutralizando al Parlamento elegido en 2015 y todo el sistema orbitando alrededor del núcleo duro del PSUV, la decisión tomada por los líderes de la oposición –los encarcelados, los vigilados y los exiliados– resulta comprensible, pero políticamente es más estéril que presentarse y perder, porque desaparece la posibilidad de medir la capacidad de movilización de los rivales de Maduro. Y condena a la frustración a una parte importante del electorado, desorientada y sin espacio político en el que encontrar cobijo.

La degradación del experimento venezolano ha convertido la apuesta populista en una pesadilla: ha destruido la economía, ha ahondado en la fractura social y ha adulterado la planta institucional mediante una exuberante proliferación de organismos paralelos a los oficiales o convencionales cuyo único fin es neutralizarlos. Cuando el cambio oficial del dólar ronda los 240.000 bolívares, nada es posible: la crisis de subsistencias se agrava todos los días, el petróleo ha dejado de ser el bálsamo de Fierabrás que cura todos los males y el régimen se escuda en su propaganda, en las proclamas grotescas de su presidente y en las referencias constante al padre fundador. Por eso resulta especialmente chocante la decisión de la oposición de dejar el campo libre a Maduro para consagrarse en el poder, incluso admitiendo que han sido muchas las ocasiones en las que el Gobierno se ha saltado todas las reglas y demasiadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral han actuado como simples correas de transmisión de las necesidades del chavismo.

“O enfrentamos el fraude con el apoyo de la comunidad internacional y evitamos que esa elección ilegal se realice, o participamos con un candidato de consenso que sea capaz de convertir el descontento de la mayoría en una verdadera rebelión de votos que saque a Maduro de Miraflores”, reclama el editorialista de Tal Cual, el periódico fundado por Teodoro Petkoff, prestigioso líder de la izquierda y fundador del Movimiento al Socialismo. Puesto que evitar la elección resulta harto improbable por no decir imposible, la única vía es participar mediante una acción concertada de toda la oposición, subraya el diario, sean más o menos buenas las relaciones en el variopinto conglomerado de siglas que reúne la Mesa de la Unidad Democrática.

En los artículos de Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resuena el punto de vista de la Administración de Trump, que es partidaria de utilizar la campaña como altavoz de los males presentes y resorte para una gran movilización popular, aunque al final, si las circunstancias lo exigen, no quede más remedio que retirarse de la contienda. Todos los think tank acreditados descartan la posibilidad, siquiera sea remota, de una intervención militar, según se molesta en subrayar Oppenheimer. No se trata de una renuncia ética, sino que es resultado de un análisis aplastantemente realista: una intervención encabezada por Estados Unidos silenciaría las voces latinoamericanas críticas con el régimen venezolano y reforzaría a sus últimos aliados, con Cuba en cabeza.

Se dice que la Casa Blanca espera que la presión de la calle, unida a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acabe por desestabilizar al régimen y provocar su implosión. Pero es este un esquema que contradicen experiencias anteriores en las que regímenes dictatoriales monolíticos, apoyados en la movilización de sus afectos, han dado pruebas de una resistencia casi ilimitada a pesar de las hambrunas, las enfermedades y otras lacras fruto del aislamiento. Cierto que el ambiente en Latinoamérica ha dejado de ser propicio a los herederos de Hugo Chávez, pero ellos confían en que una conjunción de fenómenos favorables les permita salir del pozo. Confían, por ejemplo, en un ascenso del precio del petróleo; confían también en una victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, que proporcionaría a la causa un aliado de peso; confían, en fin, en que se aligere la protesta en la calle mediante el incesante flujo migratorio de descontentos en todas direcciones.

Puede que tales esperanzas no sean más que un remedo del cuento de la lechera, pero son las que hace creer al grupo de Maduro que el tiempo corre a su favor. Más aún, en la vecindad de Maduro son varios los que piensan –Diosdado Cabello, el primero de ellos– que permanece viva en la memoria de los sectores sociales más vulnerables el recuerdo de la pobreza en los años de abundancia, cuando se turnaban en el palacio de Miraflores presidentes del Copei y de Acción Democrática. No cree Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en Madrid, que la rememoración del pasado consuele o justifique a nadie en el presente, tampoco lo cree el círculo de Leopoldo López, en arresto domiciliario, a pesar de que el aparato de propaganda del chavismo ha dado muestras de una eficacia y poder de convicción nada desdeñables a partir del momento en que la revolución bolivariana emitió las primeras señales de agotamiento.

Si fueron ciertas las estadísticas referidas a la situación social en Venezuela antes de 1999 (elección de Chávez), en aquel entonces el 65% de la población vivía en el umbral de la pobreza o en sus aledaños, y en este caso el tiempo transcurrido para olvidar el pasado es insuficiente y la base argumental de la arenga revolucionaria sigue plenamente vigente. Si es cierto que los ascensores sociales apenas funcionaban en Venezuela al producirse el caracazo (27 de febrero de 1989), entonces es más que factible que el chavismo disfrute todavía de un importante y dinámico apoyo popular. Y si es así, el empeño de la oposición en negar las debilidades del pasado como causa primera de los problemas del presente es del todo preocupante.

Nada justifica el viaje a ninguna parte o, aún peor, hacia el gran desastre, emprendido por el régimen, pero su permanente huida hacia adelante no sería posible sin que desigualdades lacerantes hicieran posible hace casi 20 años que los electores llevaran en volandas a Chávez hasta la presidencia a pesar de su pasado golpista. Por aquel entonces, con un sistema de partidos minado por la corrupción y una economía descoyuntada, movimientos políticos de todos los colores, los empresarios, la Iglesia y organizaciones civiles de todos los ámbitos creyeron que la única forma de salir del atolladero era ventilar los salones del poder. Y aunque la atmósfera hoy está tanto o más emponzoñada que entonces, el recuerdo de aquel oscuro pasado sigue siendo útil para la legitimación propagandística de las directrices chavistas, presentadas como el instrumento para la redención de los oprimidos.